La IV Brigada, con sede en Medellín, está implicada presuntamente en 302 casos de ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como falsos positivos. Foto: archivo Semana.Fue Juan Esteban Rendón, un temido pistolero perteneciente al Bloque ‘Héroes de Granada’ de las Auc conocido con el alias de ‘Polocho’, recientemente excluido de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, el responsable de sacar de su vivienda a Rolando de Jesús Ocampo para luego entregárselo a los militares.  

Sucedió en la tarde del 28 de enero de 2005. A eso de las 3:00 de la tarde, ‘Polocho’ arribó hasta la casa de Rolando, ubicada en el barrio Obreros de Cristo del municipio de La Ceja, Antioquia, para pedirle que lo ayudara con un trasteo. Fue laúltima vez que sus vecinos lo vieron con vida. De su suerte solo se supo días después, cuando efectivos del Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 “General Pedro Nel Ospina” presentaron su cadáver como el de un guerrillero del Eln muerto en combate, quien además de vestir camuflado portaba un radio de comunicaciones, una pistola calibre 357 y una granada de fragmentación.

Según lo ha podido documentar la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía (antes Justicia y Paz), ‘Polocho’ condujo a Rolando hasta un sector a las afueras de la Ceja conocido como Rancho Triste, donde los aguardaba otro paramilitar de nombre John. Luego de retenerlo por varias horas, lo entregó a los soldados de esta guarnición militar. Los casos documentados por el Ente Investigador apuntan a que no se trató de un hecho aislado.

Para aquellos años, los paramilitares del ‘Héroes de Granada’ ejercían férreo control sobre La Ceja y otros municipios del Oriente antioqueño. En una demostración de poder, varios de los comandantes de este grupo decidieron elaborar una ‘lista negra’. En ella consignaron los nombres de personas señaladas de indeseables, drogadictos, jíbaros, violadores, estafadores, milicianos, colaboradores de la guerrilla.

Tal como lo narró ante fiscales de la Unidad de Justicia Transicional Luis Alfonso Sotelo, alias ‘Jonh’, uno de los comandantes del ‘Héroes de Granada’ en el Oriente antioqueño, la idea era retenerlos para luego entregárselos al Ejército Nacional que, a su vez, los presentaba como guerrilleros muertos en combate. Rolando figuraba en dicha ‘lista’. Su estadía en la cárcel por posesión y venta de alucinógenos, sumados a sus antecedentes por violencia intrafamiliar, fueron motivos para que los jefes ‘paras’ lo incluyeran en ella.

Por este mecanismo también perdió la vida el joven Nelson Enrique Villada Blandón. Familiares y vecinos lo recuerdan como un asiduo fumador de marihuana y una persona que perdía el control cuando ingería alcohol. Con todo y ello, su muerte causó gran estupor entre quienes lo conocieron. Todo comenzó la tarde del 16 de diciembre de 2004. Siguiendo órdenes de sus superiores, ‘Polocho’ se dirigió hasta el barrio Obreros de Cristo de La Ceja, donde residía Nelson, para llevárselo a las buenas o a las malas.

A punta de amenazas, ‘Polocho’ llevó a Nelson hasta el sector conocido como El Tambo, donde aguardaban otros dos integrantes del ‘Héroes de Granada’ quienes luego lo entregaron a tropas del Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 “General Pedro Nel Ospina”. Los militares reportaron su muerte como la de un guerrillero del Eln muerto en combate durante el desarrollo de la operación táctica Fortaleza.

“Positivos para el Ejército”

Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, custodiado por algunos de sus hombres durante los Diálogos de Paz de Ralito. Foto: archivo Semana.Casos como estos hacen parte del expediente sobre desapariciones forzadas cometidas por el Bloque Héroes de Granada que viene documentado la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía. Estos fueron presentados recientemente ante los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín durante el proceso de priorización que se adelanta contra Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.

Del total de noventa casos presentados, nueve de ellos, que representan once víctimas, cumplían el patrón ya descrito: hombres y mujeres retenidos ilegalmente por los paramilitares que luego eran reportados como guerrilleros dados de baja en combate por tropas del Ejército. Entre quienes perdieron la vida en esta macabra alianza no solo figuran consumidores de alucinógenos, expendedores de vicio o raponeros. También aparecen como víctimas personas que se negaron a acatar las reglas que los paramilitares al servicio de ‘Don Berna’ impusieron en los pueblos del Oriente antioqueño.

Pasó en San Carlos, Oriente antioqueño. En la noche del 26 de febrero de 2005, por ejemplo, hombres encapuchados pertenecientes al Bloque ‘Héroes de Granada’ retuvieron a Miyerlay Guzmán cuando transitaba por las calles del barrio Zulia de este municipio. Dos días después, mientras caminaba por el parque de esta localidad y a plena luz del día, los ‘paras’ retuvieron a Pedro Pablo Miranda Restrepo. El 1 de marzo de ese mismo año, tropas del Batallón Especial Energético y Vial No. 4 reportaron enfrentamientos con la IX Cuadrilla de las Farc en el sector conocido como El Alto de La Pradera, municipio de San Rafael, que dejaron como resultado la muerte en combate de dos guerrilleros, un hombre y una mujer, de quienes no se conocía su identidad.

Análisis forenses permitieron establecer, poco después, que se trataba de Miyerlay y Pedro Pablo. Luberney Marín, alias ‘Joyero’, lugarteniente de ‘Don Berna’ en el Oriente antioqueño, narró ante fiscales de la Unidad de Justicia Transicional que ambos fueron retenidos para “un positivo para el Ejército” por cuanto no solo se negaban a pagar la ‘vacuna’ que los ‘paras’ habían impuesto a los profesores en San Carlos sino que públicamente renegaban de las acciones de las Autodefensas.

El Bloque ‘Héroes de Granada’ llegó a tener gran poder de control en municipios como Guarne, La Ceja, San Carlos, San Rafael, San Roque, Rionegro, Marinilla, entre otros. En un buen número de ellos se registró esta macabra práctica. La gran mayoría fueron cometidos entre 2004 y 2005, años en que las Fuerzas Militares desarrollaron grandes operaciones militares para recuperar el control del Oriente antioqueño y la autopista Medellín-Bogotá, asediada por las acciones de las Farc y el Eln.

¿Nexo ‘paras’-Ejército?

Cuando el general (r) Mario Montoya estuvo al frente de la IV Brigada, se dieron los mayores picos de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia. Foto: archivo Semana.En un Informe realizado por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEU), que agrupa a un número importante de organizaciones defensoras de derechos humanos, se consigna que entre 2002-2010 fueron reportados 3.512 casos de ejecuciones extrajudiciales en todo el país. El mismo informe señala que por lo menos en 1.209 fueron denunciadas tropas de 21 brigadas del Ejército Nacional, siendo la IV Brigada, con sede en Medellín, la más implicada en casos de ejecuciones extrajudiciales con 302 casos.

De esta guarnición, que tiene jurisdicción en todo el departamento de Antioquia y municipios limítrofes con el Chocó, hacen parte, entre otros, el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 “General Pedro Nel Ospina”; el Batallón de Infantería No. 10 “Coronel Atanasio Girardot”; el Batallón de Infantería  No. 32 “General Pedro Justo Berrío”; el Batallón de Artillería No. 4 “Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez” (Bajes); el Batallón de Contraguerrilla No. 4 “Granaderos”; el Batallón Plan Especial Energético y Vial No. 4;  y el Grupo de Caballería Mecanizada No. 4 “Juan del Corral”.

Todos ellos aparecen comprometidos con la comisión de ejecuciones extrajudiciales, siendo el “Bajes” y el “General Pedro Nel Ospina” las guarniciones militares más implicadas con 59 y 23 casos, respectivamente. Durante el periodo analizado por la CCEU estuvieron al frente de la IV Brigada los generales Mario Montoya Uribe (diciembre de 2001 a diciembre 2003), Oscar Enrique González Peña (diciembre de 2003 a Julio de 2005), Luis Roberto Pico Hernández (julio de 2005 a Octubre de 2006, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo (octubre de 2006 a Julio de 2007) y Juan Pablo Rodríguez Barragán (noviembre de 2007 a noviembre de 2009). Varios de estos Altos Mandos terminaron siendo ascendidos a comandantes generales del Ejército, como lo fueron el general (R) Montoya Uribe y el general González Peña. Sobre ninguno de ellos hay investigaciones judiciales por estos casos.

Según Alberto Yépez, integrante de la CCEU, en departamentos como Meta y Córdoba también se han conocido casos de ejecuciones extrajudiciales donde participaron grupos paramilitares reteniendo a las víctimas. A su juicio, “son demasiados casos extendidos por todo el país como para continuar sosteniendo la tesis de que se trató de ‘manzanas podridas’ al interior de las fuerzas militares”.

Más grave aún, sostiene Yépez, es que las decisiones judiciales han ayudado a minimizar la dimensión que tuvo este atroz crimen en el país, pues si bien se han condenado a soldados rasos y suboficiales del Ejército, son realmente pocas las sentencias proferidas contra altos mandos del Ejército por estos hechos. “Súmele que se han archivado muchas investigaciones, otras se quedaron en etapa previa y un buen número de ellas se ha ido para la justicia penal militar”, agrega.

Para Yépez, “la justicia ordinaria debería, por lo menos, avanzar en la parte de investigación y luego remitir a la Jurisdicción Especial para la Paz”. Lo cierto, en todo caso, es que este oscuro capítulo merece un final distinto al de dormir el sueño de los justos en los anaqueles de los despachos judiciales.

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Pedro Juan Morerno, exsecretario de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, durante periodo como gobernador de Antioquia. Foto: archivo Semana.La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada de investigar a los funcionarios del Alto Gobierno, tiene hoy en sus manos una compleja responsabilidad: esclarecer las sospechas que vinculan al expresidente Álvaro Uribe Vélez en la muerte de Pedro Juan Moreno Villa, quien fuera su secretario de Gobierno y su “fiel escudero” durante los años en que rigió los destinos del departamento de Antioquia como gobernador.

La solicitud de investigar al expresidente y actual senador de la República por el partido Centro Democrático fue hecha por la Fiscalía General de la Nación, luego de valorar las declaraciones que entregara el exjefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, el pasado mes de octubre. De acuerdo con el cofundador de las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ como se autodenominan la banda criminal de los Úsuga, fue en una reunión llevada a cabo en la finca La 15, en San Pedro de Urabá, donde Vicente Castaño planteó la posibilidad de que la muerte del empresario antioqueño no hubiera sido un accidente.

“Estaba hablando con unas personas que llegaban de Medellín, quienes le manifestaban que Pedro Juan Moreno había muerto en un helicóptero en un accidente. Vicente preguntó que si había sido accidente o era que se lo habían tanqueado con agua, refiriéndose luego al doctor Álvaro Uribe como quien se había quitado de encima el problema que tenía con Pedro Juan Moreno”, declaró ‘Don Mario’ ante funcionarios judiciales.

Pedro Juan Moreno Villa falleció el 24 de febrero de 2006 en un trágico accidente aéreo. El helicóptero en que se transportaba, que había partido del aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín, cayó a tierra en zona selvática del municipio de Mutatá, Urabá antioqueño. En el siniestro también perdió la vida su hijo y otras dos personas más.

Un hombre polémico

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República y actual senador del Centro Democrático. Foto: archivo Semana.Accidente o no, lo cierto es que el nombre de Pedro Juan Moreno Villa siempre fue sinónimo de controversia y profundas sospechas que incluso hoy tienen en apuros a quien fuera su más cercano aliado político: el expresidente Álvaro Uribe Vélez. De ser un ingeniero y empresario exitoso, Moreno Villa decidió incursionar en la política a través del partido Conservador. Fue así como a principios de la década de los ochenta obtuvo una curul en el Concejo de Medellín y luego un escaño en la Asamblea de Antioquia.

