En redes sociales circuló un video con la imagen de un niño llorando y gritando, desesperado, golpeando pisos y paredes. A su lado yacía su madre, asesinada minutos antes tras un ataque sicarial.

Los hechos sucedieron el 21 de junio de 2019 en Tierralta, Córdoba. La mujer asesinada es María del Pilar Hurtado, quien estaba liderando la toma de un predio de 14 hectáreas contiguo a la zona de invasión más grande del municipio, conocida como Nueve de Agosto, donde ella residía, junto con su esposo y sus cuatro hijos.

“Yo no hubiera publicado ese video”, dice un joven que acompaña a Darío*, un líder del municipio. “Si no se publica, nadie se entera de esa muerte, así toca en este país”, le refuta. La discusión en las calles de aquella zona marginal aún se da, pese a que ya han pasado más de 16 meses de los hechos. Y lo que también impera aún es el silencio y el miedo.

Todo empezó el 25 de mayo del año pasado, cuando una vecina le dijo a María del Pilar, quien salía a trabajar en la mañana con Manuel Berrío, su esposo, que estaban invadiendo un lote de tierra.

“Ella me dijo, -papi yo me voy, váyase usted a reciclar, yo me voy por el lote-. Cuando pasé por la tarde vi ese poco de gente. Allá la pusieron como líder, hablaba duro, todos alrededor de ella”, recuerda Manuel.

Es un terreno plano que, a simple vista, se dimensiona de gran tamaño, donde cabrían las 250 familias que querían invadirlo, y sobraría espacio. Esta propiedad es vecina a una zona marginal donde la mayoría de las casas son de madera, algunas cubiertas con lonas o plásticos, y los pisos de tierra, no hay alcantarillado óptimo, razón por la cual pululan los malos olores y las enfermedades. Al fondo se divisa la Serranía de Abibe.

Pasaron varios días y la gente empezó a demarcar sus pequeños lotes en la propiedad que pertenece a Fabio Otero Paternina, padre de Fabio Otero Avilez, alcalde de Tierralta para el periodo 2016-2019.

Con la ayuda de María del Pilar y otros líderes del municipio, se organizaron para que la tierra fuera distribuida equitativamente. El que sería su lote estaba justo frente a su casa, tan sólo era cruzar la calle.

“Cuando se dio lo de la invasión, ella me dijo que cogiera un lote -yo le ayudo, usted con todos esos niños que tiene- y me fui con ella. Éramos mucha gente. Ella nos organizó por grupos y cada grupo se repartió un lote”, recuerda una vecina, quien pagaba arriendo en una casa de madera y polisombra verde.

Orden de desalojo

Predio que iban a invadir y que costó la vida de María del Pilar Hurtado. Foto Bibiana Ramírez

El 30 de mayo, el alcalde Otero convocó un consejo de seguridad y dio instrucción a la Policía para que desalojara a las personas de ese lote y otros tres más, todos privados, que estaban siendo invadidos por campesinos, personas desplazadas de algunas zonas cordobesas agobiadas por la guerra y algunos migrantes de nacionalidad venezolana.

Ese mismo día circuló un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que tiene pleno dominio criminal en la región, mediante el cual amenazaban a Albeiro Begambre, secretario técnico del Consejo de Paz de Tierralta, y a otros líderes defensores de Derechos Humanos, a quienes señalaron de “financiar las invasiones”; también incluyeron a quienes lideraban a las familias. A todos les dieron un plazo de 24 horas para que desocuparan esos terrenos.

“Nosotros no estamos con rodeos, nosotros vamos es matando y recuperando el control y si buscan que el pueblo se caliente pues que se caliente esta mierda. Después de esta ahora a quien encontremos en estas invasiones lo declaramos objetivo militar. Por culpa de ustedes tenemos a la Policía, el Ejército y (Sic) inteligencia en el pueblo detrás de nosotros”, se leía en el panfleto.

En ese volante se nombraba a “la gorda hpta mujer del chatarrero”, quien por las características y el reconocimiento que María del Pilar estaba ganando dentro de la invasión, se supuso que aludían a ella. Pero Manuel y su esposa no lo vieron así e hicieron caso omiso: “Nos quedamos tranquilos porque no salía el propio nombre de ella. Ella no era gorda; yo era reciclador, no chatarrero”.

