18 de abril 2020
Dirigente agrario y coordinador de la Guardia Campesina de Corinto, Cauca, murió en un altercado con miembros del Ejército Nacional, antes de cumplir su sueño de conseguir que se constituyera una Zona de Reserva Campesina en su municipio.
“Él siempre nos decía: ‘Habrá muchos que vamos a caer, pero los demás deben tenerlo presente y no dejar que nuestras muertes sean en vano. La lucha siempre debe seguir y el orgullo más grande es que seamos reconocidos como campesinos”. Con esta frase un amigo y dirigente campesino también a quien llamaremos con Héctor, pues identificarlo pondría en riesgo su seguridad, recuerda a José Adalberto Torijano, el líder campesino de 44 años caído hace dos años largos.
Originario de Candelaria, Valle del Cauca -nació allí el 12 de noviembre de 1973- Torijano se había ido a vivir a a Miranda, Cauca, y en 2012 se mudó de nuevo, al corregimiento Pueblo Nuevo, en Corinto, para que sus hijos no tuvieran que caminar tan largos trayectos para ir al colegio.
Desde ese año se vinculó a la Asociación de Trabajadores de Zona de Reserva Campesina de Corinto (Astrazonac), que agrupa a unas 300 familias de ese municipio del norte de Cauca. El nombre de la asociación plasma su lucha porque el Estado constituya formalmente una Zona de Reserva Campesina (ZRC) en el corregimiento El Jagual. Héctor argumenta que “ya la crearon de hecho y legítimamente”. Les falta es que el Estado la reconozca jurídicamente.
La comunidad de ese corregimiento corinteño recuerda la figura de Torijano con aprecio por su gran compromiso con el movimiento campesino. “Ellos (la Guardia Campesina) a veces salían a medianoche o a la hora que les tocara”, dice su viuda, y esboza una leve sonrisa llena de nostalgia y complicidad. “Se iba y a veces llegaba al otro día porque se salían a vigilar”. Cuenta que a veces hasta discutieron y ella le reclamaba que estaba abandonando las cosas de la casa y no le colaboraba. Él siempre respondía lo mismo, que lo comprendiera y lo apoyara “porque ese sacrificio era para el beneficio de la comunidad”.
Su entrega a la causa colectiva y su ejemplo a los demás son dos valores que perviven de Torijano. Trabajó de la mano con todos los coordinadores y fue miembro de Astrazonac. “Lo recuerdo como una persona muy luchadora”, dice Héctor. “Siempre enfocado en la Guardia Campesina, ante cualquier imprevisto en las comunidades, siempre estaba presente y llegaba de primero al punto de control de Pueblo Nuevo”.
Fue precisamente estar allí en primera línea para afrontar los problemas de la comunidad, lo que lo llevó a la muerte.
El jueves 21 de septiembre de 2017, tropas del Batallón de Alta Montaña No. 8 José María Vezga realizaron un operativo antinarcóticos en la parte alta de Corinto. En su camino de regreso capturaron a un joven de la región. La comunidad reaccionó airada, alertando a los pobladores de varias veredas por altoparlante y por sus celulares. Pidieron ayuda a la Guardia Campesina.
La gente temía que “fueran a legalizar al joven”, como le dijeron varias fuentes a este portal, refiriéndose a que pudieran presentarlo como sospechoso, “un falso positivo judicial”. Quienes lo conocían bien aseguraban que nada tenía que ver con narcóticos.
Después de que sonaran las alarmas, decenas de campesinos y miembros de la Guardia Campesina interceptaron a la tropa en el corregimiento Media Naranja, increpándola por la suerte del joven detenido. Los uniformados les dispararon tiros de fusil a los pies y al aire. Los campesinos reconocen que algunos gritaron e insultaron y otros llevaban palos y piedras, pero, sostienen que la reacción de los uniformados fue desproporcionada.
Una de esas ráfagas de fusil impactó a José Adalberto. Instantes después murió.
En la impunidad
VerdadAbierta.com solicitó información por escrito sobre este caso desde enero de 2020 a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Defensa.
