A mediados de septiembre de 2016, se respiraban aires de paz en las sabanas del Yarí, en Caquetá, el tercer departamento más extenso del país. Allí, reunidos en su décima conferencia nacional, los guerrilleros de las Farc se preparaban para abandonar definitivamente su guerra que había comenzado hacía más de medio siglo. Cuatro años de negociaciones con el gobierno habían culminado con éxito. Más de quinientos periodistas intentaban captar la escena histórica.

Se podía andar por todos los caminos sin miedo. La gente salía a saludar a los transeúntes, esbozando amplias sonrisas y confiados en la paz soñada por tantas décadas. Dos meses después, el 24 de noviembre se selló la paz definitiva.

Con el paso de los meses, esa ilusión de paz se les fue como agua entre las manos a los caqueteños. A las Farc la reemplazaron otros hombres armados, y con ellos llegaron narcotraficantes y ganaderos a deforestar el pedazo de Amazonía que aún queda en ese departamento. Detrás de los nuevos violentos, y a veces escudados por ellos, llegaron exploradores para ver si había petróleo qué explotar o si los enormes ríos el Caquetá y el Yarí servirían para hacer hidroeléctricas.

El respiro de paz había animado a comunidades a tomar su destino en sus manos, libres ya de tener que obedecer a grupos armados imponiendo su orden arbitrario. Líderes campesinos y étnicos, y activistas ambientales salieron a la defensa de los bosques, la selva y los ríos. Querían que su exuberante territorio prosperara, pero a tono con el cuidado de la inmensa y biodiversa selva amazónica, patrimonio de la humanidad.

El liderazgo social se volvió peligroso, sin embargo.

Por lo menos 25 líderes fueron asesinados por defender su autonomía y su medio ambiente, desde que se firmaran los acuerdos de paz en 2016 hasta finales de 2019. El riesgo es creciente. El año pasado mataron a diez defensores ambientales. Fue la tercera cifra más alta, después de las de Cauca y Antioquia. En el primer trimestre de 2020, según la organización Somos Defensores, se registraros dos homicidios.

“Después de la firma del acuerdo de paz, la Defensoría viene advirtiendo y documentando la reconfiguración del conflicto armado en el territorio, tras la salida de las antiguas Farc”, dijo a VerdadAbierta.com para este reportaje, Mateo Gómez, director nacional de Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. Su entidad, diseñada para prender alarmas cuando hay alto riesgo de violación de los derechos de los habitantes de alguna región del país, ya ha emitido cinco informes llamando al gobierno a la acción para proteger a las comunidades de Caquetá.

En marzo de 2017 y luego otra vez en febrero de 2018, la Defensoría del Pueblo advirtió que en diez de los 16 municipios del Caquetá (San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Valparaíso, Paujil, Puerto Rico, Solano, La Montañita, Morelia, Belén de Los Andaquíes y Florencia) había riesgos graves para los dirigentes sociales y ambientales.

No han valido las admoniciones. En varios de esos municipios ocurrieron los homicidios de los dirigentes sociales: cinco en San Vicente del Caguán, tres en Puerto Rico, tres en Florencia y tres en La Montañita. Además, Belén de Los Andaquíes, San José del Fragua, y Solano registran un caso cada uno, según datos de la organización no gubernamental Somos Defensores.

No estaba en esa alerta temprana Curillo, donde cayó otro más. Tampoco Cartagena del Chairá, con el peor récord, en donde mataron a otros siete líderes. Esos son 12 municipios de los 16 caqueteños a donde ya llegó la infección de la violencia.

No se veían esas cifras en esos llanos y selvas desde 2002, el primer año que Somos Defensores empezó a llevar sus registros, y cuando las guerrillas dominaban medio departamento y los paramilitares se habían tomado varios municipios.

“Las disidencias [de guerrilleros que no firmaron el Acuerdo de Paz o lo abandonaron] están en San Vicente del Caguán, fortaleciéndose, ejerciendo control económico, social”, dijo en entrevista con este medio, Domingo Pérez, exalcalde de San Vicente del Caguán (2012-2015) y defensor de derechos humanos de la Corporación Caguán Vive. Explica además que las autoridades no consiguen frenarlas porque “siguen implementando el viejo modelo de lucha contrainsurgente y el abandono de las comunidades se sigue presentando como venía pasando anteriormente”.

