La arremetida violenta perpetrada por estructuras criminales durante las últimas dos semanas en el departamento de Cauca cobró la vida de seis líderes sociales, entre ellos, dos líderes campesinos que lideraban el proceso de restitución de tierras para un puñado de labriegos que salieron expulsados de la región montañosa a principios de la década de dos mil. Los asesinatos dejaron ‘herido de muerte’ ese proceso.
Hugo de Jesús Giraldo murió sin cumplir su anhelado sueño: retornar a su tierra, en la vereda La Playa, en la región conocida como el Alto Naya, en el suroccidente colombiano, donde vivió los mejores años de su vida, tal como le contó en vida a este portal en agosto de 2019.
El pasado miércoles, hombres armados le propinaron varios disparos con arma de fuego en momentos en que regresaba a su residencia, en el barrio Lourdes, en las afueras de Santander de Quilichao, municipio del norte de Cauca donde el dirigente campesino se encontraba radicado desde 2010.
Hugo era un reconocido líder campesino, integrante del movimiento político Marcha Patriótica y de la Federación Nacional Sindical Agraria (Fensuagro), así como dirigente de la Asociación de Trabajadores, Campesinos y Pequeños Productores Agrícolas (Astcap), organización que, desde hace dos años, lidera el proceso de restitución de tierras que adelantan poco más de 30 familias campesinas expulsadas por la violencia paramilitar que imperó en el Naya durante los primeros años de la década del dos mil.
Su asesinato se produjo tan sólo 72 horas después del homicidio de su amigo y compañero de reivindicaciones, Mario Chilhueso Cruz. Según reportaron organizaciones nacionales defensoras de derechos humanos, Chilhueso Cruz fue atacado por varios hombres armados en la madrugada del pasado domingo justo cuando el líder campesino se disponía a cumplir con sus faenas agrícolas diarias. El hecho tuvo lugar en la vereda Los Robles, corregimiento El Ceral, del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca.
Giraldo y Chilhueso Cruz participaron activamente en la conformación de Astcap y preciso fueron ellos quienes se “echaron sobre sus hombros” la responsabilidad de ubicar a las familias desplazadas del Naya, que desde el éxodo forzado masivo se asentaron en municipios como Corinto, Caloto, Timbío, Timba, Buenos Aires, López de Micay, Jamundí, Dagua y Puerto Tejada, para luego convencerlas de apelar al derecho a la restitución de tierras y así, volver a vivir en las tierras que colonizaron y labraron durante años. (Leer más en: Los orígenes de la masacre del Naya)
Esa iniciativa cuenta con la asesoría y el acompañamiento de la organización no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). Paula Villa, una de sus abogadas y quien ha estado al tanto de todo este proceso, declaró que “el pasado mes de febrero le entregamos a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) toda la información y la caracterización de afectaciones padecidas por los campesinos, para ver si la Entidad los reconocía como víctimas de abandono forzado e incluía su caso en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonas Forzadamente”. (Leer más en: La parábola de los campesinos reclamantes de tierra del Naya)
De acuerdo con Villa, ambos campesinos desarrollaban sus actividades de liderazgo en un contexto bastante hostil, caracterizado por la confrontación armada que sostienen facciones disidentes de la extinta guerrilla de las Farc que se disputan el control de los eslabones de la cadena del narcotráfico en el norte de Cauca con otros grupos de narcotraficantes, donde “cualquier tipo de denuncia, cualquier tipo de reivindicaciones, cualquier tipo de protesta pues es mal visto por los actores armados y los convierte en objetivo militar”.
En ese sentido, agregó la abogada, “consideramos que el proceso de restitución de tierras que adelantaban estos campesinos constituyó un factor de riesgo adicional, pues los actores armados lo que ven allí es un riesgo a que se cuente lo que sucedió en los territorios y por eso lo rechazan y genera fuerte estigmatización hacia quienes participan en estos procesos”.
La trágica desaparición Giraldo y Chilhueso Cruz es un “golpe mortal” contra el proceso de restitución para las familias campesinas que venían liderando. De hecho, al momento de escribir el presente artículo, la Comisión Colombiana de Juristas se encontraba tramitando medidas urgentes de protección para otras dos familias que hacen parte del proceso de restitución.
“Habrá más muertos si no hacemos algo. En este momento hay dos familias que tienen un riesgo muy grande y no queremos que les pase lo mismo de Hugo y Mario. Estamos mirando a ver si logramos sacarlas del departamento”, indicó Villa. “Cuando ocurrió lo de Mario, nos comunicamos con Hugo, quien nos dijo: ‘el próximo que van a matar es a mí’. Advertimos a todas las autoridades, hicimos las denuncias respectivas, pero las respuestas fueron nulas y hoy tenemos otro líder asesinado”.
¿Fueron las disidencias de las Farc?
El pasado domingo, Giraldo se comunicó con este portal en horas de la mañana. A través de un mensaje de whatsapp, denunció la muerte de su amigo y compañero: “Mataron a Mario Chilhueso, representante de los campesinos Astcap. Amenazado por las Farc por oponerse al narcotráfico en la región”.
Si bien no se conocían amenazas previas contra él y su amigo, desde la CCJ aseguraron que ambos dirigentes quedaron en medio del fuego cruzado de estas estructuras armadas disidentes del proceso de paz que se disputan el control territorial, militar y social del departamento de Cauca, especialmente esa región de Alto Naya.
