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La Comisión de la Verdad (CEV) le encargó al Comité de Seguimiento y Monitoreo crear un sistema de seguimiento y monitoreo de las recomendaciones que realizó, hacer incidencia sobre ellas y realizar informes periódicos sobre su implementación.

El Comité, conformado por siete miembros de la sociedad civil, actualmente está presidido por Wilson Castañeda, reconocido activista de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, quien también dirige la organización Caribe Afirmativo. Los otros integrantes son Armando Custodio Wuoriyu, Dorys Ardila Muños, Esther María Galleo, Julia Eva Cogollo, Marco Alberto Romero y Olga Amparo Sánchez.

Este medio habló con Castañeda sobre varios temas relacionados con el Informe Final y sus recomendaciones, luego de que participara en un espacio de incidencia con diversos sectores de la sociedad civil, la semana pasada en la Universidad ICESI de Cali.

VerdadAbierta.com (VA): Van a cumplirse tres años de la entrega del Informe Final y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. La mayoría de ellas (54) fueron planteadas para realizarse en un corto plazo y 43 en el mediano plazo. ¿Cuál es el balance actual?

Wilson Castañeda (WC): Hay que decir cuatro cosas. La primera, es que nosotros como Comité vemos con preocupación que en el país hay ciertos actores que se han olvidado del informe de la Comisión de la Verdad. Cuando el presidente Petro lo recibe, cuando había sido recientemente electo, acuñó la famosa frase “a rajatabla”, que iba a cumplirlo a rajatabla.

Hubo un fervor muy significativo alrededor de la Comisión de la Verdad aquel 28 de junio de 2022, cuando se conoció el Informe Final. Con el correr del tiempo hemos visto, por un lado, que con esa frase del presidente, hay algunos sectores del Estado nacional y de algunos gobiernos territoriales que se han desentendido de la implementación de las recomendaciones. Y cuando se les pregunta dicen que Petro asumió que lo iba a cumplir, cuando no sólo es competencia del presidente.

En segundo lugar debemos decir que hemos visto cómo muchos sectores, sobre todo de la sociedad civil, aglutinados en una estrategia que se llama la Red Aliada, en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Nariño, y en agendas como las LGBTIQ+ y de mujeres, ha seguido vigilante durante estos tres años con las recomendaciones, insistiendo y poniéndolas en muchos lugares clave, a pesar de que ahora no hay recursos financieros ni motivación política para avanzar al respecto.

En tercer lugar, el Informe Final tuvo una dificultad metodológica y comunicacional: la Comisión de la Verdad  presentó el Informe Final y se fue. No existió un proceso de apropiación del Informe, con la desventaja de que tuvo una impresión limitada de mil ejemplares, que se ubicaron en bibliotecas públicas; tiene un sitio web maravilloso, pero en un país donde no hay universalidad de conexión a internet.

El Comité heredó en muchos lugares de la sociedad un desconocimiento del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Si bien nuestra competencia es hacer pedagogía sobre las recomendaciones y no sobre el Informe, esa ausencia de apropiación nos ha hecho ir hacia atrás.

VA: ¿Por qué la mayoría de la sociedad colombiana o del ciudadano común no conoce o no se apropió del Informe Final? 

WC: La Comisión de la Verdad tuvo un objetivo que no logró materializar: hacer de la verdad un bien público. Este informe no es el primero que tenemos en Colombia, pero tenemos un problema muy grave, y es que es un país que ha sido tan estudiado en materia de conflicto armado. Aquí hay un montón de personas que se apropian de la verdad. Y la verdad se volvió un asunto de “propiedad de”.

La Comisión de la Verdad desde el día uno quiso hacer eco de una frase, que era “la verdad como bien público”. De hecho, su trabajo territorial y poblacional era un ejercicio para que la sociedad se empoderara en materia de verdad. Creo que a la Comisión no le alcanzó el tiempo.

Con la desaparición de la Comisión de la Verdad, y ante la ausencia de recursos en Colombia que siga apoyando a la sociedad civil en sus esfuerzos por la verdad, esta sigue siendo tarea de un pequeño grupo de organizaciones sociales, casi todas basadas en Bogotá. Entonces volvimos al escenario de que la verdad es un asunto de unos pocos. 

Y ante ese escenario, cuando se entregó el Informe Final, para mí el hallazgo más significativo es que una de las causas de una violencia tan larga, es que este país es muy indiferente ante ella. Y esa indiferencia fue caldo de cultivo para la complicidad social.

Si bien este informe fue altamente participativo, tuvo un fervor que empezó a reducirse. Y ese legado de la Comisión de la Verdad, hoy es un legado que tiene una apropiación muy limitada en sectores pequeños y eso está haciendo un proceso de involución. Parece que la verdad le pertenece a ciertos sectores sociales y el resto de colombianos y colombianas es muy indiferente a conocer lo que dice el informe, a apropiarse de él y hacerlo una hoja de ruta para que la violencia no se repita.

VA: ¿Comparte la posición de quienes señalan que el Informe Final se quedó en el círculo de abogados, académicos del conflicto armado y defensores de derechos humanos?

WC: La comparto y le agrego dos cosas: se quedó en el centro del país; y se lo apropió un sector político para hacer politiquería, y no es una directriz en el país. ¿Por qué lo digo? Creo que hay ciertos sectores de la sociedad colombiana que hablan del olvido del Informe Final de la Comisión de la Verdad. 

Hay un problema que tenemos que resolver, y es que la verdad en Colombia está capturada. Y está capturada por cuartos sectores: un sector muy centralista y un sector político que las ha usado (recomendaciones de la CEV) para un bienestar partidista. Entonces, esta captura de de las recomendaciones ha hecho mucho daño, porque de un lado ha limitado esa vocación de ser un bien público que tiene las recomendaciones, pero de otro lado, ha hecho que mucha gente se desentienda porque siente que eso le compete a otros.

VA: ¿Cuál es ese sector que está haciendo politiquería con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad?

WC: Creo que no hay un partido político per se, pero pongo un ejemplo con el Congreso de la República. La bancada del gobierno en el primer año legislativo presentó 76 proyectos de ley relacionados con las recomendaciones. El segundo año presentó cinco y el tercero presentó tres. 

Entonces, yo diría que muchos sectores cercanos a la agenda de los derechos humanos, que están representados en la bancada del gobierno, que no son solamente Pacto Histórico, sino que son simpatizantes, asumieron las recomendaciones en el primer año legislativo y avanzaron en proyectos de ley como el Ministerio de la Igualdad, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y el Estatuto del Campesinado, que eso está muy bien, pero no lo convirtieron en una hoja de ruta política, sino en una oportunidad política de posicionamiento de bancada.

El mayor ejemplo lo tenemos con que no logramos que el Congreso de la República discuta una ley de sometimiento para las bandas criminales que están negociando (bajo la política de)  Paz Total. Eso tiene que ver con una recomendación de la Comisión de la Verdad, y hoy no hay dolientes para eso porque no es taquillero para su proyecto político.

Entonces, por eso digo que un sector político, que si bien no es el partido de gobierno, al principio acogió las recomendaciones, pero les sirvió más como una plataforma para posicionar ciertos temas pero no un compromiso con la verdad.

VA: A nivel general, ¿cuáles son las recomendaciones en las que más se ha avanzado en materia de cumplimiento?

WC: Para nosotros hay dos avances muy significativos. El primero tiene que ver con procesos educativos, hemos encontrado en el Ministerio de Cultura y en el Ministerio de Educación, una apuesta muy significativa con las recomendaciones. Estrategias como La Escuela Abraza la Verdad y proyectos descentralizados del Ministerio de Cultura para construir memoria para la paz, son dos ejemplos muy significativos que están presentes en los territorios con presupuesto y que están generando transformación.

Hay unas terceras prácticas que avanzan, pero que todavía son muy nominales. Por ejemplo, el cambio de doctrina del Ministerio de Defensa, durante la administración de Iván Velásquez, pero no logra materializarse en las acciones de los militares y la Policía. El Ministerio de Justicia con Néstor Osuna avanzó mucho en acercar la justicia ordinaria con la justicia transicional y la justicia indígena, pero todavía falta aterrizar más eso en la aplicación de justicia.

Hay una alerta para nosotros muy clave, que es el Ministerio de la Igualdad. En nuestro primer informe ese ministerio fue un gran avance porque era una recomendación explícita de la Comisión de la Verdad: que tuviéramos una institucionalidad para los grupos históricamente discriminados y excluidos. Pero el no avance de acciones del Ministerio de la  Igualdad y su cierre inminente por orden de la Corte Constitucional, nos preocupa porque es de una recomendación que avanzaba y ahora está en retroceso.

VA: ¿Cuáles son las más rezagadas y por qué?

WC: En tres escenarios. El primero es la política de drogas, que si bien hay una voluntad manifiesta del gobierno, que desde el día uno se la ha jugado en escenarios nacionales e internacionales con voces tan autorizadas como Laura Gil, no encontramos sinergias porque es un tema que se le escapa al Estado colombiano.

Segundo, no estamos viendo avances con los colombianos y colombianas en el exterior. Hay una urgencia de reconocer el exilio como una violación a los derechos humanos. En eso no ha avanzado el Congreso de la República y la Comisión de la Verdad tiene una recomendación explícita y es que el gobierno nacional reconozca en el exterior su responsabilidad frente a las graves violaciones de derechos humanos. Hemos tenido dos casos de reconocimiento: uno en Bruselas (Bélgica) y otro en Rumichaca, en la frontera con Ecuador.

Y tercero, en lo territorial, aunque hay algo de compromiso. Por ejemplo, encontramos algunos Planes de Desarrollo Territorial que se hicieron el año pasado comprometidos con las recomendaciones, pero otros no, en territorios altamente afectados por el conflicto armado, como Sucre, Córdoba y Antioquia. Además, hemos encontrado que las acciones del gobierno nacional, en oficinas como la del Alto Comisionado para la Paz, no están conectando con acciones de gobiernos departamentales y locales, y eso finalmente está generando detrimento en el avance de paz territorial.

VA: Nuevamente, en 2024, Colombia ocupó el primer lugar como el país con más personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el mundo, según publicó hace un par de semanas Front Line Defenders. Esto es un claro indicador de que varias recomendaciones siguen sin cumplirse. ¿Qué se debe hacer para ponerle freno a esa violencia?

WC: Hay una frase que construyó la ciudadanía: “La paz nos está costando la vida”. Y tiene que ver con que el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz, nos ha generado un ambiente de que a mayor compromiso con la paz, mayor riesgo.

Eso está haciendo que algunos sectores más radicales estén llamando a ponerle fin a la implementación del Acuerdo y estén llamando a rearmar al Estado. Pero del otro lado también estamos sintiendo mucho cansancio de las víctimas. 

La Jurisdicción para la Paz está muy lenta, la gente está perdiendo confianza. Uno entiende que los sistemas judiciales son largos, pero estamos hablando de un proceso transicional. Y las víctimas no están viendo verdad, justicia, reparación ni garantías de no repetición. 

Hay un escenario de incumplimientos que está generando un ambiente de desestimulación y cuando a ese escenario llega la violencia, generada por los mismos actores del conflicto armado o por nuevos actores que se han fortalecido por la ausencia del Estado, es lo que genera tres preguntas en el Comité.

Primero: ¿Cómo logramos que el Estado aplique decisiones estructurales? Aquí necesitamos cambios que si no se hacen rápidamente, como lo estamos viendo ahora: lo logrado con grupos que firman la paz, es copado por nuevos grupos. 

En segundo lugar, ¿cómo el Estado está desplegando garantías de protección a la vida? Este es un gobierno que asumió su Plan de Desarrollo, asumiéndolo como una potencia para la vida, pero no se está siendo consecuente porque la vida de quien está comprometido por la paz está en riesgo. Entonces tenemos que volver a poner la vida en el centro.

Finalmente, creemos que este asunto del aumento de violencia da cuenta del mayor indicador que dice que un proceso no avanza bien: la crisis humanitaria. En Colombia hemos tenido siempre una crisis humanitaria, pero hemos tenido un incremento en los últimos años que coincide con la firma del Acuerdo de Paz. Lo que está sucediendo en el Sur de Bolívar, en Chocó o en el Catatumbo es una violencia que se desata y que al desatarse descubre una crisis humanitaria estructural, que finalmente es la que está poniendo en jaque el bienestar de estas personas.

Toca volver a un asunto de exigencia vital, que es la vida en el centro de esta discusión. Pero mientras logramos caminar hacia eso en un país que ha estado marcado por la violencia, el Estado tiene que asegurar muchas estrategias de protección de vida para que la paz no nos cueste lo que nos está costando. 

VA: El Comité está preparando su cuarto informe para presentarlo el próximo mes. ¿Nos puede dar un adelanto de sus hallazgos principales? ¿En qué se centra?

WC: El cuarto informe básicamente vuelve al segundo informe. El primer informe se centró en cómo quedaron las recomendaciones en el Plan de Desarrollo en el Congreso. El segundo informe evalúa las nueve áreas en las que están agrupadas las recomendaciones y analiza su crecimiento. El tercer informe hace un análisis de la Paz Total en perspectiva de la paz grande.

El cuarto informe vuelve al segundo y lo que dice es: “eso que encontramos hace dos años, que estaba empezando a hacerse en cada una de las nueve áreas de las recomendaciones, qué siguió avanzando, qué se estancó, que echó para atrás y qué definitivamente no arrancó”. Es una especie de semáforo.

Podría decir que el informe básicamente trae cuatro grandes titulares. El primero es que el país entró en rezago en la atención integral de las víctimas del conflicto armado; que la renovación de la Ley 1448 que se hizo el año pasado en el Congreso no está a la altura de la reparación integral, aunque se avanzó en varios temas.

Un segundo titular tiene que ver con los grupos de especial protección. El informe de la Comisión de la Verdad tiene enfoque étnico, como es el mandato del Acuerdo de Paz, igual con enfoque de género. Sin embargo, el cuarto informe dará cuenta que las mujeres, las personas LGBTIQ+, los afrocolombianos y los pueblos indígenas siguen estando en condiciones de vulnerabilidad, de precarización y siguen siendo las mayores víctimas de violencia. Sobre todo, nos preocupa mucho el aumento de feminicidios, el aumento de violencias contra personas LGBTIQ+ y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

Un último titular tiene que ver con la democracia. Hay unas recomendaciones  que tienen que ver con profundizar la democracia, pero el Comité ve con preocupación cómo hay una captura de la democracia; hay un debilitamiento de los partidos políticos; el Congreso de la República ha tenido déficit en materia de legislar en temas estructurales para conseguir la paz; seguimos teniendo prácticas de corrupción que minan la política y muchas dificultades para participación.