Foto cortesía. Panfleto Autodefensas Gaitanista de Colombia

El 2 de junio se hizo realidad la orden del Alcalde. Llegó un piquete del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional con la tarea de desalojar a los ocupantes del lote de su padre. Algunos invasores respondieron con piedras. La trifulca dejó heridos de lado y lado, además de cuatro personas capturadas.

La vecina de María del Pilar que fue invitada a ocupar un lote, recuerda lo vivido hace ya más de un año como un momento angustiante, en medio de gases lacrimógenos, gritos y caos: “Cuando llegó la Policía a sacarnos, nosotros a correr, yo por lo menos a proteger a mis niños, porque pensaba que si me metían a la cárcel, quién los iba a cuidar”.

Ese mismo día, hombres armados asesinaron a uno de los ocupantes de otro lote privado que también estaba siendo invadido cerca al Nueve de Agosto. Los dueños de ese predio son miembros de la familia Rueda Salas, quienes se pronunciaron en redes sociales pidiendo el desalojo voluntario o, de lo contrario, lo harían por la fuerza, tal cual sucedió.

Calle del barrio 9 de agosto, Tierralta. Foto Bibiana Ramírez

Al día siguiente, asesinaron en el Nueve de Agosto a otro hombre que estaba ocupando el predio de Otero Paternina. Una persona más fue herida de bala en un atentado, cerca al lote privado, por personas que nadie identificó y que se transportaban en moto, igual que en los casos anteriores.

Ante los reiterados ataques, Albeiro Begrambre, uno de los amenazados en el panfleto, abandonó el municipio por falta de garantías para proteger su vida, pues luego de que circulara el volante ya sumaban tres asesinados, que, si bien no aparecían en el volante, se les asociaba a las invasiones. Ante esos hechos, los que buscaban un pedazo de tierra perdieron la esperanza de tener un espacio para vivienda, aunque algunos intentaron volver a entrar en los días siguientes.

“Después de esas muertes, María de Pilar recomendó parar un poco porque esto estaba peligroso. Como a los 15 días fue que la mataron. Ahí sí dejamos la cosa quieta, todo el mundo se asustó. Yo también me llené de miedo y no dormía en la noche, pensando en que también me iban a matar”, recuerda una de las vecinas.

Amenaza cumplida

María del Pilar Hurtado. Foto cortesía familiar

Ese 21 de junio está muy presente en la vida de Manuel, a tal punto que aún llora cuando recuerda lo sucedido. Sus lágrimas fluyeron cuando se le entrevistó vía telefónica para este reportaje.

“Ese día por la mañana me va diciendo, -yo tuve un sueño, que mi Dios nos va a dar una bendición muy grande, que compre la lotería o un chance y haga cualquier número. Ese día se llevó los gemelos y yo me llevé el niño pequeño. En la curva se despidió, -chao papi-, ya no la vi más”, relata Manuel.

Cada uno salió a trabajar. “Eran las 6:40 de la mañana, cuando se me arrimó un amigo y me dijo -acabaron de matar a su mujer-. No puede ser, ¡ay Dios mío! A mí se me cayó todo, se me fueron las luces. Corrimos. Me volvieron a decir, -acabaron de matar a su mujer-. Llegué y estaban los niños llorando. Un gemelito se tiraba al piso, gritaba. Ella era el motor mío, el apoyo para mí”.

Dos hombres llegaron en una moto, le propinaron cuatro tiros y huyeron. La gente, asustada, no supo qué hacer. Manuel llamó a una sobrina para que se llevara los niños para la casa de ella, donde tenía un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). A los pocos días fueron, esa entidad estatal trasladó los menores a Puerto Tejada, en el departamento de Cauca, donde vivía su abuela, madre de María del Pilar.

“En el lugar que la mataron había una venta de minutos, llegó una persona ahí, hizo una llamada y después llegó otra. La que estaba haciendo la llamada dijo, -al fin cayó-. Esa persona sabía y era conocida de nosotros y nunca nos dijo nada. Le conté todo eso al fiscal, pero eso nunca lo investigaron”, cuenta Manuel.

El cuerpo de María del Pilar fue trasladado a Puerto Tejada, donde su madre, en medio del dolor, enterró a su tercer hijo. “El 12 de octubre era su cumpleaños, este hubiese sido el 36. Ese día su madre se enfermó y estuvo hospitalizada”, refiere, dolido, su esposo.

