Tierras

Puerto Antioquia: ¿irregularidades de gran calado?

Por: Ricardo Cruz

Una porción de las tierras donde se construirá el terminal marítimo en el Golfo de Urabá está afectada por un complejo litigio jurídico impulsado por comunidades negras que llevan más de 60 años ocupando ese territorio y el Estado les ha demorado la titulación. Esta investigación da cuenta de una historia de conflicto armado y resistencia en medio de este ambicioso proyecto.
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Desde el 3 de octubre de 2017, el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Tierras de Apartadó, Urabá antioqueño, tiene sobre su escritorio la solicitud de restitución colectiva presentada por el Consejo Comunitario Puerto Girón de comunidades negras, para que se les titule un territorio de 11.269 hectáreas que consideran ancestral y que abarca áreas de los corregimientos Puerto Girón (Apartadó), Nueva Colonia (Turbo) y Zungo (Carepa).

No se trata de un caso cualquiera. Las tierras en litigio están atravesadas por los ríos León y Suriquí, que desembocan en el Golfo de Urabá, que da salida al océano Atlántico. Y justo en ese lugar, que las comunidades negras reclaman como propio, es donde las élites empresariales antioqueñas pretenden materializar su viejo anhelo: construir un terminal marítimo al que bautizaron Puerto Antioquia.

El sueño parece estar más cerca de la realidad. El pasado 20 de marzo se firmó en Medellín el contrato de concesión portuaria entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Sociedad Puerto Bahía de Colombia de Urabá, que le permitirá explotar a esta última el terminal marítimo por 30 años.

El costo de este proyecto, calculado en 700 millones de dólares, tendrá un aporte inicial de los socios de 220 millones de dólares y con la firma del contrato de concesión se esperan conseguir otros 480 millones de dólares en la banca nacional e internacional. Los promotores de Puerto Antioquia estiman que el terminal marítimo podría estar listo para mayo de 2022.

En calidad de socios de esta megaobra participan Puertos, Inversiones y Obras S.A.S (PIO S.A.S), la naviera francesa CMA CGM S.A., operadora de más de 45 puertos en varios continentes, Agrícola Santamaría S.A.S., Agrícola El Retiro S.A.S., la Sociedad de Comercialización Internacional Banafrut S.A., C.I. Tropical S.A., C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A. (Uniban) y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).

Sin embargo, no es claro si las obras podrán comenzar sin contratiempos legales debido a las medidas cautelares emitidas el 10 de mayo de 2018 por el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Tierras de Apartadó sobre 70 predios privados dentro del territorio colectivo solicitado por el Consejo Comunitario. Entre ellos, varias fincas que figuran a nombre de Agrícola Santamaría, de propiedad de la familia Henríquez Gallo, reconocidos empresarios bananeros y socios de Puerto Antioquia.

Entre las comunidades negras de Puerto Girón hay un profundo escepticismo. Y no es para menos. Desde que emprendieron su lucha por la tenencia de la tierra, hace poco más de 20 años, han sufrido innumerables agresiones por parte de todos los actores armados y han tenido que enfrentarse a la desidia burocrática de las entidades estatales que parecen no reconocer su existencia.

Además, también les preocupa el nombramiento de Dayra Reina Hernández como directora de la Territorial Urabá de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) a través de la Resolución 835 del 23 de noviembre de 2018 por cuanto representó, como abogada, los intereses de Agrícola Santa María en el litigio de las tierras de Puerto Girón. Así lo constató VerdadAbierta.com en una investigación publicada en diciembre del año pasado.


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Historia Ancestral

“Primero fue Puerto Girón que Apartadó”, señala un negro alto, delgado, afable, de tono pausado al hablar. Y no exagera en su afirmación. Mientras Apartadó nació legalmente como municipio mediante Ordenanza N. 07 del 30 de noviembre de 1967, las comunidades negras recuerdan que fue en 1945 cuando arribaron personajes como Tomás Chiquillo, Pedro Ospina y Juan Silvestre Blandón a ese rincón del Urabá antioqueño, al que inicialmente bautizaron como Bodegas, luego Caco y finalmente, en 1976, terminaron nombrando como se conoce hoy.

