El Tribunal de Cali falló a favor de una familia que reclamaba la restitución de 78 hectáreas en Bolívar, en Valle del Cauca. La empresa papelera expresa su desacuerdo, indicando que espera la revisión de la decisión ante la Corte Constitucional.
Los magistrados del Tribunal de Restitución de Tierras de Cali concluyeron que la Reforestadora S.A., filial de Cartón de Colombia, no actuó de “buena fe exenta de culpa” en la compra de una finca reclamada por la familia Rivera, víctima del conflicto armado en el Valle del Cauca. La sentencia, que data de hace casi un año y hasta ahora se hace pública, hace parte del puñado de fallos que involucran a empresas a las que, según la justicia transicional, les faltó diligencia a la hora de comprar tierras en zonas afectadas por el conflicto armado. (Lea la sentencia aquí)
Sin embargo, Cartón de Colombia expresó su desacuerdo con la sentencia. “Creemos que las pruebas del expediente fueron claras y no fueron valoradas en debida forma por el Tribunal. La compañía en el proceso de compra de tierras es muy rigurosa y este caso no fue la excepción”, asegura Guillermo Gómez Canales, director Jurídico de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, refiriéndose al fallo que les ordenó devolver 78 hectáreas en el municipio de Bolívar, así como el cultivo forestal que desarrollaba allí.
Los magistrados Carlos Alberto Tróchez Rosales, Gloria del Socorro Victoria Giraldo y Diego Buitrago Flórez aclararon que la empresa no ejerció violencia ni se alió con grupos armados para adquirir las tierras, pero le faltó “diligencia necesaria” en verificar las razones por las que la familia decidió venderles.
“Estima la Sala que esa compañía sí obtuvo provecho de la situación de violencia, adquiriendo, como aquí aconteció, predios a un precio que era fijado unilateralmente por ella, según una tabla elaborada por sus técnicos, teniendo en cuenta, por un lado, que era la única interesada en comprar en el sector y, por el otro, Ia situación de violencia, que empujaba a los campesinos a querer transferir sus predios”, detalla el fallo.
La sentencia tuvo aclaración de voto de la magistrada Gloria del Socorro Victoria Giraldo, quien coincidió en que el contexto de violencia y las amenazas condujeron a la familia Rivera a vender la finca, pero no en que el dinero de la venta hubiera sido bajo: “Considero que no existen pruebas para afirmar que el precio de la negociación fue bajo al punto de ser indicio de una posición dominante de la opositora. La metodología empleada por el lGAC [Instituto Geográfico Agustín Codazzi] da cuenta del valor actual de los predios, pero no es idónea para determinar los precios justos para años anteriores”.
En las 15 órdenes dictadas por el Tribunal, los magistrados reconocen la calidad de víctima de la familia Rivera y niega la oposición presentada por la Reforestadora Andina S.A., solicitando declarar inexistente la compraventa realizada el 13 de junio de 2008 en la Notaría Tercera de Cali. Así, el Tribunal ordenó la restitución de 78 hectáreas, una tarea que debe verificar la URT y que incluye la administración del proyecto forestal que la empresa desarrollaba allí.
Sin embargo, a casi un año de la sentencia el predio sigue sin ser restituido y el proyecto productivo no aparece entre listado de los administrados por la URT, según su Informe de Gestión 2017 (Ver página 44 del Informe). Al respecto, la Unidad asegura que ha sido diligente en el cumplimiento de las órdenes de los magistrados.
Sobre la entrega del predio, la URT explica que esta es una función de la justicia, pero que enviaron dos memoriales al Tribunal para que este comisionara al Juez Promiscuo de Roldanillo. En respuesta, el Tribunal decidió que el Juez Promiscuo de Bolívar entregará la finca el próximo 11 de abril, una fecha aún tentativa porque depende de que las fuerzas militares informen si pueden acompañar la diligencia ese día.
Frente a la administración del proyecto productivo, la URT indica que consultó a la familia Rivera y que ésta expresó que “no otorgaba su consentimiento para la administración del proyecto agroindustrial a través del Fondo de la Unidad”; de manera que una vez les entreguen el predio, administrarán “el proyecto productivo de manera autónoma”. La URT agrega que el 11 de diciembre pasado reportó al Tribunal la decisión de la familia.
VerdadAbierta.com narra los principales hechos de violencia de Bolívar, la historia de la familia Rivera, la postura de la empresa y qué sucedió con otras solicitudes de restitución similares. Este es un caso que, según varias fuentes consultadas por este medio, levantó ‘ampolla’ en la URT por involucrar a la papelera más grande del país.
Dos veces desplazados
Las 78 hectáreas que les fueron restituidas a la familia Rivera están en la vereda Potosí, del corregimiento Betania, en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca. Según lo documentó la URT, seccional Valle del Cauca, fue zona de disputa de grupos armados ilegales por su ubicación geográfica: está sobre la cordillera Occidental, conecta con el departamento de Chocó y es la puerta de entrada al Cañón de Las Garrapatas, región montañosa en la que se produce clorhidrato de cocaína, que luego es transportado al océano Pacífico para su exportación a los mercados internacionales.