En 1994 hizo parte de la campaña de Álvaro Uribe Vélez a la Gobernación de Antioquia, quien una vez electo para el periodo 1995-1997, lo llamó para que ocupara la Secretaría de Gobierno, en la que alcanzó fama de “matón, loco y atravesado”, descripción que, según le confesaba a la prensa, no le molestaba.

Desde ese cargo y en medio de grandes polémicas nacionales e internacionales, impulsó las llamadas de cooperativas de seguridad y vigilancia privada, Convivir, organizaciones que, tal como lo ha probado tanto la justicia ordinaria como la justicia transicional, sirvieron de fachada al paramilitarismo. Su enconado odio contra la izquierda se convirtió  en un ejemplo del pensamiento de derecha en el país.

Hoy, gracias a declaraciones entregadas por postulados a la ley de Justicia y Paz, se sabe que el exfuncionario de la Gobernación fungió como asesor de importantes jefes del paramilitarismo, incluso del propio Carlos Castaño. También que sostuvo asiduas reuniones con miembros de grupos paramilitares en tiempos en los que Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia y él su secretario de Gobierno.

Quien primero salpicó a Moreno Villa fue Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’. Desde una celda en los Estados Unidos, el exjefe paramilitar declaró ante fiscales de Justicia y Paz un día de febrero de 2012 que Moreno hizo parte del “grupo de los seis”, una especie de comisión de notables que asesoraba a Carlos Castaño Gil.

“Yo lo llamaría el ‘consejo superior’: daba orientaciones en la parte política en la lucha contra la guerrilla y al que Carlos consultaba decisiones trascendentales”, señaló en aquella ocasión ‘Don Berna’, añadiendo además que Pedro Juan Moreno era uno de integrantes más influyentes de ese grupo de notables.  Prueba de ello, señaló el exjefe paramilitar, lo constituyó el asesinato del abogado defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en Medellín el 27 de febrero de 1998.

“Esta acción fue una petición del doctor (Pedro Juan) Moreno, ya que él (Valle) estaba haciendo una investigación sobre los hechos que ocurrieron en El Aro, Ituango”, declaró Murillo Bejarano en aquella ocasión. Y es que, como se recordará, el entonces secretario de Gobierno hizo públicas sus molestias por las denuncias que venía formulando Valle Jaramillo sobre la connivencia de sectores del Ejército adscritos a la IV Brigada con grupos paramilitares en el norte del departamento, concretamente en el municipio de Ituango, su tierra natal, donde aún estaba viva la tragedia causada por las masacres cometidas en las veredas El Aro y La Granja.

Los consejeros de los paras según ‘Don Berna’

Pero los señalamientos no pararon ahí. En abril de 2013, el exjefe paramilitar Ever Veloza, alias ‘H.H’, narró desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos y ante fiscales de Justicia y Paz los pormenores de una reunión celebrada en Medellín, a mediados del año 1996, en la que estuvo presente y a la que asistieron además José Jacinto Soto Toro, alias ‘Lucas’, responsable de las finanzas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu); y Pedro Juan Moreno Villa, por ese entonces secretario de Gobierno de Antioquia.

La reunión de Pedro Juan Moreno y alias ‘HH’ en Medellín

El motivo del encuentro: concretar la creación de un grupo paramilitar en el nordeste de Antioquia para que expulsara a la guerrilla del Eln. “En ese momento se estaban montando los grupos paramilitares en Antioquia. ‘Lucas’ estaba organizando la entrada de la gente para Cristales, San José del Nus, San Roque y Santo Domingo. Por esa razón, le pidió una cita a Pedro Juan Moreno para que le ayudara a concretar una reunión con los hermanos Alberto y Guillermo Villegas. Ellos eran muy cercanos a (Álvaro) Uribe, tenían fincas para esos lados, incluso uno de ellos tenía una estación de gasolina en San José del Nus. (Pedro Juan) Moreno dijo que sí, que iba a hablar con ellos”, declaró ‘HH’ en ese momento.

Los señalamientos de ser el puente entre los ‘paras’ y Uribe

Salvatore Mancuso, exjefe de los bloques Córdoba, Norte y Catatumbo de las Auc. Foto: archivo Semana.Otro que reconoció la cercanía de Pedro Juan Moreno con el paramilitarismo fue Salvatore Mancuso. “Con el señor Juan Moreno hemos tenido relación desde aproximadamente el año 1995.   Fueron múltiples las reuniones que se dieron con el doctor Pedro Juan Moreno y mis comandantes máximos, Carlos Castaño y Vicente Castaño. Él para ese momento era secretario de gobierno de Antioquia”, reconoció el exjefe paramilitar ante fiscales de Justicia y Paz en septiembre de 2012.

En su declaración, Mancuso advierte sobre las visitas que hizo Moreno Villa a los máximos comandantes paramilitares justo en momentos en que Álvaro Uribe Vélez iniciaba su carrera por la presidencia de la República, en el año 2001: “Un día vino Pedro Juan diciendo que el doctor Uribe estaba aspirando a la Presidencia. Vino a decirnos que nuestras acciones lo estaban perjudicando en la medida en que a él (Uribe) se le veía como alguien muy cercano auspiciador de los grupos de Autodefensas, que qué posibilidad teníamos nosotros como comandantes de hablar con los diferentes estamentos de Autodefensas para poder disminuir esa tipo de acciones”.

Según Mancuso, la desconfianza que despertaba entre los máximos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) la figura de Horacio Serpa, candidato liberal a la presidencia para el periodo 2002-2006, llevaron a los miembros de las Auc a apoyar la candidatura de Álvaro Uribe, con quien, además, había cercanías ideológicas.

De acuerdo con la versión entregada por este exjefe paramilitar, a través de Pedro Juan Moreno, primero; y luego a través de Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella los comandantes de las Auc enviaron razón al entonces candidato de la “Mano firme y el corazón grande” sobre sus intenciones de acogerse a un proceso de paz si resultaba electo.

“Yo le dije a Miguel Alfonso y a Eleonora: ‘yo necesito tener una interlocución mucho más directa con el tema, vayan díganle al doctor Álvaro Uribe que nosotros queremos un proceso de paz, un proceso de negociación político que se incluya a todos los actores que no excluya a nadie para que no legitime la acción armada como expresión política, y díganle que ustedes son los representantes míos y que nosotros lo vamos apoyar dentro del proceso y las elecciones”, declaró Mancuso en aquella oportunidad.

Como se ve, para los integrantes de la Comisión de Acusaciones de la Cámara avanzar en la investigación solicitada por la Fiscalía será todo un reto por varias razones. La primera consiste en  establecer la veracidad de las declaraciones de ‘Don Mario’ si se tiene en cuenta que la suerte de Vicente Castaño, el hombre señalado de tener información sobre la muerte de Moreno Villa, continúa siendo un misterio. A ello se suman las dificultades que encierra realizar labores de peritazgo y verificación de un accidente aéreo que ocurrió diez años atrás.

Y pese a que existen probadas evidencias sobre la cercanía de Pedro Juan Moreno Villa con el paramilitarismo, el reto de los investigadores consiste en establecer si Álvaro Uribe Vélez, amigo personal, aliado político y quien fuera su jefe durante los años en que fue gobernador de Antioquia, sabía de estas relaciones.

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Los riesgos electorales por violencia en la región del Magdalena Medio no sólo están asociados a los grupos armados ilegales, sino a otros factores como la violencia política que ha imperado en la región y la financiación de campañas. Foto archivo Semana. Foto: archivo Semana.

Silencio. Eso es lo que impera en el Magdalena Medio cuando se trata de indagar sobre los riesgos frente a las elecciones territoriales del próximo domingo 25 de octubre. Esta es una región de 35 municipios entre los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar y Santander, bañados por el río Magdalena, que durante tres décadas han soportado la violencia de las guerrillas, de las autodefensas, de los paramilitares y de forma más reciente, de las bandas criminales.

En un informe presentado en agosto de este año a las autoridades y que fue difundido por los medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo aclaró que aunque con las negociaciones de paz en La Habana (Cuba) el conflicto ha mermado, las bandas criminales siguen siendo una amenaza. En esto coincide la Misión de Observación Electoral (MOE), quien concluye “que el conflicto disminuye pero no la violencia” tras analizar cinco variables como factores de riesgo: la violencia política, la presencia de grupos armados ilegales, las acciones de estos grupos, el desplazamiento y la violación a la libertad de prensa.

Lea página 37 Mapas de Riesgo Electoral de la MOE

Aunque la MOE señala que los niveles de violencia descendieron respecto a 2011, se incrementaron en relación con 2014, año de las elecciones nacionales. “Si la violencia aumenta en el periodo de 2014 a 2015, en pleno descenso de la intensidad del conflicto, hay fuertes razones para pensar que esto tiene que ver con otro tipo de acciones violentas ejercidas con motivo de las elecciones”, dice este organismo de la sociedad civil, refiriéndose también a la financiación de las campañas, el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, la trata de personas y el tráfico de armas.

Para el caso del Magdalena Medio, la Defensoría encontró que de los 35 municipios que componen esta región, 14 de ellos, es decir el 40 por ciento, tienen un riesgo medio por razones de violencia. Aunque el organismo del Ministerio Público aclara que no existen evidencias de que los grupos armados ilegales tengan la capacidad para afectar el desarrollo de las elecciones de este domingo, sí representan una amenaza indirecta pues “utilizan el territorio como escenario de disputa, corredor de movilidad o zona de refugio”.

Desde la desmovilización del Bloque Central Bolívar de las Auc en 2006, que tuvo incidencia en esta región, aparecieron las bandas criminales ‘Águilas Negras’, ‘Urabeños’, ‘Paisas’, ‘Botalones’ y ‘Rastrojos’, siendo estos últimos los que tienen mayor presencia en la zona. Sus hombres se financian con el ‘negocio’ de la cocaína que persiste todavía en el sur de Bolívar y que tiene rutas por el noroccidente de Santander y el sur del Cesar con salida hacia Venezuela, según los informes de riesgo y alertas tempranas emitidas por la Defensoría durante los últimos diez años.

Informe Magdalena Medio: ¿Cómo vamos?, de septiembre de 2015, del Observatorio de Paz Integral, de la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio

Coincidencialmente, en esos municipios la MOE advirtió que había riesgo de “trashumancia electoral” en varios de los municipios del Magadalena Medio, situación que fue confirmada por el Consejo Nacional Electoral cuando en septiembre decidió anular por lo menos 44 mil cédulas de personas que aparecen avaladas para votar en un sitio muy distinto al lugar en el que viven.

En el Magdalena Medio hay un panorama nebuloso, cuyo riesgo no sólo está relacionado con la presencia de bandas criminales que aparentemente no afectarían ni incidirían en los comicios, sino con los antecedentes que dejan algunas Alcaldías, cuyos representantes han sido cuestionados o están investigados. El interrogante que queda abierto, en voz de varias personas que conocen la zona y que prefieren guardar su identidad por razones de seguridad, es si habrá una renovación política que permita aterrizar los puntos negociados en La Habana, de prosperar el proceso de paz.

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Foto: archivo Semana.Una de estas licencias entregada en octubre de 1980 fue para Gustavo Rey Soto, a quien las autoridades le allanaron varias propiedades en 1996 durante un operativo contra personas vinculadas al narcotráfico.

Otra licencia en diciembre de 1981 fue para Héctor Mario Cifuentes Villa también investigado por narcotráfico. Según Cepeda, los Cifuentes Villa tienen en el pasado una relación familiar con Uribe. Héctor Mario Cifuentes es hermano de Dolly Cifuentes, quien fue pareja de Jaime Alberto Uribe, hermano del expresidente y senador. Mientras Héctor Mario se encuentra en la actualidad prófugo, Dolly fue extraditada y condenada en Estados Unidos por narcotráfico.

