El Gobierno aseguró que las 280 mil hectáreas que estaban en poder de la guerrilla en Caquetá y Meta serían entregadas a campesinos pobres. Lo que pocos saben es que la mitad de estas tierras no pueden utilizarse pues se trata de parques naturales, zona de reserva campesina y centros poblados.
Hace un mes, en una rueda de prensa, el presidente Juan Manuel Santos anunció la recuperación de 280 mil hectáreas que el Estado le quitó a las Farc en los límites de Meta y Caquetá y que pasarían a manos de campesinos. Pero si se revisa en detalle, se trata de una cifra inflada que no tiene en cuenta las complejidades del terreno.
El Presidente afirmó que esa cantidad de tierra es uno de los primeros insumos del Fondo de Tierras para la Paz. La creación de este fondo se acordó en la mesa de negociaciones de La Habana el año pasado cuando se firmó el punto agrario. Su objetivo es entregar predios baldíos o inexplorados a campesinos pobres y población vulnerable.
El anuncio de la tierra “recuperada” se hizo con bombos y platillos, pero lo que no se dijo es que, hasta el momento, ningún funcionario público ha ido a la zona para determinar cuáles predios pueden efectivamente ser explotados por campesinos y cuáles no. VerdadAbierta.com estudió los mapas de la región y las resoluciones y esto fue lo que encontró.
De entrada, la cifra es extraordinaria: 280 mil hectáreas. Equivalen a más del doble de la superficie del área metropolitana de Medellín. Sin embargo, cuando se suman los nueve predios que supuestamente estaban en manos de las Farc, la cifra exacta es de 278.638 hectáreas.
De ese total, el 95,5 por ciento corresponde a un solo predio, sin catastro y bautizado por el Incoder como “Baldío”. VerdadAbierta.com centró su investigación solo en este terreno, que es tan grande que recorrerlo en moto podría tomar más de una semana.
Carlos Carmona
Fue allí donde el Incoder le notificó a sólo una persona que haría la recuperación de las tierras: “A nosotros lo que nos interesa es el predio –dijo Carlos Carmona, Subgerente de tierras rurales de la institución-. Solo necesitamos que una persona que lo habite se entere que estamos recuperando un baldío indebidamente ocupado. No importa si está al comienzo, al final o a la mitad del predio”.
Una cifra tan alta de baldíos recuperados beneficia los pobres resultados del Incoder, una institución que ha sido blanco de críticas por su gestión en la recuperación de los baldíos indebidamente acumulados en la Altillanura en los últimos dos años. En un reciente informe, la Contraloría aseguró, incluso, que éste podría estar incurriendo en un detrimento patrimonial.
Pero la cifra se sigue desinflando. Dentro de los límites de la zona hay tierras que pertenecen a Parques Nacionales Naturales; es decir, que ya están en manos del Estado y para efectos de la conservación ambiental no se pueden tocar. 82.942 hectáreas pertenecen al Parque Cordillera de Los Picachos y 620 al Parque Tinigua.
Álvaro Balcazar
“La constitución protege los linderos de los parques. Una vez se declara parque, no se puede hacer nada. Ninguna inversión está permitida pues es para siempre un santuario de flora y fauna que tiene esa finalidad exclusiva por Constitución”, aseguró Álvaro Balcazar, quien fue director del Plan de Consolidación de La Macarena y asesoró al Gobierno en la negociación del punto agrario en la mesa de negociaciones de La Habana.
Carlos Carmona, del Incoder, dijo que sobrevoló la zona con el Ejército para notificar la recuperación de la tierra y solo encontró a un cuidador de fincas en el “Baldío”. Sin embargo, como recalca la gente de la zona, dentro de los parques naturales hay comunidades enteras viviendo.
“Yo llegué a la región con mi familia como hace 30 años, mucho antes de que se creara el Tinigua, llegamos tumbando monte y luego fue que nos dimos cuenta que lo estábamos acabando”, aseguró un campesino que fue fundador de la Asociación Campesina Ambiental Lozada - Guayabero, una organización que reúne a los campesinos que viven en la zona, y que pidió la reserva de su nombre.
