El Consejo Comunitario del Alto Atrato lucha por una tierra sin minería

Por más de 4 décadas, las comunidades afrodescendientes de los municipios de Bagadó, Cértegui, Atrato y Lloró, en el alto Atrato chocoano, han luchado por su derecho de habitar seguramente los territorios que han ocupado por generaciones. Mientras que los horrores del conflicto armado les presionaban para marcharse, la industria minera ingresó al territorio por vías legales e ilegales.

En la década de los 90, mientras las Farc y el Eln hacían presencia en la zona, la Organización Popular y Campesina del Alto Atrato, Opoca, decidió buscar mecanismos para defender su territorio.  La Ley 70 de 1993 reconoce el derecho de las comunidades afro a la propiedad colectiva, pero también exige que haya un Consejo Comunitario existente para la adjudicación de la tierra. Por esta razón, en 1994 Opoca le solicitó al gobierno su reconocimiento como consejo comunitario y así pasaron a llamarse Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular y Campesina del Alto Atrato, Cocomopoca.

A partir de ese momento las 43 comunidades  representadas por Cocomopoca se organizaron en ocho zonas a las orillas de los ríos Andágueda y Atrato. Para 1999, la organización solicitó la titulación de 172 mil hectáreas del territorio en el que vivían, pero este proceso estuvo suspendido por años, debido a la violencia cruenta entre guerrillas, el Ejército y paramilitares que recién llegaban al departamento. La respuesta del Incoder tardó 12 años en llegar.

Cuentan las comunidades que la violencia recrudeció a inicios del nuevo milenio, por cuenta de dos tomas guerrilleras a las cabeceras municipales de Bagadó y Lloró, en el 2000 y 2001 respectivamente.  Las cifras de la Unidad Nacional de Víctimas confirman que durante ese período 4800 personas salieron desplazadas de la región del Alto Atrato. 13 de las 43 comunidades quedaron deshabitadas.

Verdad Abierta documentó que mientras el Consejo Comunitario esperaba la titulación de sus tierras, en 2005 empresas nacionales e internacionales comenzaron a hacer los trámites debidos para la exploración del subsuelo en la tierra reclamada por los afro. Ya en 2008 llegaron al territorio proyectos de minería ilegal provenientes de Antioquia y Cauca. Es decir que, cuanto intentaron retornar a sus tierras, se encontraron con que buena parte de ésta ya estaba concesionada.

En mayo de 2011 este consejo comunitario interpuso una acción de tutela, denunciando la violación a su derecho a la consulta previa, por las acciones de exploración e intervención específicamente de las mineras Anglogold Ashanti que para ese momento poseía 200.000 hectáreas en el departamento, - Kedahda S.A.-, Continental Gold S.A. y Mineros de Colombia S.A.. Reclamaban garantías para poder retornar y tomar decisiones sobre su territorio ancestral.

Ese mismo año el El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, le tituló a Cocomopoca 73 mil de las 172 mil hectáreas que habían solicitado. La titulación, sin embargo, no fue suficiente. Apenas un año más tarde, el Gobierno creó 516 áreas estratégicas para la minería  en el país y 9 de ellas estaban en el territorio propiedad de Cocomopoca.

A mediados de 2014, el Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” solicitó una medida cautelar para suspender el estudio y trámite de solicitudes de títulos mineros en el territorio de Cocomopoca, así como aquellos que ya habían sido otorgados a las empresas Vikingo S.O.M, cedido a, Capricornio S.O.M. cedido a Continental Gold Ldta., Anglogold Ashanti S.A., Exploraciones Chocó Colombia S.A., Continental Gold Ltda., Mineral Corp. S.A.S., y a los empresario José Efraín Restrepo, Alejandro Chaverray y Rolfy Enrique Barrera.

El juzgado de restitución de tierras en Quibdó denegó la solicitud para retirar aquellos títulos mineros, pero le ordenó a distintas entidades el estudio y toma de medidas para expulsar a la minería ilegal del territorio de Cocomopoca.

En diciembre de ese mismo año, la Unidad de Restitución de tierras interpuso una demanda para solicitar la restitución de derechos territoriales étnicos de las 43 comunidades negras de Cocomopoca, que continúan en condición de desplazamiento, por cuenta del conflicto armado, y actualmente por la presencia de minería legal e ilegal en sus tierras.

Sólo hasta febrero del año siguiente, el Juzgado Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó admitió el documento. Sin embargo, el 18 de diciembre de 2017 se disolvió la Unidad de Restitución de Tierras en Chocó y aún no son claras las consecuencias que esto tuvo para el proceso.

Un miembro de Cocomopoca afirma que desde la disolución de la URT en el Chocó, es más difícil estar al tanto de la situación procesal de su caso. Afirma que ahora es el Tribunal de Tierras del departamento de Antioquia el encargado, pero que a la fecha, no han tenido respuesta alguna. En junio de 2018 este Consejo Comunitario le hizo un llamado a la Procuraduría para que le haga un seguimiento al caso y se asegure de que no haya retrasos innecesarios.

Cocomopoca afirma que en la actualidad aún existen reductos de minería ilegal operando en sus tierras y que es difícil ejercer control sobre sus territorios cuando aún hay actores armados. “Las condiciones de inseguridad son aún muy difíciles para nosotros los miembros activos del Consejo” resaltó uno de los miembros de Cocomopoca.