“Se bautizó así para hacerle un homenaje al doctor Girón”, recuerda uno de los pobladores, haciendo alusión a un administrador de la empresa Maderas del Darién S.A. de quien, dice, tenía un corazón amplio y generoso al punto de llegar a donar listones y vigas para la construcción de las primeras viviendas en el caserío. Esa compañía maderera estuvo en el territorio entre las décadas del sesenta y noventa del siglo XX gracias a una concesión otorgada por la Nación que le permitió explotar bosques maderables en la región colindante del Bajo Atrato.

La salida de la empresa maderera del territorio coincidió con el recrudecimiento del conflicto armado en el Urabá antioqueño. Su nombre fue referenciado por exparamilitares en los tribunales de Justicia y Paz como una de las compañías que habría colaborado con la causa contrainsurgente en el Urabá antioqueño.

Eran tiempos de fuerte agitación política, sindical, militar y social que fueron aprovechados por las guerrillas del Epl y las Farc para instalarse en Puerto Girón. Ambos movimientos insurgentes se autoerigieron ante las comunidades negras como reguladores de la vida social, cooptaron las juntas de acción comunal, impusieron normas de convivencia y establecieron castigos para los desobedientes.

Las diferencias que surgieron entre las guerrillas por sus “modelos revolucionarios” dio lugar a pugnas que luego se transformaron en confrontación armada. El territorio se fracturó y esta ruptura se intensificó tras el acuerdo de paz pactado el 29 de enero de 1991 entre el gobierno nacional y el Epl.

La historia cuenta que un grupo de disidentes, liderados por Francisco Caraballo, volvió a las armas y comenzó sus acciones armadas de la mano de las Farc. ‘Farianos’ y disidentes declararon objetivo militar a los desmovilizados del Epl. Ante los continuos ataques armados, un número importante de ellos decidieron armarse y crear los llamados Comandos Populares.

En medio del fuego cruzado quedaron las comunidades negras de Puerto Girón, señaladas por cada bando como “colaboradores del enemigo”: las Farc señalaban a los pobladores de brindar ayuda a los Comandos Populares mientras que estos sindicaban a los líderes y presidentes de juntas de acción comunal de ser miembros de las Farc.

El terror para las comunidades negras se profundizó con el ingreso de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y luego de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Tal como lo documentó la Unidad de Restitución de Tierras (URT), los paramilitares se instalaron en el corregimiento Nueva Colonia y desde allí ingresaron a Puerto Girón.

Para el año 1997, los paramilitares ejercían férreo control militar sobre el territorio, al punto que provocaron el desplazamiento forzado de aquellos pobladores asentados sobre las márgenes de los ríos León y Suriquí, quienes, sin más remedio, tuvieron que instalarse en los cascos urbanos de Carepa, Chigorodó, Turbo, Apartadó.


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Violencia Sistemática

No fue el único éxodo forzado que se registró en Puerto Girón. De hecho, este flagelo, así como diversas violaciones a los derechos humanos, se intensificaron conforme fueron avanzando las acciones legales emprendidas por las comunidades negras para obtener la titulación colectiva sobre el territorio que llevaban habitando por más de 50 años.

Dichas acciones consistieron, básicamente, en hacer valer los derechos consagrados en la Ley 70 de 1993. Esa norma reconoce la propiedad colectiva de las comunidades negras sobre las tierras baldías ribereñas, principalmente en las cuencas de los ríos del Pacífico y del Urabá antioqueño y chocoano, que han ocupado ancestralmente, además de diseñar mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de los negros como grupo étnico. El artículo 5 precisa que “para recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables, cada comunidad negra formará un Consejo Comunitario como forma de administración interna”.