En los linderos de los parques hay casas, escuelas y vías. En el parque Tinigua hay 538 casas y más de 300 kilómetros de vías. También están las Farc. Según informes de inteligencia del Ejército, en la zona hace presencia César Luis Vargas, alias ‘Salvador’, guerrillero del Bloque Oriental.
Omar García
“En los parques la deforestación no sigue porque la guerrilla tiene eso muy bien controlado. No por el Estado, que tiene cuatro funcionarios para todo un parque”, contó Omar García, quien fue alcalde de San Vicente del Caguán durante la zona de distensión. Allí, la guerrilla también usa el parque como un corredor de movilidad y la siembra de cultivos ilegales.
La gran cifra se sigue desinflando, pues dentro del predio también hay 51 mil hectáreas de Zona de Reserva Campesina del Pato Balsillas. Esta figura, que buscar fortalecer la economía campesina, fue aprobada en 1997 para el Caquetá, convirtiéndose en una de las primeras del país.
Javier Soto
“Está ordenada en 27 veredas donde viven aproximadamente seis mil habitantes”, contó Javier Soto, quien fue el presidente de esta Zona de Reserva Campesina y hoy es candidato a la alcaldía de San Vicente del Caguán. Soto agregó que no entiende por qué para el Incoder, quien además es el encargado de delimitar los linderos de estas zonas, se trata de baldíos indebidamente ocupados. “Ya el 95% de los terrenos tienen títulos”, aseguró.
Además, hay una contradicción por parte de la institución: a pesar de que en la resolución de recuperación se menciona a un predio que se llama Guayabal, los funcionarios de Bogotá que hicieron el viaje en helicóptero, no vieron más que dos o tres personas en esas tierras. Pero en Guayabal hay 250 personas, 90 viviendas, un colegio y una iglesia.
Por otro lado, Soto no niega la presencia de las Farc, específicamente de la columna móvil Teófilo Forero, pero asegura que la producción agrícola la manejan los campesinos en una zona legalmente constituida.
“El Incoder llega a recuperar esa zona, porque la Fiscalía nos dice que allá hay actividades de las Farc. Va a extinguir los dominios de los predios, pero ve que no puede porque se trata de baldíos. Inteligencia del Ejército corrobora la información y nosotros simplemente entramos a recuperar un baldío”, aseguró Carmona.
Las 142.688 hectáreas que quedan disponibles luego de restar los terrenos de parques naturales y de zona de reserva campesinas sigue siendo un territorio amplio que equivale casi a la extensión del área urbana de Bogotá, pero mucho menor a lo que se planteó en la rueda de prensa.
El problema es que esta tierra, tal como dice en las resoluciones, es zona de reserva forestal. Eso no la descarta de tajo para convertirse en tierra adjudicable, pero se requiere de un proceso técnico de evaluación donde el Ministerio de Medio Ambiente dé el visto bueno para que se pueda explotar legalmente (desde el 2012 una pequeña porción ya está siendo revisada).
Hasta el momento, no hay hectáreas disponibles para adjudicar, pero al revisar los mapas de las tierras mencionadas por Santos, aparecen pequeños caseríos (La Abeja y El Pueblito), al norte de San Vicente del Caguán, que indican que las mismas ya están siendo habitadas y explotadas.
Enrique Vélez
“Si hay gente, no la vamos a sacar. El que cumpla con los requisitos, puede solicitar la titulación”, le dijo a VerdadAbierta.com Jorge Enrique Vélez, Superintendente de Notariado y Registro.
A este complejo panorama se suma los intereses petroleros. Tal como lo resume el experto en tierras, Álvaro Balcázar: “nunca serán 280 mil hectáreas, sino una fracción relativamente pequeña para el Fondo de Tierras. Y si además, tienen que considerar los derechos ya adjudicados, ya concesionados sobre exploración (petrolera), otra vez se te reduce el panorama”.
Espere la tercera y última entrega de este especial.