El ganadero condenado por patrocinar la llegada de las Auc a tierras vallenatas, de ser testaferro de ‘Jorge 40’ y de despojar tierras, no ha pagado un día de cárcel en Colombia y está prófugo de la justicia. En cambio, negoció su pena en Estados Unidos por narcotráfico. Lo paradójico es que fue incluido en el Registro Único de Víctimas.
El nombre de Hugues Rodríguez no resulta familiar para la mayoría de los colombianos. Ni su nombre, ni su alias –‘Comandante Barbie’–, figuran en los organigramas criminales del paramilitarismo en la Costa Caribe. Pero en el Cesar no han olvidado quién fue este personaje de la élite vallenata en tiempos de confrontación armada.
Aunque Rodríguez salió del país luego ser acusado de delitos asociados al tráfico de droga a Estados Unidos, su nombre sigue presente en varias de las denuncias por despojo de tierras en el llamado corredor minero del Cesar. Los reclamantes prefieren no decir su nombre en voz alta porque saben que conserva su poder en la región y temen que les impida regresar a sus parcelas.
En Estados Unidos negoció con la justicia, pero en Colombia sigue prófugo de la justicia que lo condenó por promover grupos paramilitares. Esto no impidió, sin embargo, que fuera declarado como víctima del conflicto y, por consiguiente, inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV).
Hugues, escondido en algún país de Latinoamérica, sigue al tanto de sus negocios en Colombia. Según personas que lo han contactado, teme perder sus bienes y por eso no tiene interés en presentarse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el escenario judicial en el que se espera comparezcan no solo los guerrilleros de las Farc, sino todos aquellos que participaron de la guerra, entre ellos algunos empresarios.
‘Barbie’ ha dicho que la persecución en su contra es un complot orquestado por sus enemigos. “Increíble, después de ser un empresario del campo conocido por todo el mundo, pasé a ser un miembro de una organización armada y pedido en extradición por USA”, dice el testimonio que aportó a la Procuraduría Provincial de Valledupar el 14 de abril de 2014 en su proceso de búsqueda de reconocimiento como víctima ante la Unidad de Víctimas. La historia, sin embargo, es más compleja y tiene aún muchos cabos sueltos.(Ver Testimonio)
¿De ganadero a auspiciador de las Auc?
Desde la década de los sesenta, los Rodríguez Fuentes han sido reconocidos en el departamento por ser los dueños de un emporio ganadero y lechero. Hugues Rodríguez (padre) y su esposa, Icha Fuentes de Rodríguez, fueron de los pocos que le apostaron a este negocio en tiempos de auge algodonero en el Cesar.
La pareja tuvo seis hijos, pero fue el cuarto quien heredó el nombre de Hugues Rodríguez: el primer hijo hombre. Fue él quien se hizo cargo de la empresa familiar en 1979, cuando su padre murió de leishmaniasis. Por eso, con tan solo 16 años de edad, abandonó el colegio.
Su entrada al negocio familiar coincidió con la caída del precio internacional del algodón y su impacto en el en el Cesar. La ganadería fue de las pocas actividades que se mantuvo a flote. “Por un solo novillo gordo que vendía para matadero, reemplazaba cuatro y hasta cinco terneros”, contó Rodríguez en su testimonio.
El ganadero se casó con María Consuelo Pavajeau, quien había quedado viuda tras la muerte de su esposo, Carlos Olivella Celedón. María Consuelo tuvo en su primer hogar dos hijos, a Jaime Luis y Carlos Juan Olivella Pavajeau, y con Hugues tuvo otros dos hijos.
Con un patrimonio creciendo, la familia Rodríguez Fuentes no pudo escapar de las afectaciones del conflicto armado que se vivía a finales de los ochenta en la región. La guerrilla del Eln, que había sido históricamente fuerte en el sur del Cesar, se expandió en el resto del departamento y pronto comenzaron a extorsionar a Hugues. Según contó a la Unidad de Víctimas, entregó dinero los primeros meses, pero optó por detener los pagos cuando comenzaron a exigirle mayores cantidades. Contrató entonces a cuatro escoltas para proteger a su familia de las constantes amenazas que recibía.
