Trabajadores sindicales del Eje Bananero han vuelto a ser víctimas de amenazas y de agresiones. Foto: archivo Semana.“Eso fue el pasado fin de semana como a las 11 de la noche. Over y su familia se encontraban ya durmiendo cuando, de repente, unos tipos armados, que no sabemos quiénes son, encendieron su casa a bala. Le destrozaron la puerta y la ventana. Eso no es todo. Le dejaron un panfleto en el que le dicen que si no se va de la región, la próxima vez le van a disparar a él”.

Así relata José Padilla, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria (Sinatra), el ataque del que fue víctima su compañero de junta directiva Over Enrique Fuentes Villalba. El atentado se produjo el sábado 20 de febrero en el barrio Obrero de Apartadó, Urabá antioqueño. El directivo, según informó Padilla, permanece en la región bajo protección de la Policía.

El hecho aumentó los temores y las preocupaciones de los integrantes de esta agremiación sindical, y no es para menos. Desde su creación, el 11 de noviembre de 2012, los miembros de Sinatra han padecido señalamientos, hostigamientos, amenazas e intimidaciones de todo tipo y a juzgar por los acontecimientos recientes, estos tienden a ser cada vez más graves. Padilla, por ejemplo, recibió sendas amenazas de muerte finalizando el año anterior por cuenta de las cuales hoy debe movilizarse con un estricto esquema de seguridad.

Aunque no ha sido el único en ser víctima de amenazas, sí contó con la fortuna de recibir protección por parte del Estado. Álvaro Moreno, por ejemplo, quien es secretario general de Sinatra, recibió en su vivienda, ubicada en Carepa, Uraba antioqueño, por lo menos tres panfletos durante el segundo semestre de 2015 en donde se le amenazó de muerte si continuaba con su labor sindical. No obstante instaurar las denuncias respectivas ante las autoridades, aún no recibe ningún tipo de protección.

“Hemos llevado nuestros casos ante la Unidad de Protección, vienen nos hacen los estudios y nos dicen que nuestro riesgo es ordinario”, cuenta Álvaro, quien señala que cada vez teme por su seguridad: “Nosotros trabajamos en fincas bananeras, nos toca madrugar para llegar a ellas y atravesar sitios muy solos, muy oscuros y muy peligrosos. De verdad que ya siente temor uno de ir a trabajar”.

Jesús Góez, otro miembro de Sinatra, también recibió amenazas de muerte el año anterior y aún se encuentra a la espera de la determinación de las autoridades respecto a si requiere protección especial. “Para nosotros es una situación muy dura, recibir tanta amenaza y no recibir ningún tipo de protección por parte del Estado”, agrega Álvaro, quien añade que ya varios compañeros debieron abandonar la región porque no soportaron las intimidaciones.

Para los directivos de esta agremiación sindical, más angustiante resulta el hecho de no saber quién está detrás de estas amenazas ni tampoco el porqué de esta persecución. “Si supiéramos quién está detrás de estos ataques, créame que ya lo habríamos puesto en consideración de las autoridades. Pero eso es lo que más nos inquieta: aquí operan tantos grupos y no sabemos quién es elresponsable de estos hechos”, sostiene José Padilla.

Según Padilla, Sinatra surgió hace ya cuatro años por iniciativa de antiguos miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) que, descontentos con sus políticas, decidieron formar una nueva agremiación. Actualmente cuenta con cerca de 2.000 trabajadores afiliados, todos ellos de las fincas asentadas en los municipios del Eje Bananero.

¿De vuelta al pasado?

Foto: archivo Semana.En la historia del Urabá antioqueño el sindicalismo cuenta con su propio capítulo. Tanto dirigentes gremiales como habitantes de la región recuerdan cómo en la década de los ochenta los trabajadores de las fincas bananeras protagonizaron sendos paros reclamando derechos laborales que nadie parecía reconocer.

Los sindicatos existentes en aquel entonces, Sintagro y Sintrabanano, no solo fungían como espacio para que los trabajadores expresaran su descontento laboral; también interpelaban a las autoridades locales y regionales por mejores condiciones de vida para los habitantes de una región que parecía olvidada a su suerte. También fue la época en que se hizo famosa la práctica de combinar todas las formas de lucha, como lo han reconocido protagonistas de aquellos años, como Mario Agudelo, desmovilizado de la guerrilla del Epl y exdirigente del desaparecido movimiento político Esperanza, Paz y Libertad.

En diálogo con VerdadAbierta.com, Agudelo ha reconocido que en su vida subversiva se combinaba todos los métodos de lucha. “Ambos sindicatos eran manejados políticamente por el Epl y las Farc, pero ese trabajo se extendía a otras labores de penetración, como la presencia en los barrios populares y de invasión”, comenta.

En 1998 ambos sindicatos se fusionaron, dándole vida a Sintrainagro, agremiación que rápidamente logró entablar negociaciones con el empresariado bananero, las cuales terminaron siendo ejemplo para el país. Sin embargo, también padeció la persecución de todos los actores armados. Se estima que entre 1990 y 1996 fueron asesinados unos 600 trabajadores vinculados con esta agremiación. Entre sus verdugos figuran tanto la guerrilla de las Farc, pasando por la disidencia armada del Epl, como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).

Hoy, Sintrainagro hace parte de la Mesa Sindical de Víctimas, creada hace ya cinco años y que integran además la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación General de los Trabajadores (CGT). Dicha Mesa pretende impulsar mecanismos de verdad, justicia y recuperación de memoria histórica que permita esclarecer cientos de crímenes cometidos contra sindicalistas en Antioquia. Según registros dela Escuela Nacional Sindical (ENS), entre 1981 y 2015 se presentaron 1.003 casos de violaciones a los derechos humanos contra sindicalistas, solo en los municipios que conforman el llamado Eje Bananero: Carepa, Chigorodó, Turbo y Apartadó. Los homicidios (746 casos) y las amenazas (136) figuran como los hechos más preocupantes.

Aunque las estadísticas muestran que en los últimos cinco años se han reducido las violaciones a los derechos humanos contra sindicalistas, pues entre 2010 y 2015 la ENS registró un total de trece amenazas, cuatro homicidios y un atentado, estos no dejan de alarmar. Tal es el caso de Luis Alberto Durante, integrante del Comité Obrero de Sintrainagrode la finca bananera El Cortijo y, además, fiscal del Comité Municipal del Polo Democrático en Carepa, quien fue asesinado el 3 de septiembre de 2011 cuando se dirigía a su residencia en el corregimiento El Reposo de Apartado.

De igual forma, el 23 de noviembre de 2015, Jorge Andrés Vargas Bueno, presidente de Sintrainagro seccional Carepa y director del departamento de educación de la CUT subdirectiva Antioquia, fue atacado por sicarios cuando se desplazaba de Turbo a Apartadó. A este caso se suma ahora el atentado del que fue víctima Over Enrique Fuentes el pasado 20 de febrero, situación que elevó la tensión y zozobra de los sindicalistas de esta región.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que no nos dejen solos. La situación está pasando ya de ‘castaño a oscuro’ y nadie parece atendernos”, asevera José Padilla, el presidente de Sinatra, quien ruega porque esas épocas oscuras en que los sindicalista eran objeto de persecuciones por parte de todos los actores armados, no vuelvan a repetirse.

The post Preocupación en Urabá por atentado contra sindicalista appeared first on VerdadAbierta.com.

Foto: archivo Semana.

Con una votación de 8 a 1, la Sala Plena del alto tribunal declaró constitucional la modificación al Fuero Penal Militar. La votación fue contraria a la ponencia presentada por el magistrado Ernesto Vargas y aún no se conoce un comunicado oficial, ni se ha redactado la decisión final de la Corte.

En junio de 2015 el Congreso de la República aprobó la modificación del artículo 221 de la Constitución Política, donde se reglamenta cómo van a ser juzgados los miembros activos de la fuerza pública que cometan delitos con ocasión al servicio. Se trata de un corto acto legislativo que, entre otros, hace una modificación significativa: los crímenes serán revisados bajo la lupa del Derecho Internacional Humanitario (DIH), por lo que les solicita a los jueces y fiscales (de la justicia penal militar y de la justicia ordinaria) conocimiento sobre este marco jurídico.

Desde que hizo trámite en el congreso, la norma fue cuestionada por referirse únicamente al DIH, un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados y puede conceder penas más favorables, en este caso, a los militares. La reforma al Fuero Penal Militar no menciona, en cambio, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es decir, a las obligaciones que de acuerdo a tratados internacionales asumió el Estado colombiano para proteger los derechos de los ciudadanos.

