En noviembre del año pasado y después de dos años, volvió a ocurrir un desplazamiento forzado masivo en la región del Urabá antioqueño, esta vez por temor del accionar de los ‘Gaitanistas’. Foto: archivo Semana.“¡El paramilitarismo se está tomando San José de Apartadó!”, exclama Oscar Zapata, integrante de la Asociación Campesina de San José de Apartadó –Acasa-, tras advertir la expansión que vienen realizando las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también llamadas ‘Clan Úsuga’ o ‘Urabeños’ por veredas y territorios que otrora fueron bastiones de la guerrilla de las Farc.

Según este líder comunitario, los temores de la comunidad, que paradójicamente tienden a aumentar a medida que crece la posibilidad de un acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno nacional, ni son infundados, ni son de ahora. En efecto, en agosto de 2013 organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron una incursión de los ‘Gaitanistas’ a la vereda Sabaletas que dejó como resultado trágico la muerte de un campesino de nombre José Pacheco y el desplazamiento de un centenar de familias de las veredas La Hoz y Rodoxalli.

Ya en 2014, a través del Informe de Riesgo 012-14A, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo que recaía sobre los pobladores de este corregimiento por cuenta de las incursiones de esta banda criminal a veredas de tránsito y refugio del Frente V y la Columna Móvil Mario Vélez de las Farc.

En su momento, el SAT de la Defensoría llamó la atención sobre la emergencia humanitaria que estaba generando la presencia de esta banda criminal en tanto se denunciaron asesinatos selectivos y combates con el Frente V de las Farc, en los que la población civil llevó la peor parte al quedar en medio del fuego cruzado, situación que generó varios desplazamientos masivos en septiembre de 2013.

“Asimismo, se logró identificar que en algunos predios de varias familias desplazadas en (vereda) Rodoxalli se desarrollaron procesos de repoblamiento y el grupo armado ilegal habría construido 48 viviendas y una vía carreteable de esta vereda al corregimiento Nueva Antioquia en Turbo. La ocupación de este territorio permitió la expansión del Frente Central Urabá ya que también lograron establecer hombres armados en el corregimiento Piedras Blancas en Carepa”, consignó la entidad en su informe.

De mal en peor

A  juzgar por lo que vienen denunciando los líderes campesinos desde hace seis meses, la situación no muestra mejoría. En octubre de 2015, voceros de Acasa denunciaron el desplazamiento forzado de tres familias, una de la vereda Aguas Frías y las otras dos de la vereda La Hoz, todo por cuenta de las amenazas proferidas por los ‘Gaitanistas’. El 21 de ese mismo mes, líderes campesinos denunciaron el asesinato del campesino Ernesto Guzmán, al parecer, porque se negó a venderle su tierra a gente allegada a alias ‘Otoniel.

Pero el hecho más grave se registró en noviembre de 2015, cuando unas 48 familias de la vereda La Esperanza debieron abandonar sus viviendas debido a la llegada de los ‘Gaitanistas’, quienes no solo dejaron claro sus intenciones de apoderarse de la Serranía de Abibe, que atraviesa el corregimiento, sino que además declararon que contaban con una lista negra en la que figuraban ocho campesinos, tres de ellos pertenecientes a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que serían “ajusticiados” en cualquier momento.

¿Qué está pasando en San José de Apartadó?

Hoy, de acuerdo con Oscar Zapata, la presenciade los ‘Gaitanistas’ se ha consolidado en veredas como Arenas Bajas, Arenas Altas, La Esperanza, Playa Larga, Sabaleta, Las Flores, Rodoxalli, La Hoz y La Resbalosa. “Ellos comprendieron que ganarse a la comunidad es mejor estrategia. Por eso han hecho varias reuniones con presidentes de juntas de acción comunal y con líderes campesinos. Dicen que ellos quieren trabajar con la comunidad, que no quieren problemas. Lo que sí preocupa es que dicen que van a expulsar a todo el que tenga vínculos con la guerrilla”, señala este líder comunitario.

No se trata de una amenaza menor. Durante décadas, San José de Apartadó ha sido bastión militar y político de la guerrilla de las Farc. En sus filas hay combatientes que fueron reclutados en las veredas de este corregimiento. “Por eso, que digan que van a atacar a las familia que tengan vínculos con la guerrilla es muy preocupante, porque a muchas familias les reclutaron hijos, hermanos, en fin. Y preocupa más ahora que las Farc se replegaron, sus acciones militares disminuyeron mucho, están pensando ya en su concentración y en terminar el proceso de paz”, agrega Zapata.

¿Persecución a líderes?

Varias de las denuncias formuladas por las comunidades de San José de Apartadó fueron consignadas en el Informe de Riesgo 022-15, de noviembre de 2015, del SAT de la Defensoría. En él se señala cómo las acciones realizadas en el marco de la Operación Agamenón, con la cual se busca desvertebrar al llamado ‘Clan Úsuga’, están aumentando las probabilidades de vulneraciones de derechos humanos para los pobladores de este corregimiento.   

“Esto sucede porque en la zona de Nueva Antioquia se concentraron las acciones de la Operación Agamenón que desde febrero han permitido la incautación de varias toneladas de cocaína, la captura de personas pertenecientes al grupo armado ilegal y algunos enfrentamientos”, señala la entidad, agregando además que el repliegue de los ‘Gaitanistas’ a veredas de San José de Apartadó obedece a que “estos territorios pueden constituir una retaguardia con el paso estratégico que une Chigorodó (Polines), Carepa (corregimiento de Piedras Blancas), Apartadó (cuenca alta del río Mulatos) y Turbo (Corregimiento de Nueva Antioquia)”.

Para Oscar Zapata, más grave aún es la falta de acciones por parte del Ejército Nacional para contener el avance de estas estructuras en el corregimiento: “nosotros les hemos entregado coordenadas al Ejército, diciéndoles dónde están los ‘paramilitares’, pero no hay ninguna acción. No entendemos cómo a pocos metros de un puesto del Ejército hay un campamento de este grupo ‘Los Urabeños’ y no pasa nada. Lo que sí pasa es que capturan a nuestros líderes, creo yo, por retaliación”.

En lo que va corrido de este año, los militares han retenido seis dirigentes comunitarios sobre quienes pesan acusaciones por el delito de rebelión. En San José de Apartadó tienen presencia tropas de la Brigada Móvil No XI así como de las Brigadas XVII y XXIV.

Ya en anteriores ocasiones, Altos Mandos de las Fuerzas Militares han desestimado públicamente la presencia de estructuras pertenecientes a los ‘Gaitanistas’ y, por el contrario, han declarado en diferentes medios de comunicación que los señalamientos formulados por los líderes comunitarios hacen parte de la estrategia del Frente V de las Farc para descalificar las acciones de la fuerza pública.

Más allá de esta situación, lo que sí es claro es que una eventual dejación de armas de la guerrilla de las Farc generará nuevas dinámicas en territorios que históricamente fueron sus zonas de retaguardia, como San José de Apartadó.

Lo que se evidencia allí es un reacomodo de las fichas de la guerra que, como se puede advertir, comienza a generar hondas preocupaciones entre las comunidades pues, como siempre, son ellas las que terminan pagando las consecuencias por la presencia de cualquier actor armado, sin importar el camuflado que porte.

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Grupo de Los Rastrojos que se entregó a las autoridades en mayo de 2009. Fotos: archivo Semana.Las bandas criminales son, hoy por hoy, la principal amenaza para la seguridad ciudadana y el mayor desafío para las autoridades militares y de Policía. Su presencia se siente con fuerza desde Tumaco hasta La Guajira, pasando por la Orinoquía, el Bajo Cauca antioqueño y el Urabá chocoano; Córdoba, los Santanderes y otros 22 departamentos más.

En estas regiones se disputan a sangre y fuego el dominio sobre cuantiosas rentas ilegales. Su violencia es la máxima responsable de violaciones de derechos humanos en todo el país. En un muy probable escenario de postconflicto, las bandas criminales representan una seria amenaza para la construcción de una paz estable y duradera. Pero, ¿qué son las bandas criminales? ¿Un complejo fenómeno criminal que las autoridades aún no saben cómo enfrentar? ¿Está el país frente a una tercera generación de paramilitares? ¿Combatirlos con todo el poder de fuego del Ejército o negociar con ellos?

VerdadAbierta.com dialogó con académicos, políticos y funcionarios estatales para conocer sus apreciaciones sobre este fenómeno y esto fue lo que señalaron. Consulte las entregas anteriores de esta serie: El paramilitarismo en Colombia, ¿realmente se desmontó? y ¿Neoparamilitares o criminales?

1. Jorge Calero Director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría

VerdadAbierta.com: ¿Bandas criminales o neoparamilitares?

Jorge Calero: “La Defensoría no acogió en su momento el término bandas criminales, que fue la denominación que le dio la Fuerza Pública luego que emergieron con posterioridad a la desmovilización de las Auc. Estos grupos participan en las hostilidades, generan situaciones de vulneración a los derechos de las comunidades y que confrontan a la guerrilla y también a la Fuerza Pública. No son sólo bandas delincuenciales sino que tienen participación en el marco del conflicto armado aunque oficialmente no se le ha dado la calificación de grupo armado organizado.

El SAT de la Defensoría hizo una caracterización que mostraba cómo se vulneraban los derechos de las personas y cometían infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). La Corte Constitucional ha reconocido la calidad de las víctimas. Esa discusión se dio en cuanto al rótulo y denominación. Lo importante es que estos grupos perpetran hechos de violencia que afectan los derechos. En ese sentido, el Estado debe combatirlos y prevenir afectaciones de derechos humanos de las poblaciones que están en riesgos”.

VA: ¿Qué tipo de amenaza representan estas bandas criminales, en especial los ‘gaitanistas’, en un eventual escenario de postconflicto?   

JC: “Tenemos nuestras consideraciones sobre esos efectos pero no queremos hacer el análisis  aún porque podemos incurrir en especulaciones y observaciones previas a lo que se pueda presentar, porque igual se debería hacer la misma pregunta respecto al Eln. Si el Eln no ingresa a un proceso de paz con el Gobierno, ¿qué pasa con esa guerrilla y los espacios que dejen las Farc? Lo mismo pasa con estos grupos armados ilegales ante una eventual desmovilización de Farc. Es un elemento de discusión y debate.

VA: ¿Qué es lo que más le preocupa a la Defensoría del Pueblo con respecto a estos grupos?

JC: “Lo que nos preocupa es la expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en zonas urbanas y rurales, muchos municipios del país que están afectando los derechos fundamentales de los pobladores. Son generadores de hechos de violencia que están afectando a las comunidades y están causando un sinnúmero de hechos victimizantes que obligan a que el Estado también actúe tanto en la persecución a estos grupos como en la atención a las víctimas”.

VA: ¿Cuál es la situación de los ‘gaitanistas’ hoy por hoy?

JC: “En los dos últimos años ha tenido una expansión acelerada porque pasó de nacer en una zona de Antioquia como Urabá y ya está en más de 15 departamentos. Es una situación que evidencia la capacidad de expansión de este grupo. Tenemos reportes de que ya están llegando a Meta y posiblemente a Vichada. Es una situación de expansión bastante rápida y dinámica”.

2. Wilson Reyes Director del Observatorio para la Paz de la Gobernación de Valle del Cauca

VerdadAbierta: ¿Se desmontó el paramilitarismo con el proceso de Justicia y Paz?

Wilson Reyes: “En el caso de Valle del Cauca, que antes estuvo marcado por la existencia de grupos armados pertenecientes al narcotráfico, éstos se vieron reformados con mandos, con combatientes y con las prácticas militares y delincuenciales de los paramilitares. Los nuevos grupos que surgieron o se reforzaron con segmentos de las autodefensas del Bloque Calima, mutaron y coparon mayor número de prácticas delincuenciales y homogenizaron territorios”.

VA: ¿Qué tipo de dinámica se advierte con estos grupos en el Valle del Cauca?

WR: “Hemos visto que en el caos de Los Machos y Los Rastrojos, después de la desmovilización del Bloque Calima, entraron en disputa por Buenaventura. Primero ocurrió la disputa de Los Rastrojos o La Empresa con la guerrilla, y cuando la sacaron se dio la llegada de Los Urabeños.  En este caso, se ve que esos antiguos grupos -Los Urabeños recogieron lo que quedaban de Los Machos y Los Rastrojos son fortalecidos con desmovilizados- aumentan todos los delitos: los homicidios, la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión, el microtráfico, el sicariato”.

VA: A su juicio, ¿estos grupos son continuidad del paramilitarismo o estamos frente a un fenómeno criminal?

WR: “En su esencia siguen siendo paramilitares. Uno ve su comportamiento en el Bajo San Juan, que es zona rural, en disputa por el territorio con las Farc o en alianza con grupos ilegales, que los lleva a hacer pactos para manejar el negocio en conjunto. En esencia tienen comportamientos contrainsurgentes. Otro aprendizaje que utilizan de la guerra anterior es la cooptación de franquicias otorgadas a pandillas, grupos de sicarios y demás grupos ilegales en Valle del Cauca. Las franquicias fueron usadas por las antiguas autodefensas, son incorporadas por las bandas criminales, pero siguen comportándose como grupos paramilitares”.

VA: ¿Cómo pudiera definirse esa esencia  paramilitar de las bacrim?

