El sí ganó en la mayoría de regiones donde las FARC tienen presencia, aunque en algunas lo hizo el no
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El pasado 2 de octubre se realizó el plebiscito para refrendar el Acuerdo de paz al que llegaron el Gobierno y las FARC. Ganó el No, lo que frenó la implementación de lo pactado en La Habana. Esto provocó una situación de incertidumbre jurídica y política alrededor de la cual se han dado varios debates que buscan encontrar salidas para evitar que se pierda lo avanzado y lograr la paz en Colombia.
Para entender mejor este panorama, la FIP presenta este especial que se divide en cinco partes. La primera presenta seis claves para entender por qué ganó el No. La segunda analiza las principales propuestas que han planteado diferentes sectores para renegociar el Acuerdo. La tercera se centra en las movilizaciones sociales. La cuarta recopila las discusiones y propuestas para salir del limbo jurídico y político. Y la quinta, en las medidas que se han tomado para preparar la implementación del nuevo acuerdo de paz.
Los resultados del plebiscito arrojan un mapa que refleja las profundas diferencias regionales de Colombia. El Sí ganó en las zonas más alejadas del Estado y del mercado, donde el impacto del conflicto armado con las FARC ha sido más fuerte, pero donde los dividendos del cese al fuego son latentes. El No, en cambio, sacó ventaja en los territorios más integrados y que tienen mayor acceso, donde las instituciones están y funcionan mejor. A esto hay que agregarle la indiferencia y el desinterés de una parte importante de la población. La abstención fue la más alta en los últimos 22 años.
Aquí encontrará seis claves que podrían ayudar a entender el triunfo del No. Es importante mencionar que no hay explicaciones sencillas, ni únicas, sino múltiples correlaciones que adquieren pesos distintos según la región desde que se le mire.
Descargue el análisis con sus respectivos mapas AQUÍ y en inglés
En el marco del diálogo amplio que abrió el Gobierno Nacional desde el 2 de octubre, para escuchar a los promotores del No y del Sí, los cuales representan a diferentes sectores políticos y sociales del país, se han recogido cerca de 450 propuestas que buscan aportar a la renegociación del Acuerdo Final.
De este grupo, la FIP revisó 172 propuestas, que son las que han sido presentadas públicamente de manera formal e informal entre el 3 y el 25 de octubre de 2016. Estas propuestas fueron sistematizadas y procesadas en función de su afinidad con el Acuerdo Final a partir de una escala valorativa así: Reforma (propone un cambio de fondo en lo acordado), Ajusta (propone un cambio de forma aceptando el fondo de lo acordado), Complementa (agrega un asunto o elemento que afecta el fondo) o Valida (acepta lo acordado). Aquí encontrará las principales conclusiones:
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%de las propuestas hacen referencia al punto del Acuerdo sobre víctimas
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%de las propuestas sobre enfoque de género las presentó el exprocurador Alejandro Ordóñez y las iglesias cristianas
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%de las propuestas provienen del Centro Democrático, entre un grupo de 21 sectores
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%el tema que más se quiere reformar es el de drogas ilícitas
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%de las propuestas buscan ajustar el punto sobre fin del conflicto
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%de las propuestas sobre garantías de seguridad buscan ajustes y el 17%, reformas de fondo
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%de las propuestas buscan cambios de fondo y van en contravía de lo acordado en La Habana
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de las 172 propuestas son impulsadas por los promotores del Sí
Tras los resultados del plebiscito, en el que ganó el No por una corta ventaja sobre el Sí, diferentes sectores de la sociedad civil han impulsado movilizaciones que comparten un mismo mensaje: la salida negociada al conflicto armado. Partidarios y opositores al Acuerdo con las FARC se han tomado las calles de distintas ciudades para exigir celeridad en la posible renegociación del Acuerdo Final. Esta exigencia y otras posturas también se ha dado a conocer a través de pronunciamientos públicos y entrevistas en medios de comunicación. Aquí encontrará un mapeo de las principales movilizaciones y pronunciamientos de los ciudadanos.
La imposibilidad de implementar el Acuerdo de paz tras el triunfo del No, generó un limbo político y jurídico, ya que no se tenía previsto un plan de acción para un escenario adverso a la refrendación popular. Por eso, diferentes sectores han venido formulando todo tipo de alternativas que permitan superar esa incertidumbre. Aquí encontrará un breve recuento de las principales opciones y posiciones.
El triunfo del No en el plebiscito frenó el inicio de la implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, el Gobierno, las FARC y los principales voceros de la oposición han coincidido en que se avance con varios aspectos de tipo logístico incluidos en el Acuerdo como: cese al fuego, medidas humanitarias para generar confianza, concentración de la guerrilla y el monitoreo y verificación de estos procesos. Aquí encontrará las principales medidas:
La presencia de las FARC en el territorio colombiano ha sido diferenciada, con manifestaciones de violencia que varían de región a región y que han marcado la manera como se han relacionado con la población y también cómo son percibidas.
Aunque a primera vista, los municipios que votaron por el Sí guardan una relación con aquellos en los que las FARC tienen presencia, es importante acercar la lupa. A la luz de los resultados del plebiscito se pueden identificar dos tipos de regiones: aquellas en las que las FARC son el actor armado hegemónico y tienen cierta legitimidad, y aquellas en las que su presencia se ha expresado en acciones predatorias que han dejado cientos de víctimas, lo que dificultó posicionar el Acuerdo Final y el proceso de paz en general.
Presecia de las FARC 2016 y porcentaje del Sí por municipio
En Norte de Santander –frontera con Venezuela–, se encuentra una división entre la región del Catatumbo y el resto del departamento. En esta zona, con presencia histórica de las FARC, del ELN y del EPL, el Acuerdo Final tuvo una mayor acogida. En los municipios de San Calixto, El Tarra, Hacarí y Teorama, por ejemplo, el apoyo fue del 95.18%, 91.51%, 89.46% y 86.47%, respectivamente
De acuerdo con el trabajo de la FIP en esta región, el Acuerdo de paz se ve como una oportunidad de desarrollo, modernización e integración territorial y no como algo que beneficie únicamente a las FARC. Algo similar ocurre en Putumayo, departamento en el que el Sí ganó en todos los municipios con un porcentaje mayor al 50%.
En el Catatumbo, este grupo no sólo es una organización armada al margen de la ley, sino también un actor social y político que ha acompañado procesos de colonización y ha construido instituciones al vaivén de la guerra que le han significado apoyo social. A esto se suma que en las últimas décadas se ha consolidado un fuerte movimiento campesino que tiene ciertas coincidencias con las FARC respecto a la importancia de integrar la región al territorio nacional y sustituir economías ilegales por unas sostenibles que saquen al campesinado de la pobreza.
En contraste, el resto del departamento, es decir, aquellos municipios más articulados al Estado colombiano y a los centros económicos de la región, como Cúcuta y Ocaña, el Sí no pasó del rango del 21–40%. Justamente allí, las FARC acudieron al secuestro, la extorsión y cometieron atentados terroristas, lo que pudo haber influido en el rechazo al proceso de paz y a la posibilidad de que los guerrilleros se incorporen a la vida civil.