Por estas razón, en julio de 2015, esta reforma fue demanda por organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEU), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y otras organizaciones de víctimas de desaparición forzada, además de los senadores Ángela Robledo, Alirio Uribe e Iván Cepeda, quienes abiertamente se opusieron alproyecto mientras hizo carrera en el Congreso.

Ver resumen de la demanda

“El fuero es una figura jurídica en vías de extinción, en muchos Estado ya ha sido eliminado, y donde se mantiene, existen en condiciones muy restrictivas. Acá en cambio lo están ampliando poniendo como normativa el DIH a cargo de la Justicia Penal Militar”, dijo Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de La CCEU, organización que ha seguido de cerca los casos de ejecuciones extrajudiciales.

Además del debate sobre qué marco jurídico debe aplicar en la Justicia Penal Militar, los demandantes aseguran que con la reforma se viola el principio de objetividad de un juez natural, pues no podrían elegir la norma con la cual juzgarían, y no se garantiza el principio de igualdad, pues las víctimas de conflicto serían reconocidas dependiendo del racero con el que se juzgue a su victimario.

Sobre la mesa también ha estado el debate de las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que el entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo en varias oportunidades que los ‘falsos positivos’ no eran crímenes que guardaran relación con el servicio y por lo tanto no estarían incluidos en el Fuero.

La Corte Constitucional no le dio la razón a la demanda y encontró que la modificación aprobada en la ley no es contraria a la Constitución. Sin embargo, será en el texto definitivo (que aún no se conoce) donde se sabrá si la norma queda en los mismo términos o los magistrados harán algunas claridades.

Las vueltas del Fuero Penal Militar

Foto: archivo Semana.

El gobierno hizo un primer intento en 2012 con un proyecto que pretendía un ‘Tribunal de Garantías Penales’ que decidiera qué iba a la justicia Penal Militar y que no, pero fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por vicios de forma.

Se presentó nuevamente en 2014, esta vez sin la idea del Tribunal. El proyecto inicial dista mucho del que se aprobó, pues fue modificado por las múltiples críticas que recibió en las primeras cuatro vueltas en el Congreso, además de las denuncias de la ONG estadounidense Human Right Watch, sobre el peligro que corrían los casos de ‘falsos positivos’.

Lo único que quedó en firme fue la aplicación del DIH a sus crímenes. Esta es una batalla que los militares han dado en varios frentes, pues de la misma forma quedó escrito en el acuerdo de la Jurisdicción Especial que hace referencia a cómo se va a juzgar a los miembros de la Fuerza Pública.

Pero esta discusión sobre los marcos jurídicos es de vieja data y no es exclusiva de Colombia, pues se presenta también en otros países donde hay conflicto armado. A cada lado del debate, las partes han pedido una reglas claras de cómo se juzgar los crímenes que cometan los militares y policías.

Los miembros de las Fuerza Pública, siempre han insistido en el Derecho Internacional Humanitario, pues en la mayoría de los casos, les ofrece condiciones más favorables ante un posible juicio. El Comité Internacional de la Cruz Roja explica que “la finalidad del derecho internacional humanitario es limitar los sufrimientos provocados por la guerra garantizando, tanto como sea posible, la protección y la asistencia a las víctimas. Así pues, se aborda la realidad de un conflicto sin entrar en consideraciones relativas a los motivos o a la legalidad del recurso a la fuerza”.

Los demandantes aseguran que el peligro es que algunos crímenes de lesa humanidad no sean juzgados como tales, pues estas regulaciones de la guerra permiten un mayor campo de acción a los miembros de la Fuerza Pública. Por ejemplo, un estrategia militar planeada desde el DIH permite un bombardeo a determinado grupo armado.

“Si no se consideran normas más garantistas se corre el riesgo que en vez de estar hablado del derechoa la vida, empecemos a hablar de daños colaterales del conflicto”, aseguró Yepes.

Por otra parte, algunas organizaciones de víctimas y centros de pensamiento aseguran que los dos marcos jurídicos no son excluyentes. De acuerdo con centro de estudios jurídicos Dejusticia, organización que envío su concepto a la Corte, que el DIH regule de manera específica las situaciones de guerra, no quiere decir que que se deban excluir las normas de Derecho Internacional Humanitario.
La forma en que la Corte dirima la discusión abrirá un nuevo capítulo sobre los delitos cometidos desde la institucionalidad.

The post La incertidumbre del Fuero Penal Militar appeared first on VerdadAbierta.com.

En 107 municipios se presentaron agresiones contra personas relacionadas con las elecciones regionales. Foto: archivo Semana.

Si bien los hechos de violencia relacionados directamente con el actual proceso electoral muestran un leve incremento en comparación con los registrados en las pasadas elecciones regionales de 2011, todo indica que hoy no son las guerrillas, ni las bandas criminales ni la delincuencia común los mayores responsables de estos actos.

Por lo menos esa es la conclusión inicial de la Misión de Observación Electoral (MOE) luego de analizar el más recientes consolidado de hechos violentos dirigidos contra precandidatos, candidatos, funcionarios, dirigentes políticos y miembros de campañas políticas que se han presentado entre el 1 de enero y el 22 de octubre del presente año. Según la MOE, en dicho periodo se registraron 174 acciones violentas; 16 más que las ocurridas en el mismo periodo de 2011.

Los riesgos en el Magdalena Medio para este domingo

Dichas acciones han afectado a 107 municipios de 27 departamentos del país. De acuerdo con los analistas de la MOE, la violencia política ni responde a un patrón específico, ni le apunta a la eliminación sistemática de un grupo político particular ni puede atribuirse a la acción de los grupos armados al margen de la ley, pues tan solo 33 de estos 107 municipios registran presencia de algún actor del conflicto armado o del crimen organizado. Al parecer, la fuerte polarización política que se vive en determinadas regiones, sumado a los caldeados ánimos de políticos locales, serían los principales generadores de violencia.

Para ratificar su afirmación, los observadores electorales señalan que la violencia política registrada hasta ahora, que mayoritariamente se agrupa en amenazas y atentados, seguidos por siete asesinatos y la desaparición forzada de un candidato; ha afectado a 15 organizaciones políticas de todos los espectros ideológicos. Así, el partido Liberal aparece como el más afectado, con 23 hechos dirigidos contra sus militantes, seguido en su orden por el Centro Democrático (21 hechos); Partido de la U (17); Unión Patriótica (16);  Cambio Radical (15); y Partido Conservador (13).

Valle del Cauca aparece como el departamento más afectado. De acuerdo con la MOE, allí se han registrado nueve hechos de violencia política. De acuerdo con los mapas de riesgo elaborados por esta organización, 20 municipios vallecaucanos se encuentran en riesgo por violencia, de los cuales uno: Buenaventura, se encuentra en riesgo extremo, mientras que Cartago, Bolívar, Pradera, Trujillo, Yumbo y Zarzal se encuentran en riesgo alto. Uno de los hechos más graves registrados hasta ahora en este departamento ha sido el asesinato de Ignacio Londoño, candidato a la alcaldía de Cartago.

Pero pese a que las evidencias señalan poca injerencia tanto de guerrillas como bandas criminales en el actual proceso electoral, la MOE llamó la atención sobre aquellos municipios ubicados en zonas estratégicas para la guerra, las actividades económicas ilegales o que son consideradas bastiones de los grupos armados al margen de la ley. VerdadAbierta.com indagó en varias de estas regiones para conocer cómo se ha desarrollado el proceso electoral y esto fue lo que encontró.

La calma chicha que reina en el Cauca

Indígena misak o guambiana ejerciendo el derecho al voto en Cauca. Foto: archivo Semana.

Si en alguna región del país se han sentido los efectos del cese unilateral al fuego decretado por la guerrilla de las Farc ha sido el Cauca, principalmente en el norte del departamento, bastión histórico del Frente Sexto de esta organización rebelde. Allí, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo pasaron de registrar un promedio de tres hechos semanales relacionados con el conflicto armado en 2012, a tan solo dos hechos en estos tres últimos meses de cese al fuego.

Con todo y ello, municipios como Jambaló, Corinto, Morales, Caloto, Miranda, Suárez están lejos aún de ser un verdadero laboratorio de paz. Prueba de ello es la tensa calma que ha rodeado la actividad proselitista en estas localidades. 39 de los 40 municipios del Cauca se encuentran en riesgo por factores de violencia. Aunque la Defensoría del Pueblo regional Cauca ha destacado una disminución notable en los hechos de violencia política registrados este año con relación a las elecciones regionales de 2011, varios sucesos ocurridos entre los meses de septiembre y octubre tienen en alerta a las autoridades.   