Claudia Victoria Carrasquilla Minami, quien para esa fecha se desempeñaba como Delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, respondió nuestra solicitud el pasado 3 de febrero. Nos informó que el proceso de Torijano estaba en etapa de indagación y, además, había una orden de captura vigente. (Ver respuesta)
Siete días después, el Ministerio Público nos respondió que el expediente estaba en la Fiscalía Cuarta Especializada de DDHH y DIH, con sede en Popayán, en etapa de indagación preliminar, tal como lo dijo la Fiscalía, e informó que esta entidad estaba atenta al desarrollo procesal.
“Hasta el momento los actos de investigación conforme al programa metodológico no han dado resultados positivos para la identificación e individualización del presunto autor del delito investigado”, explicó Carmen Maritza González, procuradora Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales en su respuesta escrita. (Ver carta)
El 13 de febrero, enviamos un nuevo derecho de petición de información a la Fiscalía, solicitando detalles del expediente, como cuál despacho lo tiene; cuándo expidió la Fiscalía la orden de captura y contra quién. El Ente Investigador nos informó que había trasladado al derecho de petición a la Dirección Seccional de Fiscalía de Cauca, pero hasta el cierre de esta investigación no habíamos tenido respuesta. (Ver remisión)
El Comandante del Batallón de Alta Montaña N.8, Teniente Coronel Nelson Alfredo Oviedo Sierra, precisó en respuesta enviada a este portal el 26 de marzo pasado, que no es posible darnos a conocer el informe presentado por las tropas sobre los hechos acaecidos que acabaron con la muerte de Torijano porque está bajo “reserva de a actuación disciplinaria”
Además, indicó que, justamente esa investigación disciplinaria contra quienes segaron la vida del líder campesino, radicada bajo el número 007/2017, fue archivada el 14 de marzo de 2018. (Ver respuesta)
Un abogado de la familia Torijano nos informó que en el expediente no reposa ninguna orden de captura y que no debería ser posible emitirla, porque hasta la fecha no se ha establecido la persona que pudo haber disparado. Cuestiona además que, hasta la fecha, la Fiscalía no haya entrevistado a ningún testigo clave que permitiría identificarlo.
En otras palabras, el Ejército no encontró falla disciplinaria; la Fiscalía, aunque dice que ha ordenado capturar a uno o unos sospechosos, hasta ahora no da detalles de quiénes o cuándo, y la Procuraduría dice que el caso está en etapa de indagación preliminar. No se ve que haya afán del Estado por esclarecer los hechos en los que un líder campesino, importante para su comunidad, resultara muerto por la Fuerza Pública.
La impunidad de este caso resulta angustiante para los socios de Astrazonac. Su organización es la segunda más golpeada en Cauca después del pueblo indígena Nasa: nueve de sus integrantes fueron asesinados entre 2016 y 2019. Debería ser prioritario investigar esas muertes, pero la Fiscalía no ha avanzado más allá de la ingadación preliminar en todos los casos.
“En el caso de Torijano sabemos a ciencia cierta quiénes son los verdaderos responsables: murió a manos del Ejército, no hay vuelta de hoja”, reclama con indignación un integrante de Astrazonac, a quien llamamos Jorge, pues revelar su verdadera identidad lo pone en riesgo. “Ese un caso tan claro y ni siquiera nos han dicho qué se ha hecho frente a las personas que cometieron el asesinato. ¿Qué justicia podemos esperar por los otros compañeros asesinados?”.
Desde entonces, cuenta Jorge, algunos entes estatales los han venido estigmatizando. Dicen que fueron brazo político de lo que eran las Farc; que reclaman demasiado. “Se nos estigmatiza porque reclamamos derechos y somos la voz de los que no se atreven a decir muchas cosas que pasan en el campo”, dice.
Estas estigmatizaciones le han causado daño al proceso campesino de Corinto. “Tenemos la historia de señalamiento con las Farc y, a la hora del té, en el proceso de paz, ni siquiera nos tuvieron en cuenta para ser parte de las conversaciones: al final hubo participación de afros e indígenas, pero no de campesinos”, explica Jorge. “Si hubiéremos sido parte de ese brazo político, como siempre nos han señalado, nos hubieran tenido en cuenta al menos para ir a exponer nuestras propuestas en La Habana”.
“Por un momento pareció que su muerte (la de Torijano) iba a generar debilidad”, dice otro directivo de Astrazonac, cuyo nombre tampoco podemos revelar. “Pero, por el contrario, ese miedo generó más arraigo; lo que hizo fue fortalecer. En zonas donde la Guardia Campesina estaba más dormida, generó un despertar”.