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Las mujeres de las comunidades del Bajo Atrato no sólo enfrentaron desplazamientos y asesinatos durante el conflicto armado: una de las pérdidas más profundas fue la de sus saberes ancestrales. Estas mujeres conocían cómo curar picaduras de serpiente o aliviar la fiebre con plantas nativas de la región, un conocimiento vital en medio del abandono estatal.

Sin embargo, entre el fuego cruzado, el miedo y el éxodo forzado, muchos de estos saberes se desvanecieron, arrasados por la violencia y la estigmatización que recayó sobre quienes los practicaban, especialmente las parteras y curanderas.

“Creo que el impacto más grande que sufrimos con el conflicto armado fue la pérdida de los saberes ancestrales de nuestra cultura territorial”, dijo una lideresa de la región que pidió, por razones de seguridad, mantener su anonimato, ya que diferentes actores armados siguen presentes en el territorio.

“Hoy, cuando alguien se enferma en el campo, son muy pocos los que conservan ese conocimiento, porque la mayoría de los adultos mayores están ahora en el casco urbano del municipio de Riosucio (Chocó) y no regresan a las zonas rurales. Aún quedan secuelas de la violencia. Todavía hay miedo, y por eso se ha perdido mucho de nuestra cultura ancestral”, dijo en una reciente audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La voz de las comunidades en la JEP

Durante la audiencia realizada el 26 de marzo en Apartadó, las comunidades de los Consejos Comunitarios de La Larga Tumaradó (Cocolatu) y de la cuenca del río Salaquí (Cocomacusal), en el Bajo Atrato, presentaron ante la JEP —en el marco del Caso 004, que aborda la situación territorial en la región de Urabá— una serie de propuestas encaminadas a avanzar en los procesos de reparación colectiva.

Con el acompañamiento jurídico y el respaldo del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) , las comunidades formularon iniciativas que abordan temas como la recuperación ambiental y ecológica, la restitución de tierras, el esclarecimiento de la verdad y, en particular, la reivindicación del rol cohesionador de las sabedoras ancestrales dentro de las comunidades, sobre quienes recayeron, de manera selectiva, diversas formas de violencia, según el Cinep.

El objetivo es que los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc puedan resarcir el daño causado durante años de conflicto en los territorios comunitarios, mediante labores sociales, obras y trabajos que beneficien a las poblaciones afectadas y contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

Reparaciones con enfoque de género

Uno de los aspectos más significativos e innovadores de las propuestas presentadas por las comunidades ante la magistrada de la JEP, Nadiezhda Henríquez, fue la inclusión de los daños diferenciales sufridos por las mujeres, en especial las parteras y sabedoras ancestrales de la región.

“Hubo mucha muerte en ese entonces porque todas las mujeres que tenían conocimiento sobre partería eran catalogadas como brujas (por los actores armados ilegales). Afortunadamente, aún tenemos unas cuantas en el territorio y la idea es recuperar esos saberes e informar a los jóvenes sobre cómo actuar frente a un parto”, señaló una  lideresa social.

En esa misma línea, la propuesta restaurativa presentada por las comunidades busca promover un diálogo transversal entre las instituciones del Estado, las mujeres excombatientes de las Farc y las poblaciones afectadas por el conflicto armado. El objetivo es visibilizar las múltiples formas de violencia que enfrentaron las mujeres en los territorios, con especial énfasis en las parteras ancestrales.

A partir de este reconocimiento, se pretende generar insumos para desarrollar talleres que permitan rescatar y fortalecer los saberes tradicionales de la medicina afrodescendiente e indígena, integrando a las nuevas generaciones en estos procesos de memoria y sanación colectiva.

Además, enfatizó la lideresa en que “una persona que conocía la medicina ancestral, la partería, etc., en la comunidad era una médica. Ella es la que daba los primeros auxilios a un paciente en los territorios colectivos, ya que son comunidades bastante dispersas de los centros poblados, donde están los hospitales y las clínicas”. Por ello, la pérdida de las sabedoras ancestrales —encargadas de preservar y transmitir las tradiciones, así como la identidad de los pueblos afrocolombianos en su diáspora— representó uno de los impactos más significativos que dejó el conflicto en estas comunidades.

Las comunidades insisten en la necesidad de transmitir los saberes ancestrales relacionados con la partería a las nuevas generaciones, no sólo como una forma de preservar su identidad cultural, sino también como una respuesta concreta a las consecuencias del conflicto. Según expresaron, durante los años de violencia muchas mujeres dejaron de ejercer esta práctica por miedo a ser señaladas o agredidas, lo que derivó en una pérdida profunda de sus conocimientos tradicionales.

Rehabilitación de las cuencas hídricas

Otra afectación en el territorio ha sido en los ríos de la región.

“Algunos fueron incluso obstruidos deliberadamente como estrategia para impedir el paso del enemigo por las vías fluviales”, señaló otro líder de los consejos comunitarios. “Por eso, una de nuestras propuestas es impulsar su limpieza y restauración, para que vuelvan a ser navegables.

El plan de restauración ecológica propuesto por las comunidades también contempla el impulso de proyectos productivos, como la construcción de viveros con especies nativas y la realización de jornadas de reforestación. El objetivo es recuperar los ecosistemas degradados por la tala indiscriminada durante el conflicto armado. A su vez, estas acciones contribuirían a la recuperación de la fauna local, también afectada por la violencia y el deterioro ambiental.

Las vías carreteables y los caminos también hacen parte de la propuesta de restauración presentada por las comunidades, quienes señalaron cómo estas infraestructuras se vieron gravemente afectadas por el conflicto armado. Esta situación promovió dinámicas de confinamiento en el territorio, al limitar la movilidad y el acceso entre las veredas y centros poblados.

Restitución de tierras

Frente al tema de la restitución de tierras, los representantes comunitarios manifestaron su preocupación por la dilación del proceso. “El proceso se ha dilatado, y eso nos preocupa,” dijo el líder.

Los representantes comunitarios señalaron que el juez anterior ya había estudiado el expediente y se encontraban a la espera del fallo, pero ahora, con la asignación a una nueva jueza, temen que todo deba comenzar desde cero.

A esto se suma el llamado de las comunidades para que se garanticen condiciones seguras y dignas de retorno para la población que fue desplazada por el conflicto armado, con énfasis en la protección de su integridad física y la seguridad alimentaria.

“No ha habido responsabilidad por parte del Estado para garantizar un retorno digno, que permita a las personas regresar con seguridad y acceder a proyectos productivos que les ayuden a retomar las prácticas de siembra y producción en el territorio”, añadió la lideresa.

La respuesta de la JEP

La magistrada de la JEP destacó la notable capacidad propositiva de las comunidades, así como su disposición para fortalecer sus conocimientos en la formulación de proyectos. Estas iniciativas, subrayó, se convierten en insumos fundamentales para el trabajo de la jurisdicción al momento de emitir decisiones o avanzar en las rutas de reparación.

De igual manera, Henríquez resaltó la complejidad del contexto en el que las comunidades del Bajo Atrato impulsan sus propuestas de reparación colectiva. Subrayó que el control territorial ejercido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocida como el Clan del Golfo impone desafíos significativos, ya que “la forma como se da el control en la cotidianidad por parte (de las AGC) afecta silenciosamente la vida comunitaria, la cultura, etc.”, dijo.

La magistrada reafirmó  el compromiso de la JEP con las mujeres del Atrato que fueron afectadas por la violencia, con el propósito de que sus tradiciones puedan volver a florecer.

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En el primer logro concreto de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, los miembros del Frente Comuneros del Sur, grupo disidente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se comprometieron el 5 de abril a dejar las armas en los próximos tres meses. Pero las dudas sobre el futuro jurídico del comandante de ese grupo pone en entredicho el avance.

Con la presencia del presidente Petro en un acto celebrado en Pasto, se realizó la destrucción de más de 500 explosivos y se firmaron dos acuerdos: uno para la sustitución de cultivos ilícitos en 5.000 hectáreas y la reincorporación de sus 100 integrantes. Además, se espera que durante los próximos tres meses se realicen más actos de este tipo.

Sin embargo, el 15 de abril de 2024, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’, comandante de los Comuneros del Sur. Las autoridades judiciales de Texas, quienes requirieron a Yepes, afirmaron que era responsable de organizar los envíos de cocaína desde Colombia hacia puntos estratégicos en Centroamérica y México. Queda en manos de Petro si hace efectiva la extradición, lo que podría entorpecer ese logro.

La política de paz del Gobierno ha dejado muchas dudas. En especial porque el proceso con el ELN está suspendido y la violencia en regiones como el Catatumbo y el sur de Bolívar ha dejado miles de víctimas. No es un hecho aislado, en Cauca y Arauca, la situación de orden público también es compleja.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, en un informe publicado el 7 de abril y que abarca el período del 27 de diciembre de 2024 al 26 de marzo de 2025, se detalla que los avances hasta ese momento en los nuevos procesos de diálogo con los grupos armados organizados en Colombia no eran “tangibles”, ni tampoco “sostenibles”.

Por otra parte, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) recoge que el país tiene por lo menos 14 focos de violencia en donde los grupos armados se disputan el territorio. “Aunque los diálogos de paz con los grupos armados han ayudado a reducir la violencia en algunas regiones, se ha intensificado en otras, lo que resalta la necesidad urgente de implementar estrategias integrales de protección”, dice el informe Menos muertos, más afectados: evolución de la violencia contra civiles en Colombia.

En esos intentos de concretar más avances, el pasado 17 de abril el presidente Petro suspendió las operaciones militares ofensivas y es especiales de la Policía Nacional los bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, que conforman el Estado Mayor de Bloques (EMB), escindido del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc. Dicha decisión fue cuestionada porque fue un gesto unilateral del gobierno nacional y porque justo ese mismo día, otros grupos disidentes de las extintas Farc cometieron atentados con explosivos en Huila y Cauca.

Por otro lado, este 21 de abril, el ELN le comunicó al gobierno nacional su voluntad de persistir en los esfuerzos por buscar la paz. “Les proponemos mantener y fortalecer el ejercicio de participación democrática como sociedad, a seguir dinamizando iniciativas que nutran  la propuesta de Acuerdo Nacional por las transformaciones, que nos permita salir del camino de la guerra perpetua”, asegura la guerrilla.

Gustavo Petro entregará el poder el 7 de agosto de 2026, por lo que se va quedando sin tiempo para mostrar más resultados en una de sus apuestas: lograr la paz en el país.

¿Qué ha pasado con las disidencias de las Farc?

El centro de estudios InSight Crime detalla que las disidencias de las Farc se fragmentaron ante la política de la Paz Total, por lo que el gobierno nacional sólo ha podido mantener diálogos con el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), una facción que surgió del Estado Mayor Central (EMC), y con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la cual se separó de la mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia.

Camilo González Posso, jefe negociador del gobierno en los diálogos de paz con el EMBF, explica que actualmente se está avanzando en el punto de transformación territorial, enfocado en la adjudicación de tierras, la formalización de reservas campesinas y en los proyectos productivos.

“Hemos logrado entrar a los territorios por medio de un diálogo muy directo con los líderes y con las organizaciones sociales. Hemos hablado con más de 20.000 líderes en todo este proceso de propuestas territoriales”, dice. González Posso asegura que el cese al fuego ha servido para disminuir violencia contra la población y ha ofrecido un ambiente favorable a la participación de las bases sociales y a la construcción de iniciativas de bienestar y desarrollo.

VerdadAbierta.com conoció que en la mesa con el Estado Mayor de los Bloques se están priorizando las zonas de Yarí, Caquetá; el Sur de Meta y San José de Guaviare; el corredor entre el Nudo de Paramillo y la Serranía de San Lucas; y Tibú – Catatumbo. En estas zonas se están planeando 19 proyectos e inversión social.

Con respecto al Catatumbo, en donde estalló una guerra entre el ELN y el EMBF, González Posso aseguró que actualmente “las cosas se están regularizando porque todavía el tema del desplazamiento, las confrontaciones es importante. Está muy desarticulado todo, pero estamos tratando de ver cómo retomamos”.

Por otro lado, en la mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (conformada por Comandos de la Frontera en Putumayo y por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico en Nariño), se lograron avances en el cuarto ciclo de la negociación que terminó el 10 de abril en La Hormiga, Putumayo. El principal de ellos es un acuerdo para la sustitución de cultivos de uso ilícito de 30.000 hectáreas de hoja de coca (15.000 en Putumayo y 15.000 en Nariño).

“Esos proyectos pilotos deben estar liderados por el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito”, dice Armando Novoa, jefe de la delegación del gobierno en la mesa de diálogos con este grupo. “Ya se han avanzado algunas reuniones preliminares con representantes de las comunidades”.

En febrero de 2025, la mesa pasó por un momento de incertidumbre luego de que Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, uno de los máximos jefes de la organización, fuera capturado en un evento de la negociación. Para Kyle Johnson, cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses (CORE), el tema del sometimiento a la justicia es un factor clave en las negociaciones.

“El tema jurídico es como un elefante en la sala. Y es difícil ver en este momento cómo se va a resolver. En parte porque se negocia con las personas que más necesitan del marco jurídico. Súmale a eso la posible extradición de ‘Araña’ que, dependiendo lo que pasa ahí, puede ser un golpe para los intentos de paz porque si el gobierno no es capaz de proteger jurídicamente a la gente que se sienta en la mesa, nadie va a querer sentarse en la mesa. Así es sencillo”, asegura el investigador.

Según Novoa, los próximos pasos en la mesa de diálogo estarán guiados por las tres subcomisiones que están trabajando en acuerdos parciales alrededor del  tema de justicia, seguridad en los territorios y transformaciones territoriales. “Esas subcomisiones tienen que seguir trabajando porque deben presentar unos resultados concretos que serían un acuerdo programático definitivo para la ronda que vamos a hacer en el mes de mayo”, afirma.

El difícil camino con las AGC

En febrero de 2025, el gobierno nacional anunció el inicio de la fase privada de la mesa de diálogo con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocido como el  Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia. Sin embargo, el poderoso grupo armado  cuestionó la voluntad y la coherencia del gobierno nacional y del Ejército, y aseguraron que no existen las condiciones mínimas para  una mesa de diálogo formal.

Según la FIP, las AGC son el grupo armado más grande de Colombia con seis bloques, 36 frentes y 7.551 integrantes que operan en 15 departamentos y 278 municipios.

