La entrada en funcionamiento del proceso de Justicia y Paz creó un espacio sin precedentes: la posibilidad de que las víctimas confronten a sus victimarios –otrora todopoderosos y ellas sometidas- durante las versiones libres. Además este espacio hizo posible que cada una de las partes pudiera aportar su porción de verdad y así reconstruir complejos capítulos de lo ocurrido durante los años del conflicto armado.
De este modo, de los 149 postulados que actualmente tiene el Bloque Calima, 147 rindieron versión libre ante sus víctimas y confesaron 927 hechos criminales que afectaron a 5.142 personas. Hasta febrero de este 2013, la Fiscalía había realizado 1.943 sesiones de versión libre con los postulados y en ellas confesaron 42 masacres, 105 desapariciones forzadas, 619 homicidios, 18 secuestros, 15 casos de tortura y haber causado el desplazamiento forzado de 1.543 personas.
Los postulados también han enunciado 979 hechos criminales. Los hechos enunciados difieren de los confesados en que los primeros son los casos en los cuales los desmovilizados le cuentan a los investigadores sin recordar los nombres, fechas y sitios de los hechos. Una vez que los investigadores judiciales (Policía, CTI) encuentran quiénes son las víctimas y cómo ocurrieron los hechos, le ponen de presente esa información a los desmovilizados para que corroboren si éstos son los mismos que enunciaron y así puedan confesar su responsabilidad.
Sin embargo, estos encuentros para reconstruir la verdad, en muchas ocasiones, en lugar de aliviar el dolor de los familiares de las víctimas, las hace revivir su tragedia, afectándolas gravemente. Varios familiares consultadas por VerdadAbierta.com en las versiones libres y en otros espacios, expresaron malestar porque en muchas ocasiones los postulados justifican sus asesinatos, criminalizando a sus víctimas. Las suelen señalar como miembros de la subversión o de la delincuencia común, aún cuando esto no es cierto.
Así por ejemplo, Ana*, una mujer afrodescendiente quien desde el 24 de septiembre de 2001 tuvo que criar sola a sus hijos, considera que el proceso de Justicia y Paz le ha cumplido en cuanto al punto de la verdad, porque durante casi diez años vivió con la incertidumbre de saber quiénes y por qué asesinaron a su marido, pero gracias a una versión libre en 2011, se enteró de que fue baleado por los paramilitares.
Con lo que Ana no está conforme es con las razones que les dieron los victimarios, quienes lo tildaron de pertenecer a la delincuencia común del municipio de Puerto Tejada. Para ella, su esposo era, y sigue siendo, una persona correcta y trabajadora. Otra queja de Ana es que "ha visto el proceso muy lento porque el caso fue confesado hace dos años y todavía no pasa nada". Ese caso y otros más de Puerto Tejada fueron imputados el año pasado, pero Ana sigue a la espera de la sentencia que le permita acceder a una reparación con la cual al menos les pueda comprar una casa a sus hijos.
Un funcionario de la Fiscalía explica que lo dicho por los postulados no implica que se haya demostrado algo. "Ellos han reconocido que mataban por sospecha y sin verificar la información con la que señalaban a las víctimas. Acá no estamos para investigar a las víctimas", agregó el funcionario, quien siempre le hace esa claridad a las personas que atienden a las audiencias.
Ese funcionario destaca como un avance en materia de verdad que no sólo se ha podido sacar de la impunidad numerosos delitos que reposaban archivados en diferentes despachos judiciales y documentar la sistematicidad con la que los paramilitares cometieron crímenes para infundir terror en las poblaciones que controlaron, sino que también ha salido a la luz pública información sobre terceras personas e instituciones que participaron y fueron cómplices del Bloque Calima.
En ese sentido, los desmovilizados han salpicado a policías y militares de los sitios en donde delinquieron. Aseguran que les permitieron cometer numerosos crímenes. Algunos de los oficiales más nombrados pertenecieron a la Tercera Brigada del Ejército y al Batallón Pichincha con sede en Cali y están vinculados a la masacre de El Naya de 2001.
El pasado 21 de junio la Fiscalía 21 de Derechos Humanos dictó orden de captura contra el capitán (r) Mauricio Zambrano Castro, quien fue señalado de ayudar a coordinar la masacre. En ese proceso también están vinculados Tony Alberto Vargas, el entonces comandante del Batallón Pichincha, y el general Francisco René Pedraza, ex comandante de la Tercera División del Ejército.
Fue Armando Lugo, alias 'El Cabezón', y otros desmovilizados quienes hicieron estas denuncias contra los militares. El caso de Lugo es especial, porque recientemente la Fiscalía 40 de Justicia y Paz les pidió a los magistrados que lo excluyeran del proceso de justicia transicional porque desde la cárcel intentó extorsionar a la ex congresista Dilian Francisco Toro y al senador Luis Fernando Velasco para no vincularlos con sus versiones libres.
En otras versiones libres, Veloza, alias 'HH', negó varias declaraciones que Lugo hizo sobre políticos, pero en diciembre del año pasado 'HH' reconoció varios señalamientos que hizo Lugo contra miembros de la Fuerza Pública.