¿Para qué una Guardia Campesina?
Aunque parezca irónico, ante la eventual dejación de armas de las Farc y la posibilidad de que el Estado no llegara de manera integral, ese vacío de poder regulador que tenía la vieja guerrilla en esa región, Astrazonac decidió reactivar la idea que tuvo en el año 2000, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) entraron a Cauca: crear una Guardia Campesina, muy al estilo de la guardia indígena de los Nasa, que velara por su protección.
“Venimos con la idea desde 2000, cuando quisieron entrar los paramilitares y quedó frenada hasta 2016”, explica Héctor, quien como Torijano, defiende los derechos campesinos y es uno de los fundadores de la Guardia Campesina. “Por el proceso de paz la retomamos, porque veíamos que los territorios iban a quedar desamparados. Antes había una guerrilla a la que la gente 'respetaba' y al ladrón le daba miedo, pero al terminar el proceso de paz se sabía que habría desorden y eso nos inspiró a retomar la Guardia Campesina nuevamente”.
Al preguntarle si esta tarea no la debería estar cumpliendo la institucionalidad, responde: “El Estado no llegó y es una piedra en el zapato, porque si entra la Fuerza Pública es a hacernos daños porque varias familias subsisten de los cultivos de coca y en ocasiones nos han robado ganado en la parte alta. En nuestro territorio tenemos que estar pendientes de todo”.
La Guardia Campesina vigila el territorio e intermedia para resolver conflictos. Es un colectivo cívico que no usa armas y que se vale de la legitimidad que le otorgan las familias de la región. “No entramos en conflictos con grupos armados, sean legales o ilegales”, dice Héctor. “Les decimos que nos los queremos en nuestro territorio; que, por favor, desalojen. Si de pronto a un comunero le roban la moto y nos damos cuenta en dónde está, con papeles en mano vamos y la recuperamos”.
Pablo, un coordinador de la Guardia Campesina, cuyo nombre real tampoco revelamos por seguridad, explica que su mayor herramienta es el conocimiento en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH): “Con la Fuerza Pública, más que todo, tenemos una relación de diálogo porque no le podemos decir que no entre”, explica. “Les pedimos que hablen con las comunidades y con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, que no pasen por encima de ellos; que si van a estar mucho tiempo, no se hagan cerca de las casas y del colegio; que tengan prevención para que no haya heridos ni muertos. Ellos están cumpliendo órdenes, pero tratamos de prevenir riesgos y dialogar para que cumplan sus protocolos, respeten el DIH y los derechos humanos”.
¿Y con un grupo armado ilegal? “Como campesinos y Guardia Campesina, ellos llegan y preguntan que quiénes somos”, responde Pablo. “El campesino no está para hacerle favores al gobierno y no los vamos a coger o desarmar, tenemos que ser neutrales. Eso es problema del gobierno nacional y debe resolverlo, nosotros estamos para defender la comunidad, no para atacar a ningún grupo, ya sea legal o ilegal”.
Por las zonas de reserva
Torijano también le había metido el hombro a sacar adelante la Zona de Reserva Campesina de Corinto. Desde 1997 se realizaron las primeras reuniones entre habitantes de diferentes rincones del municipio con ese anhelo.
“La Zona de Reserva Campesina es una forma de proteger; es una forma de consolidar todos los derechos que a lo largo de tantos años hemos peleado; que nos tengan en cuenta en el tema de tierras y territorio”, explica Carmen una dirigente agraria, cuyo nombre real tampoco publicamos para protegerla.
Ella cuenta que la Zona de Reserva Campesina empezó como un grupo de personas que buscaban reunirse para atender procesos sociales. “En el 97, en la vereda Quebraditas, que tiene el mismo nombre del corregimiento, se hizo la primera reunión. Fueron 500 personas y se decidió crear la organización Campesinos sin Tierra”.
Posteriormente abandonaron ese nombre y se concentraron en crear una Zona de Reserva Campesina, concebida en la Ley 160 de 1994, y pasaron a llamarse Asociación Pro Constitución de Zonas de Reserva Campesina de Corinto. Finalmente, cuando ya habían constituido de hecho su ZRC en el corregimiento El Jagual, el 14 de julo de 2008, pasaron a llamarse Astrazonac.