El primero de ellos fuela amenaza de muerte que recibió en septiembre Carlos Eliecer Tobar, candidato a la alcaldía de Morales por el Partido de la U. A esto se suma el asesinato, el pasado 13 de octubre,  de Benicio Belalcázar, jefe de campaña del aspirante a la alcaldía de Suárez por la ASI. También se registraron varios atentados con artefactos explosivos contra las sedes de campaña y residencias de los candidatos a la alcaldía de Caloto.   

Además, en las últimas semanas han venido circulando panfletos firmados por presuntas “Águilas Negras” y “Urabeños” en los municipios de Corinto, Caloto y Miranda, donde se lanzan amenazas e intimidaciones contra líderes indígenas, miembros de juntas de acciones comunales y miembros de diferentes campañas políticas. “Hay una estrategia de desprestigio, intimidación y estigmatización dirigida contra los líderes indígenas que están aspirando a cargos de elección popular. Esto es muy preocupante, la población está atemorizada y eso, obvio, va afectar las elecciones del próximo domingo”, advirtió Edwin Mauricio Capaz, integrante del Tejido de Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).  

Pero sin duda lo que tiene alarmada tanto a la comunidad como a las autoridades locales es la aparición de sendos graffittis alusivos a la guerrilla del Eln, en varios puntos de la vía que comunica a los municipios de Corinto-Caloto-Santander de Quilichao. “Hace como tres meses aparecieron esos graffittis. Es preocupante porque esa zona no ha sido de injerencia del Eln. Y no sabemos si su presencia es fuerte o no,  si están reclutando gente, si ellos respetarán las elecciones o qué va pasar por acá”, expresó un habitante de la región consultado por VerdadAbierta.com, quien pidió reserva de su identidad por seguridad.

El siempre convulsionado Bajo Cauca antioqueño   

Esta región de Antioquia tiene riesgos extremos por factores de violnecia y fraude electoral. Además de las Farc y el Eln, las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ están presentes. Foto: archivo Semana.

La presencia histórica del Frente 18 de las Farc, sumado al reposicionamiento que ha logrado en la región la guerrilla del Eln más la hegemonía de las actividades criminales que tienen hoy día las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también llamados ‘Clan Úsuga’ o ‘Úrabeños’, llevaron a los observadores electorales a poner toda su atención en el Bajo Cauca antioqueño.

Y no es para menos. Según reportes de la Defensoría del Pueblo, el pasado 21 de septiembre fue asesinado en zona rural del corregimiento Puerto Claver, El Bagre, Ángel Mesa, candidato a la alcaldía de este municipio. En este corregimiento tienen fuerte presencia la banda criminal de los ‘Urabeños’ y el Frente 36 de las Farc.

De otro lado, de acuerdo con los análisis de la MOE, Tarazá, localidad que conforma la región del Bajo Cauca, figura como uno de los seis municipios de Antioquia en riesgo extremo por factores de violencia y fraude electoral. Con todo y ello, aspirantes a cargos de elección popular en esta localidad consultados por VerdadAbierta.com destacaron la tranquilidad con que se ha desarrollado la campaña. “Por lo que puede conocer, todos los candidatos pudieronviajar a todas las veredas, hacer sus campañas con tranquilidad. La verdad, el orden público no se ha visto alterado en esta campaña”, declaró Nora Hernández, quien aspira repetir curul en el Concejo de Tarazá.

Su caso es particular. En 2013 recibió varias amenazas de muerte en su contra, lo que la obligó a abandonar el municipio. Pese a ello, la Unidad Nacional de Protección no le brindó esquema de protección por lo cual, al regresar a Tarazá, no le quedó más remedio que vivir al lado de la Estación de Policía. “Por eso yo no pude hacer campaña en las veredas, porque el riesgo continúa. Las autoridades no han esclarecido ni el origen ni los responsables de mis amenazas. De los que aspiran al Concejo soy la única candidata amenazada”, agregó.

Pero hay más casos de amenazas. El aspirante a la alcaldía local por el partido Opción Ciudadana, José Ignacio Fernández, también fue víctima de intimidaciones a mitad de año, lo que alteró el ambiente proselitista.

No es la primera vez que Tarazá aparece en la “lista roja” de los municipios antioqueños con riesgos electorales. La dinámica en pasadas elecciones ha mostrado una coincidencia de alto número de votos nulos tanto para Alcaldía, Concejo y Asamblea, así como una baja participación política.

Una década atrás, esta localidad fue el bastión del Bloque Mineros de las Auc, comandado por el exjefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, quien convirtió al municipio en la “despensa cocalera” de Antioquia. Hoy, las actividades económicas ligadas al narcotráfico son manejadas por los herederos de los paramilitares, principalmente los ‘Urabeños’. Y si bien no existen evidencias sobre la injerencia de esta organización criminal en las campañas políticas, organizaciones no gubernamentales sí han advertido su preocupación por la presencia en la contienda electoral de Gladis Rebeca Miguel Vides.

De acuerdo con La Fundación Paz y Reconciliación, Miguel Vides sería la heredera política de Miguel Ángel Gómez, exalcalde de Tarazá salpicado por el exjefe paramilitar alias ‘Cuco Vanoy’, quien declaró en varias oportunidades ante fiscales de Justicia y Paz cómo el burgomaestre se lucró con la presencia de los paramilitares en este municipio.

En 2011, el periodista Luis Carlos Cervantes, asesinado en zona rural de Tarazá el 13 de agosto de 2014, le manifestó a VerdadAbierta.com sus preocupaciones en torno a la candidata, quien también aspiró a la alcaldía en las elecciones pasadas. (Ver más en: Así trabaja Luis Carlos Cervantes, el periodista más amenazado del país). “Si gana esta mujer mi cuerpo lo pone ella y la cabeza Miguel Ángel (Gómez)”, declaró en aquella ocasión el comunicador, haciendo alusión a sus denuncias contra la administración municipal y el apoyo brindado por Gómez a la campaña de Miguel Vides.

Las preguntas que todos se hacen en Arauca

En este departamento, las presiones de las guerrillas ha generado la dimisión de varios candidatos a alcaldías. Foto: archivo Semana.

El departamento de Arauca es un caso especial. De acuerdo con la MOE, allí se han registrado siete episodios de violencia política de los cuales seis constituyen amenazas. El común denominador de estas intimidaciones es que van dirigidos a candidatos del Centro Democrático. “Hasta el momento se han registrado amenazas contra seis candidatos a la Asamblea de Arauca por este partido político”, señaló un analista de la MOE consultado por VerdadAbierta.com

De acuerdo con los observadores electorales, cinco de los siete municipios que conforman este departamento se encuentran en riesgo extremo por factores de violencia mientras que los otros dos se encuentran en riesgo medio. Si bien no se han presentado acciones violentas tales como ataques, asesinatos, atentados, la presencia histórica de las guerrillas de las Farc y el Eln constituye por sí misma, a juicio de los observadores, un factor de riesgo a tener en cuenta.

Lo mismo apuntan conocedores de la región, quienes no dudan en señalar que hoy, estas dos organizaciones guerrilleras están interviniendo activamente –e ilegalmente- en el proceso electoral en Arauca. “Hay informaciones según las cuales tanto los ‘elenos’ como las Farc están llamando a los presidentes de juntas de acción comunal para decirles: ‘esta es la gente por la que hay que votar”, apuntó Luis*, un líder social de este departamento, quien añadió: “incluso, hay denuncias que tanto Farc como Eln están apoyando a un candidato a la Gobernación en un acuerdo político”.

Según Luis, las presiones de las guerrillas ha generado la dimisión de varios candidatos a alcaldías locales. Sucedió en Saravena, donde el candidato de Opción Ciudadana debió renunciar por cuenta de las presiones. En Fortul sucedió lo mismo con el candidato de Cambio Radical mientras que en Arauquita, el precandidato por el partido Liberal ni siquiera pudo inscribir su nombre para la contienda electoral. “le recomendaron que no lo hiciera. Porque esa es otra cosa que está pasando en Arauca: la violencia se refinó”, apuntó el líder social.  

“Yo no son amenazas abiertas ni matan gente como hace ocho y cuatro años. Ahora a la gente simplemente le dicen que: ‘por su bien, que mire cómo lo estima el pueblo, que no se haga ese mal, pero que no participe en la campaña, que renuncie’. Y le dicen de tantas maneras que la gente termina renunciando a sus aspiraciones”, agregó Luis.