Algo similar pudo haber ocurrido en Antioquia, la región Meta-Casanare y en Caquetá. En este último departamento, en la zona alta o piedemonte, los municipios con votos por el Sí no sobrepasaron el rango del 41-50%, mientras que en la zona media y baja hubo una clara preferencia por el Sí. Allí se ubican municipios como San Vicente del Caguán (63%), Cartagena del Chairá (74%), La Montañita (74%) y Solano (76%), donde las FARC han tenido una presencia histórica y han sido pieza fundamental en el proceso de construcción de identidad política y social.
El período de mayor intensidad del conflicto armado fue entre 1999 y 2003. Durante estos años se consolidaron zonas de control y disputa entre grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas del Estado, en las que la violencia fue más alta que en otras, siendo la población civil su principal víctima.
Las zonas más afectadas fueron Arauca, el Urabá chocoano y antioqueño, el Nudo de Paramillo, Montes de María, Catatumbo, Guaviare y el bajo Putumayo. En todas, el Sí ganó con un rango superior al 50%.
El Sí puede significar que estas regiones asocian las afectaciones de la guerra con los beneficios de un Acuerdo Final que intenta superarla y que no se trata, únicamente, de un acuerdo entre dos partes. En regiones que aún hoy –Arauca– o que en los últimos años se convirtieron en los nuevos focos de la confrontación armada –la región Pacífica, desde Nariño hasta Chocó– el Sí fue mayoritario.
Votación a favor del SÍ de más del 50 por ciento
Allí, el Acuerdo puede ser percibido como una oportunidad de desarrollo e integración territorial. También es importante tener en cuenta que en varias de estas zonas el desescalamiento del conflicto armado, por efecto del cese al fuego, pudo generar puntos a favor de lo acordado en La Habana.
No obstante, llama la atención que, en otras regiones de intensa confrontación entre diferentes grupos ilegales como el Magdalena Medio antioqueño y santandereano, los votos por el No fueron mayoritarios, aunque con matices. En el sur de Bolívar, por ejemplo, el único municipio que obtuvo un No en el rango de 61-80% fue Cantagallo. Sin embargo, en otros como San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur y Morales, donde también se vivió el conflicto y donde han disminuido los cultivos de coca en los últimos años, el NO ganó por un margen estrecho.
Las zonas más marginadas –o periféricas– como la Amazonía, la Costa Pacífica y parte de la Orinoquía se expresaron a favor de los acuerdos de La Habana. mientras que las zonas más pobladas y desarrolladas se manifestaron a favor del No.
Los economistas L. Fergusson y C. Molina, encuentran una correlación positiva entre los lugares más pobres –medidos según el índice de pobreza multidimensional– y aquellos que votaron mayoritariamente por el Sí. Mientras que los más ricos, prefirieron en su mayoría el No. Esta relación también se puede observar al contrastar los resultados de la votación con la distribución municipal el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).
Dentro de las regiones en donde el porcentaje de IPM es más alto y se registró un fuerte respaldo al Sí, destaca de nuevo el Pacífico, pero también la Orinoquía y la Amazonía. Se suman municipios como San Jacinto, El Carmen de Bolívar y Santa Rosa en el departamento de Bolívar, y Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido en Córdoba.
IPM y porcentaje de votación por el SÍ
Adicionalmente, cuando se compara el voto a favor del Sí con la presencia efectiva del Estado, se encuentra una relación inversa, es decir, entre menos Estado o instituciones formales hay, mayor favorabilidad hacia los acuerdos de La Habana. Una manera de aproximarse a este análisis es usar el “Índice de Desempeño Integral” diseñado por el Departamento Nacional de Planeación, el cual evalúa la gestión municipal. Al comparar el mapa de “eficiencia” con el de la votación, se encuentran coincidencias claras entre el respaldo al proceso de paz y la deficiente prestación de bienes y servicios. Las zonas críticas y las de bajo desempeño guardan relación con las votaciones por el Sí que superaron el 50%. Mientras que en Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Santander se encuentra un grupo significativo de municipios con desempeño satisfactorio y donde el Sí fue minoritario.
La FIP también encontró –al igual que lo señalan otros análisis– que la distancia promedio de los municipios que votaron por el Sí de los principales centros de acopio y el resultado del plebiscito, es que aquellos que están más alejados, respaldaron más fuertemente los acuerdos de La Habana. De ahí que sea posible afirmar que, por lo general, en aquellos municipios en donde hay menos Estado y que están alejados del mercado, el respaldo al Sí fue mayor.
Hay una clara relación entre las votaciones para la segunda vuelta presidencial de 2014 y las del plebiscito, es decir, donde ganó Santos, ganó el Sí y donde se impuso Oscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, fue mayoritario el No.
En el caso del Sí, la Costa Caribe y las sabanas de Córdoba, Sucre y Bolívar dan cuenta de ello. Lo mismo sucedió con Chocó y Cauca, en casi todo Nariño, el alto y medio Putumayo y las regiones de Urabá y Catatumbo.
Llama la atención el caso de Córdoba, departamento en el que el único lugar en el que ganó Zuluaga en 2014, al igual que el No, fue su capital, Montería (52% por el No, 48% por el Sí).
En Antioquia, también hay una correlación entre las zonas donde el candidato uribista ganó en la segunda vuelta presidencial de 2014 con los votos del No. En contraste, los votos por el Sí se concentraron en parte del Bajo Cauca, el Norte y el Urabá antioqueño. Allí, el presidente Santos se impuso en 2014.
La misma tendencia ocurrió en Huila, Caldas y Meta. En este último departamento, el Sí se concentró en algunos de los municipios del margen izquierdo del río Ariari y en la zona de influencia histórica de las FARC (La Macarena, Uribe y Mesetas), en los que el presidente Santos también ganó en las elecciones de 2014. Mientras tanto, la victoria del No fue notoria en los municipios del piedemonte y de la llanura, más articulados a los circuitos económicos de esta parte del país y en los que los votos por el Sí no sobrepasaron el rango 21-40%.
Municipios en los que el Centro Democrático ganó en segunda vuelta y porcentaje de votación del No
Al comparar el Índice de Ruralidad con los resultados de la votación se encuentra que a medida que aumenta el primero, el apoyo al Sí es más alto. Es decir, que en el campo, donde se ha sentido la confrontación de manera más intensa, el respaldo a lo pactado en La Habana fue mayor.
Estas zonas se caracterizan por tener menor densidad poblacional, menos vías por kilómetro cuadrado y por estar más alejadas de los centros urbanos. Como lo señala Juan Mauricio Ramírez, director del Centro para el Desarrollo Rural, en los municipios donde ganó el Sí el porcentaje de población étnica es 4,5 veces mayor al de los municipios donde ganó el No.