La Corporación Caguán Vive, de la que hace parte el exalcalde Pérez, fue creada en 2007 por activistas locales, en reacción a la masacre que cometieron dos solados borrachos el 10 de junio de ese año, cuando acribillaron con sus fusiles de dotación a seis personas, entre ellas a un menor de edad.

“Hay una deuda histórica en cuanto al rol de la Fuerza Pública, en su función constitucional”, dice Pérez y cita como ejemplo que, en el sur de Caquetá, en Solano o Cartagena del Chairá, grupos ligados al narcotráfico y al paramilitarismo también se han fortalecido y las autoridades no consiguen detenerlos.

Informes del SAT de 2017 y 2018 advirtieron que estaban en riesgo la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán (ASISC); la Asociación Ambiental Losada Guayabero (ASCAL-G) de San Vicente del Caguán; la Corporación Caguán Vive; el Proceso Comunitario Junta de Acción Comunal vereda Platanillo y vereda La Victoria de San Vicente del Caguán; Consejo Departamental Indígena del Caquetá (CODIC), Movimiento Marcha Patriótica y Polo Democrático Alternativo, y representantes de juntas de acción comunal. (Leer más en: Defensoría del Pueblo emite informe de riesgo sobre líderes sociales y Una alerta temprana que llegó 282 muertos después)

Si bien la seccional caqueteña del Comité Permanente para los Derechos Humanos (CPDH), una de las primeras en su campo del departamento, creada en 1981, no figura en los informes de riesgo del SAT, también ha sido hostigada por su labor. Tanto el Comité como algunos de sus integrantes han recibido amenazas, “las últimas –le contó a VerdadAbierta.com un dirigente de la CPDH – han llegado vía mensajes de texto, a nombre de las famosas 'Águilas Negras'”.

La Corporación Caguán Vive acompaña a las comunidades en la defensa de sus derechos, en sus protestas, en sus denuncias de ejecuciones extrajudiciales del Ejército y ayudándoles a crear comités de derechos humanos en las Juntas de Acción Comunal. A pesar de que su labor consiste en hacer cumplir la ley, han sido perseguidos desde hace años. En 2008, cuando apenas tenía un año de fundada, mataron al presidente de entonces, Joel Pérez, hermano del exalcalde y hoy activista de la organización. “Desde ahí empezaron las persecuciones y el intento de montajes judiciales”, asegura Domingo Pérez.

Intereses económicos en Caquetá

Deforestación para sembrar cultivos de uso ilícito. Foto Lis Möller @lissmoller

Con su sentencia 4360 de 2018, la Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonía colombiana como una “entidad sujeto de derechos”. La decisión les dio piso legal y esperanza a organizaciones y activistas defensoras del medio ambiente para detener a quienes habían venido deforestando el Caquetá. Pero no fue así.

“En la Amazonía no ha pasado nada; antes ha aumentado la deforestación”, dijo en entrevista con este portal Mercedes Mejía Leudo, profesora de la Universidad de la Amazonía, quien hace parte de la Mesa Departamental para la defensa del agua y el territorio del Caquetá. “Vivimos en un país en donde a los amigos se les interpreta la ley y a los que son menos amigos, se les hace cumplir”. (Leer más en: En la Amazonía, el campesino no odia la selva)

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) reportó que el tercer trimestre de 2019, se deforestaron entre 1.263 y 1.561 hectáreas del Caquetá, sobre todo en las sabanas del Yarí y los pastizales de San Vicente del Caguán, aunque también se encontraron zonas afectadas en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. El trimestre que siguió arrasaron. Fueron eliminadas entre 9.571 y 10.021 hectáreas de bosque más. Al cierre de esta historia, no habían publicado cifras para este año.

Otros municipios donde el IDEAM encontró tala de árboles o destrucción del bosque nativo, fueron Solano, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, Belén de los Andaquíes y San José del Fragua, justo los municipios donde más líderes han asesinado.

No es casualidad. “Hay capitales lícitos y no lícitos que ingresan al territorio y que están utilizando, de alguna manera las disidencias para hacer procesos de deforestación”, dice la profesora Mejía. “Allí hay una convivencia de todos estos aportantes de dinero para la deforestación. En Cartagena del Chairá, en 2016, las comunidades reportaron deforestación y hoy, personas que llegaron a esos municipios a hacer deforestación están solicitando personería jurídica para juntas de acción comunal allí”.

