“Los indígenas no marchan gratis”

La capital de la República fue el epicentro de una movilización convocada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y que terminó en una concentración de por lo menos 16 mil personas pertenecientes a organizaciones sociales, comunidades indígenas y afrodescendientes, estudiantes, maestros y, en general, todos los sectores que apoyan al actual mandatario y a la alianza de movimientos políticos denominada Pacto Histórico.

Desde el 25 de septiembre, diferentes comunidades comenzaron a arribar a Bogotá desde distintas regiones del país para preparar los recorridos que terminarían en la Plaza de Bolívar, donde hubo conciertos y presentaciones artísticas, que concluyó con un discurso del presidente Petro. En las principales ciudades del país también se dieron movilizaciones.

Frente a la jornada en Bogotá surgieron distintas controversias en redes sociales, relacionadas con la financiación de las marchas, donde la mayoría de contradictores al gobierno nacional aseguraron que eran financiadas y provistas de incentivos por parte del Ejecutivo. 

Estigmatización contra la Minga Indígena

El principal argumento con el que se desinformó y pretendió deslegitimar la marcha de los indígenas fue que esa movilización se realizó con impuestos que pagan los colombianos. Uno de los principales difusores de esa idea fue Daniel Briceño, candidato al Concejo de Bogotá por el partido Centro Democrático, quien aseguró que los “indígenas no marchan gratis”. 

Este abogado, que suele denunciar en su cuenta de la red social X supuestas irregularidades en materia de contratación pública, exhibió documentos de convenios y acuerdos que el Estado ha alcanzado con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), por 39 mil millones de pesos, dando a entender que parte de esos recursos fueron destinados para el transporte, la alimentación y el sostenimiento de los miles de indígenas que se congregaron en la capital.

Además, se generaron mensajes estigmatizantes por parte de periodistas, abogados y políticos contra los marchantes, especialmente contra las comunidades indígenas y su Minga, que llegaron a Bogotá. 

Gerardo Jumí, Secretario General de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), le salió al paso a esas críticas y cuestionó esos señalamientos: “No tenemos conocimiento de personas indígenas a las que les hayan ofrecido beneficios. Nosotros no nos movilizamos por puestos o dinero, nos movilizamos por nuestros derechos y los de la sociedad colombiana. En consecuencia, es falso que el Gobierno nos haya ofrecido beneficios”. 

Jhoe Sauca, representante legal Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y uno de los diez Consejeros mayores de esta organización, sabe que esa estigmatización no es nueva: “Los medios masivos de comunicación y la política de comunicación está concesionada a los privados. Cuando La Minga se ha movido a los escenarios reivindicativos, resulta estigmatizada por ellos”. 

Recuerda que las movilizaciones indígenas suelen ser asociadas con hechos ilícitos para desvirtuarlas: “Los medios antes decían que era la guerrilla la que nos sacaba a las calles; que la financiación era por parte del narcotráfico. Ahora dicen que es el gobierno el que ha financiado la movilización y nosotros seguimos ratificando y sosteniendo que nuestras autoridades indígenas tienen criterio, nivel de pensamiento y nivel de decisión política para poder avanzar sobre las decisiones”.

Por su parte, Jumí reitera que “los 115 Pueblos Indígenas y el movimiento indígena y sus organizaciones representativas no somos borregos, ni narcotraficantes, ni milicianos ni nada de lo que han estado mencionando irresponsablemente y sin pruebas; todo lo contrario, somos constructores permanentes de vida y paz”.

Además, es insistente en señalar la gravedad de las palabras y los titulares de algunos medios de comunicación, a los que califica como calumniadores, generalizantes y mentirosos que, sin pruebas, publican contenidos que les generan serias implicaciones que enumera de manera categórica:

“Se convierten en sentencia de muerte, amenazas, reclutamientos, confinamientos y desplazamientos para quienes están en los territorios, como aquellos que son autoridades y guardias protectoras de la vida. Generan despojo territorial. Promueven o profundizan el racismo hacia quien es indígena, pese a que nosotros sí nos sentimos orgullosos de serlo. Promueven el suicidio de niños y jóvenes. Generan crisis alimentaria y muerte por hambre. Desmotivan a las nuevas generaciones a convertirse en autoridades de sus comunidades y organizaciones, porque al final su trabajo será descalificado o sobre el cual los medios mentirán. Nos fracturan como procesos organizativos”.

Respuestas sobre la financiación de la movilización

Sauca explica que la movilización se organizó con recursos propios y aportes de diferentes resguardos: “Como lo pudieron ver, la Minga se mueve en sus vehículos, chivas tipo escalera que llevan sus productos, lo que se trabaja en los territorios, el plátano, la yuca, la papa. Hacemos los esfuerzos económicos para poder aportar la carne, el grano. Es un ejercicio colectivo de aportes que se hacen desde las autoridades”.

Y sobre la estadía en Bogotá, agrega: “No fuimos a hoteles ni mucho menos. Como consejeros mayores tampoco pagamos hoteles, todos nos quedamos con nuestras comunidades en el parque Tercer Milenio, como pudieron ver. La Minga siempre habla del kit minguero y eso es lo que hacemos, llevamos nuestro propio camping, nuestros elementos básicos de aseo, nuestras cobijas, todo lo que necesitamos”. 

