Familia restituida carga con el lastre de la palma aceitera

En 1994, el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) le adjudicó a la familia Moreno el predio Parcela número 4, ubicado en la vereda Cartagena, del municipio de Becerril, Cesar. La familia, que hacía parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), cultivó yuca, sorgo, maíz y plátano, además de criar ganado a pequeña escala.

Aunque en la zona hacían presencia desde la década del setenta las guerrillas de las Farc y del Eln, la violencia se exacerbó a comienzos de la década del dos mil, con la llegada de paramilitares a la vereda. En 2002, las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) acusaron a los asociados de la ANUC de ser colaboradores de la guerrilla y asesinaron a tres personas, entre ellas al presidente de la Junta de Acción Comunal de Cartagena.

Posteriormente, los Moreno recibieron llamadas y mensajes amenazantes, en los que hombres del Frente Juan Andrés Álvarez de las Auc les ordenaron abandonar el predio y vendérselo a José Miguel Castillo, instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Becerril.

El mismo día de las amenazas, los Moreno se desplazaron al municipio de Codazzi, Cesar, donde funcionarios del Incora les sugirieron que se trasladaran al corregimiento Media Luna, del municipio de San Diego, donde había parcelas para desplazados. La familia siguió la instrucción, pero cuando llegó a la zona se enteró de que no había tierra disponible. Finalmente, consiguió un predio y continuó trabajando la tierra.

A finales de 2003, cuando los Moreno se encontraban desplazados, Castillo los contactó personalmente para llevar a cabo la venta. Las diligencias se hicieron en Valledupar, figurando como compradores los señores José Miguel Castillo y Raúl Armando Argote. En 2007, tras comprar la totalidad del predio, Castillo firmó un contrato para la producción de palma de aceite con la Sociedad Palmas Oleaginosas.

En 2016, los Moreno le solicitaron a la justicia la restitución integral de la Parcela número 4. En el proceso, Castillo se constituyó como opositor y alegó que la compra se hizo por medio de un estudiante del SENA; que el desplazamiento de los Moreno no guardó relación con el conflicto armado; que el precio pagado por la tierra fue mayor al que aseguró la familia; y que él compró la tierra porque vio “la oportunidad de aprovechar el programa de sembrado de palma que ofrecía el gobierno”. Por ello, solicitó compensación económica en caso de que el predio fuera restituido, aduciendo, además, que dependía económicamente de aquel.

No obstante, en 2017 la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena ordenó la restitución material y jurídica de la parcela. Además, no reconoció la buena fe de Castillo, argumentando que aquel insistió en comprar el predio pese a que tenía conocimiento de que los vendedores habían recibido amenazas.

Asimismo, el Tribunal ordenó entregar el cultivo de palma de 14 hectáreas que existía en la parcela número 4 a la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con el fin de que lo explotara a través de terceros y destinara las ganancias a “programas de reparación colectiva de víctimas que sean vecinas del predio”, incluyendo a la familia Moreno. La entrega del cultivo, sin embargo, quedó supeditada al consentimiento de las víctimas.

En septiembre de 2017, tras concluir que era viable sostener el proyecto de palma, la URT constituyó una fiducia junto a la familia Moreno para la administración del cultivo, que inició en febrero de 2018.

No obstante, las ganancias han sido inferiores a lo esperado. Según Luisa González, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a los Moreno: “La URT ha expresado que han surgido más gastos de los que tenía previstos en el informe de caracterización, según el cual las ganancias mensuales serían de un millón de pesos y hoy tan solo ascienden a 100 mil”.

Considerando los bajos ingresos, que los Moreno reciben cada tres meses, la CCJ acudió al Tribunal Superior de Cartagena en mayo de 2018 para solicitarle que autorizara la finalización de la administración del cultivo a cargo de la URT, el desmonte de la palma y la entrega de un proyecto productivo diferente para la familia Moreno, que desea sembrar plátano y otros productos propios de la región.

En desarrollo del proceso, el Tribunal le solicitó en octubre de 2018 a la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) que realizara un estudio técnico para determinar la viabilidad del desmonte, etapa que aún no ha concluido.

Por ahora, la familia continúa a la espera del trámite, del que depende la restitución material de la parcela.

Con el apoyo de: Embajada de Suecia.