Para avalar su tesis, Mejía cita un documento del Instituto de Investigación Científica del Amazonas (SINCHI), que dice que entre las causas de la deforestación están los proyectos minero-energéticos e, incluso, macro-proyectos, como carreteras. Explica además que cree que las políticas nacionales no ayudan. Formulan actividades y proyectos sin contar con las comunidades. Gastan mucho en capacitaciones, y en cambio invierten muy poco directamente en la gente afectada.

Para la docente universitaria, los ganaderos tumban bosque original para hacer potreros, pero preocupa más la coincidencia entre los proyectos extractivos de hidrocarburos y de minería y quienes deforestan. “Las personas que hacen estos tipos de deforestación y que aportan estos dineros, en algunos casos conocen información confidencial o que no se hace pública sobre la expansión de los proyectos extractivistas en la Amazonía”, explica.

Han llegado al Caquetá a hacer exploración petrolera varias empresas: Platino Energy Barbados Corp, Emerald Energy PLC Surcursal Colombia, Hupecol Operating Co LLC, Ecopetrol SA, y Canacol Energy, entre otras. Los municipios que concentran el negocio son San Vicente del Caguán, donde hay 21 áreas potenciales para explotar el petróleo, de las cuáles diez están ya en exploración; y Belén de Los Andaquíes, donde las firmas ya están explorando cuatro de las cinco áreas disponibles.

En un informe del SAT de la Defensoría del Pueblo de riesgo inminente, del 15 de abril de 2016, ya alertaba que “la implementación de proyectos de exploración petrolera, por parte de la empresa Emerald Energy en los municipios de Valparaiso y Morelia hace que los actores armados concentren su interés en los excedentes que produce esta actividad, generando riesgos para la población civil que promueve procesos de resistencia frente a la implementación de proyectos de hidrocarburos en los territorios, así como también, contra aquellos que se nieguen a firmar la servidumbre para la intervención en sus fincas”.

Finalmente, otro factor de disrupción para el frágil ecosistema selvático y las comunidades que lo defienden, será cuando lleguen las empresas de generación de energía hidroeléctrica interesadas en instalarse en el Caquetá: Latinco S.A., Universal Stream S.A.S. e Isagen.

Tienen planes para aprovechar el caudal del río Caquetá, el más importante del departamento, y sus afluentes, entre ellos el Yarí, Apaporis, Caguán, Orteguaza, Peneya, Yurayaco y Guayas, para construir varias micro-centrales de generación de energía.

No se sabe quién mata

San José del Fragua. Foto Lis Möller @lissmoller

El exalcalde Pérez explica que no se ha logrado identificar un móvil claro de los asesinatos en el departamento.

“Y eso es lo que más preocupa”, dice. “Cuando estaban las Farc en armas y ocurría un hecho de esos, las instituciones del Estado decían que eso había sido la guerrilla; cuando la guerrilla dejó las armas, dicen que eso son las disidencias. Entonces siempre ha existido un chivo expiatorio que impide develar la responsabilidad y los actores que están detrás de cada uno de los asesinatos”.

“Nosotros hemos radicado muchísimas denuncias sobre todo en la Fiscalía. Hemos sido citados a ampliarlas, pero de resultados muy poco. También lo hemos hecho en Procuraduría”, cuenta el dirigente de la CPDH. La excepción ha sido la Defensoría, dice donde sí han tenido acompañamiento y asesoría en varios casos.

Frente a esto, Mateo Gómez, director del SAT, explica que reciben la información de las amenazas, la procesan, luego la verifican y, finalmente, emiten las alertas tempranas y los informes de riesgo, con los que pretenden advertir a las autoridades para que eviten más hechos de violencia contra líderes, pero admite que no siempre son efectivas.

Gómez dice que han encontrado cuatro tipos de víctimas: los que defienden el uso colectivo del suelo, muchas veces oponiéndose a modelo económico extractivista; los defensores del medio ambiente y del bosque; los que acompañan la puesta en marcha de los acuerdos de paz; y aquellos líderes exguerrilleros (de las extintas Farc) que están incorporándose a la vida civil y legal.

