El próximo 29 de octubre es un día importante para la democracia colombiana: se realizarán las elecciones locales y regionales mediante las cuales se elegirán 20.137 cargos públicos, distribuidos en 32 gobernadores, 418 diputados para las asambleas departamentales, 1.102 alcaldes y 12.072 concejales; además de 6.513 ediles para las Juntas Administradoras Locales (JAL).

Las campañas se han movido en ambientes adversos. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo mediante la Alerta Temprana AT 030-23, fechada el pasado 14 de agosto, en la que llamó la atención sobre los riesgos que corren 676 municipios en el actual proceso electoral. Tales alarmas fueron ya fueron analizadas por este portal en su momento. (Leer más en: 676 municipios se encuentran en riesgo para las próximas elecciones).

En este nuevo artículo se acotó el tema y se pusieron bajo la lupa los escenarios de riesgo, estigmatización y discriminación que padecen candidatos y candidatas de la comunidad LGBTIQ+ y personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas (OSIEGD). 

Al respecto, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría llamó la atención sobre la crítica estigmatización y polarización que afronta el país en el ejercicio de la política electoral, basadas en discursos de odio y señalamientos contra algunos candidatos y candidatas, resultado, entre otros aspectos, de la segregación social y la brecha económica entre sectores del país, además del impacto de ideologías o cambios históricos internacionales.

“Si bien esta es una práctica que podría catalogarse como habitual en el ejercicio político en Colombia, los señalamientos y prejuicios basados en la estigmatización, históricamente han tomado dimensiones que han llegado a afectar la vida e integridad personal, así como el derecho a participar de quienes son el objeto de dicha estigmatización, sobre todo de poblaciones históricamente excluidas, como las mujeres, la población con OSIEGD, los pueblos étnicos o asociadas a personas pertenecientes o desvinculadas de grupos armados ilegales”, explicó el SAT en su alerta temprana electoral.

Esta alerta temprana establece la existencia y los efectos de un continuum de violencias basadas en género que enfrentan las mujeres y la población OSIGD- LGBTIQ+ en periodos electorales, “que tiene un carácter estructural e histórico y ha ocurrido de manera sostenida en el tiempo”. 

“El continuum de violencias -prosigue el SAT- reconoce el complejo repertorio de violencias basadas en género que se manifiestan en múltiples ámbitos (familiar, laboral, político, económico, entre otros), es ejercida por diferentes actores sociales, ocurre a lo largo de su transcurrir vital y se soporta en el patriarcado como sistema social y cultural”.

Además, el SAT resalta la histórica discriminación y vulneración de derechos humanos por prejuicio hacia mujeres lesbianas, hombres gays, personas bisexuales, mujeres transgénero, hombres transgénero y personas con identidades no binarias, “que les confiere lugares de mayor riesgo, exclusión y marginalidad en la sociedad colombiana para el pleno ejercicio de sus derechos”. 

Talas situaciones fueron analizadas en contextos electorales que trasgreden los roles de género que han sido asignados tradicionalmente.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, organización que trabaja por los derechos de las personas LGBTIQ+ en Colombia, expresa su preocupación por esta contienda electoral, pues hay un aumento de hechos de violencia política contra candidatos de esta comunidad, y alerta que enfrenan un “ambiente enrarecido”. 

Desde el año 2008, Caribe Afirmativo promueve la campaña Voto Por la Igualdad, con la cual aboga por el sufragio libre, transparente e informado de las personas LGBTIQ+, e impulsa candidaturas diversas en varias ciudades del país. 

Las elecciones regionales y locales cuentan con la particularidad de tener la mayor cantidad de candidatos de la comunidad LGBTIQ+ postulados a los cargos de elección popular: 201 en total. 

La participación ha aumentado entre elecciones desde 2011. En ese año se inscribieron cuatro candidaturas diversas, en 2015 la cantidad aumentó a 73 y las anteriores, de 2019, cerraron 80. Esa progresión se evidencia en este consolidado de Caribe Afirmativo. 