Se centran en defender los derechos campesinos, como cuenta Jorge, del áreas de derechos humanos de Astrazonac: “Están enmarcados en la soberanía alimentaria; queremos que se nos brinde la posibilidad de que podamos comercializar nuestros productos y que no se pierdan”.
Héctor recalca que esa lucha parte desde lo básico, como el reconocimiento del campesino como sujeto social de derecho. “Hemos sido tan invisibles por el Estado, que no votó a favor de la declaración de los derechos campesinos en la Asamblea General de la ONU en 2017”, dice. “Eso se ve reflejado, por ejemplo, en los censos: no queremos que nos pregunten si somos afros, indígenas u otros. No, somos campesinos y tenemos nuestra propia cultura. Y eso es lo que necesitamos: que nos reconozcan”.
El proceso para constituir esta zona de reserva campesina les ha tomado 23 años. En los últimos diez años, según Carmen, presentaron solicitudes ante el liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo (Incoder), en junio de 2009; luego en abril de 2010; en 2012 también; y la última vez la enviaron en 2015.
Ramiro, directivo de Astrazonac, relata que como parte de la solicitud elaboraron un documento de caracterización, que incluyó datos sobre el territorio que solicitan como reserva, detallaron los pobladores que lo habitarían y las actividades agrícolas a desarrollar. Ese trabajo se lo entregaron al Incoder.
“No sé qué hacen con los archivos -dice frustrado-. Se hace la solicitud, la reciben y dicen que es viable porque es legal. Estamos en el proceso de caracterización y hoy no hay una respuesta clara de en qué han avanzado las solicitudes”.
VerdadAbierta.com consultó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad que en diciembre de 2015 reemplazó al Incoder. En la entidad respondieron, a través de su oficina de prensa, que desde 2017 se les pidió a los campesinos de El Jagual complementar la solicitud, pero hasta el cierre de este reportaje no había recibido la información requerida (Consulte aquí las respuestas de la ANT)
La Agencia también respondió que ellos nunca recibieron el documento de caracterización del que habla Ramiro. “Por lo tanto, se desconoce sobre la existencia de este documento, en tal sentido, no puede hacer pronunciamiento alguno respecto a si éste es o no funcional ahora. Actualmente, es necesario complementar la información requerida y previamente solicitada al Comité de Impulso para dar continuidad al trámite iniciado en vigencias anteriores, para esto la Agencia coloca a disposición de la organización campesina un equipo técnico profesional para asesorar o aclarar cualquier información que se requiera sobre este particular”.
Carmen está convencida que cuando se les reconozca como Zona de Reserva Campesina se van a sentir protegidos y libres. “Si no estamos reconocidos, no tenemos derechos”, dice. El problema es que mientras se zanja esa traba burocrática, matan a líderes como Torijano.
De acuerdo con la organización Somos Defensores, entre los años 2016 y 2019, en el municipio de Corinto fueron asesinados 15 líderes sociales, de ellos, nueve pertenecían a Astrazonac. Ramiro se lamenta de esa tragedia: “Los muertos están y sí nos están matando, pero no sabemos quiénes. ¿A quiénes no le convenimos? A las formas de Estado actual, eso es una verdad y por más que se trate de tapar, existe. Nuestra forma de lucha, clasista, sindical y agraria, no le conviene a la oligarquía, a los terratenientes. Hay una lógica que da la respuesta que corresponde: nos sigue matando el mismo Estado y poder que no le conviene que el campesino surja y se fortalezca, que el agro crezca”.
La violencia que padece esa organización campesina ha sido advertida en dos ocasiones por la Defensoría del Pueblo a través de sus Alertas Tempranas, haciendo énfasis en que su riesgo radica en las labores que realizan sus integrantes para construir la ZRC. La primera fue emitida el 24 de octubre de 2016 y la última el 21 de agosto de 2018.
Ni plata, ni ganas para sustituir la coca
Torijano fue abaleado 20 días después de que se firmara el Acuerdo Colectivo del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), una iniciativa que se pactó en el Acuerdo de Paz firmado entre la guerrilla de las Farc y el Estado colombiano.
La rúbrica de ese acuerdo se protocolizó en una concurrida ceremonia realizada el 1 de septiembre de 2017 en el parque central de Corinto con funcionaros locales y nacionales, y cientos de campesinos. Se esperaba que por lo menos 4.220 familias erradicaran de manera voluntaria 734 hectáreas de coca y 247 de marihuana, a cambio de recibir subsidios de asistencia alimentaria, proyectos productivos y ayuda técnica.