Y se sigue expandiendo. “Ha ajustado su estrategia, intensificado el reclutamiento, fortalecido su control social e incorporado exmiembros de las (Farc), el ELN y militares retirados como instructores, comandantes e integrantes de fuerzas de choque, aprovechando su experiencia criminal. Además, ha reforzado su red de corrupción dentro de la Fuerza Pública para evitar operativos, comprar información y detectar informantes”, según la publicación La negociación con el Clan del Golfo entre el garrote y zanahoria del centro de pensamiento.

En marzo de 2024, el gobierno nacional retomó los bomabrdeos contra las AGC luego de que este grupo emboscó al Ejército en zona rural del municipio de Segovia, Antioquia, que dejó cuatro militares muertos.

Según Elizabeth Dickinson, analista senior de International Crisis Group, “la dificultad más importante de la política de Paz Total, ha sido encontrar un modelo de desescalamiento del conflicto que es cada vez más fragmentado, más enfocado en lo económico. Además, de encontrar un modelo que tenga también al mismo tiempo presión militar para asegurar que los grupos lleguen a la mesa de buena fé”.

La paz urbana: Quibdó, Buenaventura y Medellín

En Buenaventura, los diálogos del gobierno entre los Shottas y los Espartanos no están suspendidos, pero tampoco pasan por su mejor momento. Después de la ruptura de la tregua en febrero de 2025, la violencia aumentó y en lo que va del año se han registrado más de 50 asesinatos atribuibles a la disputa por control entre los dos grupos. Para hacerle frente a esto, hace dos meses los Shottas le propusieron al gobierno nacional un cese al fuego unilateral.

Para Dickinson, la violencia es lo que más afecta las negociaciones. “Por un lado socava la legitimidad de los procesos frente a la población civil que está más afectada por el conflicto. Y por otro lado, los enfrentamientos entre grupos armados han distraído un poco el foco de la mesa”.

Reconociendo que ha habido algunos resultados positivos del proceso, la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, invitó al gobierno nacional a un Consejo de Seguridad Regional ampliado en Buenaventura para dialogar sobre la continuidad del plan piloto de paz en esa ciudad y con el despliegue de la fuerza pública en todos los barrios y comunas.

Por otro lado, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) suspendieron los diálogos con el gobierno en abril de 2025, tras un operativo militar en su contra.

Mientras que en Medellín, las estructuras criminales del Valle de Aburrá se comprometieron a extender por tres meses más el compromiso de dejar de extorsionar en 45 barrios. Este gesto de voluntad de paz arrancó el 19 de diciembre y el pasado 21 de marzo anunciaron la ampliación hasta el 21 de junio. (Leer más en: ¿Verdad sin delación? El dilema del proceso de Paz Total urbana en Medellín)

Para Johnson, uno de los principales retos y conflictos de la política de Paz Total actualmente es el poco tiempo que le queda al gobierno de Gustavo Petro y la necesidad de que los procesos actuales tengan la firmeza para que el próximo gobierno los continúe.

“En el mejor de los casos es buscar la continuidad de los procesos en el siguiente gobierno porque probablemente no vas a lograr un acuerdo final con todos”, dice. “En todos estos meses algo clave es tener un plan para decirle al gobierno entrante, asumiendo que es de oposición, que hay un plan rescatable y hay un camino. Porque si llegas con algo sin definir, es mucho más fácil que lo boten a la basura”.

El investigador añade que es importante buscar y asegurar socios locales con peso político que puedan defender las metas y lo logrado en las diferentes mesas de negociaciones en su conjunto. “Yo no creo que suficiente gente de Bogotá vaya a defender la Paz Total frente a un próximo gobierno, pero los gobernadores, alcaldes, sociedad civil, local y regional, sí pueden ser socios importantes para que las mesas sigan”, concluye Johnson.

A pesar de que la Paz Total dio sus primeros frutos con el Frente Comuneros del Sur en Nariño, el panorama no parece alentador con las bandas criminales, ni con las AGC. Con las disidencias, podría llegarse a algunos acuerdos, pero el gobierno se jugará sus últimas cartas en los próximos meses, con unas agitadas elecciones en el camino.

* Foto de portada: David Sañudo Pazos – Gobierno de Colombia

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Por Daniela Acosta Célis

En la sala de su casa, Luz Herminda Velandia, mejor conocida como Jorleni, se toma un tinto mientras recuerda con algo de nostalgia cuando estaba en las filas de las Farc. No porque extrañe las armas, sino que allá en el monte, dice, sentía que recibía más respeto como mujer que ahora en la vida civil.

Revuelve el café mientras su hijo David, de tres años, corre a lado y lado en la casa que tiene dentro del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Georgina Ortiz, en el ​departamento de ​Meta. Reflexiona sobre las dificultades que ha sorteado por ser mujer y excombatiente, y afirma que en la vida guerrillera no se sentía discriminada, ni era constantemente insultada, a diferencia de la actualidad. “Es algo mucho distinto a la vida militar, al menos allá teníamos una igualdad y se respetaban al menos los derechos de las mujeres, hoy en día en la vida normal no”.

Un total de 3.750 mujeres estaban en proceso de reincorporación en ​ ​2023, representando alrededor del 29 por ciento de las personas que firmaron los acuerdos, según un informe de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz.

Jorleni, quien se reincorporó a la vida civil luego de​l​ Acuerdo de Paz del 2016 entre las Farc y el ​Estado colombiano, en cabeza del ​gobierno​ de Juan Manuel Santos​, sigue siendo líder entre sus camaradas, pero ella ha experimentado en su propio cuerpo cómo esos espacios ganados en la mata se están perdiendo.

No todas las mujeres en la guerrilla gozaban del respeto que tenía Jorleni. Muchas eran sujetas a violencias de género que iban desde la baja participación política, hasta violaciones sexuales y abortos forzados.

La Comisión de La Verdad realizó un informe especial en el que reúne relatos de mujeres hablando de su experiencia con la anticoncepción forzada y los abusos sexuales a los que fueron sometidas. Actualmente, la JEP está investigando el Caso 11, sobre violencia sexual y reproductiva, y otras violencias basadas en género o identidad sexual. Y aunque la Comisión de la Verdad estima que el número de las víctimas de violencia de género durante el conflicto alcanza a más de 30,000 personas, al 3 de ​​marzo del 2025, menos de 130 personas se han acreditado para participar en la investigación de la JEP del caso sobre violencia de género en el marco del conflicto.

En una entrevista hacia finales del 2024, el exjefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño, reconoció que las violaciones sexuales se daban al interior de la extinta guerrilla, pero aseguró que “eso no era política de la organización” y que “se castigaban muy fuertemente”.

​​Pero para Según Jorleni y otras mujeres en proceso de reincorporación, el entorno de la guerrilla brindaba una sensación de respeto y equidad de género que las exguerrilleras cada vez encuentran menos en la vida civil. ​​​

​​​Las mujeres con mando durante el conflicto armado ocupaban posiciones de autoridad dentro de las Farc, participaban en operaciones militares, en la planificación estratégica y los procesos de toma de decisiones. La organización, por su estructura jerárquica y militar, promovía una igualdad relativa, donde hombres y mujeres eran juzgados y respetados por sus capacidades y porque existía un reglamento que tipificaba las faltas y los castigos para esas faltas.

La transición a la vida civil trajo algunos cambios muy difíciles para Jorleni. Poco después de instalarse en el ETCR, su excompañero sentimental empezó a violentarla física y verbalmente. “Eso sí fue un cambio muy, muy extremo, o sea, yo cuando estaba en la vida militar tenía un compañero que era amoroso, comprensible, compañerista, amable. Salimos a la vida normal y él ya se sintió como con esa libertad de hacer lo que él quería, de irse donde quería, llegar a la hora que quería, tomar, se volvió agresivo, grosero, de todo” dice.

Recuerda que la última vez que él la agredió fue un fin de año que iban a pasar juntos. El 31 en la mañana todo andaba bien, en la tarde llegó borracho, la insultó y la golpeó, Jorleni quedó sola en su casa y recuerda que se dijo “no puede ser más que yo conviva con una persona que me trate tan mal.”

“Yo tomo conciencia porque digo, estoy liderando un grupo de mujeres donde estamos combatiendo eso, acabar con el machismo, acabar con la violencia, pero pues si yo no lo pongo en práctica, que lo estoy viviendo en mi casa, de nada me sirve decirle a un grupo de mujeres: empodérese”, dice Jorleni, que ahora vive con una nueva pareja Yamith y su hijo David.

Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la reincorporación a la vida civil de los exguerrilleros refleja lo que vivió Jorleni y otras mujeres, explicando que, para las mujeres excombatientes, las dinámicas colectivas al interior de las Farc ya reflejaban una ruptura con los roles tradicionales de género. Esto incluía “una formación y socialización en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para hombres y mujeres”.

Y anota el estudio que “la reincorporación a la vida civil sin el apoyo adecuado del Estado puede conducir a la creación o fortalecimiento de condiciones adversas para las mujeres en proceso de reincorporación y retrocesos en la equidad de género, como dependencia económica, violencia basada en género, bajos niveles de participación política, entre otros”.

Según Manuela Marín, delegada del Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), el proceso de reincorporación ha traído a las mujeres barreras adicionales a las que ya tienen que enfrentarse debido a la estigmatización de las personas exguerrilleras. “Aterrizamos en una reincorporación con una legislación que, si bien ha avanzado en estos últimos años, todavía carece de elementos que sobre todo prevengan y atiendan de manera inmediata a las alertas por violencias,” dice. “Entonces, ha sido muy difícil para nosotras abordar eso, sumado a que al final los hombres vuelven a la comodidad del patriarcado en el que tienen algunos privilegios. Nosotras enfrentamos las propias barreras que enfrentan todas las mujeres en Colombia”.

Jorleni, como muchas de sus compañeras, ha tenido que enfrentarse a la crudeza de un sistema patriarcal que constantemente pone en peligro la vida de las mujeres, mientras continúa trabajando por su comunidad y luchando contra la estigmatización en los territorios en los que comenzó su proceso de reincorporación. Frente a este panorama y ante la falta de pedagogía sobre el enfoque de género en la paz, la comunidad de su ETCR decidió desarrollar estrategias de autoprotección.

El ETCR donde vive Jorleni no cuenta con un protocolo como tal, pero sí existen unos mecanismos que ellos mismos crearon. Ella explica que la ruta comienza con el ​ ​​C​omité de ​C​onciliación y de ​G​énero, en dónde se les indica qué alertas se pueden activar en caso de ser violentada o violentado por su pareja. Si el caso es muy grave se pasa al ​C​omité de ​D​erechos ​H​umanos y si no hay forma de resolver, se ofrece la posibilidad de ir a la comisaría.

No obstante, para Claudia Durán, coordinadora de proyectos de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal Colombia), a pesar de los avances que han tenido las rutas de prevención y atención de violencias basadas en género, creadas por las comunidades desmovilizadas, por el gobierno o por la cooperación internacional, “las rutas de atención no están siendo tan efectivas”.

“Esta comunidad insiste en resolver las situaciones de violencias al interior de los espacios territoriales, a través de los comités de convivencia y en estos espacios, las situaciones de violencia se normalizan y siguen siendo del entorno privado como ‘situaciones de parejas que ellos tienen que aprender a resolver’”, dice Durán. Este tipo de procesos dificulta el registro de una cifra unificada sobre las violencias que sufren las mujeres firmantes.

​​​La posibilidad de transitar del comité de convivencia y la mala conducta, a la denuncia y la tipificación del delito, se ve aún más reducida cuando los funcionarios en prevención de violencias de género y atención a población firmante no tienen ese enfoque diferencial y terminan haciendo acción con daño, señala Durán.

Así también lo expresa Marín, de​ ​l​a​ CSIVI, cuando reflexiona sobre el apoyo estatal que han recibido. “Lo que hemos tenido hasta ahora en estos ocho años ha sido acción con daño, ejercicios de atención psicosocial que nos revictimizan, que quieren ponernos como mujeres violentadas, que no tenemos un carácter político, frases como que volver a vivir, como si el tránsito significara enterrar una vida a la que teníamos, dejarla de lado y empezar otra completamente distinta, y no es así. Entonces no ha habido una adecuación institucional que comprenda e interprete lo que significa el acuerdo de paz y eso para las mujeres sigue siendo una alerta muy grande”.

​​​Si la vida civil les ha demostrado a las mujeres exguerrilleras que es difícil resistirse a los mandatos patriarcales y las visiones tradicionales del hogar y los roles de género, a los hombres exguerrilleros les ha recordado con fuerza sus privilegios e insistido en conductas de dominancia, dice Jorleni.

“Yo siento que él ya se sintió una persona libre, no lo mandaba nadie, podía hacer lo que quiera”, dice de su expareja. “Yo siento que él sí se sintió como con esa libertad. Y pues esa libertad lo llevó a cometer muchos errores (de los) que hoy en día se arrepiente porque yo hablo mucho con él. Él dice que se arrepiente muchísimo de haber sido la persona que fue conmigo. Él dice, ​’​no, yo tomaba mucho trago, yo me dejaba influenciar por mis amigos​’​”, agrega.

Dice Jorleni que muchos hombres en proceso de reincorporación entienden las iniciativas de género como algo exclusivo de las mujeres. Por otro lado, las reconocen como una amenaza a este nuevo ejercicio de poder que ostentan en sus hogares. “El hecho de que un grupo de mujeres se declare de pronto independientes, mujeres empoderadas, eso significa que seamos objeto de burla. Yo siento que las mujeres en esta sociedad estamos corriendo un riesgo inmenso”, dice.

Frente a este panorama se han hecho muchos talleres enfocados a la construcción de masculinidades corresponsales y no hegemónicas, pero, como indica Marín, “la sensibilización no es suficiente, nuestra exigencia… es que los hombres también tramiten estos asuntos y conozcan y aprendan y desaprendan también.

“No es que nos vengan a ayudar o hacernos el favor de participar o hacernos el favor de involucrarse en estos asuntos, sino que es una responsabilidad política que tienen porque al final el proyecto de país que representamos o que estamos intentando construir significa también la transformación para las mujeres”.

Jorleni termina su tinto, alza en sus brazos a David y le sonríe. Más tarde en el día tiene que ir a clase, está terminando una carrera universitaria, y ya es hora de estudiar. David pasa a los brazos de su papá, mientras ella recoge las tazas de café de la mesa. La casa de Jorleni está llena de fotografías de su hijo, una por cada año y otros pares porque sí. Es la mejor forma de decorar su nuevo hogar, el primero construido con cemento y ladrillos, sólido, lleno de risas de una familia que está lista para un futuro.

* Foto de portada: Fabio Jiménez

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Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA

Nota de la redacción: este artículo fue publicado el 24 de enero y se actualizaron su titular y párrafo inicial tras la decisión de la jueza Zamora. En dicha audiencia, la togada exhortó al desmovilizado de las AUC a que cumpla con la entrega de bienes y a la Fiscalía para que observe con rigurosidad el cumplimiento de los compromisos de verdad y reparación de víctimas.