Para las comunidades negras, la Ley 70 constituyó una oportunidad de oro para acceder a territorios ocupados ancestralmente y manejarlos conforme a sus tradiciones. Así, para 1999, los pueblos negros asentados en el Medio y Bajo Atrato chocoano, así como Los Mangos, Manatíes, Bocas del Atrato y Leoncito, vecinos de Puerto Girón, ya contaban con sus consejos comunitarios y avanzaban en la solicitud de adjudicación del territorio colectivo.

No sucedió así en Puerto Girón. Los paramilitares, que para la época ejercían un férreo control social y militar en el territorio, impidieron cualquier forma asociativa comunitaria y para ello no vacilaron en emplear la sevicia.

Tal como lo documentó la URT, integrantes de las Auc ingresaron, en febrero de 2000, al caserío, obligaron a los pobladores a reunirse en la ribera del río León, los amarraron y golpearon a varios de ellos y luego ordenaron a los miembros de la comunidad a entregar sus utensilios de caza, como escopetas y rifles.

Las incursiones continuaron a lo largo de ese año. Los líderes fueron constantemente amedrentados y obligados a rendirles cuentas a los paramilitares. Hasta que ocurrió la primera de varias tragedias para las comunidades negras de Puerto Girón: El 20 de septiembre de 2000, integrantes de las Auc asesinaron en su propia casa a Pedro Antonio Beytar, reconocido líder que venía impulsando la creación del consejo comunitario. Tras su muerte, todos los habitantes abandonaron el territorio y los demás líderes comunitarios decidieron abandonar sus tareas.

La tragedia volvería sobre Puerto Girón el 5 de julio de 2004, cuando un piquete de paramilitares, bajo las órdenes de Carlos Vásquez, alias ‘Cepillo’, ingresó a Puerto Girón y retuvo, torturó y asesinó a Manuel Chiquillo, uno de los líderes que impulsaba la titulación colectiva y quien estaba siendo perseguido por los paramilitares de la región.

El hecho conmocionó fuertemente a la comunidad y así lo recuerda un poblador: “Tras su muerte, volvimos y nos desplazamos nuevamente. No quedó nadie. El miedo de la gente era muy grande. Cómo será que desde eso hay gente que está por los lados del Valle, del Chocó, en la Costa (Atlántica) y dicen que por aquí no vuelven nunca”.


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¿Actuaciones Irregulares?

La violencia paramilitar no ha sido lo único que ha obstaculizado tanto el reconocimiento por parte de las autoridades locales y regionales del Consejo Comunitario Puerto Girón como la titulación colectiva del territorio ancestral. A ello se suman acciones presuntamente irregulares por parte del entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) que, sin explicación alguna, dilató el derecho de las comunidades negras de acceder a sus tierras mientras que tituló otras, de manera individual, a ganaderos y bananeros. Varios de esos predios serán utilizados en la construcción del terminal marítimo Puerto Antioquia.

El 18 de enero de 2001, el entonces representante legal del naciente Consejo, Milton Velázquez, envió solicitud de titulación colectiva a la gerencia de la Regional Antioquia del Incora. La normativa señala que, en estos casos, la entidad tiene un plazo de tres meses para expedir resolución de visita técnica de verificación y tramitar la solicitud.

Sin embargo, el 15 de agosto de 2001 la entidad emitió constancia de “recibido” y tan solo tres años después, el 19 de julio de 2004, la Oficina de Enlace Territorial No.3 del Incoder, con sede en Medellín, designó al funcionario Clímaco Chamorro para que tramitara la solicitud de las comunidades negras de Puerto Girón.

El nombre de Clímaco Chamorro no es nuevo para los funcionarios de la URT ni para los jueces. En sentencia proferida el 30 de octubre de 2014 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, se señala al entonces funcionario del Incoder como partícipe en el despojo masivo que tuvo lugar en la vereda Paquemás de Turbo.