En el ambiente había optimismo porque consideraban que estaban ante el comienzo de una nueva economía legal que, a la vez, sacara a los grupos criminales que intentaran continuar en el negocio. Además, la región se vería robustecida con la implementación de la Reforma Rural Integral y con inversiones en la creación de guarderías infantiles rurales, comedores escolares, programas contra el hambre de la tercera edad, y un programa para generar trabajo, entre otras. (Descargue el Acuerdo Colectivo)
Sin embargo, dos años y medio después, el panorama es otro. El PNIS en Cauca sólo aterrizó en los municipios de El Tambo, Jambaló, Miranda, Piamonte y Rosas, beneficiando a un total de 5.685 familias. A pesar de la masiva convocatoria en Corinto, en medio de trabas burocráticas y cambio de administración en la Casa de Nariño, su proceso no avanzó a las siguientes fases.
“Teníamos la esperanza de que el PNIS serviría para decirle al campesino, al indígena, al afro: ya no hay la necesidad de que cultive esa mata; aquí está otra oportunidad”, recuerda Jorge, un dirigente de la zona. Hasta ahora, casi todos han cultivado marihuana en la parte más alta y hoja de coca en las más bajas. “Sí, es la materia prima de los grupos armados, pero también es el sustento diario de muchas familias”.
Pero ese sentimiento esperanzador fracasó porque el gobierno nacional no concretó los acuerdos cada familia, que era el paso a seguir después de la firma colectiva del compromiso de erradicar voluntariamente.
Y no por falta de voluntad de las familias. Nunca llegaron las comisiones encargadas de esos trámites. “Nos decían que no había carros o gasolina”, cuenta Ramiro. “En tres ocasiones la gente esperó que llegaran a las veredas para firmar; luego, propusieron que la gente viniera a la zona urbana para firmar”.
Y añade: “Después empezaron a decir que no había plata, que no alcanzaba, que era mucha gente. Empezaron a discriminar entre quienes sí y quienes no, por número de matas, por cantidad de cosas que a la gente no le empezó a funcionar”.
En el municipio vecino de Miranda, el Pan de Sustitución sí despegó al comienzo, pero según los líderes de Corinto a unos les cumplieron y a otros no. “Al 100 por ciento le llegó el primer desembolso y la gente cumplió y arrancó sus cultivos, pero de ahí en adelante, a la gran mayoría no le hicieron más pagos. Entonces mucha gente se echó para atrás”, relata Jorge.
Eso sucedió también en Corinto, en La Cominera, las familias que tenían cultivos de marihuana dejaron de cultivarla, con el ánimo de ser parte del Programa de Sustitución, pero tuvieron que volver a sembrar porque no pasó nada. “Hubo disposición y voluntad de la gente, pero el gobierno no salió con nada”, asegura Jorge.
VerdadAbierta.com consultó al respecto a la Consejería para la Estabilización, entidad a la que el presidente Iván Duque le asignó coordinar la implementación de gran parte de los proyectos del Acuerdo de Paz, como los PDET y el PNIS.
La Consejería respondió por escrito que había recibido información desarticulada sobre los acuerdos de sustitución firmados por la entidad que le antecedió, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, pues en varios acuerdos no reportaron municipio, ni veredas, ni determinaron el número de familias o de hectáreas a sustituir, y además faltaban documentos. Sobre las fallas del caso de Corinto, indicó que el acuerdo colectivo no tiene la firma el Director de ese momento. (Consulte aquí las respuestas sobre el PNIS)
“El universo de familias en acuerdos colectivos es un referente geográfico con una estimación de familias, pero solo las familias que suscribieron acuerdos individuales contaban con la planeación presupuestal”, explicó la Consejería. Esto, sin embargo, explica sólo en parte, por qué dejaron acuerdos desfinanciados (los que no se alcanzaron a firmar individualmente), pero no da cuenta de por qué en los que sí se firmaron el Estado dejó de cumplir su parte.