En horas de la mañana del pasado 21 de enero tuvo lugar una audiencia reservada ante el Juzgado de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz en la que el exjefe exparamilitar Salvatore Mancuso solicitó el cambio de domicilio a la ciudad de Montería, Córdoba, aduciendo sus derechos a la salud, la dignidad humana y la reintegración a la vida civil.

Tras su llegada al país en febrero de 2024, Mancuso zanjó el principal obstáculo para perseguir la libertad a prueba que venía solicitando desde 2019, cuando aún permanecía recluido en Estados Unidos. Obtuvo este beneficio por el cumplimiento de las tres sentencias en su contra y el levantamiento de las 57 solicitudes de prisión preventiva que adicionalmente le habían impuesto por los procesos pendientes que tiene en los tribunales de Justicia y Paz. (Leer más en El regreso de Mancuso a Colombia, más allá de Álvaro Uribe)

Finalmente, el magistrado José Manuel Bernal Parra, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó su libertad el 9 de mayo del año pasado y salió de la cárcel La Picota el 10 de julio. Desde entonces, estableció su domicilio en Medellín y luego en Bogotá.

El Juzgado de Ejecución de Sentencias le había prohibido al exjefe paramilitar de los bloques Norte, Catatumbo y Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desplazarse a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, Norte de Santander, La Guajira y los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartadó (Antioquia) en los que tuvo lugar su accionar criminal, procurando garantizar los derechos de las víctimas.

Estas restricciones las había impuesto el despacho desde el 25 de noviembre de 2019, al resolver la primera petición de libertad a prueba del postulado. La defensa había impugnado estas disposiciones en febrero de 2023, argumentando que para cumplir con sus labores como gestor de paz debía moverse por el territorio nacional, pero el despacho negó su pretensión, entre otras cosas porque sus labores no habían sido delineadas por el gobierno y no observaba la necesidad de que fuera a estas regiones. (Leer más en Dudas sobre la figura de gestor de paz enredaron la libertad de Mancuso)

Se volvió a dejar en firme esta decisión desde el 4 de marzo del año pasado, cuando Luz Marina Zamora, jueza de Ejecución de Sentencias, confirmó la libertad a prueba del exjefe paramilitar, pero debió esperar a resolver las solicitudes de detención preventiva que pesaban contra él para finalmente disfrutar del beneficio. (Leer más en Por ahora, Mancuso no recuperará su libertad)

Presentando en la reciente audiencia exámenes y certificaciones médicas, realizadas por especialistas en medicina interna, cardiología e intensivista, que se practicaron desde febrero a diciembre del año pasado, el postulado respaldó la recomendación de profesionales particulares del área de la salud que le aconsejaban trasladarse a un lugar a nivel del mar, a causa de complicaciones respiratorias que probablemente lo obliguen a un uso dependiente de oxígeno. El lugar que escogió para tal fin es su tierra natal: la ‘ciudad de las golondrinas’.

“Montería es una ciudad libre de estrés y de contaminación ambiental, presentes permanentemente en ciudades como Bogotá y Medellín, con la calificación nacional por varios años de 1 y 2 más contaminadas, siendo importante establecer que estas dos ciudades son altamente estresantes por factores asociados a la inseguridad, el ruido, la polución, la contaminación y el tráfico vehicular, lo cual redunda en la agravación de las patologías de salud y mentales”, señala Nelson Eduardo, abogado de Mancuso, en respuesta escrita enviada a este portal.

Según los documentos médicos, Mancuso sufriría de hipertensión arterial sistémica, apnea obstructiva del sueño severa, síndrome poscovid-19 y otras dolencias que ocasiona baja saturación de oxígeno en sangre. Estas condiciones, sumadas a patologías de base como hipertensión arterial, arritmias cardíacas y secuelas pulmonares, le han generado recurrentes crisis respiratorias, hipertensivas y cardiovasculares. Según sus abogados, de no tomarse cartas en el asunto el postulado está en riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares y muerte súbita.

Por estas razones, las valoraciones médicas privadas que presentó recomiendan “su permanencia en zonas a nivel del mar donde las condiciones ambientales contribuyan a estabilizar su oxigenación y prevenir complicaciones fatales, imposibles de garantizar en altitudes elevadas, condición que requiere vigilancia constante, preferiblemente por familiares”, se lee en un documento que conoció este portal, firmado por el médico internista José Nelson Rivera Morales, especialista en manejo del dolor.

“Montería es su ciudad natal, está prácticamente a nivel del mar y es el lugar donde reside su núcleo familiar. Está científicamente comprobado que la cercanía familiar y el apoyo emocional reduce las comorbilidades físicas asociadas a las patologías que padece, mejora significativamente el tratamiento médico de base, y por lo tanto la salud física y mental, elementos fundamentales para su recuperación”, señalan los abogados del exjefe paramilitar.

Lo cierto es que en el concepto del galeno Rivera no se advierte que esta ciudad deba ser, necesariamente, Montería. Podría ser otra que cumpla con el requisito de altitud. Tampoco se ordena hospitalización por razones físicas o psicológicas que evidencien complicaciones en su salud urgentes que hagan tomar esta decisión a favor del postulado.

Distinto al dictamen del especialista en manejo del dolor es la valoración de un segundo peritaje ordenado por la jueza de Ejecución de Sentencias que obtuvo este portal. Médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes analizaron la historia clínica del postulado, concluyeron el pasado 26 de diciembre que el exjefe paramilitar podía vivir en cualquier parte del país sin que esto representara riesgo de muerte y que su estado de salud podía manejarse adecuadamente bajo las condiciones actuales y con el tratamiento adecuado.

“Hay unas razones de índole técnica que nos llevan a pensar que los conceptos médicos no son tan concluyentes. Podrían verse alternativas en términos geográficos que satisfagan su detención en términos de salud”, señala Fernando Quiroga, coordinador de litigio penal de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que representa a víctimas ante Justicia y Paz en procesos relacionados con el exjefe de las AUC.

Durante la audiencia, el Ministerio Público destacó que de la documentación médica presentada por la defensa del postulado destacan los 29 monitoreos de signos vitales del postulado realizados en Bogotá y Montería entre noviembre y diciembre de 2024. De estos, 10 se realizaron en Montería y dos enseñan el uso de oxígeno; por lo que cuestiona que la solución al cuadro médico de Mancuso sea mudarse a esta ciudad, pues es probable que allí también necesite uso de oxígeno asistido.

El próximo lunes, 27 de enero, en horas de la tarde, la jueza resolverá la pretensión del exjefe paramilitar.

“Puede ser cierto que en determinadas altitudes signifique unas mejores condiciones de salud para él, aunque es un poco ambiguo y no necesariamente debe ser en Montería”, resaltó el abogado de la CCJ.  “Se entiende que la cercanía con sus círculos de apoyo o familiares le puede significar unas mayores condiciones de salud, pero nosotros consideramos que esto, ponderado frente al cumplimiento de aportar a la verdad plena presenta cierto desequilibrio, podría afectar el ánimo de participación de las víctimas”, agregó.

¿Afectación a las víctimas?

El exjefe paramilitar se sometió al proceso de Justicia y Paz para responder por aproximadamente 80.000 crímenes, en su gran mayoría por línea de mando. Es decir, que si bien él no cometió directamente la mayoría de esos crímenes, sí debe responder penalmente por haber impartido órdenes y lineamientos a hombres de las AUC que los cometieron.

Durante la audiencia la defensa del postulado presentó una certificación de la Fiscalía Segunda de Justicia y Paz en la que, a la fecha, no se ha imputado a Mancuso como autor material directo de algún hecho ocurrido en la ciudad de Montería. Sin embargo, en las sentencias parciales en su contra está vinculado en hechos de reclutamiento, homicidio, desaparición forzada, entre otros en esta ciudad; en calidad de autor impropio, autor mediato y coautor.

En todos estos años de funcionamiento de Justicia y Paz, sólo se han proferido tres sentencias parciales contra Mancuso y dentro del universo de víctimas relacionadas con el postulado falta por ser reconocidas el 94 por ciento de estas —que lo relacionan con 65.067 hechos victimizantes por las que la justicia espera emitir 44 sentencias—. Es por eso que las restricciones impuestas a Mancuso para habitar estas zonas apuntaban a garantizar los derechos de las víctimas y no ser revictimizadas.

“En ninguna de las actas de compromiso firmadas por Salvatore, se le prohibió fijar su residencia en la ciudad de Montería, siendo claro que solo se refiere a ‘no acercarse a las víctimas’”, le señaló a este portal el equipo de defensa del postulado. Sin embargo, al conceder la libertad a prueba en marzo, la jueza Zamora sí le restringió residir en Montería y en la audiencia ninguna de las partes impugnó esa decisión

“Argumentar que toda la población de Córdoba fue víctima del señor Mancuso no tiene o carece de fundamento jurídico y factual”, indica la defensa en su misiva. “Gran número de estas víctimas han migrado a otras regiones del país, copando a lo largo y ancho la geografía nacional, con lo cual, prohibir a Salvatore vivir en regiones donde posiblemente vivan víctimas, indicaría prohibir su desplazamiento en todo el país, haciendo nugatorio en uno u otro aspecto los principios de reparación, reintegración a la vida civil, resocialización y la reparación restaurativa”, agregan.

En distintas audiencias en las que se han abordado las condiciones de la libertad a prueba del exjefe paramilitar, el Ministerio Público ha manifestado su preocupación ante los posibles impactos de que Mancuso haga presencia en estos territorios restringidos, pues cree que la participación de ese enorme número de víctimas que quedan pendientes por asistir a los incidentes de reparación integral —mediante el cual se espera que obtengan reparación integral de los daños que sufrieron— pueda verse afectada o coaccionada, y por lo que eventualmente podrían desistir de participar del proceso.

“En la decisión del juzgado a cargo del cumplimiento de las sentencias contra Mancuso se consideraron, en un ejercicio de ponderación en términos de justicia, de medidas de satisfacción, como también de garantías de participación de las víctimas, que Mancuso no podía vivir en los lugares en donde ocurrieron los hechos más emblemáticos sobre los que se le atribuye responsabilidad, incluida la ciudad de Montería y el departamento de Córdoba”, señala Quiroga.

Como lo detalla el vocero de la CCJ, todas las sentencias y decisiones de sustitución de medida de aseguramiento emitidas por los tribunales, en aplicación de la Ley 975 y su decreto reglamentario, prohíben a los procesados asistir a los lugares donde delinquieron sin autorización judicial previa.

Sin embargo, en esta última audiencia en la que Mancuso solicitó el traslado de su domicilio a Montería, la Fiscalía, representada por Magaly Álvarez, vio con buenos ojos esta petición, encontró justificado el respaldo médico e incluso arguyó que la presencia del postulado en la región podría contribuir al ánimo de reconciliación.

La defensa de Mancuso resalta que así como la ley de Justicia y Paz tiene como objetivo central garantizar la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición; también busca garantizar la reintegración plena de los desmovilizados a la sociedad, incluida su reintegración al núcleo familiar y a la vida civil.

“Mancuso ya cumplió con su condena, ha pedido perdón público, ha contribuido a la verdad histórica y está comprometido con la reparación de las víctimas y la no repetición, lo que lo hace acreedor al derecho a la redención (…), La unidad de justicia transicional propende por la reincorporación a la vida civil de los postulados lo cual obedece no solo a los principios de justicia transicional, sino a los estándares de la justicia restaurativa, donde víctima y victimario deben convivir en respecto, apoyo y ayuda mutua ”, se lee la respuesta escrita de sus abogados.

En octubre del año pasado, Mancuso ya había visitado Montería y el sabor para las víctimas fue agridulce. Con los permisos respectivos, el exjefe paramilitar participó de un acto simbólico de entrega de tierras en el que estuvieron presentes el presidente Petro con el que  intercambió sombreros. Mancuso pidió perdón a las víctimas, y los asistentes respondieron con aplausos y abucheos.

Esta semana, la posibilidad de que el exjefe de las AUC visitara varias partes de la costa Caribe volvió a ser noticia por un error de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La autoridad de tierras había solicitado a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla permiso para que Mancuso se desplazara a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira, entre el 31 de noviembre de 2024 y el 31 de enero de 2025, para ayudar a rastrear bienes que el paramilitarismo entregó en su momento y, supuestamente, no aparecen en registros oficiales. (Leer más en Bienes de Mancuso no están “perdidos”, la mayoría fueron devueltos a víctimas de despojo y Sólo un predio entregado por Mancuso para indemnizar a las víctimas ha sido vendido)

Sin embargo, el pasado 20 de enero, el magistrado Carlos Andrés Pérez señaló que la ANT no presentó el cronograma de esas visitas por lo que esa autorización para Mancuso no llegó a materializarse.

El Juzgado de Ejecución de Sentencias, en las decisiones sobre este tema, también había contemplado que las restricciones de estos territorios eran una manera de garantizar la seguridad del mismo Mancuso, pues él y su defensa habían manifestado que el exjefe paramilitar se encontraba en alto riesgo, “debido a los anuncios de sus aportes y contribución a la verdad que ha planteado en Justicia y Paz y en virtud de su solicitud como compareciente a la Jurisdicción Especial para la Paz”, se lee en la decisión que le otorga libertad a prueba el año pasado.

La decisión que tomó Mancuso en 2018 de tocar las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aportar “nuevas verdades” con la aspiración de obtener mejores beneficios, es visto por algunas víctimas como un hecho insatisfactorio frente a los compromisos de esclarecimiento que había sumido en Justicia y Paz. Ahora, con esta solicitud de cambio de domicilio de cara a las restricciones, se plantea como un nuevo beneficio para el exjefe paramilitar y se ahonda en la herida.

“Desde el punto de vista del ánimo de participación de las víctimas esto manda un mensaje un poco negativo en cuanto a que se le ha reprochado a Salvatore Mancuso haberse reservado elementos fundamentales de verdad en términos de esclarecimiento de verdades de terceros, sobre todo, pese a su compromiso de aportar a la verdad como requisito de postulación a la Ley de Justicia y Paz”, expresó el abogado de la CCJ.

“El traslado a Montería no es solo una necesidad médica comprobada por patología en salud mental y física, sino también un derecho que le corresponde como una persona que ha cumplido con las exigencias del sistema de justicia transicional. Mantener restricciones desproporcionadas que impidan su regreso a su ciudad natal y a su núcleo familiar vulnera los principios de humanidad, proporcionalidad y reintegración que deben guiar cualquier medida judicial en el marco de la justicia transicional. El respeto por sus derechos no disminuye los de las víctimas, sino que fortalece el cumplimiento del proceso de paz y reconciliación”, concluye la misiva de la defensa de Mancuso.