WR: “También son agentes de control social. La insurgencia no sólo es la gente armada, es todo aquel que de alguna manera esté revelado contra el Estado ocasionalmente o sea crítico de él. Aquí un líder popular del Distrito de Aguablanca que esté organizando a la gente y ofrezca niveles de resistencia frente a un poder hegemónico, es blanco de ellos (…) están rompiendo permanentemente todo lo que pueda existir de tejido social, de organización y de liderazgo comunitario. Allí se encuentra ese tipo de fenómeno paramilitar. Además, muchos de sus mandos son los mismos del pasado.

VA: ¿Cuáles son las regiones más afectadas por este rearme en el Valle del Cauca?

WR: “Fundamentalmente Buenaventura, pero un estudio de Indepaz ubica a 37 municipios con presencia de bandas criminales en Valle del Cauca. Son municipios con presencia de grupos post-Auc, ya sean Los Rastrojos o Los Urabeños, o grupos locales que se reclamen de ellos por las franquicias que les han dado o porque se hacen pasar por ellos”.

3. Álvaro Villarraga Director Acuerdos por la Verdad Centro Nacional de Memoria Histórica

VerdadAbierta: Cuándo las Farc piden desde La Habana, Cuba, desmontar el paramilitarismo, ¿Qué debemos entender los colombianos al respecto?

Álvaro Villarraga: “Es diciente que se haya conformado una comisión extraordinaria, no prevista, que también se ha llamado subcomisión para el tema del paramilitarismo, porque muestra una realidad. Y es que, podemos aproximarnos a una conclusión: hubo un avance hacia la desestructuración del paramilitarismo, pero fue parcial e insuficiente. No se desintegró el total de las estructuras paramilitares de las Auc, aunque sí la mayoría. Pero se produjeron significativos procesos de rearme en prácticamente todas las regiones donde existieron estructuras paramilitares importantes.

VA: ¿Podemos hablar entonces de continuidad del paramilitarismo?

AV: “Bueno, estamos ante distintos matices frente a esta situación. Ya no es el mismo paramilitarismo de antes. Los territorios de control son menores. Ya no existen esos niveles de cooperación y permisividad entre fuerza pública, entes de control y estos grupos. De hecho, hay una intensa persecución contra estas estructuras. También se advierte un discurso más degradado. Hay una actitud más delincuencial sin que ello signifique que son simples redes delincuenciales.

Tienen controles de poder local e incluso, en algunas regiones, control regional. Hoy por hoy son el principal factor de violación a los derechos humanos y lo hemos comprobado con cifras. Atacan a defensores de derechos humanos, líderes de víctimas, reclamantes. Entonces, estamos ante una situación intermedia”.

VA: Pero ¿hablamos entonces de que aún hay intereses contrainsurgentes en la sociedad?

AV: “Pues hay elementos de doctrina, hay manuales del Ejército, hay costumbres y hay un tejido de alianzas que perviven. No nos podemos decir mentiras en este país: hay incursión en política y las pasadas elecciones mostraron, según diversos sectores, cómo se impusieron sectores comprometidos con pervivencias del fenómeno paramilitar”.

VA: ¿Qué hacer entonces frente al fenómeno bacrim en un escenario de postconflicto?

AV: “Yo creo que estamos frente a una oportunidad. El gobierno Santos ha implementado la estrategia D-6, que tiene unos resultados pero que se ha quedado insuficiente. Esto pone sobre la mesa la oportunidad de tratar en su dimensión el problema, porque se pueden ligar factores mayúsculos: economías ilegales, política construida con apoyo de la ilegalidad, mixturas entre lo legal y lo legal. El proceso de paz brinda las oportunidades para superar estas condiciones, porque si se quiere retornar a un estado de superación de violencia, tienen que ser medidas de fondo”.

4. Iván Cepeda Castro Senador por el partido Polo Democrático Alternativo

VerdadAbierta: Han pasado cerca de diez años después de la desmovilización del último grupo paramilitar, ¿cree que, efectivamente, se desmanteló el paramilitarismo?

Iván Cepeda: “El problema del paramilitarismo ha tenido variaciones en estos años, pero no estamos ante una superación o desaparición de este fenómeno en la vida del país y en las regiones. Hay una gran discusión sobre si lo que el gobierno llama bandas criminales son estructuras paramilitares y, en efecto, hay informes que indican que, más allá de organizaciones criminales y del narcotráfico, en ciertos casos estamos ante el mismos modus operandi de las estructuras paramilitares.

Así que, difícilmente, se podría ignorar este hecho y hay algo que no se puede pasar por alto: en Colombia se sigue asesinando a defensores de derechos humanos, líderes sociales, campesinos, periodistas, en fin, en muchos de estos casos no se advierten que sean miembros del Estado o de las guerrillas y eso genera la pregunta: ¿quién está detrás? Y uno observa que sí, hay grupos que operan con esa lógica paramilitar. Bueno, súmele que tampoco se ha superado la paraeconomía y la parapolítica. En conclusión: el paramilitarismo no ha sido un fenómeno resuelto en Colombia”.

VA: ¿Cree que hay una reactivación del paramilitarismo en el país?

IC: “Bueno, los informes del Frente Amplio por la Paz señalan que por lo menos en cinco departamentos se ha comprobado la presencia de grupos armados, uniformados y que responden al mismo accionar que en el pasado tuvieron los grupos paramilitares. Ahora, no se puede olvidar que estamos frente a procesos de paz que han fracasado, en parte, porque los paramilitares crecieron y se convirtieron en un elemento de boicot frente a esos procesos. Por eso, no creo que se deba subestimar lo que pasa con estos grupos armados hoy día, en especial de cara a un eventual escenario de postconflicto”.

VA: Hay analistas y organizaciones queno catalogan el fenómeno bacrim como extensión del paramilitarismo, entre otras, porque aseguran ya no existe el nivel de cooperación entre fuerza pública-nuevos grupos, ¿cree que, efectivamente, se rompieron los vasos comunicantes entre agentes del Estado y estas expresiones de violencia?

IC: “Difícilmente se puede pensar en acciones de un impacto regional y una fuerte presencia regional de estos grupos sin unos niveles de connivencia; ahora, es válida la pregunta sobre si se trata de niveles de connivencia regional o una estrategia nacional. Yo creería que estamos más bien ante lo primero”.

VA: ¿Por qué cree que está tan arraigada la idea del paramilitarismo en el imaginario de la sociedad?

IC: “Yo creo que no se ha trazado una línea divisoria, un antes y un después, con respecto al fenómeno del paramilitarismo. Esa línea divisoria no fue (la Ley) Justicia y Paz, no fueron las desmovilizaciones, no fueron los juicios de la parapolítica. En Colombia todavía tenemos como fenómeno el que se utilicen las armas en política y no ha habido aún un hecho histórico, un hecho político que supere esta condición”.

5. Eduardo Pizarro León-Gómez Coordinador de la desparecida Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación

VerdadAbierta: Han pasado cerca de diez años después de la desmovilización del último grupo paramilitar, ¿cree que, efectivamente, se desmanteló el paramilitarismo?

Eduardo Pizarro: “Yo creo que la tesis sobre el desmantelamiento de los grupos paramilitares es acertado. Yo caracterizo un grupo paramilitar como un grupo que tiene, además de las prácticas criminales, una vocación contrainsurgente, es decir, de combatir a los grupos guerrilleros o sus bases de apoyo social. Y por eso creo que el paramilitarismo terminó, en la medida en que este fenómeno era una mezcla confusa de actores criminales y acciones de control territorial con lógicas contrainsurgentes y hoy solo vemos acciones criminales. Por eso creo que las bacrim no son la prolongación del paramilitarismo sino que es un fenómeno de criminalidad organizada.

Ahora, esto no significa que estas bandas no puedan ser utilizadas por élites regionales para asesinar líderes sociales que están luchando por la restitución de tierras, por ejemplo; o líderes sociales que están luchando porque se condenen responsables de crímenes atroces. Repito: el fenómeno paramilitar contrainsurgente terminó, pero las acciones de represalias contra el movimiento social pueden continuar por parte de estos grupos”.

VA: ¿Cree que la sociedad está  ‘paramilitarizada’; es decir, estamos en una sociedad proclive a la contrainsurgencia?

EP: “Yo creo que esa es una expresión puramente retórica. En el año 2002, poco antes de entrar en vigencia la Ley de Justicia y Paz, Colombia tenía poco más de 29 mil homicidios por año, un promedio de 79 homicidios por cada 100 mil habitantes. Era, de lejos, el país más violento de América Latina y probablemente uno de los más violentos del mundo. Hoy, tenemos un promedio de 4.000 homicidios, es decir, 30 homicidios por cada 100 mil habitantes.Pasamos de ser el país más violento de la región a ocupar el puesto 10. Lo que hemos vivido en los últimos años es una ‘desparamilitarización’ de la sociedad y una disminución dramática de la tasa de homicidios que desmienten esa tal afirmación de la ‘paramilitarización de la sociedad”.

VA: Cuando las Farc piden que se desmonte el paramilitarismo, ¿a qué cree que se refieren?

EP: “Después de la desmovilización de las Auc, todos los 25 jefes del Estado Mayor de las Auc fueron encarcelados, 14 de ellos extraditados a los Estados Unidos y más del 90 por ciento de los militantes de base están en proceso de reincorporación a la vida civil. El gran fracaso de ese proceso fueron los mandos medios, que continuaron masivamente en la vida criminal. Para el año 2007 teníamos unas 27 organizaciones criminales, hoy quedan unas cuatro o cinco de alguna significación.

Ahora, muchas de estas bandas actuaron en concierto con frentes de las Farc y el Eln. En Nariño, por ejemplo, los vínculos con el Eln y las bandas criminales para el negocio del narcotráfico son evidentes; los vínculos, por ejemplo, entre el Frente V de las Farc y los Úsuga, que además, son primos de ‘Isaias Trujillo’, también son reconocidos. Entonces, hablar de paramilitarismo cuando habido pactos de convivencias pragmáticos en las regiones, me parece pura retórica de las Farc. Ahora, en lo que sí tienen toda la razón es las denuncias que han venido haciendo sobre grupos armados ilegales están atentando contra líderes sociales donde hay disputas por las tierras”.

6. Jorge Giraldo Decano Escuela de Ciencias y Humanidades Universidad Eafit

VerdadAbierta: Después de la desmovilización de las AUC, ¿cree que, efectivamente, se desmanteló el paramilitarismo?

Jorge Giraldo: “Yo creo que a lo largo de la historia el paramilitarismo ha tenido diferentes configuraciones. Pero el paramilitarismo, tal y como lo conocimos entre los años 1994-2006, con esa naturaleza ofensiva, contrainsurgente, organizado desde el punto de vista militar, estratégico, jerárquico, creo que efectivamente desapareció con los procesos de desmovilización. Ahora, dicho esto, ello no significa que en Colombia no existan organizaciones armadas ilegales, sobre todo orientadas por la codicia, como en el caso de las bacrim, pero que claramente son fenómenos distintos al fenómeno paramilitar, sobre todo por carecer de ese componente contrainsurgente, ya que están más orientadas al negocio.

VA: En términos de la sociedad ¿también cree que se superó el paramilitarismo?

JG: “Pues diría que mientras en Colombia exista una cultura política que justifique el uso de la violencia, en cualquier momento es probable que emerjan grupos privados, conformados por personas de las regiones, que puedan tener, incluso, apoyos en sectores de la sociedad. Creo que ese es el ‘chip’ que la sociedad colombiana tiene que desactivar. El desarme es un elemento simbólico importante, necesario, pero mientras los espíritus estén armados siempre aparecerán recursos o dineros para entrar en el mercado de armas y para que se produzca el rearme de grupos privados. Ahora, esto en el plano de las ideas. Pero en el corto plazo, diría que se necesita tomar algunas acciones puntuales como fortalecer la fuerza pública, fortalecer el aparato de justicia, el copamiento del territorio por parte de las fuerzas del Estado para controlar estas expresiones.

VA: Para usted, ¿las bandas criminales son neoparamilitares o un fenómeno de crimen organizado?

JG: “Para mí es un fenómeno netamente de crimen organizado. Para empezar hay que establecer claramente una diferencia. Lo que pasó en el mundo en los últimos 20 años fue que los motivos políticos y las razones económicas se articularon muchísimo en este tipo de organizaciones armadas en todo el mundo. Pero uno tiene que utilizar algún criterio que le permita distinguir entre el criminal y el combatiente. Y yo creo que ese criterio es el objetivo político. En el caso paramilitar era muy claro cuál era su objetivo político, había una idea de país y, sobretodo, tenían muy definido su enemigo político.

En el caso de las bandas criminales, ¿cuál es su enemigo político? Informes de inteligencia y periodísticos muestran que en muchas regiones del país, las bandas criminales y la guerrilla trabajan juntos en negocios de narcotráfico. Digamos que hay casos extraños como el de ‘Megateo’, envestido con ese ropaje del Epl, pero en el fondo era claro que toda su orientación era dedicada al negocio. Pero en conclusión, bajo la mirada de la enemistad política, de los objetivos políticos, en las bandas criminales eso es muy difuso y creo que no se da el que tengan algún objetivo político”.

VA: Cuando las Farc piden que se desmonte el paramilitarismo, ¿a qué cree que se refieren?

JG: “Yo creo que esa preocupación que reapareció en la mesa en el último mes, obedece básicamente a una demanda de seguridad. El punto de ‘fin del conflicto’ tiene como subpunto a tratar el tema de la seguridad de los desmovilizados y yo creo que esa ‘agitación’ frente al tema del paramilitarismo tiene que ver más con la cuestión de la seguridad personal de los desmovilizados y los dirigentes. Me parece que es una preocupación muy razonable porque, pues hemos estado en un país con unos niveles de violencia altísimos; y segundo, porque, dicho en términos coloquiales, ellos tienen muchas culebras en todas las regiones del país. Hay que entender todas las cosas que han pasado en estos años. Por eso, me parece razonable la preocupación pero también creo que el Estado, obviamente, tendrá que garantizarle la seguridad de quienes se desmovilicen.