En 1994 sus hermanos regresaron de estudiar en el exterior y decidieron dividir la herencia en partes iguales. Cada uno le dio un 3% de su parte a Hugues por haberse hecho cargo de los negocios. Diez años antes, Rodríguez ya había creado su propia empresa: Rodríguez Fuentes S.A. La misma que años más tarde se vería envuelta en demandas por despojo de tierras.
Las amenazas no cesaron y la tragedia llegó. El 13 de diciembre de 1995, Margarita Rosa Rodríguez Fuentes fue secuestrada por el Frente 6 de Diciembre del Eln cuando salía de su consultorio odontológico. Maigo, como le gustaba que la llamaran, acababa de regresar a Valledupar después de terminar sus estudios de pregrado en México y de especialización en Agentina.
La familia nunca recibió pruebas de supervivencia, pero sí les exigieron un valor por su rescate. Aunque pagaron el dinero, Margarita no fue liberada. Más tarde se enteraron de que la habían matado tres meses después de su secuestro en un lugar remoto de la Sierra Nevada de Santa Marta, que su cuerpo fue cubierto con hojas de plátano y que pasaron varios meses para que los guerrilleros regresaran a enterrarla. Incluso después de asesinar a Margarita, el Eln insistía en recibir un pago.
En una entrevista a VerdadAbierta.com en 2010, Hernando de Jesús Fontalvo, alias ‘Pájaro’, quien fue escolta de Salvatore Mancuso y de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, contó que Hugues lo buscó preguntándole por el paradero de su hermana Margarita. Los paramilitares lo llevaron a hablar con un comandante del Frente 6 de Diciembre del Eln que habían retenido, pero no obtuvo respuestas.
Cuando Mancuso y sus ‘paras’ eran pobres
El cuerpo le fue entregado a la familia en abril de 1997 con la intermediación de la Cruz Roja Internacional. “Mis hermanos y yo moriremos con ese dolor. Para que lo entiendan hay que sufrirlo. Es una herida abierta que nunca cierra”, dijo su hermana, Elisa Clara Rodríguez Fuentes en una reciente entrevista al diario El Pilón, de Valledupar.
Nota de El Pilón: Murió pensando en la paz
En medio de esa tragedia, Hugues Rodríguez hizo sus primeros acercamientos con los grupos paramilitares que empezaban a extenderse en la Costa Caribe colombiana. Rodríguez era amigo de infancia de Rodrigo Tovar Pupo, conocido primero como ‘Papa Tovar’ y después como ‘Jorge 40’, cuando pasó a ser la cabeza a las Auc en el Cesar. Juntos crecieron en Novalito, un barrio de clase alta en Valledupar.
Versiones de varios exparamilitares coinciden en que Hugues Rodríguez y Jorge Gnecco fueron quienes patrocinaron la llegada de las Auc al Cesar. ‘Pájaro’ asegura que el ganadero estuvo presente en una visita de Salvatore Mancuso al Cesar en 1996. En ella, se habría comprometido, junto a varios empresarios más, a aportar dinero a la organización paramilitar.
Luego de la reunión, Mancuso y ‘Jorge 40’ llegaron a un acuerdo, y a comienzos de septiembre de 1996 llegó desde Córdoba el primer grupo de 11 hombres armados al Cesar. Según la Fiscalía, para los paramilitares no fue fácil llegar a Magdalena y Cesar porque aún no tenían suficientes hombres, por eso se inventaron lo que ellos llamaron “operaciones avispa”: actuaban en equipos pequeños y en diferentes municipios.
El paso de Salvatore Mancuso por la guerra
Como en otras regiones del país, en el Cesar también se constituyeron cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir, figura que le permitió a los paramilitares organizarse y moverse con libertad bajo la legalidad. En diciembre de 1996, Jorge Gnecco creó la Convivir Guaymaral Ltda. y Hugues Rodríguez la Convivir Salguero Ltda. Dos meses antes, Fuentes había registrado una empresa con el mismo nombre que tenía como socios a toda su familia.(Ver certificados de Salguero Ltda.)