Se trató de una conspiración para usurparle predios a más de 40 parceleros que fueron beneficiados con adjudicación de baldíos en 1994. Para ese año, la guerra entre las fuerzas paramilitares y los grupos guerrilleros estaba en su máxima intensidad, lo que obligó el éxodo de los labriegos. Una vez desterrados de sus predios, comisionistas de tierras contactaron a los campesinos para obligarlos a vender sus tierras.

Para cerrar el negocio, cada labriego recibió instrucciones precisas para buscar un funcionario en las instalaciones del Incoder en Urabá: Clímaco Chamorro. Este obligaba a los parceleros a firmar papeles en blanco. La acción de la justicia demostró que dichas hojas en blanco fueron utilizadas para elaborar resoluciones y actas donde, supuestamente, los campesinos renunciaban a sus adjudicaciones.

Quizás por ello hoy, cuando miran hacia al pasado, a los miembros del Consejo Comunitario no les sorprende las recomendaciones que hizo Chamorro luego de su visita a Puerto Girón, que tuvo lugar entre los meses de agosto y noviembre de 2004; es decir, un mes después del asesinato de Manuel Chiquillo.

En efecto, en su informe de visita técnica al Consejo Comunitario Puerto Girón, fechado el 25 de noviembre de 2004, Chamorro omite todo contexto de violencia en la zona, señala que el territorio a adjudicar colectivamente no debería ser de 10 mil hectáreas sino de 4.000 hectáreas y consigna, además, que “en esa área se encuentran unos 65 ocupantes o colonos que poseen un área de 3.150 hectáreas. De estos, 48 solicitaron titulación individual ante el Incora”.

Chamorro no viajó solo a Puerto Girón. Lo hizo en compañía de Eladio Torres Madera, señalado por las comunidades negra como presunto despojador de tierras. Su nombre también aparece referenciado en la sentencia proferida el 30 de octubre de 2013 por el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá contra el exjefe paramilitar Hebert Veloza, alias ‘HH’. Allí figura como uno de los colaboradores del Bloque Bananero de las Auc, que operó en Apartadó y Turbo.

Pero esta no sería la única actuación irregular del Incoder. En 2006, cinco años después de presentada la solicitud, la entidad le informó al Consejo Comunitario que faltaba información relevante. Con el mismo argumento rechazó en tres oportunidades la solicitud de las comunidades negras en los años 2009, 2010 y 2011, con el agravante que, en cada devolución, el expediente del proceso llegaba incompleto.

Y no solo ello. Luego de visita efectuada el 8 de mayo de 2007 a Puerto Girón, Chamorro señaló en su informe que “por unanimidad, las comunidades no tienen interés en la titulación colectiva al parecer por acaloradas discusiones con el representante legal del consejo comunitario”.

“¿Qué pasó ese día? Que se convocó a las comunidades a una reunión para reafirmar la pertenencia al Consejo Comunitario e insistir en la titulación colectiva”, rememora uno de los asistentes a aquella reunión. “Pero llegó mucha gente que no era del territorio; incluso, hubo gente armada, así, con sus armas a la vista. Cuando se pidió la votación para la titulación colectiva, nadie quiso levantar la mano. ¿Quién lo iba hacer con ese miedo tan tremendo?”.

Después de una larga lucha jurídica y de dilaciones burocráticas, el Ministerio del Interior reconoció en 2013 el Consejo Comunitario de Puerto Girón y a través de la Resolución 049 procedió a inscribirles en el Registro Único Nacional de Comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), que reemplazó al Incora y luego al Incoder, ha suspendido y reactivado el trámite de la titulación colectiva en diversos momentos, sin que, a la fecha, haya luz verde frente a la decisión. “Lo último que nos dijeron era que como habíamos puesto la demanda ante la Unidad de Restitución de Tierras, pues no nos titulaban el territorio hasta que eso se resolviera”, precisa uno de los pobladores.