VA: ¿Cómo enfrentar un escenario de postconflicto en Colombia?

JG: “La experiencia internacional nos muestra que los postconflictos han sido violentos. No es si no ver el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador. Colombia tiene la desventaja de esa historia reciente de violencia generalizada. A diferencia del Perú, donde la violencia estuvo muy concentrada en la guerrilla, aquí la guerrilla ha sido uno entre ‘N’ actores generadores de violencia, empezando por el narcotráfico. Pero también tenemos una ventaja frente a otras naciones que han afrontado escenarios de postconflicto y es que tenemos un Estado más fuerte, unas fuerzas militares más robustecidas y eso balancearía un poco el asunto.

Pero si uno mira el grueso de los analistas y aún para los funcionarios que ya están pensando el tema de la implementación de los acuerdos, para todos es claro que el primer asunto es el tema de seguridad y justicia, por encima de cualquier cosa. Si te demoras ejecutando una obra como la construcción de una carretera, la electrificación de una vereda, la construcción de una escuela, en fin, eso seguramente no te va a amenazar el desarrollo de los acuerdos, pero si se falla en la estrategia de aseguramiento del territorio y de garantía de los bienes básicos de justicia y seguridad en los territorios, la cosa se puede complicar muchísimo. Porque hay rentas ilegales, hay dineros, hay intereses, hay aprendizajes criminales”.

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Foto: archivo Semana.La violencia protagonizada por las denominadas bandas criminales no solo es motivo de preocupación para autoridades civiles y de Policía, organismos defensores de derechos humanos y comunidades urbanas y rurales que a diario deben convivir con estas estructuras armadas surgidas luego del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. También se ha convertido en una inagotable fuente de análisis por parte de académicos de diversas áreas de las ciencias sociales.

Investigadores sociales como Mauricio Romero, Gustavo Duncan, Carlos Medina Gallego, entre otros, han emitido conceptos sobre el particular en los que, de una u otra forma, coinciden en señalar la continuidad, mutación, transformación, hibridación o pervivencia del fenómeno paramilitar. La investigación realizada por Romero fue, quizás, una de las pioneras en el tema. En ella hizo célebre la distinción entre disidentes, rearmados y emergentes para referirse a la naturaleza de las bandas criminales.

Según sus análisis, “los grupos disidentes reflejarían la persistencia del paramilitarismo de ‘segunda generación’ y su transformación en organizaciones criminales, pero con vocación de control social y político local. Los rearmados reflejarían la fragmentación de organizaciones que perdieron su antigua estructura y la diáspora de personas desmovilizadas (…) los emergentes expresarían el copamiento territorial de los vacíos dejados por las AUC luego de su desmovilización y la constitución de grupos de diversa composición con los mismos objetivos”.

De otra parte, para Medina Gallego “no existe una diferencia sustancial entre neo-paramilitares y bandas criminales, distinta al énfasis que se hace en que los primeros están mucho más coordinados con el control territorial en torno al discurso antisubversivo, y los segundos al desarrollo de una administración criminal del mismo, complementaria de la economía ilegal del narcotráfico y la explotación  de recursos mineros y agropecuarios”.

El tema también ha interesado a catedráticos extranjeros como Frédéric Massé, quien ha dedicado parte de su obra a estudiar los fenómenos de violencia en Colombia. En uno de ellos, donde estudia la naturaleza del fenómeno bacrim, planteó que “la desmovilización de los grupos paramilitares no provocó cambios inmediatos muy profundos, porque esta desmovilización fue no solo progresiva, sino también incompleta”. Para Massé, si bien los grupos surgidos luego de este proceso son liderados por antiguos mandos medios y lugartenientes de los jefes paramilitares, se advierten varias transformaciones en comparación a los bloques de las Auc.

“El primer cambio importante es que ya no son grupos de autodefensa ni contrainsurgentes o de lucha contra la guerrilla (…) el segundo cambio es que, a diferencia de la relación de cooperación y división de labores que tuvieron las autodefensas con unidades de la fuerza pública, las estructuras armadas ilegales posteriores a la desmovilización ya no son tampoco, por definición, grupos paramilitares. Actualmente, procuran más bien infiltrarse en ellos, para obtener información sobre operativos previstos, así como sobre las acciones planeadas por grupos enemigos o incluso, para contar con su colaboración ante enfrentamientos con otros grupos (…) sin embargo, ya no son grupos paramilitares, sino más bien grupos armados mafiosos o mafias en armas, que tienen vínculos o relaciones menos estratégicas y más comerciales o mercantiles con individuos de las fuerza pública”.

Otra postura frente al tema la ha emitido Raúl Zelik, Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Libre de Berlín. Su tesis, cuya primera edición fue publicada en 2009, es un completo estudio sobre el paramilitarismo en Colombia.

En uno de sus capítulos aborda el fenómeno protagonizado por las bandas criminales. A grandes rasgos señala que “en Colombia, el paramilitarismo todavía no es historia. Decenas de grupos “disidentes”, “rearmados” o “emergentes” hacen que exista una continuidad del poder paramilitar”. De acuerdo con este autor, en amplias regiones de Colombia, particularmente aquellas que arrastran serios problemas de marginalidad y donde se desarrollan proyectos extractivos, como minería, persiste un recio control político-social y que ello representa una continuidad del paramilitarismo.

“Más difícil de responder es de qué clase de continuidad se trata. Las disputas armadas entre y dentro de las organizaciones neoparamilitares hacen pensar que la contrainsurgencia ya no es una motivación importante como lo fue en el pasado, mientras que los intereses económicos particulares han ganado importancia (…) la gran cantidad de asesinatos políticos deja ver que estos grupos no solamente son bandas criminales como lo sostienen el Gobierno Santos y la Fuerza Pública”, señala el autor en su obra titulada Violencia y transformación social, política y económica en Colombia.

Líderes sociales: en la mira

Las agresiones contra los defensores de derechos humanos y activista van en aumento desde los últimos años. Foto: archivo Semana.Informes de organismos defensores de derechos humanos tanto estatales como no gubernamentales parecen darle la razón al catedrático alemán: en Colombia, los líderes sociales, campesinos, indígenas; los defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales y de izquierda continúan siendo víctimas de una violencia que más que sistemática ya parece endémica.

Al respecto, las cifras del programa Somos Defensores muestran que en el primer semestre de 2015 se registraron 339 agresiones individuales contra activistas de derechos humanos, discriminadas en 332 amenazas de muerte y 34 asesinatos; además de 25 atentados, cuatro detenciones arbitrarias, tres casos de abuso de fuerza pública y un robo de información. Las dos primeras variables registraron un incremento del 216 y 15 por ciento respectivamente con relación al año 2014.

Llama la atención que en un 72 por ciento de los casos se señale a grupos paramilitares como los responsables; seguido por un 22 por ciento atribuibles a desconocidos. Los agentes estatales se ubican en un tercer lugar mientras que las guerrillas (tanto Farc como Eln) figuran en último lugar conun tres por ciento de responsabilidades.

Primer semestre de 2015: cada cinco días asesinaron a un defensor de derechos humanos

Por su parte, la Mapp-OEA, en su más reciente informe de seguimiento al proceso de paz con las Autodefensas, fechado el 15 de noviembre de 2015, reiteró su preocupación por la delicada situación de vulneración de derechos humanos de diversas comunidades campesinas a lo largo y ancho del país por cuenta de la presencia de las denominadas bandas criminales.

Al respecto, el organismo consignó en su informe que estos grupos “siguen siendo una amenaza real al derecho de las poblaciones a la paz, la tranquilidad y el libre ejercicio de sus derechos ciudadanos. Su presencia sigue girando en torno a la ubicación y desarrollo de las economías ilegales de las que se nutre; o en zonas de frontera, buscando sacar provecho de actividades ilícitas”.

Para la Mapp-OEA, es claro que algunos de estos grupos son dirigidos por liderazgos muchos más jóvenes, quienes actúan con mayor violencia con el fin de ganar respeto, legitimidad y ascendencia entre sus dirigidos. Pero, por otra parte, “otras agrupaciones adoptan estrategias benefactoras para ganar la simpatía de las comunidades, mientras que algunos de sus líderes prefieren mantener un perfil discreto que los hagan pasar desapercibidos ante las autoridades. En ciertas zonas estos grupos adicionalmente ofrecen servicios de seguridad privada a propietarios locales”.

El informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia también consignó su preocupación por el accionar de los “grupos armados postdesmovilización”, como denominó a las bandas criminales, toda vez que, según el seguimiento hecho por esta agencia, constituyen la principal amenaza en materia de seguridad pública.

Si bien el informe referencia las conexiones de estos grupos con redes criminales transnacionales, así como sus nexos estratégicos con las guerrillas en regiones particulares como Sur de Bolívar o Bajo Cauca antioqueño, también advirtió que “a menudo estos grupos amenazan o atacan a defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, agentes del Estado y reclamantes en proceso de restitución e tierras cuando estos se oponen a sus intereses criminales o políticos”.   

Por su parte, desde 2007 la Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo la expansión de las denominadas bandas criminales por todo el país. En el último año, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ha señalado la creciente actividad armada y criminal de estos grupos y los riesgos en que se encuentran poblaciones enteras del Pacífico colombiano, el Bajo Cauca antioqueño, el Sur de Bolívar, Valle del Cauca y Cauca.

De ahí que esta entidad catalogue el fenómeno como una expresión más compleja que la de una simple criminalidad especializada. Como lo anota Jorge Calero, director del SAT, “no son solo bandas delincuenciales sino que tienen participación en el marco del conflicto armado aunque oficialmente no se le ha dado la calificación de grupo armado organizado”.

Para Wilson Reyes, director del Observatorio para la Paz de la Gobernación de Valle del Cauca, departamento que experimenta unincremento de acciones violentas atribuibles a la presencia de las bandas criminales de Los Rastrojos, Los Machos y, en menor medida, las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, los ataques que lanzan estos grupos armados postdesmovilización contra los liderazgos sociales tiene por fin destruir tejido social, tal como lo hicieran en su momento los grupos paramilitares.  

“La insurgencia no sólo es la gente armada, es todo aquel que de alguna manera esté revelado contra el Estado ocasionalmente o sea crítico de él. Aquí un líder popular del Distrito de Aguablanca que esté organizando a la gente y ofrezca niveles de resistencia frente a un poder hegemónico, es blanco de ellos”, dijo el funcionario, quien reiteró: “están rompiendo permanentemente todo lo que pueda existir de tejido social, de organización y de liderazgo comunitario”.

Vea la primera parte de este especial: El paramilitarismo en Colombia, ¿realmente se desmontó?

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Tras la desmovilización de las Auc, algunos excombatientes retomaron las armas y aparecieron nuevos grupos armados ilegales. Foto: archivo Semana.El 15 de agosto de 2006 se registró uno de los hechos más relevantes en la historia reciente del conflicto armado colombiano. Ese día, unos 745 combatientes pertenecientes al Frente Norte Medio Salaquí –o Frente Chocó- del Bloque Élmer Cárdenas (BEC) de las Autodefensas Unidas de Colombia entregaron sus armas al gobierno nacional, en un acto que tuvo lugar en el municipio de Unguía, Chocó.

El BEC, comandado por Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, se convirtió en la última estructura paramilitar en ser desmontada, lo que significó, según el Gobierno de la época, en la desaparición del paramilitarismo tal como lo percibió el país durante más de tres décadas: un temible y poderoso proyecto político-militar con tentáculos en diversos sectores del Estado, principalmente de las Fuerzas Militares, destinado a combatir las guerrillas con métodos de terror.

Desde entonces, “mucha agua ha corrido debajo del puente”. Antiguos mandos medios y combatientes de los bloques paramilitares desmovilizados retomaron las armas para liderar peligrosas estructurascuyo propósito ha girado en torno al control de negocios ilícitos, como el narcotráfico. Para las autoridades de Policía, se trata de un fenómeno emergente, netamente criminal, desprovisto de toda lógica “contrainsurgente” pues, de hecho, las evidencias apuntan a alianzas estratégicas entre estos grupos y las guerrillas para el control de territorios y la extracción de rentas legales e ilegales.   

El poder de fuego alcanzado por algunas de estas estructuras, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) por ejemplo, sumado al control territorial y su presencia verificada en más de 250 municipios del país, ponen de manifiesto que se trata de un fenómeno más complejo de lo que se advierte. Al respecto, los llamados de atención no han sido pocos. Desde 2007, la Mapp-OEA advirtió en cada uno de sus informes de seguimiento al proceso de paz, cómo estas estructuras se asentaron en antiguos territorios dominados en su momento por las Auc, incrementando los niveles de violencia y las vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades por cuenta de las disputas en que se enfrascaron estos nuevos grupos armados.

A ellos se sumaron denuncias de organizaciones no gubernamentales e incluso, Defensoría del Pueblo, sobre la continuidad de prácticas de terror propias de los grupos paramilitares: desapariciones forzadas, desplazamiento de pueblos enteros, desmembramiento de cuerpos, entre otros. Pero lo que más preocupa de este fenómeno es la persistencia del uso de la violencia contra líderes sociales, comunitarios, campesinos e indígenas; integrantes de organizaciones de víctimas, dirigentes sindicales y de la izquierda democrática; todos ellos antiguos objetivos militares del proyecto contrainsurgente.