De acuerdo con este líder social, el departamento vive un clima de polarización política que tiene los ánimos de los electores crispados: “Lo que hay es una campaña de desprestigio que ya está generando que en algunos municipios y veredas se presente constreñimiento, que le digan a la gente: ‘pilas, por el que hay que votar es por este”.

La guerra en el Chocó

El aumento de los enfrentamientos entre el Eln y los Urabeños es uno de los principales factores de riesgo de este departamento del Pacífico. Foto: archivo Semana.

El recrudecimiento de la confrontación entre la banda criminal de los ‘Urabeños’ y la guerrilla del Eln figura como la principal amenaza al proceso electoral. Así lo registra la Defensoría del Pueblo en un reciente informe donde analiza los posibles riesgos en zonas donde el conflicto tiene más fuerza.

De acuerdo con la Entidad, en Chocó “se registran hechos que implican amenaza a la libertad, por cuanto los territorios en confrontación abierta entre actores armados, implican un riesgo parael ejercicio de los derechos fundamentales de la población civil”. Allí también se advierte sobre las poblaciones más afectadas por estos hechos: “La agudización de la confrontación armada entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia parecen constituir el mayor riesgo, toda vez que la dinámica actual implica la limitación en las libertades de los habitantes de la cuenca del Truandó, Domingodó, Salaquí y Cacarica en el Bajo Atrato, así como en la cuenca del Baudó y del San Juan”.

Los registros de la Defensoría muestran un panorama preocupante. Según la Entidad, el pasado 3 de septiembre se presentó una incursión armada de un gran número de hombres pertenecientes a los ‘Urabeños’ a la cuenca media del río Truandó, donde la presencia de la guerrilla de las Farc ha sido histórica, lo cual ha generado fuertes afectaciones en la movilidad a las comunidades indígenas de los resguardos Jagual Chintadó, Marcial, Jagual y Pichindé; los resguardos de los ríos Truandó, Quiparadó, Domingodó y Opogadó; así como a las comunidades de los territorios colectivos de la Cuenca del Río Quiparadó, La Nueva, Clavellino, Taparal, Bocas de Taparal, Domingodó, La Madre, Chicao, Truandó Medio.

Debido a esta situación, el subcomité de Justicia Transicional del municipio de Riosucio, en reunión efectuada el pasado 13 de octubre, solicitó a las autoridades competentes gestionar el traslado de los puestos de votación que estaban dentro de la cuenca. “De esta forma, la incursión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y los combates con el ELN y las Farc ha tenido fuertes repercusiones sobre el proceso electoral y afectaría alrededor de 3.000 votantes de las cuencas de Truandó y Salaquí”, consignó la Defensoría en su informe.  

A esto se suman varios hechos de violencia registrados entre septiembre y octubre que tienen en máxima alerta a las comunidades. El más reciente de ellos ocurrió el pasado 7 de octubre, cuando presuntos miembros del Frente Ernesto ‘Che’ Guevara del Eln hostigaron el casco urbano del municipio de Sipí. El hecho, que inició promediando las 10:00 de la noche y se extendió por espacio aproximado de dos horas, no dejó víctimas ni afectaciones a bienes de la población. En Tadó se registró la quema de cuatro vehículos particulares el pasado 8 de septiembre en la vía que comunica este municipio con el departamento de Risaralda. Según fuentes castrenses, el hecho se produjo en horas de la madrugada y se le atribuye al Frente Cacique Calarcá del Eln. Asimismo, las autoridades reportaron la quema de cinco vehículos en la vía Quibdó-Medellín, a la altura del municipio de Carmen de Atrato el pasado 2 de septiembre, en hechos atribuidos al Frente Manuel Hernández El Boche del Eln.

__

A pesar de este panorama, los reportes de las autoridades electorales señalan que cada rincón del país contará con puesto de votación, situación impensable en determinadas regiones hace tan solo cuatro años. A ello se suma una sensible reducción de las amenazas por parte de los grupos armados ilegales.

Sin embargo, lo observado hasta ahora deja entrever las complejidades que entraña el orden público en determinadas zonas. El ejercicio democrático sigue siendo amenazado. La pregunta que queda en el ambiente después de los análisis de los observadores electorales es si también habrá que considerar ciertas costumbres de hacer política como un factor generador de violencia.

*La identidad de la fuente se omite por su petición expresa

The post Breve radiografía a la violencia política appeared first on VerdadAbierta.com.

Estás siendo redireccionado a la FIP.

{jsrp}url=http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1372{/jsrp}

The post Los aportes de la FIP a Forensis appeared first on VerdadAbierta.com.

La sentencia anuncia que la incursión paramilitar acabó con parte de las costumbres de los wayúu y a la mayoría les tocó abandonar su territorio. En la foto superior derecha: alias ‘Mata Tigre’.

Cerca de 250 indígenas wayúu murieron entre 1984 y 2010, época en que varios grupos armados ilegales se disputaban el departamento de La Guajira. Pero las Autodefensas, que operaron a partir de los noventa y hasta principios de 2006 (cuando se desmovilizaron), cometieron varias masacres que los indígenas recuerdan como el periodo en el que casi los exterminan.

Una sentencia proferida la semana pasada por la Sala de Conocimiento del Tribunal Superior de Barranquilla, en contra de Ferney Argumedo Torres, alias ‘Mata Tigre’, que militó en el Frente Contrainsurgencia Wayúu, se convirtió en el primer dictamen con enfoque diferencial que reconoce que las AUC causaron “graves daños” a esta etnia, que representa al 45 por ciento de la población total del departamento.

La sentencia es clara, además, en ordenar a varias entidades del Estado realizar labores que permitan salvaguardar la identidad, la autonomía, los valores y el territorio de los wayúu; hacer foros sobre los efectos que causaron las Autodefensas, impulsar un programa de atención en salud, brindar trabajo a los miembros de cada clan, crear un sistema de educación autónomo, entre otras medidas.

“El enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares, como edad, raza, etnia, orientación sexual y situación de discapacidad. Y con eso el Estado garantizará su protección especial. Esta es la primera sentencia, pero vendrán más”, dice el fiscal tercero de la Unidad de Justicia y Paz en Barranquilla, Alberto Ariza.

El dictamen hace referencia a dos masacres en particular que simbolizan el poder criminal de las AUC: Villanueva y Bahía Portete. Aunque hay información de hechos violentos de finales de la década del noventa, fue a partir de 2002 cuando arremetieron contra los clanes indígenas. Eran 450 hombres armados, liderados por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, con un objetivo: contrarrestar a la guerrilla “supuestamente apoyada por los wayúu”.

Algunos indígenas, además, tuvieron queabandonar los lugares donde está la historia de cada clan: los cementerios. “Muchas almas no culminaron el ciclo de vida y algunos parientes maternos de los muertos no volvieron al territorio a cumplir con sus obligaciones ancestrales y espirituales”, dice la sentencia. Algunas mujeres vieron cómo los cuerpos de sus hijos se descomponían sin que pudieran hacer algo para evitarlo, porque tenían un fusil en la cabeza; y otras ni siquiera los han encontrado. La muerte, para los indígenas de esta etnia, es una vida de sueños y de mensajes claves para la protección de un clan, y todas estas costumbres casi se perdieron con la llegada de las Autodefensas. 

Una víctima Wayúu consultada por VerdadAbierta.com, que pidió la reservara de su nombre, dice que el fenómeno del paramilitarismo dejó graves secuelas para su comunidad. “El desplazamiento nos fraccionó. Los que se fueron del territorio han ido perdiendo nuestras costumbres. Ellos, por ejemplo, no realizan el segundo velorio, que se hace después de cinco años y es muy importante para mantener unido el clan. Los Uchii (palabra utilizada para referirse a los paramilitares) profanaron cementerios. Irrespetaron a las mujeres y a los niños, que son sagrados. Y también faltaron a los códigos de honor por una supuesta guerra entre clanes”, agrega.

Karmen Ramírez Boscán, de la organización Fuerza Mujeres Wayúu, dice que una de las razones por la cual los paramilitares se apoderaron de La Guajira era para controlar la economía local. “Hubo abuso de palabra. Pero lo más fuerte fue salir del territorio, porque imagínese, el cordón umbilical se pone al sol y luego se entierra en el lugar en donde está el pasado y futuro del clan, que después tocó abandonar”, dice. Ella se radicó hace cuatro años en la ciudad de Berna, en Suiza, tras varias amenazas de muerte, y es víctima desde 2004, cuando su familia salió de Maicao también por amenazas. Las AUC asesinaron a 27 miembros del clan Epinayú, al que Ramírez pertenece.  