Pero ese proselitismo no ha estado libre de riesgos. “Hemos documentado, para esta campaña electoral, 14 casos de violencia política a personas LGBTIQ+, materializados en amenazas, tentativas de homicidio, intimidaciones, afectación a la integridad física y personal”, precisa Castañeda.

Los hechos le dan la razón y así reportó Caribe Afirmativo, en su informe, el riesgo que afrontan los 201 candidatos de este año: “160 se encuentran en algún nivel de riesgo, desagregado de la siguiente manera: 30 (15%) en riesgo Extremo, 87 (43%) en municipios con riesgo Alto, 37 (19%) en municipios con riesgo Medio y 6 (3%) en municipios con riesgo Bajo”.

Situaciones de violencia

Durante el proceso electoral se han presentado situaciones de violencia que permearon los escenarios de participación y representación política, que son estratégicos para el movimiento social LGBTIQ+ porque posibilitan reivindicar sus derechos, exigir el reconocimiento de sus diferencias, legitimar sus modos de ser, interactuar socialmente y poner sus demandas en la agenda pública. 

El Sistema de Alertas Tempranas constató que “las mujeres y personas LGBTIQ+ que habitan territorios rurales, étnicos y zonas urbanas con altos niveles de vulnerabilidad social en donde hacen presencia grupos de criminalidad organizada, se exponen a limitaciones en su ejercicio de derechos políticos, particularmente el derecho al voto”.

La alerta temprana electoral registró casos de amenazas en el Cauca contra una concejala abiertamente lesbiana; en Santander, contra una mujer lesbiana que fue candidata a la Cámara de Representantes y ahora busca ser elegida al Concejo; en Boyacá, contra una candidata al concejo municipal, quien, por sus riesgos, tiene medidas de protección preventivas otorgadas por la Fiscalía. 

Otro caso registrado se presentó en el municipio de Soacha, Cundinamarca, donde una mujer transgénero, que aspira a ser edilesa, ha venido siendo víctima de prejuicios y actos discriminatorios entorno a su candidatura. 

En cuanto derecho al voto, la Defensoría tiene registros de acciones en Bolívar, Cundinamarca, Córdoba, Meta, Vaupés, Ocaña y Tumaco, que impactan de manera negativa el la participación de las personas OSIGD-LGBTIQ+ y “profundizan la discriminación debido a la presencia y accionar de actores armados en el territorio y a dinámicas relacionadas con la minería ilegal y el narcotráfico”.

“Los grupos armados -continúa- profundizan la situación de opresión a través de la dominación estratégica de los cuerpos, del deseo y las emociones con el propósito de corregir, excluir y eliminar, en el marco del ejercicio político, a esta población, lo que se traducen en una baja participación en espacios elección popular y abstención para ejercer el derecho al voto”.

En este caso, la discriminación a la hora de votar se ha presentado en varios departamentos en elecciones anteriores, siendo un antecedente que se busca prevenir en los comicios del próximo fin de semana. 

En Norte de Santander, Putumayo y Boyacá, la Defensoría registró casos en donde “se ha negado el derecho al voto a personas transgénero con la excusa de que la expresión de género no corresponde con los datos registrados en la cédula, se ha desconocido el derecho a la identidad de género durante el sufragio y expedición de certificados electorales y se han realizado preguntas intrusivas en razón a su construcción de la identidad y expresión de género”.

Esas violencias antes mencionadas producen riesgos que limitan el trabajo y visibilidad política de esta población. Por ejemplo, dice el SAT, el temor a reconocerse y manifestar su orientación sexual o identidad de género o el miedo a la exposición pública, hasta la revictimización, limitación o expulsión de escenarios de representación, incluso pueden estar presionadas a ocultar su identidad de género u orientación sexual y obligadas a tener comportamientos “cisheteronormativos” para no perder votos, financiación o apoyo en general.

Además, en el país hay poco acceso a la justicia en relación con los derechos políticos y civiles de la población LGBTIQ+. Es frecuente encontrar posturas discriminatorias por parte de la institucionalidad, así como actitudes hostiles o excluyentes en los funcionarios.