En la administración Duque (2018-2022) este programa fue relegado a un segundo plano. No se consideró prioritario, no se han hecho las gestiones para conseguir los fondos, ni ampliar su cobertura, sostiene Pedro Arenas, director del Observatorio de Cultivos de la Corporación Viso Mutop. “Pareciera que el gobierno sólo se esfuerza en revivir el programa de aspersión aérea con glifosato”.
Cauca es el cuarto departamento con más cultivos de hoja de coca del país, pero se inscribieron pocas familias al programa de sustitución. Arenas coincide con los líderes agrarios de Corinto en la explicación: “Los funcionarios de Santos hicieron recorridos en algunos municipios como Corinto y Argelia, pero no se concretaron acuerdos significativos con las familias”.
Explica el experto además que no hubo acuerdos colectivos territoriales con indígenas y afrodescendientes, en zonas donde la tierra es colectiva. Y de aquí que solamente unas cuantas familias indígenas en Miranda y Jambaló ingresaron.
Las cifras le dan la razón a Arenas, pues del total de total de 99.097 familias vinculadas al PNIS a nivel nacional hasta mediados del pasado mes de marzo, tan sólo 5.685 son de Cauca. Es un número que se ve mucho más pequeño, si se compara con el número de familias de Corinto que quedó por fuera: 4.220. Por esa razón, analistas y comunidades refieren que faltan recursos económicos para impulsar integralmente esa medida del Acuerdo de Paz.
Por su parte, Jorge, de Astrazonac, lamenta que hayan ilusionado a las familias campesinas de su municipio. “Mientras haya los cultivos ilícitos, no van a dejar de existir grupos armados y vamos a continuar perdiendo compañeros como el señor Torijano y otros tantos”. A pesar de todo, dice que él sigue creyendo que lo mejor es seguir creyendo en el proceso de paz. “Siempre le exigiremos al gobierno el cumplimento de los acuerdos porque en ellos no hay cosas malas para el campo”, dice.
Si el PNIS hubiera llegado a Corinto, posiblemente en ese municipio no habrían perdido a tantos líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz porque más de 4 mil familias estarían sembrando alimentos con garantías de producción y comercialización, con lo cual no habría grupos armados ilegales merodeando por sus veredas ni la Fuerza Pública estaría haciendo operativos antinarcóticos.
Presos de una nueva violencia
De los nueve integrantes de Astrazonac que fueron asesinados entre 2016 y 2019, tan sólo se sabe en forma genérica que el autor de la muerte de Torijano fue el Ejército, pero no quién le disparó al grupo de reclamantes ni quién dio la orden.
¿Quiénes están asesinando a los miembros de esa organización que lucha por la reivindicación de los derechos de los campesinos, la constitución de una Zona de Reserva Campesina en Corinto y la implementación del Acuerdo de Paz, que es la ley vigente?
“También queremos encontrar la respuesta concreta”, indica con impotencia Ramiro, de la Junta de Astrazonac. “Con la firma del Acuerdo de Paz, se supone que el territorio quedó sin grupos armados, pero al campesinado lo amenaza todo el mundo, en panfletos, llamadas, mensajes de texto, boletas”.
Las amenazas están firmadas por grupos de nombre como el ‘Cartel de Sinaloa’ (con el mismo nombre del grupo de narcotraficantes particularmente sangriento que opera en ese estado en México, pero sin saberse si no es más que un grupo local que quiere infundir miedo), o por “Águilas Negras” (un nombre genérico que organizaciones defensoras de derechos humanos asocian a sectores de la Fuerza Pública, sin que se haya probado jurídicamente, y enfocados a atacar a quiénes veían como cercanos a la guerrilla).
Sobre la supuesta presencia del Cartel de Sinaloa, Mateo Gómez, director del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, explica que ese cartel narcotraficante de México no tiene un grupo armado en la región, sino que su presencia es más logística en el norte de Cauca. “Comprendemos que suministra logística, apoyos financieros, pero no una presencia física de personas que se adscriben al grupo, sino que lo hacen a través de las estructuras que hemos advertido y tienen presencia en el territorio”, precisa.
Asimismo, plantea que “no es que los carteles mexicanos faciliten logística para uno u otro grupo, sino que dependiendo de dónde se encuentre la confrontación, se logran agenciar con quien más tenga una relación comercial, para poder capitalizar ese apoyo en la consolidación de rutas de narcotráfico”.