Uno de los últimos documentos que reposa en el expediente de Puerto Girón es un extenso memorando, fechado el 30 de mayo de 2018, que contiene un análisis realizado por Carolina Galindo, en ese entonces Jefe de la Oficina del Inspector de Gestión de Tierras de la ANT, en el que expresa su preocupación por el lento proceso de titulación a las comunidades negras y sugiere adelantar un “trámite prioritario” para resolver esta petición.

“Producto de esta presunta dilación, se constituyó una afectación territorial para la comunidad, en beneficio de terceros que se hicieron a titulaciones individuales y demás maniobras de despojo, ampliando de este modo la frontera bananera y ganadera en la región, y de manera subyacente favoreciendo el proyecto portuario Puerto Antioquia”, se lee en uno de los apartes del memorando.


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¿Ocupación Ilegal?

No es claro entre las comunidades negras cómo un número importante de bananeros y empresarios sobre los cuales pesan serios señalamientos como despojadores de tierras y financiadores del paramilitarismo resultaron beneficiados por el Incoder, tras liquidarse el viejo Incora, con adjudicaciones de baldíos dentro del territorio colectivo.

Entre esos cuestionados ocupantes se encuentra Héctor Duque Echeverry, condenado en 2013 a 150 meses de prisión por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y ocupación de áreas de especial importancia ecológica.

En su providencia, el Juzgado Quinto demostró que Duque, en asocio con otros palmicultores, se apropiaron de manera fraudulenta de 4.500 hectáreas ubicadas en la cuenca del río Curvarado para iniciar allí un proyecto palmero promovido por el exjefe paramilitar Vicente Castaño.

Lo curioso es que Duque aparece como propietario del predio San Agustín, de 40 hectáreas, ubicado dentro del Consejo Comunitario de Puerto Girón. Según la tradición del predio, lo adquirió mediante compraventa el 23 de diciembre de 2004 a Luis Fernando Amorocho Calderón.

También aparecen como propietaria de cinco fincas dentro del Consejo Comunitario la empresa Agropecuaria La Docena S.A., mencionada por el exjefe paramilitar y empresario bananero Raúl Hasbún ante fiscales de Justicia y Paz en diligencias de versión libre del 25 de enero de 2011 en Medellín, como una de las supuestas financiadoras del Bloque Bananero de las Auc.

Otra firma que figura como propietaria es Agrícola Santamaría S.A, de los hermanos Guillermo y Jaime Henríquez Gallo. Según los análisis de la URT, se trata de cinco predios que, extrañamente, fueron adjudicados el mismo día (31 de diciembre de 1998) y comprados a sus adjudicatarios el mismo día (28 de diciembre de 2000).

En versión libre rendida el 3 de septiembre de 2010 ante fiscales de Justicia y Paz, Hasbún entregó un listado consolidado con los nombres de bananeros, ganaderos y empresas agrícolas que ayudaron a financiar el paramilitarismo en Urabá. Entre los nombres salpicados figuran los hermanos Jaime y Guillermo (fallecido en septiembre de 2016) Henríquez Gallo.

Hasta exfuncionarios del antiguo Incoder figuran como propietarios de predios dentro del territorio en litigio. Se trata del caso de Wuit Bradley Osorno, quien trabajó para esa entidad hasta 2003 y luego fue beneficiario de la adjudicación de un predio de 57 hectáreas en Puerto Girón mediante Resolución R2239 del 16 de octubre de 2008. Según la normatividad existente, solo es posible adjudicarles tierras a los funcionarios que trabajen en cualquier entidad del sistema de Reforma Agraria y Desarrollo Rural pasados cinco años de su desvinculación.

Otro caso que preocupa a las comunidades negras es el de Margarita Montoya de Acevedo. Según Certificado de Libertad y Tradición, mediante Resolución 3642 del 21 de noviembre de 1989 el Incora el adjudicó a esta mujer el predio Bella Vista, de 76 hectáreas, ubicado en la vereda Nueva Colonia de Turbo, territorio objeto de reclamación ante el Juez Primero Civil.

