La Fiscalía documentó que un líder de los campesinos fue el primer enlace de los paramilitares con el antiguo Incora hoy Incoder. Por instrucción de ‘Jorge 40’, el campesino viajó hasta Santa Marta y habló con el gerente regional, José Fernando Mercado Polo, para pedirle que se reuniera con ‘Jorge 40’. En principio el gerente se negó, pero ante la amenaza del paramilitar, Mercado Polo accedió a participar en el encuentro. Antes de que se reunieran Mercado y ‘Jorge 40’, según la Fiscalía, otras personas ya  estaban trabajando para fabricar el complot del despojo:

Zeider Alfonso Caballero

Era el capataz de ‘Jorge 40’ en El Pavo, una finca que el ex jefe paramilitar despojó en los años 90 y desde donde impartía órdenes. En la región los habitantes lo identificaban como el encargado del ganado del ex jefe paramilitar. La Fiscalía documentó que también visitaba las parcelas aledañas para intimidar a los campesinos, obligarlos a desplazarse o a vender la tierra a precios irrisorios. Era también el encargado de buscar a los testaferros a quienes el Incoder les titularía los predios. En abril de 2003 el Incoder le adjudicó Nuevo Horizonte, una parcela que en 1991 había sido titulada a un campesino. El 23 de julio de 2012 fue condenado a cuatro años y medio de prisión y a pagar una multa de 575 millones de pesos por haberse aliado con los paramilitares y haber propiciado el desplazamiento forzado en Chibolo.

Gregorio Daniel Rodríguez

Era el administrador de la finca El Pavo y junto con Zeider Alfonso Caballero está acusado de ser el encargado de visitar las parcelas aledañas a la hacienda para intimidar a los campesinos, obligarlos a desplazarse o a vender la tierra a precios ínfimos.  Lo señala de haber conseguido despojar a los dueños de las parcelas El Revolcón, La Florida, La Flor de la Belleza y Las Mercedes. Afronta un juicio por concierto para delinquir y desplazamiento forzado.

Ricardo Mario Salazar Echeverri, conocido como 'El Doctor' o 'El Veterinario'

Era el veterinario de la finca El Pavo. La Fiscalía documentó que como provenía de una familia prestante de Caldas, tenía contactos con los políticos locales y sobre todo con los notarios del Magdalena, indispensables para legalizar el despojo. Es acusado de haber ayudado a que los notarios  registraran las escrituras de las parcelas, que el Incoder había  adjudicado a campesinos y luego había reversado las adjudicaciones,  a nombre de amigos o testaferros del paramilitar ‘Jorge 40’. Los notarios son investigados y rindieron versión libre a comienzos de 2013. Según la Fiscalía, Salazar logró la revocatoria de las parcelas El Revolcón y La Florida. Está preso y es investigado por concierto para delinquir y desplazamiento forzado.

Con las parcelas abandonadas primero por el desplazamiento y luego por la presión ejercida por los trabajadores de ‘40’, el ex jefe paramilitar convocó a tres reuniones en Chibolo para concretar con los funcionarios del Incoder la titulación de los predios. VerdadAbierta.com tuvo acceso a un archivo judicial que señala que la primera reunión fue en la finca Los Coralines, que había sido de Víctor Pimienta, un hacendado señalado por los habitantes e investigado por las autoridades de haber tenido vínculos con el Bloque Norte. Allí ‘40’, en compañía de los paramilitares ‘El Flaco’ y ‘El Piña’, le dijo al entonces gerente del Incoder, Mercado Polo, que él quería las parcelas de El Encanto y Bejuco Prieto.

El segundo encuentro fue en La Pola, otra finca despojada por el ex jefe paramilitar. Según el archivo judicial, a esta reunión asistieron los funcionarios del Incoder Antonio Lomanto Morán, Alejandro Llerena Taboada, Carlos Vásquez Vásquez, Ernesto Gámez Goelkel y Luz Zenit Curiel de Sánchez. Los funcionarios le explicaron a ‘40’ que él no podía ser el titular de todas las tierras porque éstas no eran para latifundistas porque hacían parte de la Reforma Agraria. Allí entonces el jefe paramilitar decidió que fueran tituladas a nombre de sus trabajadores o testaferros.