Índice de ruralidad y porcentaje de votación por el sí
En cuanto al país más urbano las preferencias estuvieron divididas. En su conjunto, en las capitales, la inclinación por el Sí fue mayor, con 2.968.204 votos, mientras que el No obtuvo 2.723.044. Sí se miran los 32 centros urbanos del país, se encuentra que 16 optaron por el Sí y 16 por el No. El apoyo de las ciudades al proceso de paz fue ligeramente a favor del Sí, pero estuvo lejos de ser determinante en la elección.
Entre las ciudades donde fue mayor la votación por el Sí, sobresalen aquellas que se encuentran cerca de focos recientes de violencia como Quibdó (Chocó), Pasto (Nariño) y Mocoa (Mitú). También se destacan Barranquilla, Bogotá y Cali.
La abstención en el plebiscito fue la más alta registrada en los últimos 22 años. Llegó al 62,60% y superó a las últimas elecciones presidenciales y de Congreso. Si bien este no es un asunto nuevo en Colombia, si se expresó de manera más crítica en el proceso refrendatorio de los acuerdos de La Habana, lo cual obliga a darle una mirada más detenida
Tasa de abstención electoral
Detrás de la abstención hay elementos coyunturales como los efectos del Huracán Matthew en la Costa Caribe, pero también dinámicas de más larga data, como el funcionamiento de las maquinarias políticas, el mayor interés en las elecciones locales que las nacionales, así como los persistentes bajos niveles de participación en las zonas periféricas del país.
En cuanto a la maquinaría oficialista –que impulsaba el voto por el Sí–, es relevante señalar como lo hizo La Silla Vacía, que esta funcionó de manera descoordinada y a media marcha. Para tener una idea del impacto de esta dinámica, si la maquinaría hubiera caminado como lo hizo en 2014, en Atlántico, por ejemplo, hubieran votado las 702 mil personas que respaldaron a Santos en la segunda vuelta y, por consiguiente, habrían aparecido 271 mil votos más a favor del Sí. En Bolívar hubo 190 mil votos menos que en la segunda vuelta de 2014.
Por otro lado, también se encuentran relaciones entre las zonas donde la votación por el Sí fue mayoritaria y la abstención fue alta, lo cual puede explicarse por la tradición abstencionista de las zonas periféricas y rurales.
Hay regiones que persistentemente tienen niveles altos de abstención como lo son el Pacífico, el nororiente Antioqueño, la Orinoquía, parte de los Llanos y también la Guajira, así como algunos municipios al interior del Caribe. Justamente, en estos territorios el Sí fue mayoritario, pero los niveles bajos de participación le restaron fuerza a esta preferencia.
Un dato a destacar es que en los 20 municipios que tuvieron el mayor porcentaje de abstención, se presentaron decrecimientos en los porcentajes de participación
Movilizaciones socialesComo respuesta a los resultados del plebiscito, desde el 3 de octubre, diversos sectores de la sociedad civil empezaron a convocar una gran marcha nacional que llamaron La Marcha del Silencio, la cual marcaría el inicio de diversas acciones colectivas que no han parado de realizarse en las principales ciudades del país. Estas acciones exigen la continuación de la negociación con las FARC y una salida efectiva al limbo político y jurídico.
La Marcha del Silencio se realizó el 5 de octubre con gran diversidad de participantes y banderas políticas. Sin embargo, fueron los jóvenes universitarios y las víctimas, quienes lideraron este nuevo escenario. Según el monitoreo de la FIP, ese día se realizaron 13 movilizaciones (Bogotá, Cali, Palmira, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Quibdó, Santa Marta, Riohacha, Bucaramanga, Neiva y Pasto). Luego, entre el 5 y el 12 de octubre, se registraron 28 acciones colectivas motivadas por la paz, las cuales lograron movilizar a más de 50.000 personas. Hasta el 25 de octubre se habían presentado un total de 54 movilizaciones sociales.
El mayor número de movilizaciones se concentra en el Valle del Cauca (11) y le siguen Bogotá (8) y Antioquia (6). Estas acciones son principalmente urbanas y se centralizan en las plazas públicas de Cali (8), Bogotá (8) y Medellín (4). También se han registrado movilizaciones en regiones afectadas por el conflicto armado como el Norte del Cauca, el Urabá antioqueño, Buenaventura y Carmen de Bolívar, lideradas por organizaciones locales y de víctimas. Así mismo, en departamentos como Huila, Nariño, Chocó y Norte de Santander, donde por lo menos, se ha registrado 1 acción.
Movilizaciones socilaes vs. resultados del plebiscito
Si se compara la distribución territorial de las movilizaciones con los resultados regionales del plebiscito, se observa que estas acciones colectivas se han dado, principalmente, en regiones que apoyaron el Acuerdo de paz, como el Pacífico y el Caribe. Sin embargo, hay que destacar que Medellín, en la que el 62% de los votos fue por el No, se han realizado 4 movilizaciones protagonizadas por estudiantes y la sociedad civil en general. Un caso similar es Santander, donde el 55% de los votantes apoyaron el No y ya se han realizado 4 marchas por la paz.
Lo anterior puede indicar que la movilización por la paz posplebiscito ha superado, en parte, la polarización entre el Sí y el No, dándole un lugar central al reclamo generalizado de la sociedad civil que aboga por una pronta renegociación y el mantenimiento de la mesa de diálogo con las FARC.
Las 54 movilizaciones por la paz se han realizado a través de 46 marchas, 4 plantones o concentraciones y 4 expresiones artísticas. Se destacan la Marcha del Silencio y la Marcha de las Flores (22 de octubre) en diferentes ciudades. Esta última fue protagonizada por víctimas del conflicto armado y liderada por colectivos estudiantiles en apoyo con diversos sectores sociales. También está la marcha Colombia Pacífica realizada el 20 de octubre, con la que organizaciones sociales buscaron presionar por la definición de un pronto Acuerdo.
A las marchas se suman otro tipo de acciones colectivas como los campamentos por la paz instalados en la Plaza de Bolívar en Bogotá y replicados en Cali, Cartagena y Montería; y la acción de duelo Sumando ausencias que lideró la artista Doris Salcedo y que inspiró la campaña Acciones por la paz, que reúne a artistas colombianos. Así mismo, en Cali, ciudadanos amarraron cintas blancas en los árboles del centro de la ciudad como reclamo por la paz. Todo lo anterior ha estimulado la realización de otras acciones simbólicas y expresiones artísticas que han propuesto tomarse las plazas públicas en conmemoración de las víctimas del conflicto armado y la pronta definición de un Acuerdo de paz.
En general, las movilizaciones han sido lideradas por grupos de la sociedad civil como estudiantes, víctimas y comunidades indígenas, quienes se han articulado para impulsar la participación ciudadana. De este proceso han surgido liderazgos sociales que hoy representan a sectores ciudadanos ante el Gobierno Nacional. Sobresale el protagonismo de los jóvenes universitarios.
Si bien las movilizaciones han recibido el apoyo de diversos sectores sociales, se han registrado amenazas a sus líderes. Tal es el caso denunciado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que pidió proteger a una líder del campamento por la paz instalado en Bogotá. Desde el 2 de octubre también se han registrado atentados y amenazas a líderes de organizaciones que apoyan el acuerdo con las FARC y que han liderado movilizaciones sociales, lo que agudiza la alerta por el incremento de agresiones a líderes sociales en 2016.
