El regreso de Mancuso a Colombia, más allá de Álvaro Uribe

Casi 16 años después de haber sido extraditado a Estados Unidos donde cumplió condena por narcotráfico, el hombre que comandó tres bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), volvió al país donde aún debe responder por decenas de miles de crímenes que cometieron él y los paramilitares bajo su mando. Su anunciada voluntad de colaborar con la justicia ha despertado expectativas para ponerle fin a décadas de impunidad.

Secretos. Esos son los que se supone que ‘atesora’ Salvatore Mancuso por ser el exjefe de las Auc con mayor rango que aún cuenta con vida. Quien fuera un próspero ganadero del departamento de Córdoba de ascendencia italiana terminó convirtiéndose en el tercer hombre al mando de una confederación de grupos paramilitares que se extendió por lo largo y ancho del país dejando decenas de miles de víctimas en el camino.

Sin duda su regreso al país causará revuelos. No sólo porque podría implicar al expresidente Álvaro Uribe, como ya ha adelantado, sino por lo que pueda aclarar sobre con conformación de los grupos paramilitares y quienes los apoyaron.

La gran pregunta es si lo hará desde la libertad, como gestor de paz, como desmovilizado de las Auc que cumplió su pena y está vinculado en los programas de reincorporación, o si estará bajo custodia. Mucho depende de los casos en contra de él que aun cursan en la justicia ordinaria.

Siguen vigentes varias órdenes de captura y circulares por parte de la jurisdicción de justicia transicional, conocida como Justica y Paz, que se creó con la desmovilización paramilitar. Sus abogados tendrán que realizar gestiones ante los tribunales pertinentes para lograr su libertad porque hasta el momento no ha sido tramitada en el sistema de justicia la resolución presidencial que el 14 de agosto de 2023 lo designó como gestor de paz, la cual suspende las medidas de aseguramiento y penas de prisión que tenga vigentes.

No obstante, esa resolución determina que Mancuso deberá comparecer ante las instancias judiciales que lo requieran, particularmente ante los tribunales que tengan Salas de Justicia y Paz. Además, su tercer artículo señala que “firmará un acta ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en la cual se comprometerá a asistir personalmente a las diligencias judiciales en Colombia y a rendir informe sobre las actividades desarrolladas en calidad de gestor de paz”. Por lo anterior, se prevé que no recobrará la libertad inmediatamente.

Un abogado que conoce de cerca el proceso de Justicia y Paz, quien pidió mantener en reserva su identidad, señala que garantizar su comparecencia ante jueces y fiscales es clave, dados los antecedentes de los últimos años, en los que el exjefe paramilitar expresaba su intención de regresar al país para contar las verdades que aún guarda sobre el conflicto armado, pero al mismo tiempo adelantó gestiones para ser deportado a Italia, donde también tiene nacionalidad.

“A finales de 2019 el Juzgado de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz le había retirado la orden de captura que había proferido un año atrás. En marzo de 2020 él terminó de cumplir su pena en Estados Unidos por el delito de narcotráfico y solicitó ser deportado a Italia, en lugar de Colombia. En ese momento, en medio del confinamiento por la pandemia del Covid-19, la Sala de Justicia y Paz de Bogotá trabajó a toda marcha para dictar una nueva orden de captura y hacerla llegar a las autoridades estadounidenses. De no ser por esa rápida acción, Mancuso estaría en Italia”, cuenta el abogado.

Otro jurista señala que Justicia y Paz reconoció que ya cumplió la sentencia de ocho años de cárcel que le impuso en 2018 por el tiempo que estuvo preso en Estados Unidos, pero con el condicionante de vincularse a los programas de reintegración de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, para garantizar su libertad y mantener en pie la pena alternativa que le fue concedida por cumplir con los requisitos de esa jurisdicción transicional. No obstante, eso no implica que no deba comparecer por los 17 procesos que cursan ante las diferentes Salas de Justicia y Paz.

Por otro lado, Mancuso también tiene cuentas pendientes con la justicia ordinaria. Entre ellas se encuentran un proceso por presunto lavado de activos y concierto para delinquir por hechos que, al parecer, cometió tras su desmovilización de las Auc.

Y, como si fueran pocos sus compromisos con la justicia, también se suma su comparecencia ante la JEP, que lo aceptó para que aporte verdad en el Caso 008, en el que investiga crímenes cometidos por la Fuerza Pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto. En ese expediente, Mancuso no asiste en calidad de combatiente sino de testigo, toda vez que ese tribunal de justicia transicional considera que tuvo un “rol de bisagra” entre sectores de la Fuerza Pública y grupos paramilitares.

Trayectoria paramilitar

Mancuso, quien en los años 90 creó un grupo paramilitar con el apoyo de la Brigada XI del Ejército Nacional para defenderse de las guerrillas, sobrevivió a dos décadas de lucha contra grupos subversivos y a la guerra fratricida entre paramilitares que, en medio del proceso de desmovilización de las Auc, acabó con la vida de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil; de Carlos Mauricio García, alias ‘Doble Cero’; de Miguel Arroyave, alias ‘Arcángel’; de Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, entre otros.

‘El Mono’, como era conocido el otrora ganadero en las filas paramilitares, fue muy cercano a los Castaño Gil, jefes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), quienes promovieron la creación de las Auc y asumieron su comandancia hacia 1997. A él le encomendaron la expansión de las Accu por el Caribe y Norte de Santander; por esa razón fungió como jefe del Bloque Córdoba, del Bloque Norte y del Bloque Catatumbo.

