"El señor Uprimny podría ser uno de los responsables morales y políticos del terrorismo"

Del 18 al 20 de septiembre pasados, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó una audiencia de reconocimiento de verdad sobre ejecuciones extrajudiciales en la ciudad de Yopal, en el Casanare.

En la cita judicial, 21 soldados de la XVI Brigada del Ejército, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos civiles admitieron ante las familias de las víctimas su responsabilidad por lo menos 296 crímenes cometidos en ese departamento. 

Los relatos fueron escalofriantes y continuaron con la develación de una modalidad de asesinatos perpetrados de manera sistemática, siguiendo el mismo patrón en todo el país: presentar civiles como guerrilleros dados de baja combate.

Al día siguiente de terminada la audiencia, el expresidente Uribe reaccionó de manera agresiva contra la JEP, negando su responsabilidad y afirmando que en esta instancia jurídica se “estimula reconocer delitos no cometidos”. 

Además, revictimizó a quienes perdieron la vida en esa práctica que se extendió por diferentes regiones del país, alegando que esta instancia transicional “presenta como inocentes a quienes estaban delinquiendo, así sus familias no lo supieran”. La mayoría de estos crímenes sucedieron en durante buena parte de sus años de gobierno (2002-2010).

Varios fueron los análisis que hicieron periodistas, columnistas y abogados frente a esta audiencia. Uno de ellos fue Rodrigo Uprimny, exdirector y actual investigador de Dejusticia, un centro de investigación dedicado a estudios jurídicos y sociales. 

Uprimny, quien tiene un espacio de opinión semanal en El Espectador, publicó el pasado 23 de septiembre la columna titulada Los falsos positivos, la JEP y Uribe. En el escrito, resumió la audiencia de Casanare y enfatizó que el expresidente Uribe “ya no niega que esos crímenes ocurrieron, pero rechaza cualquier responsabilidad”.

El jurista argumentó que el exmandatario era el máximo responsable de las Fuerzas Armadas “y podría haber incurrido en la responsabilidad de mando por esos crímenes”, así no hayan pruebas de que él haya ordenado los 'falsos positivos', pero tenía información de que estaban sucediendo porque “desde 2004 la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas reportó su preocupación por denuncias crecientes y creíbles de ejecuciones extrajudiciales por el Ejército”.

Y otra de sus responsabilidades, planteó Uprimny, fue la de no tomar medidas para evitar que se dieran estos asesinatos. “Tiene una responsabilidad moral y política”, sentenció el columnista y concluyó que esas ejecuciones judiciales, que son conocidas por la opinión pública como 'falsos positivos', además de ser masivas, fueron una consecuencia de sus políticas de gobierno.

Respuestas que estigmatizan

Un día después de publicado el artículo, el abogado del expresidente Uribe, Jaime Granados, difundió un comunicado en la red social X, controvirtiendo lo planteado por Uprimny en su columna. El documento tiene cinco puntos y todos empiezan con la expresión “Que casualidad” (sic), lo cual le imprime un tono de ironía con el que busca deslegitimar el análisis del investigador de Dejusticia. 

Granados le recriminó a Uprimny que ataca al “presidente Álvaro Uribe”, como lo llama en toda la misiva, pero que guarda silencio frente al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien estuvo al frente de la cartera de Defensa entre el 19 de julio de 2006 y 18 de mayo de 2009, un periodo en el cual también se reportaron ejecuciones extrajudiciales contra civiles inocentes.

Después, atacó a Dejusticia diciendo que fue contratada por la Comisión de la Verdad y otras instancias, “desarrolladas a través de convenios con las Farc y el gobierno de Santos”, por lo que hay conflicto de intereses, y planteó que Uprimny engaña a sus lectores. 

Además, Granado reiteró la expresión “columnista contratista”, para dirigirse a Uprimny, con lo que pretende deslegitimar su labor en la defensa de derechos humanos.

El exdirector de Dejusticia le dijo a VERIFICO que lo planteado por el abogado Granados es una estrategia de la falacia ad-hominem, “de descalificar a quien hace una crítica o hace un análisis, tratando de imputarle a esa persona o esa organización fallas morales y con eso decir que ni siquiera hay que examinar el análisis”.

Además, negó haber tenido contratos con el gobierno nacional, con la Comisión de la Verdad o con la JEP. Por el contrario, Uprimny aclaró que “Dejusticia ha recibido fondos de instancias filantrópicas internacionales que han apoyado la labor de la Comisión de la Verdad y se han manejado esos fondos para labores que se realizan con independencia crítica, que es lo que hace cualquier organización no gubernamental respetable; recibir apoyos financieros para hacer labor en investigación, incidencia en derechos humanos o de otra índole con independencia de criterios”.

El jurista y defensor de derechos humanos consideró que Granados apeló a la contratación de Dejusticia por dos motivos: “De un lado, desviar la atención y en vez de que haya la discusión del análisis que yo hice sobre la responsabilidad de Uribe sobre los 'falsos positivos', se descalifique ese análisis por mis supuestos conflictos de intereses; y, en segundo lugar, por esa vía, también cuestionar a Dejusticia”.

La respuesta del abogado Granados fue validada y replica por el expresidente Uribe con el siguiente mensaje: “El Dr Jaime Granados responde al Abogado de Santos, la Farc y contratista de la Comisión de la Verdad”.