Movilizaciones socialesUno de los primeros colectivos en pronunciarse tras los resultados del plebiscito fue el de las víctimas. Las primeras declaraciones las dieron los afectados por la masacre de Bojayá, para quienes el país urbano, en donde ganó el No, no comprendió su realidad y sus necesidades. Manifestaron que no están dispuestos a permitir que el conflicto armado vuelva a su territorio y pidieron la continuación del cese al fuego y hostilidades.
Por su parte, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) reafirmó, a través de una carta abierta al presidente Juan Manuel Santos, su apoyo al quinto punto del Acuerdo (el de víctimas) y le pidió a la mesa negociadora no desconocer el triunfo del Sí en las regiones más afectadas por el conflicto.
Recientemente, 66 voceros de las víctimas viajaron a La Habana para presentar ocho propuestas que consideran inamovibles en la renegociación del Acuerdo Final. Insisten en que se conserve el enfoque de género, la Comisión de la Verdad y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Desde otro ángulo, el colectivo Madres de Soacha, víctimas de falsos positivos, se manifestó en contra de la renegociación y exigió que militares vinculados con las ejecuciones extrajudiciales, paguen con la privación de la libertad. Esto, en el marco de la propuesta de Álvaro Uribe sobre alivios judiciales a militares.
Movilizaciones sociales
Las organizaciones indígenas y afrodescendientes también se pronunciaron en los días posteriores al plebiscito. Anunciaron su compromiso con lo pactado en La Habana y pidieron que se priorizara la implementación del Acuerdo Final en sus territorios.
Es el caso de las comunidades indígenas del Cauca, que han insistido en la implementación de los acuerdos a pesar de los resultados del plebiscito. Particularmente, los municipios de Toribío, Jambaló y Corinto proponen regionalizar los acuerdos a través de cabildos abiertos. En este marco, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la ONIC, convocaron a la marcha del 12 de octubre en Bogotá, iniciativa a la que se vincularon sectores campesinos. Los indígenas se tomaron las calles con el lema: Para que florezca la paz, ¡Acuerdo ya!
En este mismo sentido se pronunciaron organizaciones afrodescendientes (Proceso de Comunidades Negras- PCN), que consideran que los resultados del 2 de octubre son una muestra del desinterés del país por la paz. Por eso han dicho que implementarán los acuerdos en sus territorios y harán uso de la movilización social para exigir su derecho a la paz. La Coordinación Étnica Nacional de Paz (CENPAZ) también ratificó su compromiso con la implementación y rechazó las propuestas de renegociación que no piensan en el sector rural.
Otras organizaciones han manifestado sus temores frente a incursiones violentas y el movimiento de tropas en zonas como Tumaco, donde afrodescendientes de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnicas de Nariño se mostraron preocupados por una posible reactivación de acciones protagonizadas por grupos armados ilegales que hacen presencia en la región.
Movilizaciones socialesAnte la polémica incorporación del enfoque de género en el Acuerdo y las propuestas para eliminarlo que hicieron diversas comunidades religiosas y el exprocurador Alejandro Ordoñez, organizaciones de mujeres y población LGBTI han exigido a través de comunicados, campañas en redes sociales y movilizaciones sociales, que se proteja dicho enfoque tal y como quedó incorporado en el texto final.
La organización LGBTI, Caribe Afirmativo, ha manifestado que el Acuerdo no pretende cambiar el orden constitucional ni introducir ningún concepto al ordenamiento jurídico actual, por lo que el enfoque de género debe respetarse, así como las referencias a las poblaciones sexualmente diversas.
En esta misma línea, en un documento firmado por más de cien organizaciones e instituciones de mujeres y entregado al Presidente Santos, se defendió la incorporación del enfoque de género como principio del Acuerdo de paz. Académicos, intelectuales y líderes de organizaciones de mujeres también publicaron un comunicado que denuncia la tergiversación que comunidades religiosas han hecho del enfoque de género y resalta su pertinencia para profundizar la democracia colombiana y el reconocimiento de derechos.
Salidas políticas y jurídicas al limboEsta propuesta fue planteada por el partido Centro Democrático con anterioridad al plebiscito y se consolidó luego del triunfo del No, el 2 de octubre. El principal vocero de esta colectividad, el senador Álvaro Uribe, aseguró que la intención es replantear lo acordado con correctivos enfocados, principalmente, en justicia y desarrollo rural. Uribe aclaró que el CD no busca una Asamblea Nacional Constituyente para dicha renegociación y luego propuso conformar una mesa técnica con representantes del Gobierno, voceros del No y representantes de las FARC en la que se estudien las modificaciones, sin que implique quitarle al Presidente la facultad para conducir la negociación con la guerrilla.
Al respecto, el abogado Ramiro Bejarano ha dicho que aún no es claro cómo se llevaría a cabo la renegociación con las FARC, ni la forma en la que participarían los promotores del No. Las propuestas más concretas en ese sentido, aunque sin desarrollo, son la mesa técnica tripartita que planteó el uribismo y la designación de un testigo del No en la mesa de negociación que solicitó el expresidente Andrés Pastrana, la exministra Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordóñez.
Por su parte, el máximo líder de las FARC, alias Timochenko, insistió en su momento en que no aceptarían modificar el Acuerdo que se firmó el 26 de septiembre, porque ya cuenta con validez jurídica al haber sido depositado en el Consejo Federal Suizo. Al respecto, el senador y exguerrillero del M-19, Antonio Navarro, dijo que las FARC tienen que estar preparadas para aceptar cambios en el Acuerdo ya que ellas mismas decidieron, junto con el Gobierno, someter el documento a refrendación popular. En ese sentido, el triunfo del No obliga a que se mejore lo pactado.
Finalmente, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, ha expresado su preocupación por el tiempo y la fluidez de una eventual renegociación con las FARC, pues considera que los reparos de los opositores de los acuerdos de La Habana tocan temas sensibles que la guerrilla no está dispuesta a aceptar.
Salidas políticas y jurídicas al limboUna de las primeras medidas que tomó el presidente Juan Manuel Santos luego del rechazo popular al Acuerdo de paz, fue invitar a un gran “Pacto Político Nacional”. Convocó a todas las fuerzas políticas del país, incluyendo a los promotores del No, para abrir espacios de diálogo. El gobierno aclaró en su momento que escuchar las observaciones no necesariamente implicaba renegociar lo acordado. El uribismo no asistió al primer encuentro, pero luego su principal vocero, el senador Álvaro Uribe, se reunió con el Presidente Santos y acordaron avanzar en la revisión y discusión de los puntos planteados por la oposición.
Para esto se conformó una Comisión de diálogo conformada, por un lado, por Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador con las FARC, la Canciller María Ángela Holguín y Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, y por el lado de los promotores del No por Carlos Holmes Trujillo, el senador Iván Duque, el director del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga y la exministra de Defensa Martha Lucía Ramírez.
