Impunidad, uno de los 'combustibles' de la violencia contra líderes sociales

Los asesinatos de personas que defienden los derechos humanos e impulsan luchas de diversas comunidades marchan a un ritmo mucho más rápido que la condena judicial de esos crímenes. De 1.333 casos documentados en dos décadas, en tan sólo 179 la Justicia dictó sentencias contra sus verdugos. Diversos sectores coinciden en que la falta de sanción alienta la comisión de más asesinatos.

En los últimos años Colombia asiste a una tragedia humanitaria que parece no tener fin: sus lideresas y líderes sociales son asesinados año tras año, a pesar de constantes denuncias, advertencias de escenarios de riesgo y llamados de atención por parte de diferentes estamentos, tanto nacionales como internacionales.

Ese desangre se ha dado en medio de una discusión sobre el castigo de los autores materiales e intelectuales. Por un lado, la Fiscalía General de la Nación, que tiene la tarea de investigar esos casos y acopiar pruebas para que los jueces de la República dicten sentencias contra los responsables de los crímenes, exhibe con frecuencia “resultados históricos” en materia de “esclarecimiento”. Por el otro, organizaciones de derechos humanos lamentan que la impunidad galopa sin freno alguno.

En diversas administraciones, los anuncios del ente investigador han presentado tasas de esclarecimiento que van desde el 51,7% en 2017, hasta el 68% el año pasado. Sin embargo, como lo demostró una investigación periodística realizada por la alianza de VerdadAbierta.com y el Programa Somos Defensores, los resultados no alcanzan el 14%. ¿La razón? La Fiscalía considera como caso esclarecido cualquier etapa judicial y no las sentencias proferidas por los jueces. (Leer más en: Investigación penal sobre homicidios contra líderes sociales: más desorden que esclarecimiento)

Bajo ese concepto, para el ente investigador se encuentran “esclarecidos” seis casos que están en etapa de instrucción, 35 en investigación, 62 en juicio, 234 en indagación y 75 que cuentan con sentencias. Las cifras fueron reportadas por la entidad, en respuesta a un derecho de petición que preguntaba por el estado procesal de 1.333 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos ocurridos entre 2002 y el primer trimestre de 2022.

Si se contrastan esas cifras con las sentencias en firme queda al descubierto que la impunidad es mucho más alta que el esclarecimiento que ha anunciado la Fiscalía General de la Nación durante los últimos seis años.

Efectos de la impunidad

Para Lourdes Castro, directora del Programa Somos Defensores, la falta de esclarecimiento real y juzgamiento de los asesinatos de quienes ejercen liderazgo social tiene dos niveles de impacto.

El primero es el incumplimiento por parte del Estado colombiano de sus obligaciones internacionales en términos de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de los derechos humanos, como lo son esta clase de homicidios. “Eso atañe directamente a la Fiscalía porque le corresponde la debida diligencia en avanzar en las investigaciones y en documentar los casos, para que luego los jueces puedan tomar las decisiones a lugar, en término de los responsables materiales e intelectuales”, precisa.

El segundo nivel de impacto recae sobre los efectos que genera la impunidad: “Falta al cumplimento de los derechos de las víctimas de acceder a justicia y de la sociedad colombiana a saber la verdad. Pero, sobre todo, se está posibilitando que las violaciones de derechos y los asesinatos contra los líderes continúen, porque la impunidad es un factor determinante y estructural”.

Ese último planteamiento es compartido por Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y delegada de las plataformas de derechos humanos ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), quien considera que existe una relación directa entre la impunidad y la comisión de nuevos asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.

“Es muy estrecha esa relación porque el rol que cumple la justica en estas situaciones es enviar un mensaje claro a toda la sociedad de que en Colombia no se tolera la vulneración de derechos, en este caso, el asesinato de quienes defiende derechos humanos. ¿Y cómo se señala que no se tolera? Buscando a las personas que las mataron, procesándolas, atribuyéndoles una responsabilidad e imponiéndoles una sanción”, plantea.

Y recalca: “Cuando el aparato de justicia no cumple esa tarea, el mensaje que está enviando el Estado es que no está mal que ocurra, que se puede seguir repitiendo y que no tienen ninguna consecuencia. Eso 'invita' a seguir asesinando personas defensoras, por eso la lucha contra la impunidad es un factor clave contra este tipo de violencia”.

Por su parte, Katerin Jurado Díaz, directora del Área de Movilidad de Sisma Mujer y quien le hace seguimiento a la situación de personas defensoras de derechos humanos, considera que la impunidad es un 'Talón de Aquiles' de las garantías de no repetición: “La impunidad es una de las razones de las altas cifras de asesinatos: en el 65% de los casos se desconoce quiénes son los responsables. Y en los casos en los que hay avances frente a la identificación de los presuntos agresores, la mayoría son autores materiales y se desconoce quiénes son los autores intelectuales. Ese es el panorama en general”.