“Allí (en el Cauca) hay una disputa armada que finalmente busca imponer un orden social, un orden económico y una imposición del narcotráfico en esas comunidades y, en ese sentido, cualquier voz de protesta frente a una de estas imposiciones es castigada con amenazas o asesinatos”, señaló Villa. (Leer más en: ¿Se avecina guerra entre disidencias en el Naya?)
Pero, ¿qué tan fuerte es la presencia de las disidencias de las Farc en Cauca y que relación pueden tener con el homicidio de ambos líderes? Un reciente informe elaborado por la organización defensora de derechos humanos Indepaz, titulado Grupos posfarc-ep: un escenario complejo, lanzó una alerta sobre la presencia de grupos residuales, entendidos como “grupos armados formados para negocios y servicios de seguridad ilegales, reclutados para protección de cultivos, cocinas, laboratorios, rutas del narcotráfico, servicios sicariales, justicia privada y diversas formas de control armado” en por lo menos 20 municipios de ese departamento.
De acuerdo con este informe, la estructura residual conocida como ‘Frente Oliver Sinisterra’ (FOS) amplió su radio de acción en 2019, extendiéndose desde los municipios de la costa Pacífica nariñense hasta los municipios de Buenos Aires y Suárez, en el Cauca.
“En informe anterior se estableció que el FOS tendría alianzas con la disidencia conocida como Jaime Martínez que actúa en el departamento del Cauca; sin embargo, debido a la muerte de ‘Guacho’, la captura de alias ‘El Tigre’, quien estaba al frente esta unión y la de alias Mordisco, al frente de la estructura en Cauca, parece que esta alianza se debilitó y con ello, la idea de controlar el corredor entre los dos departamentos y la región de El Naya”, reseña Indepaz.
El documento también consigna la posible presencia de las ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’ (GUP) en el municipio caucano de Buenos Aires: “Este grupo buscó llegar hacia el municipio mediante intimidaciones a la población civil entre ellos indígenas y campesinos. Allí también al parecer se dio una reunión en mayo de 2018 entre las GUP y otras disidencias en cercanías al ETCR de La Elvira. Presuntamente estarían buscando apoderarse de la ruta de la cuenca del río Naya que sirve como ruta para el transporte de droga y la comunicación entre los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca”.
Dicha advertencia también la hizo en su momento el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. A través de Alerta Temprana 050-18, llamó la atención de las autoridades sobre el riesgo que se cernía sobre los líderes campesinos, indígenas y afros que habitan la región del Naya, por cuenta del surgimiento de estructuras disidentes de las Farc, entre ellas las GUP y un grupo del Frente 30 de la extinta guerrilla, autodenominado ‘Frente Unido del Pacífico’ (FUP).
En su caracterización sobre los grupos residuales, Indepaz señaló que el Comando Conjunto Occidental Nuevo Sexto Frente, también denominado ‘Columna Jaime Martínez’, liderado en sus inicios por alias ‘Mordisco’, pero que, tras su captura por parte de autoridades militares en 2018, quedó al mando de alias ‘Mayimbú’, es uno de los responsables del crecimiento de la violencia que desde finales de 2019 experimentan localidades caucanas como Corinto, Caloto y Miranda.
Indepaz documentó la presencia de esta estructura en municipios como Argelia, Buenos Aires, El Tambo, Inzá, Jambaló, Morales, Padilla, Patía, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suárez, Toribio y agregó que “en 2018, con el fin de tomar control de todo el Cauca, alias ‘Mayimbú’ dividió el frente en dos estructuras, las cuales serían la Jaime Martínez, que él mismo comanda y la Dagoberto Ramos, que estaría bajo el mando de alias ‘El Indio’”.
A esta estructura se suma el Frente Fuerza Unida del Pacífico (FUP), Frente Rafael Aguilera o disidencia del Frente 30, que estaría liderada por alias ‘Chumbi’, quien, al parecer, está buscando ejercer control militar y territorial en la cuenca del Naya donde, además, tienen presencia un frente del Ejército Popular de Liberación (Epl), denominados por el gobierno nacional como ‘Los Pelusos’ y la guerrilla del Eln. De acuerdo con Indepaz, esta estructura habría celebrado una alianza con los ‘elenos’ para combatir a los ‘Pelusos’.
Estos grupos armados ilegales, precisó el SAT, se encuentran enfrascados en una férrea disputa por el control militar y territorial de corredores naturales vitales para los eslabones de la cadena del narcotráfico. La más reciente medición de presencia de cultivos ilícitos en el país, realizada por la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), registró un total de 17. 117 hectáreas sembradas con hoja de coca, la tercera extensión más alta del país detrás de Nariño (41.903 ha) y Norte de Santander (33.597 ha).
Asimismo, tal como lo declaró Camilo González Posso, director de Indepaz, “estos grupos residuales sí son muy agresivos con los líderes sociales, porque estos grupos se han convertido en agentes del narcotráfico, y pues, de hecho, esa es su prioridad, y por eso chocan con los líderes, sobre todo aquellos que hicieron pedagogía del proceso de paz, que piden sustitución de cultivos, que piden implementación de los Acuerdos de Paz. Nuestro estimativo es que estos grupos residuales tienen una responsabilidad cercana al 15 por ciento en materia de asesinatos de líderes sociales”.
A la fecha, ningún grupo armado se ha atribuido el asesinato de los dos líderes campesinos asesinados ni tampoco se conocen hipótesis por parte de las autoridades judiciales que ayuden a esclarecer estos crímenes. Pero lo que esperan los campesinos expulsados de la región de El Naya por la violencia es que estos crímenes no queden en la impunidad.