Estas tierras, además, son apetecidas por la productividad de sus suelos, irrigados por una docena de ríos, y por su potencial minero en metales preciosos como oro, platino y magnesio.
La sentencia narra que la familia Rivera compró 86 hectáreas en el municipio de Bolívar, tras una compraventa celabrada en julio de 1977 en la Notaría Única de Roldanillo. Durante dos décadas desarrollaron allí cultivos de mora, lulo, arracacha y zapallo peruano, así como de flores, principalmente de astromelias, heliconias, anturios, lirios y agapantos, que comercializaban en mercados locales, con los que constituyeron su patrimonio.
Los Rivera resistieron a la violencia que caracterizó la década de los ochenta y gran parte de los noventa, perpetrada por guerrillas y narcotraficantes. Como lo han documentado otras sentencias de restitución en Valle del Cauca, en la región hicieron presencia pequeñas células del M-19, el Frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez del Eln y el Frente 30 de las Farc.
Al tiempo, los narcotraficantes Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’, y Diego Montoya, alias ‘Don Diego’, desataron una cruenta guerra que derivó en la masacre de Trujillo, así como sendas desapariciones, torturas y asesinatos cometidas. entre 1986 y 1994, en los municipios de Riofrío, Trujillo, Bugalagrande y Bolívar. Con esas acciones violentas se produjeron los primeros despojos de tierras. (Lea más en: Masacre de Trujillo y Fallan primera restitución de despojado por ‘El Alacrán’ en Valle)
En su relato, los Rivera aseguraron que la violencia llegó a su finca en el 2000, cuando un grupo armado ilegal tomó posesión de una de las casas de la finca, los obligó a transportarlos por la zona y los amenazó con reclutarles a su sobrino, su hijo de crianza. La URT documentó que se trataba del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), comandado por Hébert Veloza alias ‘HH’, quien reconoció ante jueces y fiscales de Justicia y Paz que tuvo bajo su mando 800 hombres en todo el departamento. (Lea: ‘HH’ contó cómo fue la entrada al Valle y Los hermanos Castaño y el Bloque Calima)
Preocupados por la amenaza de reclutamiento, los Rivera abandonaron la finca en 2001 y durante dos años vivieron en un municipio cercano a la espera de que el conflicto mermara. En 2003 iban esporádicamente para sobrevivir de las ventas de frutas y flores. Cuando se enteraron de la desmovilización en diciembre de 2004 del Bloque Calima, bajo los acuerdos con el gobierno nacional, retornaron al predio.
Durante 2005 y 2006, según su relato, los Rivera siguieron cultivando sus tierras y decidieron explotarla, además, con ganadería, llegando a tener 90 reses. Pero la tranquilidad les duró poco. En 2007 otro grupo armado ilegal comenzó a amenazarlos, esta vez extorsionándolos y amenazándolos con panfletos.
“Me dirigía al corregimiento de La Tulia cuando pararon mi vehículo alrededor de seis personas vestidas de civil y portando armamento. Me dijeron que si no les iba a entregar ninguna suma de dinero se llevaban las cabezas de ganado. Me exigieron 25 millones de pesos Ios cuales tenía que entregar en el término de un mes. A raíz de que no entregué esa suma de dinero no pude volver a subir a mi finca”, narra el reclamante.
La URT documentó que este segundo desplazamiento se produjo en medio de una puja territorial desatada por los ‘Machos’ y los ‘Rastrojos’, dos bandas criminales que buscaban el control territorial después de la desmovilización paramilitar.
La familia Rivera aseguró que esta situación los llevó a poner en venta la finca y que la única interesada en comprar en la zona era la empresa Cartón de Colombia. En 2008 vendieron a la empresa papelera 78 de las 86 hectáreas que tenían, reservándose 8 hectáreas. En el fallo se relata que, un año más tarde, los Rivera no aguantaron y le vendieron a un particular las hectáreas restantes. (Lea: Bolívar, un pueblo del Valle azotado por los violentos)
“Debido a la tristeza que le produjo al solicitante el negocio jurídico celebrado con la sociedad Reforestadora Andina S.A., en el año 2009 decide vender la parte del predio que se había reservado para sí; sin embargo, en dicha ocasión realizó la negociación de manera libre y voluntaria, no siendo movido por un estado de necesidad u obligado por la situación de violencia, obteniendo un pago justo por cada hectárea vendida”, indica la sentencia, explicando que los Rivera no reclamaron la restitución de esas 8 hectáreas.
La sentencia incorpó el testimonio de varios de los vecinos de Rivera, quienes durante el juicio narraron cómo, entre 2004 y 2008, la violencia desplazó a trabajadores y propietarios de fincas de la zona. “Empezaron a matar unos agregados de una finca, incluso entre esos había una señora, que era propietaria allá en La Tulia. En total fueron como cinco personas que mataron”, explicó un testigo, refiriéndose, además, al asesinato de un mayordomo y su hijo de 14 años, en una finca aledaña a la de Rivera.