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Por décadas los habitantes de la Comuna 13 lucharon para que se encontrara la verdad que ocultaba toneladas de residuos de obra y otros desechos, donde paramilitares desmovilizados confesaron haber ocultado el cuerpo de decenas de víctimas. Los restos humanos hallados por el Sistema Integral para la Paz confirman la lucha de las víctimas y plantea un nuevo reto para determinar su identidad. Algunos cuestionan no haber llegado a esta conclusión antes.

En la mañana de este miércoles, las inspecciones realizadas en La Escombrera, la ‘fosa a cielo abierto’ más grande del país, como la han nombrado coloquialmente, arrojó resultados: 14 piezas, entre restos óseos y ropa, de al menos dos cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado padecido por los habitantes de San Javier o la Comuna 13 de Medellín.

Caída la noche de ayer continuaban las inspecciones judiciales lideradas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). A simple vista, reposaban los restos encontrados sobre la tierra y entre los escombros, marcados con los numeradores forenses. A unos metros, familiares de las víctimas aguardaban dentro de una pequeña carpa blanca, esperando obtener más información.

“Este es un aguinaldo muy grande. Un regalo muy grande que Dios nos ha dado. Es el resultado de la lucha, la resistencia, las tocadas de puertas, las insistencias para lograr toda esta búsqueda. A algunas familias les va a dignificar el dolor”, expresó en entrevista con este portal Margarita Selena Restrepo, vocera de Mujeres Caminando por la Verdad. Restrepo es la madre de Carol Vanesa de 17 años, desaparecida el 25 de octubre de 2002, una semana después de la Operación Orión. (Leer más en Mujeres víctimas de la Operación Orión en Medellín)

En agosto de 2018 organizaciones de víctimas le solicitaron a la JEP ordenar medidas cautelares sobre La Escombrera y La Arenera, terrenos próximos a la Comuna 13 que hoy están en manos de las empresas Construcciones El Cóndor S.A.

Dos años después la JEP profirió las medidas a fin de proteger estos terrenos sobre los que se sospechaba había restos de personas desaparecidas, a raíz de las repetidas denuncias de organizaciones de víctimas que durante dos décadas habían pedido poner atención en el lugar.

A pesar de esa decisión, según han denunciado las organizaciones de víctimas, por mucho tiempo allí se siguió arrojando escombros de toda la ciudad y continuó la explotación minera de la empresa El Cóndor S.A. (Leer más en Protección de cementerios: una estrategia para conocer la verdad)

Finalmente, el tribunal de justicia transicional ordenó la intervención forense el 25 de julio de 2024 y la UBPD priorizó la búsqueda sobre 2.417 metros cuadrados, de los 6.912 metros que la JEP cauteló del terreno. Según datos de ambas instituciones, en la Comuna 13 hay un universo de 502 personas dadas por desaparecidas, entre 1978 y 2016, con un punto de agudización en 2002, cuando tuvo lugar la Operación Orión.

Informes de diversas organizaciones no gubernamentales coinciden en que, durante los tres días que duró dicha operación, los más de 1.500 integrantes de la Fuerza Pública dejaron un saldo de 80 civiles heridos, 71 personas asesinadas por grupos paramilitares, 17 víctimas mortales por fuego estatal y 300 detenciones arbitrarias.

El sufrimiento no terminó allí. Tras la expulsión de las milicias, el Bloque Cacique Nutibara instauró un régimen de terror marcado por desapariciones forzadas. Según la Corporación Jurídica Libertad, entre noviembre de 2002 y febrero de 2005, se registraron 91 casos de desaparición forzada, incluyendo 15 en octubre de 2002, durante los operativos. Sin embargo, Adriana Arboleda, abogada de la corporación, advierte que la cifra podría superar los 300 casos.  (Leer más en “General Montoya: diga la verdad sobre la Operación Orión”: víctimas de Comuna 13)

El 1 de agosto de 2003, se descubrió una fosa común en una finca del corregimiento San Cristóbal, al occidente de Medellín, donde se exhumaron 13 cadáveres, seis de ellos pertenecientes a personas desaparecidas en la Comuna 13. Este hallazgo fortaleció la convicción de cientos de familias de que sus seres queridos están enterrados bajo los escombros que por años se depositaron en un lote del barrio Eduardo Santos.

“Esta intervención lleva 146 días de trabajo en los que se han removido 36.450 metros cúbicos de suelo”, señaló durante la rueda de prensa Luz Janeth Forero Martínez, directora de la UBPD, quien precisó que el proceso lleva un 83 por ciento de avance.

Los hallazgos se dieron en la zona noreste del polígono, a una distancia de 2,50 metros fuera del área priorizada en la Fase 5. “La prospección del lugar donde se ubicó la evidencia forense estaba contemplada para la Fase 6 de la intervención”, precisó Forero y añadió que los restos encontrados pasarán a ser analizados dentro de un proceso de identificación y para esa fase es fundamental la recolección de muestras biológicas de familias buscadoras para hacer el cotejo.

“Todavía nos falta muchas muestras biológicas por recoger y sabemos que muchas veces parte del escepticismo que habló el mismo Gustavo (Salazar, magistrado) al principio que se pudo tener del proceso. Todavía necesitamos que lleguen muchas familias que seguramente tienen personas desaparecidas en La Escombrera y que todavía no tenemos su muestra de sangre para proceder a la perfilación genética necesaria para los cruces”.

Los hechos de ayer son resultado de la ardua lucha de las víctimas. “Desde el inicio que empezamos a denunciar todas las desapariciones aquí en la Comuna 13 decían que estábamos locas, que no sabíamos lo que decíamos, pero esto demuestra que cuando se escucha la voz de las víctimas se pueden obtener grandes logros”, expresó Luz Helena Galeano, miembro de Mujeres Caminando por la Verdad, quien busca a su esposo, Luis Javier Laverde, desaparecido desde el 9 de diciembre de 2008.

Una larga lucha

La justicia ha puesto su interés sobre los terrenos de La Escombrera y La Arenera por la cercanía que en su momento tuvo una base paramilitar del Bloque Cacique Nutibara que delinquió durante varios años en esta zona de Medellín. Desmovilizados que pertenecían a esa estructura y que se postularon a Justicia y Paz, señalaron que La Escombrera y sus inmediaciones fueron usados para la desaparición de personas. En su momento, una de las declaraciones más contundentes las dio Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias ‘Móvil 8’, quien aseguró haber sepultado muertos allí.

Esto llevó a las autoridades a realizar las primeras labores de búsqueda en el lugar. En 2015 la Fiscalía marcó tres polígonos a trabajar y durante el segundo semestre de ese año realizó las excavaciones en el primero de estos: un terreno de 5.000 metros cuadrados, de donde se removieron 24.000 metros cúbicos de escombros. Sin embargo, para diciembre de ese año se anunció que no se encontraron restos humanos. (Leer más en La Escombrera: una verdad que ya comienza a ser desenterrada)

Se acordó que para 2016 se continuaría la búsqueda en los siguientes polígonos, pero pasaron los meses y nunca empezaron. Hasta diciembre del año siguiente las autoridades anunciaron que la empresa española Falcon High Tech iniciaría estudios para la excavación del polígono dos.

“Hay muchas dudas sobre eso porque la empresa dijo que iba a hacer un proceso gratuito. Nunca supimos realmente la Alcaldía qué tipo de convenios tenía con ellos. Aquí vinieron con un dron, lo pasaron, pero realmente no se puede hablar que ellos hicieron un análisis o una búsqueda”, señaló Adriana Arboleda, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, en entrevista con este portal.

En su momento, las víctimas se opusieron por considerar esa decisión un acto unilateral tomado por la Alcaldía, para entonces en cabeza de Federico Gutiérrez, que no tuvo en cuenta a las víctimas, además de reprochar la poca experiencia de la empresa en la búsqueda de desaparecidos. Pasaron los años y no se intervino esas áreas establecidas por el ente investigador.

“En el cuatrienio de Federico Gutiérrez, del 2016 al 2019, no hubo voluntad política. Él debió darle continuidad al proceso de búsqueda”, reprocha Luz Helena Galeano, miembro de Mujeres Caminando por la Verdad. “Él fue el que truncó la búsqueda en el año 2016. Él dijo que ahí no íbamos a encontrar nada”, agregó.

Según Carlos Alberto Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín y exsubsecretario de derechos humanos en el primer periodo de Gutiérrez, esta administración tuvo voluntad para apoyar estas labores. “La Escombrera es una escena judicial que lideraba la Fiscalía. Nosotros no podíamos intervenir sin orden judicial”, le aseguró a este portal.

Lo cierto es que quedó parado el proceso hasta que las víctimas y la plataforma de derechos humanos realizaron la solicitud de medidas cautelares ante la JEP en 2018. Después de revisar informes y documentos oficiales, los magistrados establecieron el área del “nuevo polígono” para realizar la búsqueda en la zona y desde 2020 el equipo forense del sistema integral para la paz realizó varias prospecciones y exploraciones.

“Cuando llegamos, la medida cautelar la había incumplido la administración pasada e inmediatamente nos pusimos al frente. Apoyamos con más de 3 mil millones para adecuación, cunetas, campamento y drenaje”, aseguró Arcilla. “Se hizo un convenio con la JEP para apoyar la búsqueda y la implementación de los acuerdos y los procesos restaurativos”, concluyó.

Según le precisó a este portal la JEP, el “nuevo polígono” es una mezcla de los polígonos dos y tres establecidos por la Fiscalía años atrás. Se trata de  una menor extensión de la suma de los polígonos dos y tres, pero es una mayor extensión a cada uno por individual. “Tantos años después… son cosas injustas”, expresó Galeano. “Hay mujeres que se han ido sin saber la verdad, sin encontrar a sus seres queridos”, complementó Restrepo.

Arboleda precisó que en la última audiencia de seguimiento a las medidas cautelares le solicitaron a la JEP ampliar aún más el área de trabajo y la magistratura los escuchó. Según precisa, es lo que se conoce como la Fase 6, en donde, precisamente, se encontraron los primeros restos humanos.

Durante la rueda de prensa, Arboleda recordó que otra de las peticiones que han realizado las víctimas es la suspensión del contrato de explotación que posee la empresa El Cóndor S.A. sobre esas tierras y decretar ese terreno como un lugar de memoria. “Ese no puede seguir siendo un lugar para enriquecer a una empresa, cuando detrás están cientos de víctimas y de familiares esperando verdad y justicia”, expresó. Para la defensora de derechos humanos, la Gobernación de Antioquia debe reevaluar el permiso de explotación que le otorgó nuevamente en 2019 por 20 años más.

“Por años se pidió que cerraran La Escombrera. Eso da pie para que empiecen a investigar a los administradores y la empresa El Cóndor”, concluyó Restrepo.

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Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA

Como responsables de cientos de secuestros, los comparecientes del Bloque Occidente fueron citados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado 24 y 25 de noviembre en Cali a reconocer su responsabilidad por ordenar privar de la libertad y no haber controlado a sus subordinados frente al trato que les dieron a las víctimas durante el cautiverio. Los comparecientes debían aceptar su responsabilidad de mando en los casos ocurridos en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y el sur de Chocó.

Aunque había una orden generalizada de buen trato, en la práctica, las decisiones quedaron a disposición de los comandantes regionales, quienes, por acción u omisión, tienen responsabilidad en lo padecido por las víctimas y sus familiares. “Teníamos la obligación de exigir que hubiera un buen trato, como se establecía, sabiendo las limitaciones que una persona secuestrada va a tener”, expresó durante la audiencia Édgar López Gómez, conocido como ‘Francisco González’ o ‘Pacho Chino’, quien desde 1993 fue el segundo al mando del Bloque Occidente.

Pero fallaron: las largas caminatas, la vulneración de la intimidad, las torturas, la violencia sexual y el asesinato de cautivos demostraron la peor cara de un crimen no amnistiable y por el cual tendrán que pagar sanciones alternativas. “Estamos dispuestos a enmendar ese daño que hicimos. No queremos que nos sigan mirando con los ojos del pasado. No somos los mismos hombres de guerra”, señaló Gustavo Arbeláez Cardona, conocido dentro de las filas como ‘Santiago Naya’ o ‘Santiago Cepeda’, miembro del Estado Mayor de Frente Urbano ‘Manuel Cepeda Vargas’. Arbeláez estuvo cerca de 9 años preso y obtuvo su libertad con el Acuerdo de Paz.

Desde que el tribunal de justicia transicional imputó a los miembros del último Secretariado de las Farc y reconocieron su responsabilidad en junio de 2022, este tribunal ha venido bajando dentro de la cadena de mando de la estructura guerrillera, en parte por las demandas de las víctimas por conocer detalles de la responsabilidad dentro de los plagios que sufrieron. (Leer más en: La verdad sobre el secuestro, un largo camino por recorrer)

Desde entonces, los máximos representantes de tres de las siete estructuras que conformaban las extintas Farc han sido imputados por la JEP dentro del Caso 01, en hechos que se relacionan con los tres patrones macrocriminales determinados por la magistratura: para financiarse, para forzar al Estado colombiano a intercambiar guerrilleros presos y para controlar los territorios donde operaban. (Leer más en: Caso 01: la verdad que sigue cautiva)

Los comparecientes del Bloque Occidente son los segundos en reconocer su responsabilidad en esta práctica, los primeros fueron los del Comando Conjunto Central —que operaba en Quindío, Tolima y norte de Huila—, quienes el pasado mes de abril se encontraron públicamente con las víctimas y asumieron su responsabilidad en los casos del centro del país. (Leer más en A pesar de riesgos de seguridad, se realizó la primera audiencia territorial de reconocimiento sobre secuestro)

Además de Édgar López y Gustavo Arbeláez, del Bloque Occidental, se determinó como máximos responsables a Jesucristo Jiménez Cuellar, alias ‘Juvenal Rodríguez’; Héctor Julio Villarraga, alias ‘Gilberto Arroyave’ o ‘El Grillo’; Carlos Mario Cardona León, alias ‘William’ o ‘El Paisa’; Diego Ardila Merchán, alias ‘Leonel Páez’, y Oswaldo Miguel Mendoza, alias ‘Pacho Quinto’.

Juan Carlos Ramírez, conocido como ‘Miguel Pascuas’ o ‘Sargento Pascuas’, también fue imputado por estas conductas, pero a raíz del deterioro en su salud por alzheimer, no participó de la diligencia y fue remitido a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

“La investigación desarrollada por la Sala indica que 227 de las 4.056 víctimas acreditadas en el Caso 01 señalan como presunto responsable de su secuestro al Comando Conjunto de Occidente o Bloque Occidental”, señaló la JEP en un comunicado.