Jorge coincide en sus análisis: “En este momento nos encontramos entre la espada y la pared. Tenemos un gobierno que nos ha reprimido y por otro lado tenemos nuevos actores armados. En este momento hay un problema de control territorial del narcotráfico que se pudo haber solucionado cumpliendo el Acuerdo de Paz y el PNIS. Esa es la evidencia latente: el tema del narcotráfico ahora es más peligroso que cuando estaban las Farc”.
Esos riesgos fueron advertidos en dos ocasiones por el SAT de la Defensoría del Pueblo. La primera fue el 24 de octubre de 2016, cuando emitió el Informe 033 de ese año y el país estaba preparando la dejación de armas de las Farc, a raíz de la firma de la segunda versión del Acuerdo de Paz, tras haber perdido la refrendación del plebiscito del 2 de octubre de ese año.
“Los homicidios selectivos han generado temor en la población, porque las personas víctimas de los atentados han estado relacionadas con la facilitación de las denominadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización o son líderes representativos de los procesos de Zonas de Reserva Campesina. El 07 de septiembre de 2016 en la finca el Vergel de la vereda La Cominera, zona rural de Corinto, fue encontrado el cuerpo sin vida de la señora Cecilia Culcué, integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Zona de Reservas Campesinas del municipio de Corinto (ASTRAZONAC) y quien era la propietaria de un predio de aproximadamente 72 hectáreas en donde estaba proyectado la ubicación del Punto Transitorio de Normalización en el marco de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC”.
Posteriormente, el 21 de agosto de 2018, una vez consumada la dejación de armas de las Farc y su transformación de grupo armado ilegal a partido político, el SAT advirtió, por medio de la Alerta Temprana 067-18, que el escenario de riesgo de Corinto se había transformado porque “las zonas que fueron de dominio histórico de las FARC-EP, han sido ocupadas por grupos armados ilegales, aprovechando que dichas zonas coinciden con territorios que han sido utilizadas no solo para el desarrollo de diversas economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, sino como corredores de movilidad, en función de las estrategias táctico militares como: repliegues, ofensivas, expansión”.
Y concluye: “Por tanto y pese a haberse cumplido el proceso de dejación de armas por parte de las FARC–EP, la situación de riesgo continúa para líderes y lideresas de las organizaciones sociales, quienes continúan siendo señalados por su manifestación y acciones colectivas para mantener los procesos de 'liberación de la madre tierra' en el caso de los indígenas, por la oposición al asentamiento de la minería ilegal en el caso de las afrodescendientes, y así también para las organizaciones campesinas, cuando reivindican el respeto de sus derechos fundamentales”.
Ante ese panorama, en Astrazonac califican que “el posconflicto es triste, porque aquí el que habla lo matan, y si se queda callado también. Entonces uno no sabe qué hacer, porque se dan asesinatos selectivos y reina la impunidad”.
Allá, los campesinos se organizaron para defender sus derechos, pero son azotados por una nueva violencia que se nutre de la impunidad que deja en libertad a sus verdugos. Por esa razón, le apostaron al proceso de paz para reivindicar sus derechos y lograr que los grupos armados se fueran de la región, pero el Estado no cumplió la promesa de la sustitución de cultivos de uso ilícito y tampoco hay celeridad para la constitución de su Zona de Reserva Campesina.
Por el contrario, quienes sí han sido rápidos para llevar su presencia y consolidar su poder, son los grupos armados ilegales, mientras el Ejecutivo insiste en su vieja fórmula de pretender solucionar los problemas de regiones abandonadas por medio de la presencia militar. Estrategia que sigue generando problemas en las comunidades y pérdidas humanas, tanto de campesinos como de soldados.
Y, como si la realidad quisiera dar más argumentos en ese sentido, en la mañana del pasado 11 de marzo, cuando uno de nuestros reporteros estaba reunido con miembros de Astrazonac en su sede para la realización de este reportaje, ubicada en el casco urbano de Corinto, a menos de tres cuadras y durante casi 20 minutos, presuntos disidentes de las Farc hostigaron un retén del Ejército Nacional ubicado en la salida hacia el vecino municipio de Miranda, causándole la muerte a un uniformado.
En Corinto, como en los demás municipios de Cauca, donde más líderes sociales son asesinados al año, la violencia no distingue entre tiempos de guerra y de posconflicto, ni discrimina entre actores armados y guardias campesinos.