“Pero no es la única tierra que tiene esa señora, también tiene tierras y, lo más grave, ganados, en Bahía Colombia”, denuncia uno de los habitantes de Puerto Girón. VerdadAbierta.com constató que otro de los propietarios de predios en esta área sensible sería Héctor Duque Echeverry, quien se hizo a esas tierras el 20 de diciembre de 2004, según consta en documento de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá (Corpouraba) fechado en 2009.

La Isla, o Bahía Colombia, es un islote de 5 mil hectáreas frente a la desembocadura de los ríos León y Suriquí, rodeada, además, por las aguas del mar Caribe. Para las comunidades negras de Puerto Giron, esa isla no solo hace parte de su territorio ancestral: es su mayor riqueza. “Es hogar del manglar, de aves migratorias, de cualquier cantidad de micos, es un pulmón verde en medio del mar”, describe el presidente del Consejo.

Los negros han cuidado ese santuario natural por años, exponiéndose, incluso, a las amenazas de aquellos que han explotado madera en La Isla. Pese a ser un territorio solicitado por las comunidades negras, Corpourabá, autoridad ambiental de la región, decidió en 2009 declarar La Isla como Reserva Protectora Regional, y en 2011, como Parque Natural Regional.

“Nosotros hemos cuidado esa isla todos estos años. De hecho, la Ley 70 llama la atención sobre cuidar el territorio y lo hubiéramos podido hacer. Pero ahora es Parque y entonces ¿por qué Corpourabá permite que esta señora Margarita tenga ganado ahí, en el Parque? Si es para cuidar esa reserva, ¿Por qué van a permitir construir el viaducto que va para el puerto sobre el Parque? ¿Acaso eso no atenta contra el Parque?”
VerdadAbierta.com se comunicó con Vanessa Paredes, directora de Corpourabá, para conocer su versión al respecto.

Mediante respuesta por escrito, la funcionaria explicó que en la declaratoria de La Isla o Bahía Colombia como Reserva Forestal Protectora Regional y luego como Parque Natural Regional, la entidad obró conforme “a los condicionamientos ambientales y sociales y a la autonomía que la Constitución y las normas nos brinda” y enfatizó que se buscó la protección de un ecosistema de especial importancia pensando en el bien común para la región del Urabá.

Asimismo, reconoció que Corpourabá viene haciendo seguimiento a las denuncias de las comunidades sobre cortes ilegales de madera y otros daños. En ese sentido, “se han realizado denuncias ante la Fiscalía cuando se han identificado infractores de delitos ambientales como ampliación de frontera agrícola y de invasión para venta de lotes al interior del área”.

Dado que el proyecto de Puerto Antioquia se encuentra en el área de influencia del área protegida, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) exigió que antes de ser entregada la licencia ambiental se sustrajera el área comprometida para el proyecto, que finalmente corresponde a unas 1.55 hectáreas, es decir, el 0.2 por ciento del Parque. Esto se dio cuando la Isla era todavía reserva forestal protectora, figura que permite este tipo de sustracciones para proyectos de utilidad pública e interés social.

“La sustracción y el proceso de licenciamiento impusieron medidas de compensación por pérdida de biodiversidad equivalentes a 255.4 hectáreas. Hasta ahora se han suscrito acuerdos para que esta compensación se desarrolle al interior del Parque Natural Regional y que involucre las comunidades del área de influencia del proyecto”, señaló la funcionaria en su respuesta.


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Viejo Anhelo Empresarial

Si bien desde la década del cincuenta del siglo XX las élites empresariales antioqueñas vienen gestando la construcción de un puerto en el Golfo de Urabá, solo hasta 2010 el proyecto comenzó a tomar forma. Lo que hoy se tiene proyectado construir en el corregimiento de Nueva Colonia es un muelle de cinco posiciones de atraque para buques de gran calado, así como un viaducto de doble calzada (que atravesará el Parque Natural Regional La Isla) que permita el tránsito de hasta ocho tractocamiones entre la plataforma en mar y el puerto en tierra.