Entre 1993 a 2011, las Farc se desplegaron en la región para generar las condiciones políticas y militares necesarias que le permitieran tomarse a Cali y las vías hacia Pasto, Popayán y Pereira; además de buscar controlar los puertos de Tumaco y Buenaventura.

La estructura estuvo bajo el mando de Luis Édgar Devia Silva, conocido en la guerra como ‘Raúl Reyes’, durante 1993 a 1999; de Guillermo León Sáenz o ‘Alfonso Cano’, entre 1999 a 2011; y de Pablo Catatumbo, quien lo comandó hasta la dejación de armas del grupo guerrillero en 2016. Este bloque fue conformado por varias unidades, dentro de las cuales destacan los Frentes 6, 8, 29, 30 y 60; las columnas del Bloque Móvil Arturo Ruiz; y la Columna Móvil Jacobo Arena.

Dos de los casos más representativos de esta región son el plagio de los trabajadores de la represa de Anchicayá en 1999 y el secuestro de los 12 diputados de la Asamblea del Valle en 2002. La ausencia de las familias de los diputados, así como el único de los sobrevivientes, hizo ruido en el evento.

“Las FARC han dicho y siguen diciendo verdades a medias y no cumplieron con lo único que se obligaron: la verdad plena, detallada y exhaustiva; y cuando en plena audiencia les preguntamos para conocer la verdad, la propia JEP a través de la propia magistratura del Caso 01 nos calló y nos impidió ejercer nuestro derecho a la verdad plena”, señaló el exdiputado Sigifredo López a través de un comunicado público de siete puntos en el que reprocha los avances de la JEP y lamenta el recrudecimiento del conflicto en el país como un obstáculo para seguir en esta apuesta.

A la audiencia pública asistieron cerca de 40 víctimas y ocho de ellas le pidieron a las comparecientes respuestas e hicieron peticiones a la JEP. “La Farc no investigaban absolutamente nada de las informaciones que les entregaban los milicianos, simplemente procedían”, expresó durante su intervención Eneifi Cecilia Martínez, víctima de secuestro y violencia sexual.

En su investigación, la magistratura ha encontrado que particularmente en el suroccidente del país había “redes de milicianos que estaban empoderados, armados, que cometían crímenes con el auspicio de la organización o ante la indiferencia de la organización para beneficio propio pero también sin control”, precisó la magistrada relatora del caso.

“El secuestro no debía de haberse dado en la Farc-Ep por el dolor tan grande que sufre el secuestrado al encadenarlo, al amarrarlo, al privarlo de su libertad, al aislarlo de su familia, de sus amigos, de su comunidad”, expresó Jesucristo Jiménez Cuéllar o ‘Juvenal Rodríguez’, comandante de la Columna Miller Perdomo. “No tuve la capacidad para orientar mejor a las unidades para que no se cometieran los malos tratos a los secuestrados y no se cometieran tantos errores que se cometieron con la gente que secuestramos”, agregó.

En otros casos, la magistratura tuvo que recordarle a los comparecientes que no sólo fueron errores. “¡Crímenes!”, le recordó contundentemente la magistrada Catalina Díaz a Diego Ardila Merchán o ‘Leonel Páez’, que en su intervención se refirió a algunos hechos del secuestro como ‘errores’, expresión que podían malinterpretar su compromiso de responsabilidad.

“Para sanarme yo, para sanar mi cuerpo y mi alma me tocó perdonarlos”, expresó Eneifi. “Yo sí los perdono por todo el enorme daño que me hicieron y aquí estoy hoy representando a todas esas mujeres que hemos sufrido estos crímenes tan atroces. (…) Años después he logrado remendarme, convirtiendo mi dolor en fuerza. Hoy mi voz es un grito de esperanza”, concluyó la víctima.

Financiar a la organización

Los secuestros con fines financieros empezaron en la década de los setenta, poco después de la constitución de las Farc. Según la magistratura, por este patrón los primeros dos casos sobre los que se tiene registro tuvieron lugar en 1965 y 1974. Sin embargo, sólo fue hasta 1997 que el grupo guerrillero avaló la política de secuestro y extorsión, lo que después se conoció como el ‘Impuesto a la Paz’ o Ley 002, expedida en marzo del 2000.

“La pregunta que más recibimos es ‘¿por qué a mí’”, señala la magistrada Julieta Lemaitre, relatora del macrocaso. La respuesta que ha llegado a encontrar la JEP está relacionada con la orden general de los altos mandos de conseguir grandes sumas de dinero para financiar la guerra. Por diferentes vías, llegaron información de terceros que les decían a los guerrilleros a quién secuestrar, así como las conocidas ‘pescas milagrosas’, que fortuitamente afectaron a las familias que transitaban por las vías del país.

En su mayoría, las víctimas del patrón de financiamiento fueron transportadores, comerciantes y empresarios, y según los estatutos guerrilleros los plagios debían ser contra aquellos que tuvieran un patrimonio superior al millón de dólares, pero en la práctica este flagelo lo padecieron víctimas que no tenían cómo pagar las exigencias del grupo guerrillero, viéndose obligadas a perderlo todo o endeudarse por recuperar a sus seres queridos o, en algunos casos, el cuerpo sin vida. Algunas de las víctimas, aún siguen esperando el regreso de sus seres queridos.

Henry Sánchez Zúñiga contó el primer día de audiencia sobre la ausencia de su padre, Silvio Alberto Sánchez Murgueitio. Sánchez habla, de paso, por otros ganaderos y hacendados de la región, también secuestrados o desaparecidos. Antes del accionar de las Farc, estas familias vivían en comunidad, pero con la llegada de los hechos violentos a la región todo esto se perdió.

“A mi padre lo encontré casi a los cuatro años de su secuestro enterrado en unas montañas”, señaló la víctima. La familia tenía una finca en El Tambo, Cauca, y según relató Henry, un día de 1991, un escuadrón militar acampó cerca de la casa de la finca familiar y por eso los comandantes de las Farc fijaron como objetivo a la familia. Las primeras acciones violentas vendrían en febrero de 1992, cuando hombres de las Farc se llevaron al mayordomo de la finca, cercano a la familia, y lo asesinaron.

Por estos hechos, la finca quedó en crisis y fue saqueada. En marzo de ese año, su padre regresó, pero días después no se tuvo noticias de él. Por el llamado de una vecina la familia supo que algo había pasado. Cuando sus hijos llegaron, la casa estaba deshecha y no había rastro de su padre. En una pared encontraron el mensaje: ‘Por sapo Farc-EP’.

A pesar de perder sus sustento en la finca y quedar endeudados por los créditos para las labores ganaderas que habían sacado, los hijos de Silvio dejaron sus trabajos para continuar con la investigación del paradero de su padre. Henry se adentró en la región, su hermana se propuso hablar con la guerrilla y su otro hermano intentó salvar la finca. Las pesquisas de Henry lo llevaron a hablar con el guerrillero conocido como ‘Pecho de Rata’ y confrontarlo por el secuestro de su papá.

Según reconstruyó la familia, mientras lo tenían retenido, su padre reconoció a algunos guerrilleros y, según cuentan, por eso lo asesinaron con un tiro de gracia en la cien. Con el tiempo, la familia  logró encontrar el lugar en el que estaba el cuerpo de Silvio.

“Me da mucha tristeza, mucha pena con el señor Henry, la tragedia que él cuenta, de toda su familia, el tiempo que le tocó emplear para buscar la verdad”; expresó Édgar López Gómez o ‘Pacho Chino’. “Esos territorios que usted menciona yo los conozco. Conozco los nombres de los guerrilleros que mencionó, todos los conozco. Sí eran guerrilleros de las Farc”, agregó.

Además se refirió a los casos de otras víctimas, empresarios y hacendados de la región, que Henry relacionó en su intervención. “Me queda mucho en la mente las personas que usted menciona, que fueron secuestradas antes y que no han podido llegar aquí. Yo creo que como ellos deben haber muchos otros que por miedo, por omisión, por todos los problemas que han habido en los compromisos de la JEP y en nosotros mismos, no han podido comparecer aquí”, concluyó.

Violencia sexual durante el cautiverio

“Una de las características del 30 Frente es que eran secuestros económicos, pero eran cortos: ‘usted paga o no vuelve a ver a su familiar’”, resalta Luz Mélida Ocampo en representación de las víctimas de secuestro extorsivo de su región. Según cuenta, después de varios casos, este era el conocimiento general que tenían las comunidades de zona rural de Valle del Cauca sobre el actuar de las extintas Farc.

Ocampo y su familia fueron secuestrados el 6 de abril de 2002, en el municipio de Dagua, Valle del Cauca, en lo que se conoció como ‘pescas milagrosas’. Ese día, mientras la familia transitaba por la carretera que va de Cali a Buenaventura, hombres armados del Frente 30 de las Farc los pararon en un retén instalado sobre la carretera. En un intento de huida de la familia, los guerrilleros abrieron fuego contra el vehículo.

Como su esposo y su hija de 12 años fueron heridos durante el plagio, los armados se llevaron a Luz Mélida, quien para entonces tenía 42 años. Con su familia, Olga manejaba una empresa de transporte que prestaba servicios por el Valle. Contó que la guerrilla se ensañó contra la familia por algunos bienes que con esfuerzo habían construido a través de los años y las ganancias de su empresa familiar.

Durante su cautiverio fue torturada, sometida a tratos crueles e inhumanos y violentada sexualmente. “Ahí comienza la historia más horrible para una mujer: estar desnuda, llegar un hombre, manosearte, tirarte al piso y violarte. Y luego llega otro y también hace lo mismo. Ustedes daban cultura, pero no sé qué cultura les daban”. Dejarla sin comida, encadenada a un árbol o obligarla a recorrer largas caminatas fueron algunos de los tratos crueles e inhumanos que padeció.

Por su liberación pidieron un millón de dólares. “Yo me desmayé porque ¿de dónde íbamos a sacar un millón de dólares?”. Cuando la guerrilla vio lista el canje del dinero por su liberación, esa noche volvieron a accederla sexualmente. Incluso, el día de su liberación intentaron volverla a violentar, “me tocó comenzar a gritar, les dije ‘ustedes  prometieron que no iban a volver a hacer eso’”. Tras su liberación, la familia continuó siendo víctima del conflicto, despojo de predios y afectada en su empresa familiar; cargando, además, las cicatrices de la violencia sexual en cautiverio.

“Hay miles de mujeres con historias como la mía. Las Farc niega que estos actos de violencia sexual ocurrieron bajo su conocimiento, alegan que estas conductas iban en contra de sus estatutos y eran castigados con fusilamiento, pero la realidad que estamos viviendo demuestra todo lo contrario. Mi caso, al igual que el de muchas otras víctimas, refleja que no sólo hubo conocimiento de estas prácticas, sino también que hubo una complicidad y una permisividad”, expresó la víctima durante la audiencia.

“Eso a usted no debió haberle ocurrido. A usted ni a nadie”, señaló Gustavo Arbeláez. “(Yo) hacía parte de estructuras que en el desarrollo de la guerra se crearon y que quedaron sueltas y que no tuvimos el talento suficiente de ajustarlas o de tomar la decisión de que dejaran de hacer”, agregó. “De corazón acepto la responsabilidad que como organización tuvimos en este hecho”, concluyó.

La voz de los desaparecidos

Olga Yaneth Gonzalez Mosquera alzó su voz para contar el secuestro y desaparición de su padre, Gilberto González Hernández, de 62 años. El 28 de mayo de 2012 en Rosas, Cauca, fue plagiado y desde entonces la familia ha atravesado un calvario para determinar su paradero.

En su momento, hombres que se identificaron como miembros del Frente 8 de las Farc le pidieron 20 millones de pesos por la liberación de su familiar, pero luego se enteraron que Gilberto había sido asesinado a los pocos días del secuestro. Por la liberación de su cuerpo les pidieron la misma cantidad de dinero para ser liberado.

Dentro de una investigación en la justicia ordinaria que duró cuatro años, la familia González Mosquera logró llevar a algunos de los responsables del secuestro de su familiar a la cárcel con una condena de 560 meses por extorsión agravada y desaparición forzosa, pero luego, con el Acuerdo de Paz recibieron el beneficio de libertad, para iniciar su proceso de reincorporación, entre ellos, Raúl Javier López Garzón, Jorge Eliecer Gómez Chanchí y Eduardo Santos Pipicano.

Durante el proceso, un campesino vecino de la región que presenció cómo los hombres armados llegaron a Gilberto, aceptó, por petición de la familia, comparecer como testigo principal contra los guerrilleros dentro del proceso. “Coincidencialmente, a los 10 días de que ellos salen libres aparece el testigo presencial muerto con ocho disparos en su cuerpo”, asegura Olga Yaneth.

“Ellos salen libres acogidos ante la Justicia Especial para la Paz, pero salen sin aportar ningún detalle de qué pasó con mi papá. Nosotros seguimos nuevamente siendo amenazados, siendo intimidados”, agregó.

La familia pidió el reconocimiento de los comparecientes sobre su responsabilidad en este caso y pido que la JEP actúe y evalúe el cumplimiento del régimen de condicionalidad con el cual se le otorgó a estos exguerrilleros el beneficio de la excarcelación. Además aprovechó el espacio para llamar la atención sobre la importancia de la búsqueda humanitaria, que como ella padecen decenas de víctimas de la región acreditadas en el caso.

Édgar López Gómez, en representación de la extinta guerrilla, le aseguró a la familia que están recopilando información para dar con el paradero del cuerpo de Gilberto. “No debemos guardarnos expectativas porque no podemos confirmar si sean ciertas o solamente nos van a aproximar, pero hay una información que es importante”. Por su parte, la magistrada Julieta Lemaitre precisó que la situación de los tres exguerrilleros fue remitida a la Sala de Amnistía e Indulto para revisar la posible pérdida por incumplimientos.

Sigifredo y el perdón que le debe la sociedad

A nivel nacional, gran parte de los secuestros con fines de canje estaban fijados miembros de la Policía y el Ejército, muchos en acciones armadas, otros cuando no estaban en funciones. Durante el proceso de paz con el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), las Farc liberaron a miembros de la fuerza pública que no tenían mandos y se quedaron con las cabezas. Es el caso de Guillermo Javier Solorzano, comandante de la Policía, liberado el 16 de febrero de 2011, tras 1.336 días de cautiverio. Después de todo lo que sufrió, los malos tratos y torturas que le provocaron los guerrilleros, le afectaron su buen nombre y acabaron con su carrera en la Policía. (Leer más en: Uniformados rasos secuestrados, víctimas de las Farc y del Estado)

El ‘Jorge Briceño’ o ‘Mono Jojoy’ posterior al año 2001, determinó que para presionar al Estado Colombiano también se debía privar de la libertad a civiles que tuvieran notoriedad política y a sus familiares. Dentro de esta dirección se encuentra el caso de los diputados del Valle.