La sentencia de la semana pasada sienta un precedente sobre las comunidades indígenas y las poblaciones particulares del país que han sido víctimas del conflicto armado, no solo porque reconoce la guerra sin tregua contra una etnia que representa casi la mitad de la población de La Guajira sino porque permite poner los reflectores de la reparación y el reconocimiento sobre una población pasada por el olvido.

¿Quién es Ferney Argumedo?
Alias ‘Mata Tigre’ nació en Barranquilla e hizo parte del Frente Contrainsurgencia Wayúu entre abril de 2002 y junio de 2005, año en que fue capturado y condenado a  19 años de cárcel por el crimen de doshombres. Sin embargo, fue postulado a Justicia y Paz y en la reciente sentencia, los magistrados le impusieron como medida de reparación colectiva pedir disculpas públicas en Riohacha, La Guajira, y apoyar la recuperación socio económica de los wayúu.

The post La incursión paramilitar casi acaba con los wayúu appeared first on VerdadAbierta.com.

Uno de los crímenes que más conmocionó a la comunidad artística de Medellín fue el de Julián Andrés Taborda. Ocurrió el 7 de enero de 2013, justo en momentos en que la violencia ejercida por los combos delincuenciales ya habían cobrado la vida de por lo menos 15 jóvenes artistas de la ciudad. Foto: José Guarnizo.

Si las balas no hubieran cegado su vida, Julián Andrés Taborda Nanclares estaría celebrando este martes 28 de julio su cumpleaños más anhelado. Ese día hubiera alcanzado su mayoría de edad y con ello, la oportunidad de hacer realidad ese gran sueño que cultivó desde muy chico: poder viajar por todo el país y el mundo entero entreteniendo a los públicos más variados como artista clown.

Y seguramente lo anterior hubiera sido la triste anécdota de una de las tantas familias más de una ciudad como Medellín, acostumbrada a ver morir de forma violenta a sus jóvenes más valiosos, de no ser porque un grupo de 16 organizaciones culturales de la ciudad decidió lanzar una campaña donde proponen el nombre de Julián como candadito a la Alcaldía de Medellín.

Efectivamente, la campaña se llama “No copio” y con ella, las organizaciones culturales buscan unirse en torno a la figura de Julián “para decirle a esta ciudad que nada justifica el homicidio y que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la cifra siga disminuyendo y eliminar los factores estructurales del homicidio en Medellín”, tal como reza en su programa de gobierno.

De acuerdo con Lucas Jaramillo, uno de los integrantes del equipo de campaña de Julián, con esta iniciativa se busca llamar la atención de las autoridades locales así como de los demás aspirantes al máximo cargo de elección de popular de la ciudad para que adopten medidas que frenen definitivamente los homicidios de jóvenes de todos los sectores, principalmente el cultural, que en los últimos cuatro años ha visto caer por cuenta de las balas asesinas por lo menos una veintena de músicos, raperos, grafiteros y artistas jóvenes como Julián.

“Lo que se propone es convertir a Julián en el símbolo de muchos otros casos; hablarle al poder desde un sector cultural que está cuestionando que haya indiferencia frente a adolescentes populares asesinados”, señala Jaramillo. Las propuestas de campaña de Julián se resumen básicamente en tres puntos: que la vida no cueste tanto, que uno nazca con la vida ganada y que matar a un joven de Medellín no sea tan barato.

“Sigue habiendo mucho pelado en Medellín que no puede salir a cualquier hora de su casa, que no puede pasar de un barrio a otro, que vive con miedo, con tanto miedo que no se puede nombrar, con tanto miedo que no se alcanza a desear una vida sin miedo”, como señala en su propuesta de campaña, que además termina con una frase lapidaria: “nosotros vamos a compartir nuestro plan de gobierno con todos, cualquier idea, lema, que quieran usar las otras campañas se los cedemos. Yo tengo un gran problema para estas elecciones que espero lo podamos solucionar en el futuro cercano: el 7 de enero de 2013 fui asesinado”. (Ver: Caen más héroes defensores de derechos)

El joven que soñaba con hacer reír   

Al momento de su muerte, el 7 de enerode 2013, Julián Andrés Taborda Nanclares tenía 15 años, lo conocían como ‘Crispi’ y ya había arrancado sonoros aplausos y despertadas sinceras ovaciones en sus primeras presentaciones como artista clown. Su sueño, tal como lo recuerda su madre, Rosa Amelia Nanclares, fue hacer reír a los demás

“Desde muy pequeño se le metió en la cabeza que él quería ser payaso, que lo apoyara que era eso lo que le gustaba. Él decía que cuando cumpliera 18 años se iba ir a trabajar y a viajar como artista”, recuerda Rosa Amelia.

Y así fue. Desde el mismo momento en que Julián confesó cuál sería su vocación, Rosa Amelia lo vinculó con Casa Arte, un espacio de formación artística con sede en el corregimiento Altavista, suroccidente de Medellín, que busca arrebatarle jóvenes a la violencia urbana mediante la lúdica, la música y la pantomima. “Y Camilo Baena, el director de Casa Arte, fue quien más lo apoyó. Julián se mantenía prácticamente todo el día allá. Y a mí me parecía muy bonito el camino que él estaba tomando”, añade Rosa Amelia.

Pero la violencia truncó sus sueños. Para esa época, los enfrentamientos entre los combos delincuenciales conocidos como ‘Los Chivos’; ‘La 14’; y ‘La Perla’ tenían prácticamente arrinconados a los habitantes del corregimiento Altavista. Los violentos impusieron las llamadas “fronteras invisibles” para evitar que los habitantes de un barrio pasaran libremente a otro sector contiguo. Encerrarse en casa desde tempranas horas de la tarde se convirtió en parte de la cotidianidad de familias como los Taborda Nanclares. No pagar la famosa vacuna, una microextorsión que cobraban los armados, implicaba una sentencia de muerte.

Para los más jóvenes la situación era aún más crítica. La presión para vincularlos forzosamente a las bandas delincuenciales era constante y quien se rehusara corría grave riesgo. “Al final, él vivía muy aburrido porque los ‘muchachos’ del barrio lo querían coger de ‘carrito’, que se vinculara a ellos. Y como se negó, por eso lo mataron”, relata la madre de Julián, quien pese a su corta edad, no solo llegó a ser orgullo y admiración de sus cinco hermanos menores sino de muchos otros jóvenes de Altavista, a quienes logró contagiarles el amor por la pantomima.

Y no exagera Rosa Amelia al decir que todos sus vecinos del corregimiento Altavista lloraron su muerte: “todo el mundo lo apreciaba, se hacía querer y ya le reconocían su talento como artista. La velación fue impresionante. Mucha gente vino a darle el último adiós. Luego de su muerte, Camilo Baena, de Casa Arte, inició una campaña para frenar la violencia en el barrio, que se acabaran las fronteras invisibles. Y la verdad es que el barrio sí cambió después de la muerte de mi muchacho”.  

Las autoridades de Policía de la ciudad capturaron a los asesinos, quienes ahora purgan largas condenas enuna cárcel de Medellín. Y hoy, cuando la administración municipal celebra como hecho histórico la reducción de homicidios en Medellín, pues hasta el 30 de mayo se registraron 174 asesinatos, 118 menos que los ocurridos en el mismo periodo de 2014, Julián Andrés Taborda le recuerda a la ciudad que, pese a ello, aún falta mucho por hacer para erradicar completamente la violencia homicida que afecta principalmente a los jóvenes.

“La cifra viene bajando, muy bacano, la impunidad al homicidio ha bajado un poquito, bien. Pero hay que hacer mucho más, no se puede copiar de asesinos, porque nada justifica el homicidio. No preguntés por qué lo mataron, no seas hijue… el único equivocado es el asesino”, sentencia el mimo que hacía reír a su familia y sus vecinos, que fue asesinado en 2013 y que hoy, aunque suene raro, sueña con ser alcalde de Medellín.

The post El mimo que quieren como Alcalde appeared first on VerdadAbierta.com.

Por Cristina Castro*   

ExhibiciónFin del Estado de Derecho, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. Foto: Matías Poblete.