El senador Jorge Robledo se manifestó a favor de la búsqueda de un gran pacto nacional, pero advirtió que debía incluir a todos los sectores que no están representados ni por el gobierno ni por la oposición. Esta opinión la comparte el facilitador de los diálogos de paz, Henry Acosta, quien ha dicho que todas las partes deben participar partiendo de lo que ya se acordó y con propuestas viables, porque de lo que se trata es de negociar y no de imponer los intereses de unos sobre otros. Para la exministra Martha Lucía Ramírez, en la Comisión también deben estar representadas las víctimas de las FARC.
Tras varios encuentros de la Comisión de diálogo, en los que se escucharon numerosas propuestas antes de remitirlas a la mesa de diálogos en La Habana, el senador Álvaro Uribe propuso que algunos líderes del No se reunieran con las FARC en un país diferente a Cuba, para crear una mesa técnica, si eso ayudaba a conseguir el gran pacto nacional. El gobierno respondió favorablemente autorizando, en un acto de confianza, un encuentro entre varios líderes del uribismo y el abogado de las FARC, Enrique Santiago. Sin embargo, las FARC cancelaron el encuentro a última hora, aduciendo que se trataba de una maniobra dilatoria.
En el entretanto, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con diferentes voceros del No, del Sí, ciudadanos, grupos de víctimas, jóvenes, sindicatos, todos los partidos políticos, gobernadores, alcaldes y organizaciones sociales, y fijó como fecha límite para la recepción de propuestas, el 20 de octubre. En total se recibieron más de 450 propuestas para hacer cambios, ajustes y/o precisiones al acuerdo con las FARC.
El plazo establecido por el presiente Santos no cayó bien entre los opositores al acuerdo de La Habana. El expresidente Álvaro Uribe lo calificó como un chantaje que genera desconfianza en el proceso de revisión de los acuerdos. Esta posición la comparten el expresidente Andrés Pastrana, la exministra Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordóñez, quienes en una carta le reprochan a Santos por cerrar una etapa que jamás comenzó y profundizar la polarización del país.
Salidas políticas y jurídicas al limboOtra discusión que ha tomado protagonismo tras el triunfo del No, son las demandas contra la convocatoria del plebiscito y el Acto Legislativo 01 de 2016, así como las que se han presentado tras conocerse el resultado en las urnas. En el primer grupo sobresale la demanda de los delegados del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo contra el artículo 5 del Acto Legislativo, que condiciona su entrada en vigencia a la refrendación popular y, contra el 4, que incorpora el texto del Acuerdo Final a la Constitución. Los argumentos incluidos en la demanda fueron los mismos que utilizó el CD y su líder Álvaro Uribe durante la campaña por el No, en el sentido de que, según ese sector político, el plebiscito es un instrumento ilegítimo y el Acto Legislativo constituye una sustitución a la Constitución. En la misma línea se ubica la demanda presentada por la representante del CD, María Fernanda Cabal, cuestionando la pregunta del plebiscito por considerarla “sugestiva y confusa”.
Frente a este grupo de demandas ha surgido una interpretación según la cual la Corte Constitucional, al haberlas aceptado, podría eventualmente reversar el resultado del plebiscito. Sin embargo, algunos expertos como Luis Fernando Álvarez, expresidente del Consejo de Estado, han planteado que la Corte solo puede referirse a vicios de procedimiento en la norma que promueve el plebiscito, más no derogarlo. En donde si puede haber decisiones de fondo, según Francisco Barbosa, docente de Derecho Constitucional del Externado, es en las demandas contra el Acto Legislativo para la Paz. En este caso, el Alto Tribunal podría tumbar el artículo 5 que supedita la vigencia del Acto a la refrendación positiva de los acuerdos de paz, y por esa vía, habilitar el procedimiento expedito del trámite legislativo y las facultades extraordinarias del Presidente con miras a la implementación. Para evitar esta posibilidad, la Procuradora encargada, Martha Isabel Castañeda, presentó una demanda el pasado 14 de octubre, en la que solicita derogar el mencionado Acto Legislativo por considerar que afecta la rigidez y supremacía de la Constitución.
Por otra parte, varias de las demandas presentadas con posterioridad al plebiscito buscan que se repita o que se desconozca su resultado. Una de ellas la interpuso el abogado Hermann Garrido, quien argumenta que la tormenta tropical Matthew influyó en la escasa votación de la costa Caribe, por lo que el plebiscito debería realizarse nuevamente en esa región. Otra demanda, en la que figura el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, solicita a la Corte Constitucional que no se aplique el resultado del plebiscito por considerar que los votantes fueron engañados por los promotores del No. Esta demanda se basa en una entrevista al excandidato a la alcaldía de Medellín, Juan Carlos Vélez, en la que reveló la estrategia de manipulación que utilizó el Centro Democrático para su campaña en el plebiscito.
A mediados del mes de octubre la Corte había recibido 11 demandas referidas al plebiscito y al Acto Legislativo para la Paz, sobre las que tendrá que pronunciarse antes del 25 de noviembre para zanjar, en alguna medida, la discusión, al menos en su dimensión jurídica.
Salidas políticas y jurídicas al limboExpertos como César Rodríguez, director de Dejusticia, y Miguel García Sánchez, director del Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes, coinciden en señalar que según lo establecido por la Corte Constitucional con respecto al alcance del plebiscito (C-397/2016), sus efectos solo son vinculantes para el presidente de la República, por lo que el gobierno tendría la posibilidad de implementar los acuerdos de paz a través del Congreso. Sin embargo, a juicio de Rodríguez, esta alternativa no debe excluir la promoción de espacios en los que los opositores a los acuerdos de La Habana puedan incorporar sus inquietudes.
Para el codirector nacional del partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, el Congreso debe ser el escenario donde se tramiten las diferencias entre los promotores del Sí y del No, y donde se definan los cambios y la implementación de lo que se renegocie. Según Chacón, es necesario que en estas discusiones estén presentes delegados de las FARC, con voz, pero sin voto. En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente del Senado, Mauricio Lizcano. Por su parte, el senador Roy Barreras, ha planteado que la refrendación no se limita a su componente jurídico sino que representa un problema de carácter político que sería inconveniente desconocer.
Salidas políticas y jurídicas al limboEsta propuesta fue hecha por el facilitador de los diálogos entre el Gobierno y las FARC, Henry Acosta, y se refiere a un gran perdón político para todos los que pudieron haber cometido delitos en el marco del conflicto. Según Acosta, como la intensión es enjuiciar a unos y otros, y dado que esto tomaría mucho tiempo y no lograría nada en el corto plazo, lo mejor es hacer un borrón y cuenta nueva, para lo cual se necesitaría un candado jurídico que lo podría dar un plebiscito, un referendo o una Constituyente.
Salidas políticas y jurídicas al limboEduardo Cifuentes, catedrático y constitucionalista, propuso acudir al mecanismo de cabildo abierto, previsto en el artículo 103 de la Constitución Política, porque considera que a través de esta figura el pueblo colombiano puede expresarse y participar directamente en los ajustes del Acuerdo. En su opinión, la paz no puede quedar en manos de una “mesa de notables” y es ahora cuando se debe aplicar la democracia participativa.