Los grupos armados ilegales también golpean a los líderes sociales en el Caquetá. Según Gómez, desde 2017, identificaron unos grupos que se hacían llamar disidentes de las Farc y siguieron usando sus divisiones y nombres de guerra de las viejas guerrillas. Así, el “frente 63” se asentó en la ribera del río Caquetá en límites con el departamento de Amazonas, en el bajo Cagúan y en Cartagena del Chairá; la columna Teófilo Forero, tenía hombres por la cordillera Oriental; y tres “frentes”, el 15,14 y 7, se hacían sentir también en Cartagena del Chairá.

Un año más tarde, esas disidencias se reorganizaron en cinco grupos: cuatro “frentes”, 1,7,40 y 62, y una columna, ‘Teófilo Forero’.

“Son estas primeras facciones disidentes que se asentaron en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare, redistribuyendo entonces así toda su capacidad para hacer presencia en el territorio y desplegar acciones también hacia los departamentos del Huila, Meta, Cauca, Amazonas y Putumayo”, explica el director del SAT.

Más que cifras

Vía marginal selva Montañita Paujil. Foto Lis Möller @lissmoller

De todas las organizaciones sociales, a las Juntas de Acción Comunal son a las que más líderes les han arrebatado. Siete de las 25 víctimas de los últimos cuatro años, según los registros locales, eran presidentes de juntas y cinco más hacían parte de algunos de sus órganos.

Erley Monroy Fierro, directivo de la Asociación Campesina y ambiental del Losada-Guayabero (Ascal-G) fue uno de los primeros en caer. Fue asesinado el 18 de noviembre de 2016 en San Vicente del Caguán. Junto con los demás asociados, habían logrado que le quitaran una licencia ambiental a una petrolera, que a su juicio ponía en riesgo un bosque donde nacían varios ríos. Y poco antes de que lo mataran estaba impulsando que les aprobaran la creación de un Zona de Reserva Campesina.

Juvenal Silva Manchola, de 44 años, líder en la vereda Miramar, del municipio La Montañita pertenecía a una la Junta de Acción Comunal y lideraba en su comunidad el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNISEl). El mismo día en que Colombia elegía Presidente, el 27 de mayo de 2018, hombres que dijeron ser disidencias de la guerrilla, lo sacaron de su casa, lo subieron a un vehículo, junto con José Jeferson Monroy, un trabajador de su finca. Dice la investigación judicial que los llevaban a un caserío cercano llamado San Isidro, pero en el camino el Ejército los atacó, en un operativo contra las disidencias.

En el fuego cruzado murieron doce personas, entre ellas Silva Manchola y tres jóvenes reclutados por los armados.

Con el fin de conocer el estado de la investigación sobre la muerte de Silva Manchola, VerdadAbierta.com remitió un derecho de petición al Ministerio de Defensa. Por competencia, según explicó esta cartera de gobierno, la solicitud le fue enviada al Batallón de Infantería No. 35 Héroes del Güepi, asentado en Larandia, Caquetá. Esta unidad militar respondió que “no adelanta ningún tipo de investigación en razón a que no tenía conocimiento de la situación y no se ha remitido a la fecha queja o denuncia alguna por los hechos, lo cual debe ser investigación de la justicia ordinaria, por lo cual se recomienda elevar su petición a la Fiscalía General de la Nación”.

A su vez, este medio envió dos derechos de petición, uno a la Fiscalía y el otro a la Procuraduría. El Ente acusador respondió que “es un radicado en conocimiento de la Justicia Penal Militar”. Y el Ministerio Público informó que el caso está “acumulado” porque junto a Silva Manchola fue asesinado José Jeferson Monroy “al parecer de manera irregular cuando se transportaban en un automotor”, lo que indica que ambos homicidios se investigan de manera conjunta.

Mario Jacanamijoy Mutumbajoy, coordinador de Asuntos Étnicos y del Comité Territorial de un cabildo Inga, venía denunciando los estragos que estaban causando la construcción de la carretera Marginal de la Selva al resguardo Yurayaco, en San José de la Fragua, de donde era originario. Al igual que Silva, había expresado su oposición a que petroleras llegaran a la región. Lo asesinaron el 23 de noviembre de 2017, en un campo del municipio de Belén de los Andaquíes. La policía capturó a dos presuntos asesinos materiales. Se desconocen los motivos o los posibles autores intelectuales.

Jacanamijoy había sido además consejero departamental de salud en la Mesa de Concertación de Pueblos Indígenas de Caquetá.