Por otro lado, sobre el señalamiento recurrente de los contratos asignados a la ONIC, los cuales fueron usados en redes sociales para cuestionar la idoneidad e independencia de la Minga Indígena, desde esa organización precisan que no fueron destinados para la movilización del 27 de septiembre. 

Jumí, como secretario General de la ONIC, explica que los recursos de los contratos en cuestión son destinados a estudios de caracterización poblacional, fortalecimiento de centros de armonización de las comunidades y a la creación de la Universidad Indígena, entre otros.

“El movimiento indígena históricamente se ha movilizado con o sin recursos, ya sea para protestar o para apoyar. Con toda claridad, si un sector sabe de movilización, somos los pueblos indígenas; tenemos la movilización en nuestra sangre y es nuestro derecho, por eso llevamos años y siglos reivindicando y luchando por el cumplimiento efectivo de nuestros derechos individuales y colectivos, asimismo, por aquello de corresponden a los demás colombianos y colombianas, así que esta movilización del 27 de septiembre fue una más”, complementa Jumí.

Y aclara que los contratos que fueron tan referidos por políticos y medios de comunicación, no sólo se han suscrito con el actual gobierno nacional, sino que son una obligación del Estado, por lo que también han sido firmados en anteriores administraciones.

“En los últimos 30 años ha habido destinación de recursos públicos hacia los pueblos indígenas. La destinación de presupuesto data desde la participación de nuestros delegatarios elegidos a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991: Francisco Rojas Birry, Lorenzo Muelas y Alfonso Peña Chepe. Esos recursos quedaron consagrados en la Constitución y luego en la Ley. Ellos son nuestros padres de los derechos que hoy reivindicamos ante el Estado y cualquiera sea el gobierno”, recuerda Jumí.

Además, el vocero de la ONIC recalca que, anualmente, les llegan recursos indicativos de la ley y otros de gestión con organizaciones no gubernamentales internacionales: “Las transferencias presupuestales se dan para materializar nuestros derechos individuales y colectivos, no son un favor, son obligaciones del Estado”.

La periodista Vanessa de la Torre, en el programa 6 AM insistió en que al CRIC le han “dado millones y millones en el gobierno de Petro. El CRIC tiene mucha plata que la administración Petro le ha dado en muchísimos contratos”. 

Al respecto, el representante legal del CRIC asegura que no son contratistas del Estado: “Como tal, somos organizaciones que hemos luchado y peleado por la reivindicación de derechos ancestrales, territoriales, civiles y que de algún modo, nadie nos llevó a diseñarlos o pensarlos, lo hemos hecho desde la concepción cultural, de pensamiento nuestro”.

Al igual que la ONIC, el CRIC también recibe dineros públicos para superar emergencias. Al respecto, Sauca recuerda “que desde el gobierno Duque se pactaron unos recursos los cuales no se pudieron desarrollar en su totalidad porque el gobierno y sus instituciones no cumplieron. Y el tipo de contratación que se hace tiene que ver con las entidades de acuerdo a las figuras contractuales: son recursos que llegan a la organización”.

Esos recursos se distribuyen en las comunidades, en los once pueblos que pertenecen al CRIC y sus139 autoridades desarrollan las políticas que se proponen desde los sistemas que menciona Sauca. 

“El programa económico ambiental, el sistema indígena intercultural de salud propia, el sistema de educación propia, el sistema político de gobierno propio, comunicaciones, jóvenes, mujeres, guardia indígena y derechos humanos y está el sistema indígena de administración propia, es bajo estos ejercicios que se hace el trabajo en desarrollo con las comunidades”, explica el vocero del CRIC.

Sobre la supuesta instrumentalización de los pueblos indígenas por parte del actual gobierno nacional, tanto Sauca como Jumí son claros en reiterar que son afirmaciones sin fundamento. 

El representante legal del CRIC dice que cuando los medios hablan de instrumentalización, sucede todo lo contrario, puesto que, por medio de la desinformación, “ellos son lo que se están intentando instrumentalizar al resto de la sociedad colombiana generando un odio, una estigmatización y un racismo contra los pueblos indígenas”.

Y el secretario general de la ONIC dice que hay cuatro razones para negar que son instrumentalizados por el gobierno: “Nuestras luchas, exigencias y propuestas no se generan ahora, existen desde que existimos; no estamos condicionados a ningún gobierno de turno; tenemos ideología propia basada en nuestra autonomía, que es uno de nuestros principios de actuación; y tenemos capacidad propositiva sin influencia externa. La defensa de la Madre Tierra, la vida y la paz ha sido, es y será siempre nuestra razón de vivir”.

Ambas autoridades indígenas coinciden en que están abiertos al debate, a dialogar con los medios de comunicación y líderes políticos para demostrar dónde se invierten los recursos que les llega a sus organizaciones, qué hacen en sus comunidades. Además, los invitan a ser respetuosos y responsables con las afirmaciones sobre los movimientos indígenas y sociales en general.