Mileth Antonio Villa Zabaleta

En 2002, Mileth Antonio Villa era concejal en Chibolo y según lo documentó la Fiscalía, era el encargado de entregar los documentos al Incoder y de consignar en el Banco Agrario el dinero requerido para lograr las titulaciones de las parcelas que quería el jefe paramilitar Tovar Pupo. Esto, porque antes de la titulación el Incora obligaba al campesino a pagar un porcentaje representativo sobre el valor de la tierra. Según documentó la Fiscalía, así lo hizo con Bejuco Prieto, una parcelación que fue despojada por ‘Jorge 40’ con su ayuda y la de Ernesto Gámez Goelkel, el entonces director de Gestión del Incora en Plato. En el juicio, varios testigos señalaron que Villa Zabaleta era identificado por los habitantes de Chibolo como el “concejal de los paramilitares” porque era quien visitaba las comunidades y les imponía las listas por las que debían votar. En junio de 2012 el Juzgado Penal de Santa Marta lo condenó a cuatro años de prisión y a pagar 200 millones de pesos por haberse aliado con los paramilitares, promover el desplazamiento en la región y obligar a los habitantes a votar por las listas de las Auc.

Antonio Lomanto era un funcionario del Incoder con sede Plato y era el encargado de visitar los predios que habían sido titulados a campesinos como parte de la Reforma Agraria. Tenía entre sus funciones oficiales realizar los informes que eran presentados a los coordinadores de gestión y que servían de insumo al Comité de Selección para revocar o no las titulaciones. La Fiscalía documentó que en varios de esos informes consignó el abandono injustificado de los predios, escondiendo deliberadamente  el hecho de que los adjudicatarios habían dejado sus fincas por la violencia y desplazamiento provocados por los paramilitares del Bloque Norte. Según documentó la Fiscalía, el concejal Mileth Antonio Villa le indicaba a Lomanto cuáles eran las parcelas de interés del jefe paramilitar. Fue capturado en junio de 2011 y afronta un juicio por vínculos con los paramilitares y desplazamiento forzado.

Alejandro Llerena Taboada

Junto con Antonio Lomanto Morán, Alejandro Llerena era un funcionario del Incoder encargado de visitar los predios que habían sido titulados a campesinos como parte de la Reforma Agraria. Tenía entre sus funciones oficiales realizar los informes que eran presentados a los coordinadores de gestión y que servían de insumo al Comité de Selección para revocar o no las titulaciones. La Fiscalía documentó que en varios de esos informes consignó el abandono injustificado de los predios, escondiendo deliberadamente  el hecho de que los adjudicatarios habían dejado sus fincas por la violencia y desplazamiento provocados por los paramilitares del Bloque Norte.  Según documentó la Fiscalía, el concejal Mileth Antonio Villa le indicaba a Llerena cuáles eran las parcelas de interés del jefe paramilitar. Fue capturado en junio de 2011 y afronta un juicio por vínculos con los paramilitares y desplazamiento forzado.

José Eugenio Lozano Andrade

Era el coordinador del Grupo de Ordenamiento Social de la Propiedad del instituto de tierras en 2003, cuando el director del Incoder era José Fernando Mercado Polo. Es decir, tenía como función revisar toda la documentación de las parcelas y los conceptos emitidos por el Comité de Selección para determinar si los predios debían ser adjudicados o revocados. Con esta información, fue el responsable de elaborar las resoluciones con las que se le dio apariencia legal al despojo y que fueron firmadas por el director. Durante el proceso aceptó haber falsificado documentos y de haber colaborado con las Auc para que las tierras quedaran a nombre de amigos de ‘Jorge 40’. En el juicio se acogió a sentencia anticipada y el 13 de marzo de 2012 fue condenado a 4 años de prisión y a pagar cerca de de 3 mil millones de pesos de multa por concierto para delinquir agravado.