De ahí que, aún hoy, definir a estos nuevos grupos continúe siendo parte de un debate entre quienes advierten en ellos la tercera generación del paramilitarismo en Colombia y aquellos que sostienen que estamos frente a una amenaza criminal que arrastra los aprendizajes de más de cincuenta años de conflicto armado.

Hoy, el debate cobra mayor fuerza por cuenta de la petición reiterada de los negociadores de las Farc en La Habana, Cuba, de desmontar el paramilitarismo como condición necesaria para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera. En los últimos meses, los miembros de este grupo guerrillero no han ahorrado palabras ni escatimado escenarios para señalar que “el Estado colombiano no ha mostrado voluntad política para desmontar el paramilitarismo”, tal como lo consignó Edison Romaña en una de las columnas publicadas en el sitio web de las Farc.

Lo anterior suscita diversos interrogantes: ¿se refieren las Farc al combate contra las bandas criminales, algunas de las cuales, según informes de inteligencia, mantienen nexos estratégicos con esta guerrilla en actividades ilegales? o ¿sus señalamientos apuntan a sectores de extrema derecha que se oponen a toda negociación política con la guerrilla? En todo caso ¿es posible señalar que el paramilitarismo en Colombia aún existe?

VerdadAbierta.com dialogó con personas expertas en el tema; revisó la situación de derechos humanos en diversas regiones del territorio nacional y consultó informes de diversas agencias con el fin de dar respuesta a los anteriores interrogantes. Esto fue lo que encontró.  
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La amenaza de las bandas criminales

El crecimiento y expansión constante de estas estructuras se ha convertido en una amenaza real, creciente y bastante preocupante.

No se conoce a ciencia cierta, cuántas bandas criminales existente en el país y en qué municipios tienen presencia. Foto: archivo Semana.Hoy día nadie pone en discusión la amenaza que representa para la seguridad pública del país, la expansión del fenómeno de las bandas criminales surgidas luego del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En los departamentos de Policía de todo el país circulan carteles donde se ofrecen jugosas recompensas por información que permita la captura de los principales líderes de estructuras como ‘Clan Úsuga’; Rastrojos, Erpac, Libertadores del Vichada, Paisas, Oficina de Envigado, entre otros.

Y es que, pese a la acción de la fuerza pública, que desde 2006 ha permitido la captura de más de 12.000 integrantes de estas estructuras armadas postdesmovilización, estas han demostrado una gran capacidad logística para las actividades de crimen organizado a gran escala; un poder de fuego capaz de resistir la arremetida de la fuerza pública y una flexibilidad única que ha hecho difícil su desarticulación.

Actualmente, las denominadas bandas criminales se han extendido por buena parte del territorio nacional. Hoy tienen presencia en regiones donde se llevan a cabo importantes proyectos extractivos (minería, hidrocarburos); territorios de frontera, donde los controles estatales son débiles y porosos; y en zonas con fuerte presencia de cultivos ilícitos y laboratoriospara la producción de alcaloides.

Lo anterior les ha permitido acaparar cuantiosas rentas criminales, fortalecer sus aparatos militares y, en algunos casos, convertirse en “amos y señores de la tierra”: imponer reglas de comportamiento; impartir justicia y prestar servicios de seguridad, tal como lo hicieran en su momento los grupos paramilitares.

VerdadAbierta.com presenta una radiografía actual de la presencia de las bandas criminales en el país, para entender la real dimensión de la problemática y el desafío que plantea para las autoridades civiles y de Policía.

Un mal extendido por medio país

Foto: archivo Semana.Desde hace poco más de ocho años, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –Indepaz- organización defensora de derechos humanos, viene documentando la presencia en el país de lo que denominan los nuevos “grupos narcoparamilitares”. Sus informes, que se publican año tras año, se han vuelto fuente de consulta obligada para quien quiera estudiar el flagelo de las bandas criminales.

En su reporte de 2015, Indepaz señaló la presencia de 14 organizaciones “narcoparamilitares” en 338 municipios de 23 departamentos, con un crecimiento preocupante en la Costa Caribe, Cesar, Pacífico colombiano y la Orinoquía. Según este reporte, por lo menos 298 municipios registran una presencia continua de bandas criminales desde hace seis años o más. Los departamentos donde más se han enquistado estas estructuras son Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Magdalena, Meta, Nariño, Santander, Valle del Cauca y Sucre.   

Los datos de la ONG señalan un fortalecimiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) como el grupo amado con mayor despliegue deefectivos y mayor presencia en todo el país. Le siguen en su orden los Rastrojos, las Águilas Negras, las Fuerzas Armadas Irregulares de Colombia (Fiac); el Bloque Meta, La Oficina de Envigado y Libertadores de Vichada.

Si bien los informes de Indepaz registran notables diferencias con entidades estatales como la Defensoría del Pueblo, ambas coinciden en advertir la misma situación: el crecimiento que vienen experimentando estos grupos en regiones como la Costa Caribe y la Orinoquía, situación que a su vez, incrementa los niveles de riesgo de vulneración de derechos de las comunidades allí asentadas.

Según Jorge Calero, director del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría, en lo corrido de este año se han advertido riesgos para la población civil por cuenta de las acciones de grupos armados postdesmovilización en 171 municipios de 27 departamentos. “Eso no quiere decir que sea el número de municipios donde hacen presencia sino en los municipios donde el SAT identificó riesgos entre 2014 y 2015”, aclaró Calero.

En 2015, las principales advertencias por el accionar de estos grupos se concentraron en municipios como Cáceres y Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño; las localidades de Norosí, Tiquisio y Arenal, en el departamento de Bolívar; en Tuluá, Valle del Cauca; y en toda la región del Darién chocoano. Actualmente, la entidad monitorea la situación en los municipios del norte del Cauca; en la ciudad de Barranquilla y el departamento de La Guajira.

De acuerdo con el director del SAT, “en zonas rurales estos grupos los encontramos como verdaderas estructuras armadas ilegales con una organización de tipo militar, comandos visibles, portando uniformes y armas de corto y largo alcance” mientras que en las zonas urbanas “actúan en pequeños grupos, van de civil, en motocicleta, establecen sistemas de seguimiento y vigilancia, asumen control de economías ilegales vinculadas con microtráfico, extorsión, préstamo a usura; vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades ilícitas así como amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos”.

Desde que se registró la última desmovilización de un grupo paramilitar, en agosto de 2006, la Defensoría identificó el riesgo creado por 22 organizaciones armadas ilegales en 167 municipios  de 23 departamentos. En 2010, la cifra se redujo a nueve organizaciones ilegales. Esto por cuenta de las disputas y enfrentamientos al interior de estas estructuras y de ellas entre sí. Hoy, las dinámicas de las bandas criminales, sus fusiones, enfrentamientos y alianzas, han llevado a la Entidad a reconocer diez estructuras grandes que hoy emergen como las principales amenazas para la seguridad pública y la garantía de derechos humanos de cientos de poblaciones.

Ellas son: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc); Los Rastrojos; Libertadores del Vichada; la Empresa; Bloque Meta; Los Paisas, la Oficina de Envigado; Águilas Negras; la ‘Constru’ y los Botalones, esta última con presencia en los municipios límites de Boyacá y Santander.  

El poder ‘gaitanista’

Desde hace meses la Fuerza Pública busca por todos los medios en Urabá a Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, jefe de ‘Los Urabeños’ o del ‘Clan Úsuga’. En esa región, el pasado 4 de agosto se accidentó un helicóptero y murieron 16 policías. Foto: tomada de Semana.com.No existe un consenso oficial sobre el número de efectivos que integran cada una de estos grupos armados postdesmovilización. Según Indepaz, la cifra podría rondar los 6.000 hombres en armas. Incluso, persisten notables diferencias entre algunas entidades estatales sobre la existencia de algunas de estas bandas. “La Fuerza Pública niega la existencia del grupo Águilas Negras. Lo único que se conoce son los panfletos pero no se ha podido determinar la existencia de una estructuras armada como tal, como la que surgió en 2007 en Norte de Santander, que eran diferentes tipos de ‘Águilas’ doradas, azules, etc”, señaló el director del SAT de la Defensoría.

Sobre las que sí se tienen mayores certezas son sobre los Libertadores del Vichada y Bloque Meta, grupos regionales con fuerte presencia en Guaviare, Vichada y Meta; La Empresa, que nació en 2012 como brazo armado de Los Rastrojos en Buenaventura pero que luego alcanzó su propia autonomía; La ‘Constru’, que delinque en el departamento de Putumayo; y los Paisas, cuya organización ha sido fuertemente golpeada tanto por la Fuerza Pública como por las otras bandas criminales. Con todo y ello, mantienen presencia en parte de Antioquia, Córdoba y Magdalena.

Pese al sometimiento a la justicia de los Estados Unidos de los hermanos Calle Serna, fundadores de Los Rastrojos, este grupo armado postdesmovilización continúa ejerciendo fuerte control territorial en departamentos como Atlántico, Bolívar, Quindío, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Risaralda y Putumayo.

Pero sin duda el grupo armado sobre el que están concentradas todas las acciones de la fuerza pública es el ‘Clan Úsuga’ también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o ‘Urabeños. Este grupo, que nació en el Urabá antioqueño en 2006 de la mano de Vicente Castaño, ha venido creciendo exponencialmente  hasta el punto que hoy son consideradas el nuevo gran cartel del narcotráfico en Colombia.

Los secretos del Clan Úsuga

Bajo el mando de hombres conocedores de la guerra, como lo fueron en su momento Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’; y Juan de Dios Úsuga David, alias ‘Giovani’, este último con un pasado en la guerrilla del Epl y luego en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), los ‘gaitanistas’ han logrado acaparar rentas derivadas de la extorsión, la minería y el negocio del tráfico de drogas en departamentos como Antioquia, Chocó, Córdoba, Sur de Bolívar, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño y Sucre.

Lo que más inquieta a las autoridades es su capacidad de adaptación luego de los golpes propinados por la fuerza pública. Ni la captura de alias ‘Don Mario’, en abril de 2009; ni la muerte en combate de ‘Giovani’; el 31 de diciembre de 2011, han logrado hacer mella en esta organización, que hoy es comandada por otro heredero de la familia Úsuga: alias ‘Otoniel’ (Dairo Úsuga), otro exguerrillero del Epl y excombatiente de las Accu que se ha convertido en el hombre más buscado de Colombia.

En su proceso de expansión han logrado someter a sangre y fuego a otras bandas criminales en departamentos como Antioquia, Magdalena, Atlántico y Córdoba, gracias a su capacidad militar. Según las autoridades de Policía, endepartamentos como Antioquia, Bolívar y Chocó, los ‘gaitanistas’ han establecido alianzas estratégicas con la guerrilla de las Farc para controles territoriales y negocios relacionados con narcotráfico. Lo que preocupa a entidades como la Defensoría son los fuertes enfrentamientos que se han registrado este año entre este grupo armado postdesmovilización y la guerrilla del Eln.

De acuerdo con la Defensoría, estas disputas están teniendo lugar en Antioquia (Bajo Cauca); Sucre, Córdoba; Sur de Bolívar y Chocó, particularmente en la región del Bajo Atrato y a lo largo de la cuenca del río Baudó. Los registros de la entidad señalan que entre septiembre y octubre de 2015 se presentaron cinco enfrentamientos armados entre los ‘gaitanistas’ y el Eln en el Truandó y Salaquí, en el Bajo Atrato chocoano, y en el municipio de Riosucio.

¿Qué pasa con el Eln en Bajo Cauca? La guerra que se cocina lentamente en el Chocó

“Esa confrontación armada en Chocó, Antioquia y Bolívar ha generado muertes violentas, desapariciones forzadas, enfrentamientos armados con interposición de la población civil, reclutamiento de menores de edad; las comunidades se han visto obligadas a desplazarse, a confinamientos. No pueden salir a cazar, a pescar y zonas de cultivo. Entonces a veces hay desabastecimiento”, señaló Jorge Calero, director del SAT de la Defensoría.

Para este funcionario, los ‘gaitanistas’ constituyen hoy la mayor amenaza para la seguridad pública. “Nos preocupa la expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en zonas urbanas y rurales. En muchos municipios del país se están viendo afectados los derechos fundamentales de los pobladores. Hay amenazas, presiones, intimidaciones, muertes violentas, reclutamiento de menores de edad, extorsiones que ponen en riesgo y la vida y la libertad de las personas, desplazamientos forzados por causa de estos grupos”.

Las preocupaciones son aún mayores de cara un muy posible acuerdo de paz con las Farc. ¿Ocuparán los ‘gaitanistas’ los territorios que dejen las Farc? ¿Terminarán algunos frentes de esta guerrilla fusionándose con estructuras de las Agc? ¿Se registrará una nueva ola de violencia, esta vez protagonizada por exguerrilleros y exparamilitares, ahora bajo el rótulo de ‘gaitanistas’?

Solo el tiempo tendrá respuestas.

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En los últimos meses una serie de enfrentamientos entre el Eln y el ‘Clan Úsuga’ en territorio de las Farc tiene confinadas a varias comunidades. ¿Qué está sucediendo? y ¿qué tan compleja es la situación?

Patrulla del Ejército en el río Atrato. Foto: Álvaro Sierrta / Semana.

Parece que la guerra se hubiera ensañado con las comunidades del Bajo Atrato chocoano. Desde hace poco más de tres décadas, los frentes 57 y 34 de las Farc convirtieron este territorio en un bastión inexpugnable. Promediando la década de los noventa, y con el pretexto de arrebatarle territorio a este grupo subversivo, el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas inició una feroz ofensiva que se conoció como “operación Cacarica”, que obligó al éxodo forzado de por lo menos cinco mil personas entre negros, indígenas y campesinos que habitaban las cuencas de los ríos Truandó, Salaquí, Quiparadó y Domingodó.