El Museo de la Memoria en Bogotá dio un paso importante para convertirse en realidad. En el día de las víctimas, el gobierno y el distrito entregaron un lote de 20.000 metros ubicados en la calle 26 con 30. Allí se construirá el espacio más grande hasta la fecha en el país con miras a hacer visibles las cicatrices que han dejado décadas de guerra con miras a que el país no vuelva a repetir su pasado. (Ver: Un museo para no olvidar)

Uno de los más importantes antecedentes de esta propuesta en América Latina es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile que busca rememorar los hechos ocurridos bajo la dictadura. Este escenario será un punto de inspiración para lo que se construya en Colombia. Su director Ricardo Brodsky, habla sobre su experiencia en el país austral.

Ricardo Brodsky, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. Foto: Matías Poblete.

¿Cuál es la historia detrás del museo que usted dirige?

RICARDO BRODSKY: El Museo de la memoria es un proyecto inaugurado en enero de 2010 por la presidenta Michelle Bachelet, pero su historia se remonta al año 1991 cuando la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que estableció los crímenes de la dictadura cívico-militar que encabezó el general Pinochet propuso la creación de memoriales y museos que dignificaran a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.

¿Qué pasó luego?

RICARDO BRODSKY: Posteriormente la UNESCO declaró “Archivo del Mundo” los archivos de diversos organismos chilenos de defensa de DDHH, entonces se hizo evidente que había que crear un museo que resguardara esos archivos para la memoria de las futuras generaciones. Por su parte, las agrupaciones de víctimas venían reclamando la creación de un museo de la memoria desde un tiempo.

¿Y qué significó ese museo para esas víctimas?

RICARDO BRODSKY: En definitiva, el Museo es un proyecto que busca reparar simbólicamente a las víctimas de las violaciones a los DDHH, devolviéndoles su identidad y su dignidad humana, pretende además ser un proyecto que estimule la educación y la reflexión de los chilenos sobre el valor de los derechos humanos y la importancia de respetarlos en toda circunstancia.

¿Cuál ha sido la importancia de este museo para Chile?

RICARDO BRODSKY: Este museo representa la voluntad de la sociedad chilena de mirar de frente su pasado y hacer lo posible para que nunca más se repita una experiencia como la vivida en dictadura. En ese sentido, constituye una prueba real del compromiso de la sociedad chilena con los derechos humanos y la memoria de las víctimas del terrorismo de estado.

¿Y qué tan bien les ha ido?

RICARDO BRODSKY: La importancia del museo se expresa también en el hecho que se trata de uno de los museos más visitados del país, con audiencias que alcanzan las 200 mil personas presenciales y más de 400 mil virtuales al año. De ellos, el 80 % es menor de 30 años, lo que da cuenta de la capacidad del museo de vincularse con las nuevas generaciones, cuestión que está en la esencia del proyecto.

¿Qué otros logros han registrado?

RICARDO BRODSKY: También el museo se ha convertido en sus 5 años de vida en un lugar destacado para el arte contemporáneo en Chile, de lo que da cuenta lasmás de 50 exposiciones temporales realizadas con artistas chilenos y extranjeros. Finalmente, el museo se ha convertido en un lugar que estimula el debate político y académico sobre los temas relacionados con su que hacer, lo que ha logrado cursando invitaciones a destacados pensadores de diversos países y publicando sus conferencias.

¿Cómo sienten que han aportado a la reconciliación?

RICARDO BRODSKY: La reconciliación es un proceso que supone que los victimarios reconocen lo que han hecho y piden el perdón de la sociedad y de las víctimas. Ello no ha ocurrido en Chile. Han sido las víctimas, los gobiernos democráticos y los tribunales los que han ido arrancando paso a paso la verdad. Ello ha permitido la generación de medidas de reparación material y moral a las víctimas que lleve algo de paz a sus corazones. Por otro lado, la justicia ha avanzado, aunque demasiado lentamente, en esclarecer los hechos y sancionar algunos de los responsables. El museo contribuye a estos procesos constituyéndose en una fuente de información y en el principal espacio de reparación moral a las víctimas y de educación en el Nunca Más para las nuevas generaciones.

“La narrativa del museo debe reflejar la profundidad del conflicto colombiano”.

Félix Reátegui, miembro de la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú, explica por qué es fundamental un museo para que no se olvide la guerra.

Félix Reátegui, de la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú.

Quizás pocos pueden conocer más de los procesos de memoria que Félix Reátegui. El sociólogo es asociado del programa de Verdad y Memoria del International Center for Transitional Justice. Desde esa organización ha acompañado los procesos de reconstrucción de la verdad de diferentes países del mundo, entre los que está Colombia, Tunez y Costa de Marfil. Fue miembro de la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú en donde se desempeñó como director del comité editorial y responsable del informe final. También ha sido profesor y director de investigaciones del Instituto para la Democracia y los Derechos Humanos en la Universidad Católica de ese país.

Para Colombia, ¿en qué sentido podría ser valioso tener un museo de la memoria?

FÉLIX REÁTEGUI: Un museo dedicado a la memoria de las víctimas y del conflicto es importante en varios sentidos. Uno, fundamental, es el relativo a la reparación simbólica que se debe a las víctimas. Un museo es una manera de hacer explícito que el Estado y la sociedad reconocen el daño ocasionado a ellas y, más ampliamente hablando, las diversas responsabilidades por los crímenes cometidos. Un museo es, así, una forma de incorporar el conflicto y sus víctimas en el discurso público; es una manera de hace oficial la conmemoración. Un segundo sentido es del aprendizaje cívico o social. Un museo puede y debe ser el espacio para seguir reflexionando sobre las raíces, los hechos y las consecuencias del conflicto armado; forma parte, así, de lo que se podría llamar una política nacional de conmemoración.

¿Por qué cree que a diferencia de Europa y Estados Unidos donde se construyen grandes monumentos para conmemorar hechos históricos, en Colombia no existen este tipo de simbolismos?

FÉLIX REÁTEGUI: En líneas generales, se puede decir que la tradición museística está más arraigada en otras regiones que en América Latina. Eso puede tener explicaciones diversas, incluyendo la económica. Pero, en sentido más concreto, se podría decir que solo en las últimas décadas las sociedades de América Latina –y Colombia entre ellas—se han encontrado con una concepción del pasado como algo que debe ser incorporado conscientemente en la cultura pública. El pasado siempre gravita, pero no siempre se es consciente de él. Hoy nos estamos encontrado con que también puede y debe haber una “política pública” sobre el pasado, sobre la memoria. Eso es lo que está emblematizado en los centros de conmemoración de Europa y EEUU y lo que comienza a aparecer en nuestra región.

¿No tendrá que ver con la diferencia en términos de desarrollo entre estos países?

FÉLIX REÁTEGUI: Se podría ensayar otras explicaciones complementarias, desde luego, y algunas de ellas tendrán que ver con los problemas de integración y de exclusión. En sociedades donde la nación es todavía un tema de debate, es explicable que la tradición conmemorativa sea más incipiente, puesto que la conmemoración implica algunos acuerdos sobre el pasado. Por otro lado, también cabe preguntarse si la ausencia de centros conmemorativos se debe a que las víctimas de procesos de violencia o represión en América Latina suelen ser las poblaciones más pobres y marginadas. Ahí donde hay una ciudadanía débil, es explicable que la conmemoración de los marginados esté ausente.

¿Qué justificación tiene que quienes han estado del lado “malo” de la historia tengan un sitio para recordar lo que hicieron?

FÉLIX REÁTEGUI: Es algo muy debatible. Se debe distinguir entre la conmemoración pública, que implica un reconocimiento y un aprendizaje, y, por el otro lado, el derecho que los distintos grupos particulares tienen a recordar su pasado según su punto de vista. La conmemoración de la que hablamos cuando pensamos en un museo de memoria es una conmemoración asociada a principios fundamentales: uno de ellos es que viene de la doctrina y la legislación de los derechos humanos. Desde ese punto de vista, se puede hablar de pluralidad de memorias, pero con un claro límite de principio: el respeto a principios humanitarios básicos y a una visión democrática de la sociedad, un marco de valores donde no caben “negacionismos” ni mucho menos justificaciones explícitas o soterradas de los actos de violencia y abusos cometidos.

¿Un Museo de la Memoria obligaría a contar la historia con una versión? ¿Qué debería incluir la colombiana?

FÉLIX REÁTEGUI: Creo que es un enfoque incorrecto pensar que Colombia debe aspirar a obtener una única versión del conflicto con la que todo el mundo tenga que estar de acuerdo. La narrativa de un museo debe ser compleja e integradora, y así reflejar la profundidad del conflicto colombiano.