Los gemelos, que presenciaron la muerte de su mamá, tenían 12 años de edad. Uno de ellos se quedó sin habla por varios meses. Así de profundo fue el impacto.

Guardar silencio

Última calle del barrio 9 de agosto, donde vivía María del Pilar Hurtado. Foto Bibiana Ramírez

Días después del asesinato, nadie quería salir de sus casas. Algunos afirman que seguían pasando hombres en moto, como dando ronda. Otra vecina, que tampoco reveló su nombre como las demás y con algo de desconfianza, dice: “Quedamos sorprendidos por el asesinato y tristes por esos niños”.

Darío, el líder que también habita en el barrio Nueve de Agosto, vio con preocupación este hecho: “Por las tomas de esas tierras fueron asesinadas tres personas, ahí no hubo negociación o una persona doliente que fuera a dialogar con la gente y buscara una salida”.

Y se lamenta por cómo acabó todo: “La solución fue mandarlos a asesinar, porque eso fue un asesinato directo por el conflicto de que desocuparan ese pedazo de tierra. Eso a nosotros nos ha dolido mucho, porque en verdad no vemos lógica asesinar una persona por no buscar una salida”.

Manuel se quedó en el municipio, aunque se fue a vivir a la casa de su hermana, con la esperanza de mejorar su casa y cumplir el sueño de María del Pilar: tener un lugar para su familia. Intentó buscar información para identificar a los que habían matado a su esposa, un desafío donde las Agc imponen sus condiciones.

“Yo preguntaba por ahí qué sabían. Un día yo iba en una moto para donde mi hermana y nos alcanzó otra moto con dos personas. El de atrás me dijo que era mejor que dejara eso, que si seguía averiguando no respondía. El que manejaba la moto, donde yo iba, le dijo que porqué, si estamos en un país libre. El otro dijo, lo único que le digo es eso, y se fueron”, recuerda Manuel. Días después abandonó Tierralta, adolorido por tanto silencio.

¿Resuelto?

María del Pilar Hurtado. Foto cortesía familiar

El pasado 2 de julio, uniformados del Departamento de Policía Córdoba capturaron en Tierralta a María Angélica Gómez Isidro, una mujer de 25 años de edad conocida con el alias de ‘Paraca loca’, a quien responsabilizaron de participar en el crimen de María de Pilar.

De acuerdo con la Fiscalía, la capturada estaría vinculada al Frente Juan de Dios Úsuga, una estructura de los ‘gaitanistas’, y “habría entregado información sobre la ubicación de la víctima a los autores materiales del homicidio”. En la audiencia de legalización de captura no aceptó cargos y fue remitida a un penal, mientras se adelanta la etapa de juicio.

“Aquí no han encontrado al responsable. A la muchacha que cogieron, la tal ‘Paraca Loca’, andaba calle arriba y calle abajo en una moto, así como dice el nombre, loquiando, pero esa no es la autora directa del asesinato de María del Pilar. El autor es otra persona que tiene unos intereses muy distintos en el tema de tierras en Tierralta. Pero esa no es la figura que van a buscar para confirmar que son los que asesinan a los líderes”, asevera Darío.

Y agrega que capturan a los menos relacionados con las muertes: “Por ejemplo, asesinan a algún líder y resultan cogiendo a cualquier persona por ahí, que sea de los más bajo de los paramilitares, y dicen que ese fue el autor material del asesinato”.

“Nosotros sabemos que no es así –continúa-, que el autor material de esos crímenes son las personas que encabezan las estructuras paramilitares, y llámese terceros, que también están vinculados en ese tema, porque son los que mandan a matar”.

Una lideresa de Tierralta, que pidió omitir su nombre por seguridad, sugiere que en aras de aclarar el crimen e identificar a los responsables intelectuales del asesinato de María del Pilar, deberían tenerse en cuenta las declaraciones de Luis Carlos Pérez Montiel, alias ‘Niño Grande’, capturado el 17 de marzo de este año, también en Tierralta, y quien es considerado por las autoridades como uno de los jefes del Frente Juan de Dios Úsuga de las Agc.

Según esta lideresa, alias ‘Niño Grande’ habría dicho que por el crimen de María del Pilar y de otros ocupantes de tierra pagaron una suma de dinero.