Hoy, en esa misma región, la historia tiende a repetirse. Desde hace tres meses para acá, la Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales del Chocó vienen advirtiendo sobre los enfrentamientos, cada vez más frecuentes, cada vez más intensos, que sostienen integrantes de la guerrilla del Eln y un contingente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidos como ‘Clan Úsuga’ o ‘Urabeños’. La situación tiene en máxima alerta a los organismos humanitarios pues temen el desplazamiento masivo de comunidades negras e indígenas, tal como ocurrió quince años atrás.

Los temores no son infundados. Versiones recogidas por la Defensoría apuntan a que el pasado 3 de septiembre, cerca de 300 hombres pertenecientes a los ‘gaitanistas’ incursionaron a la cuenca media del río Truandó y desde allí se desplegaron hacia territorios de comunidades negras e indígenas de las cuencas de los ríos Truandó, Salaquí, Quiparadó, Domingodó y Opogadó, en las que habitan poco más de 1.500 personas. Un par de meses atrás, organismos humanitarios reportaron la llegada a la región de una compañía del Eln que se había desplazado desde las selvas del Alto Baudó. Así, los enfrentamientos armados no se hicieron esperar.

Según la entidad estatal, el 9 de septiembre se registraron combates entre los ‘elenos’ y los ‘gaitanistas’ en inmediaciones de la comunidad de Peña Blanca, en el rio Truandó. Las confrontaciones se repetirían nuevamente el 7 de octubre, en cercanías a la comunidad de Clavellino. Ese día, hombres del Eln se enfrentaron con los ‘gaitanistas’ justo después del paso de una comisión humanitaria conformada por autoridades eclesiásticas del municipio de Riosucio, Chocó, directivos de los consejos comunitarios del Bajo Atrato y miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos con presencia en la región.

El hecho más reciente se presentó el 14 de octubre. Diversas comunidades denunciaron el arribo de otros 200 integrantes de los ‘gaitanistas’ al Bajo Atrato. Ello coincidió con los fuertes combates registrados al día siguiente en inmediaciones de la comunidad de Clavellino que, de nuevo, tuvieron como protagonista a la guerrilla del Eln. El choque armado dejó tres miembros de los ‘gaitanistas’ muertos.

Para la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato, la situación está pasando de “castaño a oscuro”, toda vez que ambas fuerzas enfrentadas están recurriendo al uso indiscriminado de minas antipersonas para frenar los avances de sus rivales. Además de incrementar los niveles de zozobra entre las comunidades, estos hechos están generando confinamiento de poblaciones enteras que, por sus modos de vida, ven afectados aspectos vitales como la seguridad alimentaria.

“Aquí la gente vive en una parte y busca su alimento en el río. Pero con esas minas antipersona a la gente le da mucho miedo salir. Hay comunidades confinadas aguantando física hambre. En otros casos ha habido desplazamientos, pero han sido al interior de las mismas comunidades”, señaló José Ángel Palomeque, presidente de Ascoba, quien añadió que en las próximas semanas saldrá una misión humanitaria a la región para llevar alimentos y medicinas así como para constatar la crisis humanitaria que ya se empieza a vivir en la región.

¿Qué pasa en el Bajo Atrato chocoano?

La minería también es un factor de riesgo para estas comunidades que derivan su sustento del río. Foto: Álvaro Sierra / Semana.
El Bajo Atrato chocoano encierra múltiples atractivos tanto para intereses legales como ilegales. Los caudalosos ríos que surcan el territorio constituyen vías expeditas para conectar con el Pacífico y con la frontera con Panamá y ello, junto con la espesura de las selvas, convierten a la región en espacio propicio para el desarrollo de actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico, trata de personas, contrabando, extracción ilegal de madera y minerales.

Pero no solo eso: el Bajo Atrato se encuentra bajo la mira de importantes empresas (nacionales e internacionales) madereras y mineras que, de llegar, no solo atraerían gran cantidad de lugareños en busca de empleo y mejores oportunidades sino también muy seguramente grupos armados ilegales pretendiendo obtener recursos líquidos por cuenta de la extorsión.

Por eso, quizás lo que más llama la atención de un analista que viene haciéndole seguimiento a esta situación, quien al ser consultado por VerdadAbierta.com pidió reservar su identidad dado que ejerce su trabajo con estas comunidades, es la “novedosa” presencia de la guerrilla del Eln justo allí, en un territorio que ha sido bastión histórico de las Farc y donde las autoridades civiles y de Policía tienen registrada una fuerte actividad criminal de los ‘Úsuga’ desde hace un par de años.

De acuerdo con el analista, lo anterior suscita varias hipótesis. La primera de ellas es que, efectivamente, existió un pacto de no agresión entre las Farc y los ‘Úsuga’ que permitió a ambas estructuras permanecer en el mismo territorio. “Si ingresaron al ‘corazón’ del territorio de las Farc es porque ese pacto se rompió. De hecho, hay reportes en la Defensoría sobre incursiones de los ‘Úsuga’ en territorios de las Farc en Córdoba y San José de Apartadó”, señaló.
 
La otra consideración tiene que ver con la llegada del Eln a una región que no ha sido parte de su corredor de movilidad. “¿Estarán los ‘elenos’ estableciendo un anillo de seguridad para proteger a los desmovilizados de las Farc y, ahora, estarán siendo coordinados y apoyados militarmente por las Farc? Quién sabe, pero es una tesis que no se puede descartar”, agregó el analista, recordando que muy probablemente en el Bajo Atrato chocoano se concentren tropas de las Farc en su fase final de negociación con el gobierno nacional.

Pero esas no son las únicas inquietudes que generan preocupación tanto en analistas como en las comunidades chocoanas. Pobladores de la región consultados por VerdadAbierta.com se preguntan cómo fue posible que cerca de 600 integrantes de esta estructura armada criminal atravesaran, en varias embarcaciones y a plena luz del día, un corredor fluvial altamente custodiado por las fuerza militares y de Policía. “Aquí todos saben dónde están los ‘paras’, menos ellos, los de la Fuerza Pública”, dijo uno de los consultados, quien pidió se reservara su identidad.    

VerdadAbierta.com intentó comunicarse con el comando de Policía Urabá, dado que la región en cuestión está bajo su jurisdicción, pero no fue posible establecer diálogo con su comandante, el coronel Raúl Riaño.

El hecho es que todo lo anterior sucede en medio de un escenario bastante complejo: por un lado, falta poco para la firma del acuerdo que pondrá fin al conflicto armado con las Farc y la inmediata implementación de los acuerdos en los territorios donde su presencia fue notoria; de otro lado, muy cerca de esta región, fuerzas especiales de la Policía continúan con los intensos operativos para dar con el paradero del jefe de los ‘Úsuga’, Dairo de Jesús Úsuga, alis ‘Otoniel’. Y, como si fuera poco, la guerrilla del Eln incursiona en nuevos territorios justo en momentos en que se esperan inicien diálogos de paz con el gobierno nacional.
 
Sin duda un panorama preocupante que ojalá tenga pronta resolución, por el bien de las comunidades negras e indígenas que habitan el Bajo Atrato, que por fin, puedan tener una vida en paz.

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Desde hace meses la Fuerza Pública busca por todos los medios en Urabá a Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, jefe de ‘Los Urabeños’ odel ‘Clan Úsuga’. En esa región, el pasado 4 de agosto se accidentó un helicóptero y murieron 16 policías. Foto: tomada de Semana.com.

“Para 2018, las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia-Jorge Eliecer Gaitán’ serán un actor armado y político que buscará entablar negociaciones con el gobierno nacional”. Así aparece consignado en uno de los documentos incautados por efectivos de la Policía Nacional en una escuela de formación de esta estructura criminal bautizada como “Juan de Dios Úsuga”, ubicada en zona selvática de Ungía, Chocó.

La anterior hace parte de un grupo de escuelas de entrenamiento desmanteladas por las autoridades judiciales y de Policía en el marco de la Operación Agamenón, que desde hace siete meses tiene lugar en las selvas, montañas y ríos del Urabá antioqueño y chocoano y que busca capturar a Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, máximo cabecilla de los ‘gaitanistas’, también nombrados como ‘Clan Úsuga’ o ‘Urabeños’.

En ellas, además de capturar integrantes de esta organización criminal, los efectivos policiales han hallado abundante material propagandístico como estatutos, manuales de combate y de disciplina de sus integrantes, así como una variada gama de dispositivos electrónicos que contienen información vital sobre la naturaleza, funcionamiento, organigrama y actividades de este grupo criminal.

Por cuenta de esta información, los investigadores defienden lo logrado hasta ahora en el marco de la Operación Agamenón. La consideran exitosa pese a las críticas de diversos sectores que ven como un fracaso no haber capturado, hasta ahora, ni al máximo cabecilla de los ‘gaitanistas’ ni a ninguno de sus lugartenientes. Hay que tener en cuenta que en esta operación participan 1.200 policías, mil efectivos del Ejército y una flotilla de helicópteros artillados. Un despliegue de tropas solo comparable con el bloque de búsqueda creado para capturar al extinto narcotraficante Pablo Escobar.

“Si no fuera por la Operación Agamenón, no tendríamos la información que nos ha permitido conocer mucho más en detalle la estructura del ‘Clan Úsuga”, dice Natalia Rendón, fiscal 26 Especializada Contra el Crimen Organizado, responsable de perseguir judicialmente esta estructura criminal. Además, considera que el éxito del operativo no puede medirse solo por la captura de un gran capo como ‘Otoniel’, “pues no logramos nada con capturarlo a él si no desarticulamos toda la estructura. Hoy, tenemos mucho más claro qué y quiénes son y eso es muy importante”.

De ‘héroes de Castaño’ a ‘Gaitanistas’
Vicente Castaño Gil, alias ‘El Profe’, considerado como el cerebro detrás de la expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Foto: archivo Semana.

Y es que si algo tenían claro hasta el momento las autoridades es que el origen del llamado ‘Clan Úsuga’, se remonta al 2006, cuando Vicente Castaño Gil, máximo vocero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), desobedeció el llamado del gobierno nacional para recluirse junto con otros 14 jefes paramilitares en un centro recreacional de La Ceja, Antioquia.

En aquel momento pidió a un puñado de hombres de su más cercano círculo de confianza no entregarse pues, decía, las Auc habían sido engañadas. Entre quienes acogieron dicho llamado figura Daniel Rendón Herrera, alias ‘don Mario’, quien regresó a San Pedro de Urabá para administrar los negocios de narcotráfico que otrora manejara el Bloque Élmer Cárdenas (BEC), que fuera comandado por su hermano Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’.

Como lo consignaran en su momento organizaciones como International Crisis Group y la misma Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp) de la OEA, ‘don Mario’ reclutó un amplio número de excombatientes de las Auc asentados en Urabá, entre ellos, reconocidos paramilitares que a su vez compartía un pasado en las filas de la guerrilla del Epl: los hermanos Úsuga David, Roberto Vargas, alias ‘Marcos Gavilán’ y Francisco Morela, alias ‘Negro Sarley’.  

Así nació ‘Héroes de Castaño’, que fue creciendo paulatinamente hasta 2008, cuando el país los conoció como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ luego de promover un paro armado en el Urabá antioqueño por lo que consideraron “los incumplimientos del gobierno nacional a los acuerdos pactados con las Auc”.

Pero ni la captura de ‘don Mario’, el 16 de abril de 2009 en zona rural de Necoclí, ni la muerte de su sucesor, Juan de Dios Úsuga, alias ‘Giovany’, el 31 de diciembre de 2011 en zona rural de Acandí, significó el inicio del fin de esta organización. Por el contrario, los ‘gaitanistas’ dieron una demostración de poder en enero de 2012, cuando lograron paralizar más de 150 municipios de cuatro departamentos como señal de retaliación por la muerte de alias ‘Giovany’.

“En aquel momento contaban con unos 17 frentes en Córdoba (Montería-Montelibano-Tierralta), Urabá, Bajo Cauca y Medellín”, señala la fiscal 26. Actualmente, de acuerdo con la organización defensora de derechos humanos Indepaz, que monitorea la presencia de bandas criminales en todo el país, esta organización tiene presencia en 264 municipios de 23 departamentos, siendo la estructura con mayor actividad y despliegue de efectivos.

Los ‘gaitanistas’, cuentan con una estructura piramidal en cuya cúspide se encuentran ‘Otoniel’ y ‘Marcos Gavilán’, hombres que han forjado su carácter a lo largo de tres décadas participando en distintas guerras. Además, gracias a su pasado en las filas de la guerrilla del Epl, conocen como ningún otro una región espesa, selvática y montañosa como lo es el Urabá.  

En orden de importancia les siguen Carlos Antonio Moreno, alias ‘Nicolás’; Luis Orlando Padierna, alias ‘Inglaterra’; Jobanis de Jesús Ávila, alias ‘Chiquito Malo’; Jhoni Alberto Grajales, alias ‘Guajiro’; Jairo de Jesús Durango, alias ‘Guagua’, Aristides Manuel Meza, alias ‘El Indio’ y Oscar David Pulgarín, alias ‘Niño’.

Junto a estos nombres también se han identificado las estructuras bajo las cuales operan los ‘gaitanistas’. Hoy se sabe que en el Bajo Cauca opera el Bloque Pacificadores del Bajo Cauca, conformado a su vez por los frentes José Felipe Reyes; Julio César Vargas y Libertadores del Bajo Cauca. Por su parte, el Bloque Juan de Dios Úsuga, con presencia en el Occidente y Nordeste de  Antioquia, está conformado por los frentes Iván Arboleda Garcés; Héroes del Nordeste y Carlos MauricioGarcía Fernández.