Otras seis licencias fueron otorgadas a los hermanos Óscar Humberto’, Miller y Armando Sierra Pastrana, investigados por haber sido pilotos de capos del cartel de Medellín y del Cartel de Cali.

En 1982 otra de las licencias fue concedida a Álvaro Suárez Granados alias ‘Coco’ y quien fue piloto de Pablo Escobar y luego de los hermanos Rodríguez Orejuela en la ‘exportación’ de cocaína hacia México. Una licencia más fue entregada a Ricardo Ávila Armenta, señalado de haber sido promotor, junto a su hermano Eduardo, de la bonanza marimbera en la Costa Atlántica.

El dato que más llamó la atención fue el otorgamiento de una licencia a su padre Alberto Uribe Sierra para la operación de un helicóptero Huges 500. Cepeda advirtió que este helicóptero fue encontrado durante las operaciones que hicieron las autoridades en 1984 a ‘Tranquilandia’, un complejo para el procesamiento de cocaína en la zona selvática entre el Caquetá y Meta del Cartel de Medellín.  Aunque Uribe ha señalado que para le época el helicóptero ya no era de su padre sino había sido transferido a una empresa que tomaba fotos áreas, el senador Cepeda aseguró que no hay un papel oficial que pongan en esa evidencia dicha transferencia.

Otro de los cuestionamientos surgió tras su nombramiento en agosto de 1982 como Alcalde de Medellín, cargo que ocupó hasta diciembre de ese año. De acuerdo con la investigación adelantada por Cepeda, Uribe Vélez fue retirado del puesto por el entonces presidente de la República, Belisario Betancur, quien le tenía desconfianza al joven mandatario local por su cercanía y la de su familia a Pablo Escobar y el clan Ochoa, quienes integraban el Cartel de Medellín.

El detonante para sacarlo de la Alcaldía fue la asistencia del joven alcalde a varias corridas promovidas en Medellín por los Ochoa. Para soportar su argumento, Cepeda mostró la copia de un folleto que circuló en 1983 con el título de ‘Corrida en beneficencia de Medellín sin Tugurios’.

Según explicó, en esa corrida participaron como rejoneadores Alberto Sierra y Fabio Ocha en beneficencia de un programa impulsado por varios particulares, entre ellos Pablo Escobar. La corrida fue patrocinada por Bicicletas Ositto, de propiedad de alias ‘El Osito’, hermano del capo del Cartel de Medellín.

Sobre la presunta relación de los Ochoa con los Uribe, Cepeda mostró dos declaraciones registradas por las autoridades y la prensa. En 1992, Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’ le aseguró a la Fiscalía que Uribe Vélez y Bernardo Guerra Serna hacía parte de las cuotas políticas que apoyaban al Cartel de Medellín.

Una vez renunció a la Alcaldía de Medellín, según Cepeda, en marzo de 1983 Uribe fue nombrado miembro de la junta directiva de Comnfirmesa, empresa de Luis Carlos Molina Yepes, encargado de las ‘finanzas’ del Cartel de Medellín y condenado por el asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano.

Ya como senador, para el periodo 1986-1994, el debate contra Uribe giró en torno a la supuesta defensa que hizo de la no extradición de colombianos a otros países para que respondieran por delitos asociados al tráfico de drogas.

El año 1989 fue de los más violentos del país con la masacre de La Rochela, donde fueron asesinados varios funcionarios judiciales que investigaban el paramilitarismo, el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, la bomba a las instalaciones del DAS en Bogotá y la explosión de un avión de Avianca en pleno vuelo.

Ese año el gobierno propuso la extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos, una decisión que debía ser aprobada por el Congreso.  En la Cámara de Representantes, Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe, fue el ponente de un proyecto que convocaba un referéndum en contra de la extradición. En Cámara fue aprobado y el 14 de diciembre de 1989 fue llevado a discusión del Senado. Aunque la Cámara Alta no avaló la propuesta, Álvaro Uribe defendió la defendió enconadamente.

Según datos recopilados por Cepeda, en abril de 1990 una fuente le aseguró al FBI que el Cartel de Medellín financió varias de las candidaturas de las elecciones a Congreso en marzo de ese año. La fuente sostuvo a las autoridades estadounidenses que se trató de políticos que “ganaron asientos en el Senado” y que “representan al Partido Liberal”. Para entonces, los dos senadores electos por Antioquia por ese partido fueron Álvaro Uribe y Bernardo Guerra Serna, mencionados posteriormente por alias ‘Don Berna’ en su declaración de 1992 a la Fiscalía. (Ver: La narcopolítica de Pablo Escobar, según el FBI)

El senador Cepeda también se refirió a las actuaciones de Uribe como Gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, particularmente en lo relacionado con las asociaciones de vigilancia y seguridad privada, conocidas en su momento como Convivir.

En su exposición, el Senador por el Polo Democrático señaló que Uribe, durante su período como mandatario regional, le dio vía a libre a esas cooperativas de seguridad privada, lo que coincidió con el período de consolidación del paramilitarismo en el departamento y el aumento de las masacres en más de un 300 por ciento.

Tal como ya se había advertido en el 2007, cuando el entonces el senador Gustavo Petro aseveró que varias Convivir mutaron al paramilitarismo cuando les otorgaron licencia a varios de sus jefes, Cepeda retomó la denuncia y ejemplificó el tema con dos casos: el de Jaime Alonso Castrillón Echeverría, representante de la Convivir Tagua del Darién y quien luego trasegó con el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y el de de Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’, quien fue revisor fiscal de la Convivir Deyavanc, que operó en Yarumal, Antioquia, y luego se convirtió en un poderoso comandante del Frente Sur de Bolívar del Bloque Central Bolívar.

Cepeda hizo referencia a un pronunciamiento que hizo el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín el 4 de septiembre de 2013 que advirtió que hubo una relación entre la aparición de la Convivir en 1995 y la expansión del paramilitarismo. También citó la declaración de Hébert Veloza, alias ‘HH’, quien en una versión libre el 28 de abril de 2011 ante la Fiscalía aseguró que las Convivir fue “una fachada del paramilitarismo”. (Ver: Convivir eran fachada del paramilitarismo en Urabá)

En el debate, el senador Cepeda aseguró que Uribe no frenó el fenómeno del paramilitarismo en Antioquia y que no protegió a líderes de derechos humanos como Jesús María Valle, asesinado en febrero de 1998 después de advertir la participación de paramilitares y el ejército en las masacres de La Granja (junio de 1996) y El Aro (octubre de 1997). Indicó, además, que tampoco actuó para evitar esta última masacre, pese a que la comunidad había solicitado protección.

Por el contrario, aseguró que existen testimonios como el de ‘HH’ que apuntan a una “relación directa” que tuvo Uribe con los paramilitares. En julio de 2012, alias ‘HH’ le dijo a la Fiscalía que Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, contador de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), concertaba a través de beeper reuniones con la Gobernación. (Ver: La reunión de Pedro Juan Moreno y alias ‘HH’ en Medellín)

El contacto entre unos y otros fue Luis Alberto Villegas Uribe, un comerciante cercano a Uribe quien recibió la personería jurídica de la Convivir El Cóndor, en San Roque, y murió asesinado en 2004. Al respecto, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, dijo en versión libre ante fiscales de Justicia y Paz en agosto de 2011, alias ‘Don Berna’ aseguró que Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno, siguió siendo un lazo con los paramilitares, incluso después de dejar su cargo en la Gobernación en diciembre de 1997.

En los escenarios de Justicia y Paz, por lo menos tres paramilitares han señalado a Álvaro Uribe de tener nexos con las Auc cuando fue Gobernador de Antioquia. El Espectador reveló que Francisco Villalba, alias ‘Cristian Barreto’, ex paramilitar del Bloque Norte, había denunciado que su vida corría peligro después de contarles a las autoridades que Uribe era responsable de la masacre del Aro. Villalba aseguró que había escuchado una conversación entre Salvatore Mancuso y el Gobernador donde ordenaban “borrar el pueblo”. El paramilitar fue asesinado en abril de 2009.

En 2011, Iván Cepeda presentó a la opinión pública los testimonios de otros dos exparamilitares. El 19 de septiembre de ese año entrevistó a Pablo Hernán SierraGarcía, alias ‘Alberto Guerrero’, exjefe del Frente Cacique Pipintá, un grupo que no se desmovilizó, y quien aseguró que Uribe, siendo Gobernador, promovió a los paramilitares en el municipio de San Roque, nordeste de Antioquia, y aseveró que tuvieron como sede la finca Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez.

En esta versión coincidió el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, entrevistado por Cepeda el 21 de septiembre de 2011, quien aseguró que Uribe ordenó una masacre en San Roque en julio de 1996 para frenar el robo de ganado que venía haciendo el Eln. Monsalve aseguró haber sido uno de los trabajadores de la Guacharacas, donde según Monsalve nació el grupo paramilitar que luego se conoció como Bloque Metro (Lea: Los ‘paras’ que han salpicado a Álvaro Uribe).

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Foto: archivo Semana.La cronología que construyó el senador Iván Cepeda para dar cuenta de las presuntas relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo del senador Álvaro Uribe Vélez lo llevó a revisar los dos periodos presidenciales (2002-2006 y 2006-2010), donde al parecer continuó las relaciones con sectores cuestionados.

Cepeda inició su intervención en este apartado exponiendo fragmentos de una noticia difundida por el diario El Meridiano de Córdoba del 18 de mayo de 1997 que destacó una manifestación en Medellín en la que el jefe del Clan Ochoa, el caballista Fabio Ochoa lanzó la campaña a la Presidencia de la República a Álvaro Uribe Vélez.

Esa anécdota le sirvió al senador del Polo para proyectar las líneas de ilegalidad que supuestamente cruzó Uribe durante su primer mandato, alcanzado tras una contundente victoria en mayo de 2002, y la campaña que lo llevó a ser reelegido en mayo de 2006.

Cepeda expuso afirmaciones de varios exjefes paramilitares en las que coinciden en un aspecto concreto: la extradición de los principales comandantes de las AUC a Estados Unidos en mayo de 2008 fue una estrategia para silenciarlos. En ello han coincidido Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, Hebért Veloza García, alias ‘HH’, y Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’. (Lea:“Nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”)

El Senador por el Polo luego abordó el caso de la Corte Suprema de Justicia y las intenciones de personas cercanas al presidente Uribe de deslegitimar su trabajo, en momentos en que profundizaba en sus investigaciones contra congresistas que al parecer tenían nexos con las Auc. Para ello recurrió, paradójicamente, a exparamilitares detenidos y a sus abogados, entre ellos a alias ‘Don Berna’.

Según citó Cepeda, este exjefe paramilitar, en versión de febrero de 2012 ante fiscales de Justicia y Paz, “señaló que recibió visita de abogado Sergio González de parte de Mario Uribe, para que apoyara complot contra la Corte e Iván Velásquez, que por ello se negoció su traslado de Cómbita a la Picota, para que él pudiera grabar a Rafael García y que buscaron grabar a Iván Velásquez en la oficina de su abogado. Agregó, que la entonces subdirectora de operaciones de Inteligencia Martha Leal les entregaba los elementos para grabar a Rafael García (esto fue aceptado por Martha Leal en las investigaciones contra ella por el tema de ‘las chuzadas’)”.
 
El abogado González, quien era cercano al entonces senador Mario Uribe y a Santiago, hermano del presidente, fue condenado por esos hechos, en segunda instancia, a 5 años y 8 meses de prisión “bajo el cargo de haber determinado a una tercera persona para que ésta atribuyera de manera falaz a dos Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia la realización de una conducta constitutiva del ilícito de soborno”.