La situación es preocupante por cuanto todo indica que las investigaciones de la Fiscalía se quedan cortas y no llegan hasta los autores materiales de los asesinatos, quienes pueden encargar la comisión de más ejecuciones con diferentes sicarios, perpetuando así el ciclo de muerte e impunidad contra líderes y lideresas.

Causas de la impunidad

Las expertas consultadas concuerdan en que esa situación se debe a múltiples factores, que pasan por la falta de voluntad política, la carencia de funcionarios judiciales y los problemas metodológicos en las investigaciones.

Andrea Garzón, investigadora de la CCJ que ha realizado diversos informes de diagnóstico y monitoreo de violencia contra líderes y lideresas sociales, considera que hay dos razones relacionadas con la metodología de investigación de la Fiscalía que explican el índice de impunidad del 86% en las dos últimas décadas.

“La primera es que cuando se asesinaba a un líder social o defensor de derechos humanos, se consideraba como un homicidio común; y partir desde esa hipótesis hacía que las investigaciones fueran mucho más diversas y que se hicieran afirmaciones como que los móviles fueron por hurtos o motivos pasionales. La segunda, es la forma en cómo se plantean las investigaciones, que no parten de los intereses que defendían o atacaban los líderes sociales”, indica.

Ejemplo de ello se refleja en lo que ocurre con la deforestación de bosques nativos en los departamentos de Caquetá y Putumayo: “Los líderes medioambientales están contra la deforestación ¿Quién está detrás de esa actividad? ¿Por qué son incómodos los líderes? ¿A quién afecta ese liderazgo? La investigación no parte desde esas preguntas, que permiten entender quiénes estarían detrás de estos crímenes”.

Asimismo, Garzón y su grupo de trabajo han identificado patrones de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y establecido que el sicariato es la principal modalidad de los asesinatos, lo cual dificulta la captura de los responsables por la rapidez con la que son cometidos. Y trae un componente adicional: “Cuando se capturan, el proceso sólo se queda en quién cometió el crimen y no en quién está detrás”.

Castro, de Somos Defensores, también alude a problemas metodológicos que explicarían los altos niveles de impunidad: “En parte puede ser por la falta de investigaciones con una lógica de macrocriminalidad, en donde se asocien varios casos e intentando establecer patrones que nos lleven a identificar estructuras criminales. Es la lógica que se aplica en contextos de graves violaciones a los derechos humanos, que buscan fórmulas de priorización de casos, como tiene la justicia transicional con la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz)”.

Y agrega: “La macrocriminalidad implica hacer investigaciones más contextuales. Aquí está claro que tenemos unas dinámicas del conflicto con geometrías variables por territorios, con contextos distintos y con actores que se mueven por intereses diferentes, aunque haya unos más dominantes. Entonces, investigaciones más contextuales en una estrategia macrocriminal pueden llevar a identificar patrones y modus operandi que permitan, quizás, por una ruta más expedita, tener resultados sobre responsables. Pero eso no se da”.

Desde Sisma Mujer también han encontrado falencias en materia de investigación, pues carecen de un enfoque de género, por lo cual no hay investigaciones que aborden de manera específica e integral las agresiones contra defensoras de derechos humanos.

Al respecto, Jurado Díaz, del área de Movilidad de Sisma Mujer, plantea la importancia de entender que la violencia sociopolítica de género ocurre por dos variables: “Ejercer la defensa de derechos humanos en un país donde es una labor altamente riesgosa; y el hecho de ser mujeres, por lo que hay marcas particulares: violencia sexual, lenguaje humillante y ensañamiento contra los cuerpos, que se dan en el marco de querer representar a las mujeres y cobrarles de manera violenta el participar en la vida política”.

Rodríguez, directora de la CCJ, explica que la falta de presencia de operadores judiciales, particularmente en zonas donde persiste el conflicto armado y los niveles de violencia en contra las personas defensoras son muy altos, también es otra causa de la falta de esclarecimiento de los asesinados contra líderes y lideresas sociales, elevando así los índices de impunidad.

“En algunas zonas hay presiones muy fuertes por parte de actores armados contra quienes tienen que adelantar esta labor y en otras ocasiones también hemos visto que es un problema de falta de voluntad política. En medio de todas las prioridades que puede tener la Justicia, ha habido algunas en las que no es prioritario esclarecer este tipo de delitos y todas estas cosas dan lugar a una impunidad tan alta como la que se tiene en Colombia”, precisa. A ello se suma la gran cantidad y diversidad de casos que tienen asignados los despachos de fiscales.