Las Convivir fueron creadas legalmente bajo el Decreto 356 de febrero 11 de 1994, pero después de ser demandada, la Corte Constitucional les exigió entregar las armas en diciembre de 1997. El mismo año en que toda su familia decidió vender sus acciones y darle mayor poder a Hugues en la empresa.
En marzo de 1998, la razón social de Salguero Ltda cambió y pasó a llamarse Constructora Las Vegas. El mismo año, Hugues dejó la gerencia de la empresa. En su reemplazo entró Jaime Blanco Maya, socio de la empresa y amigo del ganadero. Maya, hermano medio del contralor general Edgardo Maya, tenía el contrato de suministro de alimentos de la mina La Loma, operada por Drummond, y fue un asiduo colaborador de los paramilitares, como él mismo lo ha reconocido. Ver declaración
A la par que se extendieron los paramilitares por el Cesar, fueron creciendo las empresas de ‘Barbie’. Constituyó una decena de firmas, todas con sede en la misma oficina, con múltiples razones sociales y con sus familiares (incluso menores de edad) como socios. Varias de ellas se encuentran hoy en procesos de extinción de dominio y otras en litigios judiciales. Sin embargo, es difícil calcular la cantidad de propiedades que tendría a nombre de terceros en Colombia.
Luego de que Hugues se enterara de su proceso en Estados Unidos, algunas de estas empresas pasaron a ser representadas por su hijastros. En medio de la pelea judicial, la familia de Rodríguez ha logrado que se levanten totalmente las medidas cautelares de Carbones Sororia y de Inversiones San Carlos. Parcialmente de Constructora Las Vegas.
A pesar de todo, Hugues ha negado rotundamente haber tenido algún tipo de nexo con los paramilitares en el Cesar, incluso, asegura que fue víctima de sus extorsiones. Sin embargo, su nombre resuena en algunos de los episodios más dolorosos de la historia de este departamento.
Su paso por la guerra
En junio de 1997, Tovar Pupo se convirtió en combatiente uniformado y de tiempo completo de una unidad de las Auc en el Cesar; nombró como su segundo al mando a Juan Andrés Álvarez Pastrana, alias ‘Daniel’, quien venía del desmovilizado grupo guerrillero Epl. Este último murió en un enfrentamiento con el Ejército y en su honor, ‘Jorge 40’ bautizó con su nombre el grupo paramilitar que comandaba.
La historia del Juan Andrés Álvarez
Bajo el mando de Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’, este frente de las Auc intensificó su presencia en todos los municipios del corredor minero: Becerril, la Jagua de Ibirico, Chiriguaná, El Paso y San Diego. En esta zona existían varias parcelaciones tituladas a campesinos en épocas de reforma agraria y fue allí donde se intensificaron los desplazamientos masivos.
Así sucedió en El Toco en 1997, una parcelación del municipio de San Diego, donde los labriegos que estaban en medio de un proceso de titulación huyeron luego de que mataran a sus líderes. De acuerdo con un estudio del extinto Incoder, luego de que les quitaran las tierras a los campesinos, fue Hugues Rodríguez Fuentes quien explotó por lo menos 27 de las 55 parcelas entre 2000 y 2006. Los parceleros aseguran que utilizó un bulldozer con el que arrasó las cercas de las parcelas y puso a pastar ganado de su empresa, Inversiones Rodríguez Fuentes S.A.
La historia de una reforma agria
Durante el juicio de restitución, varios campesinos confirmaron que usó las tierras bajo una figura de arrendamiento. Algunos le explicaron al juez que Rodríguez les prometió comprarles las tierras, pero nunca les pagó. A otros les entregó montos de cinco a siete millones de pesos por parcela.
El 9 de marzo de 2000 sucedió otro hecho trágico para el Cesar. Los paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez desaparecieron a siete funcionarios del CTI que salieron de comisión a la trocha de Verdecia, la vía que une a Codazzi con Chiriguaná.
Para averiguar por el paradero de estos funcionarios, un investigador del CTI fue enviado para infiltrarse en la zona. Su conclusión fue contundente: “Hugues Rodríguez es el jefe de finanzas de las autodefensas del Cesar las cuales son comandadas por un sujeto que llaman ‘Papa Tovar’ o Chavita (‘Jorge 40’)”, indicó la declaración que entregó al Tribunal Superior de Bogotá el 31 de octubre de 2001. Su investigación lo llevó a concluir que Rodríguez tuvo que ver con la desaparición de los funcionarios.