Luis Alexander Castellano Triana era vicepresidente de la Asociación Campesina para la Protección Ambiental, presidía la Junta de Acción Comunal de la vereda La Ilusión y lideraba proyectos de familias guardabosques, en Cartagena del Chairá. Tenía 35 años. El 6 de julio salió con su esposa en una moto hacia el pueblo de Cartagena para participar una reunión con entidades ambientales y funcionarios de la Alcaldía. No llegaron. Dos hombres, también en moto, con los rostros cubiertos le dispararon a Castellano. Murió ahí mismo.

Raúl Buitrago, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la inspección de Fraguita, en San José del Fragua fue asesinado veintitrés días después. Era líder ambiental y promotor del programa para sustituir cultivos de coca, por cultivos legales en este municipio. Fue abaleado en la inspección de Yurayaco, donde se presume que hay en disidencias de las Farc que se oponen al proceso de sustitución voluntaria. Los campesinos denunciaron que fueron obligados a ir a una reunión organizada por el grupo armado varios días después del crimen.

Jesús Ignacio Gómez Ávila lideró en San Vicente del Caguán la consulta popular sobre explotación ambiental y para adoptar normas anticorrupción del 26 de agosto de 2018. Lo mataron el 18 de diciembre. Encontraron su cuerpo sin vida, abaleado, junto con el de Viviana Muñoz, funcionaria de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN,) en la vereda Minas Blancas del municipio donde trabajaba.

Tres meses después, el 18 de marzo de 2019, la Fiscalía General del Nación, divulgó un comunicado anunciando que había desarticulado una banda de delincuentes llamada ‘Los Astutos’, tras la captura de cinco de sus integrantes. Dijo de paso que, por robarles el carro, habían matado a Gómez y a Muñoz. En la región creen que los mataron por sus actividades en defensa del ambiente y de la ley.

VerdadAbierta.com remitió un derecho de petición la Fiscalía solicitando información acerca de la evolución del caso. La entidad dijo sin muchos detalles que el caso estaba en “etapa de juicio”

Con impunidad casi total, no sorprende que los ataques siguieran en 2019.

Ebel Yonda, líder del pueblo Nasa y gobernador del Cabildo La Gaitana, en el municipio de Puerto Rico, quien llevaba años denunciando a las extintas Farc por haberlos obligado a desplazarse de su territorio a Florencia, capital de Caquetá, a donde han tenido que malvivir por una década desde 2010. En 2016, cuando soplaban los vientos de paz, Yonda inició un proceso de reclamación colectiva de las tierras que tuvieron que dejar a la fuerza, y desde entonces, de vez en cuando, visitaba la vereda para preparar las condiciones del retorno. En una de esas visitas a las tierras de su pueblo, el 27 de marzo de 2019, lo mataron con saña. Encontraron su cuerpo atravesado por diez balazos.

Este medio solicitó información sobre el Estado de la investigación a la Fiscalía. Esta respondió que sigue en “etapa de indagación”, más de un año después.

Los hermanos Ismael y Pedro Angucho Yunda fundaron el resguardo indígena El Águila en límites del Caquetá con el Huila y según el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO), estaban reclamando tierras ancestrales para su comunidad en Belén de los Andaquíes. “Exigían al Gobierno central el cumplimiento de los acuerdos sobre tierras firmado en el departamento del Cauca (suroeste) en el año 2005”, dijo la AISO. Fueron asesinados en la zona rural de Belén de los Andaquíes, el 9 de febrero de 2020, con disparos en la cabeza y el pecho. Aterrorizadas, once familias de la zona (unas 50 personas) huyeron de la zona.

Caso que genera dudas

Marginal de la selva entre La Montañita y El Paujil. Foto Lis Möller @lissmoller

Ferlein Pérez Monroy de 45 años era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Laureles, del municipio El Paujil, coordinador de la Mesa de Víctimas y presidente de la Asociación de desplazados de este municipio. Lideraba, además, un proceso de restitución de tierras para 27 familias que habían sido desplazadas en 2014 por las Farc.

El 6 de noviembre de 2017, Pérez Monroy, terminó de trabajar en una finca en la vereda Versalles, del municipio de El Paujil, se subió a un carro particular y se fue a su casa de Cartagena del Chairá. En el trayecto, soldados de la Brigada Móvil No. 6 del Ejército Nacional, le dispararon. Murió al instante. Capturaron además a otros tres ocupantes que sobrevivieron.