La justicia colombiana había proferido diferentes sentencias en contra de miembros rasos de la guerrilla, sin embargo, esta es la primera vez que altos mandos asumen responsabilidad por los daños sufridos por el secuestro de los diputados Asamblea Departamental del Valle, plagiados para presionar al gobierno en miras de un canje por guerrilleros.

El 11 de abril de 2002, disfrazados de militares del Ejército y bajo una falsa amenaza de bomba, milicianos de las Farc se los llevaron de la sede donde sesionaban, ubicada en pleno centro de Cali. Según ha determinado la JEP, dos hombres que habían hecho parte del M-19 colaboraron con las Farc aportándoles información. Estos conocían personas dentro de la Asamblea que les dio detalles a la guerrilla del funcionamiento desde dentro. Pablo Catatumbo ya había reconocido en la audiencia pública que Milton Sierra, conocido como ‘JJ’; Obdulio Peña o ‘Franco Benavides’; y ‘Alfonso Cano’ planearon esta acción.

Una vez en poder de las Farc, Oswaldo Miguel Mendoza o ‘Pacho Quinto’, joven comandante del Bloque Móvil Arturo Ruiz, se le asignó la tarea de conducir a los disputados por la selva para que quedara en manos del Frente 60. Esa extensa travesía, desde los Farallones de Cali hasta el río Naya, sería el inicio de las largas caminatas a las que fueron sometidos y que las víctimas nombraron como ‘las marchas de la muerte’. Sin víveres, sin equipos, sin medicamentos y sin descanso.

“Todos esos recorridos fue sufrimiento, fue frustración (…), no sólo lo de las marchas forzadas, sino también perder sus pertenencias. No lo menciono por el objeto, sino por el significado que tenían”, expresó Mendoza. “Hoy que en mí ha parado el ruido de la guerra me puedo dar cuenta cuánto era el significado que tenían esas prendas de los diputados”, agregó el compareciente y “pienso mucho en todo el sufrimiento que provocamos, pienso que fue una política equivocada. Eso no debía pasar”.

Después de cinco años de secuestro, 11 de los diputados fueron asesinados por las Farc: Juan Carlos Narváez, Ramiro Echeverry, Jairo Hoyos, Alberto Quintero, Rufino Varela, Nacianceno Orozco, Héctor Fabio Arismendi, Edison Pérez, Francisco Giraldo, Carlos Alberto Barragán y Carlos Alberto Charry. El único sobreviviente, Sigifredo López, fue liberado en 2009, pero fue encarcelado en mayo de 2012 por falsas acusaciones de haber colaborado con la guerrilla en el plagio de sus compañeros.

Inicialmente, las Farc argumentaron que los diputados murieron en un combate en un grupo armado sin identificar, pero años después se supo la verdad: una guerrillera de 15 años que hacía vigilia vio a hombres armados acercarse. En el momento, pensaron que se trataba de tropas del Ejército que habían llegado a rescatar a los diputados, pero en realidad se trataba de hombres del Frente 29 de la misma guerrilla. En la confusión, los carceleros de los diputados los masacraron en tres minutos.

Héctor Julio Villarraga, ‘Gilberto Arroyave’ era el comandante del Frente 60 y estaba a cargo de los hombres que masacraron a los diputados. Explicó que esa decisión se dio en el marco de una directriz nacional de las extintas Farc. Según recuerda, desde finales del 2006 se había impartido la instrucción de que no se podría permitir el rescate de los secuestrados, a raíz de unos hechos ocurrido en Cundinamarca donde, tras la llegada del Ejército y la huida de los guerrilleros, habían sido liberados unos cautivos. “A raíz de eso el comandante ‘Alfonso Cano’ me escribe y me da instrucciones que esa situación no puede repetirse, que eso no se puede permitir, que había que tomar medidas y establecer un plan de emergencia en esa circunstancia”, relató el compareciente.

“Nosotros nos reunimos con quienes me apoyaban en el ejercicio de mando y determinamos que en caso de caer en una circunstancia, ya sea en desplazamiento o en un campamento, teníamos que optar por el fusilamiento de los secuestrados”, agregó Villarraga.

“Usted está aquí por cumplir una orden inhumana”, le aclaró la magistrada Lemaitre. “En el Derecho Internacional, el que la orden sea inhumana no excusa a quien la cumple”, agregó.

Sigifredo se salvó porque estaba castigado, amarrado del cuello a un árbol, a 10 minutos del campamento, pero durante años recayó contra él estigmas de haber colaborado en el secuestro de sus compañeros. Incluso, estuvo preso por un video y unos testigos que malintencionadamente lo incriminaron. Gustavo Arbeláez Cardona, uno de los comparecientes presentes en la audiencia, para entonces estaba en la cárcel y desde su detención aclaró que la persona del video no era el exdiputado, sino un miembro de la organización guerrillera.

“Quisiera reivindicar públicamente el nombre del exdiputado Sigifredo López, quien no solamente tuvo que vivir los horrores del cautiverio, sino que luego fue victimizado y revictimizado por un accionar completamente errático de la justicia colombiana”, expresó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, tan pronto se instaló la diligencia.

La magistrada Lemaitre retomó esta postura y resaltó que su despacho ha encontrado que aún persiste la estigmatización por parte de la sociedad del suroccidente contra él y su familia. “No hay nada, en años de investigación de la justicia ordinaria, en una cantidad de expedientes, en lo que dicen hoy los comparecientes que lleve a pensar de ninguna forma que Sigifredo fue algo distinto a una víctima”, señaló y agregó que “la sociedad debe acogerlo con compasión”, agregó.

Huérfanos por control territorial

Bajo el patrón de control territorial, la extinta guerrilla llegó a privar a niños y jóvenes de crecer con sus padres, arrebatándoles el derecho a crecer en un ambiente sano y frustrando su proyecto de vida. Así lo relató Angie y Margarita Barón, dos de cuatro hermanos a las que les secuestraron a su madre en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca. “Nunca necesitamos el

amor de un padre que nunca tuvimos, pues ella nos brindó el amor más tierno y caluroso que lo hizo sentir a uno como un hogar. (…) Con lo poco que teníamos económicamente éramos una familia muy feliz”, expresó su hija Angie.

En enero de 1986, hombres de las Farc irrumpieron en el hogar de esta familia campesina y se llevaron a Isabel Varón Gutiérrez, madre soltera y cabeza de hogar de cuatro menores de edad, que sostenía su hogar con mucho esfuerzo. “A ella la llamaba ‘La Gitana’, por su belleza, por ser una persona muy bondadosa con las personas que no tenían un plato de comida”, recuerda Angie. La víctima fue asesinada en un intento de fuga y la enterraron en el cementerio de Santa Lucía como un cuerpo no identificado junto a las víctimas de una masacre. A sus hijas les negaron la posibilidad de recuperar el cuerpo de su madre.

Después de 37 años de estar buscando los restos de su madre, se hicieron presentes en la audiencia para compartir su dolor. “Las acciones del Bloque Occidental nos dejaron solos en este mundo sin un hogar, sin un apoyo para crecer y salir adelante. No se imaginan los horrores que se viven sin saber que íbamos a hacer para tener una comida en el día, con quién íbamos a vivir. A esos cuatro niños de 14, 12, 10 y 2 nos tocó dejar de lado la infancia y salir adelante solos, aguantando humillaciones, malos tratos, hambre, frío”, expresó Angie.

A su hermana mayor, Patricia, le tocó tomar el rol de nuestra madre. “A mi hermana Margarita, quien estaba aquí a mi lado, y a mí, nos tocó irnos a casa de familias a realizar labores de casa, sin pago alguno, sólo por un plato de comida y un techo para vivir. Eso nos hizo vivir muchos malos tratos, humillaciones, durante muchos años de nuestras vidas”, agregó.

Su dolor se ha prolongado al no tener certeza de dónde está el cuerpo de su madre. “Lo más triste de todo es que son víctimas que ni siquiera tienen culpa de lo que pasó, que ni siquiera se sabe qué fue lo que ocurrió, por qué hicieron eso”, complementó Margarita, hija de la víctima.

La familia, además de pedir respuestas a los exguerrilleros, hicieron un llamado por las acciones humanitarias. “También queremos pedir al gobierno nacional que se firme un acuerdo humanitario con los grupos armados que tienen control de la zona del Cauca, del Valle y de Nariño para que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas puedan entrar en el territorio y buscar a nuestros familiares y desaparecidos”, concluyó.

La resolución de conclusiones evaluará el reconocimiento rendido por los siete exguerrilleros imputados durante la audiencia pública, teniendo en cuenta los criterios de satisfacción de aporte a la verdad y reconocimiento establecidos por la JEP. Además, revisará las propuestas de sanciones que han presentado o van a formular los comparecientes y será el Tribunal para la Paz el que impondrá las sanciones a través de la sentencia.

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La no repetición de la violencia es otra promesa incumplida del Acuerdo de Paz. Tras la dejación de armas de las Farc, en San Vicente de Caguán tres grupos que surgieron de la extinta guerrilla se disputan sus territorios. En medio de la zozobra, las comunidades rurales resisten gracias a sus procesos organizativos y liderazgos locales.

“Los sueños del colono”, así se llama el café que siembra Estefanía Chica junto a su familia en la Zona de Reserva Campesina de El Pato-Balsillas en Caquetá. El café lo recoge, lo seca, lo tuesta y lo empaca con el nombre que hace alusión a los años de lucha y resistencia campesina para que esos sueños de colono se cumplan en medio del resurgimiento del conflicto armado en el territorio.

En los últimos siete años, Estefanía ha participado en la actualización de las normas comunitarias que rigen lo que se debe y no se debe hacer en la zona que históricamente ha sido clave para repeler la violencia contra la población civil, porque les ha permitido plantearles a quienes retomaron las armas, cuáles son las reglas que los propios campesinos y campesinas concertaron para sus territorios.

“Pienso que el Manual de Convivencia es la carta de negociación que tuvimos nosotros con los grupos armados. Parte de ese éxito que se tuvo es que la comunidad lo tenía muy apropiado, lo reconocen como propio y ellos defendieron sus propias ideas”, plantea Estefanía, asesora técnica de la Asociación Municipal de Colonos de El Pato (Amcop) en temas ambientales.

Estas normas comunitarias apuntan a la convivencia pacífica entre vecinos y a la protección del medioambiente, pasando de una visión de explotación de la naturaleza a una relación simbiótica entre el bosque y la vida campesina. Están pensadas en clave de propuestas para solucionar los conflictos socioambientales y buscar unas mejores formas de vida.

Hoy, cuando diferentes grupos armados nacidos después del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc se disputan el control del territorio, imponiendo sus propias reglas, esa herramienta cobra mayor importancia.

El pasado 15 de septiembre, la facción del denominado Estado Mayor Central (EMC), grupo disidente de las extintas Farc, bajo el liderazgo de alias ‘Iván Mordisco’, anunció que retomaría varios territorios de los departamentos de Meta y Caquetá en su puja por el poder con la facción del EMC bajo alias ‘Calarcá’.

“Implica una dura confrontación por la cual no queremos ver implicada a la población civil en esta guerra iniciada por los ya mencionados traidores (‘los fraccionalistas -sic- de los Calarcá’)”, reza un panfleto en el que se advirtió a las poblaciones caqueteñas de El Pato-Balsillas, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán.

“Quien apoye a estos divisionistas se tomará como una traición y afrenta a la lucha del pueblo por la toma del poder”, dice el documento.

Ese anuncio es la materialización de las alertas que la Defensoría del Pueblo venía realizando desde mediados de este año, advirtiendo de la retoma del poder de dos estructuras armadas que se dividieron y que hacían parte del Estado Mayor Central: el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, con el Frente Carolina Ramírez a cargo de ‘Mordisco’ y el Bloque Jorge Suárez Briceño de ‘Calarcá’.

La Alerta Temprana 023-24 del 10 de septiembre indicó que Caquetá es donde se está dando la mayor confrontación armada de esas dos estructuras del EMC. Y encendió las alarmas porque hay una doble imposición de regulaciones a la vida cotidiana de la población civil, “que antes resultaba unánime en el dominio del Estado Mayor Central, pero que, ante su actual fraccionamiento, parece indicar a las comunidades que ‘deben elegir el bando que van a apoyar’, ya sea a favor del Frente Carolina Ramírez o del Frente Jorge Suárez Briceño”.

En medio de ese desolador panorama, las comunidades rurales resisten gracias a sus procesos organizativos y liderazgos comunitarios.

Al respecto, Abimael Cortés, líder de la inspección Troncales, cuenta que “lo que nosotros queremos hacer es el manejo de cada una de las comunidades, pero llega un actor (armado) a la región y las cosas cambian. Dentro del territorio y la organización hay acuerdos internos de conservar; nosotros les explicamos cuál es nuestro propósito y nuestro compromiso con el medioambiente. Se ha venido hablando y hasta el momento se ha venido respetando”.

De otra parte, Eliana Hernández, lideresa de San Vicente del Caguán, describe los riesgos y las amenazas que implica la presencia de actores armados en el territorio. Ella hace especial énfasis en la ruptura de los lazos comunitarios.

“Tenemos riesgos de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas, funcionarios públicos en el territorio y también ha generado una ruptura frente a los procesos organizativos. Creo que hay un descontento frente al ejercicio y San Vicente es históricamente fuerte en el proceso organizativo comunal y campesino, pero hoy vemos una ruptura en ese proceso organizativo de base”, señala Eliana.

Hacia el futuro

Con el conflicto en auge, las comunidades afectadas reclaman por las garantías de no repetición enmarcadas en el Acuerdo de Paz con las extintas Farc.

“En algunos territorios la represión es mayor, en otros no ha sido tan fuerte. Hay restricciones y limitaciones de muchos procesos”, dice Abimael, de Troncales. “Sí hay un proceso de paz, pero realmente no ha funcionado mucho. ¿Cuál es el proceso de paz que el Estado le ha dado al campesino? Realmente hay actores armados, no estamos seguros de cuántos hay. ¿Dos o tres? Ellos son personas que pasan, pero presencia sí la hay”.

