Según la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia, hay 106 denucias de predios urbanos en Medellín.

Hace ya más de siete años que Néstor Salgado recorre los pasillos del edificio José Félix de Restrepo, donde se concentra gran parte del aparato judicial de Medellín. En cada despacho visitado ha contado la misma historia y aportado documentos para corroborar su versión: que hombres de la llamada ‘Oficina de Envigado’ lo despojaron violentamente de su apartamento, lo obligaron a titularlo a nombre de un tercero que, a su vez, lo negoció con otra persona y que ahora es habitado por gente que no conoce.

Pero, por razones que van desde vacíos en la normatividad penal, falta de claridad en competencias, recientes reformas judiciales y hasta el paro el judicial de 2012, ningún despacho ha logrado tramitar su caso y atender su petición de proteger jurídicamente el bien para que no pueda ser comercializado y, luego, cancelar la escritura de compraventa que, según Néstor, fue obligado a realizar a punta de pistola y por la cual no recibió un solo peso.

“Yo no soy el único que está pasando por esto. Conozco varias personas que vivían en El Poblado y esta gente de ‘La Oficina’ les quitó los apartamentos, y ellos por miedo no denuncian, y los que sí lo hacemos, vea como nos va con esta justicia”, respondió sin ocultar su enfado.

Víctima de una vendetta

Su enojo con el sistema judicial comenzó a finales del año 2007. En los primeros meses de ese año, Néstor había seguido con atención informes periodísticos y versiones de funcionarios del Alto Gobierno que daban como un hecho la muerte de Daniel Alberto Mejía, alias ‘Danielito’, uno de los jefes del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y mano derecha de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, en la ‘Oficina de Envigado’.

La confirmación de la muerte de su verdugo animó a Néstor a contar su historia ante un fiscal de Derechos Humanos de Medellín: “Yo había comprado un apartamento en el barrio El Poblado, en el año 1996, y se lo alquilé a mi tío. Resulta que a él lo asesinan el 23 de noviembre de 2003 en el municipio de Itagüí. Ahí me entero que estaba metido en malos pasos. Cuatro meses después aparece la viuda de mi tío, con un sobrino de nombre Alejandro, diciéndome que mi tío había negociado el apartamento con Alejandro y que lo tenía que entregar. Yo sí les dije que cómo así, que no había documentos ni nada que probaran eso, entonces, no tenía por qué”.

Confiado en que sin documento alguno de por medio no podrían obligarlo a entregar su apartamento, Néstor se negó en repetidas ocasiones a ceder a las pretensiones de la mujer. Lo que él desconocía en aquel momento era que su propiedad iba a ser objeto de algo que en el argot del bajo mundo se conoce como una ‘recogida’; es decir, el bien era considerado parte de pago de una deuda entre mafiosos que iba cobrarse “a las buenas o a las malas”, sin importar quién saliera afectado.

Darse cuenta de ello fue algo tan doloroso que aún se estremece al recordarlo: “Resulta que un día, por allá como en abril de 2004, yo estaba trabajando cuando recibo una llamada de mi mamá. Yo para esos días vivía con ella, cuando la escucho muy asustada cuando me dice: ‘aquí hay unos señores que quieren hablar con usted’. Entonces, me dice un tipo: ‘hermanito, es para que hablemos del apartamento’. ‘Yo no tengo nada que hablar con usted’, le respondí, pero llega y me dice: ‘hermanito, es mejor que sí, porque aquí estoy con su mamá y no va a querer que le pase nada’. ¡Claro! Resulta que la tenían encañonada varios tipos”.

Ante semejante presión, a Néstor no le quedó más alternativa que asistir a una reunión a la que fue citado en un local comercial del municipio de Envigado. A la cita acudieron la esposa de su tío y el sobrino, acompañados de alias ‘Danielito’, alias ‘Hugito’ y otras personas más. Allí recibió instrucciones precisas por parte de Daniel Mejía, quien le dijo que debía acudir a una Notaría en Medellín a firmar una compraventa, que no se preocupara que todo “estaba conversado”.

Efectivamente, el 22 de abril de 2004 y en la Notaría 4 de Medellín quedó asentada en la escritura número 1453 la supuesta venta que Néstor Salgado hace de un apartamento ubicado en la Urbanización Barcelona del barrio El Poblado a un tercero de nombre Hernán de Jesús Mosquera, por valor de 100 millones de pesos.

El 21 de julio de ese mismo año, la propiedad cambió de dueño. En la escritura número 1955 de la Notaría 20 figura que Miriam Ester Puello Medrano pagó por esta propiedad 100 millones de pesos de los cuales, 40 millones se entregaron al momento de cerrar el negocio mientras que el restante se canceló semanas después, gracias a una hipoteca otorgada por una entidad bancaria.