Alias ‘Don Berna’, declaró en febrero de 2012 que María del Pilar Hurtado, la entonces directora del DAS, “sabía todo lo que estaba pasando”, haciendo referencia a que la ex funcionaria fue pieza clave en las chuzadas a la Corte y en el plan para desprestigiar al magistrado Iván Velásquez. Dicho plan incluía una carta escrita por el exparamilitar José Orlando Moncada, alias ‘Tasmania’, en la que declaraba que Velásquez había intentado comprarlo para que declarara en contra del ex presidente Uribe. (Lea: Lo que confirma ‘Don Berna’)

El magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, aseveró que Uribe Vélez estaba “detrás de los directores del DAS investigados por sus vínculos con los paramilitares y otros crímenes”, haciendo alusión a los casos de Jorge Noguera, condenado en septiembre de 2011 por sus nexos con el Bloque Norte de las Auc, y de María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá y comprometida con las interceptaciones telefónicas ilegales realizadas a opositores del gobierno, magistrados, periodistas, entre otros. (Lea: Sala de Justicia y Paz pedirá Investigar al ex presidente Uribe por paramilitarismo)

¿Lo escoltaron?
Uno de los casos relacionados por Cepeda sobre supuestos servicios de escolta prestados a Uribe siendo Presidente fue la versión que entregó el 9 de diciembre de 2011 el exparamilitar Néstor Abad Giraldo Arias, alias ‘El Indio’, a fiscales de Justicia y Paz, durante una audiencia de versión libre. En esa ocasión, dijo que en 2003 prestó seguridad al presidente Uribe como parte de la comitiva que lo escoltó entre los municipios de Barbosa y Amalfi, población en la que el mandatario se habría reunido con varios jefes paramilitares, entre ellos, Carlos Castaño.

Otro hecho que mostró el congresista, aparece en la versión que dio el ex comandante paramilitar Fernando Mateus, alias ‘Paquita’ en la audiencia ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá en julio de 2014, sobre los operativos que hizo el Bloque Central Bolívar junto con la escolta del presidente en el Caquetá.

Alias ‘Paquita’, ex jefe de finanzas del Frente Héroes de los Andaquíes, una facción del Bcb, le contó al Tribunal Superior de Bogotá que tuvo relación con uno de los integrantes del grupo de seguridad del entonces presidente Uribe y que juntos empezaron a coordinar, en 2003, el plan de rescate de los tres contratistas norteamericanos que resultó fallido. Los tres estadounidenses fueron liberados durante la operación Jaque, en julio de 2008.

Mateus dijo que el integrante del grupo de escoltas del ex presidente era un hombre identificado como ‘Camilo’, con quien se contactó a través de su hermano, el militar retirado Juan Carlos Rodríguez, alias ‘Zeus’.

El ex paramilitar explicó que el plan para rescatar a los tres contratistas norteamericanos se da luego de la visita del ex presidente a Caquetá: “Ahí es donde ya entra este señor Camilo, para un posterior ingreso al departamento, donde traía un plan del comando del Ejército, para trabajar en conjunto y rescatar a los tres contratistas norteamericanos, eso se da a inicios de marzo de 2003”. (Lea:“Hubo identidad política con Álvaro Uribe Vélez”: alias ‘Ernesto Báez’)

De otro lado, el caso del general (r) de la Policía, Mauricio Santoyo, uno de los jefes de seguridad del senador Uribe durante su mandato presidencial, también fue expuesto por el congresista Cepeda para ilustrar lo que a su juicio son las líneas de continuidad con la ilegalidad del Uribe.

Uno de los paramilitares que ha hablado de Santoyo es Salvatore Mancuso. El ex jefe paramilitar dijo en agosto de 2012 que para 1999, las autodefensas le entregaban a este exgeneral de la Policía números de celular de presuntos guerrilleros para que interceptara sus llamadas de manera ilegal y se hicieran seguimientos, varios de los cuales terminaron en desapariciones forzadas.

Según Mancuso, Santoyo, entonces comandante del Gaula de Medellín, también compartió información de inteligencia con varios jefes de las Auc, entre ellos Carlos Castaño: “Hicimos un trabajo de interceptaciones como las de Ronald Ruíz y las de alias ‘Byron’, pero son solo dos ejemplos porque con Santoyo se trabajó en muchos casos más”.

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Desde que se desmovilizaron, varios paramilitares han señalado en diferentes instancias que sus grupos armados apoyaron la elección del expresidente Álvaro Uribe en 2002. Foto: archivo Semana.Para las elecciones presidenciales de 2002, el discurso de “mano dura” que entonó el hasta entonces poco conocido a nivel nacional, Álvaro Uribe Vélez, caló en la mayoría de los colombianos, quienes se encontraban atemorizados por los cruentos crímenes de la guerrilla de las Farc y estaban decepcionados por los largos e improductivos diálogos de paz de San Vicente del Caguán en Caquetá.

Uribe tuvo una meteórica candidatura presidencial. En las primeras encuestas sobre intención de voto, el político antioqueño no llegaba a dos dígitos, pero tras el fin de la zona de distensión, de 42 mil kilómetros cuadrados, que el gobierno de Andrés Pastrana creó en el suroriente del país para negociar con las Farc, y su promesa de campaña de combatir frontalmente a los grupos ilegales, despuntó en la carrera para ser el primer mandatario de los colombianos.

Su rápido ascenso culminó con un histórico récord: se convirtió en el primer candidato en ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta desde que se establecieron las nuevasreglas de juego con la Constitución Política de 1991. Uribe cautivó el voto de 5.862.655 colombianos, que equivalían al 53 por ciento de las personas que acudieron a las urnas a la jornada electoral de junio de 2002.

Durante su mandato, Uribe puso en marcha su Política de Seguridad Democrática con la que les propinó fuertes golpes a las guerrillas y también logró la desmovilización de la mayoría de los grupos paramilitares que estaban agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

En medio del proceso de desmovilización de las Auc bajo los acuerdos con el gobierno nacional, establecidos en Santa Fe de Ralito, Córdoba, en julio de 2003, empezaron a circular rumores sobre sus nexos con parte de la clase dirigente del país. Éstos se constataron cuando los jefes desmovilizados comenzaron a confesar sus crímenes en el proceso de justicia transicional contemplado por la Ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz, lo que permitió las primeras investigaciones académicas y judiciales que llevaron al destape de la llamada ‘parapolítica’.

En medio de esas versiones, se encuentra la del supuesto apoyo que los grupos paramilitares le dieron a la campaña presidencial de Álvaro Uribe en 2002. El hoy senador y expresidente de la República, siempre ha negado cualquier vinculación con grupos ilegales, y en su defensa argumentó que dichos señalamientos son parte de una “venganza criminal” de delincuentes que están dolidos con él porque los terminó extraditando a Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico en mayo de 2008.

Sin embargo, a lo largo de los años, paramilitares de diferentes regiones del país han salpicado al exmandatario. Algunos de esos señalamientos hicieron parte de los argumentos que Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, utilizó en el debate sobre Uribe y sus supuestos nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo.

Los cinco indicios de Cepeda
A modo de conclusión, el senador Cepeda, cuyo padre fue asesinado por militares y paramilitares cuando era congresista por la Unión Patriótica, presentó testimonios y documentos sobre supuestas reuniones de jefes paramilitares para apoyar la candidatura de Álvaro Uribe, presuntos aportes económicos, movilizaciones proselitistas, coerción a otros candidatos y distribución de publicidad política y movilización de votantes.

Uno de los testimonios que más utilizó el senador del Polo fue el del extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien en diferentes audiencias del proceso de Justicia y Paz, confesó que supuestamente, Pedro Juan Moreno, exsecretario de gobierno de Antioquia, se reunió con él para pedirle que dejaran de “realizar acciones de objetivo múltiple (masacres) porque eso perjudicaba la campaña de Uribe”.  El exjefe paramilitar aduce que el expresidente sabía de las reuniones de su exsecretario de gobierno con él y los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil.

Durante su intervención, Cepeda expuso cifras recopiladas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, las cuales evidencian una reducción de masacres desde 2001, con las cuales trató de demostrar la supuesta relación entre los paramilitares y la campaña presidencial. Pero también es cierto que esos registros pueden ser producto de la preparación para la desmovilización de los grupos que finalmente negociaron un proceso de paz con Uribe en el poder.

Además, según lo citado por el Senador Cepeda, Moreno le dijo a Mancuso que Uribe tenía la intención de hacer un proceso de paz con todos los actores (grupos armados) si ganaba las elecciones. Por esa razón, según el exjefe de los bloques Córdoba, Norte y Catatumbo de las Auc, los paramilitares hicieron una conferencia nacional para “respaldar a un candidato que fuera afín con el movimiento paramilitar” y “se definió el apoyo a Uribe“.  (Ver: Las Auc apoyaron la campaña de Uribe en el 2002: Mancuso)

El senador Cepeda agregó que Mancuso envió respuesta positiva del apoyo a Uribe con Miguel Alfonso de la Espriella y Eleonora Pineda, quienes obtuvieron curules en el Congreso de la República gracias alas alianzas que hicieron con paramilitares de la Costa Caribe, por las cuales ya fueron condenados por concierto para delinquir.

Sobre actos proselitistas, Cepeda citó apartes de una versión libre de Mancuso rendida el 26 de septiembre de 2012, en la que confesó que “organizó una manifestación política a favor de Uribe, a través de Miguel De La Espriella y Eleonora Pineda, en Tierralta, y que en dicho evento se había convenido un encuentro entre él y Álvaro Uribe Vélez, pero no se dio porque el candidato dijo que ‘si se reunían no iba a ser presidente’”.

El Senador del Polo también se refirió al constreñimiento electoral que hicieron los paramilitares en la Costa Caribe en donde crearon distritos electorales para lograr que la mayor cantidad de sus aliados llegaran al Congreso en 2002.

Según Cepeda, “la semana siguiente a los actos en Tierralta estalló la polémica por la injerencia y las presiones paramilitares sobre las campañas electorales a la Presidencia y el Congreso de la República”. Y para demostrar ese control ilegal, citó a Juan Camilo Restrepo, entonces candidato del Partido Conservador, quien para la época declaró que: “En la gira que he realizado en los 20 departamentos que he visitado, he recibido información de que los grupos paramilitares están obstaculizando la acción política plural y sólo permiten proselitismo electoral a los aspirantes impuestos por esas organizaciones ilegales de extrema derecha”.

Sobre la supuesta financiación y ayuda logística de las Auc a la primera campaña presidencial de Uribe, Cepeda mencionó apartes de declaraciones de exjefes de diferentes bloques paramilitares como Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’; Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’; Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’; Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’; Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, e incluso de la polémica empresaria sucreña de chance Enilse López (‘La Gata’), a quien se le indilgan vínculos con paramilitares. Sobre ‘Ernesto Báez’, exjefe político del Bloque Central Bolívar, citó la siguiente frase: “De los grandes acontecimientos que hemos celebrado en el país es la elección del doctor Uribe Vélez, y todavía, la reelección”.

En reiteradas ocasiones y en diferentes escenarios, el expresidente y hoy senador del Centro Democrático, ha negado con vehemencia todos esos señalamientos y los alude a una “venganza criminal” de quienes sometió a la justicia.

Los ‘paras’ que han salpicado la campaña de Uribe
Una vez los paramilitares entregaron las armas, sus principales jefes fueron postulados al proceso de justicia transicional conocido como Justicia y Paz, en donde deben confesar todos sus delitos y delatar a las personas con las que tuvieron relaciones, para poder recibir una reducción en la pena por sus crímenes. En medio de esa etapa judicial, ante jueces y fiscales de Justicia y Paz, han surgido varios testimonios en contra del expresidente Uribe.