Sobre el funcionamiento del Cabildo, el jurista Rodrigo Uprimny ha explicado que se trata de un espacio de encuentro entre los ciudadanos y la institución representativa local. Lo convoca un comité o grupo de ciudadanos –con un número de firmas correspondiente al 5 por mil del censo electoral local– interesados en debatir sobre un tema particular. Allí se formulan peticiones y propuestas que deben responder las instituciones locales (junta administradora, concejo o asamblea departamental). Esas instituciones pueden adquirir compromisos decisorios que serían de obligatorio cumplimiento.
Uprimny ha analizado los riesgos y potencialidades del Cabildo y sugerido algunas recomendaciones para que en el caso de implementarse, contrarreste la polarización en torno al proceso de paz y, eventualmente, refrende un nuevo acuerdo con la guerrilla. El abogado destaca el carácter deliberativo y articulador del mecanismo y cree que funcionaría como una especie de bisagra entre la movilización social informal y los pronunciamientos más formales. Plantea que ambas características podrían contribuir a una discusión argumentada sobre lo que se debería incorporar o modificar en los acuerdos. Sin embargo, señala que se trata de un mecanismo con una reglamentación muy pobre, por lo que no está claro su alcance. También insiste en que habría que evitar que las discusiones abarquen temas más allá de las negociaciones de paz, lo que terminaría dilatando la solución a la crisis.
A Sergio Guarín de la Fundación Ideas para la Paz también le preocupan los riesgos que se correrían con el Cabildo, lo que a su juicio entorpecería aún más la búsqueda de un acuerdo de paz. Para Guarín es poco probable que se logre domesticar la participación de los territorios acotando su deliberación a un pequeño rango de temas como lo sugieren los promotores del Cabildo, pues la implementación de un acuerdo requeriría la discusión de múltiples y variados asuntos relevantes para la comunidad. Se suma, el riesgo de que la participación ciudadana directa sea cooptada por políticos regionales tradicionales y que el espacio del cabildo resulte afectado por prácticas clientelares. Guarín plantea que se reconozcan los espacios de participación que ya existen, en lugar de promover escenarios que podrían profundizar la crisis.
Salidas políticas y jurídicas al limboSi no se logra un pacto político, los alcaldes de los municipios de Toribío, Jambaló y Corinto en el departamento del Cauca, han propuesto regionalizar los acuerdos a través de cabildos abiertos para lograr la pronta implementación de temas clave como la reforma agraria, la erradicación de cultivos ilícitos y la participación política de las FARC. Según el alcalde de Toribío, Alcibiades Escué, esto se haría previa consulta ciudadana por medio de recolección de firmas.
Salidas políticas y jurídicas al limboEsta propuesta fue hecha por miembros del Secretariado de las FARC, para quienes la paz es un derecho contramayoritario, configurador y esencial de la dignidad humana. En ese sentido, según la guerrilla, la Corte Constitucional estableció en su sentencia C-379/16 que el plebiscito tiene efectos políticos y no jurídicos. Recordaron que lo pactado tiene status de Acuerdo Especial a la luz del Derecho internacional Humanitario y que los acuerdos fueron depositados en el Consejo Federal Suizo de Berna. De ahí que el Acuerdo siga vigente en términos jurídicos, por lo que, para ellos, abre la posibilidad de pasar por alto la refrendación.
Una opinión similar tiene el italiano Luigi Ferrajoli, experto en derecho penal, quien considera que el plebiscito era innecesario para legitimar el Acuerdo, por lo tanto, sus resultados no pueden ser un obstáculo para la paz. Para Ferrajoli, la paz es un derecho contramayoritario, fundamento de la convivencia y reconocido por la Constitución, lo que quiere decir que es un derecho absoluto y el Estado debe garantizarlo aun en contra de la voluntad de cualquier mayoría.
El jefe negociador del gobierno, Humberto de La Calle, descartó esta opción, al recordar que el máximo jefe de la guerrilla estuvo de acuerdo con la refrendación popular. Se suma, dijo, que como los efectos del plebiscito son vinculantes para el Presidente, él está en la obligación de cumplir con los resultados, es decir, no implementar los acuerdos. El artículo 5 del Acto Legislativo para la Paz también señala que el Acuerdo solo entrará en vigencia luego de la refrendación siempre y cuando el resultado sea afirmativo.
Por su parte, el Exprocurador general, Alejandro Ordóñez reaccionó a la propuesta de las FARC diciendo que el Acuerdo de La Habana no existe jurídicamente porque fue rechazado por los colombianos, de ahí que se deba buscar un arreglo con nuevas condiciones. También advirtió que si el Acuerdo se depositó en el Consejo Federal suizo antes de la refrendación, se habría violado la ley.
El líder del Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, también rechazó la propuesta y retomó unas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en el sentido de que cabría la posibilidad de plantear una salida (a la implementación del acuerdo) conforme a la juricidad colombiana, las leyes y la Constitución, lo que para él puede interpretarse como la intensión de desconocer los resultados del plebiscito.
En respuesta a este señalamiento, el Presidente Santos aclaró que el gobierno no está intentando astucias jurídicas y que prueba de ello es que se abrió una ventana de diálogo con los diferentes sectores que promovieron el No en el plebiscito. Recordó que si bien están en curso acciones que pueden tener fundadas razones jurídicas para desconocer el plebiscito, estas no han sido avaladas por el gobierno y deben ser valoradas únicamente por los jueces.
Salidas políticas y jurídicas al limboDesde el inicio de las negociaciones de paz, las FARC propusieron que la Asamblea Nacional Constituyente fuera el mecanismo para refrendar el Acuerdo final, algo a lo que el Gobierno siempre se opuso. Sin embargo, tras la declaratoria del cese bilateral y definitivo, la guerrilla se acogió a la decisión que tomara la Corte Constitucional con relación al mecanismo de validación popular, que finalmente, fue el plebiscito. Por eso, empezaron a impulsar la Constituyente pero como escenario de convergencia nacional para la implementación de los acuerdos y la reconciliación. Esto quedó consignado en la declaración final de la Décima Conferencia Nacional Guerrillera, realizada días antes del plebiscito.
Luego del triunfo del No, diferentes sectores plantearon la posibilidad de realizar una Constituyente. Las FARC fueron las primeras en retomar la idea y pidieron que las incluyeran en el diálogo político anunciado por el gobierno. También han apoyado esta iniciativa el exmagistrado, Augusto Ibáñez, la dirigente de izquierda, Piedad Córdoba y los principales voceros del conservatismo. En contra está el senador Álvaro Uribe, quien señaló que su intensión no es quitarle las facultades al gobierno para seguir negociando con las FARC, y sí, hacer unos correctivos rápidamente.