Carlos Vásquez Vásquez

Carlos Vásquez era el Coordinador de Gestión del Incoder en Fundación. Es decir, recibía los conceptos emitidos por los funcionarios que visitaban las parcelas, así como los documentos de solicitud de titulación que hacían los campesinos. Participó en los Comités de Selección que tomaron la decisión de revocar las parcelas a los campesinos originarios en Chibolo, señalando abandono sin tener en cuenta que la gente había salido huyendo por miedo a que los paramilitares los mataran. Fue acusado por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y desplazamiento forzado.

Ernesto Gámez Goelkel

Ernesto Gámez era  el Coordinador de Gestión del Incoder en Plato. Al igual que Carlos Vásquez Vásquez recibía los conceptos emitidos por los funcionarios que visitaban las parcelas y que determinaban si las tierras debían ser o no revocadas. Participó en los Comités de Selección que revocaron de forma masiva los predios a los campesinos en Chibolo. Fue capturado en junio de 2011 y durante el juicio aceptó haberse aliado con los paramilitares que provocaron el desplazamiento forzado de cientos de campesinos de la región y de falsificar y extraviar documentos. La Fiscalía documentó que Gámez Goelkel participó en la pérdida del archivo que contenían las titulaciones de las parcelas cuando el Incora fue liquidado (2003) para convertirse en el Incoder. En mayo de 2012 el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Marta lo condenó a cinco años de prisión y a pagar 258 millones de pesos.

Francisco Solano Díaz

Francisco Solano fue el jefe de Cartera del Incora Magdalena cuando en 2003 el entonces director, José Fernando Mercado Polo, les revocó las parcelas a campesinos de Chibolo para entregárselas a testaferros o amigos de ‘Jorge 40’. Era el encargado de llevar las cuentas del dinero que debían pagar los campesinos por la titulación. La Fiscalía documentó que participó de los Comités de Selección en los que los funcionarios emitieron conceptos falsos, como que los campesinos habían abandonado la tierra y dejado de pagar el crédito adquirido, para hacer las revocatorias. Fue capturado en junio de 2011 y es juzgado en Santa Marta acusado de complicidad con los paramilitares, de haber participado en el desplazamiento de campesinos y de emitir falsos conceptos que condujeron a las revocatorias masivas en Chibolo.

Luz Zenit Curiel de Sánchez

Luz Zenit de Sánchez  fue asesora jurídica del antiguo Incora e Incoder. Participaba de las reuniones del Comité de Selección, en el que se decidía a quiénes se les debía revocar o adjudicar predios. La Fiscalía documentó que Curiel de Sánchez estuvo en este cargo desde 1997, cuando los paramilitares de ‘Jorge 40’ comenzaron los desplazamientos en la región y cuando enviaron a alias ‘Córdoba’ como el enlace entre los paramilitares y funcionarios del antiguo Incora para concretar el despojo. Fue capturada en junio de 2011 y es acusada por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y desplazamiento forzado.

La reunión de la titulación

El archivo judicial señala que una tercera reunión fue en la finca Quita Sueño, que era de Pedro Pimienta, integrante de una familia de hacendados de la región señalada de tener vínculos con el Bloque Norte. Después de las revocatorias masivas realizadas por los funcionarios, a esta finca fue llevada una pila de cartas en las que supuestamente se certificaba que los trabajadores y testaferros del ex jefe paramilitar cumplían con los requisitos para ser titulados en las parcelas de Chibolo. Según el documento, a esta reunión asistieron Ernesto Gámez Goelkel, Alejandro Llerena y Antonio Lomanto, quienes le entregaron los paz y salvo (los pequeños pagos que exigía el Incora) a un campesino que fue enlace entre los ‘paras’ y los funcionarios. Luego, ‘Jorge 40’ le entregó 183 millones de pesos a un campesino en un bolso para que pagara el dinero acordado para lograr la titulación.