Según dijo ante los estrados judiciales, en su viaje de campo conoció a Irina Esther Brito, viuda de Hugo Manuel Guerra Cabrera y prima de Hugues Rodríguez. En mayo del 2000, los paramilitares asesinaron y desaparecieron los cuerpos de Guerra, que era el contratista de alimentación para Drummond, y de Wilfrido Javier Coronado Jiménez. La mujer le contó al investigador que, en medio de su desesperación, le pidió a su primo Hugues que le ayudara a recuperar los restos de su pareja. Rodríguez le ordenó a ‘El Tigre’ que permitiera la exhumación de cadáver de Guerra.
“Hugues Rodríguez tiene que ver tanto con el homicidio de los compañeros del CTI como con la muerte de Hugo Guerra”, concluyó el investigador. Aseguró en su momento que los pobladores sabían lo que estaba pasando en la mina La Loma y quién estaba ordenando los asesinatos, pero tenían miedo de hablar.
Luego de una extensa investigación, la Fiscalía acusó a Jaime Blanco Maya, socio de Hugues, de autor intelectual. Según el ente investigador, los paramilitares lo mataron para que Blanco se pudiera quedar con el contrato de alimentación de Drummond. Maya se encuentra actualmente en la cárcel La Picota pagando una pena de 38 años por el homicidio de dos sindicalistas de Drummond.
Blanco Maya ha aceptado que fue intermediario entre los paramilitares y la multinacional; en cambio, Hugues ha desmentido las acusaciones en su contra y niega haber sido parte de esa estructura criminal.
Para algunos exparamilitares que hoy están postulados a la Ley de Justicia y Paz, en cambio, es claro que el ‘Comandante Barbie’ era su jefe. “Lo llamábamos a Hugues con el alias de la ‘Barbie’, una vez me dijeron que la orden que diera 'Barbie' la cumpliera”, contó en una versión ante fiscales Javier Ernesto Ochoa Quiñónez, conocido como ‘El Mecánico’. “Ese señor no era un colaborador, él era jefe. Lo que él decía era una orden para nosotros”, contó otro desmovilizado.
El nombre de Hugues también estuvo relacionado con la masacre de la parcelación El Prado, en la Jagua de Ibirico. Esta finca, rica en carbón, había sido ocupada en 1996 por familias colombianas que llegaron deportadas desde Venezuela.
Carbón y sangre en las tierras de ‘Jorge 40’.
El 20 de mayo de 2002, un grupo de paramilitares entró a este predio y obligó a los campesinos a desplazarse. Amarraron a cinco de los líderes de la parcelación y los llevaron hasta la finca El Carmen, en Becerril, de propiedad de Hugues Rodríguez, y los mataron. “Los mataron en El Carmen y se usó la maquinaria del dueño de la finca para transportar los cadáveres, para desaparecerlos”, dijo a VerdadAbierta.com una persona que conoció del caso.
La finca El Carmen era reconocida por los campesinos como una de las bases donde vivían los paramilitares de las Auc. Dos días después de la masacre, en esta misma finca, el Ejército se enfrentó con el grupo paramilitar y capturó a 13 de sus miembros. La explicación que dan algunas personas en la región sobre este suceso es que a la zona había llegado un nuevo grupo del Ejército que aún no trabaja en conjunto con los ‘paras’. Los detenidos fueron enviados a la cárcel y a los pocos meses quedaron en libertad. Al parecer fue el propio Hugues y otros trabajadores quienes declararon ante las autoridades que era gente que laboraba en su finca.
Rodríguez ha aprovechado este episodio para defenderse. Según el testimonio que entregó a la Unidad de Víctimas, fue él quien entregó información al Ejército sobre los paramilitares. Sin embargo, no precisa por qué su finca se había convertido en una base del Frente Juan Andrés Álvarez de las Auc.