A esto se suma, según el SAT, la escasez de información sobre hechos de violencia política y electoral, por la ausencia de sistemas de información con variables de sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, por lo que se reduce la posibilidad de caracterizar fenómenos de violencia.

Al respecto, Castañeda señala que la presión que ejercen los grupos armados en los territorios ha afectado las candidaturas LGBTIQ+: “Prohíben apoyar estos candidatos, porque va en contravía del control territorial, prohíben entregar campaña electoral, mandan a quitar afiches o publicidad, tratan de disuadir a candidatos con presiones bajo el falso sofisma de indicar que su proyecto de vida es un proyecto inmoral que no puede ponerse en competencia política”.

Amplia participación política diversa

Para las próximas elecciones del 29 de octubre hay una participación histórica en candidaturas LGBTIQ+. En la campaña de Caribe Afirmativo, Voto por la Igualdad, hay un archivo que da cuenta de aspirantes a cargos públicos desde 2005, cuando se postularon los primeros candidatos abiertamente gay y hay comparaciones de cómo ha aumentado esa participación cada que hay elecciones. Por ejemplo, en las elecciones de  2019 se presentaron 80 candidatos y para las próximas son 201.

El director de Caribe Afirmativo resalta una de las particularidades de las elecciones del próximo domingo: “Si bien siguen siendo mayoritariamente de personas gays, vemos con beneplácito que van creciendo las candidaturas de mujeres lesbianas, bisexuales y de personas trans, pero también de personas no binarias. Y eso es significativo porque afianza el movimiento LGBTIQ+”.

También menciona Castañeda que las primeras candidaturas se dieron en Popayán y Villavicencio en el año 2005 y, actualmente, hay aspirantes en todos los departamentos del país. Además, cuentan con avales en la mayoría de partidos políticos. 

De las anteriores elecciones regionales, celebradas en 2019, este defensor de derechos humanos resalta que casi la mitad de candidatos de la comunidad LGBTIQ+ resultaron electos: 25 lo hicieron tras ganar en las urnas y cinco más asumieron el relevo de funcionarios que renunciaron o fueron separados de sus cargos.

Sin embargo, desde Caribe Afirmativo ven con preocupación el retroceso de este año frente a la estigmatización de candidaturas diversas. “Habíamos destacado en las últimas elecciones, tanto del 2018 como del 2019, que en Colombia se estaban erradicando las prácticas de usar propaganda política ridiculizando la orientación sexual, la identidad o expresión de género de los candidatos o candidatas, menospreciando las exigencias del movimiento LGBT”, precisa Castañeda.

Pero en estas campañas han vuelto a aparecer este tipo prácticas. “Hemos visto vallas –dice Castañeda- en ciudades como Medellín y en algunos municipios del Caribe colombiano, de Tolima y de Nariño, donde se reparte publicidad que tiene mensajes que dicen que si ganan van a echar atrás derechos de personas LGBTIQ+, o que si ganan van a generar mecanismos para impedir que avancen los derechos de las personas LGBTIQ+ y a veces con unos mensajes muy fuertes”. 

Si bien se han generado mecanismos de garantías dentro de las campañas electorales por parte del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría, no son suficientes para disminuir la estigmatización y la violencia contra este tipo de candidaturas. 

Por otro lado, las autoridades no han tomado cartas en el asunto para mitigar los riesgos documentados por la alerta temprana electoral que emitió hace un par de meses la Defensoría del Pueblo. Salvo por un caso en el departamento de Valle del Cauca, en donde, según cuenta Castañeda, “desplegaron toda una estrategia de protección a las candidaturas que estaban en riesgo, puntualmente las candidaturas LGBTIQ+”.

Y concluye: “En los demás casos como Bolívar, Antioquia, Caquetá, Magdalena, que ha señalado la Alerta Temprana, todavía no hemos encontrado acciones de protección a las candidaturas, más allá de las generales que ha tomado el Ministerio del Interior y de las acciones puntuales que hace en los territorios la Defensoría del Pueblo”.