Dichas estructuras han logrado establecer alianzas con frentes de las Farc y el Eln para temas relacionados con minería y narcotráfico. Sin embargo, estas son inestables y volátiles, como sucede en el Bajo Cauca antioqueño, donde cada vez son más frecuentes y fuertes los enfrentamientos entre ‘gaitanistas’ y ‘elenos’.

Aunque las autoridades no cuentan con una cifra precisa sobre cuántos hombres integran los ‘gaitanistas’, sí se ha logrado establecer que por lo menos el 50 de sus efectivos se encuentran en el Urabá antioqueño y chocoano. En esta región opera el Bloque Central Urabá, que a su vez lo integran los frentes Central Urabá, Dabeiba; Carlos Vázquez; Nicolás Sierra; Ríosucio-Carmen; y Darién Chocoano. Estimativos de la Fiscalía apuntan a que solo estos frentes pueden contar, en promedio, con 600 efectivos.

“Son todo un ejército. Tienen una alta formación militar. Saben combatir. No hay que olvidar que ‘Otoniel’ y ‘Marcos Gavilá’ militaron en el Epl y que ‘Otoniel’ fue comandante de frente en el Bloque Centauros”, explica la fiscal 26, quien añade que “se les ha incautado abundante fusilería, uniformes, pertrechos”.

Y ¿por qué ‘gaitanistas’? “Su filosofía es gaitanista porque supuestamente están contra la corrupción y la politiquería. Quien quiera ahondar más en esta banda criminal tiene que estudiar el discurso de Gaitán”, responde la funcionaria judicial.

Amplio portafolio criminal
En apartadas regiones de Urabá, ‘Los Urabeños’, también conocidos como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, dejan rastros de su presencia. Foto: Juan Diego Restrepo E.

El cobro de extorsiones al comercio, los negocios denominados ‘pagadiarios’, el narcotráfico y más recientemente, el tráfico de personas, constituyen el amplio portafolio criminal de esta organización, cuyos tentáculos se extienden desde las selvas del Darién chocoano, pasando por las principales capitales del país, hasta traspasar las fronteras del país.  

“Pasar inmigrantes vía Panamá es un negocio redondo para ellos”, le narró a VerdadAbierta.com un habitante de Acandí, quien añadió: “además que les cobran por pasarlos a la frontera y por entregarle papeles falsos, también los cargan con alcaloides que son recibidos al otro lado por gente de ellos. Si los inmigrantes se rehúsan, pues los matan. Y lo pueden hacer porque ellos tienen todo el control de las costas y las selvas por donde pasan a los inmigrantes”.

Es precisamente en este punto, las finanzas, donde las autoridades afirman que se han dado los golpes más contundentes contra los ‘gaitanistas’. La Operación Agamenón ha dejado como resultado la captura de 400 personas, la incautación de propiedades avaladas en 190 mil millones de pesos y 9.8 toneladas de clorhidrato de cocaína decomisadas.  

“Hoy, las finanzas de la organización están duramente golpeadas. Hay zonas donde no les está llegando el dinero para pagar las ‘nóminas’, y ya hay miembros de esa estructura que se están entregando a las autoridades”, señala Natalia Rendón, quien añade: “hoy tenemos identificado la estructura financiera. Asfixiando sus finanzas, será mucho más fácil y rápido capturar a ‘Otoniel”.

Pero, ¿se justifica semejante despliegue de fuerza y recursos para tan pocos resultados? Hay  quienes dicen que no. De hecho, quienes más han levantado su voz de protesta han sido las comunidades campesinas e indígenas de la región, quienes manifiestan sentirse maltratadas por la acción de las autoridades.

“Estigmatizan constantemente a los campesinos de las zonas más rurales porque los efectivos de la Policía salen a decir que no han logrado dar con el paradero de ‘Otoniel’ porque la gente lo está protegiendo”, denuncia Diego Herrera, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), organización que acompaña a comunidades campesinas del Urabá antioqueño, quien añade “retienen de manera arbitraria a todo el que lleve el apellido Úsuga, como si eso, por sí solo, fuera un delito”.

El mismo reclamo lo hace Aida Suárez, presidenta de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), quien señala que: “en el último año, al interior de los territorios del resguardo de Polines, que queda entre Chigorodó y Carepa, comenzaron a hacer presencia las guerrillas y estos grupos criminales. Cuando ingresó la fuerza pública comenzaron los enfrentamientos y unos y otros se esconden en territorio indígena. En julio hubo tres combates muy fuertes en nuestro territorio”.

La tensión generada por los constantes enfrentamientos se agravó el pasado 4 de agosto con el siniestro del helicóptero de la Fuerza Aérea, donde perdieron la vida 16 uniformados luego que la aeronave se viniera a pique en extrañas circunstancias en territorio del resguardo Polines, situación que originó el desplazamiento de 147 familias a la Casa Comunal del resguardo. “Son más o menos 600 personas que están allí refugiadas. Pero más allá de eso lo que nos preocupa son las declaraciones de la Policía, que señala que nosotros protegemos a los actores armados”.

VerdadAbierta.com quiso consultar con el general de la Policía, Ricardo Restrepo, encargado de la Operación Agamenón, pero no fue posible establecer contacto alguno.

Más allá del debate sobre el éxito o el fracaso de la operación, lo que sí deja claro lo descubierto hasta el momento es que el llamado ‘Clan Úsuga’ es mucho más que unos simples criminales. Y que derrotarlos demandará acciones más contundentes por parte de la Fuerza Pública. Quizás tenga razón la Fiscal 26 al afirmar que, “hay algo más importante que capturar a Otoniel: hoy sabemos a qué enemigo nos enfrentamos”. 

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Este tipo de panfletos han sido distribuidos en la zona del Pacífico colombiano. Foto: DPLas denominadas bandas criminales, estructuras surgidas luego del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), se han convertido en una amenaza tan seria para la ciudadanía, tanto rural como urbana, que su accionar violento tiene sumida en completa zozobra a comunidades de por lo menos 28 departamentos del país.

Así lo acaban de advertir tanto la Defensoría del Pueblo como la organización no gubernamental Indepaz, cuyos recientes informes coinciden en afirmar que, contrario al discurso oficial que señala un debilitamiento de estas estructuras en el territorio nacional, pobladores de más 200 municipios del país se encuentran en máximo riesgode vulneración de sus derechos humanos debido a la cruenta confrontación armada por el control de rentas ilegales, ya sea entre integrantes de una misma organización, distintas facciones o, más preocupante aún, de éstas con bloques o frentes de las guerrillas de las Farc o el Eln.

De acuerdo con ambas instituciones, la grave situación se puede constatar con mayor claridad en los departamentos del suroccidente del país. Indepaz, por ejemplo, consignó en su IX Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares en el país, que en el año 2013 se registró actividad de estas organizaciones criminales en 90 municipios de esta región colombiana: 34 localidades del Valle del Cauca, 27 en Chocó y 29 en Nariño.

Por su parte, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió el pasado mes de octubre el Informe de Riesgo N. 030-14, a través del cual les solicita a autoridades civiles, militares y de policía, proteger la vida y la integridad de los más de 15 mil habitantes del municipio de Barbacoas, Nariño.

En esa población, el pasado 25 de octubre, Mabel Cabezas, madre de seis hijos, todos menores de edad, fue asesinada delante de sus pequeños; dos días después, un joven de 18 años fue abaleado. Los hechos fueron atribuidos a miembros de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidos también como ‘Urabeños’ y ‘Clan Úsuga’.

Para los analistas del SAT, la presencia de los “gaitanistas” en sectores aledaños a los ríos Patía, Magüí y Telembí, lugares donde también se registra una fuerte presencia de las guerrillas de las Farc y el Eln, dan lugar a considerar que existe una alta probabilidad de que se presenten amenazas de muerte, agresiones físicas, torturas, homicidios, extorsiones, restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores de edad, agresiones sexuales contra las mujeres y confinamiento de comunidades, entre otros.

Las estadísticas de la Gobernación de Nariño recogidas por la entidad estatal muestran también que durante 2013 se documentaron ocho homicidios en Barbacoas, mientras que en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 9 de octubre del presente año la cifra prácticamente se triplicó, al presentarse 24 asesinatos, cifra que podría aumentar en lo que queda del año si los ‘gaitanistas’ continúan con sus planes de expansión y consolidación no solo en este poblado a orillas del pacífico nariñense, sino en todo el suroccidente colombiano.

Precisamente, semanas atrás VerdadAbierta.com publicó un conjunto de artículos en los que retrató la situación que se vive actualmente en la ciudad de Cali y en la región del Baudó, departamento del Chocó, escenarios de una guerra silenciosa pero mortal que tiene como principal protagonista a los “gaitanistas”. (Ver: Cali, bajo fuegos cruzados y La mala hora del Baudó)

Mientras en la capital vallecaucana se habla con insistencia de una pugna interna; en el Baudó chocoano se logró documentar cómo la confrontación armada entre “gaitanistas” y el Frente Cimarrón del Eln ha generado una profunda crisis humanitaria que aqueja, con fuerza, a comunidades afro e indígenas.

Tal como lo reseñó la Defensoría en un reciente informe: “en el departamento del Chocó, en el primer semestre de 2014, solo por desplazamientos masivos resultaron afectadas 3.311 personas, principalmente indígenas Emberá, por cuenta de las hostilidades sostenidas entre la guerrilla del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el Alto Baudó, mientras que otras 1.900 familias quedaron confinadas desde que iniciaron estas confrontaciones. Asimismo, se tiene conocimiento del confinamiento de 1.648 pobladores del resguardo Emberá del río Purricha, en el municipio de Bajo Baudó”.

El resto del país
Para esta agencia del Ministerio Público, la magnitud del problema es tal que recientemente envío sendas cartas al comandante del Ejército Nacional, mayor General Jaime Alfonso Lasprilla; al director de la Policía Nacional, mayor General Rodolfo Palomino; al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; y al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, advirtiéndoles de la situación que en gran parte del país.

La Defensoría tiene registros de presencia o actividad de las llamadas bandas criminales en 168 municipios de 28 departamentos del país. En el trasfondo de su accionar violento se encuentra la disputa por el control de rentas derivadas de actividades económicas ilícitas, principalmente del narcotráfico, seguido por la minería ilegal, el contrabando, la extorsión y el microtráfico.

Esta entidad destacó que de acuerdo a los diagnósticos elaborados por el SAT, las bandas criminales “han incursionado con preocupante vigor en temas como la explotación sexual infantil y la trata de personas”.

Al respecto, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, aseveró que regiones como toda la zona Pacífica, el Cauca, el Valle y Antioquia, “se ha incrementado la explotación sexual de los menores”.

Los grupos que vienen generando temor y zozobra entre la población son ‘Los Rastrojos’, ‘Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, ‘Los Paisas’, ‘Las Águilas Negras, ‘La Oficina de Envigado’, ‘El Bloque Meta’, ‘Bloque Libertadores del Vichada’ y ‘La Empresa’, grupo ilegal que surgió en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, a finales del año 2012.

Las alertas de la Defensoría del Pueblo llaman la atención, además de las afectaciones a la movilidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pobladores, sobre ciertos modus operandi identificados en algunas de estas estructuras criminales que recuerdan los peores años del dominio paramilitar.

“En las zonas rurales de los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba, Vichada y Guaviare estos grupos ilegales realizan patrullajes y acciones violentas portando uniformes y armamento de corto y largo alcance y en las áreas urbanas actúan en pequeños grupos, vestidos de civil y se movilizan en motos o camionetas sin identificar”, señaló la agencia estatal en una de las misivas enviadas al Alto Mando militar.

¿Qué dice Indepaz?
Lo documentado por la Defensoría no dista mucho de lo consignado por esta organización no gubernamental en su último informe. Si bien registró presencia o actividad de estas estructuras criminales en 409 municipios de 30 departamentos, coincide con la agencia estatal en cuanto a los principales grupos señalados como los máximos responsables de perturbar el orden y la seguridad en los territorios: ‘Urabeños’, ‘Rastrojos’ y ‘Águilas Negras’.

“Al hacer un balance de los departamentos con mayor impacto de estos grupos, hay una consolidación en Antioquia, Córdoba, Chocó, Cesar, Sucre, Nariño y Valle. Además, la alerta está dirigida hacia el Eje Cafetero, Chocó y Norte del Valle, en donde se está llevando a cabo el enfrentamiento entre ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’”, reseñó Indepaz.

En su análisis, hizo referencia al famoso “reparto de territorio” que se dio entre estas dos estructuras criminales, lo que dio origen a una dinámica de cooptación de pequeñas redes criminales, bien por la vía violenta, bien por la vía del padrinazgo: “Así, ‘Urabeños’ reforzaron la capacidad de incidencia de ‘Renacer’ en Chocó y los ‘Machos’ en Valle del Cauca. Mientras que ‘Rastrojos’ hacen lo propio con ‘La Cordillera’ en el Eje Cafetero y la ‘Empresa’ en el Valle”.

El informe llama la atención sobre las posibles contradicciones en el “victorioso discurso oficial” que viene anunciando el fin de las llamadas ‘bacrim’. Así, mientras el entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, señalaba en 2013 que estos grupos contaban, a lo sumo, con 2.500 integrantes, en octubre pasado el propio presidente Juan Manuel Santos declaró que estas estructuras tenían por lo menos 3.500 integrantes.

