Obligar a las familias de víctimas de desaparecidos a reconocer que sus familiares están muertos, como una forma para acceder a beneficios del Estado y resolver líos jurídicos, fue cuestionada por el Relator sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de Naciones Unidas.
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| La Cruz Roja Internacional ha documentado 4.730 casos entre 1994 y 2008. Sin embargo, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes) tiene registrados más de 12.000 casos y la Fiscalía 7 mil. Foto Semana |
“Ese concepto de muerte presunta por desaparición lo cuestionamos absolutamente”, indicó Santiago Corcuera, relator de las Naciones Unidas para casos de desapariciones forzadas. “Es inhumano que un Estado le exija a un familiar que, voluntariamente, reconozca la presunta muerte de su pariente para que pueda acceder a algún recurso del Estado, recibir una pensión, abrir un testamento o vender alguna propiedad”.
Un caso que muestra lo que está ocurriendo con las víctimas de este delito es el de Juan Andrés Mejía, un albañil de la ciudad. Su hijo Herney, de 22 de años edad, fue retenido el 18 de diciembre de 2002 en su casa del barrio El Salado de comuna 13 por un grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), sin que hasta el momento se conozca su paradero.
A Mejía, en su recorrido por las diferentes entidades estatales, no solo le tocó lidiar con la complejidad del trámite para colocar el denuncio, sino para reclamar eficiencia de las autoridades para aclarar lo sucedido. El denunció que en la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía lo instaron a firmar un documento en el que aceptaba que su hijo estaba muerto.
Juan Andrés se negó a firmar el escrito, pues, como él mismo lo dice, “no está vendiendo un animal”, sino buscando a su hijo. “Yo no estoy detrás de la plata”, insiste. “Lo que quiero saber es dónde está y desenterrarlo, para hacerle la sepultura como debe ser”.
Corcuera estuvo en el Seminario Internacional Desaparición forzada en América Latina realizado en Medellín y organizado por la Universidad de Antioquia, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Voces Ciudadanas y el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad. Al evento asistieron especialistas de Guatemala, Perú y Colombia, así como organizaciones de víctimas de todo el país.
Al respecto, el Relator de la ONU cuestionó a todas aquellas autoridades que impulsan a las familias a que, voluntariamente, le soliciten a un juez la declaración de defunción de un pariente desaparecido de manera forzada. “Es indignante”, reiteró Corcuera Cabezut y le reclamó cambios al Estado para que asuma este tipo de casos de manera adecuada.
Adriana Arboleda, integrante del equipo de abogados de la Corporación Jurídica Libertad y defensora de derechos humanos, sostiene que, en Colombia, ese recurso está consagrado en el código civil y se aplicaba en casos de personas que, por ejemplo, se ahogaban en un río y no volvían a aparecer: “En esos casos, la familia apelaba al recurso de certificar la muerte prematura por desaparecimiento para acceder a la pensión de sobreviviente”.
Hasta antes del año 2000, la desaparición forzada no estaba tipificada como delito en la legislación penal colombiana, lo que admitía la figura excepcional de la muerte prematura por desaparecimiento, aceptada por las familias y refrendada por un juez. Pero a partir de la entrada en vigencia de la Ley 589 de 2000, que incluyó la desaparición forzada como delito en el Código Penal colombiano, la invocación de la figura ya no es necesaria.
“Por eso hoy es una barbarie jurídica y una barbarie política la aplicación de la muerte prematura por desaparecimiento”, asegura Arboleda. “Primero, porque el delito ya existe; y segundo, porque según las normas colombianas, habrá reparación individual a los familiares de víctimas de desaparición forzada. Por lo tanto, no se entiende que se deba demostrar la muerte de la persona, porque lo que se está alegando justamente la desaparición forzada”.
Para esta jurista, la exigencia denunciada es “gravísima”. En últimas, “es desaparecer nuevamente el delito de la desaparición forzada porque cuando se acepta la muerte presunta por desaparecimiento la víctima se asume como asesinada”.
Gloria Castaño, sicóloga clínica que trabaja con mujeres víctimas de la comuna 13 de Medellín, indican que esta situación es en extremo dolorosa para las familias que tienen en sus hogares una persona desaparecida de manera forzada.
“He atendido mujeres que son conminadas por algunas autoridades en la ciudad a que se olviden de sus familiares desaparecidos forzadamente diciéndoles que lo tienen que hacer porque ya están muertos”, relata la sicóloga, lo que a su juicio es un agravante mental y físico para esas personas, “pues los impulsan a dar por muerto a un pariente, cuando en realidad se resisten a aceptar esa realidad”.
El problema evidenciado por los defensores de derechos humanos en Medellín tiene, a juicio del Relator de la ONU, soluciones y uno de los casos que presentó como modelo se aplica en Argentina, donde la dictadura militar que ostentó el poder desde marzo de 1976 hasta diciembre de 1983 dejó más de 30.000 desaparecidos.
En ese país del sur del continente se creó el certificado de “ausencia por desaparición forzada”, que da el Estado a los familiares de la víctima de este crimen. “Con ese documento, el Estado reconoce que desapareció a esa persona, pide disculpas públicas y privadas, y le permite destrabar aquellos líos jurídicos que se crearon después de la desaparición de una persona”, explica el Oficial de ONU.
Este mecanismo le permite a las familias resolver problemas de propiedades, cuentas bancarias, pensiones y distribución de herencias, por ejemplo, sin que la víctima pierda su condición de desaparecido forzado, diferente a lo que ocurre hoy en Colombia. “Ese documento, no deja a las familias en el limbo jurídico”, precisa el Relator.
En Colombia, la búsqueda de soluciones es apremiante, sobre todo si se consideran las cifras, no siempre concretas, de las víctimas de la desaparición forzada en el país. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha documentado en el país 4.730 casos entre 1994 y 2008. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes) tiene registrados más de 12.000 casos, mientras que la Fiscalía ha manifestado tener denuncias de 7.200 personas.
