Caso

Cementos Argos deberá devolver otro predio despojado

Datos Principales

  • UBICACIÓN: Carmen de Bolívar, Bolívar
  • TIPO DE COMUNIDAD:Campesina
  • NÚMERO DE HECTÁREAS: 20
  • NÚMERO DE PREDIOS: 1
  • NEGOCIO: Petrolera

En 1989 el entonces Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) le adjudicó a la familia Trujillo el predio El Rey, compuesto por 20 hectáreas, ubicado en el corregimiento Verdún, municipio El Carmen de Bolívar, región de los Montes de María. Allí, los Trujillo criaron cerdos y gallinas, construyeron una cabaña para secar tabaco y levantaron una casa de bareque.

A mediados de la década del noventa, tras varios años de presencia guerrillera en la zona, grupos paramilitares empezaron a llegar a la región, donde más tarde se consolidaron bajo el paraguas de los bloques Norte y Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En 1995, los paramilitares desaparecieron a tres personas y asesinaron a dos más en parcelas vecinas a El Rey, hechos que obligaron a la familia Trujillo a desplazarse por temor hacia el casco corregimental de Verdún, desde donde siguieron trabajando la finca.

Una vez allí, las víctimas continuaron acosadas por la violencia. En 1999, paramilitares asesinaron tres personas en el corregimiento, una de ellas en presencia del señor Trujillo, por lo cual la familia se desplazó hacia el corregimiento El Piñal, en el municipio Los Palmitos, Sucre. Un año después, tras enterarse de varios hechos violentos perpetrados en Verdún por las Auc, el grupo decidió no retornar ni al centro poblado ni a su finca El Rey.

En 2008, un comisionista llamado Robinson Torres se comunicó con la familia Trujillo y le propuso vender la parcela, argumentando que todos los predios vecinos habían sido comprados, por lo que cuando quisieran retornar a El Rey tendrían que hacerlo en helicóptero. Los Trujillo aceptaron vender en 2009 por cerca de 16 millones de pesos, que consideraron inferior al precio de la tierra para la época.

En marzo de 2009, el comisionista Torres, en representación de los Trujillo, les vendió El Rey a las hermanas Claudia María y Paula Andrea Moreno Ángel, quienes celebraron un contrato de promesa de compraventa con la empresa Reforestadora del Caribe S.A., filial de Cementos Argos S.A. que tenía a cargo el desarrollo del ambicioso proyecto de siembra de teca que la empresa recién impulsaba en los Montes de María.

Posteriormente, El Rey fue transferido a un fideicomiso administrado por la Fiduciaria Fiducor S.A., filial de Cementos Argos S.A., creada en enero de 2009 para asumir la propiedad de las decenas de predios que compraba la compañía en esa subregión con destino a su proyecto de teca. Má tarde, el contrato de fideicomiso le fue cedido a la Alianza Fiduciaria, que en 2015 adquirió la fiducia que poseía Fiducor.

En un estudio sobre la situación registral de los Montes de María, la Superintendencia de Notariado y Registro relacionó una lista de personas y organizaciones privadas que adquirieron predios rurales en los Montes de María de manera masiva tras la desmovilización de las Auc, responsable de masacres como Mampuján, Hato Nuevo, Macayepo (2000) y Chengue (2001), que generaron el desplazamiento de centenares de campesinos. De acuerdo con ese estudio, Fiducor adquirió 2.996 hectáreas, mientras Cementos Argos acumuló directamente 942.

El fenómeno de compra fue de tal magnitud que el l3 de octubre de 2008 la Gobernación de Bolívar declaró la inminencia de riesgo de nuevos desplazamientos por las tensiones generadas por la venta masiva e indiscriminada de tierras. Según el estudio de la Superintendencia, más de la mitad de los predios negociados habían sido inicialmente adjudicados por el Incora y correspondían a Unidades Agrícolas Familiares (UAF).

En 2015, la familia Trujillo solicitó la restitución del predio El Rey. Durante el proceso, la Alianza Fiduciaria, cuyo beneficiario es Argos, alegó que obró con buena fe exenta de culpa, dado que cuando la empresa compró la tierra “la Fuerza Pública había retomado el control del territorio, devuelto la tranquilidad a los habitantes y el Estado adelantaba claras políticas para consolidar su presencia”. La Alianza también aseguró que la decisión de Argos de adelantar un proyecto de teca en los Montes de María obedeció a las políticas públicas “encaminadas a incentivar la inversión privada en las zonas antes afectadas por el conflicto armado para que contribuyeran a su desarrollo económico y social durante el posconflicto”.

En cuanto a la adquisición de El Rey, alegó que al momento de la compra no existían medidas de protección sobre el predio, que nunca buscó adquirirlo para revenderlo a mejor precio, que la familia Trujillo vendió varios años después del desplazamiento y que, en todo caso, fueron las señoras Moreno Ángel quienes hicieron el negocio, de quien dijeron eran personas ajenas a Argos y a Fiducor.

Con esos argumentos, la Alianza se opuso a la restitución de El Rey y le pidió al Tribunal Superior de Cartagena que, en caso de que ordenara su devolución, la compensara económicamente y le autorizara celebrar un contrato con la familia para seguir adelantando su proyecto de teca.

No obstante, el Tribunal no le dio a la razón. En sentencia del 24 de julio de 2018, dictaminó que la filial de Argos no actuó con buena fe exenta de culpa al comprar el predio El Rey, dado que acumuló más de una UAF, lo cual está prohibido por la ley. Asimismo, concluyó que “pese a que la parte opositora expresó que se compró el predio hoy reclamado cuando había seguridad en el sector (...) ello no descarta su responsabilidad y sobre todo el riesgo que asumió como negociante al momento de adquirir predios que otrora fueron propiedad de personas víctimas de desplazamiento forzado, lo que hacía suponer aun al más desprevenido de los contratantes una muy alta probabilidad de que los acuerdos realizados podrían estar afectados por vicios de consentimiento o causa ilícita”.

El Tribunal también recordó que en otras decisiones judiciales se probó la manera irregular como Argos compró tierras en los Montes de María: “Esta Sala Especializada en decisiones anteriores ha analizado como Cementos Argos S.A. a través del patrimonio autónomo hoy demandado, administrado en aquel entonces por Fiduciaria Fiducor S.A., adquirió entre los años 2008 y 2010 varios predios ubicados en el Carmen de Bolívar, los cuales provenían de ser objeto de reforma agraria y correspondían a Unidades Agrícolas Familiares. De tal manera que los negocios jurídicos realizados sobre dichos inmuebles contravinieron las prohibiciones legales”.

Por ello, el Tribunal ordenó que El Rey fuera restituido material y jurídicamente a la familia Trujillo, así como que se garantizara su retorno al predio. Además, se refirió a un contrato de exploración y explotación de hidrocarburos, firmado en 2006 entre el Estado colombiano y la empresa Hocol S.A., que compromete las tierras de los Trujillo. Al respecto, exhortó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a tener en cuenta “las líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional (...) y toda la normatividad de protección a las víctimas del conflicto armado y de la vigilancia de los contratos de exploración y explotación del subsuelo”, en caso de iniciarse actividades en ese sentido.

Con el apoyo de: Embajada de Suecia.​

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