Entre los principales obstáculos que presenta esta alternativa está el hecho de que puede empezar tratando temas acotados y terminar ampliándose a puntos sensibles como la reelección presidencial y los derechos fundamentales. Para evitarlo, el jurista Alfonso Gómez Méndez propuso una mini-constituyente limitada. Otro problema es cómo participaría las FARC, ya que difícilmente conseguirían el apoyo que necesitan en las urnas para tener delegados en la Asamblea. A esto se suma que la Constituyente es un proceso largo que requiere de una ley para preguntarle a los colombianos si se convoca o no, previo control de la Corte Constitucional. Luego, se necesitan 11 millones de votos para que pueda realizarse y solo se implementaría seis meses después de expedida la ley.
Salidas políticas y jurídicas al limboOtra opción que esbozaron algunos sectores es la de repetir el plebiscito en varios municipios de la Costa Caribe, donde muchos votantes se abstuvieron de ir a las urnas por cuestiones climatológicas. Así lo planteó un grupo de congresistas del partido de la U, liderado por el senador Armando Benedetti. Este grupo cree que la Corte Constitucional debería mediar para repetir los comicios. El exprocurador general, Alejandro Ordoñez, rechazó la propuesta y la tildó de ilegal porque desconocería el pronunciamiento popular, que fue legítimo.
Salidas políticas y jurídicas al limboAsí lo propuso el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien considera que a través de esta norma se podrían encontrar algunas opciones para aclimatar y consolidar la paz. La idea ha sido rechazada por analistas como Camilo Gonzáles Posso, director de Indepaz, y Eduardo Cifuentes, exdecano de derecho de la Universidad de los Andes, quienes resaltan la ineficacia del modelo diseñado para los paramilitares y la improcedencia de aplicar un sistema radicalmente distinto a lo pactado en La Habana.
Desde el punto de vista jurídico se han planteado otros caminos para salir del embrollo que causó el triunfo del No. Se destacan: la potestad del Presidente de aplicar el Acuerdo invocando el artículo 189 de la Constitución Política; esperar los resultados de la Comisión de Diálogo y volver a convocar un plebiscito para refrendar un nuevo acuerdo, y la expedición, por parte del Presidente, de decretos con fuerza de ley para implementar el Acuerdo, pero sin necesidad de declarar un estado de excepción.
Medidas para implementar un nuevo AcuerdoUna de las primeras medidas adoptadas por el presidente Juan Manuel Santos, tras la victoria del No, fue mantener el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Las FARC respaldaron la decisión y se mostraron dispuestas a continuar con la interrupción de todas las acciones ofensivas. El jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez, reconoció que ya han suspendido la impuestación, pero que les preocupa la reducción de ingresos para sostener a sus tropas, lo cual se torna insostenible en el contexto actual. Por eso han contemplado la posibilidad de pedir apoyo a la cooperación internacional en forma de asistencia humanitaria.
A expertos en temas militares como el coronel (r) Alfonso Velásquez, los generales (r) Néstor Ramírez y Luis Ernesto Gillibert, también les preocupa que la medida se prolongue, ya que podría darse un retiro progresivo a la selva de los guerrilleros pre-concentrados, activarse la extorsión y el narcotráfico ante la necesidad de financiarse, y toda una serie de dificultades operacionales para la fuerza pública en el momento de neutralizar amenazas del ELN y las bandas criminales. Al respecto, el profesor de la Universidad del Rosario, Juan Carlos Ruiz, ha dicho que no pueden proliferar caguansitos por todo el país en los que se concentre la guerrilla para mantener el cese, porque eso dispararía el riesgo de incidentes derivados de una relajación en la disciplina interna, lo que podría llevar a prácticas como la extorsión y el narcotráfico para garantizar la supervivencia. Para Ruiz, el cese es muy vulnerable si no se fijan límites de tiempo claros.
En un primer momento, el cese al fuego se prorrogó hasta el 31 de octubre, con la posibilidad de ampliarlo. Para esto, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, expidió la Directiva Nº 27 de 2016 que dota de un paraguas jurídico al cese para que se pueda prolongar y así garantizar la permanencia de la Misión Política de la ONU, encargada de monitorear y verificar este proceso.
Recientemente, el presidente Juan Manuel Santos anunció que la medida se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2016, fecha en la que espera tener un nuevo Acuerdo. La decisión fue respaldada por las FARC, por el senador Álvaro Uribe y por el exprocurador Alejandro Ordóñez, quienes creen necesario mantener la seguridad y proteger los derechos de la ciudadanía. También la apoyó el Secretario General de la ONU, Banki-Moon, quien aseguró que estas medidas ayudan a crear un ambiente favorable para concluir de manera exitosa el proceso de paz.
Voceros del partido Centro Democrático han insistido en que el cese se complemente con medidas que garanticen la seguridad de los miembros de las FARC, siempre y cuando esa organización abandone definitivamente la extorsión y el narcotráfico.
Tras siete semanas de cese al fuego (20 de octubre), el balance del ministerio de Defensa es de cero homicidios, cero masacres, una reducción del 30% en la extorsión, cero miembros de la Fuerza Pública asesinados por las FARC, cero actos de terrorismo, cero muertos en desarrollo de operaciones militares contra las FARC y cerca de 78 desmovilizados.
Medidas para implementar un nuevo AcuerdoEl Comunicado del 7 de octubre de 2016 que emitieron el Gobierno y las FARC, contempla la implementación de algunas medidas de construcción de confianza de carácter humanitario, en las que ya se venía avanzando antes del plebiscito. Entre ellas están la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, los planes piloto de desminado humanitario, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, la desvinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y resolver la situación de personas privadas de la libertad. Estas medidas fueron celebradas por Martín Santiago, coordinador residente de la ONU en Colombia, quien aseguró que esto demuestra el compromiso de las partes por proteger la vida y los derechos de todos, especialmente de las víctimas, lo cual debe ser una prioridad.
Frente a la situación de los niños y las niñas, el Secretario General de la ONU, Banki-Moon y la Representante de esa organización para los niños y los conflictos armados, Leila Zerrougui, exhortaron al Gobierno y a las FARC a que continúen con el proceso de separación de todos los menores de 18 años vinculados a esa guerrilla, y que atiendan prontamente sus necesidades de reintegración.
Con relación al desminado humanitario, Eugenia Holguín, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda de El Orejón, del municipio de Briceño, donde se lleva a cabo un plan piloto y acciones de sustitución de cultivos ilícitos, manifestó que gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno y las FARC se han visto grandes cambios, al punto que las comunidades sienten que están viviendo un posconflicto adelantado. Sin embargo, a Holguín le preocupa que no está claro cómo se avanzará con la sustitución de cultivos.
También hay que destacar la intensión de las FARC de seguir expresando su arrepentimiento por actos que cometieron durante el conflicto. Ya lo habían hecho por la masacre de Bojayá (Chocó) y La Chinita (Urabá antioqueño) antes del plebiscito. Luego, sobresale el encuentro que tuvieron en Cuba con varios familiares de los 11 diputados del Valle, en el que pidieron perdón por su asesinato tras cinco años de cautiverio. Jhon Jairo Hoyos, hijo de uno de los diputados, pidió que sea Timochenko, jefe máximo de las FARC, el que con absoluta claridad pida perdón por el daño ocasionado a innumerables familias colombianas.
