“No se trata de destruir o hacer trizas los acuerdos, pero sí se trata de hacerles modificaciones”, dijo Iván Duque Márquez, en enero de 2018, cuando todavía era candidato a la Presidencia de Colombia y esbozaba sus posturas críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Tras ser elegido, durante su mandato y en diferentes oportunidades ha intentado hacerle zancadilla con reformas y demandas, pero esta entidad funciona y muestra avances. (Leer más en: El círculo imperfecto de las objeciones a la JEP)

Por lo menos así lo indican algunas fuentes consultadas, quienes, más allá de las cifras y los datos, reconocen que aún con demoras y en medio del crudo contexto sociopolítico en el que vive Colombia, esta jurisdicción transicional avanza. Otros, bastante críticos, argumentan que, en principio, el Acuerdo de Paz era ilegítimo y, por ende, también lo es todo lo que se desprenda de él.

La JEP es uno de los componentes del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (junto con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad), consagrado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera pactado en La Habana, Cuba, entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, y refrendado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.

Su propósito esencial es “satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno mediante la comisión de las mencionadas conductas”.

Esta entidad, creada con el Acto Legislativo 01 de abril de 2017, funcionará por máximo 20 años y tiene bajo su responsabilidad conocer y juzgar las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, “por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos”.

Luego de cinco años de implementación del Acuerdo de Paz y de cuatro de la entrada en vigencia de la JEP, su trabajo oscila entre el respaldado de organizaciones de víctimas y organismos internacionales, y la oposición de quienes creen que es un modelo de justicia hecho “a medida” de las antiguas Farc. Aún queda un largo camino por recorrer e intensos debates por escuchar.

Voces de apoyo

Adriana Arboleda, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), resalta que la JEP ha tomado decisiones significativas, como el aval de medidas cautelares para la protección de 17 lugares donde se presume que hay cuerpos de víctimas de desaparición forzada. Esa decisión ha permitido articularse con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) con el fin de dar una respuesta más efectiva a las familias. (Leer más en: Familiares de víctimas piden proteger sitios donde se presume hay cuerpos de desaparecidos)

En uno de sus últimos informes difundidos por el Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, veedor de la implementación del Acuerdo de Paz, se destacan acciones como la acreditación de cinco personas de la comunidad LGBT en el Caso 05 (sobre la situación humanitaria de varios municipios del norte del Cauca); la acreditación del Partido Comunista como víctima en el Caso 06 (referido a la victimización de los miembros de la Unión Patriótica); la toma de acciones para garantizar la participación de las víctimas en los procesos; y el lanzamiento del protocolo de relacionamiento con la Justicia Propia de los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Esto último lo avala Rosana Mejía, consejera mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC). La JEP, según ella, “ha reconocido el papel de los mecanismos de gobierno propio y hemos sido tenidos en cuenta, sobre todo, en el Caso 05, en el que estamos los consejos comunitarios del norte del Cauca y algunos del Valle. Esas cosas no las podemos negar. La participación étnica ha sido amplia”.

Por su parte, en el tercer informe de seguimiento al Acuerdo de Paz, publicado en agosto de este año, la Procuraduría General de la Nación resalta el desarrollo organizativo de la JEP, los procesos que se adelantan en las salas de Amnistía o Indulto y Definición de Situación Jurídica, los avances en los siete macrocasos abiertos hasta el momento, las medidas cautelares y de protección, la participación de las víctimas en contexto de pandemia, el enfoque de género a nivel institucional y la articulación con la justicia ordinaria.



