Pagos a grupos armados generaron conflictos internos en Chiquita Brands

“Había pagos que, ¿sabes?, eran cuestionables. Pagos a las guerrillas que al final eran cuestionables, nosotros estamos financiando sus actividades o nos estamos protegiendo”, se preguntó Jorge Forton ante la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) el 27 de abril de 1999. En los documentos de la empresa, Forton aparece como el supervisor de finanzas de la oficina de Banadex -filial del Chiquita- en Colombia.

El testimonio de este contador peruano, que trabajó para Chiquita Brands desde 1990 hasta 1998, resulta clave para reconstruir un capítulo poco documentado de la historia en Urabá: los pagos de la multinacional a las guerrillas de las Farc, el Eln, el Epl y sus disidencias. Además del dinero que entregaron a  organizaciones políticas como la Corriente de Renovación Socialista, Esperanza, Paz y Libertad, y a los cuestionados Comandos Populares.

Jorge Forton trabajó desde 1990 en las oficinas de Chiquita Brands en Cincinnati, Ohio, evaluando las posibilidades de expansión de la multinacional. A mediados de 1994 fue invitado a Colombia para evaluar cómo la economía local estaba afectando los precios en la producción de banano. Durante cerca de cuatro meses, visitó varias veces el país y propuso alternativas para “reorganizar” los negocios. Al finalizar ese año, la compañía le ofreció trasladarse a Medellín para ocupar el puesto de supervisor financiero de Banadex.

Desde su llegada, a comienzos de 1995, el contador sabía de “los pagos sensibles” que Chiquita hacía a grupos armados ilegales para evitar, según le dijeron, que mataran a los trabajadores, los secuestraran o quemaran las fincas. “Mi rol fue ver cómo podíamos estandarizar y tener un buen control de esos pagos”, dijo a la SEC. 

Para ese entonces, en Colombia existían dos oficinas: Banadex, en Medellín, y Samarex, en Santa Marta; cada una llevaba una contabilidad independiente, incluso para los pagos que hacían a las guerrillas y a las Fuerzas Militares, que también fueron beneficiarias de los pagos de la multinacional. La tarea asignada a Forton fue unificar las cuentas para que desde Cincinnati pudieran hacer seguimiento a los pagos.  La empresa le pidió, además, que hiciera un recuento de los “pagos sensibles” realizados desde 1992, lo que, según este empleado, fue una tarea casi imposible dados los “pobres registros de contabilidad” que existían.

Por tal razón, Forton decidió implementar un nuevo procedimiento que permitiera entender cómo se estaban haciendo los pagos. Instauró entonces dos reglas básicas: no más pagos en efectivo y a nadie se le autorizaría el pago sin una factura.

Forton dijo que no se sentía “cómodo” con los pagos a las guerrillas: “¿Cómo sé que esos pagos están llegando realmente a estos grupos?, es decir, ¿cómo puedo auditarlos? No les puedo pedir un recibo”.

Es claro que ninguna guerrilla iba a emitir factura, por lo que se hizo cada vez más importante el papel de los encargados de seguridad y de los intermediarios, personas que servían de puente entre la empresa y la guerrilla, también entre Chiquita y las Fuerzas Militares. Eran ellos quienes firmaban las “cuentas de cobro”.

Forton creó el formulario ‘1016’ para registrar todos los pagos y camufló los “pagos sensibles” entre las tantas facturas que pagaba la multinacional.  Para ello se inventó dos etiquetas: “logística”, si los pagos se dirigían a la Fuerza Pública; y “operaciones”, si se trataba de la guerrilla.

Este riguroso sistema de contabilidad registró fríamente la dura realidad que vivía el Urabá antioqueño durante los años noventa. Forton era consciente, a su manera, que los pagos afectaban la situación de orden público en la región y por eso consideraba indispensable conocer el destino de los dineros entregados. O por lo menos, esto le importaba más que a sus jefes en Cincinnati, quienes no habían vivido en carne propia la guerra en Colombia. 

El empleado le contó a la SEC que con el surgimiento de los grupos paramilitares (o ‘grupos anti-guerrilla’, como los llamaban en Chiquita) –a los cuales también financiaron– se intensificó la guerra en Urabá. Forton recuerda un día en el que mataron a 20 personas que se transportaban en un bus. La gente de la oficina de Urabá lo llamaba a preguntarle qué podían hacer. “Tenía en la oficina a una esposa que cargaba el cuerpo de su esposo pidiendo dinero para enterrarlo”, recordó.

“Hubo situaciones en las que… Es decir, cosas que espero no tener que vivir de nuevo. Pero después de estar expuesto a esas horribles historias, yo entendía mejor si el dinero estaba llegando a su destino o no”, explicó.

Forton se fue de Colombia en 1996 y tuvo que renunciar en 1998 a Chiquita Brands. Su salida, que no fue muy amigable, sucedió después de que se conociera que Banadex pagó sobornos a funcionarios de la aduana en Turbo, Antioquia. De acuerdo con su cuenta en  LinkedIn, Jorge Forton ahora ocupa un alto cargo en Dun & Bradstreet. VerdadAbierta.com le remitió un correo por esta red social, pero no  obtuvo respuesta.

¿El dinero llegaba a su destino?

Los encargados de seguridad en Colombia para ese entonces eran Juan Manuel Alvarado y John Stabler, como muestra un memorando del 5 de enero de 1994. Estos empleados eran quienes reportaban todos los pagos con grupos armados al gerente general.

