Los fusiles del Bloque Calima se silenciaron el 18 de diciembre de 2004, cuando 564 hombres entregaron sus armas en el corregimiento de Galicia (Bugalagrande, Valle del Cauca) y se acogieron al proceso de Justicia y Paz. A partir de ese momento, las víctimas y las instituciones encargadas del proceso de justicia transicional, empezaron a librar una ardua lucha: reconstruir la historia de ese grupo ilegal, establecer los daños y las víctimas y conseguir que quienes sufrieron su violencia en Cauca, Valle del Cauca y alrededores fueran reparados.
El proceso de justicia transicional, que se sustenta en la Ley 975 de 2005, también conocida como Ley de Justicia y Paz, ha tenido que sortear con toda clase de obstáculos. En el caso del Bloque Calima, los problemas arrancaron desde el inicio. Si bien poco más de 500 hombres entregaron las armas, sólo 23 de ellos fueron postulados para que confesaran sus crímenes y respondieran ante sus víctimas. (Ver artículo).
Esto ocasionó que gran parte de los crímenes que cometieron los paramilitares en el suroccidente del país, quedara por fuera del alcance de los funcionarios de Justicia y Paz. Ante esa situación, la Fiscalía sólo pudo escuchar en versión libre a un puñado de ex combatientes y llevar a otros cuantos ante los magistrados para que respondieran por sus culpas.
Otro problema es que la participación de quién se desmovilizó como el jefe máximo del bloque, Éver Veloza García, alias 'HH', ha estado llena de sobresaltos. En un principio, 'HH' se dio a la fuga cuando el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe les ordenó a los jefes paramilitares recluirse en la cárcel de La Ceja, en Antioquia. Luego, en abril de 2007, fue capturado y en octubre empezó a ponerse al día con Justicia y Paz, rindiendo un total de nueve versiones libres en ese año. En 2008 'HH' rindió versiones libres durante siete meses; y en 2009, ante su inminente extradición, confesó crímenes casi a diario entre finales de enero y el mes de febrero. Finalmente fue enviado a Estados Unidos el 5 de marzo para que respondiera ante la justicia de ese país por delitos asociados al narcotráfico.
Aunque en sus últimos años de estadía en Colombia Veloza rindió varias indagatorias ante Justicia y Paz, buena parte de ellas correspondieron a hechos del Bloque Bananero, puesto que también fue jefe de ese grupo que existió en el Urabá antioqueño. Sólo hasta finales de 2012, el extraditado volvió a dar su versión de los hechos atribuidos al Bloque Calima desde Estados Unidos. En lo corrido de este año no ha confesado en versión libre.
Ya sin 'HH', la Fiscalía se concentró en procesar a los ex combatientes que tenía a su alcance. A mediados 2010 sólo había recibido versiones de 13 postulados y tan sólo cinco habían tenido imputación de cargos ante el Tribunal de Justicia y Paz. Además, el proceso que más había avanzado ante los magistrados fue devuelto a su etapa inicial, porque la Corte Suprema de Justicia decretó nulidad de los cargos formulado a Gian Carlo Gutiérrez Suárez, alias Pirata. En esa sentencia, el alto tribunal consideró la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad para que ayudara a reconstruir la memoria del conflicto armado. (Ver artículo).
La escasez de postulados, y por ende de crímenes confesados, cambió a partir de los últimos meses de 2010, cuando otro centenar de paramilitares que estaban presos en diferentes cárceles del país, fueron postulados al proceso de justicia transicional. El decreto 4719 de 2008 había cambiado el mecanismo para la postulación de ex combatientes. Así, si antes tenían que ser reconocidos por sus jefes o comandantes, a partir de esta norma, éstos pueden pedir de manera individual al gobierno que los admita en la justicia transicional.
En ese último grupo de postulados llegaron desmovilizados clave para el proceso como Elkin Casarrubia Posada, alias 'El Cura', quien fue la mano derecha y segundo al mando de 'HH'; Juan Mauricio Aristizábal, alias 'El Fino', hombre de confianza de 'HH' para manejar los dineros; Armando Lugo, alias 'El Cabezón', quien fue encargado de entablar nexos con la Fuerza Pública; varios mandos medios como José Ruperto García, alias 'El Gato', y Jair Alexander Muñoz Borja, alias 'Sisas'; además de decenas de paramilitares rasos responsables directos de cientos de crímenes.
Con ese alto volumen de postulados, la Fiscalía 18 de Justicia y Paz empezó a escuchar versiones de los recién llegados, de manera colectiva para avanzar en el proceso. Ante el gran número de ex paramilitares que llegaron a confesar sus delitos y para poder verificar lo que decían, en mayo de 2011 la Unidad de Justicia y Paz de Cali fue ampliada con nuevos grupos de investigadores y con dos fiscalías más: la 40 y la 53.
Desde ese momento los tres despachos empezaron a recibir las versiones de manera colectiva que delinquieron en los mismos sitios y en las mismas fechas, para documentar la mayor cantidad de crímenes y procesarlos ante los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz. Bajo esa dinámica, entre marzo y abril del año 2012, las tres fiscalías de Cali les imputaron 390 hechos criminales a 89 postulados, dando inicio a un juicio amplio, en el que fueron judicializados desde casos de asesinatos selectivos, hasta cruentas masacres y tomas prolongadas en pueblos aislados.
En junio de 2012, los fiscales de Justicia y Paz, también realizaron otra imputación colectiva a 70 postulados (la mayoría de ellos procesados en la anterior audiencia) por la masacre de El Naya, varios homicidios en Huila y otros casos en Valle del Cauca.
Víctimas descontentas
A pesar de estos avances en los últimos años, varias organizaciones sociales y víctimas cuestionan los alcances y la lentitud de Justicia y Paz. Cuestionan el poco número de víctimas que han sido reconocidas de manera rápida para que los procesos puedan avanzar y se llegue a las audiencias de reparación.
Aseguran además, que en la práctica para ser reconocidas, un desmovilizado tiene que haber confesado el hecho del que fueron víctimas. No obstante, funcionarios encargados de esa tarea consultados por VerdadAbierta.com, explicaron que la confesión del hecho no es un requisito indispensable para la acreditación, sino que son necesarios los documentos que sustenten que una persona es víctima. También lo es que el hecho haya ocurrido en las zonas y años en los que delinquió el grupo paramilitar.
Hasta febrero de este año, 1.163 víctimas habían sido acreditadas por Justicia y Paz como tales. Este es un problema es similar en otras regiones y despachos del país. Según el Centro Internacional de Toledo para la Paz, sólo el 12 por ciento del total víctimas registradas en Justicia y Paz ha sido reconocido como tal. (Ver artículo).
Otra dificultad que han encontrado las víctimas es la poca velocidad con la que avanza el proceso judicial. En algunos casos sus crímenes no son confesados por los paramilitares y se quedan estancados; en otros, tienen que sortear las prolongadas etapas judiciales ante los magistrados de Bogotá –en Valle del Cauca y Cauca no hay Tribunal de Justicia y Paz- y en muchas ocasiones no tienen los recursos para asistir a las audiencias. (Ver entrevista).
El Bloque Calima todavía no cuenta con una sentencia en pie en Justicia y Paz. En septiembre del año pasado Gian Carlo Gutiérrez fue condenado a una pena alternativa de ocho años de cárcel, pero la defensa de las víctimas apeló el fallo y el caso está siendo estudiado por la Corte Suprema, la cual deberá decidir si sostiene la condena.
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