Desde el equipo jurídico de la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (COALICO), consideran que esta jurisdicción transicional es “la mejor oportunidad que tiene el Estado colombiano para combatir la impunidad que, históricamente, ha caracterizado las investigaciones de reclutamiento ilícito de niñas y niños, en el marco del conflicto armado” y dicen ver “con buenos ojos” el trabajo adelantado, pues ha emitido actuaciones judiciales que en otras condiciones serían inimaginables y que ayudan a la construcción de verdad como reparación y como garantía de no repetición. (Leer más en: Así va el espinoso caso de reclutamiento de menores de edad en la JEP)

La Secretaría Técnica (ST) del componente de verificación internacional del Acuerdo Final, conformada por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y  el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), destaca que la metodología empleada por la JEP está permitiendo, entre otras cosas, evidenciar las interconexiones entre los macrocasos, sin importar época y lugar, y los patrones de violencia, las responsabilidades de diferentes comparecientes, el reconocimiento de los relatos y la participación de las víctimas. (Ver informe)

Lo anterior lo ejemplifica con decisiones tomadas en los casos 01 (sobre la toma de rehenes y otras graves privaciones a la libertad cometidas por las Farc-Ep) y 03 (referido a las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.

En el primer caso, resultaron imputados ocho miembros del antiguo secretariado de las extintas Farc por crímenes de lesa humanidad, incluido el de esclavitud, adicionado recientemente,  y el registro de 21.396 víctimas de privaciones a la libertad; y en el segundo caso, diez militares y un civil fueron imputados por crímenes de guerra de homicidio en persona protegida, crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, el reconocimiento de al menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de una política criminal y práctica sistemática generalizada. (Leer más en: Estos eran los oficiales del Ejército en las zonas con más ‘falsos positivos’)

“Hemos estado bastante satisfechas con el trabajo que ha hecho la JEP. Hemos tenido participación, lo que no sucedía por la justicia ordinaria. Cuando dieron esa cifra de los 6.402 casos documentados, fue poder demostrar que no habían sido casos aislados”, detalla Jacqueline Castillo, representante de Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO).

Además, la ST registró la acreditación de cinco soldados, en el Caso 05, como víctimas de minas antipersonal, y el sometimiento de 12.993 personas a la jurisdicción (9.810 de FARC-EP, 3.029 de Fuerza Pública, 142 agentes del Estado diferentes a Fuerza Pública y 12 de protesta social).

Para Bernardita Pérez, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia y abogada constitucionalista, todos los esfuerzos que ha hecho la JEP son importantes, sobre todo los referentes a los macrocasos.

Para reforzar su argumento, esta jurista compara el proceso de paz de Sudáfrica, que se concretó en 1994, con el de Colombia, poniendo énfasis en algunas cifras alcanzadas hasta el momento y a las que califica como resultados “extraordinarios”: Más de 50.000 decisiones judiciales adoptadas; 13.258 personas que suscribieron acta de compromiso y sometimiento; 17.489 decisiones judiciales adoptadas en la Sala de Amnistía o Indulto; y 19.641 decisiones judiciales adoptadas en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Frente a esas cifras, Camila Moreno, directora en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), afirma que lo que se puede ver es el reflejo del gran desafío que tiene la jurisdicción sobre el abordaje de la masividad de los hechos y los actores.

“Lo que está en juego -dice- es la capacidad del Estado colombiano, a través de la JEP, de poder garantizar una judicialización estratégica, cuando estamos hablando de cientos de responsables, miles de víctimas, miles de hechos que no van a poder ser nunca esclarecidos uno a uno; y eso es muy importante reiterarlo y que haga parte de la pedagogía que debe seguir haciendo la JEP, (porque) es lo que se va a judicializar, no los hechos individuales, porque si fuera así, probablemente necesitaríamos quién sabe cuántos cientos de años para lograrlo”.

A pesar de las dificultades del contexto político y de lo complejo que es crear una institución en Colombia bajo el Acuerdo de Paz, Moreno considera que el trabajo de la JEP es positivo, sobre todo porque ya hay decisiones de fondo, como las imputaciones, y porque ha habido un buen entendimiento del proceso por parte de las víctimas, los comparecientes de Farc y los militares de bajos rangos.

En medio de las dificultades, los avances de la JEP han recibido amplios gestos de respaldo y legitimidad. Uno de los más importantes llegó recientemente por parte de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, quien suspendió el examen preliminar sobre violaciones a los derechos humanos que ese tribunal tenía abierto sobre Colombia desde hace 17 años tras considerar que los procesos que adelanta la justicia transicional contra exintegrantes de las antiguas Farc y de la Fuerza Pública van en buen camino para garantizar justicia a las víctimas del conflicto armado.