“Yo no conozco a ninguna de estas personas. Ni sé quién estaba viviendo ahora en mi apartamento. Mi familia me pidió que no hiciéramos nada. Que dejáramos las cosas quietas. Pero me atreví a denunciar y vea como van las cosas”.

Peregrinar sin resultados
Tras conocer la historia, el fiscal de Derechos Humanos consideró que, tratándose de una declaración contra un reconocido miembro de las Auc como alias ‘Danielito’, lo más recomendable era remitir el caso a Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. En esta Unidad tomaron nuevamente su versión y de allí pasó a la Defensoría del Pueblo, donde, una vez más, relató su drama.

Su deseo de pronta justicia contrastó con la compleja realidad que afronta el proceso de aplicación de la Ley 975: jefes paramilitares extraditados, postulados fallecidos durante el proceso y mandos medios que siguieron delinquiendo. Total, aclarar los hechos narrados por Néstor no se veía factible en el corto plazo y la misma Fiscalía de Justicia y Paz le sugirió acudir a la Unidad de Persecución de Bienes del Ente Investigador, con sede en Bogotá.

“Allá me recomendaron que pidiera una audiencia al Magistrado con Función de Control de Garantías de Justicia y Paz y que en ella le solicitara medidas cautelares para proteger el apartamento. Así, ya se podía iniciar la investigación contra la viuda de mi tío y su sobrino, que siguen por ahí como si nada, haciendo de las suyas y en los negocios raros que ellos mantienen”, expresó Néstor.

Pero su infortunio tiene también algo de irónico: “Hicimos la solicitud en julio del año pasado y nos programaron audiencia para el 27 de octubre. Pero resulta que la cancelaron porque en esos días la justicia estaba en paro y no se podía entrar a las salas de audiencia. La reprogramaron para el 22 de enero. Y resulta que voy, expongo el caso, hago la solicitud y el Magistrado me responde que él ya no puede hacer eso. Que si yo hubiera ido antes del 3 de diciembre muy seguramente hubiera ordenado las medidas cautelares, pero como reformaron la Ley de Justicia y Paz, él ya no tiene esa competencia”.

Los excesivos trámites y las respuestas escuetas y vagas de los funcionarios judiciales lo han llevado a afirmar que la justicia colombiano no está hecha para proteger a las víctimas, “y de paso creen que estoy tratando de estafar, porque me lo han dicho, que yo estoy tratando de recuperar un bien que vendí legalmente y que puedo terminar en la cárcel. Pues si me toca me voy a la cárcel, pero voy a demostrar cómo me quitaron mi apartamento”.

Lo que deja en evidencia el caso de Néstor es que el despojo urbano fue una práctica empleada por los grupos armados ilegales con mucha más frecuencia de la que se creía. Según funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia, el flagelo fue de tal magnitud que ya existen zonas microfocalizadas en donde se priorizará la intervención. Una de estas zonas es el barrio Policarpa Salavarrieta del municipio de Apartadó, Urabá Antioqueño.

Hasta el 14 de enero del presente año, la Unidad de Restitución de Tierras recepcionó 106 solicitudes de reclamación sobre predios urbanos ubicados en Medellín, convirtiéndose en uno de los 20 municipios del departamento con más casos registrados de despojo urbano. Aunque la cifra puede ser mucho mayor, pues el temor que persisten entre las víctimas de este flagelo, sumado al hecho de que en muchos casos los victimarios continúan operando, hace que el subregistro sea bastante elevado.

La pregunta es, ¿tiene los suficientes dientes la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para enfrentar el despojo urbano? Funcionarios de esta entidad consultados por Verdadabierta.com responden enfáticamente que sí, que el articulado contempla trámites expeditos para la restitución de este tipo de inmuebles. Una buena noticia para Néstor, quien pese a los tropiezos que ha tenido en el sistema judicial, piensa continuar en su lucha por recuperar su apartamento porque según él, “estoy seguro que si logro recuperarlo, otras personas que han pasado por lo mismo que yo se animan a denunciar”.

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Noel Palacio, Javiman, rapea para denunciar los graves problemas sociales de Colombia.

El dos de mayo de 2002 todo cambió para Noel Palacios. Ese día en Bojayá, su pueblo, 119 personas murieron cuando una pipeta de gas de la guerrilla estalló en plena iglesia. Noel perdió a su gente, sus costumbres, su cuna.

Noel es ahora Javiman, un rapero que trata de salir adelante con su música. “Creo que cuando uno habla se desahoga, por eso canto rap. Después de la tragedia mi consigna fue hacer canciones sociales, porque la gente no sabe que pasó, para hacer la revolución con música”, dice en su casa de Bogotá (Escuchar sus canciones en Myspace).