Entre 2003 y 2006, cuando se dio la desmovilización de los bloques y frentes que componían a las Auc en medio del proceso de paz que adelantó el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), Mancuso fue una de sus caras visibles. Posteriormente se vinculó a la jurisdicción de Justica y Paz, creada para que los desmovilizados confesaran la verdad de su paso por la guerra, repararan a sus víctimas y se comprometieran con la no repetición de la violencia, a cambio de obtener penas alternativas que oscilan entre cinco y ocho años de prisión.

Ese proceso de declaración se truncó temporalmente el 13 de mayo de 2008, cuando el expresidente Uribe extraditó a Estados Unidos a 14 jefes desmovilizados de las Auc que eran requeridos por cortes de ese país para que respondieran por cargos asociados al narcotráfico. ¿La razón? El gobierno nacional de esa época argumentó que tomó la decisión porque estaban delinquiendo desde prisión.

No obstante, Mancuso continuó vinculado al proceso de Justicia y Paz. Por medio de videoconferencia, fiscales de esa jurisdicción continuaron realizando las versiones libres en las que confesó y admitió responsabilidad en cientos de crímenes cometidos por él o los hombres bajo su mando, los cuales fueron imputados ante los tribunales de esa jurisdicción transicional de Bogotá y Barranquilla.

De ese modo, recibió tres sentencias por un total de 2.234 crímenes, entre los que se encuentran asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, masacres, desapariciones forzadas y secuestros, entre otros. La primera fue dictada el 31 de octubre de 2014, la segunda el 20 de noviembre de 2014 y la tercera el 29 de noviembre de 2022. Además, se le suman 7.500 que se encuentran en etapa de juicio y 25.500 más correspondientes a procesos de imputación de cargos.

Más allá del expresidente Uribe

Diferentes sectores guardan expectativas por los aportes que Mancuso pueda realizar para esclarecer miles de crímenes que se encuentran impunes y develar nexos que grupos paramilitares sostuvieron con la clase dirigente del país que aún mantienen ocultos. Uno de los casos más sonados y que, en parte, ha invisibilizado al resto ante la opinión pública, es la supuesta relación que el expresidente Álvaro Uribe Vélez llegó a sostener con sectores del paramilitarismo.

Filtraciones a la prensa de una audiencia reservada que el exjefe paramilitar sostuvo con la JEP en noviembre del año pasado, en la que supuestamente incriminó al exmandatario con al asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y en la planeación de la masacre de El Aro, dan cuenta de ello. No obstante, los aportes que Mancuso puede hacer van más allá.

Para Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la importancia del regreso del exjefe paramilitar radica en que se comprometió con la JEP en suministrar información para el Caso 008. “El rol en el que ha sido aceptado Mancuso corresponde al momento previo de ser comandante paramilitar. Eso será clave para arrojar luces sobre cómo se tejieron las relaciones con fuerzas militares y policía; sobre la manera en la que contribuyeron en la creación de grupos paramilitares; y sobre cómo se encubrieron mutuamente los delitos que cometían”, dice.

Adriana Arboleda, vocera nacional del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), reconoce que en Justicia y Paz hubo avances en materia de verdad, pero los considera parciales. Por esa razón, ve en este momento la oportunidad para que se esclarezcan la responsabilidad que tuvieron sectores que operan desde la legalidad en crímenes que cometieron las Auc.

“Es prioritario conocer la cúpula del paramilitarismo. Siempre se ha creído que estaba conformada por Salvatore Mancuso, los hermanos Castaño y Diego Fernando Murillo Bejarano, pero por encima de ellos han estado siempre unos verdaderos capos que vienen del mundo empresarial, ganadero y político. Eso es fundamental que lo devele. En la medida que se sepa, se contribuye a las garantías de no repetición”, plantea.

Para Yessika Hoyos, presidenta del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), hay muchas situaciones relacionadas con las Auc pendientes de esclarecerse, como la creación del Bloque Capital, la cual ha sido atribuida por algunos desmovilizados al exvicepresidente Francisco Santos; la toma del paramilitarismo de las universidades públicas de la costa Atlántica, con sus respectivos asesinatos de profesores y estudiantes; la apropiación de recursos de la salud; asesinatos de personas defensoras de derechos humanos; y la constante persecución a asociaciones sindicales.

“Hay verdades que todavía no se han aclarado y esperamos que cuente toda la verdad porque es un derecho no solamente de las víctimas, sino de la sociedad. Su regreso lo vemos como una oportunidad para que se cuente toda la verdad y para que siga entregando lugares donde se encuentran inhumadas personas desaparecidas forzadamente. Llega a cumplir un papel muy importante porque fue admitido en la JEP como bisagra entre el paramilitarismo y el Estado”, señala la jurista.

Mancuso tendrá una nueva oportunidad para contribuir en la reparación de las víctimas del conflicto armado. Se espera que revele información sobre hechos que son desconocidos y aporte pruebas que permitan el esclarecimiento de otros de conocimiento público, y que en la JEP deje repetir las versiones que ya contó en diferentes instancias judiciales.

A continuación, presentamos una serie de artículos que hemos publicado sobre este exjefe paramilitar, quien, al parecer, aún guarda secretos sobre el conflicto armado en Colombia.