No todo lo que brilla es oro

“Resarcir a las víctimas está en el centro del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, es el espíritu que cobija el Acuerdo de Paz y, con mayor razón, a la JEP

Pero, ¿cómo se sienten las víctimas de las antiguas Farc? ¿Las han escuchado? ¿Las han tenido en cuenta? Diferentes organizaciones de la sociedad civil tienen respuestas críticas al respecto.

Una de ellas es la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (ACORE). Su presidente, el coronel en retiro John Marulanda, considera que tanto la JEP como la Comisión de la Verdad y la UBPD, son organismos “derivados de un acuerdo que fue rechazado, mayoritariamente, por los colombianos en una votación amplia, clara y democrática. Por lo tanto, carecen de legitimidad, así estén legalizados”.

Como ACORE, en la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (FEVCOL), representada por Sebastián Velásquez, también creen que el Acuerdo de Paz y la JEP son ilegítimos y cuestiona varias de sus decisiones, entre ellas el por qué y el para qué de la inclusión de las ejecuciones extrajudiciales, de la victimización de los miembros de la UP y el poco alcance territorial al acotar otros casos en unos pocos municipios.

“Como que las Farc no hubieran estado en todo Colombia”, repara Velásquez y plantea que los elementos de verdad, justicia, reparación y no repetición de la JEP y del Sistema Integral no se están cumpliendo.

Con respecto al enfoque de género, Juliana Ospina, integrante de la Corporación Sisma Mujer, asegura que siguen encontrando la barrera de los estereotipos y las creencias limitantes: "Eso fue lo menos grave", "esto no es tan grave", "esto metámoslo por allí", "esto metámoslo aquí en la región", "esto metámoslo aquí como con otra cosa".

Afirmaciones como esas, advierte, no permiten avanzar en materia de violencia sexual. Además, duda sobre si la JEP está reconociendo la existencia de estos delitos y si está pasando por alto la responsabilidad de algunos comparecientes en casos como estos.

Otra voz crítica proviene de la Corporación Rosa Blanca, integrada por cerca de 250 mujeres reclutadas por las antiguas Farc quienes constantemente denuncian hechos de violencia que padecieron en las filas guerrilleras.

“Lo primero que debo decir es que la JEP es un organismo judicial que está arreglado. El término ‘víctimas’ en el Acuerdo de Paz es un sofisma de distracción y nos hemos encontrado con una problemática y es que estos criminales de las Farc no han cumplido con el Acuerdo, en la medida en que no han ido a reconocer sus delitos, especialmente los delitos de reclutamiento y, más especialmente, los delitos de abuso sexual y de tortura que muchas de ellas sufrieron”, asegura Adel González, abogado de la Corporación Rosa Blanca.

Y para respaldar su crítica detalla que han presentado cerca de 30 denuncias penales individuales ante la JEP, pero que esta solo las ha reconocido como una mera solicitud de acreditación de víctimas; que han solicitado el interrogatorio y testimonio de varios miembros del antiguo Secretariado de las extintas Farc porque las víctimas los señalan, con nombre propio, como sus agresores sexuales, pero esa jurisdicción, por ahora, se ha negado; y que la organización Rosa Blanca no ha recibido apoyo económico de nadie, ni siquiera de organizaciones civiles y mucho menos de la JEP y sus instancias, para, por lo menos, recolectar material probatorio.

Según González, lo último ha generado que la carga de la prueba se invierta “y, entonces, nos toca a las víctimas demostrar que 'Timochenko' (Rodrigo Londoño) violó; demostrar que 'El Paisa' (Hernán Darío Velásquez) violó, demostrar que el otro sinvergüenza bandido de 'Romaña' (Henry Castellanos) violó, demostrar que, por ejemplo, 'Sandino' era la patrocinadora de los abortos”.