Varios también son los episodios en los que ‘Barbie’ habría servido de intermediario entre las Auc y sus víctimas. Investigaciones judiciales posteriores han mostrado, por ejemplo, que cuando los paramilitares asesinaron a Luis Ángel Manrique, en enero de 2003, le robaron 520 cabezas de ganado que fueron transportadas a la finca de Rodríguez. Los familiares acudieron a ‘Barbie’, pues no se atrevían a regresar a la finca, y fue éste quien ocupó la finca con su propio ganado y les pagó un contrato de arrendamiento.
A comienzos de 2003 lo contactó también Marilis Hinojosa, quien se desempeñaba como Juez de Becerril. Para ese momento, Hinojosa sabía que los paramilitares querían matarla. La razón, según algunos desmovilizados, era la relación sentimental de su sobrina con el guerrillero Ovidio Ricardo Palmera, conocido con el alias de ‘Simón Trinidad’. Para otros, se trató de un intento por detener al candidato que la jueza impulsaba para la alcaldía de Becerril, pues le hacía contrapeso al candidato de las Auc. Incluso, de acuerdo con versiones judiciales, el propio Hugues la intentó convencer de que retirara a su candidato.
Hinojosa y Hugues se reunieron en la oficina de este último, frente al Comando de la Policía de Valledupar. Según se dijo, para “negociar su vida”. Allí estuvo también Óscar Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, quien para entonces era el jefe paramilitar del Frente Juan Andrés Álvarez. Sin embargo, el 23 de enero de 2003, mientras conducía un automóvil, a la juez le dispararon en 12 oportunidades en la vía que de Codazzi conduce a Becerril.
Y es precisamente por la muerte de la Juez Hinojosa que la justicia le abre la primera investigación penal a ‘Barbie’ en Colombia. Pero, el verdadero detonante de su situación judicial fue el pedido de extradición solicitado por las autoridades de Estados Unidos.
Misterioso proceso en EE.UU.
En 2004, la justicia norteamericana expidió orden de captura en contra de Hugues Rodríguez. Su nombre fue incluido en la investigación que avanzaba en este país contra ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo, exjefe del Frente Resistencia Tayrona de las Auc. Se le acusaba de ser parte de una organización que, desde 1996, “transportaba cantidades múltiples de cocaína en embarcaciones marítimas conocidas como 'lanchas rápidas’”
Hugues dice haberse enterado de este proceso a través de Iván Fernando Pérez Fuentes, primo en segundo grado, quien estaba afrontando un proceso judicial en Estados Unidos. De nuevo aseguró que todo era un complot, pues según él, obedecía a una revancha personal de su pariente. Hizo los primeros contactos con la justicia americana y supo que tenía que resolver la situación antes de que fuera capturado y se avalara su extradición.
Rodríguez salió del país y sostuvo varias reuniones con sus abogados; se refugió en Venezuela y luego en Curazao, antes de entregarse a la justicia americana el 1 de febrero de 2008. Tres meses después, el 13 de mayo de 2008, el gobierno de Álvaro Uribe ordenó la extradición de 14 exjefes paramilitares, entre ellos, ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo.
En el escrito de acusación del 6 de febrero de 2008 se consignó que Hugues Rodríguez trabajó con y para ‘Jorge 40’ como el encargado de los aspectos financieros del tráfico de drogas: "Rodríguez Fuentes hacía los arreglos para que las utilidades provenientes de la venta de los narcóticos se dispersaran en numerosas cuentas bancarias en Colombia y en propiedad raíz a nombre de personas que actuaban en calidad de testaferros”.
En un intento por quedar en libertad bajo fianza, mientras esperaba el juicio, comparecieron ante la justicia norteamericana dos testigos que ponían a disposición todos sus activos a favor de Hugues Rodríguez. Clara Triade Iriarte, quien se presentó como su prima, aseguró tener una casa y un condominio en College Park, Maryland, que sumaban más de 560 mil dólares, y ofreció su residencia para hospedar a Rodríguez. Gabriel Enrique Iriarte, otro primo, puso también a disposición su casa en College Park para asegurar la liberación del acusado. Sin embargo, este beneficio no le fue concedido inmediatamente.