Una defensora de derechos humanos que tiene casos de víctimas del paramilitarismo en Cauca y Valle del Cauca, cuestiona los aportes del proceso en materia de verdad, "porque la verdad que queríamos escuchar todos eran los nexos entre militares, empresarios y políticos, se esperaba y no se ha escuchado. Saber sobre los ingenios (azucareros), los Holguín, los Chaux, los Mosquera, esa verdad nuca se ha dicho, y si se dijo, está a medias".
La mayoría de los postulados han dicho que no se enteraron de relaciones con empresarios o políticos con las autodefensas, porque esa tarea era de sus superiores o de quienes ellos designaran. Según lo dicho en Justicia y Paz, el jefe político del Bloque Calima fue 'Fernando Político', un ex guerrillero del Frente 30 de las Farc que cambió de bando y era el encargado de la mayoría de contactos con terceras personas. Este ex paramilitar fue asesinado antes de la desmovilización en 2004, y se llevó sus secretos a la tumba.
A parte de 'El Cabezón', 'HH', antes de ser extraditado, había asegurado que varios empresarios y políticos habían sido cómplices de las autodefensas. El extraditado jefe paramilitar contó que el Bloque Calima tuvo el apoyo de personas del ingenio azucarero San Carlos. De acuerdo con su versión, el contacto con las personas de ese ingenio lo hizo por medio de alias 'El Rolo', jefe paramilitar en los municipios de Tuluá y El Darién. Entre las personas que 'HH' mencionó del ingenio San Carlos se encuentran Ramiro Rengifo, ex jefe de seguridad; María Clara Naranjo, gerente en 2001; Bernardo Tezna, gerente entre 2003 y 2004, y Andrés Orozco.
Sobre Ramiro Rengifo, 'HH' dijo que fue nombrado como jefe de seguridad del ingenio por solicitud de alias 'El Rolo', y fue el encargado de señalarles a varias personas que el Bloque asesinó. "Era el que daba la información de los sindicalistas en Bugalagrande, de tantos sindicalistas muertos que hemos hablado acá", señaló 'HH' en una versión libre.
Según el extraditado jefe paramilitar, de ese ingenio azucarero el Bloque Calima recibió aportes mensuales de 20 millones de pesos por intermedio de alias 'El Rolo'. También dijo que a cambio de esos aportes, las Auc le prestaron seguridad a María Clara Naranjo Palau en una finca ubicada en Calima-El Darién. El extraditado ratificó esos señalamientos años después, durante el juicio al ex senador Juan Carlos Martínez. (Ver artículo).
Para la creación de un grupo paramilitar en Cauca y otro en el Kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura, 'HH' mencionó que el Bloque contó con los aportes económicos de Manuel Mosquera, tío del ex senador y ex embajador en República Dominicana Juan José Chaux; Carlos Castro, ganadero y ex presidente de la Plaza de Toros de Cali; y del periodista Fernando Piano, entre otros.
De las personas señaladas por 'HH', han sido condenadas el ex alcalde del municipio caucano de Mercaderes Luis Hernando Guerrero Santacruz, el jefe de seguridad del ingenio San Carlos y el ex senador Juan Carlos Martínez. El ex gobernador de Cauca Juan José Chaux está siendo enjuiciado por la Corte Suprema de Justicia.
Un miembro de la Policía Judicial que ha investigado los casos le confirmó a VerdadAbierta.com que, aparte de estas personas y de los militares que pudieron estar implicados en la masacre de El Naya, a los demás señalados en Justicia y Paz no les han abierto ningún proceso formal y algunas sólo rindieron indagatoria hace años ante la justicia ordinaria.
Otro de los aportes del proceso de justicia transicional a la verdad fue la reconstrucción sobre cómo fue la llegada de los paramilitares de los hermanos Castaño, y cómo a punta de bala y terror, desde el centro de Valle del Cauca, se tomaron localidades en los departamentos de Cauca, Huila y Quindío. (Haga clic aquí para ver una detallada infografía interactiva).
Al hacer esta reconstrucción, la Fiscalía encontró y judicializó varios crímenes que no fueron denunciados ante las autoridades cuando ocurrieron, porque las víctimas temían sufrir retaliaciones. Uno de los casos más impresionantes es el de la comunidad de la vereda El Carmen de Piendamó, en Cauca. Para protegerse de un ataque guerrillero en 2001, los paramilitares secuestraron a toda su población y la usaron como escudo humano. (Ver artículo).
Un abogado que ha seguido el proceso de cerca, le dijo a VerdadAbierta.com que en Justicia y Paz se han logrado grandes avances en demostrar la sistematicidad, reconstruir cómo fue el accionar del Bloque Calima y sacar cientos de crímenes de la impunidad. Advierte, sin embargo, que encontrar toda la verdad será imposible, porque se estima que a lo largo del tiempo por el grupo ilegal pasaron entre 1.000 y 2.000 combatientes, de los cuales muchos están muertos o no se tiene idea de su paradero, y cada uno fue testigo de una guerra que no será contada.