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En febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos dio el primer paso para imponer severos recortes en la cooperación internacional, lo que en Colombia se ha traducido en ruinoso corte en la capacidad de las agencias humanitarias y de desarrollo de Naciones Unidas en entregar ayudas urgentes.

“El trabajo en desarrollo (social) que realizamos —que no es menor— se ha visto fuertemente impactado por los recortes provenientes de Estados Unidos”, dice Mireia Villar Forner, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia y Coordinadora Humanitaria.

Inicialmente se tenía previsto un apoyo financiero de 130 millones de dólares por parte de Estados Unidos para proyectos de desarrollo en Colombia en 2025. De ese monto, 87 millones fueron congelados y sólo 43 millones se reactivaron, lo que representa la suspensión del 66,9 por ciento de los recursos proyectados, subrayó Villar.

“Más de 100 organizaciones, tanto nacionales como internacionales, ya empiezan a verse afectadas, lo que podría dejar sin atención a 1,7 millones de personas. Pero más allá de las cifras, Naciones Unidas, nuestros socios en territorio y el conjunto de la cooperación internacional son actores clave en zonas de Colombia donde la presencia del Estado es limitada y está fuertemente condicionada por el control de grupos armados y estructuras criminales”, advierte Villar.

Estas nuevas limitaciones se producen en momentos críticos, marcados por el recrudecimiento de la violencia en lo que va del año en departamentos fronterizos como Nariño, Chocó, Cauca, Putumayo, Arauca y Catatumbo. El impacto ha sido profundo en comunidades especialmente vulnerables, como personas desplazadas, refugiadas y migrantes —en particular de origen venezolano—. Muchas de estas poblaciones, que durante años contaron con el respaldo de organizaciones sociales respaldadas por agencias de la ONU, enfrentan hoy una doble crisis: el avance del conflicto armado y el riesgo de revertir los avances alcanzados hasta ahora debido a las restricciones operativas impuestas por la reducción de fondos internacionales. (Leer más: Cooperación en vilo mientras Colombia atraviesa crisis humanitaria).

El deterioro en la respuesta humanitaria ya deja huellas. En 2024, ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados) logró atender a 17.740 niños en riesgo y regularizar a 500.000 migrantes venezolanos. Pero este año, con los recortes en marcha, miles de menores ya comienzan a quedarse sin atención, y sólo una quinta parte de la población migrante que necesita asistencia para regularizar su estadía en el país podrá acceder a ella, según Mireille Girard, representante de ACNUR en Colombia. De acuerdo a sus estimaciones, la reducción en la asistencia podría impactar a lo largo del año a unas 250.000 personas.

“Las consecuencias de la falta de financiación son particularmente graves en el Catatumbo, donde hay más de 63.000 personas desplazadas,  lo que constituye el mayor desplazamiento masivo registrado en el país”, alertó Girard.

En una primera respuesta a la crisis en el Catatumbo, ACNUR distribuyó más de 43.000 artículos de ayuda básica, pero se ha visto obligada a suspender nuevas entregas. “Faltan recursos para continuar”, dice.

“Programas de protección a la niñez de prevención de reclutamiento han debido reducirse o abandonarse. Los esfuerzos para proteger y apoyar la integración local de las personas desplazadas se encuentran en grave riesgo. Todos nosotros (agencias de cooperación) tenemos colectivamente muchos menos recursos de los que se necesitaría en la zona.” enfatiza Girard.

Si bien Estados Unidos ha encabezado los recortes a la cooperación internacional, otros donantes también han reorientado sus fondos. “A los recortes estadounidenses se suman los de otros actores tradicionales de la Unión Europea, históricamente aliados de la ONU, que también han reducido sus aportes debido a decisiones de política interna”, añade Villar.

La capacidad de los países donantes europeos se ve desafiada por un complejo contexto global. Según informó la agencia, esta presión se debe a tres factores clave: las demandas de Estados Unidos sobre el gasto en defensa, el impacto de la guerra en Ucrania y las crisis migratorias en el Mediterráneo, exacerbadas por la escalada de violencia en Medio Oriente.

Niñez y adolescencia en riesgo por lo recortes presupuestales

El impacto de los recortes presupuestales en la respuesta humanitaria afecta también a niñas, niños y adolescentes. “Más de 100.000 niños y niñas migrantes perderán apoyo para acceder a la educación y a servicios de protección, y más de 25.000 niños y niñas con desnutrición aguda grave perderían el acceso a la atención nutricional”, señala Tanya Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia.

Ante este panorama, UNICEF advirtió que, si bien las afectaciones derivadas del conflicto armado han sido atendidas con apoyo de donantes y recursos propios, la reducción de fondos ha limitado su capacidad de respuesta en el territorio. Esta situación ha obligado a la agencia a concentrar sus esfuerzos en las zonas donde los riesgos para la niñez son más críticos como Catatumbo y Cauca.

“En Necoclí (Antioquia) mantenemos abierto un espacio de atención para la niñez migrante, al igual que algunas acciones de protección en Norte de Santander y Arauca. Seguiremos trabajando junto a las autoridades para mitigar el impacto de estos recortes y garantizar que la niñez migrante pueda acceder a sus derechos”, señala Chapuisat.

Respuesta de la ONU en Colombia ante recortes y escalada del conflicto

Para Barbara Batista, jefa encargada de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Colombia (OCHA), la actual situación compromete tanto la respuesta inmediata como la sostenibilidad del sistema humanitario en Colombia, pero también representa una oportunidad para repensar estrategias y redirigir los recursos hacia las poblaciones más vulnerables.

La priorización de fondos hacia las poblaciones más vulnerables también ha impulsado a las agencias de la ONU a buscar alianzas estratégicas con el sector privado, según confirmaron las tres agencias consultadas por este medio.

“OCHA ha disminuido costos operativos y tomado medidas preventivas con base en lineamientos provistos por la sede. Ha adoptado una estrategia de eficiencia, priorización y fortalecimiento local. Ha intensificado su labor de incidencia para atraer nuevos donantes, incluyendo el sector privado y la banca internacional. También ha promovido una respuesta más centrada en las comunidades, escuchando sus necesidades y fortaleciendo capacidades locales”, afirma Batista.

Lo que queda claro es que la crisis actual también se percibe como una oportunidad de transformación. La comunidad humanitaria en Colombia está replanteando sus estrategias y respuestas para optimizar el uso de los recursos disponibles. El enfoque actual que tienen las agencias de la ONU en Colombia busca acelerar la transferencia de capacidades a las comunidades, con el propósito de que éstas reduzcan su dependencia del sistema humanitario internacional.

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