Más allá de estos desfases, incluso si el número de municipios afectados es mayor o menor, lo cierto es que las bandas criminales constituyen una amenaza real para miles de comunidades a lo largo y ancho del territorio, para quienes el debate político y académico de si son extensión del paramilitarismo o nueva expresión criminal poco o nada les dice. Lo único que piden es que cese este nuevo ciclo de violencia y puedan disfrutar de un día de paz.

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El tráfico de drogas interno es uno de los mayores generadores de violencia y capturas de menores de edad en Cali. Foto: archivo Semana.La ciudad de Cali lleva varias semanas bajo el fuego cruzado desde distintos flancos, originado por pugnas internas y por la confrontación entre las llamadas bandas criminales en varios sectores de la capital del Valle del Cauca, y la delincuencia común.

El hecho que disparó las alarmas ocurrió el pasado 2 de octubre en una lujosa finca del corregimiento La María, en el sur de Cali, donde fueron asesinados Julio César Paz Varela, alias ‘J1’, considerado el capo de las drogas sintéticas del país, y siete personas más cercanas a él. Según las autoridades, en ese lugar se dieron cita varios hombres para definir el futuro del narcotráfico en la región.

La hipótesis más fuerte que se manejó al inicio de la investigación apuntó a que ‘J1’, quien una semana atrás había salido de prisión, quiso independizarse de alias ‘Martín Bala’ y alias ‘Chicho’, antiguos jefes de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidos como ‘Urabeños’ y ‘Clan Úsuga’, capturados el año pasado.

La masacre, sumada a una seguidilla de asesinatos en diferentes puntos de la ciudad en los días siguientes, despertó el temor de los caleños por posibles vendettas mafiosas entre bandas criminales que afectan al ciudadano del común.

Las autoridades le salieron al paso a esos temores y explicaron que el múltiple homicidio obedeció a una disputa interna entre facciones de los ‘Urabeños’ y negaron que las bandas criminales, que surgieron en 2006 tras la desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), tengan presencia permanente en la ciudad.

No obstante, la Defensoría del Pueblo y la Personería alertaron hace varios meses sobre la presencia de ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’, a quienes se les responsabiliza de estar cooptando pandillas para obtener control territorial en los barrios marginales de Cali con miras a manejar negocios ilegales como el microtráfico de drogas, la extorsión, el hurto y el sicariato, entre otros.

Un informe de riesgo emitido por la Defensoría el 4 de febrero de este año indicó que en más de 30 barrios de 11 comunas del oriente y en la zona de laderade Cali, se encuentran bajo las pretensiones de control de bandas criminales.

“En especial situación de riesgo se encuentran los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los barrios y comunas descritos, quienes enfrentan graves condiciones de vulnerabilidad que los exponen a las acciones y pretensiones de los grupos armados ilegales”, resaltó el informe.

La Defensoría precisó que muchos de los homicidios de 2013 están relacionados con la confrontación entre ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’: “esta disputa se ejecuta con grupos armados organizados locales que establecen alianzas o acuerdos con uno u otro grupo armado y ello determina también la dinámica de la confrontación”.

El personero de Cali, Andrés Santamaría, le dijo a VerdadAbierta.com que desde tiempo atrás han denunciado la presencia de las bandas criminales en la ciudad. “Cali se ha vuelto más visible por la masacre, pero en todo el país el conflicto se ha dinamizado y ha tenido una metamorfosis de lo rural a lo urbano”, explicó y agregó que “hay una transformación de grupos irregulares que han entrado a ejercer control territorial en los municipios. Cali no ha sido ajena, ese control territorial está marcado por el negocio de la droga, acompañado de otros delitos”.

Este funcionario dijo que, a diferencia de otras ciudades, en Cali hay un grado complejo de vinculación de jóvenes y menores de edad para conformar esas estructuras de control territorial en los barrios o comunas de la ciudad.

“Ese control se hace por medio de jóvenes que empiezan a ser reclutados por las bandas criminales y específicamente también con pandillas. A través de ellas ejercen ejercicio de movilidad y control. Es otro punto de la historia que Cali o la institucionalidad no acepta”, destacó Santamaría.

La capital de Valle del Cauca hace parte de las once ciudades en el país donde se aplicará en los próximos meses un plan de choque contra la criminalidad ordenado por el presidente Juan Manuel Santos. Se calcula que Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Ibagué, Pasto, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Villavicencio y Neiva concentran el 82 por ciento de la criminalidad en el país.

La información recopilada por la Personería a través de entrevistas con líderes de las pandillas, coincide con el informe de riesgo emitido por la Defensoría del Pueblo sobre la cooptación de los grupos locales por parte de las Bacrim: “las formas de cooptación van desde la financiación para la realización de crímenes por encargo, hasta la financiación de algunas pandillas para contener el avance del contrario en las comunas, ya sea brindando armamento, suministrando recursos económicos o combatientes”.

Jesús Darío González, director del Observatorio Social de la Arquidiócesis de Cali, que interviene en varios sitios vulnerables de la ciudad, sostuvo que la compleja situación de violencia se debe a tres factores. El primero de ellos es la llegada a la capital de Valle de Cauca de personas y grupos con la dinámica criminal de las antiguas facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en las zonas rurales para ejercer control territorial y diversificar sus acciones ilegales.

“Prácticas asociadas al histórico control paramilitar empiezan a expresarse en la ciudad, en búsqueda de fuentes de recursos como el microtráfico y otros como la extorsión y el robo de celulares”, precisó González.  

El segundo factor es el aumento de consumo de drogas ilícitas, tanto de nuevas, como las sintéticas, y de las tradicionales, como la marihuana y el bazuco.

Y el tercer factor que destaca González es la grave situación social que está originando el inusitado aumento de la población a causa de las personas que llegan a la ciudad desplazadas por la guerra. Según el Observatorio, en los últimos años han arribado más de cien mil personas y de acuerdo con la Personería, diariamente arriban 37 personas de la región Pacífico.

“El Estado local no tiene la forma de atenderlos y tiene debilidades para prestarles servicios básicos, seguridad e inclusión. Hay victimización y revictimización de los desplazados”, aclaró González.  

Y es allí, en donde tanto bandas locales como grupos asociados al control que ejercieron las autodefensas en el pasado hacen su aparición. “Si no llega la otra mano del Estado, llegan los grupos ilegales a suplirlo. El control territorial se vuelve convergencia de población disponible (vulnerable) y posible suplantación del Estado”, dijo el director del Observatorio.

Por último, González concluyó que “no es claro identificar uno o dos grupos con control territorial, hay grupos dispersos asociados al microtráfico y otros delitos. Creo que hay ligereza en señalar y ponerle etiquetas a fenómenos dispersos”.

La versión de las autoridades
Por mandato legal, la Policía es la institución encargada de enfrentar a las Bacrim. El general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, le explicó a VerdadAbierta.com que conocen del intento de las bandas criminales de ingresar, no solamente a Cali, sino a todo Valle del Cauca y al Eje Cafetero, pero que no tienen los argumentos para afirmar que hay presencia de ellas en las comunas.

Para este oficial, ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’ no están ejerciendo control territorial por medio de bandas locales. A su juicio, las contratan de manera temporal para cometer algunos delitos.

“No es que los pongan a trabajar permanente bajo su servicio, más bien son unos trabajos muy puntuales. Es una contratación que se hace temporal, más no permanente. Existe conocimiento sobre eso, de algunos tratos, pero que tengan el dominio sobre ellas, no”, indicó el general Penilla, y destacó que “le trabajan al mejor postor”.

La versión de la Policía difiere de las advertencias de la Defensoría del Pueblo y la Personería. En su opinión, los enlaces no son con simples pandillas sino con bandas más fuertes: “Los contactos son con organizaciones muy locales, que tienen el dominio en lo local, que son muy reacias a permitir el ingreso de gente de otras regiones del país; pero han llegado a la conclusión de que pueden tener un vínculo a través de una contratación con esas estructuras locales a nivel de la región, no solo en Cali”. Como ejemplo, una fuente de inteligencia cita el caso del atentado al exministro del Interior Fernando Londoño, contratado al Parche de Zuley.

El general Penilla considera que estas bandas no ejercen presencia o control territorial en Cali por una razón de economía y ahorro de esfuerzos. “Ante el desgaste de tratar de ingresar de una manera violenta, es mucho más fácil para ellos llegar a acuerdos con cabecillas de algunas estructuras y hacer ese tipo de convenios”, precisó el Comandante de la Policía.

Investigadores de la Policía también han identificado que algunas pandillas o bandas se presentan como facciones de ‘Urabeños’ o de ‘Rastrojos’, sin que tengan relación alguna. En esos casos, las Bacrim les han pedido que aporten recursos para poder usar su nombre.

La secretaria de Gobierno de Cali, Laura Lugo, desconoce que en la ciudad exista una pugna entre unas bandas y otras o que estén cooptando grupos armados locales para su accionar delictivo. Por el contrario, resaltó los buenos resultados en materia de seguridad que se registraron en la capital de Valle del Cauca durante el primer semestre de este año, periodo en el que se registra una reducción mensual de asesinatos. Entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2013 se cometieron 1.089 asesinatos, mientras que en 2014 ocurrieron 802.

Y los menores de edad, en el medio…
Los menores de edad de los barrios más pobres de Cali están en la mira de los violentos para usarlos en sus negocios criminales. Foto de la Personería de Cali tomada del archivo de la revista Semana.Aunque las versiones de las instituciones caleñas varían sobre el nivel de injerencia de las bandas criminales en la ciudad, coinciden en que, en mayor o menor medida, por medio de grupos delincuenciales locales, están generando violencia. Y lo peor es que los mayores afectados por esas alianzas son menores de edad.

La Policía ha identificado que en ocho comunas del oriente de Cali hay 107 pandillas. Los cálculos de la Defensoría del Pueblo establecen que esos grupos lo integran de 15 a 20 jóvenes, entre los que se encuentran menores de edad. Los barrios en donde operan se caracterizan por la pobreza, el desempleo y la deserción escolar, por lo que están expuestos a las ofertas de estructuras más fuertes, que les ofrecen dinero y armas.

Y los números respaldan esa afirmación. Según cifras recopiladas por el Comité Interinstitucional de Muertes Violentas de Cali, que lleva los registros de homicidios por mes y por barrio, en 2013 fueron asesinados 245 menores de edad, y entre enero y septiembre de este año, 142 perdieron la vida de manera violenta.

Para el Personero de Cali los adolescentes se vinculan a la criminalidad porque les ofrecen dinero y es posible que muchas de esas muertes estén relacionadas por la presencia de las bandas criminales. “Mucha conformación de esas pandillas necesita inyección económica, uno ve pandillas con cierto tipo de armas y pasan de ser una expresión de rebeldía juvenil delincuencial, a ser un ejercicio de incidencia territorial relevante”, agregó.

Además de víctimas, los menores de edad también son victimarios. De acuerdo con los registros de la Policía de Infancia y Adolescencia, en 2013 ocurrieron 2.263 casos de infracciones por parte de menores de edad; 2.543 fueron conducidos a estaciones de los distritos de Policía; y 865 más fueron arrestados entre enero y el 20 de julio de 2014.

De los detenidos en 2013, 1.011 tenían 17 años de edad, 766 tenían 16 añosy 524 tenían 15 años. Entre los motivos de las capturas, 594 correspondieron a tráfico y porte de estupefacientes, 579 a tráfico y porte de armas, 495 a hurto calificado y 427 a hurto simple. Del total, sólo 58, equivalentes al 2,2 por ciento, fueron por homicidio.

Estas cifras parecen respaldar los llamados de atención de la Defensoría del Pueblo y de la Personería, que en diferentes ocasiones han alertado que las bandas criminales están cooptando pandillas para que se disputen a sangre y fuego las esquinas de sus barrios para entablar un control territorial que les permita controlar el narcomenudeo y demás actividades delincuenciales.

A las capturas se suma la falta de cupos en los centros de resocialización destinados para los menores de edad que son detenidos por infringir la ley. Según un informe de la Personería, en Cali hay cuatro sitios que cuentan con 713 cupos para adolescentes infractores, pero a julio de 2014, excedían la capacidad en 37.

Al respecto, el general Penilla explicó que a raíz de la falta de cupos, en los pasillos de las Unidades de Infancia y Adolescencia se encuentran retenidos alrededor de 18 jóvenes.

Esta deplorable situación también se presenta con los adultos. Según el oficial, desde hace más de tres meses 170 personas tienen boletas de encarcelación, pero no están recluidos en centros penitenciarios por el hacinamiento que presentan. Ante esta situación, están detenidos en estaciones de Policía bajo la custodia de agentes, sacrificando la vigilancia en las calles.

¿Hay salida?
Las diferentes entidades consultadas por VerdadAbierta.com coincidieron en señalar que no basta la acción punitiva y que es necesario que el Estado en conjunto asuma el compromiso con las familias menos favorecidas para que sus hijos no engrosen la espiral de violencia que vive la capital de Valle del Cauca desde hace décadas y que en las últimas semanas parece haberse recrudecido.

Al respecto, la Secretaria de Gobierno explicó que en las comunas 13, 14, 15, 18 y 20, la Alcaldía está desarrollando una estrategia integral con proyectos productivos, educación y deporte, para evitar que los jóvenes entren a la criminalidad y destacó la estrategia de la administración municipal que ha recuperado alrededor de 600 parques públicos invirtiendo más de 15 mil millones de pesos en iluminación LED.

“Los parques antes estaban tomados por delincuentes y expendedores de vicio, ahora hay niños, jóvenes y ancianos haciendo deporte”, indicó la funcionaria.