Hugues contrató al abogado Joaquín Pérez, conocido en el mundo en Estados Unidos como el ‘abogado de los narcos’. En los estrados judiciales se ha hecho famoso por lograr acuerdos que beneficiaban a sus clientes. En junio de 2008, consiguió que el juez Reggie Walton le autorizara un juicio rápido y después un preacuerdo a favor de Rodríguez que le facilitó su libertad.
No obstante, no se fue a vivir con sus primos, como lo habían prometido. Para un reportaje de Propublica, publicado en septiembre de 2010, dos reporteras fueron hasta el condominio de College Park, a averiguar por el paradero de ‘Barbie’. “Buena suerte encontrándolo”, les advirtió uno de los primos a las periodistas. Versiones de prensa aseguran que Rodríguez tenía su propio apartamento en Maryland.
Pérez es también el abogado de ‘Jorge 40’ y de Salvatore Mancuso. La Corte En Estados Unidos intentó mostrar un posible conflicto de intereses entre los tres defendidos del abogado Joaquín Pérez. Mancuso y Rodríguez aceptaron rápidamente un acuerdo con el gobierno: se declararon culpables y se comprometieron a colaborar con el gobierno norteamericano. El único que se había negado, en un principio, era ‘Jorge 40’.
El 22 de julio de 2009, se celebró la audiencia en la que Tovar Pupo se declaró culpable de cargo de conspiración para fabricar y distribuir cocaína teniendo conocimiento de que sería enviada a Estados Unidos. Cuatro meses antes, el 26 de marzo, el Tribunal que lleva su caso, realizó una audiencia para dejar en evidencia el posible conflicto de intereses. (Ver acuerdo de culpabilidad de ‘Jorge 40’)
Rodríguez era uno de los testigos que definitivamente iba a declarar en un juicio contra ‘Jorge 40’ y Mancuso era un “testigo potencial”. La Corte sugirió como hipótesis que el abogado Pérez pudo haber disuadido a Tovar Pupo para lograr un acuerdo que le evitara ir a juicio y así impedir que sus otros clientes tuvieran que hablar. Aun así, ‘Jorge 40’ hizo caso omiso a estas advertencias y se acogió al acuerdo de culpabilidad. Casi dos años después -el 30 de junio de 2011- el exjefe paramilitar se retractó del acuerdo, pero la justicia norteamericana desestimó sus argumentos. (Ver memorando)
Del proceso de Hugues Rodríguez pocos saben. Personas que conocen del caso aseguran que llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, pero éste se encuentra bajo reserva, lo que impide conocer las razones de fondo que esgrimió el juez Walton para ordenar, en julio de 2010, el desistimiento de los cargos contra Hugues Rodríguez. (Ver: desistimiento)
Poco tiempo después, su visa en Estados Unidos fue cancelada y, a pesar de tener una condena en firme en Colombia, decidió viajar a Canadá, donde estuvo viviendo por tiempo. Se cree que actualmente, reside en un país de Latinoamérica: algunos dicen que Ecuador, otros, que en Venezuela, pero no hay certeza de su paradero.
Condenado y prófugo en Colombia
El proceso judicial en contra de la ‘La Barbie’ en Colombia comenzó en 2003, justo después del asesinato de la juez de Becerril, pero solo se resolvió cinco años después. Rodríguez aseguraba que, por el contrario, Marilis Hinojosa fue su amiga y fue a petición de ella que organizó una reunión con ‘Tolemaida’.
"El único "reproche" que puede hacérsele a mi prohijado es el de la lealtad con su amiga Marilis Hinojosa a quien le prestó su oficina y le facilitó encontrarse en ella con una persona que él no conocía, lo cual no constituye delito ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo", dijo su abogado durante el proceso judicial. A partir de entonces comenzó un proceso de extinción de dominio de sus propiedades. El proceso aún no han concluido y la pelea judicial que ha dado la familia de Hugues por algunos de estos bienes todavía continúa.
En el transcurso de la indagación, se fueron sumando nuevas investigaciones y precluyendo otras. En efecto, no se le culpó de la muerte de la jueza, pero sí de concierto para delinquir agravado por promoción de grupos de autodefensa y falsedad en documento público, pues en un allanamiento a su oficina encontraron una cédula que lo identificaba con otro nombre.
