Durante los tres primeros meses del año en el país hubo varios debates sobre las reclamaciones históricas de tierras de comunidades víctimas de la violencia que dejó sobre la mesa las nuevas dificultades que enfrentará el proceso de restitución.
Uno de los debates más candentes es el de los llamados “segundos ocupantes”, personas que por una u otra razón ocupan predios que hoy son reclamados por sus dueños.
Cuando la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue formulada, el gobierno pensó que las demandas sobre predios abandonados o despojados iba a ser entre víctimas y victimarios, pero la realidad es que algunas de las tierras reclamadas son explotadas y también solicitadas por personas que no tienen relación con grupos armados ilegales, no son testaferros ni tampoco compradores de mala fe. Esta situación llevó a la Unidad de Tierras a repensar los procesos de documentación de los casos y presentación de las demandas antes de tramitarlos ante un juez.
Otro debate no menos complicado ha sido el de la recuperación de terrenos de origen baldío para responder a las solicitudes de comunidades campesinas y étnicas sin tierra. Desde finales de 2012, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) avanzó poco en recuperar los baldíos acumulados de forma irregular e ilegal por particulares y empresarios.
Paralelo a ello, el gobierno nacional propuso el Proyecto de Ley 133 a través del cual se creaban las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidre) con el fin de fortalecer su explotación agroindustrial. Esta iniciativa fue duramente criticada porque apuntaba a favorecer la acumulación de terrenos de este tipo por parte de grandes inversionistas. Aunque el proyecto fue retirado del Congreso al finalizar marzo por falta de consenso con las comunidades, el gobierno insistirá en el tema en futuros periodos legislativos. A juicio de académicos y organizaciones sociales, las Zidres no pueden plantearse sin que el país tenga un censo de baldíos y resuelva problemas relacionados con la identificación de predios rurales, fallas en la titulación y zonas despojadas.
Un tercer debate fue abierto cuando se conoció el acuerdo de reforma agraria integral alcanzado en La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc. En uno de sus puntos se acordó crear el Fondo de Tierras para la Paz, que se nutrirá con baldíos apropiados de forma ilegal o irregular, con predios de extinción de dominio por narcotráfico o inexplotación económica y con terrenos que están en zonas de reserva forestal y tienen vocación agrícola. El problema es que el Estado carece de información sobre las tierras que posee, algunos fondos de tierras oficiales administran bienes que ya están comprometidos para reparar y restituir a las víctimas, y otros están sometidos a largos procesos administrativos y judiciales.
Mientras se dan estas discusiones, algunas comunidades campesinas perciben reveses y lentitud en las reclamaciones de tierras. En el caso de La Bellacruz, en el sur de Cesar, el Incoder emitió una resolución que retrocedió el proceso a los años 90, cuando los labriegos desplazados por paramilitares le pedían al gobierno la titulación de baldíos que había dentro de la hacienda y que fueron incluso reconocidos por el antiguo Incora. En la región del Magdalena Medio, las comunidades de Las Pavas, El Garzal y El Guayabo afirman que las promesas de titulación siguen en el papel y que aumentó la tensión con particulares que se oponen a que los campesinos vivan en estas tierras. Y en el Urabá antioqueño, las disputas entre campesinos reclamantes y empresarios se tornan más críticas, sin que se observen soluciones concretas.
Estos debates plantean interrogantes serios sobre la viabilidad de la llamada Reforma Agraria Integral, el primer punto de la agenda acordado en La Habana y cuya aplicación sería el remedio para esos males que aquejan al
VerdadAbierta.com presenta una selección de artículos sobre los temas más importantes en lo corrido del año.
Uno de los debates más candentes es el de los llamados “segundos ocupantes”, personas que por una u otra razón ocupan predios que hoy son reclamados por sus dueños.
Cuando la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue formulada, el gobierno pensó que las demandas sobre predios abandonados o despojados iba a ser entre víctimas y victimarios, pero la realidad es que algunas de las tierras reclamadas son explotadas y también solicitadas por personas que no tienen relación con grupos armados ilegales, no son testaferros ni tampoco compradores de mala fe. Esta situación llevó a la Unidad de Tierras a repensar los procesos de documentación de los casos y presentación de las demandas antes de tramitarlos ante un juez.
Otro debate no menos complicado ha sido el de la recuperación de terrenos de origen baldío para responder a las solicitudes de comunidades campesinas y étnicas sin tierra. Desde finales de 2012, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) avanzó poco en recuperar los baldíos acumulados de forma irregular e ilegal por particulares y empresarios.
Paralelo a ello, el gobierno nacional propuso el Proyecto de Ley 133 a través del cual se creaban las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidre) con el fin de fortalecer su explotación agroindustrial. Esta iniciativa fue duramente criticada porque apuntaba a favorecer la acumulación de terrenos de este tipo por parte de grandes inversionistas. Aunque el proyecto fue retirado del Congreso al finalizar marzo por falta de consenso con las comunidades, el gobierno insistirá en el tema en futuros periodos legislativos. A juicio de académicos y organizaciones sociales, las Zidres no pueden plantearse sin que el país tenga un censo de baldíos y resuelva problemas relacionados con la identificación de predios rurales, fallas en la titulación y zonas despojadas.
Un tercer debate fue abierto cuando se conoció el acuerdo de reforma agraria integral alcanzado en La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc. En uno de sus puntos se acordó crear el Fondo de Tierras para la Paz, que se nutrirá con baldíos apropiados de forma ilegal o irregular, con predios de extinción de dominio por narcotráfico o inexplotación económica y con terrenos que están en zonas de reserva forestal y tienen vocación agrícola. El problema es que el Estado carece de información sobre las tierras que posee, algunos fondos de tierras oficiales administran bienes que ya están comprometidos para reparar y restituir a las víctimas, y otros están sometidos a largos procesos administrativos y judiciales.
Mientras se dan estas discusiones, algunas comunidades campesinas perciben reveses y lentitud en las reclamaciones de tierras. En el caso de La Bellacruz, en el sur de Cesar, el Incoder emitió una resolución que retrocedió el proceso a los años 90, cuando los labriegos desplazados por paramilitares le pedían al gobierno la titulación de baldíos que había dentro de la hacienda y que fueron incluso reconocidos por el antiguo Incora. En la región del Magdalena Medio, las comunidades de Las Pavas, El Garzal y El Guayabo afirman que las promesas de titulación siguen en el papel y que aumentó la tensión con particulares que se oponen a que los campesinos vivan en estas tierras. Y en el Urabá antioqueño, las disputas entre campesinos reclamantes y empresarios se tornan más críticas, sin que se observen soluciones concretas.
Estos debates plantean interrogantes serios sobre la viabilidad de la llamada Reforma Agraria Integral, el primer punto de la agenda acordado en La Habana y cuya aplicación sería el remedio para esos males que aquejan al
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