Por su parte, el general Penilla resaltó el trabajo de inteligencia de la Policía que ha permitido desarticular 49 bandas delincuenciales, junto con el trabajo de otras instituciones relacionadas con la seguridad y la justicia, que permitieron reducir en 287 los homicidios entre enero y julio de este año, comprados con los de 2013. No obstante, aseguró que es necesario implementar estrategias efectivas para que los niños no abandonen el sistema educativo y no se conviertan en potenciales “dolores de cabeza” cuando sean adolescentes.

La Personería ha identificado que muchos de los menores de edad que están involucrados en la criminalidad en Cali no tienen oportunidades, viven en la pobreza y sus padres han sido víctimas del conflicto armado, a lo que se suma la incapacidad del Estado para reincorporarlas a un adecuado modelo de vida.

“La violencia no solamente es la entrada de bandas sino también la posibilidad que ellas tienen de utilizar sectores muy vulnerables porque el Estado no ha logrado darles otras alternativas, y las bandas criminales han llegado antes que el Estado. Hay un abandono social”, concluyó el Personero.

De acuerdo con las cifras y los llamados de atención de la Defensoría del Pueblo y de la Personería, parece que los niños y los adolescentes del oriente y de la ladera de Cali, viven más cerca de las ‘franquicias’ de las bandas criminales que de ‘La Sucursal del Cielo’.

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* Si tiene dificultades para acceder al contenido, por favor actualice su navegador de Internet o use otro. Fotos: VerdadAbierta.com.

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Foto: VerdadAbierta.comEl sacerdote antioqueño Walter García llegó al municipio de Medio Baudó, en el suroccidente del departamento del Chocó, casi en la misma época en que sus pobladores dejaron de cultivar la yuca, el plátano y el arroz para dedicarse a la siembra de hoja de coca. Desde entonces, ha sido testigo excepcional de la dolorosa tragedia humanitaria que significa para este y todos los pueblos levantados a orillas del río Baudó la aparición de estos cultivos ilícitos.

Tanto él, como los pobladores del Medio Baudó, coinciden en señalar que fueron personas venidas de otras tierras las que introdujeron las primeras semillas, hace poco más de ocho años.

“Incluso, las primeras semillas te las regalaban y te prestaban la plata para los insumos”, señala a su turno Mosquera*, habitante de un caserío enclavado en el corazón del Medio Baudó. “Y pues hubo personas que se le midieron a eso. Y como les comenzó a ir bien, pues entonces todo mundo comenzó a sembrar. Así fue que se regó esa vaina por acá”, agrega el campesino. A su juicio, hubo labriegos que terminaron dedicados a la hoja de coca más por ambición que por necesidad.

Aunque, de acuerdo con el padre Walter, también hubo quienes vieron en la hoja de coca la única posibilidad de paliar necesidades acumuladas tras años y años de pobreza. “La gente sembraba comida, pero no tenía a quién venderle. Eso no era motivación para el campesino. Y resulta que la salud, la educaciónde los hijos, el transporte cuestan plata. Al final, las necesidades económicas terminaron empujando a muchos campesinos a sembrar coca”, cuenta el sacerdote.  

Más allá de eso, lo que sí evidente es que la bonanza cocalera que tuvo lugar durante los primeros años de cosecha del “oro verde” comenzó a impactar fuertemente las costumbres de estos pueblos, constituidos en su casi totalidad por comunidades negras e indígenas.

Donde primero comenzó a advertirse dicha transformación fue en las cocinas de los hogares. La sustitución de yucales, maizales, plataneras y arrozales por extensas hectáreas de cocales generó escases de estos alimentos en algunos pueblos del Baudó, “y entonces había que traerlos de otra parte. Y a la gente le tocó empezar a comprar la comida que primero daba la tierra casi que de manera silvestre”, recuerda el sacerdote. “Y sí, había plata, pero la gente no se la gastaba precisamente en comida, sino en trago, lujos, otras cosas”, añade.

Y es que a medida que comenzó a circular efectivo seguido y bastante, también comenzaron a aparecer ciertos lujos extraños para las comunidades de esta región, acostumbradas más bien, por la fuerza de las circunstancias, a convivir con una pobreza perpetua, un abandono estatal histórico y la corrupción de sus funcionarios locales.  

“El trago de nosotros es el biche. Aquí se acostumbra tomar biche los fines de semana y ya en las fiestas de diciembre y de pronto en las (fiestas) de ‘San Pacho’ tomamos whisky. Pero cuando llegó la coca, eso se veía las cajas de whisky a todas horas y todo mundo tome whisky, por aquí, por allá, ¡oiga pues!”, cuenta Moreno*, otro poblador del Medio Baudó.

Pero sin duda el efecto más perverso que trajo la siembra de hoja de coca y su procesamiento para fines ilícitos fue el recrudecimiento de una guerra que hoy tiene como protagonistas a la guerrilla del Eln y a una banda criminal que la gente conoce como ‘Urabeños’, el gobierno nacional bautizó como ‘Clan Úsuga’, y que ellas se autonombran como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.

“Para mí, la fuente de toda esta violencia está en los cultivos ilícitos. Ahí vienen las disputas por los territorios, por el control de los dineros que esos negocios dejan. Eso es lo que creo”, reflexiona el padre Walter.

Violencia despiadada
Las apreciaciones del religioso no son para nada equivocadas. Según el Defensor del Pueblo Regional Chocó, Luis Enrique Abadía García, lo que hoy pasa en el Baudó chocoano obedece a la “disputa por el control de un corredor que es atractivo para los grupos armados ilegales, dadas las actividades económicas ilegales que allí se desarrollan”.

Y es que tanto ‘elenos’ como ‘gaitanistas’ o ‘urabeños’ hoy se pelean a sangre y fuego el control del territorio que por sus condiciones geográficas y su posición estratégica, encierra condiciones propicias para los intereses de la guerra y para el desarrollo de actividades ilegales.

Es precisamente en la cuenca del río Baudó donde se concentran la casi totalidad de cultivos de hoja de coca del departamento, actividad económica que va aparejada con otras no menos preocupantes como la extracción ilegal de madera y, en mucho menor medida, la minería ilegal.

Si bien no existen reportes que permitan cuantificar la magnitud de la extracción ilegal de madera, que de acuerdo con líderes de la zona es continua y deplorable, con lo que sí se cuenta son con las mediciones del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Undoc), que advierte incrementos constantes desde 2004, con reducciones ocasionales y poco significativos.

Así, mientras en el año 2009 se registraron 1.789 hectáreas sembradas con hoja de coca, para el año 2010 la cifra se ubicó en 3.158 hectáreas. Para el 2011 los sembradíos rebajaron a 2.511 hectáreas pero en 2012 volvieron a incrementarse a 3.429 ha. La más reciente medición del Simci muestra que para 2013 se detectaron 1.661 ha cultivadas con hoja de coca, las cuales se encuentras dispersas en los tres municipios que conforman la región: Alto, Medio y Bajo Baudó.

El dato sirve para desentrañar las razones de la cruenta guerra que azota al Baudó. Mientras la guerrilla del Eln ha consolidado su presencia en el Alto Baudó, zona en la que incursionó desde mediados de la década de los años ochenta, los ‘gaitanistas’ se han convertido en ‘Dios y Ley’ en las tierras del Bajo Baudó, coincidencialmente, los mismos territorios que estuvieron bajo la égida del Bloque Pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En aras de expandir su poder y convertirse en el actor hegemónico en toda la cadena del narcotráfico, la banda criminal ha venido incursionando en el Medio y Alto Baudó, lo que ha generado una reacción violenta del grupo guerrillero.

En el medio de este fuego cruzado han quedado por lo menos 60 mil negros, indígenas y mestizos que habitan toda la cuenca del río Baudó. Para todos ellos ya se han vuelto cotidianas vulneraciones a derechos humanos como los largos periodos de confinamiento, las férreas restricciones a la movilidad por el río Baudó, las amenazas constantes contra líderes afros e indígenas, asesinatos diarios y el éxodo forzado de pueblos enteros.

“En esa disputa fratricida por el control de estos negocios ilícitos vienen generando desolación, muerte y cualquier tipo de violación al Derecho Internacional Humanitario, en un territorio que no les pertenece”, dice el Defensor del Pueblo Regional Chocó, en clara alusión a la condición de territorio étnico, es decir, propiedad colectiva de afros e indígenas.

Efectivamente, los tres municipios de la cuenca del Baudó, así como los pueblos de Rio Quito y Cantón de San Pablo (Managrú), conforman el llamado Consejo Comunitario General del Río Baudó y sus Afluentes, que cuenta con un total de 174 mil 253 hectáreas, el 90 por ciento de ellas en el Alto y Medio Baudó, las cuales les fueron tituladas por el Incoder mediante Resolución 0125 de 2001.

Fumigaciones: el otro dolor de cabeza
Para quitarle combustible a la fuerte confrontación armada y, de paso, debilitar las finanzas de “los señores de la guerra”, la Policía Nacional inició, hace más de cuatro años, acciones de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato. Pero, todo indica que el veneno ha sido más efectivo matando lo que queda de pancoger que la mata de coca.

Según líderes afro del Medio y Bajo Baudó, consultados por VerdadAbierta.com, tanto guerrillas como bandas criminales han desarrollado sistemas para proteger los cultivos ilícitos del glifosato. “A mí me han contado que en el Alto Baudó, por ejemplo, después de que pasa la avioneta, la guerrilla pone a los campesinos a que le echen un abono a las matas que ellos manejan y eso como que las protege”, expresa Mena*, líder de las comunidades afro del Bajo Baudó.

“Entonces, no acaban con la coca, pero sí con el pancoger”, protesta a su vez Martínez, quien vive en una de las veredas ribereñas del Medio Baudó. A su juicio, el glifosato no solo está matando los cultivos de campesinos que no le jalaron a la hoja de coca y siembran plátano, yuca, maíz y arroz, sino que está afectando a los animales para el consumo doméstico (gallinas y cerdos) y contaminando las fuentes hídricas, que en un territorio como el Baudó constituyen vías de comunicación, acueducto y alcantarillado de los pueblos, y la principal fuente para la preparación de alimentos en los hogares.

“Inclusive hay gente que ha resultado con afectaciones en la piel. Y lo grave para nosotros es que si quema un sembrado con yuca o plátano, pues se afecta toda la comunidad. Eso recrudece la crisis alimentaria que vive la región”,dice Martínez, quien añade que “el gobierno nacional debería hacer consultas previas en nuestro territorio para realizar las fumigaciones aéreas, porque este es un territorio étnico-colectivo”.

Desafortunadamente, a las comunidades que han hecho resistencia les ha salido más caro el remedio que la enfermedad. Hace un año, la presión ejercida por comunidades afro e indígenas del Alto Baudó contra las fumigaciones aéreas logró que la Fuerza Pública decidiera adelantar en esa parte del Baudó el proceso de erradicación manual.

“Pero en algunas veredas donde entraron los erradicadores, como fue Las Delicias, Apartadó, Peña Azul, se registraron fuertes combates con la guerrilla. Es muy probable que vuelvan las fumigaciones aéreas”, cuenta Mena.

Lo preocupante, coinciden en señalar ambos líderes, es que los campesinos afectados no cuentan con instancias o dependencias donde puedan quejarse.

“Hay que ir a las alcaldías municipales y llenar unos formatos, y piden unos requisitos para poner las quejas que son prácticamente imposibles para estas comunidades”, dice Martínez, mientras que para Mena, la falta de protestas también obedece al miedo que reina en todo el Baudó. “La gente vive muy asustada. ‘Protestamos por las fumigaciones y de pronto toman represalias contra nosotros’, es lo que piensa la gente”.

“Pero el verdadero problema –continúa Mena- es que para el campesino de la cuenca del río Baudó no existen políticas agrarias, para que no se vea en la necesidad de sembrar hoja de coca. Y es que el gobierno ni siquiera se ha acercado a los campesinos a ofrecerles planes de sustitución. Para el gobierno nacional la única solución para los cultivos ilícitos es fumigar con glifosato y ya. Y entonces, ¿de qué va vivir el campesino de la cuenca del Baudó?”.

El riesgo que advierte este líder es que, como ha sucedido en otras regiones del país, el campesino termine haciendo el tránsito de cultivador de hoja de coca a minero informal, lo que, a su juicio, traería consecuencias nefastas para la región: “la minería ya está llegando al Bajo Baudó. Y con campesinos que no tienen a qué dedicarse, pues nada raro que se dediquen a la minería. Y entonces el día de mañana no serán las fumigaciones, sino la quema de ‘retros’. Y todo eso sería gravísimo, desde donde se mire”.  

Ni las comunidades, ni los organismos estatales, ni las organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañan a las comunidades del Baudó tienen claro cuántas hectáreas de pancoger han sido afectadas por el glifosato. Lo que sí es cierto es que, por cuenta de las aspersiones aéreas, se ha recrudecido la crisis alimentaria que desde hace por lo menos cinco años se vive en la región.

Peor aún, es que los mismos campesinos que todavía se dedican al cultivo de hoja de coca, hoy están pasando “las verdes y las maduras”. “Hace poco se me acercó un campesino y me dijo: ‘padre, imagínese, recogí como 750 arrobas, me pagaron por eso como un millón 200 mil. Pero entre insumos, combustible y raspachines se me fueron 700 mil. Eso ya no es negocio”, relata el padre Walter, quien desde el púlpito de su iglesia continúa pidiéndole a los hombres que cesen su violencia, al Estado para que, por fin, atienda las necesidades de las comunidades abandonadas del río Baudó y a Dios, para que le de fortaleza para continuar acompañando unos pueblos que parecen abandonados a su suerte.

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