Huyendo de la pobreza

Casa donde vivía María del Pilar Hurtado con su familia en Tierralta. Foto Bibiana Ramírez

María del Pilar, una negra alta, de cabello largo y bella sonrisa, llegó a Tierralta en el año 2016 procedente de su natal Puerto Tejada. Una de sus vecinas la recuerda como “una mujer rígida, de carácter fuerte, decidida y muy servicial”.

Siempre estaba en busca de un mejor futuro para ella, sus hijos y su madre. Salió de su tierra natal en 2009 hacia Quibdó, en Chocó. Allí conoció a Manuel, oriundo de Tierralta, quien luego sería su esposo y la razón por la que llegó a este municipio del sur de Córdoba.

En la capital chocoana estuvieron seis años, cuenta Manuel: “Nos tocó irnos del Chocó porque el trabajo que yo tenía en las minas era muy peligroso, se venían los derrumbes encima, como eso era de cincuenta, sesenta metros de profundidad, María del Pilar me decía que si era que yo no quería ver crecer al niño, que si no la quería”.

En vista de esos riesgos, regresaron a Puerto Tejada. Pero las dificultades para conseguir un buen trabajo los fue desalentando. Las ofertas laborales estaban dirigidas a la industria y ella no terminó la primaria porque, siendo la hija mayor, debió ayudar a su madre y sus hermanos, pues su progenitor nunca respondió por ellos.

“Le tocaba trabajar en la galería vendiendo frutas para ayudarle a la mamá. Hasta lloraba a veces y me hacía llorar a mí contando esas historias. Era muy buena gente. Y ya grande también le tocó duro”, dice Manuel.

María del Pilar tenía tres hijos antes de conocerlo, cuenta su esposo, conmovido: “El papá del mayor de los hijos le pegaba mucho y no tuvo felicidad con él. Después con el papá de los gemelitos ella era la que le tocaba trabajar para el sustento de la casa”. El cuarto hijo lo tuvo María del Pilar con Manuel y sólo tenía cinco años de edad cuando fue asesinada.

Ante las dificultades laborales, viajaron a Tierralta. “Yo soy de allá”, precisa Manuel, “pero casi nunca me ha gustado vivir ahí. Prestamos 150 mil pesos. Nos pusimos a trabajar, surtimos un negocito de vender revuelto como tomate, cebolla y así. La plata que hacíamos era para los pagadiarios. No nos daba. Era muy poquita la ganancia y como era un negocio muy pequeño, acabamos con eso y pagamos esas platas”.

Después, Manuel empezó a trabajar en un aserrío, pero se demoraban para pagarle, luego trabajó en un local de venta de repuestos usados, pero tampoco le cumplían con el sueldo. A María del Pilar se le ocurrió la idea de reciclar y las primeras ventas fueron prósperas.

“Me salí del trabajo y comenzamos a reciclar. Nos empezaron a conocer. Me regalaban lavadoras viejas, un televisor, un ventilador, todo eso lo vendíamos. Donde quiera que íbamos, a los pelaos le regalaban ropa, chanclas, zapatos, en esos almacenes querían mucho a los niños”, recuerda Manuel.

Una lideresa de Tierralta rememora una anécdota con uno de los niños: “El 28 de agosto de 2016 hice un evento, los niños me ayudaron en la logística del lugar, yo les pagué una bonificación y uno de ellos manifestó que quería ser mujer, yo le pregunté ¿por qué? y me respondió sonriendo -es que a las mujeres casi no las matan-. Pero, lastimosamente, a los dos años asesinaron a su mamá, hechos que duelen y lamentamos”.

María del Pilar llegó a Tierralta con la ilusión de tener casa propia y un trabajo estable, que le permitiera sostener a su familia y ayudar a su madre. Días antes del asesinato, había conseguido un trabajo armando cajas de para empacar frutas.

“Se ganó 36 mil pesos, hizo lo que hacían tres personas en un día. Ya en la casa me dijo: -el señor me contrató, ahora sí vamos a poder a hacer la casa. Usted se va al reciclaje y yo me voy a hacer las cajas-”, evoca, dolido, su esposo.

Alcalde, investigado

Puerto Frasquillo, donde inicia la represa Urrá I, Tierralta. Foto Bibiana Ramírez

Días antes de que el Alcalde de Tierralta enviara el Esmad a sacar a los invasores de la tierra de su padre, se había reunido con algunos de ellos, entre los que estaba María del Pilar, para acordar su reubicación. El trato no se cumplió.