El proyecto, que aspira a mover 6,6 millones de toneladas de carga al año, obtuvo la licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el 25 de enero de 2012, pero fue modificada el 28 de enero de 2016 debido a los cambios sustanciales que presentó el diseño del terminal, que implicaron ampliaciones importantes en las áreas de dragado, de construcción, de maniobras y de botaderos de desechos propios de la obra.

Por los impactos ambientales y sociales que generará el proyecto, las comunidades negras esperaban que sus responsables realizaran consulta previa, pero esto no ocurrió. La razón: un concepto técnico de la Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, del 4 de agosto de 2015, señaló que en el territorio de influencia del Puerto no se registraba presencia de comunidades negras y, por tanto, no se requería la consulta previa.

“Nosotros no nos oponemos al proyecto. Solo reclamamos nuestro derecho a la consulta previa”, enfatiza un habitante de Puerto Girón. Curiosamente, dos años antes, el 4 de junio de 2013, la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, reconoció la existencia legal del Consejo Comunitario Puerto Girón, por lo que en el caserío se preguntan entonces por la legitimidad de la decisión de la Dirección de Asuntos Étnicos.

Aunque el Consejo Comunitario de Puerto Girón impugnó tanto las resoluciones de la Dirección de Asuntos Étnicos como de la ANLA, las respuestas de ambas entidades han ratificado que no procede la consulta previa.

De hecho, según cuentan en Puerto Girón, como parte del proceso de restitución de tierras, la Dirección (de Asuntos Étnicos) volvió a enviar a dos funcionarios para verificar presencia de comunidades negras: “Ellos vinieron la segunda semana de diciembre de 2017. Y luego estuvo el propio director de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, a finales de enero de 2018. Se reunió con nosotros, le mostramos el caserío, lo invitamos a almorzar y todo. Cómo sería nuestra sorpresa cuando en junio de ese año nos enteramos que ratificó que no había presencia de comunidades negras”

Al no reconocimiento de sus derechos como pueblo étnico se suma ahora el deterioro del orden público. Por su ubicación estratégica, zonas selváticas de Puerto Girón están siendo utilizadas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) para instalar laboratorios para el procesamiento de cocaína, que luego es sacada en lanchas a través de los ríos León y Suriquí a las aguas del mar Caribe en vía a los mercados internacionales.

Tanto allí, como en los municipios donde las Agc mantienen fuerte presencia armada, se advierte la presencia de “puntos”, nombre dado a personas que se instalan en sitios específicos de una comunidad para informar sobre cada movimiento que den los líderes comunitarios, la llegada de forasteros y las acciones que puedan adelantar todos aquellos que se muestran contrarios al orden impuesto por los ‘gaitanistas’.

En ese contexto, el riesgo que corren comunidades como las de Puerto Girón radica, tal como lo detalló el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en Alerta Temprana de Inminencia 053-18, es que sean víctimas de restricciones a la movilidad, que los escenarios de participación comunitaria sean cooptados por actores armados, que los líderes sean señalados y amenazados, y que nuevamente se presenten casos de desplazamiento forzado.

“El SAT de la Defensoría advierte sobre la intensificación de los riesgos para las familias y personas que hacen parte de los 6.378 casos individuales y siete casos colectivos (étnicos) que la URT adelanta en los nueve municipios de la subregión de Urabá, en tanto los hechos descritos –ataques perpetrados en 2018 contra funcionarios de esta entidad- constituyen un ataque directo contra el proceso de restitución de tierras”, alertó esta agencia del Ministerio Público.

Sin duda un escenario que, sumado a la larga lista de acciones estatales que desconocen la presencia de comunidades negras en el territorio, menguarían el ánimo de cualquiera. Pero no el de sus pobladores, quienes, pese a las adversidades, responden, sin atisbo de duda, que “nos encanta que la gente conozca Puerto Girón, porque ese sí es la mejor esquina de América y el mejor lugar del mundo para vivir”.

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Investigación adelantada con el apoyo de la CCJ y recursos del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID.

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