No sólo Salvatore Mancuso ha hablado sobre el supuesto patrocinio de las Auc a la campaña de presidencial de Álvaro Uribe. El 27 de octubre de 2009, desde Estados Unidos, país al que fue extraditado por narcotráfico, Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’, le dijo a una fiscal de Justicia y Paz que los hermanos Carlos y Vicente Castaño le ordenaron a todos los bloques y frentes de las Auc que apoyaran la candidatura de Uribe. Y en tono antichavista, agregó: “las Autodefensas pusimos a Uribe, sino tendríamos a un Chávez en Colombia”. (Lea: Yo acuso: ‘Mellizo’ Mejía)

En esa diligencia también dijo que la muerte de su hermano Víctor Manuel y la de Vicente Castaño, estaban relacionadas con los nexos que tenían con la institucionalidad. “(El asesinato de Vicente Castaño) fue prácticamente una orden de la Casa de Nariño porque Castaño sabía demasiadas cosas sobre las relaciones de los ‘paras’ y el gobierno y (la del hermano) porque le pagaba a la ley por todo lado”, confesó.

Otro jefe paramilitar de la Costa Caribe que declaró sobre el supuesto apoyo de las Auc a Uribe fue José Gelves Albarracín, alias ‘El Canoso’, ex jefe político del Frente Resistencia Tayrona. ‘El Canoso’, quien fue subalterno de Hernán Giraldo, confesó que su jefe le ordenó apoyar la campaña de Álvaro Uribe Vélez con 130 millones de pesos. (Lea: Lo que ha dicho ‘el Canoso’ sobre los hermanos Uribe). Además, ‘El Canoso’ también ha hablado de supuestas relaciones de los hijos del expresidente con gente vinculada al paramilitarismo. (Ver: “Antes nos servían whisky ahora nos llaman bandidos”: ‘El Canoso’)

No sólo ante la justicia colombiana han declarado algunos jefes paramilitares sobre el supuesto aopyo que le brindaron al expresidente Uribe para llegar al poder. El 22 de abril de 2009, durante la audiencia condenatoria de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, en un juzgado de Nueva York, su abogada defensora leyó un comunicado del exjefe ‘para’ al respecto. En éste, leyó que ‘Don Berna’ había aportado mucho dinero a la elección del Presidente y había apoyado en el proceso electoral de las Auc, consideradas terroristas por el gobierno de Estados Unidos desde septiembre de 2001. (Ver: ‘Don Berna’ aseguró que financió campaña presidencial de Uribe en 2001)

También en entrevistas ante los medios de comunicación algunos desmovilizados de las Auc han hablado de su supuesto aporte a la campaña de Uribe en 2002. En abril de 2009, en Radio W, Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, dijo que “el Bloque Elmer Cárdenas apoyó las campañas de los de los representantes y equipos que llevaron a Uribe a la Presidencia de la República. Tengo pruebas documentales”. Y en emisora La Fm dijo que colaboró indirectamente con “trabajo y apoyando a los cuadros de la campaña en las diferentes regiones del país”.

En entrevista con la revista Semana, ‘El Alemán’ dijo que después del fallido proceso de paz en el Caguán con las Farc, “Uribe salió con un discurso igual al de las autodefensas pero desde la institucionalidad. La sociedad colombiana se vuelca a Uribe, y Uribe recogía el pensamiento de las autodefensas. ¿Y quién en Colombia no era un miembro más de las autodefensas, encubierto o descubierto?”. Al ser cuestionado sobre si Carlos Castaño ordenó apoyar Uribe, respondió: “Digamos que sí. Porque Uribe le dijo a las autodefensas y a todos los grupos armados que estaban las puertas abiertas para entrar en un proceso de negociación”. (Ver: “Nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”)

JorgeIván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, exjefe del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo de las Auc, también le dijo a esa revista que los paramilitares de Norte de Santander hicieron un aporte millonario para la campaña y para la propaganda política del ex presidente Uribe en 2002. “Esos dineros salían de la caja menor. El Frente Fronteras contaba conuna caja menor de 100 millones de pesos que se invirtieron en los gastos de movilidad, refrigerios y camisetas”. Según él, ese apoyo se coordinó con miembros locales de la campaña de Álvaro Uribe, con el ex senador Ricardo Elcure y varios alcaldes y concejales de la región. (Ver: Caja menor de los ‘paras’ financió campaña de Uribe: ‘El Iguano’)

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Foto: archivo Semana.El prolongado debate realizado por Iván Cepeda contra su homologo Álvaro Uribe Vélez polarizó el Congreso de la República y profundizó la brecha que hay entre unos y otros.

En su primera intervención, antes de que Cepeda iniciara su exposición, Uribe lanzó graves señalamientos contra diversos sectores polìticos, medios de comunicación y la Presidencia de la República.

“Le anuncio que me retiro transitoriamente para dirigirme a la Corte Suprema de Justicia a radicar pruebas probatorias de la mayor importancia en relación con este nuevo evento difamatorio promovido por el grupo terrorista las Farc, sus aliados de siempre, los paramilitares, sus nuevos secuaces, sus antiguas víctimas, publicitado por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación serviles del terrorismo, ordenado por el Presidente de la República. Este evento difamatorio hace parte de la cadena de intervenciones del senador citante en medios de comunicación, la plenaria y en comisiones. Regresaré señor presidente”, dijo Uribe.

A su regreso, y después de concluida la intervención de Cepeda, el senador y expresidente tomó la palabra y durante un poco más de una hora aclaró varios de los cuestionamientos, a los que calificó de “infames”, y calificó el debate como “un linchamiento moral”.

Una de sus estrategias de defensa fue atacar constantemente al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y a varios de sus colaboradores, entre ellos al vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y aseveró que Santos fue elegido “con el apoyo de las bacrim y las Farc”.

Asimismo, describió su paso por cada uno de los cargos sobre los que fue cuestionado en los que no solo rebatió las supuestas ilegalidades señaladas por Cepeda, sino que destacó sus logros administrativos, como en el caso de la Aerocivil, que aumentó sus ingresos e impidió la corrupción, y la Alcaldía de Medellín. dejando los cimientos de lo que fue la empresa que luego promovió la construcciòn del Metro de Medellín.

Sobre su paso por la Gobernación de Antioquia, defendió la promoción de las cooperativas de seguridad y vigilancia privada, llamdas Convivir. “Siempre he creido en la colaboración de la ciudadanía con la Fuerza Publica”, dijo, y se lamentó de que el gobierno nacional desmontara el apoyo dado a por lo menos 4 millones 600 mil personas que cumplían laboras de informantes de las Fuerzas Armadas.

Rechazó también que se roderara de sospechas el nombramiento de Mauricio Santoyo como jefe de seguridad de Palacio, pues fue una decisión que no dependió de él; también negó señalamientos de paramilitares que se refirieron a élcomo aquel que promovió la visita de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) al Congreso; rechazó las supuestas estrategias para deslegitimar las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia sobre la llamada parapolítica y, por el contrario, dijo que si aquellas se dieron fue por las garantías que ofreció la politica de la seguridad democrática.

 En su intervención denunció que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso: “Ha pasado algo muy grave, personas como él y otras le han dicho a testigos que en algún momento vencerán el temor y me ayudarán ante la justicia, que si no alteran relaciones con Uribe Mancuso los manda matar o los hace meter a la cárcel”.

Cuestionó la política de seguridad del presidente Santos de quien dijó permitió que el fenómeno de las bandas criminales emergentes creciera al nivel de lo que son hoy las Farc y de comportarse ahora como paramilitares, rechazando de esa manera que fuera el resultado de una mala desmovilización de las Auc.

Además, llamó mentiroso a Ivan Cepeda: “el promotor del debate miente, es mentiroso consumado. Siendo yo presidente fue a Monteria a la Defensoría del Pueblo a solicitar un vehículo para ir a Urrá, pero realmente fue a hacerle una inspección a El Uberrimo, fue en una delegación diplomática a pedir que liberaran a Simón Trinidad, extraditado por narcotráfico, no extraditado por guerrillero; muchas entradas a las cárceles, las ha camuflado diciendo que va con organizaciones de derechos humanos; perseguidor de propietario honestos en Magdalena Medio y Montes de María”.

Además, dijo que los computadores hallados en el campamento donde fue muerto el guerrillero Raúl Reyes contienen mensajes dirigidos a Iván Cepeda, que lo retrata como un “un aliado del grupo terrorista de las Farc”, y anunció la entrega de nuevas pruebas a la Corte Suprema de Justicia en las que se señala que el senador del Polo manipuló testigos.

Finalmente, la emprendió contra el presidente de la Comisión Segunda del Senado, Jimmy Charromo, sobre quin dijo que había recibido cheques de “los carteles de la droga sobre los cuales no ha habido la debida investigación”.

El primero en controvertir los señalamientos hechos por Uribe Vélez, luego de que Cepeda le pidiera al expresidente y ahora senador que asumiera su responsabilidad judicial y política por sus vínculos con grupos paramilitares, fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien calificó el debate como un triste espectáculo, al considerar que Uribe irrespetó al Congreso y distrajo a la opinión pública con cortinas de humo para no contestar los graves señalamientos. El Ministro dijo que el gobierno no se pronunciará al respecto, sino que será un tema que resolverá la justicia.

La decisión de Uribe de salirse del recinto una vez terminó su intervención hizo que Cristo se refiriera a la actitud como una estrategia para evadir la verdad. “Esto que ha sucedido al final del debate de pararse impunemente para evadir el debate es la misma estrategia de los últimos ocho años, de no responder, sino salir con infamias para que todo el mundo quede enlodado. El país conoce a Juan Manuel Santos, nadie puede imaginarse a Santos recibiendo recursos del narcotráfico”.

Cristo también se refirió a Uribe Vélez como un senador más de los 102 que fueron elegidos, “no debe tener un tratamiento privilegiado, es igual a todos, debe respetar el Congreso y debe respetar la figura del Presidente”.

VerdadAbierta.com destaca algunas de las opiniones de los voceros de las bancadas presentes en el debate, quienes dejaron en evidencia la profundización de las diferencias ideológicas.

Jimmy Chamorro, presidente de la Comisión Constitucional
“No me voy a referir a lo que ha dicho el senador Uribe, porque sus injurias y calumnias me las tiene que aclarar en otras instancias”, a propósito de la acusación de que Chamorro recibió cheques de la mafia en su campaña.

Horacio Serpa Uribe, Partido Liberal
“Me he sentido agraviado por las manifestaciones del ex presidente Uribe. Este es un debate muy importante, porque resulta interesante lo planteado por el senador Cepeda y el senador Uribe. Ese es un debate que hay que hacer, al igual que otros. Todos los miembros de las corporaciones públicas tenemos que someternos a recriminaciones. Uribe no resultó tan gallo de pelea, como yo lo consideré siempre. Me preocupa que en muchas de las expresiones de los colegas del Centro Democrático vea mucho odio, muchas actitudes negativas alrededor de los partidos que son afectos al presidente Santos. Es lamentable que un hombre de la talla de estadista de Uribe se hubiera puesto en estas cosas tan insustanciales para tratar de involucrar al Presidente de Colombia. No hay que olvidar que las Convivir nacieron a partir de un discurso que pronunció Fernando Botero en Cartagena cuando dijo que había que armar a un grupo de hombres para defenderse de la guerrilla. El paramilitarismo no se acabó. Las tales bacrim son la misma perra con distinta guasca”.

Carlos Fernando Galán, Cambio Radical
“Lamento que se haya salido así (Uribe). No vino a oír al senador Cepeda, se despachó y se fue. Ya que el senador Uribe mencionó a Luis Carlos Galán, debo hacer estas precisiones porque me duele en el corazón. Me preocupan mucho los errores del proceso con los paramilitares. Hay muchos vacíos en la historia de los vínculos paramilitares con la política y el Estado. Si se revisan los informes de la Fundación Ideas para la Paz, se da cuenta que la expresión paramilitar tenía más vínculos con el narcotráfico, que con una acción contrainsurgencia. El gobierno del presidente Álvaro Uribe dice que detuvo a tiempo el fenómeno paramilitar. No solo hubo paramilitares al estilo de Castaño, Isaza, sino que hubo narcotraficantes que compraron bloques para beneficiarse con el proceso de Justicia y Paz. La mayoría de víctimas de los paras no han conocido la verdad sobre la responsabilidad de los paras y los vínculos con parte de la sociedad colombiana, una verdad a medias, solo 16 condenas”.

