Los habitantes de la vereda Guacamayas siguen a la espera de un fallo a su favor

En la vereda Guacamayas, en el corregimiento de Belén de Bajirá del municipio de Riosucio, Chocó, ocurrió uno de los despojos de tierras más grandes de la subregión del Urabá. Guacamayas fue un corredor estratégico para guerrilleros y paramilitares, dada su ubicación entre los departamentos de Antioquia y Chocó. La llegada de los paramilitares de las Auc, a mediados de los años 90, obligó a más de 12 familias campesinas, que vivían en esta vereda, a abandonar sus tierras y venderlas a muy bajos precios. Sin embargo, estos campesinos no solo han tenido que sufrir la violencia y el despojo, sino también la falta de reconocimiento de su condición de víctimas por parte del Estado.

Entre 1996 y 1997 un grupo de paramilitares a cargo de Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’ llegó a la zona cometiendo un gran número de asesinatos selectivos y desapareciendo campesinos. Poco a poco varias familias de la vereda tuvieron que abandonar sus fincas dadas las constantes amenazas y las acusaciones como supuestos colaboradores de la guerrilla. Otros campesinos decidieron quedarse cuidando sus tierras, pero nunca se imaginaron que serían víctimas de un proyecto ganadero denominado Guacamayas S.A., que compró a muy bajos precios más de mil hectáreas, aprovechando el contexto de violencia de la zona.

Desde 1997 Jairo Lopera y Juan Fernando Mejía, dos supuestos comisionistas del proyecto ganadero, se dedicaron a la compra de los predios que habían sido abandonados. Algunos campesinos que seguían habitando sus fincas cuentan que fueron amenazados y obligados a vender sus predios, pues los comisionistas llegaban acompañados de supuestos paramilitares. Aunque en 2009 la desaparecida Comisión Regional para la Restitución de Bienes (entidad creada para priorizar a las víctimas en los procesos de restitución) solicitó ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín que resolviera los casos de los 12 predios de la vereda Guacamayas, las audiencias fueron canceladas varias veces.

Por esta razón, en junio de 2012 y con el respaldo de la Subunidad Élite de Persecución de Bienes de la Fiscalía, los campesinos volvieron a reclamar sus predios, alegando que fueron desplazados por el Frente Arlex Hurtado de las Auc y un año más tarde, obligados a vender sus tierras. Sin embargo, en 2014 un magistrado con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín negó las solicitudes de restitución pues, según los inversionistas, compraron las tierras de buena fe sin amenazas ni intimidaciones.

Este proyecto pertenece a la empresa Inversiones e Inmobiliaria ASA Ltda., la cual está a nombre del empresario Humberto de Jesús Duque Peláez. Luego de la decisión del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, los campesinos acudieron a la Corte Constitucional, entidad que en octubre de 2017 determinó que el fallo no le brindó garantías a las víctimas de despojo.