Otra causa que mencionan con frecuencia representantes de diferentes organizaciones de derechos humanos es la falta de un registro único estatal sobre los asesinatos de líderes y lideresas. Al respecto, la Fiscalía usa los casos documentados por la Oficina de la Alta Comisionada las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y no tiene un registro propio, y tampoco usa los datos consolidados por la Defensoría del Pueblo.

Posibles soluciones

Además de proponer enfoques de macrocriminalidad en las investigaciones, Castro insiste en la necesidad de escalar las pesquisas hasta los autores intelectuales y determinadores de los asesinatos de líderes y lideresas sociales, para cortar la repetición de esta violencia y disminuir los índices de impunidad.

“Si no se hacen investigaciones macrocriminales, sólo se queda con el autor material y con eso se da por resuelto el caso, no se está haciendo la tarea de manera completa. Está bien en parte, porque se identifica a un responsable y se lleva a la cárcel, pero no se está atacando el problema.

En la actual dinámica de Colombia, autores materiales siempre se van a conseguir, pero las personas de atrás siguen porque no están siendo tocadas. Mientras eso no cambie, las posibilidades de que estas formas de violencia permanezcan son muy altas”, detalla.

Y también pone la mirada en las sentencias anticipadas y principios de oportunidad a los que llegan los autores materiales: “El problema es que, en casos de graves violaciones a los derechos humanos como estos, en la negociación de una sentencia anticipada tendría que haber un estándar de verdad plena y que se pueda esclarecer el caso integralmente: móviles, autores de atrás, intereses en juego, entramados de las estructuras. Eso no pasa porque no se exige ese estándar de verdad en la negociación de sentencias anticipadas”.

Al respecto, la investigación de VerdadAbierta.com realizada con cifras que la misma Fiscalía General de la Nación suministró en respuesta a un derecho de petición, demuestra que la mayoría de las pocas sentencias que logró contra los asesinos de personas defensoras de derechos humanos fueron por la vía de negociaciones y preacuerdos.

Lo anterior pone de presente que si los victimarios no confiesan sus crímenes, se dificulta la consecución de condenas y los procesos se estancan, con lo cual la impunidad sería más alta. De 75 sentencias informadas, 44 se lograron porque los responsables aceptaron cargos, mientras que tan sólo se 36 fueron por acusación directa de fiscales en juicios.

Rodríguez considera que las posibles soluciones son cuestión de decisión política para lograr el esclarecimiento y la sanción de estos asesinatos, “lo cual implica destinar los recursos humanos y técnicos para avanzar en este tema; como no hay presencia en todo el país, implica desplazar personal a otros lugares para recoger información”.

Asimismo, resalta la importancia de que las investigaciones se adelanten desde una mirada que incluya los contextos y las situaciones en las que ocurren los asesinatos, para que dejen de ser vistos como hechos aislados que no tienen relación unos con otros.

“Para alimentar ese contexto es importante que se miren no sólo los asesinatos, sino otras vulneraciones que los anteceden. Hay que ponerle atención a las amenazas, a los ataques a las sedes de las organizaciones sociales, a los robos de información y a hechos que ocurren de manera diferenciada contra mujeres por razones de género, que en muchas ocasiones son los pasos previos a los asesinatos. Son hechos que están prácticamente en ceros en materia de investigación”.

Ese último planteamiento coincide con los diagnósticos de Sisma Mujer, que insisten en la necesidad de mejorar las técnicas de investigación de la Fiscalía, incluyendo el seguimiento a las agresiones que enfrentan las defensoras de derechos humanos a partir de marcas de género, como amenazas estereotípicas, violencia sexual, amenazas contra sus familiares, feminicidios y atentados.

“No hay en este momento una posibilidad de cruzar en el marco de las variables y los sistemas de información que tiene la Fiscalía, por ejemplo, el referido al asesinato de una defensora, con violencia sexual. Otro de los elementos que tendría que abordar es en calve de la técnica es la forma en la que se llevan a cabo este tipo de violencias, como la extrema crueldad, la desnudez de los cuerpos, el lenguaje humillante o sexista, la mutilación del cuerpo femenino y el hogar”, sostiene Jurado.

Ante ese panorama desolador, las esperanzas recaen sobe la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por mandato del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc, para que esta situación cambie. En ella tienen asiento el Presidente de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fuerza Pública, representantes de tres ministerios y delegados de la sociedad civil.

Y las esperanzas se renuevan porque el presidente Gustavo Petro la reactivó, luego de que su antecesor, Iván Duque Márquez, la relegó a un tercer plano. Ese espacio debe construir una política pública que genere condiciones que garanticen la integridad de excombatientes de las Farc y de personas defensoras de derechos humanos, pero, en el fondo, tiene el reto de construir con urgencia herramientas para ponerle fin a la violencia y a la impunidad, pues aún persisten.