¿Usted cree que es más difícil construir un museo de la memoria en un conflicto como el colombiano en el que no está tan claro quiénes son los héroes y quiénes los villanos?

FÉLIX REÁTEGUI: Creo que, en general, siempre es difícil hacer un museo dedicado a la memoria de un conflicto, pues su materia es controvertida por naturaleza. Por muy claramente que establezcamos los hechos, siempre habrá quienes impugnen la versión de la historia que se represente en el museo respectivo. En el caso de Colombia será, por tanto, una tarea complicada. Posiblemente, una forma de avanzar y de ir desbrozando el camino es comenzar por lo central: ha habido millones de personas afectadas por graves violaciones de derechos humanos cometidas por muy diversos actores. La conmemoración puede comenzar por eso, por la realidad de las víctimas, que es lo menos controvertible y, de hecho, la realidad más urgente.

¿Son importantes estos escenarios en los procesos de verdad, justicia y reparación?

FÉLIX REÁTEGUI: Los espacios de conmemoración son muy importantes porque ayudan a incorporar la verdad dentro del discurso público, dentro de la conciencia compartida por la colectividad. Por medio de ellos se puede lograr que la verdad no sea solamente conocida o sabida, sino también reconocida y aceptada, y, más aún, que llegue a ser significativa para las instituciones y para las personas. Una cosa es saber algo; otra, distinta, es que eso que sabemos tenga gravitación sobre nuestros actos, nuestras decisiones, nuestras formas de relacionarnos con los demás y nuestra identidad propia. Los procesos de conmemoración pueden ayudar a que la verdad sea significativa en ese sentido. Y eso se vincula, desde luego, con los procesos de verdad, justicia y reparación, pues en la medida en que el pasado sea significativo y públicamente reconocido, ello dará fuerza a las demandas de las víctimas por sus derechos y también podría ser un acicate para que el Estado formule ciertas decisiones públicas como las reparaciones o las reformas institucionales.  Con esto no se quiere decir que la conmemoración sea suficiente para lograr tales fines. Hay que evitar darle una dimensión excesiva al peso de la conmemoración. Pero sí se puede decir que la memoria, el reconocimiento, son elementos que pueden ayudar e influir en esa dirección.

* Editora Revista SEMANA

The post “Los museos buscan devolverles a las víctimas su identidad y dignidad humana” appeared first on VerdadAbierta.com.

Durante más de 20 años, Omar García Angulo trabajó para la Empresa de Energía de Cundinamarca, donde se destacó como un activo sindicalista hasta que el 16 de agosto de 2001 sicarios terminaron con la vida de una de sus compañeras y por poco también acaban con su vida. Este es su testimonio.

Foto: archivo Semana.

“El 12 de agosto de 1991 ingresé a trabajar a la Compañía de Electricidad y Gas (Celgac) o como comúnmente se le conocía, Electrificadora de Cundinamarca, la cual, años más adelante, se llamó Empresa de Energía de Cundinamarca. Pasaron varios gerentes por la empresa hasta que llegó la administración del señor Hernán Troncozo Lozano, quien nombró a discreción varios administradores en los diferentes distritos o zonas del departamento.

Yo trabajaba específicamente en Fusagasuga, en la zona del Sumapaz, donde llegó, proveniente de Pereira, un ingeniero que generó malestar entre los trabajadores y más con aquellos que participábamos activamente de la subdirectiva del sindicato Sintraelecol de Bogotá.

A su llegada, el nuevo administrador aseveró: “vengo a acabar con todos los sindicalistas de esta zona así me toque hacerlos matar”, frase que nos tomó por sorpresa, pues si bien es sabido que el sindicalismo en Colombia no ha sido bienvenido no era para que la amenaza fuera de esa manera. Durante ese tiempo siempre hubo muchos inconvenientes y problemas, hasta llegar a negar los permisos, inclusive, de citas medicas.

El nuevo administrador organizó a los trabajadores que no estaban en el sindicato para inventarse cosas de los que sí lo estábamos, contribuyendo de esa manera a generar un mal ambiente laboral que terminó en una arremetida contra nuestros derechos laborales. Denunciamos ante las autoridades, el Ministerio de Trabajo, Fiscalía, juzgados, sindicatos, sin que se ejecutara alguna acción a favor.

Las palabras del ingeniero se cumplieron. Después de varias amenazas en contra de mi vida, la de varios compañeros y mi propia familia, el día 16 de agosto de 2001, saliendo de la jornada laboral, a las 5 y 30 de la tarde, nos intercepta una moto idéntica a la que utilizaban los sicarios de Pablo Escobar y sin mediar palabra el parrillero salta de la moto en movimiento y dispara en ráfaga contra la compañera Doris Núñez Lozano y luego contra mí. Por los impactos, la compañera cae al suelo sin vida; a mí me propinaron tres disparos que me causaron daños en el hígado, el pulmón derecho y la arteria aorta. Estuve 43 días en cuidados intensivos y me dieron una incapacidad laboral de 18 meses.

Cuando terminó la incapacidad y quise reintegrarme al trabajo, la administración se rehusó a reubicarme; por el contrario, se abrieron en mi contra varias investigaciones para expulsarme de la empresa. Fue gracias al entonces Presidente del Sindicato que se elevó la queja ante Angelino Garzón, en ese entonces Ministro de Trabajo, quien ordenó mi reubicación y, además, solicitó asilo por mi seguridad. Sin embargo, la administración se seguía rehusando y de nuevo empezaron las amenazas y las intimidaciones. Finalmente pude viajar a Chile, el único país que accedió acogerme, en calidad de exiliado, allí estuve un año.

Al regreso al país me encontré con que no había prosperado mi reubicación y regresé al mismo puesto de trabajo ya con una nueva administración porque la empresa había sido vendida a Codensa. Para pesadilla mía me encontré con una administración peor que la anterior, me exigió que retirara todas las demandas en contra de la empresa o no podría seguir en el cargo. Ya era imposible seguir sin ningún apoyo ni por parte del sindicato y menos de las autoridades.

Para obtener algún beneficio, la administración insistía en que tenía que retirar todas las demandas o no me iban a indemnizar. Durante un año no quise aceptar la propuesta hasta que de nuevo me presentaron un plan, que siempre atentaba en mi contra. Finamente, el proceso por el asesinato de mi compañera y mi intento de homicidio se cerró por falta de pruebas, fue para locos leer el fallo del Contencioso Administrativo de Cundinamarca.

En ese momento las directivas accedieron a darme ‘mocos’ ´por 20 años de servicio. La muerte de Doris Núñez Lozano quedó impune, nunca hubo reparación, mi afectación aún continua y no fuimos escuchados por ninguna autoridad.

Mi caso lo puse en conocimiento del Presidente de la Republica, Juan Manuel Santos, y su Vicepresidente, para este entonces Angelino Garzon, quienes me salen con evasivas porque no les interesa mi historia. Solo pido justicia y reparación por todos los daños causados, no solo económicos sino morales y sicosociales”.

Esta victima relató su historia al proyecto Rutas del Conflicto usando la herramienta Tu memoria cuenta.

Yo sobreviví al conflicto es un proyecto de periodismo testimonial y participativo que le da continuidad a las Rutas del Conflicto, proyecto de Verdad Abierta y el Centro Nacional de Memoria Histórica, y que busca que las víctimas cuenten su propia historia sobre hechos poco visibles. Usted puede mandar su testimonio a Tu memoria cuenta www.rutasdelconflicto.com o al correo electrónico verdadabierta@gmail.com.

Otros relatos de Yo sobreviví

– “No sé por qué ocurrió la masacre de La Horqueta”

– “Yo presencié el asesinato de mis padres”

– “A mi mamá la mataron en plena carretera”

– “Alias ‘Tolemaida’ asesinó a mi papá”

– “Los mataron delante mío y no pude hacer nada por ellos”

– “Un billete no hace justicia cuando una madre pierde a su hijo”: Luisa Medina

The post “Por sindicalista querían asesinarme” appeared first on VerdadAbierta.com.

Gustavo Petro, alcalde de Bogotá. Foto archivo Semana.

Un nuevo panfleto circula desde ayer en las casillas de correo electrónico de diversas organizaciones sociales firmado por un grupo que se hace llamar ‘Águilas Negras Bloque Sur’ que amenaza de muerte a 14 personas, y a sus familias, tras tildarlas de “guerrilleros comunistas”. Se trata de congresistas, investigadores sociales y abogados cuya característica común es defender los derechos humanos. (Ver panfleto)

La nueva intimidación, llena de epítetos insultantes referidos al pasado de algunos de ellos, aparece justo cuando se cumplen 25 años de la dejación de armas del Movimiento 19 de Abril, M-19, grupo del que hizo parte el actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, uno de los incluidos en esta nueva lista.

