“Los mataron porque fue una orden de (alias) ‘Danielito’, que los declaró objetivo militar por lo que pasó en el robo al banco y porque terminaron aliados con enemigos de las Autodefensas como lo era la banda de Frank”.

Así respondió Edison Giraldo Paniagua, alias ‘Pitufo’, desmovilizado del bloque Héroes de Granada y quien fuera parte del anillo de seguridad de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, cuando la Fiscal 20 de Justicia y Paz le trasladó, en el transcurso de la versión libre, la pregunta que los familiares presentes en la sala de audiencias llevaban más de 10 años formulándose en silencio: ¿por qué?

Ambos, fiscal y familiares, buscaban llegar a la verdad que rodeó la masacre perpetrada en el barrio Pedregal, noroccidente de Medellín, el 26 de abril de 2001. Ese día, a eso de las 9:30 de la noche, hombres armados con fusiles y pistolas calibre 45 que se movilizaban en dos vehículos y que portaban distintivos alusivos al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), llegaron hasta la salsamentaría Pedregal, ubicada en la carrera 76 con calle 102 y, sin mediar palabra, dispararon indiscriminadamente contra las personas allí presentes.

El saldo: seis jóvenes asesinados, dos de ellos en el sitio de los hechos, mientras que cuatro más fallecieron en centros asistenciales del occidente de Medellín. Los reportes de prensa de la época reportaron que los occisos se llamaban Francisco Javier Jaramillo, estudiante de derecho de la Universidad de Antioquia; Carlos Arturo Baena, Dayron Brayan Restrepo, Iván Marín Restrepo Posada, Wilson Antonio Hurtado e Hildebrando Ramírez Lopera. Las autoridades de Policía de aquel entonces señalaron que el hecho se debía a retaliaciones entre bandas delincuenciales del sector.

La hipótesis fue tajantemente rechazada en su momento por los familiares de las víctimas, quienes alegaron que entre los muertos había varios estudiantes universitarios. Desafortunadamente, a lo largo de estos años la justicia poco o nada aportó en el esclarecimiento tanto de los autores materiales e intelectuales del hecho como sus móviles. En 2007, una Fiscalía Especializada de Medellín decidió precluir la investigación por esta masacre.

Por ello el interés que despertaba entre familiares la versión de alias ‘Pitufo’. Después de todo, se trataba de uno de los lugartenientes de alias ‘Don Berna’ en el noroccidente de Medellín y quien fuera protagonista de primer orden en varios de los crímenes ordenados por este jefe paramilitar. 

Para los familiares, había llegado la hora de la verdad y por más dolorosa y traumática que fuera, bien valía la pena escucharla. Curiosamente, los móviles de la masacre tienen sus orígenes en 1999. Aunque los hechos, en apariencia, poca relación guardan entre sí, en realidad constituyeron el inicio sangriento de una de las varias guerras que libró el bloque Cacique Nutibara de las Auc en esta ciudad: la guerra contra la banda de Frank.

El robo
Corría el año 1999. La ciudad de Medellín veía nacer una estructura armada aún más poderosa y sanguinaria que el propio Cartel de Medellín: el bloque Cacique Nutibara, que se articularía a las Auc.

Precisamente uno de los hombres que ayudó dar de baja a Pablo Escobar, alias ‘Don Berna’, logró darle un ropaje de paramilitares a los integrantes de las bandas criminales más temidas de la capital antioqueña. Para financiar este bloque, sus miembros recurrieron a lo que más sabían hacer: los grandes robos y el fleteo.

“Don Berna’ nos había autorizado el operativo. Le habíamos dicho que era para financiarnos y dijo que sí”, dijo alias ‘Pitufo’ al referirse al robo de una entidad bancaria que tuvo lugar el 16 de noviembre de ese año. La entidad escogida fue una sucursal del Banco Popular ubicada en el barrio Laureles. Para ejecutar el hurto fueron escogidos no menos de diez miembros de bandas delincuenciales del noroccidente de Medellín.

Según el antiguo escolta de alias ‘Don Berna’, parte de ese escuadrón lo integraron Dayron Brayan Restrepo, Iván Marín Restrepo Posada, Wilson Antonio Hurtado e Hildebrando Ramírez, quienes pertenecían a la banda conocida como ‘El Baratón’, que delinquía en el barrio Pedregal. Y no obstante haber planeado cada detalle con anticipación, algo salió mal, muy mal, durante el hurto.

Los fleteros llegaron a eso de las 3 de la tarde y encañonaron al vigilante, empleados y clientes. De inmediato, varios hombres procedieron a hurtar el dinero de las taquillas. Luego, dos hombres le pidieron violentamente a uno de los cajeros del banco, llamado Jorge Iván Palacio, que abriera la caja fuerte. Pero éste se negó alegando que la bóveda poseía un dispositivo temporizador que impedía abrirla. Su reacción hizo que uno de los asaltantes le rociara gasolina y acto seguido, le prendiera fuego. El empleado fue llevado a un centro asistencial por varios de sus compañeros que no salían de su asombro por la sevicia del hecho. El cajero murió horas después producto de las fuertes quemaduras.