Cuando en el año 2011 entró en vigencia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448), los Rivera decidieron solicitar la restitución de las 78 hectáreas. La URT Territorial Valle del Cauca documentó su caso y radicó en 2015 la demanda ante el Juzgado Primero Civil de Guadalajara de Buga, que ese mismo año trasladó el proceso al Tribunal de Restitución de Cali, por tratarse de un caso que involucraba a un opositor. Desde el 31 de marzo de 2017 la familia está a la expectativa de la entrega del predio; mientras, la empresa insiste en que espera la revisión del fallo.
Tensa restitución
Guillermo Gómez Canales, director Jurídico de Cartón de Colombia, le dijo a VerdadAbierta.com que son compradores de “buena fe excenta de culpa”, porque los Rivera fueron quienes les ofrecieron el predio, les compraron a “un buen precio” y aunque sabían de la historia de violencia del municipio de Trujillo, donde también tienen tierras, empleados de la compañía no reportaron problemas de seguridad en la zona. (Lea: Esta tierra es mía)
Para entonces, Gómez indicó que Cartón de Colombia tenía casi 600 hectáreas en el corregimiento Betania, 500 de ellas en un contrato de participación acordado con la Sociedad Von Bremen y las otras 78, compradas directamente a la familia Rivera.
Frente a la decisión del Tribunal, el Directivo asegura que darán una “pelea jurídica”, porque “desafortundamente la sentencia no tiene recursos de apelación ni de reposición”. Según explicó, la compañía ya presentó una tutela a la espera de que la Corte Constitucional la seleccione para revisión y de no prosperar, acudirán a un recurso extraordinario de revisión ante la Corte Suprema de Justicia.
Este medio encontró que la Corte Suprema ya se pronunció sobre una tutela presentada por la compañía. El 9 de agosto de 2017, la Sala de Casación Civil del Alto Tribunal, concluyó que “la decisión controvertida [sentencia de restitución] no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, de manera que el reclamo de la peticionaria [empresa] no halla recibo en esta sede excepcional”, indicaron los magistrados, rechazando la petición de Cartón de Colombia de que el Tribunal de Restitución de Tierras de Cali dicte una nueva sentencia a su favor. (Lea la sentencia de la Corte)
El Director Jurídico asegura que mientras avanzan los recursos jurídicos, la compañía solicitará que se le permita el registro fílmico y fotográfico cuando ocurra la restitución material a los Rivera. Gómez afirma que necesitan registrar en qué estado entregan la finca, porque sobre ésta hay cultivos con una inversión de por lo menos cinco veces lo que les costó la tierra. Con esto se refiere a cultivos de pino y eucalipto, dos especies con las que la empresa produce papel y cartón. “Alguien nos tendrá que responder”, dice.
Este medio le preguntó si la compañía ha sido notificada sobre otros casos de predios reclamados en restitución, que involucren a la empresa, a lo que Gómez responde que que no conocen de otra demanda. Varias fuentes le aseguraron a VerdadAbierta.com que la URT recibió varias solicitudes de restitución similares no sólo en el Valle del Cauca sino en Caldas, pero que éstas no superaron la fase administrativa.
El libro Patrones y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960-2012), del Centro Nacional de Memoria Histórica, acoge varias de esas preocupaciones de los campesinos que no llegaron o no avanzaron en proceso de restitución. “La expansión del cultivo de madera y las modalidades de adquisición de predios han sido identificadas por algunos campesinos como parte de las estrategias de despojo y desalojo de las comunidades rurales, agudizando aún más el conflicto de concentración”. (Ver más en: “Patrones” contra campesinos en Valle del Cauca)
Sobre el particular, el libro cita testimonios como este: “Sí, por ejemplo aquí todo el Valle lo está encerrando Smurfit Cartón de Colombia. Uno de los proyectos que más ha desplazado gente aquí en la cordillera a nivel de nuestro departamento y otros departamentos es ese tema o ese problema, porque ellos van pa ́ arriba” (Lea libro, páginas dela 88 a la 102).
Sin embargo, varias fuentes le explicaron a este medio que las solicitudes de restitución no superaron la fase administrativa porque la URT tuvo dificultades para documentar los hechos debido a la ausencia de información catastral; en otros, porque se traslapaban con áreas de protección ambiental, la mayoría en zonas de reserva forestal cobijadas por la Ley 2 de 1959; y en algunos más porque los reclamantes desitieron del proceso. (Lea: ¿Y las víctimas que están en zonas de reserva forestal y parques?)
A lo anterior suman la preocupación de la compañía por su reputación empresarial y la tensión que generó la decisión al interior de la URT, que no difundió la decisión del Tribunal en sus medios oficiales. Por ahora, la historia continuará en terreno, cuando el Juez Promiscuo de Bolívar realice la entrega formal a los Rivera.