Luis Fernando Velasco, Partido Liberal
“Yo vi dos debates. Un debate que no se respondió, que fue el debate que presentó el senador Cepeda, donde en honor a la verdad personifica un dirigente político y sus aliados alrededor de un fenómeno. Ese debate en algún momento tendrá que responderse no sé si en el Congreso, en la Corte, en la Fiscalía, en la Comisión de Acusaciones. Entiendo al senador Uribe, si a mí me hacen las acusaciones que aquí le hicieron yo buscaría otros escenarios. Yo no puedo decir si esas acusaciones son ciertas o no. El senador aquí lanzó una serie de acusaciones para desviar el debate al narcotráfico y los paras.  Aquí comenzamos con el maniqueísmo, si una persona hace acciones malas y me sirven, son buenas, si no, son mis enemigos. El verdadero origen del paramilitarismo no es un grupo de finqueros acosados por la guerrilla, sino el narcotráfico. Unos narcotraficantes que se cansaron de pagar una vacuna a la guerrilla, de pagar un porcentaje a la guerrilla, incluso una guerrilla que no era seria en los negocios y entendieron que era más rentable montar sus ejércitos, con una estrategia fallida que fueron las Convivir. No hubo realmente una desmovilización de los paramilitares, algunos comandantes hicieron dejación de armas, pero realmente lo que hubo fue una recomposición de los grupos armados. Yo no voté por Santos hace cuatro años. Pero si quiero recordar que el presidente Uribe intervino en esa elección y si sabía que había entrado 12 millones de dólares a esa campaña porque lo apoyó. Lo que necesitamos es verdad, este país necesita una alta dosis de verdad”.

Oscar Mauricio Lizcano, Partido de la U
“Lamento como terminó este debate. Muy penoso, insultando al presidente de la Comisión, diciendo infamias. No es un ejemplo para las nuevas generaciones, si algo tenemos que hacer los congresistas es dar muestras de un buen trato, de unos mínimos consensos por las personas. No podemos convertir esto en un bochornoso espectáculo, que lo que quiere hacer aquí termine con agravios y con insultos. Le pido a los miembros del Centro Democrático que pida excusas y que este debate termine con altura como así lo quisimos”.

Claudia López, Partido Verde
“Huir por los pasillos del Congreso a un debate, como sanguijuela por la alcantarilla, eso no es lo que se espera. Qué vergüenza para este recinto. Negar los vínculos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo es como negar los vínculos del señor Timochencko con las Farc y el terrorismo. Hay evidencia judicial, histórica, lo que no ha habido es un juez independiente que haya podido valorar eso. Por eso la Alianza Verde propone un tribunal de aforados que juzgue en derecho y no con estas triquiñuelas que evaden sus responsabilidades. Porque una cosa llamada fuero impide esa realidad, que hace que el señor Uribe lance del barro que lo embadurna a ver a quien ensucia. Esa estrategia no la necesita este país. Lo que este país espera es que tengamos la capacidad de crear un marco jurídico para la paz que procese esas denuncias”.

José Obdulio Gaviria, Centro Democrático
“Difícilmente en Colombia una persona ha pasado por un examen tan minucioso, milímetro a milímetro de los espacios recorridos y segundos de sus tiempos vividos, sin que haya un solo hecho que viole las normas penales, que infrinja la ética y la moral que los colombianos respetamos. El presidente Uribe narró cómo comenzó la política de la mano de su madre, el senador Cepeda narró cómo comenzó de la mano de su padre, y eso tiene que ser examinado desde el ámbito judicial y político. En textos como ‘Las cartas de Tirofijo’, la obsesión permanente es la muerte de Uribe. Y no hay elogios a Uribe, sino la insistencia de destruirlo, de debilitarlo en todos sus terrenos, de matarlo. A tal punto, que fue destruido un barrio en Neiva para derribar el avión del presidente. Esta corriente personificada en Manuel Cepeda, que tiene el nombre de uno de los frentes más sanguinarios de las Farc, o el nombre de su madre sea el seudónimo de una de las principales simpatizantes de las Farc, es la corriente que quiere juzgar al hombre que más ha luchado por el país”.

Ernesto Macías, Centro Democrático
“Siempre se disfrazó el debate al que asistimos. Siempre se negó que esto era un debate personal. Lo dijimos desde un comienzo cuando se presentó en la plenaria. Hoy quedó comprobado que se trataba de un debate personal, pero también fue un debate de odio. Un debate impulsado por las Farc. Claro que sí, su vocero en el congreso lo propició, y por el gobierno, que no se diga que no está auspiciado por el gobierno, y que no estaba convocado por las Farc, y que está demostrado no solo por los correos de Raúl Reyes, sino por las actuaciones del convocante”.

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Por unanimidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado colombiano “internacionalmente responsable” de haber incumplido con su obligación de garantizar los derechos a la integridad personal y a no ser desplazado forzadamente, en perjuicio de los miembros de las comunidades afrodescendientes de la región de la cuenca del río Cacarica, jurisdicción del municipio de Riosucio, Bajo Atrato chocoano, en hechos ocurridos entre el 24 y el 27 de febrero de 1997.

Son tres asuntos por los cuales este alto tribunal declaró responsablea Colombia: el primero es el desplazamiento masivo que generó, según la CIDH, la acción de “grupos paramilitares en colaboración con integrantes de las Fuerzas Armadas Colombianas”; el segundo se refiere al despojo ilegal de tierras pertenecientes a las comunidades afrodescenciantes; y el tercero a “los actos crueles, inhumanos y degradantes a que fue sometido el señor Marino López en el poblado de Bijao, así como la privación de su vida, cometidos por miembros de grupos paramilitares”. (Descargar Sentencia Cacarica CIDH)

La Operación Génesis fue ejecutada por los batallones Fuerzas Especiales 1 y Contraguerrillas 35, adscritos a la Brigada 17 del Ejército, con sede en Carepa, Urabá antioqueño, guarnición que estaba bajo el mando del entonces general general Rito Alejo Del Río Rojas. El objetivo de esa acción militar, que empezó el 24 de febrero y concluyó cuatro días después, fue atacar posiciones del Frente 57 de las Farc en los caños Salaquí, Cacarica, Truandó y Perancho, área de control de este grupo subversivo que le daba movilidad por el río Atrato y salida al océano Pacífico.

De manera paralela y bajo acuerdos con las Fuerzas Militares, según lo ha confesado ante fiscales y magistrados de Justicia y Paz el ex jefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, un grupo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) inició la Operación Cacarica, remontando el río Atrato desde Riosucio, pasando por el Parque Nacional de los Katios, atravesando Bijao, hasta llegar al sitio conocido como la Loma del Cacarica, desde donde incursionaron a las cuencas del Salaquí, Truandó y Perancho, realizando operaciones militares conjuntas con el Ejército.

Esta operación comenzó el 23 de febrero y según precisó ‘el Alemán’, finalizó el 5 de marzo. En ella participaron 60 paramilitares, 40 de ellos integrantes del Frente Chocó y 20 más del Frente Arlex Hurtado. En su desarrollo, los ilegales ejecutaron a Marino López en el caserío de Bijao, a quien acusaron de ser un guerrillero, y desmembraron su cuerpo.

En su momento, la Fiscalía General de la Nación conceptuó que el asesinato de este campesino “forma parte de una estrategia de consolidación paramilitar, toma de territorio y sometimiento de un enemigo común (resaltado en el original) […] causar Terror para lograr el desalojo de una población civil no combatiente, posesión de territorios y por ende ostentar un balance de guerra positivo”, tanto para las Accu como para el Ejército. (Ver: El crimen que envió a la cárcel al ‘Pacificador de Urabá’)

Alianza denunciada
De acuerdo con la CIDH estos hechos son “atribuibles al Estado por la aquiescencia o colaboración que prestaron agentes de la fuerza pública para las operaciones de esos grupos, lo cual les facilitó las incursiones a las comunidades del Cacarica y propició o permitió la comisión de este tipo de actos”.

Esa colaboración a la que hace referencia este tribunal fue referida por alias ‘El Alemán’ en varias de sus versiones libres en desarrollo del proceso de Justicia y Paz, al cual ha sido postulado. Según este ex jefe paramilitar, quien comandó la incursión a la región del Bajo Atrato, las operaciones Génesis y Cacarica se concertaron en la Brigada 17 del Ejército, entre oficiales de esa guarnición militar y algunos comandantes de las Accu.

Uno de los oficiales participantes en esas reuniones fue el entonces Jefe de Inteligencia de la Brigada, coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, también conocido como ‘Don Diego’, y los miembros de las Accu Carlos Ardila, alias ‘Carlos Correa’, Elmer Cárdenas y alias ‘el Alemán’. En uno de los últimos encuentros, semanas antes de las operaciones, se definió que las tropas del Ejército se requerían guías que los condujeran al Bajo Atrato chococano.

“Allí nos habló de los guías y a los pocos días recibimos la orden de Carlos Castaño de proveerlos”, le explicó Rendón Herrera a una fiscal de Justicia y Paz durante una audiencia de versión libre realizada en Medellín. (Ver: Doce paramilitares fueron guías del Ejército)

La misión de reclutar los guías le fue encomendada a un experimentado paramilitar, Julio Cesar Arce Graciano, alias ‘ZC’, quien seleccionó once hombres y con ellos se presentó a la sede de la Brigada y se puso a las órdenes del coronel Plazas Acevedo, oficial que desvinculado del Ejército en agosto de 1999 y hoy es prófugo de la justicia por diversos crímenes, entre ellos el del humorista Jaime Garzón.

Los guías fueron incluidos en los equipos de militares que fueron transportados por aire y que viajaron hasta la zona del Salaquí el 24 de febrero de 1997, dando así inicio a la Operación Génesis, que acabaría cuatro días después, luego de intensos bombardeos contra supuestas posiciones de la guerrilla de las Farc, pero que terminó afectando a la población afrodescendiente.

Según Rendón Herrera, el compromiso con el Jefe de Inteligencia no sólo implicaban el uso de guías paramilitares, también se acordó que las tropas estatales no entorpecieran el avance de las Accu hacia las mismas zonas donde se estaba realizando la Operación Génesis.

La misión fue autorizada por el entonces comandante de la guarnición militar general Rito Alejo Del Río Rojas, quien fue condenado el 24 de agosto de 2012 a 25 años de prisión por el crimen de Marino López Mena. Durante el juicio, la Fiscalía determinó que “había una alianza macabra entre las Auc y el Ejército contra la guerrilla, pero sin considerar a la población civil. No se entiende cómo estando en el mismo territorio, el Ejército no combatió a los paramilitares. Pero cómo combatir a aquellos que nos están apoyando y con quienes se tiene un acuerdo”. (Ver: Rito Alejo Del Río y el asesinato de Marino López)

En su defensa ante la Corte, durante el proceso, los representantes del Estado colombiano alegaron que la Operación Génesis, fue legítima y no contó con el apoyo de grupos paramilitares; que la condena de 25 años de cárcel contra el exgeneral Rito Alejo Del Río no estaba en firme y que no eran ciertos los señalamientos hechos por alias ‘El Alemán’. (Ver: Contradicciones del Estado en Operación Génesis)

¿Qué decidió la CIDH?
Posterior a esos hechos, centenares de pobladores de esas cuencas se vieron forzados a desplazarse al municipio de Turbo, a Bocas de Atrato y a Panamá, donde permanecieron en diferentes asentamientos por varios períodos durante los cuatro años siguientes.