Uno de los intermediarios que sirvió de puente entre la empresa, la guerrilla y el Ejército, fue René Alejandro Osorio J., abogado antioqueño, quien en 1992 firmó un contrato de prestación de servicios con la Compañía Frutera de Sevilla, la filial de Chiquita Brands en Colombia.

Así consta en un memorando del 4 de enero de 1994 donde Osario es identificado como “consultor de seguridad”, quien era el “contacto con los diversos grupos guerrilleros de ambas divisiones” y era responsable de hacer "pagos de extorsión de la guerrilla". En otros casos se refieren a él con las siglas R.O.

Otro documento obtenido por el National Security Archive es el contrato firmado por Osorio en el que consta que se le pagaba cinco millones de pesos cada tres meses. En el documento, el abogado dejó constancia que asumía todos los riesgos que implicaba la tarea asignada, pero que en caso de tener líos judiciales la Compañía le daría asistencia jurídica. VerdadAbierta.com lo contactó en Medellín, donde aparentemente reside, para escuchar su versión, pero fue claro en advertir que “no se iba a referir a ese tema”.

Esta suerte de informalidad que existía entre Chiquita Brands y los intermediarios, sumado a la imposibilidad de rastrear si el dinero estaba llegando efectivamente a las guerrillas, generaba suspicacias entre los empleados.

Incluso, cuando los pagos se hacían en efectivo, antes de que llegara el contador Forton, era incierto si estos llegaban en su totalidad a las guerrillas. “¿Los pagos llegan a las personas que deberían? Es distribuido- tú sabes, hay una comisión para (nombre borrado) ¿Toma él la mitad del dinero y la pone en su bolsillo? ¿Cómo podría decirlo? No hay forma de determinarlo”, dijo en su testimonio ante la SEC John Ordman, vínculo clave entre las operaciones colombianas de Chiquita y altos directivos en Cincinnati. Ordman calificó estos pagos como “un acto de fe”.

A pesar de eso, Ordman dijo sentirse "cómodo de que esto [los pagos] se estaban manejando de manera responsable". No resultaba muy diferente para Robert F. Kistinger, cabeza de Banana Group de Chiquita, quien en su declaración ante la SEC dijo que los pagos a la guerrilla eran algo así “un costo continuo” de operaciones de la compañía, comparable con compra de fertilizantes o agroquímicos.

Jorge Forton, de acuerdo con su propia declaración, le expresó sus preocupaciones a un alto ejecutivo de la empresa porque estos pagos no podían ser auditados. Pero la única respuesta fue: “Si nadie es asesinado es porque el dinero está alcanzando su fin. Es la única forma de decir que el dinero está allá”

La persona que dio esta respuesta pudo ser Robert F. Kistinger, pues los investigadores de la SEC le preguntaron sobre este episodio cuando lo interrogaron.

Forton no era el único que tenía esa preocupación. Cuando fue transferido en 1996, llegó, en su reemplazo, John Paul Olivo. Este nombre ya es conocido por los investigadores colombianos, pues en 2009 la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación en su contra por concierto para delinquir agravado junto a dos funcionarios más, el gerente general, Charles Dennis Keiser, y Dorn Robert Wenninger. Este proceso no ha prosperado luego de ocho años de abierto.

En su declaración ante la SEC, en diciembre de 1999, Olivo dijo no sentirse cómodo con la forma que se hacían los pagos, pues era imposible saber si Alvarado y Osorio estaban entregando el dinero a los grupos armados. “La única persona que pide fondos y pagos para la guerrilla es el jefe de la seguridad”, dijo. “Nadie negocia nuca con estos grupos, excepto por él (…) y esa ha sido mi preocupación desde el primer día”.

¿Eran solo extorsiones?

Robert F. Kistinger asegura en sus declaraciones que los pagos a las guerrillas se hicieron porque estaban siendo extorsionados y querían proteger la vida de sus trabajadores de las amenazas que constantemente recibían. Por eso también hacían pagos a la Fuerza Pública, sobre todo, cuando requerían servicios especiales de seguridad.

Aunque las discusiones internas de los empleados de Chiquita giraron sobre todo en torno a asuntos meramente técnicos de los pagos, la intervención de Jorge Forton da cuenta de esa delgada línea que a veces separa la extorsión de la financiación de las actividades armadas de un grupo ilegal.

Otros documentos recolectados por el National Security Archive indican que los pagos de Chiquita a las guerrillas no fueron tan inocentes como los directivos de la compañía lo quieren mostrar ante las autoridades norteamericanas y colombianas. Chiquita Brands sabía que este tipo de pagos eran considerados ilegales para el gobierno colombiano, como muestra el siguiente memorando confidencia, pero quería ocultarlo (eliminándolo del documento final).

Incluso, es posible que no todas fueran extorsiones, pues como el documento sugiere, la multinacional no solo pagó para protegerse, sino que recibieron a cambio servicios de seguridad por parte de “los grupos de guerrilla”.  

¿Por qué Chiquita Brands les pagó a todas las guerrillas en Urabá? ¿Cuánto recibieron cada año las Farc, el Eln, el Epl y las disidencias, según los registros de la empresa? ¿Hubo acuerdos entre las partes? La compleja relación que Chiquita Brands y las guerrillas será el tema del siguiente informe de esta serie investigada y escrita por VerdadAbierta.com y el National Security Archive, que será publicado el próximo martes.

* Los testimonios de siete empleados de Chiquita Brands fueron obtenidos por el National Security Archive tras un litigio de siete años. Aunque los nombres de los funcionarios quedaron ocultos, el investigador Michael Evans pudo identificarlos por el cruce con otros documentos antes desclasificados.