Luego, en otro trino, el expresidente Uribe sembró un manto de duda: “El señor Uprimny podría ser uno de los responsables morales y políticos del terrorismo por sus posturas”. Así esté escrita en condicional, la anterior frase es una clara estigmatización contra el exdirector de Dejusticia, cayendo en ataques personales y no en argumentos para rebatir lo escrito en El Espectador.

“Al decirme que soy abogado de las Farc, de Santos o de la Comisión de la Verdad, que con mis posiciones suelo reforzar el terrorismo, con eso el expresidente Uribe quiere que no haya ningún examen de los argumentos que yo hice sobre su responsabilidad en los 'falsos positivos'. Ese es el objetivo de esa estrategia”, aseguró Uprimny.

Ante las respuestas que van y vienen, este académico y defensor de derechos humanos, insistió en que Uribe debe mostrar pruebas de lo que está diciendo o rectificar las acusaciones. Mientras tanto, se vio obligado a desmentir, por medio de un comunicado, lo dicho en su contra.

Ataques a la JEP

Lo ocurrido en la audiencia de la JEP en Casanare y lo escrito por Uprimny fueron otra oportunidad para que el expresidente Uribe insistiera en sus ataques contra esa entidad creada por el Acuerdo de Paz alcanzado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc. Es una tendencia que ha mantenido desde la conformación de ese tribunal de justicia transicional, que data de septiembre de 2015.

“La estrategia de deslegitimar a la JEP arrancó desde la firma del Acuerdo de Paz”, le dijo Uprimny a este portal, y recordó las afirmaciones de ese entonces, por parte del exjefe de Estado, al decir que era un tribunal amañado: “Se dijo sin ningún fundamento que el Comité que seleccionaba a los magistrados de la JEP y la Comisión de la Verdad eran infiltrados del terrorismo y de la guerrilla, con afirmaciones sin sustento”.

Esos señalamientos, explicó Uprimny, tienen el fin de cuestionar el Acuerdo de Paz por un lado, y de otro lado, poner entredicho “cualquier eventual conclusión a la que llegara la JEP y eso se ha mantenido por quienes han sido opositores al Acuerdo y quienes quieren que no se avance en esclarecimiento y responsabilidades de los crímenes atroces cometidos durante el conflicto armado”.

En medio de ese intercambio mensajes, el diario El Espectador publicó una editorial en defensa de la JEP: “La batalla del expresidente Álvaro Uribe Vélez por destruir la necesaria labor de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es un error histórico que enloda su legado como líder político”. 

Y señaló que la respuesta del exmandatario está llena de tergiversaciones y argumentos problemáticos. “Sobre todo, se trata de un acto de agresión al intento por construir una justicia transicional que le aporte al país”, concluyó.

Por otro lado, Uprimny planteó que esos ataques revictimizan a las víctimas de 'falsos positivos' y a sus familias, pues el expresidente Uribe en varias ocasiones ha insistido en que las actuaciones de la JEP son productos de faltar a la verdad.

“Por el contrario, (el trabajo de la JEP) es una contrastación de fuentes, unos testimonios creíbles; entonces, negar esos hechos que habían sido revelados, me parece que revictimiza cuestionando a la JEP. Que Uribe tenga derecho a la defensa, obviamente, pero no tiene derecho a cuestionar sin fundamentos al tribunal que está investigando esos hechos”, afirmó el jurista de Dejusticia.

Y agregó que esas reacciones “muestran que no hemos logrado, aún, enfrentar adecuadamente las responsabilidades acerca de los crímenes ocurridos en el conflicto armado y que sigue la tentativa de tratar de opacar cualquier discusión acerca de esas responsabilidades, por medio de estigmatizaciones como las que hizo el abogado y el propio Uribe”.

Apoyos contra la estigmatización

Después de todos esos ataques, llenos de prejuicios y acusaciones falsas, donde ni el abogado ni el expresidente aportaron pruebas para desacreditar la labor y la argumentación sobre la responsabilidad moral de los 'falsos positivos', brotó una serie de apoyos, tanto a Uprimny como a Dejusticia, por lo que diferentes organizaciones nacionales e internacionales publicaron comunicados rechazando las estigmatizaciones.

Uno de ellos provino de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) difundió un comunicado mediante el cual expresó que “los señalamientos de Uribe Vélez son estigmatizantes y constituyen una agresión directa contra Uprimny y para las voces críticas que surgen desde la prensa”.

En ese sentido también estuvo el editorial de El Espectador: “Estigmatizar a quien lo critique, graduarlo de aliado del terrorismo, sugerir que está respondiendo a agendas ocultas y, de esa manera, tratar de destruir su legitimidad para cuestionarlo. No solo viola la libertad de prensa y de expresión, sino que pone en riesgo la vida de una persona que ha realizado sus análisis desde el respeto”.

Por último, Uprimny le dijo a este portal que está dispuesto a debatir públicamente sobre lo que planteó en su columna. “Así como invité al abogado del expresidente Uribe y al expresidente a hacerlo, espero que en el tema de las falsedades que ha dicho Uribe, proceda a la rectificación. Si eso no ocurre, pues en su momento evaluaré si vale la pena o no entrar en un proceso judicial”.