En lo que corresponde al Bloque Calima, Justicia y Paz sólo ha realizado un incidente de reparación previo a la sentencia de Gian Carlo Gutiérrez en noviembre de 2011. En dicha audiencia, los defensores de las víctimas tasaron los daños morales y materiales que sufrieron los familiares de 27 víctimas que fueron asesinadas en Cauca y Huila.

Más allá de las indemnizaciones y de las ayudas provenientes del Estado, varias de las víctimas expresaron que es clave que la sociedad conozca cómo fueron los hechos en los que murieron sus seres queridos para que ninguna otra familia vuelva a vivir en carne propia sus tragedias. También pidieron placas en las que se exalten la memoria y el buen nombre sus familiares, quienes fueron asesinados por falsos señalamientos por parte de los paramilitares. Así mismo, pidieron que sus victimarios se retracten en público de dichas acusaciones y se comprometa a no perseguirlos ni atacarlos en el futuro.

El daño material o perjuicio patrimonial fue tazado por un perito de la Defensoría del Pueblo teniendo en cuenta el lucro cesante y el daño emergente de cada caso. El primero consiste en calcular los salarios que la víctima habría ganado durante toda su vida si no hubiera sido asesinada por los paramilitares, mientras que el daño emergente está relacionado con el los gastos en que los familiares de la víctima incurrieron como consecuencia de los hechos delictivos.

En los casos de las víctimas que no pudieron demostrar cuánto dinero usaron para los gastos funerarios, el perito solicitó que se cancelen dos mil dólares americanos bajo el concepto de presunción, como lo estableció la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que condenó al Estado colombiano por la masacre de La Rochela.

El daño inmaterial o perjuicio extramatrimonial, también conocido como moral, fue tazado por el perito teniendo en cuenta el monto que estableció el Consejo de Estado en una sentencia del 20 de febrero de 2008, en el cuál fijó un tope de indemnización de mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, y varía teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso y sus familiares.

Aparte de la indemnización, los defensores les pidieron a los magistrados que les otorguen tratamientos médicos y psicológicos gratuitos a las víctimas para que puedan superar sus traumas, además de subsidios de vivienda, becas en universidades públicas y demás medidas que les permitan reconstruir sus vidas. También pidieron medidas de reparación simbólicas y garantías de no repetición.

Esta era la ruta que las víctimas tendrían en Justicia y Paz para ser reparadas por vía judicial. Pero a raíz de la falta de recursos del Fondo de Reparación, debido a los exiguos aportes de los desmovilizados y al mal manejo que les dieron las autoridades a los bienes entregados, el Consejo de Estado dijo que la Nación no podía indemnizar a las víctimas del paramilitarismo.

'HH' entregó 12 bienes para la reparación de las víctimas de los bloques Bananero y Calima, pero la mayoría de ellos perdieron su valor comercial (ver artículo). Otro desmovilizado que aportó al Fondo de Reparación fue 'El Fino', quien entregó un par de bienes ubicados en Valle del Cauca.

Por esta razón, y con motivo de la reforma a la Ley de Justicia y Paz -por medio del decreto Ley 1592 de 2012- el incidente de reparación fue cancelado y este punto será solventado por la reparación administrativa trazada en la Ley de Víctimas.

"Lo único positivo que podía tener Justicia y Paz era el incidente de reparación y la reparación por vía judicial, pero ahora quedó en nada. La Ley de Víctimas la vemos como un auxilio del Estado, no como reparación", le dijo a VerdadAbierta.com una defensora de derechos humanos que tiene procesos de víctimas de Cauca y Valle del Cauca.

Por esta razón, algunas víctimas consideran que les hicieron perder años de trámites en Justicia y Paz, para finalmente no acceder a la reparación que la Ley les había otorgado por derecho. "Hicieron un cambiazo y nos metieron los dedos en la boca a todos", dijo una víctima indignada.

Paradójicamente, el primer caso en el que ya no se realizará incidente de reparación previo a la sentencia de un postulado es el de 'HH', pero no con relación a sus víctimas en Valle y el Cauca, sino con las víctimas que dejó en el Urabá antioqueño cuando encabezó al Bloque Bananero. (Ver artículo).

Por otro lado, como medida de reparación, los ex paramilitares han contribuido con sus confesiones al esclarecimiento de numerosos crímenes y a la ubicación de las personas que desaparecieron a lo largo y ancho del suroccidente colombiano. La Fiscalía de Justicia y Paz ha exhumado 133 fosas del Bloque Calima, ha encontrado 86 restos óseos, le ha tomado muestras de ADN a 58 y ha devuelto los restos 40 personas a sus familiares. Hasta el pasado mes de febrero, 17 postulados habían participado en la búsqueda de las fosas. El 21 de marzo de este año Justicia y Paz les entregó a varias familias los restos óseos de sus seres queridos que estuvieron desaparecidos durante años.