Noel Palacios, el segundo de cuatro hermanos, nació el 5 de diciembre de 1984 en Bellavista, la cabecera municipal de Bojayá, Chocó. Su mamá sostuvo a toda la familia con mojarras, barbudos y sardinas que pescaba en el río Atrato y que vendía en los pueblos de esta región selvática.

Bojayá era un sitio donde todos se conocían, donde se ayudaban y trabajaban el uno para el otro. “En el pueblo nos reuníamos los amigos, cada uno llevaba pescado, plátano, lo que fuera y hacíamos un cocinado en una olla para todos”, se acuerda.

Según cuenta Noel la situación se deterioró en 1997 cuando los paramilitares llegaron. Se instalaron en la selva, desde donde controlaban el pueblo, el paso de las lanchas sobre el río y los negocios de la madera y del oro.

En marzo de 2000 las Farc se tomaron Bojayá y Vigía del Fuerte, el municipio vecino, con un violento ataque de más de 17 horas donde ocho civiles y 21 policías murieron y 10 agentes fueron secuestrados.

“Fue la primera vez que escuché una pipeta de gas. Ese sonido es terrible, tiembla toda la tierra, hasta si la casa es de material, de cemento. Como que pasa un frío terrible”, se acuerda estremecido Noel.

Después de la toma las autoridades no volvieron y Bojayá quedó a la merced de la guerrilla. Noel dice que por eso muchos habitantes del pueblo responsabilizan el gobierno que los abandonó.

A finales de abril de 2002 las autodefensas del bloque Élmer Cárdenas volvieron al pueblo. Noel recuerda que sonaban tiros y explosiones de pipetas a lo lejos. Dice Noel “nunca había visto tanta gente en uniformes. Estábamos muy nerviosos, nos pusimos a cocinar arroz y pescado frito, a mí me da hambre cuando estoy nervioso”.

“El dos de mayo cayó un aguacero en la madrugada. Parecía que no estaba pasando nada, no se escuchaba el plomo. Escampó y mucha gente se fue a la iglesia, creían que por ser un sitio sagrado no lo iban a tocar.

“A las once y media de la mañana cayó una pipeta de la guerrilla en plena iglesia. Los paramilitares estaban escondidos detrás del templo porque era el único edifico grande de la población.

En 2009 los pobladores de Bojayá hicieron tejidos con los nombres de cada uno de los muertos de la masacre.

“De pronto vi mucha gente ensangrentada corriendo, gritando. Una mujer salió de la iglesia, con su hijo en los brazos corrió y corrió hasta que se dio cuenta que el bebé estaba muerto. Nos dio mucho miedo, salimos de las casas para Vigía del Fuerte con pañuelos blancos, gritando ‘no disparen, somos civiles’. Mucha gente quedó por la iglesia, murieron desangrados.

“A un amigo se le murieron 19 personas de la familia. Hay familias donde sólo quedan dos o tres personas. El gobierno tiene la culpa porque nunca sacaron a los guerrilleros ni a los ‘paras’. Esos tres son los culpables”.

Después de la masacre, la peor en la historia de Colombia, Noel volvió a un Bojayá solitario, saqueado y destruido. Advierte que “en ese pueblo van a asustar, quedaron muchas almas penando”.

“Esta canción se me ocurrió a los pocos días de la masacre, por eso ahora estoy en Bogotá, le debo mucho a la música, todo”, dice Noel, inspira profundo, empieza a marcar el ritmo con sus manos y se lanza a cantar Lo ocurrido en Bojayá, tema que participó en la obra Bocas de ceniza del artista Juan Manuel Echavarría:

“Eran las seis de la mañana compadre,
cuando sucedió un caso muy grave

Sonó un fusil, sonó una AK
sonó una metralla respondieron los paras
se pasaron a Bojayá y allá fue la cosa seria
se fue tejiendo el plomeo y la gente asustada

Pensaron en una idea de irse para la iglesia
porque estaban seguros de que allá nada les pasaba
como era un lugar de Dios el Señor los amparaba.

Compadre, pero qué tristeza allá lo ocurrido en Bojayá ¿no?
¡Mira que tanta muerte!

Noel fue uno de los primeros que volvió a Bojayá después de la masacre. El pueblo estaba saqueado e invadido por la manigua.

En una equivocación lanzaron una pipeta
cayó derecho en la iglesia
y acabó con muchas vidas
cayó derecho en la iglesia
y acabó con muchas vidas.

Como a los tres segundos
de ya haber estallado
muchos de nuestros parientes habían quedado destrozados

La gente corría, los niños lloraban
de ver cómo su pueblo lo acababan
Yo no lo puedo creer ni lo puedo imaginar
que eso allá en Bojayá, haya podido pasar

Muchos hijos sin sus padres
muchos padres sin sus hijos
que por causa de la violencia
que acaba con el campesino.
Yo no lo puedo creer ni lo puedo imaginar
que eso allá en Bojayá, haya podido pasar”

Al año de la masacre Noel se fue a Quibdó, donde pasó su bachillerato y en 2006 llegó a Bogotá donde estudia música gracias a la ayuda del artista Juan Manuel Echavarría.