Además del mandatario del Distrito, están los funcionarios Gloria Ramírez, Jorge Rojas y Gustavo de León Bonolis; los congresistas Claudia López e Iván Cepeda, los investigadores sociales León Valencia y Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación; José Aristizábal, Adolfo Bula Ramírez y Fernando Hernández, de la Corporación Nuevo Arco Iris; el abogado barranquillero José Humberto Torres del Comité de Presos Políticos; y los exguerrilleros del Eln Felipe Torres y Francisco Galán. Además, fue incluido el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

“Guerrilleros comunistas los tenemos ubicados, sabemos cómo operan y dónde operan. Sus días están contados, su sangre servirá de abono al suelo patrio. Es hora que paguen por estar engañando a la gente con mentiras y filosofía barata”, dije en uno de sus apartes el panfleto.

Los directivos de la Corporación Nuevo Arco Iris se pronunciaron al respecto y destacaron que los amenazados que hacen parte de esa organización no gubernamental fueron los negociadores por parte de la Corriente de Renovación Socialista y el gobierno nacional en los acuerdos de paz firmados el 9 de abril de 1994, que permitieron la desmovilización de 650 combatientes.

“Esta es la cuarta amenaza que recibimos en los últimos cinco meses y la segunda de este año. Y son innumerables las que siguen llegando en todo el país contra personas y organizaciones que trabajamos por la paz y los derechos humanos”, aseveraron en un comunicado Fernando Hernández Valencia, director ejecutivo de la Corporación Nuevo Arco Iris, Fernando CuervoCastillo, presidente de esa Ong, José Aristizábal García y Adolfo Bula Ramírez.

En su mensaje, llamaron la atención sobre las negociaciones que adelantan en La Habana, el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, así como las exploraciones con el Eln, para ponerle fin a 50 años de confrontación armada, y aseveraron que “la incapacidad del gobierno para frenar este fenómeno y brindar protección a las personas amenazadas y la total impunidad en que se mantiene, ponen en grave peligro”, esos procesos.

“¿Cómo podrán ellos convertirse en movimientos políticos en la legalidad si el gobierno no es capaz de brindar garantías de seguridad a quienes dejamos la armas y firmamos la paz hace ya veinte años? ¿Cuál seguridad podrán tener sus procesos de reinserción?”, se preguntaron los directivos de la Corporación Nuevo Arco Iris.

“Si el gobierno no actúa y toma medidas serias e inmediatas frente a esta situación, si no escucha el clamor de los perseguidos y amenazados, estamos dispuestos a impulsar, junto con otras organizaciones del país y el exterior, una campaña masiva de denuncia a nivel nacional e internacional para que sean otros gobiernos, otras instituciones internacionales y la mesa de negociación de La Habana, las que lo presionen a actuar”, concluyeron.

A comienzos de este año llegaron amenazas contra por lo menos 38 personas de la región Caribe, vinculados a procesos de restitución de tierras y reparación de víctimas, y también estaba firmadas por las “Águilas Negras”. Hasta ahora no hay avances en las investigaciones sobre el origen de las mismas. Lo único que ha dicho la Fiscalía es que dicho grupo no existe.

The post ‘Águilas Negras’ amenazan a Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro appeared first on VerdadAbierta.com.

Un grupo que se identifica como “Bloque Norte Costa Atlántica Águilas Negras” distribuyó un panfleto amenazante en la región Caribe contra líderes sociales. Foto: Semana

Defensores de Derechos Humanos y líderes vinculados a procesos de restitución de tierras en la región Caribe están en medio de la zozobra desde que la semana pasada apareció un panfleto de las Águilas Negras que los declara objetivo militar. Son 38 personas pertenecientes a diferentes organizaciones, entre los que están dos representantes de las víctimas que estuvieron en La Habana presentando sus propuestas ante la Mesa de Conversaciones entre el gobierno y la guerrilla: Soraya Bayuelo y Jairo Barreto.

Esta amenaza se suma a las que han recibido de manera reciente otros líderes proclives al proceso de paz como Piedad Córdoba y los miembros del Frente Amplio por la Paz; las de Carmen Palencia, y demás líderes de Tierra y Vida, también atribuidas a las Águilas Negras; y las que a nombre de las Farc recibieron los congresistas María Fernanda Cabal y el abogado Jaime Arturo Restrepo, y que fueron desmentidas por esa guerrilla.

En Colombia siempre que se ha intentado llegar a un acuerdo para ponerle fin a la guerra, mientras se negocia, suelen incrementarse las amenazas y la violencia contra las organizaciones y líderes sociales. Esta no parece ser la excepción.

Para Gonzalo Murillo, director de la Redprodepaz, una de las entidades afectadas, a medida que avanza en las conversaciones en Cuba, se generan mayores tensiones en las regiones. Y hace un llamado para que el gobierno demuestre que tiene capacidad de controlar a las fuerzas oscuras que se camuflan de tras este comunicado. Una líder de la región consultada por VerdadAbierta.com asegura que las amenazas “no son otra cosa que una amenaza directa al proceso de paz”.

Varios datos han llamado la atención sobre este nuevo panfleto. Por un lado, que mencione a líderes desde Sucre hasta Valledupar, lo cual muestra que detrás del pasquín hay intereses regionales, sean de paramilitares u otras fuerzas. Segundo, que varios de los afectados han sido veedores electorales en el pasado.

Ariel Ávila, analista de la Fundación Paz y Reconciliación dice que lo que se busca es ensombrecer el proceso de paz de cara a las elecciones locales y regionales. Unas elecciones que serán definitivas pues se elegirán los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados que tendrán que lidiar con la implementación de los acuerdos de La Habana, cuyo segundo punto está dedicado, precisamente, a las garantías para la participación democrática en zonas donde ha habido conflicto.

Un vocero de las organizaciones amenazadas afirmó que “el gobierno nacional debe venir a vivir la situación de la región, donde desde décadas atrás el poder político y económico ha recaído en manos de terceros que no ha sido la sociedad. Lo cual al día de hoy se traduce en que no tenemos las condiciones suficientes para participar en política sin que nos maten”.

La fuerte presencia de las organizaciones en las regiones las establece como un fuerza política importante a disputar las próximas elecciones donde según una líder de restitución de tierras, “las fuerzas oscuras no nos quieren a nosotros por haber hundido, en varias oportunidades, propuestas electorales para la continuación de la guerra, como lo seguiremos haciendo”.

No hay que olvidar que la región Caribe fue el epicentro de la para-política y que hoy muchos de quienes gobiernan o manejan los hilos del poder en los departamentos y municipios también son herederos de este fenómeno. A eso se suma la salida de los exjefes paramilitares que estaban en la cárcel luego de la desmovilización, y la perspectiva de que los miembros de las Farc entren a la arena política. La pregunta que muchos de los amenazados en este panfleto es como va a garantizar el gobierno el cumplimiento el punto dos de La Habana en medio del reacomodamiento de todos estos factores de poder, ¿solo con escoltas? O desarticulando de verdad a las fuerzas oscuras.

La propia Fiscalía dijo recientemente que no existe un grupo llamado Águilas Negras. En realidad bajo ese nombre actúan los “enemigos agazapados de la paz” que pueden ser, como se ha demostrado durante el conflicto, desde paramilitares y guerrilleros, hasta agentes del Estado, o incluso grupos políticos que no quieren tener competencia en sus zonas.

Como en casos anteriores, la Unidad de Protección se ha encargado de evaluar el riesgo de los amenazados y brindarles medidas básicas de seguridad. Sin embargo esto no parece ser suficiente. “La Fiscalía no ha entregado resultados, ni siquiera ha anunciado un plan metodológico para hacerle seguimiento a las amenazas” dice una líder de Montes de María.

Para uno de los afectados por las amenazas, el panfleto ya cumplió su propósito. Algunos de quienes fueron declarados objetivo militar ya salieron de la región, otros dicen que van a mantener un bajo perfil en estos meses; y hay desánimo en las organizaciones sobre la garantías que tendrán para trabajar por la llamada “paz territorial”.

Este es el panfleto que está circulando en la Costa Caribe:

The post Amenazas: primer obstáculo de la “paz territorial” appeared first on VerdadAbierta.com.