Las referencias de este abogado apuntan a Rodrigo Londoño, conocido en las extintas Farc como ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’, máximo dirigente de ese grupo armado ilegal y quien lideró la negociación del Acuerdo de Paz con el Estado colombiano; a Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’ y a Henry Castellanos, alias ‘Romaña’, dos de los guerrilleros más crueles que decidieron seguir en armas; y a Judith Simanca Herrera, llamada también ‘Victoria Sandino’, actual Senadora de la República por el Partido Comunes, creado tras los pactos de La Habana.

Desde ACONC, la consejera Mejía plantea que a la jurisdicción le ha faltado contundencia al dirigir las audiencias para lograr que, efectivamente, haya una expresión de verdad, porque los comparecientes han omitido y negado realidades evidentes, como que en sus filas hubo gente afro, o como haber participado en algunos hechos ocurridos en su territorio, que ellos, en su organización, tienen reseñados.

¿Y sobre la Fuerza Pública?

Acerca del papel que han cumplido los agentes del Estado como comparecientes, Arboleda, del MOVICE, explica que le han pedido a la jurisdicción que tome medidas frente a la “estrategia negacionista y justificadora que tienen los militares”, porque han evidenciado que muchos de ellos, que ya estaban condenados a penas altas, accedieron a la JEP sólo con la idea de quedar en libertad, pero sin aportar verdad.

Así, según ella, si no se comprometen con la verdad, con el reconocimiento de su responsabilidad, con los derechos de las víctimas que es lo que establece el acto legislativo que le dio vida a la JEP, deberían ser expulsados y revocados sus derechos adquiridos, como la libertad condicional.

En la misma línea, Castillo de MAFAPO, señala que, aunque las víctimas de 'falsos positivos' tienen claro que los militares no han aportado verdad plena y que, por boca de otros uniformados, “ellos todavía viven bajo presión”, guardan la esperanza de que en un futuro cercano la JEP tome decisiones sobre si continúan o no estos comparecientes cobijados por este mecanismo transicional.

Futuro de la JEP

Desde diversas organizaciones sociales y académicas insisten en hacerle un llamado a la JEP para que abra nuevos macrocasos específicos por delito, entre ellos, violencia sexual y basada en género, minas antipersonal, desplazamiento y confinamiento, desaparición forzada, violencias a poblaciones étnicas y raizales, toma a poblaciones, narcotráfico, relaciones entre paramilitares y agentes del Estado, y crímenes de las Farc a nivel territorial.

Además, esperan que la jurisdicción continúe trabajando en acelerar los procesos, lograr una mayor participación de las víctimas y articularse de manera efectiva con los otros componentes del Sistema Integral, como también al interior de la jurisdicción y con otras entidades estatales, como la Unidad para las Víctimas.

En particular, la ST considera necesario que la JEP presente más decisiones de fondo sobre los macrocasos, que evite cualquier tipo de alteración a los pilares de su modelo de justicia restaurativa, que avance en los procesos para poner en marcha los trabajos, obras y actividades con contenido reparador y que resuelva las solicitudes de excombatientes de las Farc que continúan privadas de la libertad.

Por otro lado, la abogada Pérez insiste en la importancia y la urgencia de comunicar los avances y las estrategias pedagógicas de la JEP, de manera constante y efectiva, en canales de comunicación propios de la jurisdicción, que no respondan a las dinámicas de los medios tradicionales, ligados, sobre todo, a los publirreportajes. Así, su trabajo podrá ser más accesible para la ciudadanía y dejará de ser “manso, discreto y silencioso”.

Y, finalmente, las organizaciones de víctimas esperan, además de su reparación integral, mano firme por parte de la jurisdicción y una verdad plena por parte de todos los comparecientes, sin importar sin son excombatientes de las antiguas Farc o agentes de la Fuerza Pública.

* Tres días después de ser publicado este reportaje y de haber buscado infructuosamente por más de dos meses una entrevista con el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, remitió sus respuestas por escrito. Consúltelas en este enlace.