La batalla de un ganadero contra Drummond

En 1984, el señor Carlos Eduardo Aragón compró la finca Villa Margarita, ubicada en la vereda Platanal, del corregimiento Casacará, en el municipio Agustín Codazzi, Cesar. El predio fue destinado a la ganadería, la producción de leche y la cría de chivos. Tras una década de explotar la tierra, el ganadero empezó a ser víctima de la guerrilla del Eln, que hacía presencia en la zona con su frente Manuel Martínez Quiroz.

Desde la década de 1980, los corregimientos Casacará y Llerasca, ambos de Agustín Codazzi, fueron controlados por la insurgencia debido a su cercanía con la Serranía del Perijá. Por entonces, el norte del Cesar era vital tanto para el Eln como para las Farc, que lo requerían como retaguardia y corredor estratégico para el tránsito entre la Sierra Nevada de Santa Marta, el Magdalena Medio, la Serranía, la subregión del Catatumbo y Venezuela. 

Aragón alega que entre 1994 y 1995 fue víctima de extorsiones, robos y amenazas por parte del Eln, hechos que puso en conocimiento de las autoridades de la época. En 1996, la situación lo llevó a venderle Villa Margarita a tres hijos del señor Benjamín Calderón, a un precio que consideró inferior al valor de la tierra.

En 1997, el consorcio integrado por Drummond Ltd y Drummond Coal Mining firmó contrato minero para explotar carbón en cinco municipios del norte del Cesar, en un área de más de 270 mil hectáreas que abarcó la vereda El Platanal. Por la misma época, en la región se fortalecía en frente Juan Andrés Álvarez del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), señalado de cometer múltiples masacres; desplazamientos; homicidios de dirigentes políticos, sindicalistas y funcionarios públicos; robos, torturas y delitos sexuales, entre otros graves crímenes.

En 2010, cuatro años después de la desmovilización del Juan Andrés Álvarez y tras obtener las autorizaciones ambientales para llevar a cabo su proyecto de extracción de carbón, llamado El Descanso, Drummond empezó a comprar predios rurales en El Platanal y otras veredas. De acuerdo con la compañía, las compras se hicieron en cumplimiento de una orden impartida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, según la cual era necesario adquirir todos los predios ubicados en la zona de influencia del proyecto minero.

En 2012, los hermanos Calderón destinaron Villa Margarita al patrimonio autónomo Fideicomiso Familia Calderón, en beneficio de Drummond y bajo la administración de la sociedad fiduciaria Colmena S.A. La compañía decidió que el predio podría ser destinado como zona de botaderos, área de excavación y zona de protección y manejo de aguas.

En 2015, cuando la finca Villa Margarita estaba bajo la custodia de la carbonera, el señor Aragón solicitó su restitución por considerar que la vendió a bajo precio por cuenta de la violencia que se vivía en la zona. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que lo representa judicialmente, incluyó en la demanda de restitución los testimonios de paramilitares, empresarios y funcionarios de Drummond que en otros procesos han señalado supuestos vínculos de la empresa con el frente Juan Andrés Álvarez de las Auc. No obstante, los señalamientos no han sido probados ni en Colombia ni en Estados Unidos, donde también se han abierto investigaciones.

En sus alegatos de conclusión, la CCJ también incluyó una revisión a cargo de expertos sobre el expediente minero y ambiental de El Descanso, en virtud del cual concluyó que existe “una eventual falta de motivación de los actos administrativos que otorgaron la licencia ambiental” del proyecto, lo cual “daría lugar a una declaración de nulidad de la misma”.

Según la CCJ, en 2008 el Ministerio de Ambiente otorgó dicha licencia sin contar con información suficiente; desconociendo “el grave daño ambiental que ocasionaría el desarrollo del proyecto en una zona altamente sensible”, donde la gran minería estaba generando conflictos ambientales y sociales; y dando vía libre para que se profundizara el daño, con lo cual se provocó “un desplazamiento involuntario de las comunidades locales”.

El 16 de noviembre de 2017, Drummond y la sociedad fiduciaria Colmena S.A. le solicitaron al Tribunal Superior de Cartagena no restituir el predio por considerar, con base en testimonios del señor Aragón, que los hechos victimizantes fueron causados por delincuencia común y no por el Eln, por lo que no hicieron parte del conflicto armado interno. Asimismo, alegaron que la venta entre Aragón y la familia Calderón fue voluntaria y el precio se acordó entre las partes.

Otras 16 familias de la vereda El Platanal han solicitado desde 2012 la restitución de tierras que terminaron en poder de Drummond. En esos casos, los predios fueron adjudicados por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) a comienzos de la década de 1980 y abandonados por cuenta de las acciones criminales desplegadas por el frente Juan Andrés Álvarez.

Con el apoyo de: Embajada de Suecia.​