El vecino país inició el año de manera turbulenta por la guerra que el crimen organizado le declaró a su Estado. Tomas de varias cárceles por parte de reclusos, asesinatos de policías y guardias de seguridad de centros carcelarios, saqueos a establecimientos comerciales e incluso la toma de un noticiero por parte de hombres encapuchados y armados mientras transmitía en vivo, fueron parte de las imágenes que dieron la vuelta al mundo. A ello se suma la fuga de varios presos, entre ellos José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', considerado el capo más peligroso de Ecuador.

Esa situación llevó a que el presidente, Daniel Noboa, declarara el estado de excepción durante 60 días para que el Ejército y la Policía retomen el orden en las calles. A ello se sumó una reforma en la Constitución por parte del Legislativo para que ese actuar sea permanente contra el crimen organizado -la cual tiene que ser ratificada vía referendo- y también anunció que tramitará indultos para los uniformados que sean procesados por cumplir con su trabajo contra las bandas criminales.

La situación ecuatoriana fue seguida de cerca por los medios de comunicación colombianos y derivó en algunos mensajes estigmatizantes contra las personas defensoras de derechos humanos y contra quienes se oponen a la violencia. Especialmente contra quienes rechazan el exceso del uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales.

Uno de ellos fue publicado el 9 de enero en la red social X -anteriormente llamada Twitter- por el periodista Felipe Zuleta Lleras, donde señaló lo siguiente: “No demoran en salir los defensores de DD.HH. (colombianos) a decir que hubo abusos en el país hermano del Ecuador en donde los criminales les declararon la guerra a los ciudadanos de bien”. 

Tres minutos después de ese primer post, Zuleta Lleras compartió una publicación del medio ruso RT, donde informaba que la “Asamblea de Ecuador ofrece amnistía a militares y policías para garantizar la seguridad del país”. Esa información la acompañó con la siguiente frase: “Así es. Para que defiendan al país sin temores de los defensores de DD.HH”.

La primera publicación alcanzó 34 mil vistas y la segunda 85 mil. Ambos mensajes generalizan y alinean a las personas defensoras de derechos con criminales y enemigos del Estado, alimentando los escenarios de riesgo que padecen a causa de su labor.

Cristian Raúl Delgado Bolaños, integrante del equipo operativo de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes, dice que frases como las del periodista “pretenden, a través de discursos de odio, deslegitimar la labor de defensa de derechos humanos”. 

Frente a lo que sucede en Ecuador, el defensor de derechos humanos dice que “lo más grave del tema es que este tipo de señalamientos, legitima posibles hechos de violencia o acciones negativas en contra de defensores de derechos humanos en el país. Normaliza la violencia, nos declara como 'enemigos internos o externos', deteriora las condiciones de resistencia y reivindicación de derechos y la existencia objetiva y subjetiva como seres humanos”.

Delgado Bolaños, quien también es coordinador del equipo nacional de Garantías y Derechos Humanos del movimiento político Marcha Patriótica e integrante de la Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, manifiesta que estigmatizar a defensores de derechos humanos en relación con la situación de Ecuador es crear discursos de odio por las acciones que estos realizan.

“Hace parte de un plan enfocado en acabar formas de pensar y modos de vida y en consecuencia, las luchas y reivindicaciones de las personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos, a partir de la construcción de una otredad negativa, dándole a sus integrantes el trato de enemigo interno”, apunta Delgado.

Defender derechos humanos en Colombia

En lo que va corrido de enero de 2024, de acuerdo con registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz (Indepaz), han sido asesinados 11 personas defensoras de derechos humanos, cuatro desmovilizados de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz y se han cometido siete masacres.

Hacer defensa de derechos humanos en Colombia es una labor de riesgo extremo y ha llevado que este sea el país donde más se asesinan líderes y lideresas sociales anualmente. Las últimas administraciones que han pasado por la Casa de Nariño no han podido revertir esta situación y año tras año las cifras de víctimas continúan aumentando.

En el año 2016, después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, para la gran mayoría de comunidades hubo un poco de esperanza porque podrían respirar algo de paz. Sin embargo, a los pocos meses, nuevos grupos armados retomaron los territorios y la violencia no dejó de cobrar vidas. Hasta el punto de que 2023 terminó con 187 personas defensoras de derechos humanos asesinadas, alcanzando la escalofriante cifra de 1.599 víctimas desde la firma que puso fin a la guerra con la antigua guerrilla de las Farc.

Delgado alerta que, a pesar de esa situación, persisten falencias en materia de prevención, protección e investigación judicial, para que las personas defensoras de derechos humanos puedan hacer su labor con garantías. 

Al respecto no sólo se han pronunciado organizaciones sociales, sino la propia Corte  Constitucional, que el pasado 6 de diciembre, por medio de su sentencia SU-546/23, al declarar el estado de cosas inconstitucional, por los niveles de violencia que padecen los derechos humanos, recordó que la “garantía del derecho a defender derechos es una obligación ineludible del Estado”. 

Delgado resalta que en esa providencia el Alto Tribunal “reconoce que existe una violación sistemática, masiva y generalizada de los derechos de líderes y defensores de derechos humanos, que hay una incapacidad institucional para responder con eficacia y que requiere decisiones estructurales para atender el problema de forma sistemática”.

Dentro de las labores de los defensores de derechos humanos, dice este activista social, están “la solidaridad, la identificación, denuncia y registro de violaciones de derechos humanos, el adelantar acciones jurídicas y el contribuir en la elaboración de las políticas públicas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía del Estado”.

Pero todo esto es posible, continúa el defensor de derechos humanos, “implementando nacional y territorialmente, la normativa en materia de respeto y garantía a los derechos humanos, con énfasis en la que se desprendió de los puntos 2.2. y 3.4 del Acuerdo de Paz. Asumiendo las ordenes contenidas en la sentencia SU-546/23, de la Corte Constitucional, haciendo un seguimiento adecuado a la directiva presidencial y estableciendo una participación real, efectiva y vinculante de la sociedad y en particular de las personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos en la elaboración de las políticas públicas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía del Estado y la efectividad de los derechos”.

Todo lo anterior es posible si hay “fuentes de financiación claras, entidades responsables y instrumentos de seguimiento”, aclara Delgado. Pero recalca que es posible si hay mayor responsabilidad por parte de los periodistas a la hora de emitir informaciones y comentarios que pueden poner en peligro la vida de defensores de derechos humanos.

Lo que sucede en Ecuador no es sencillo y también involucra a Colombia por compartir fronteras. Sin embargo, es necesario informar con claridad y no estigmatizar a quienes ya padecen altos niveles de riesgo por defender la vida y luchar por comunidades desprotegidas.