El periódico local Tu Caquetá publicó, al día siguiente de la muerte, una nota titulada Presunto disidente falleció en combates en zona rural de Cartagena, y citando “fuentes extraoficiales” agrega que en tras el ataque fueron incautadas “tres pistolas nueve milímetros, cuatro proveedores, y 41 cartuchos de nueve milímetros”.

Ante esos hechos, la Junta de Acción Comunal de la vereda Risaralda envió el Memorial 001 a la Personería de Florencia con el fin de desmentir las versiones del Ejército que señalaron a Pérez Monroy como disidente de las Farc muerto en combate y desvirtuar la versión del enfrentamiento.

“Somos conocedores que en ningún momento hubo combates como lo manifestaron los altos mandos del Ejército, solo los disparos con que asesinaron al señor Ferlein Pérez (qepd). Por medio de este escrito damos pleno testimonio juramentado que el señor Ferlein Pérez (qepd) no pertenecía a ninguna disidencia como lo quiere hacer pasar la Fuerza Pública”, dijeron en su memorial.

Además, recalcaron que el líder social viajaba en ese carro sin saber qué llevaban ahí, pues es común en esa vía pedir aventones ya que el transporte público no es muy constante. Aseguran además que el asesinato fue “realizado por personas de civil, a sabiendas de que cerca de la inspección de San José de Risaralda se encontraba acantonado el Ejército”.

Este portal remitió un derecho de petición al Ministerio de Defensa solicitando detalles de la investigación. La respuesta fue remitida desde San Vicente del Caguán por el Batallón de Operaciones Terrestres N. 2, que notificó que el caso fue archivado sin ninguna sanción disciplinaria porque estaban en una operación militar que investigaba actividades relacionadas con el narcotráfico.

El Auto de archivo, fechado el 27 de julio de 2018, hace un relato de lo ocurrido y detalla que las operaciones que acabaron con la vida del líder social hacían parte de la Misión de Trabajo de Inteligencia Especial N. 01, del 2 de noviembre de 2017.

Este documento precisa que “mediante información suministrada por fuente humana con acceso al blanco de narcotráfico, indica las actividades que vienen adelantando 04 sujetos al servicio de los grupos armados que delinquen en la región, especialmente sobre las veredas Comuneros, Bella Vista, Jamaica, Rio Claro, Fundación, Valledupar, Camicaya, Puerto Caftán, San José De Risaralda”.

En ese informe también se advierte que al frente de las supuestas acciones ilegales estarían dos personas, un hombre y una mujer que “son los encargados de la compra, recolección de pasta base de coca sobre las veredas mencionadas anteriormente, que con la fachada de aserradores pasan de vereda en vereda para poder adelantar inteligencia delictiva a la fuerza pública (sujeto de color blanco, delgado, pelo color negro, con entradas en la cara, 42 años aproximadamente, en general que siempre viste sudadera color negra), conocido como Ferney, información que coincide con el occiso dado que en vida respondía al nombre de Ferney Pérez”.

El informe oficial incluye un nombre distinto al del líder social asesinado. Según su documento de identidad se llamaba Ferlein Pérez Monroy, pero Inteligencia del Ejército lo llamó “Ferney Pérez”.

Ante el cuestionamiento de la comunidad sobre el ataque realizado por hombres vestidos de civil, el documento aportado por el Batallón de Operaciones Terrestres N. 2, explica que “los funcionarios al momento de los hechos no estaban portando prendas de uso privativo de la fuerza, debido a que, por la naturaleza de su labor en el cuerpo de inteligencia, deben manejar fachada para no ser descubiertos y poder así desarrollar su labor de búsqueda de la información”.

Finalmente, el oficial a cargo de la investigación, Mayor Fredy Mateus Romero, quien para la época de expedición del Auto se desempeñaba como Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Operaciones Terrestres N. 2, concluyó que “es claro que los miembros de la fuerza pública están inmersos dentro de la causal de exclusión, que el uso de sus armas de dotación fue en protección de sus propias vidas y de terceros, dado que una vez notada su presencia son atacados en forma desproporcionada”.

Tras una consulta de portal sobre este caso, la Procuraduría respondió el pasado 19 de mayo que el expediente estaba bajo la tutela de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y se encontraba en “indagación preliminar”; por su parte, la Fiscalía indicó, el pasado 8 de junio, que se hallaba en etapa de “indagación”.