La justicia

Por la masacre de Bojayá seis guerrilleros de las Farc han sido condenados.  La Justicia impuso una pena de 41 años de prisión a John Jairo Durango Valencia, Norberto Mosquera Asprilla y Octavio Torres Benítez que están recluidos en cárceles de Chocó y Antioquia.

José Antonio Rodríguez Torres, alias ‘Pájaro’, también fue condenado a 36 años y seis meses de cárcel. ‘Pájaro’ era integrante del frente 57 de la Farc.

El Tribunal Superior de Quibdó condenó además a Orlando Martínez Quinto, alias ‘Panapanguero’, a 36 años de prisión y a una multa de 753 millones de pesos. ‘Panapanguero’ fue capturado en Costa Rica y extraditado en diciembre de 2006 a Colombia.

Jhoverman Sánchez Arroyave, alias ‘Manteco’, cabecilla del frente 58 de las Farc, fue condenado a 37 años y medio de prisión por un juzgado especializado de Quibdó.

En junio de 2009 Rigoberto García Restrepo, alias ‘Rigo’, que era jefe de reclutamiento del bloque Iván Ríos, está procesado por homicidio agravado, terrorismo, y rebelión.

Los paramilitares que también tuvieron un rol clave para que se diera la masacre no han sido condenados.

La verdad

Los habitantes de Bojayá se han reunido en varias oportunidades para escuchar las confesiones de los jefes paramilitares del bloque Élmer Cárdenas. Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, Pablo José Montalvo, alias ‘Alfa 11’ y Luis Muentes, alias ‘El Calvo’ han dado sus versiones sobre la masacre.

‘El Calvo’ aceptó que después de la explosión de la pipeta sobre la iglesia, él y sus hombres saquearon las casas de ropa y comida, una conducta que proscrita por el Derecho Internacional Humanitario.

Por su parte ‘El Alemán’ dijo que dos de sus comandantes guiaron miembros de la Fuerza Aérea para ubicar a las Farc después de la masacre. Según dijo “William Soto o ‘Don Rafa’ se trasladó al aeropuerto de Apartadó. Allí se montó en un avión de la Fuerza Aérea de reconocimiento para ubicar donde estaban las tropas nuestras y en donde estaban las tropas de la guerrilla”.

‘El Alemán’ también culpó al padre Atún, párroco de Bojayá, por encerrar los habitantes del pueblo con candado en la iglesia a pesar de que los ‘paras’ advirtieron que llevaran a la gente al otro extremo del pueblo. Los habitantes de Bojayá que rechazaron la versión con indignación. Uno de los asistentes dijo: “¿Para qué nos trajeron a este señor?… el es un monstruo. Mi papá fue uno de los que murieron allí y yo no voy a permitir que una persona de esta calaña venga y nos diga estas mentiras”.

La agencia de la ONU para los derechos humanos (UNHCHR) señaló en un informe especial que las Farc era el principal responsable de la masacre. También culpó los paramilitares por hacer operaciones militares en el pueblo, exponiendo e incrementando los riesgos de los civiles. La ONU señaló además al Estado colombiano por su inacción porque no previno ni protegió los civiles. El informe también señala el Estado dejó de cumplir sus funciones al no ocuparse de prevenir, proteger y garantizar la vida de los habitantes de Bojayá.

La reparación

Por su omisión en la masacre de Bojayá el Estado fue condenado en mayo de 2008 a pagar 1.552 millones de pesos a familiares de dos víctimas. Un juez de Quibdó culpó la Nación de ser “administrativamente responsable” por la muerte de los dos habitantes. Según el fallo, la población no fue debidamente protegida pese a una “alerta temprana” formulada por la Defensoría del Pueblo ocho días antes de la matanza. El Ministerio de Defensa tendrá que pagar ese monto.

El Estado reconstruyó en octubre de 2007 un nuevo pueblo a dos kilómetros del antiguo Bojayá. Nuevo-Bellavista, como fue bautizado (o Severá como le dice la gente), tiene 264 casa de concreto, polideportivo, tres parques infantiles, colegio, centro de salud, biblioteca, ludoteca, iglesia y un malecón. El flamante pueblo costó 34.000 millones de pesos pero hay quejas de que fue mal diseñado, ajeno a las costumbres de los habitantes.

Noel Palacios dice que recibió 618.000 pesos de Acción Social por ser sobreviviente de la masacre. Su familia tiene además casa nueva, pero su abuela ya no quiere volver a vivir en Bojayá y parte de sus hermanos se fueron a definitivamente a otras ciudades.

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