En medio de estos avatares y de un panorama poco alentador, la población campesina tiene la esperanza de trabajar desde sus organizaciones sociales en pro de la consolidación del Acuerdo de Paz. Aún siguen confiando en que el Estado ponga en marcha de manera integral los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito. (Leer más en: Paz fragmentada: promesas incumplidas en San Vicente del Caguán)

Pero el mayor deseo es un impulso al fortalecimiento de la gobernanza territorial y ambiental de las comunidades y la consolidación de las Zonas de Reserva Campesina, como alternativas que vinculan al campesino con su territorio desde la conservación del bosque, la vida y la naturaleza en general. (Leer más en: Más tierra que Estado)

“En el marco de la Paz Total -política del actual gobierno nacional que busca dialogar con todos los actores armados ilegales del país-, el mensaje que queremos dar desde los territorios es que realmente se cumpla. La proyección que tenemos las comunidades es conservar el medioambiente, implementar proyectos productivos con responsabilidad como el turismo, la regeneración, la reforestación”, expresa Abimael.

La principal preocupación del campesinado es la posesión de los títulos de propiedad de las tierras que han habitado por décadas. “Por medio de las Zonas Reserva Campesina, podemos tener el título del predio, que es algo muy importante que necesitamos”, dice

Sus procesos territoriales han demostrado que la oferta institucional o ha quedado corta o no se ha enfocado en las realidades estructurales que se mueven en la región. Si bien, las afectaciones al ambiente no son un daño menor, los procesos de gobernanza ambiental y territorial de las comunidades han aportado más al cuidado de la Amazonía de lo que hasta el momento se le ha reconocido.

De esa manera, las normatividades ambientales, los acuerdos comunitarios, los ejercicios propios de ordenamiento territorial y ambiental, con el manejo de cuencas y cañeros para rotación de cultivos, sumado a la implementación de herramientas institucionales como ejercicios de zonificación ambiental participativa desarrolladas en la región de El Bajo Pato y Guacamayas, con el impulso de las Zonas de Reserva Campesina.

Los procesos comunitarios y quienes los lideran se encuentran en una puja entre la convicción de sostener las bondades del Acuerdo de Paz y el interés de los actores armados por retomar territorios que históricamente ocuparon las antiguas Farc, imponiendo control y sus lógicas. Son quienes resisten en los territorios ante las promesas incumplidas en noviembre de 2016, manteniendo vivos eso ‘sueños de colono’.

Este producto fue realizado con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la paz en Colombia. Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan, ni comprometen la visión del Fondo.

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Contrario a lo que se esperaba, con la dejación de armas de las extintas Farc y la puesta en marcha de las denominadas políticas del posconflicto, en la Amazonía se dispararon la deforestación y se agudizaron otros problemas relacionados con el uso de la tierra. El surgimiento de nuevos actores armados empeoró la situación.

El municipio de San Vicente del Caguán fue orientado sobre la idea de un desarrollo económico basado en transformar una parte de la selva en potreros, al mismo tiempo en que se incluyó grandes extensiones de su territorio en una vasta reserva forestal. Mientras existía el dominio de la región de la otrora guerrilla de las Farc, hubo cierto control para que las fronteras de la ganadería no se extendieran a las áreas protegidas.

Pero hoy, la inadecuada implementación del Acuerdo de Paz que puso fin a esa fuerza guerrillera, ha agudizado algunos problemas socioambientales que afectan la conservación de la Amazonía colombiana, y ha estimulado otros como la deforestación desmedida.

Desde los años 60 el desarrollo de la ganadería en este municipio de Caquetá fue impulsado desde diferentes entidades del Estado y apoyado por grandes corporaciones económicas. Y en ese sentido ha sido un éxito. San Vicente del Caguán, con una población de 54.150 habitantes, concentra el mayor número de ganado en todo el departamento: según el Comité Ganadero del Caquetá, en 2022 había alrededor de 910.976 cabezas de ganado, casi 17 vacas por cada habitante.

Al mismo tiempo, la Ley Segunda de 1959 estableció la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía que abarca el 80 por ciento del área de San Vicente. Así mismo, en este territorio se encuentran porciones representativas de las áreas protegidas de los Parques Nacionales Naturales Picachos y Chiribiquete.

Pero las medidas que buscaban preservar las áreas protegidas en realidad han llevado a una situación de falta de control estatal sobre los bosques y es precisamente en esas zonas en donde hay mayor deforestación.

Deforestación, conflicto y paz

El comportamiento de la deforestación en San Vicente del Caguán está intrínsecamente relacionado con las dinámicas de conflicto y paz.

Luego del proceso de paz con la extinta guerrilla de las Farc aumentó la deforestación, ya que la salida de la guerrilla más antigua del continente y su reagrupamiento en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), implicó la desaparición de los controles sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que eran ejercidos por ese grupo armado en las poblaciones donde hacían presencia.

Así lo identifica Eliana Hernández, una lideresa de San Vicente del Caguán: “Antes del 2016 no había deforestación porque el actor armado ejercía un rol de ‘cuidado’. Pero cuando dejó de hacerlo, entonces también empezó con estrategias para entregar (tierras). Hoy en día hay una dinámica diferente, si el actor armado dice no tale más, San Vicente no (tala), pero si el actor armado dice: ‘Hay que entregarle esta tierra a los campesinos’, hay que ceder (talar) y hacer”.

Para Marta Cecilia Díaz, Subdirectora de Gestión y Riesgo y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales, la relación entre las dinámicas de paz, conflicto y deforestación, están atravesadas a su vez por la falta de una planificación que vincule a las comunidades: “No hubo una correcta planificación del territorio después de la firma del Acuerdo Final de Paz, puesto que se requiere ejercer procesos de gobernanza, liderados por comunidades campesinas y étnicas que viven cerca de áreas protegidas, lo que ha afectado su forma de vida y su relación con el entorno natural, como también se han visto expuestos a amenazas”.

La ausencia histórica de una distribución de tierra acorde a su función social y ecológica es causante de los procesos de colonización campesina en zonas exclusivas para la preservación. Asimismo, estas zonas han sido marginadas del acceso a bienes y servicios fundamentales, ya que las figuras de protección ambiental llevan consigo la idea que el acceso de estos estimularía la ocupación de estas zonas.

Sin embargo, para Visnu Posada, experto en Ley Segunda, esta idea, lejos de desestimular la colonización de la selva, ha permitido el desarrollo de economías que han sido en gran medida causantes de la deforestación de la amazonia.

“Que las zonas de frontera tengan menos infraestructura y acceso a derechos es premeditado. La debilidad y la construcción de estas figuras municipales o de estas gobernaciones con territorios tan amplios y tan alejados, se sustenta en que las economías que se producen en estos lugares son funcionales a unos mercados internacionales… tierra barata… y mano de obra barata (es lo que hay)”, plantea el investigador.

Y las cifras anuales respaldan su planteamiento.

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En municipios como San Vicente del Caguán, en donde el trayecto entre las zonas rurales y la cabecera urbana supera las cinco horas, existe en sus regiones alejadas una gran ausencia de infraestructura y servicios básicos. Y bajo estas condiciones difícilmente se han podido instalar actividades productivas distintas a producción de ganado en pie o economías ilegales.

El conflicto sigue y suma

A lo anterior se suma el nuevo estado de guerra y la actual dinámica del conflicto, caracterizada por el surgimiento de disidentes de las Farc como el Estado Mayor Central (EMC), sus facciones y la Segunda Marquetalia, que se enfrentan a sangre y fuego entre sí por el control territorial, teniendo una fuerte incidencia en la dinámica de la deforestación.

De acuerdo con el Informe Preliminar del 2023 presentado por la FIP, sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz en la subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño “el EMC también ha impulsado colonizaciones dirigidas a baldíos de la nación y al resguardo (indígena) Yaguará II, mientras que en otras zonas de control han impuesto multas y castigos para prevenir la deforestación y las quemas. Esto parece ser un ‘gesto de buena fe’ ante las negociaciones de Paz Total, ya que antes de estas el grupo fomentaba la tala y quema en zonas de importancia ambiental como el Parque Nacional Natural Los Picachos”.

De igual manera, resalta el International Crisis Group, en un informe publicado el pasado 18 octubre, que el EMC ha demostrado que puede utilizar su poder sobre la región como una ficha en las negociaciones con el gobierno. Luego de que las conversaciones colapsaran, en parte causado por las divisiones internas del EMC, se ha disparado de nuevo la deforestación, pues se nota un gran aumento en el primer semestre de 2024.

Para la investigadora Karla Díaz, de la Asociación Ambiente y Sociedad, hay una clara relación entre la perpetuación del conflicto armado y la sostenibilidad ecológica de la Amazonía, marcada por la dependencia de los actores armados en la captación de rentas de las economías que afectan los ecosistemas.

“Existe una posibilidad de captación de recursos por parte de actores armados y esto no es postacuerdo, esto es una dinámica continua en donde economías ilegales terminan financiando economías legales: el acaparamiento (tierras) en gran medida y la dinámica de expansión ganadera, generan unos excedentes que terminan financiando la guerra”, señala Díaz.

Y prosigue: “Esto pasa con las vacunas (extorsiones), con las cuotas por ganado, con el pago de actores económicos y con mucho dinero para que permitan deforestar. Yo creo que aquí lo que sucede es cómo se captan recursos, y cuando se captan recursos, el actor armado se ata a estas dinámicas y se hace dependiente de estas dinámicas de acaparamiento y acaparamiento hay hace mucho tiempo”.

Además, la investigadora concluye respecto a la acumulación de tierra por parte de terratenientes: “Yo creo que quien tiene claro quién está acaparando tierra, más que cualquier otro, es el actor armado. Y en gran medida se permite. Entonces creo, por ese punto de la captación de recursos, que sí puede haber una permanencia de conflictividades frente a la permanencia de los actores armados”.

Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra

A pesar de que en la Amazonía existen figuras de protección y manejo desde la primera mitad del siglo XX, como la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía y la declaratoria de Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos y Chiribiquete, y teniendo en cuenta el papel que cumple gobernanza comunitaria por parte de campesinas e indígenas en la protección de la Amazonía, aun así, se viene dando un constante proceso de deforestación.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Zonas de Reserva Forestal, pese a no ser áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), son consideradas como una estrategia de conservación in situ que aportan a la protección, planeación y manejo de los recursos naturales renovables y al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país.

Sin embargo, a la vez que se realizaron las declaratorias de área protegidas y zonas de reserva forestal, el Caguán vivió uno de sus auges de colonización más intensos, marcados por el desplazamiento producto del conflicto social y armado bipartidista, iniciado desde el 9 de abril de 1948, y por los programas de colonización que se desarrollaron a partir de la segunda mitad del siglo XX.

Esa contradicción es la génesis del actual conflicto socioambiental de ocupación y hábitat en zonas de reserva forestal y áreas protegidas. No obstante, en algunos casos, como lo ilustra el líder campesino Jorge González, de la Inspección Troncales, la ocupación del territorio se dio incluso antes de la declaratoria de estas áreas y enfatiza en cómo estas áreas han implicado obstáculos para el desarrollo de su comunidad.

“Al ser zona de Ley Segunda, el gobierno no invierte por motivos constitucionales. Entonces nos ha tocado a nosotros mismos hacer carreteras, hacer puentes… donde hay veredas que tienen personería jurídica del 60, del 50, inclusive, mucho antes de que surgiera esta Ley Segunda de 1959”, indica González.

Además, recalca que el hecho de que existan veredas que fueron fundadas entre 1920 y 1940, antes de la formulación de la Ley Segunda, demuestran que estaban antes de que existiera ese ordenamiento jurídico que no los tuvo en cuenta: “Entonces vinieron y nos marcaron poniéndonos Tipo A y Tipo B donde ya estamos viviendo”, refiriéndose a la distribución de las zonas de Ley Segunda, según su tipo de demarcación y uso de la tierra.

Tanto la Ley Segunda como las áreas protegidas han limitado que familias que llevan casi un siglo viviendo en este territorio puedan acceder a servicios y bienes, lo cual también ha dificultado la implementación del Acuerdo de Paz.

Varias de las iniciativas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que eran las principales apuestas para transformar el campo y acabar las causas que sostienen el conflicto armado, han encontrado barreras en las leyes de manejo y protección ambiental. Dichas limitaciones han surgido especialmente en la realización de inversiones en proyectos productivos y el desarrollo de infraestructura, pues requieren de la formalización de la propiedad de la tierra y estar al día jurídicamente.

“No se ha podido avanzar ni en ese tema de poder entregar al campesino, ni en la titulación de su propiedad, ni mucho menos en el reconocimiento de derechos, como, por ejemplo, una batería sanitaria”, dice Eliana Hernández, lideresa en San Vicente.

Pero no todo está perdido.

La implementación del Acuerdo Final de Paz no solo constituye una oportunidad para la transformación social de las comunidades rurales más afectadas por el conflicto armado, sino que también es una oportunidad para atender los históricos conflictos socioambientales presentes en el Caguán, por medio de la generación de acuerdos y fortalecimiento de las figuras que habían acogido formas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Entre ellas están las que giran alrededor del reconocimiento de la ocupación histórica, a través de estrategias que permitan generar un ordenamiento del territorio, de acuerdo con su función social y ecológica, como son las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), las cuales son mencionadas en el Punto 1 del Acuerdo de Paz.

En este pacto de paz se apuesta por “la transformación estructural del campo y en particular al cierre de la frontera agrícola”, además reconocer el papel y la contribución que los campesinos, campesinas, raizales y palenqueros y demás comunidades étnicas han hecho al territorio desde un ordenamiento sostenible. Indica que “para ello es necesario el reconocimiento y apoyo a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y demás formas de asociatividad solidaria”.

El 30 de agosto de 2024, Martha Carvajalino, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, firmó la modificación del Decreto 1777 de 1996 sobre la reglamentación de Zonas de Reserva Campesinas, indicando que la nueva normatividad permitirá que “quienes están en los territorios de la Ley Segunda, que han construido ahí su vida, que han cuidado, hoy van a poder ser reconocidos por el Estado”.

Al cierre de esta investigación, se habían adelantado dos solicitudes de Zona de Reserva Campesina en el Caquetá, entre ellas la ZRC Cuenca del río Orteguaza y San Pedro, que recoge localidades rurales de los municipios de Doncello, La Montañita, Paujil, y Florencia; y la ZRC Sur, que abarca el Piedemonte, Curillo y San José de Fragua.

“(Es) una apuesta conjunta por ordenar nuestros territorios, reconocerlos y entregarle al campesinado las herramientas necesarias y suficientes para proteger la vida, para proteger la biodiversidad, para hacer de sus territorios la paz”, dijo Carvajalino.

Este producto fue realizado con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la paz en Colombia. Las opiniones y planeamientos expresados no reflejan, ni comprometen la visión del Fondo.

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