Fue así que, por estos dos delitos, un juez especializado de Valledupar lo condenó el 29 de junio de 2007 a una pena de nueve años y dos meses de prisión y 100 salarios mínimos de multa. ‘Barbie’, quien para ese entonces ya estaba fuera del país, apeló esta decisión. De acuerdo con el testimonio que envió a la Unidad de Víctimas, consideraba que su proceso estaba basado en falsos testimonios. Sin embargo, la condena fue confirmada por el Tribunal Superior de Valledupar el 16 de julio de 2008.
Ya Hugues se había entregado ante la justicia estadounidense, pero siguió la pelea y presentó (por medio de su representante en Colombia) una demanda de revisión a la Corte Suprema de Justicia y expuso nuevas pruebas: una indagatoria del mismo acusado, dos declaraciones de ‘Tolemaida’ y un informe de la Fiscalía que indica que Rodríguez no hizo parte del organigrama de las Auc.
Lo particular de las declaraciones de ‘Tolemaida es que aseguró que Hugues Rodríguez no solo no tuvo nexos con el grupo paramilitar, sino que fue una de sus víctimas por las ‘vacunas’ y que se vio obligado a pagar. Agregó, además, que no conocía a Rodríguez antes de la cita con la juez de Becerril. Sus declaraciones, sin embargo, se contradicen con lo que han dicho otros postulados a fiscales y jueces de Justicia y Paz que estuvieron bajo su mando.
Fuentes consultadas por VerdadAbierta.com aseguran que estos postulados han sido presionados para no declarar en contra de Hugues Rodríguez, incluso, sostienen que terceros allegados al empresario les han ofrecido dinero a cambio de su silencio. Aunque no existe prueba alguna de que ‘Tolemaida’ haya recibido plata por su declaración, las víctimas aseguran que no ha dicho la verdad ante los fiscales de Justicia y Paz, incluso, ha tildado de “guerrilleros” e “invasores” a los reclamantes de tierras.
Tras valorar todos los elementos del proceso, la Corte consideró que, aunque las pruebas son novedosas, eso no basta para considerar a Rodríguez inocente, por ello la condena sigue en firme, razón por la cual se niega a volver al país.
Hugues, ¿una víctima?
No hay duda alguna de que la familia Rodríguez Fuentes sufrió los embates de la violencia. El secuestro y posterior asesinato de Margarita Rodríguez fue lo que, en términos jurídicos, se conoce como un hecho victimizante. Sin embargo, la Ley de Víctimas cuenta con algunas excepciones como, por ejemplo, que las personas que hicieron parte de un grupo armado ilegal o han sido condenados por hechos que guardan relación con el conflicto armado no tienen derecho a sus beneficios.
Y a pesar de que desde junio de 2007 existía una condena contra Rodríguez relacionada con la promoción de grupos paramilitares, la Unidad de Víctimas lo incluyó en su registro el 23 de marzo de 2016. (Ver resolución)
Para conocer si no existía un impedimento en este caso concreto, VerdadAbierta.com contactó a la Unidad de Víctimas. En respuesta oficial, la entidad aseguró que a la hora de incluir a cualquier persona en el Registro Único de Víctimas se hace revisión de cuatro bases de datos: Procuraduría, Policía, Sistema de Información de las Víctimas (Vivanto) y ACR (Agencia Colombiana de Reintegración). Como en ninguna de ellas apareció reportado, decidieron aceptarlo. (Ver respuesta de la Unidad)
Lo que no valoró la Unidad es que en el mismo testimonio que les envió, Rodríguez narró detalles de su proceso en Estados Unidos por tráfico de drogas y, en Colombia, por financiación de grupos paramilitares. Así las cosas, no es coherente esta agencia estatal en el tratamiento que le ha dado a quien podría ser uno de los eslabones perdidos del paramilitarismo en Cesar y que hoy se encuentra prófugo de la justicia.
Nota de la redacción: el portal VerdadAbierta.com está abierto a escuchar la versión del señor Hugues Rodríguez Fuentes si así lo requiere. Consideramos que su versión es importante para aclarar varios de los puntos consignados en este reportaje.