Lo que sí se evidenció fue el incremento de integrantes de las Agc en el barrio Nueve de Agosto y en los alrededores de los predios privados invadidos, situación que fue advertida por la Defensoría del Pueblo, sin que se tomaran medidas efectivas para proteger a sus pobladores.

Tras el asesinato de María del Pilar y de las otras dos personas, la Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses al alcalde Otero. La decisión se aplicaría desde el 3 de julio.

El ente de control explicó que la medida se tomó “dentro de la investigación disciplinaria que adelanta contra el mandatario, por presuntas irregularidades en el control del orden público, que estarían relacionadas con la invasión de unos lotes y que habrían derivado en el homicidio de la líder social María del Pilar Hurtado Montaño, el pasado viernes 21 de junio”.

Entre las pruebas que evaluó la Procuraduría figuran las órdenes que habría impartido el alcalde Otero en el consejo de seguridad realizado el 30 mayo, en el que “habría dado instrucciones precisas a la Policía para la recuperación del predio de su familia”. Su secretario de Gobierno, Willington Ortiz Naranjo, también fue investigado por ese caso.

El mandatario local instauró una tutela contra la decisión de la Procuraduría, que fue fallada a su favor y logró no solo que le retiraran la suspensión, sino que terminara su mandato el 31 de diciembre de 2019.

En entrevista con este portal, publicada el pasado 14 de septiembre, el procurador General, Fernando Carrillo, expuso ese caso como uno de los tantos que ejemplifican la falta de acciones judiciales contundentes cuando se trata de líderes sociales.

“Precisamente porque no existe un sistema de justicia local. Y le pongo un caso muy concreto de Tierralta, Córdoba: nosotros iniciamos una acción disciplinaria y suspendimos a un alcalde por el asesinato de una líder social, que todos sabemos quién fue y que tanta repercusión tuvo en la sociedad colombiana. En su defensa, se atrincheró detrás de una tutela y nos tumbaron la decisión de carácter disciplinario”, explicó el titular del Ministerio Público. (Leer más en: “Es importante crear un cuerpo civil que sea capaz de manejar la protesta social”: Procurador General de la Nación)

Persiste el silencio

Reasentamiento El Rosario, Tierralta. Foto Bibiana Ramírez

Pasado más de un año, el silencio que rodea el asesinato de María del Pilar en Tierralta es más que evidente, sobre todo cuando se hace referencia a Fabio Otero Paternina, padre del ahora exalcalde de Tierralta, y dueño del predio invadido.

Otero Paternina es un reconocido ganadero, terrateniente y dirigente político en este municipio, cercano al partido Centro Democrático, que apoyó a su hijo en la carrera a la Alcaldía en el periodo anterior. Fue concejal durante varias ocasiones y también candidato a la Alcaldía con el apoyo del Partido Conservador: en la primera, en el 2003, sacó 3.507 votos; y la segunda, en el 2007, sólo contabilizó 593 votos.

Al preguntar por Otero Paternina, durante una visita de dos días de periodistas de este portal a Tierralta, nadie se atrevió a hablar de él ni a dar una ruta para acceder a su contacto. “La gente le tiene mucho miedo a ese señor. No se atreven a hablar”, dice una de las fuentes consultadas.

De Otero Paternina hay alusiones en varias sentencias proferidas por jueces especializados en restitución de tierras en el proceso por despojo que se le siguió a la firma Inmobiliaria Vizcaya S.A.

De acuerdo con uno de los fallos, proferido por la Sala Especializada en Restitución de Tierras, del Tribunal Superior de Antioquia, fechada el 10 de junio de 2018, el ganadero adquirió a bajo precio por lo menos once predios en el corregimiento Palmira, de Tierralta, que en total suman 118 hectáreas, a campesinos atemorizados por la guerra a finales de la década de los noventa, que luego le vendió a Vizcaya S.A., con el fin de ofertarlas como tierras ganaderas.

En el proceso de restitución, los jueces les dieron la razón a los reclamantes, ordenaron que los predios fueran devueltos a sus dueños originales y anularon todos los negocios que se hicieron de manera irregular con sus tierras y en los cuales Otero Paternina tuvo una clara participación.