José Fernando Mercado Polo

Fue el director del Incoder Magdalena entre marzo de 2001 y julio de 2003. En febrero de 2003 revocó varias de las parcelas que el antiguo Incora le había titulado en 1991 a campesinos sin tierra en Chibolo. Argumentado abandono y sin tener en cuenta que los campesinos se habían visto forzados a desplazarse por la violencia paramilitar, firmó las resoluciones de revocatoria y en marzo de 2003 les adjudicó estas tierras a varios amigos y testaferros de ‘Jorge 40’. En junio de 2011 fue capturado y durante el proceso de indagatoria aceptó haberse reunido con el ex jefe paramilitar en el municipio de Zapayán  a principios de 2002. En la reunión, dijo, ‘Jorge 40’ le pidió que no fuera un obstáculo para las revocatorias y nuevas adjudicaciones de tierras en Magdalena. Mercado Polo se acogió a sentencia anticipada y el 28 de marzo de 2012 fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Marta a 5 años y 7 meses de prisión y a pagar 1.700 millones de pesos por los delitos de concierto para delinquir y falsedad en documento público. Mercado Polo afronta un nuevo proceso, esta vez, por el delito de desplazamiento forzado.

Édgar Rafael Navarro Quintero

Era el coordinador del Grupo Administrativo y Financiero del Incoder, pero en dos oportunidades reemplazó al director, José Fernando Mercado Polo, en este cargo. En los períodos en que asumió la dirección, entre el 21 de noviembre de 2000 y el 13 de marzo de 2001 así como entre el 10 y el 31 de diciembre de 2002, firmó algunas resoluciones con las que se revocaron títulos a los campesinos. Fue liquidador del antiguo Incora, Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, que le dio pasado el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder, entre el 6 de abril y finales de julio de 2004. Está preso desde junio de 2011 y fue acusado del delito de concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público.

Los titulados

La Fiscalía encontró que varios integrantes de la familia Pimienta Gamero, a quienes la Fiscalía compulsó copias bajo el radicado 265 para investigarlos, sirvieron de supuestos testigos para que el Incoder declarara las revocatorias de las parcelas que eran de los campesinos. Es decir, eran quienes decían que las familias habían abandonado las tierras.

Éver Vargas Contreras, alias ‘Rafa 50’

Ever Vargas es desmovilizado del Bloque Córdoba y usó el alias de ‘Rafa 50’ mientras hizo parte de los paramilitares. En febrero de 2003, el Incoder le tituló a él, al igual que a alias ‘El Flaco’,  la parcela Dios Verá, un predio que hacía parte de la parcelación El Encanto y que fue despojada por el Bloque Norte en 1997.

Fredys Alfonso Yance de Ángel alias ‘El Flaco’

Fredys Yance, era paramilitar del Bloque Norte, bajo el alias de ‘El Flaco’ y hacía parte del anillo de seguridad de ‘Jorge 40’. En la región también lo conocían como el que le manejaba el ganado al jefe paramilitar. La Fiscalía encontró que se benefició del despojo, cuando el Incoder le tituló en 2003 El Tesoro y Las Delicias, dos parcelas de Chibolo ubicadas en el predio El Encanto que en 1991 el Incora había adjudicado a campesinos en el intento de realizar una Reforma Agraria. Está prófugo.

Zeider Alfonso Caballero

Zeider Caballero era el capataz de ‘Jorge 40’, a quien le titularon  la parcela Nuevo Horizonte, de 29 hectáreas. La Fiscalía encontró que Víctor Pimienta declaró ante el Incoder que el predio había sido abandonado. Con ese argumento, el Incoder le entregó esta tierra a Caballero.

Francisco Javier Rodríguez Cervantes

Francisco Rodríguez trabajaba para ‘Jorge 40’, cuidándole el ganado. La Fiscalía documentó que el Incoder le adjudicó la parcela Santa Fe, de 30 hectáreas, el 15 de abril de 2003. El predio estaba dentro de la vereda Bejuco Prieto, que había sido despojada en 1997 por el Bloque Norte.