Medidas para implementar un nuevo AcuerdoUno de los procesos en los que se venía avanzando y quedó suspendido por los resultados del plebiscito, es la concentración de la guerrilla en zonas y puntos transitorios de normalización. Sin embargo, se mantendrán los dispositivos de seguridad mientras avanza en la renegociación de los acuerdos de paz. Así lo han hecho saber las autoridades, especialmente en zonas duramente afectadas por la violencia como Antioquia. El gobernador Luis Pérez y el comandante de la Séptima División del Ejército, el general Jorge Salgado, indicaron que los hombres de la fuerza pública designados para proteger estas zonas, seguirán cumpliendo su tarea.
Se suma la expedición del Decreto 1647 de 2016 por parte del Presidente de la República, mediante el cual se establecen 26 Puntos de Pre-agrupamiento Temporal (PPT), donde se ubicarán los miembros de las FARC que ya venían cumpliendo los cronogramas y procedimientos previstos en el Acuerdo sobre el cese y la dejación de las armas.
Los PPT reemplazarán provisionalmente las 20 zonas veredales y los 6 puntos transitorios de normalización que se habían acordado inicialmente, y tendrán como objetivo facilitar el cumplimiento del cese al fuego y la seguridad de la población civil. No podrán estar en zonas urbanas ni vías principales y su vigencia dependerá del cumplimiento del cese. Allí se mantendrá la suspensión de operaciones militares y de las ordenes de captura y serán custodiadas por las Fuerzas Militares. Finalmente, serán supervisadas por los observadores del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) que a su vez serán protegidos por la Policía Nacional.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, explicó que en cumplimiento de este Decreto ya está lista una nueva directiva ministerial que fija orientaciones sobre la conducta, los protocolos y la doctrina de las Fuerzas Militares y de la Policía en estos nuevos puntos.
Medidas para implementar un nuevo AcuerdoSobre la participación de la ONU, el Gobierno y las FARC (Comunicado Nº 2 del 7 de octubre de 2016) definieron un protocolo especial de separación de fuerzas que permita prevenir incidentes en las zonas de pre-agrupamiento de la guerrilla, el cual será monitoreado y verificado por el mecanismo tripartito acordado en La Habana. Para esto, le solicitaron al Consejo de Seguridad de la ONU que autorice a los observadores que ya se habían desplegado en los territorios, para que supervisen este nuevo protocolo.
Jean Arnault, jefe de la Misión Política de la ONU que coordina el MMV, resaltó la decisión de las partes al señalar que este redespliegue de fuerzas ayudará a minimizar la posibilidad de nuevos encuentros armados y servirá de puente entre el dispositivo actual y la plena implementación del acuerdo de cese al fuego y dejación de las armas. Para Arnault esto implica una modalidad distinta de monitoreo que obliga a modificar el mandato de la Misión, aunque en esencia su configuración no cambiará mucho porque sus funciones seguirán siendo de monitoreo y verificación. El general Javier Pérez Aquino, jefe de observadores de la Misión, ha dicho que se solicitarán más observadores dado que la separación de fuerzas tendrá que desarrollarse en más puntos (entre 50 y 60), a lo que se debe sumar la protección de la población civil y evitar que haya actividades ilícitas.
Tras la solicitud formal de extensión del mandato de la Misión por parte de Arnault y Aquino ante el Consejo de Seguridad, el presidente de ese organismo, el embajador de la Federación Rusa, Vitaly Churkin, reiteró el apoyo de la ONU al proceso de paz y aplaudió la decisión de las partes de prolongar el cese al fuego. Manifestó que los integrantes del Consejo están de acuerdo con mantener el mandato lo que finalmente se anunció el 31 de octubre.
Este especial se realizó a partir de una revisión diaria de artículos de prensa publicados en los principales medios de comunicación nacionales, regionales y oficiales entre el 3 y el 25 de octubre de 2016. La información recogida fue organizada y clasificada, identificando temas de discusión. Asimismo, se tuvieron en cuenta las principales propuestas para renegociar el Acuerdo que se han hecho públicas, presentadas en el mismo periodo por diferentes sectores de manera formal e informal. Estas propuestas fueron sistematizadas y analizadas según un criterio de valoración frente a lo pactado.
En las gráficas que muestran qué tanto se quiere ajustar, complementar, reformar o validar el Acuerdo en general y cada punto, es importante tener en cuenta que en algunos casos los porcentajes pueden variar significativamente de un proponente a otro porque se está considerando el número de propuestas presentadas que están relacionadas con ese punto y no en general del Acuerdo. Así por ejemplo, en las propuestas de las iglesias cristianas relacionadas con participación política, el porcentaje es de 100% para la valoración “complementa”, lo que quiere decir que ese proponente solo presento una propuesta para complementar ese punto. Mientras que en las propuestas sobre desarrollo rural presentadas por el Centro Democrático, al haber un mayor número de propuestas hay una mayor distribución porcentual según la valoración de cada una.
La coyuntura posplebiscito provocó un ciclo de movilización social que despertó el interés de la ciudadanía en los recientes hechos políticos. Esto ha visibilizado a diversidad de actores y organizaciones sociales que han manifestado sus propuestas en defensa de los acuerdos de paz y su posible renegociación.
En el caso de las organizaciones sociales, sus pronunciamientos se han enfocado en apoyar un gran diálogo o pacto nacional, en la implementación regional de los acuerdos y en exigir la participación de la sociedad civil en la mesa de negociaciones. Se destacan las posturas de actores sociales que participaron activamente en la construcción del Acuerdo y que buscan seguir siendo incorporados en una posible renegociación, como las organizaciones de víctimas, indígenas, afrodescendientes, mujeres y población LGBTI.
* Sisma Mujer no fue la única organización nacional de mujeres que presentó propuestas sobre la renegociación del enfoque de género del acuerdo. Otras plataformas de mujeres y organizaciones LGBTI también han venido exponiendo sus posturas pero después de la fecha de corte de este especial.
* Sisma Mujer no fue la única organización nacional de mujeres que presentó propuestas sobre la renegociación del enfoque de género del acuerdo. Otras plataformas de mujeres y organizaciones LGBTI también han venido exponiendo sus posturas pero después de la fecha de corte de este especial.
* Sisma Mujer no fue la única organización nacional de mujeres que presentó propuestas sobre la renegociación del enfoque de género del acuerdo. Otras plataformas de mujeres y organizaciones LGBTI también han venido exponiendo sus posturas pero después de la fecha de corte de este especial.
* Sisma Mujer no fue la única organización nacional de mujeres que presentó propuestas sobre la renegociación del enfoque de género del acuerdo. Otras plataformas de mujeres y organizaciones LGBTI también han venido exponiendo sus posturas pero después de la fecha de corte de este especial.
* Sisma Mujer no fue la única organización nacional de mujeres que presentó propuestas sobre la renegociación del enfoque de género del acuerdo. Otras plataformas de mujeres y organizaciones LGBTI también han venido exponiendo sus posturas pero después de la fecha de corte de este especial.