“En Turbo las condiciones de vida de los desplazados se caracterizaron por falta de atención por parte del gobierno, hacinamiento, malas condiciones y falta de privacidad (…) Además, con posterioridad a los hechos de febrero de 1997, los desplazados siguieron siendo objeto de actos de hostigamiento, amenazas y violencia por parte de grupos paramilitares”, precisó la CIDH.

Ante esa situación, la Corte declaró que el Estado es responsable en este caso por dos razones fundamentales: de un lado, por haber incumplido con su obligación de garantizar los derechos a la integridad personal de los pobladores, particularmente en dos situaciones: de un lado, con respecto a los desplazamientos forzados que se dieron por acción de los grupos paramilitares en el marco de la Operación Cacarica; de otro, por el incumplimiento de sus obligaciones de garantizar la asistencia humanitaria y un retorno seguro a sus tierras.

Además, la CIDH concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, “en perjuicio del señor Marino López Mena por el incumplimiento de sus obligaciones de prevención, protección e investigación, así como por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de sus familiares”.

A su vez, la Corte estableció que el Estado es responsable por la violación de los derechos de niños y niñas, “por no haber desarrollado las acciones positivas suficientes a su favor en un contexto de mayor vulnerabilidad, en particular mientras estuvieron alejados de sus territorios ancestrales, período en que se vieron afectados por el hacinamiento y la falta de acceso a educación, salud y alimentación adecuada”.

Con respecto a lo que la CIDH llama “desposesión ilegal” del territorio de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, este tribunal indicó que el Estado es responsable por la violación al derecho a la propiedad colectiva de comunidades afrodescendientes, no sólo protegido por el artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sino por la Ley 70 de 1993, que considera estas tierras “inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Si bien la CIDH registró que el Estado colombiano había reconocido parcialmente su responsabilidad por la violación del principio de plazo razonable en las investigaciones de los hechos ocurridos en el Bajo Atrato chocoano, distinguió los períodos en los cuales el Estado sí realizó efectivamente investigaciones diligentes para determinar la responsabilidad de quienes participaron en ellos y aquellos en que fue clara la omisión de no haberlas llevado a cabo. Por tal razón, la Corte concluyó que “el Estado es responsable de haber incumplido con la debida diligencia en las investigaciones sobre participación de la mayoría de integrantes de la fuerza pública y de las relacionadas con las estructuras paramilitares”.

La Corte también determinó que el Estado no había garantizado un recurso efectivo que remediara la ilegalidad de las explotaciones madereras en los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, ni garantizó que las decisiones de tribunales internos que han tutelado los derechos colectivos de las comunidades sobre su propiedad colectiva fueran cumplidas a cabalidad.

Con respecto a las reparaciones, la Corte le ordenó al Estado tomar varias medidas de reparación, entre ellas realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; continuar eficazmente y con la mayor diligencia las investigaciones abiertas, así como abrir las que sean necesarias, con el fin de individualizar, juzgar y eventualmente sancionar a todos los responsables en los hechos que dieron lugar a esta sentencia

Asimismo, le exigió brindar el tratamiento adecuado y prioritario que requieran las víctimas en el marco de los programas de reparaciones previstos en la normatividad interna; restituir el efectivo uso, goce y posesión de los territorios reconocidos en la normativa a las comunidades afrodescendientes agrupadas en el Consejo Comunitario de las Comunidades de la Cuenca del río Cacarica; y garantizar que las condiciones de los territorios que se restituyan a las víctimas, así como del lugar donde habitan actualmente, sean adecuadas para la seguridad y vida digna tanto de quienes ya han regresado como de quienes aún no lo han hecho.

Por último, el Estado colombiano deberá garantizar que todas las personas que hayan sido reconocidas como víctimas en esta sentencia, en total 341 adultos y 234 menores, reciban efectivamente las indemnizaciones establecidas por la normatividad interna pertinente, y pagarles a los familiares de Marino López Mena una indemnización como compensación por daños materiales e inmateriales ocasionados.

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Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, gobernador de La Guajira. Foto El Heraldo.

En la cultura guajira no se mata a las mujeres. Eso, al menos, era la tradición. Y por eso el departamento está aterrado con el reciente asesinato de dos mujeres reconocidas en la región: Yandra Brito, exalcaldesa de Barrancas, el pueblo en el que queda la mina del Cerrejón, y la Chachi Hernández Sierra, hija de la líder de los Wayúu en Maicao, Francisca Sierra, conocida como Mamá Franca. Pero lo más aterrador es que, en ambos casos, se señala como autor intelectual a Juan Francisco Gómez, más conocido como Kiko Gómez, al actual gobernador de La Guajira.

A Yandra la asesinaron en agosto pasado en Valledupar. Se acercaron dos motos a su carro, una a cada lado, y le descargaron 20 tiros. A la Chachi la mataron en noviembre cuando salía de su almacén en El Rodadero de Santa Marta. Las dos tenían 48 años y las mamás de ambas habían advertido, cada una por su lado y en denuncias formales ante la Fiscalía, que si su hija era asesinada el responsable era el gobernador.

En el funeral de la Chachi, Mamá Franca, una matrona de 76 años, cortó de un tajo los murmullos del velorio de su hija con un grito seco: “El gobernador mató a mi hija”. Y la mamá de Yandra, doña Nedda Carrillo Moscote, también lo denunció tras la muerte de su hija, a través de una carta al alto gobierno en Bogotá: “La reciente muerte de mi hija me obliga a reafirmar que este crimen fue autorizado y pagado por Juan Francisco Gómez Cerchar”.

El gobernador niega todo. “Yono tuve negocios ni tuve relación con esa delincuente Chachi Hernández. Si me acusan tienen que demostrarlo. Yo no tengo ninguna investigación formal. Y en el caso de Yandra Brito tuve una investigación y la cerraron. ¿Cómo usted me va a decir que yo participé de eso?”, dijo Gómez. tal vez el gobernador no sabe que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema armó un equipo especial con siete peritos y está investigando su caso desde hace dos meses.

Más allá de si el gobernador es culpable o no la realidad es que hoy en La Guajira están aterrorizados. Es tal el miedo que un periodista consultado sobre el gobernador solo se atrevió a decir: “La opinión en La Guajira está secuestrada. Al que medio habla lo matan”. Varios paramilitares hablaron sobre él desde la cárcel pero con la condición de que no se revelara su identidad. Y algunas fuentes en Bogotá, cuando se van a referir a él susurran, a pesar de que ese desierto ‘caliente’ al que le temen está a cientos de kilómetros de distancia.

Nadie les saca de la cabeza a muchos guajiros que el hombre que hoy los gobierna es el mismo señalado de dar las órdenes a una tenebrosa banda criminal liderada por Marcos Figueroa, alias Marquitos. Así se lo dijeron a esta revista dirigentes del departamento, personas que lo han conocido de cerca, tanto a él como a Figueroa, en los últimos 20 años, y otros que han estado cerca del accionar de la supuesta bacrim.

Un informe reservado de la Dian, conocido por SEMANA, también lo da como un hecho: “Llama la atención la subida al poder departamental de personajes como Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar en la Gobernación – quien es acusado de tener vínculos con el contrabando, el tráfico de gasolina y el narcotráfico-”. Y puntualiza que “Gómez era uno de los jefes del contrabando en La Guajira que fue contactado por el Bloque Norte de las Autodefensas para que compartiera el poder y el negocio”.

A eso se suma una investigación que la corporación Arco Iris hizo sobre el terreno (el libro La frontera caliente entre Colombia y Venezuela): “A Kiko Gómez se le relaciona con Marcos ‘Marquitos’ Figueroa, brazo armado de narcotraficantes locales con gran control social en La Guajira y norte del Cesar, a través de amenazas individuales, asesinatos selectivos y acciones de ‘limpieza social’”.

Consultado por SEMANA, el gobernador dice que a Figueroa sí lo conoce, que es paisano de él y familia de su esposa. “La vida de él es su vida. Y la mía es la mía. Yo no tengo brazos armados. Si yo tuviera brazo armado a mí el pueblo no me hubiera dado el apoyo que me dio”, explica.

¿Qué tanto de verdad y qué tanto de leyenda hay en esta historia? ¿De ser ciertos los señalamientos, cómo puede ser posible que Kiko Gómez se mantenga en el poder?

Los testigos

Hay nuevos elementos de juicio que por ahora dejan mal parado al gobernador Kiko Gómez. Uno de ellos es el testimonio de un hombre que participó en el atentado que le hicieron al entonces candidato, en la recta final a la campaña por la Gobernación. Según el testigo, hoy protegido por la Fiscalía, este lo montó gente de la banda del Loco Barrera porque “la organización de Kiko Gómez se había quedado con un cargamento de droga de un sobrino suyo que era el jefe de Los Rastrojos en Cali”, ha dicho el testigo. Desde febrero de 2013 han sido asesinadas tres personas, familiares a su vez de tres de los que fueron detenidos como supuestos autores del atentado ¿El testigo estará colaborando con la Justicia para evitar correr la misma suerte?

SEMANA también recogió testimonios de algunos desmovilizados que podrían enredar al hoy gobernador. Uno de ellos, que trabajaba para el grupo del paramilitar Hernán Giraldo, cuenta que el 24 de diciembre de 2004 los habitantes de Guachaca los llamaron porque había pasado una camioneta burbuja a toda velocidad y había atropellado a un niño. Los paramilitares persiguieron elcarro. “Nosotros ‘rafaguiamos’ la camioneta. Los escoltas se rindieron. Pero no sabíamos que ahí iba el gobernador de esa época. El tipo se identifica y nos lo llevamos. La orden de Hernán Giraldo era que tenía que pagar, porque por muy gobernador que fuera no podía atropellar a alguien y dejarlo botado. Entonces llegó Kiko Gómez, con orden directa de Jorge 40, para resolver el problema y pidiendo que soltaran al gobernador. Kiko le pasó el teléfono a los que estaban ahí para que viera que era Jorge 40 el que daba la orden”.

Otro desmovilizado dio hace muy poco su versión a la Fiscalía en la que aceptó haber participado en abril de 2001 en el asesinato de Wilson Martínez, secretario de Gobierno de Fonseca y periodista, y dijo que la orden había sido de Kiko Gómez. Y otro más, Rosendo León Galeano, alias Marcos, declaró que en 2002, cuando Kiko Gómez era alcalde de Barrancas, le puso una cita en su casa, le preguntó que por qué había asesinado a su prima Magola y le dijo que sacara del grupo al sicario que la había matado, porque si no él mismo se encargaba de matarlo.

Dos fiscales ya curtidos, que conocen los detalles de la investigación que se le sigue al gobernador Juan Francisco Gómez, le dijeron a SEMANA: “Tal vez nunca antes habíamos lidiado con algo tan tenebroso como esto”.

¿Cuál es su historia?

Juan Francisco Gómez Cerchar nació en Barrancas hace 54 años, en una familia liberal que se hizo rica en el sur de La Guajira sembrando arroz y algodón y engordando ganado. Forjaron la fortuna durante el auge del contrabando. “Kiko fue compañero de travesuras de Santa Lopesierra en Maicao”, cuenta una persona que lo conoce. Lopesierra es el famoso hombre Marlboro, que llegó al Senado en 1994, cuando ya era conocido como el zar del contrabando. Fue extraditado en 2003 y en 2007 fue condenado a 25 años de prisión en Estados Unidos por traficar más de dos toneladas de cocaína. “Yo sí conocí a Santa. Santa es una persona normal. Todo el mundo votó por él aquí. Fue senador. Fue un hombre de bien. Y está pagando una cárcel en Estados Unidos. Normal”, le dijo el gobernador Gómez a esta revista.

La historia de Kiko Gómez en la política comenzó cuando se hizo elegir concejal de Barrancas en 1992. Desde entonces, hace ya más de 20 años, se tomó el poder de este municipio que recibía un promedio de 30.000 millones de pesos anuales por las regalías del carbón, y no lo ha soltado. Ha sido dos veces alcalde de Barrancas (de 1995 a 1997, y de 2001 a 2003) y en los intervalos él mismo ha puesto a su sucesor. Eso ocurrió, por ejemplo, con Yandra Brito, a la cual apoyó para que lo sucediera en la Alcaldía en el periodo 2004 a 2007, como en efecto pasó.

Antes de ser concejal, en 1991 Kiko Gómez estuvopreso por un allanamiento en el que le encontraron varias armas sin salvoconducto y ocho gramos de cocaína. Solo estuvo dos meses en la cárcel. Y lo curioso es que a un primo suyo, al que capturaron con él, lo dejaron preso. Desde entonces nació un mito en La Guajira: que las denuncias contra Kiko Gómez no son investigadas. SEMANA le preguntó a las cabezas en Bogotá de tres agencias de investigación del Estado y en los tres casos la respuesta fue la misma: no confían en todos sus operadores en La Guajira.

En ese departamento recuerdan con nombre propio a los que han tenido la valentía, o la osadía, de enfrentarlo. El primero, el concejal Luis López Peralta, quien en febrero de 1997 dijo que tenía la prueba de que Kiko Gómez había provocado el incendio de la oficina jurídica de la Alcaldía para borrar las irregularidades de su primera administración en Barrancas. López, un folclorista y comerciante reconocido en la región, aspiraba a la Alcaldía para el periodo que comenzaba en 1998. El 27 de febrero de 1997, dos hombres entraron a su oficina en un hotel de la ciudad y lo acribillaron. Ese hecho coincide con la llegada de los paramilitares al sur de La Guajira de lamano de Jorge Gnecco Cerchar, pariente de Kiko Gómez Cerchar. SEMANA encontró en dos expedientes viejos de la Fiscalía otras denuncias que involucrarían al gobernador. Uno, de la Fiscalía 2 de Riohacha, habla de una masacre cometida por los paramilitares el 7 de abril de 1999 en Fonseca, Guajira, y en la denuncia identifican a varios integrantes del grupo que supuestamente era comandado por Marquitos Figueroa y financiado por Kiko Gómez. El otro, en la Fiscalía 16 de anticorrupción, reposa una denuncia también contra Gómez por nexos con paramilitares.

Otro que también se atrevió a cuestionar a Kiko Gómez fue Wilson Martínez, secretario de Gobierno y periodista de Fonseca, que denunció cómo utilizaban los recursos del municipio para gastos personales. Según un reporte de la Fiscalía, tras sus denuncias, el 6 de abril de 2001, cuatro personas llegaron a su casa preguntando por él, dispararon contra un hermano y se llevaron a Martínez, a quien luego encontraron muerto en la vía que va de Fonseca a Barrancas. En la investigación, el fiscal 2 especializado de Riohacha se inhibió de abrir investigación contra Figueroa.

Tras su segundo periodo en la Alcaldía, que terminó en 2003, Kiko Gómez tiene aún activas tres investigaciones en la Fiscalía por peculado y una por prevaricato.

En la lista de los que han osado confrontarlo están también el procurador de Riohacha, Wiston Araújo Ramírez, asesinado en 2006 en Valledupar; un investigador de la Policía que le contó a SEMANA cómo él pedía allanamientos a Kiko Gómez y ningún fiscal local se los firmaba; y un fiscal de Bogotá que recuerda cómo le ha tocado denunciar a varios operadores judiciales de La Guajira que se pasan por la faja los códigos.

Hasta Bogotá, al parecer, ha llegado a intimidar. Así le ocurrió a Carlos Fernando Galán, que cuando lo nombraron director de Cambio Radical, en una valerosa decisión, le quitó el aval. El guajiro viajó de inmediato a Bogotá y en medio de la conversación uno de sus asesores le dijo a Galán: “A usted también le puede aparecer hoy mismo una investigación en Riohacha”.

Tampoco se escapó León Valencia, quien dio la cara por una ‘lista negra’ de candidatos que la corporación Arco Iris le entregó al gobierno en la que aparecían aspirantes cuestionados por presuntos nexos con grupos ilegales en la que figuraba Kiko Gómez. El Espectador la publicó, y ese mismo día Marcos Figueroa citó a una investigadora de Arco Iris para que se vieran en un hotel y León Valencia recibió tres llamadas amenazantes de La Guajira. Los dos pusieron pies en polvorosa. Cabe anotar que el contendor de Kiko en las elecciones, Bladimiro Cuello, también está en el exilio.

La maldición guajira

Pero la historia que rebosó la copa delmiedo que hoy se siente en La Guajira, y la que más puede enredar al gobernador, es la de los asesinatos de la exalcadesa Yandra Brito y de su esposo Henry Ustaris. Yandra era médica y el entonces alcalde Kiko Gómez la puso como directora del hospital de Barrancas y luego la escogió para ser su sucesora para el periodo 2004-2007. Una vez como alcaldesa, la presión por burocracia y contratos fue tanta que su esposo tuvo que intervenir. “Hubo fricciones entre ellos porque Kiko quería más. Les dijo que él necesitaba plata”, le contó una persona de Barrancas a SEMANA. Hubo amenazas de uno y otro lado. “Yo también tengo como matar”, le dijo Ustaris a Gómez.

En abril de 2008, en la carretera que va de Fonseca a Barrancas, como si fuera una película, desde un carro en movimiento que lo venía siguiendo le dispararon con fusiles al vehículo de Ustaris. Murieron tanto él como su escolta. Kiko Gómez fue al funeral a dar las condolencias. Y cuando apareció, Yandra les dijo a sus hijos menores de 7 años: “Miren bien a ese señor para que no se les olvide que fue el quien mandó a matar a su papá”.

Yandra puso una denuncia penal en julio de ese mismo año en la que señaló “como autor intelectual del crimen al señor Juan Francisco Gómez Cerchar”. Hizo la denuncia porque, según escribió, ella y sus dos hermanos venían siendo “amenazados telefónicamente por secuaces al servicio de Gómez Cerchar” ya que estaban investigando los motivos del asesinato.

En la denuncia incluyó evidencias de por qué lo acusaba y dio nombres propios de todos los que habían participado en la operación. Le dijo a un investigador que Marcos Figueroa era el que había conseguido los fusiles y que había estado en la casa de Kiko Gómez diez días planeando el asesinato. La investigación no se inició. Ese mismo año, en 2008, dos despachos de la Fiscalía en Riohacha le dictaron dos inhibitorios a Kiko Gómez, uno por la muerte de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera, y otra investigación por amenazas. Yandra Brito repitió la denuncia en abril de 2009. Su mamá también denunció, en 2011, abogando por todos sus hijos y pidiendo protección al gobierno nacional. Pero nada valió. Finalmente, a Yandra la mataron el 28 de agosto del año pasado.

El gobernador Juan Francisco Gómez siempre ha negado todo esto y dice que son calumnias de sus contradictores. Por el bien del país es importante aclarar pronto la situación. Si es inocente para que de una vez por todas se despejen todas las dudas. Y si no, para que no se repita aquella historia.

Publicado en Semana

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En la masacre paramilitares sirvieron de guías del Ejército. Foto Semana.

Un fiscal de derechos humanos llamó a rendir indagatoria a los generales (r) del Ejército Luis Alfonso Zapata Uribe y Héctor Jaime Fandiño para que aclaren su presunta participación y responsabilidad en los hechos ocurridos entre el 21 y el 25 de febrero de 2005 en el corregimiento San José de Apartadó (Antioquia), en los que perdieron la vida ocho personas, entre tres menores de edad.

Será la segunda ocasión en que el general (r) Fandiño, que para la época de la masacre se desempeñaba como comandante de la Brigada XVII, con sede en Carepa, Urabá antioqueño, es requerido por la justicia. En diciembre de 2010 el Ente Investigador ya lo había citado a rendir versión libre. Ahora, deberá comparecer con quien comandó las tropas del Ejército que incursionaron en las veredas La Resbalosa y Mulatos Alto acompañadas de un contingente paramilitar del bloque Héroes de Tolová.

Los nombres de los generales se suman a los de otros 10 militares de la Brigada XVII que la Fiscalía viene investigando por su presunta participación en dicha masacre. Son ellos: el coronel Orlando Espinoza Beltrán; el mayor José Fernando Castaño López; el teniente Alejandro Jaramillo Giraldo; el sargento Ángel María Padilla Petro; el cabo primero Sabaraín Cruz Reina; el subteniente Jorge Humberto Milanés Vega; el sargento Henry Agudelo Guasmayan Ortega; el cabo tercero Ricardo Bastidas Candia; el subteniente Edgar García Estupiñan y el sargento Darío Brango Agamez.

Por estos hechos, varios juzgados de Antioquia condenaron a penas que oscilan entre los seis y 40 años de prisión a cinco exparamilitares del bloque Héroes de Tolová, que lideró en su momento Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’. Asimismo, un juez de Medellín condenó a 20 años de prisión al capitán del Ejército Guillermo Gordillo.

Gracias al material probatorio que permitió estas condenas se ha logrado esclarecer que el 21 de febrero de 2005 paramilitares del bloque Héroes de Tolová guiaron las tropas de la Brigada XVII del Ejército hasta la vereda Mulatos Alto, donde fueron asesinados a machetazos Luis Eduardo Guerra y su esposa Beyanira Aleiza, así como a Deyner Andrés, hijo de Guerra, de 11 años, cuyo cuerpo fue decapitado. Luego, las tropas combinadas de militares y paramilitares incursionaron en la vereda La Resbalosa, donde dieron muerte a Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa Sandra Milena Muñoz, y sus hijos Natalia, de 5 años, y Santiago, de 2 años, así como Alejandro Pérez, jornalero de oficio.

Días después del atroz crimen, habitantes de la comunidad de paz de San José de Apartadó denunciaron la participación de militares de la Brigada XVII en el hecho, pero el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe y el comandante del Ejército para la fecha, general Carlos Ospina Ovalle, negaron la versión y responsabilizaron a la guerrilla, gracias al testimonio de un supuesto exmiembro de las Farc que dijo que las familias fueron asesinadas porque querían abandonar la comunidad.

En marzo de 2005 el presidente Álvaro Uribe dijo que: “En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”.

Sin embargo la versión estatal empezó a caer con versiones libres de desmovilizados del Bloque Héroes de Tolová que dijeron que el Ejército perpetró la masacre con ellos.

Uno de ellos fue José Luis Salgado David, alias ‘Kiko’, quien narró cómo habían sido asesinados los niños: “estaban debajo de la cama. La niña era muy simpática, de unos 5 o 6 años y el peladito también era curiosito (…) Propusimos a los comandantes dejarlos en una casa vecina, pero dijeron que eran una amenaza, que se volverían guerrilleros en el futuro” y por eso fueron asesinados.
 
Otros paramilitares que participaron en la masacre y admitieron su participación en el crimen ante las autoridades judiciales fueron Adriano José Cano Arteaga, alias ‘Melaza’, y Joel José Vargas, alias ‘Pirulo’. De ella también hizo referencia Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, en su primera y única audiencia de versión libre realizada en junio de 2009 desde Estados Unidos, donde purga una condena de 30 años por delitos asociados al narcotráfico.

Las confesiones le permitieron a la Fiscalía proferir orden de captura contra el ex capitán Gordillo Sánchez y abrir investigación contra 66 militares de la Brigada XVII. Con el paso del tiempo se depuraron las responsabilidades penales y hoy son juzgados diez uniformados.

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