“Ninguno de nosotros se imaginó que eso iba pasar. Como eso generó tanto impacto, (alias) Danielito nos convocó a una reunión para escuchar de nuestra boca qué fue lo que pasó. Pero a la reunión no fuimos sino como dos o tres personas. Los demás no quisieron ir. Presentían que si iban los iban a matar. Después de eso, muchos de esos pelados se fueron para el lado de (alias) ‘Frank’, que era enemigo de las Autodefensas. Ahí fue cuando ‘Danielito’ los declaró a todos como objetivo militar”, agregó el otrora escolta principal de alias ‘Don Berna’, quien fue capturado a comienzos del 2000 y sentenciado por esos hechos a 17 meses de prisión.

La orden comenzó a ejecutarse en el año 2000. La persecución contra los asaltantes sirvió de excusa para declararle la guerra frontal a una de las pocas bandas que no quiso someterse a las órdenes de alias ‘Don Berna’: la banda de ‘Frank’, dirigida por Franklin Alonso Vásquez Gómez.

La guerra 
“Frank acumuló mucho poder durante los años 90. Con las vacunas que cobraba a los transportadores comenzó a comprar buses y para 1999 ya tenía como 50 buses. Tenía más de 300 hombres bajo su mando. Tenía mucho armamento. Cuando llegaron las Autodefensas a decirle que tenía que unirse a ellos, Frank se opuso y les declaró la guerra”, recordó Carlos Arcila, dirigente barrial de la comuna 6 de Medellín, quien vivió de cerca toda la barbarie allí cometida.

La confrontación armada convirtió las calles de los barrios París, Doce de Octubre, Picacho, Pedregal, Castilla, Kennedy, San Martín, entre otros, en verdaderos campos de batalla. Uno y otro bando escalaron el conflicto de tal manera que no fueron pocos los crímenes violatorios a los derechos humanos cometidos en esta comuna.

Ejemplo de ello fue el incendio del barrio de invasión El Esfuerzo, enclavado en la parte alta de la zona noroccidental de la cuidad. El 3 de abril de 2001, hombres armados llegaron hasta este humilde asentamiento, habitado en su mayoría por gente desplazada por la violencia, y luego de obligar a los pobladores a desalojar sus viviendas, les prendieron fuego.

Los móviles, según las autoridades de Policía de la época, obedecieron a una retaliación de la banda de ‘Frank’ por la muerte de tres de sus integrantes semanas atrás. “Prendieron el barrio porque los integrantes de la banda de ‘Frank’ señalaron que ese barrio era utilizado por los paramilitares del Cacique Nutibara para moverse y como retaguardia”, se lee en un recorte de prensa de aquel año.

“Es que en esos años, entre 2000 y 2001, mataron mucha, mucha gente”, señaló Carlos Arcila sobre lo que pasaba por aquellos años en comunas como la 6 y 7, al noroccidente de Medellín, testimonio que coincide por lo señalado por alias ‘Pitufo’: “enel año 2000 fueron ‘dados de baja’ tres de los pelados que habían participado en el robo. Otro más se suicidó porque no aguantó la presión de las Autodefensas. La presión de (alias) ‘Don Berna’ era muy impresionante. Se trajo gente del Urabá que eran de las Accu para que reforzaran esa guerra contra una banda tan poderosa como la de ‘Frank”.

Fue justamente uno de esos hombres venidos desde Urabá quien coordinó el ‘operativo’ que derivó en la masacre de Pedregal: alias ‘Aníbal’. Su modus operandi se caracterizaba por llevar siempre distintivos del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), los mismos que uso ese 26 de abril de 2001. “Creo que esos brazaletes y chalecos se los había dado ‘Danielito”, añadió ‘Pitufo’.

“¿Cuánta gente participó en ese operativo? No se. Yo estaba en la cárcel cuando eso. Yo salí a los pocos días y me informan sobre esa masacre”, contó el postulado, quien soltó una sentencia que dejó estupefactos a los asistentes: “ahí perdieron la vida un par de pelados que no les gustaba la vida delincuencial. Eso es cierto. A ellos les gustaba sentarse en el ‘parche’ a hablar con nosotros. Así es en los barrios populares de Medellín: buenos y malos están revueltos. Pero los otros muertos eran miembros del (combo) ‘Baratón’. Ellos estuvieron en el robo al banco. ¿Qué eran estudiantes? Sí, pero también robaban y mataban”.

En febrero de 2012, alias ‘Don Berna’ reconoció, desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos, haber autorizado a sus hombres para que asesinaran a quienes participaron en el robo al banco y, más que eso, a los miembros de la banda de Frank. Así, con el crimen esclarecido, a la Fiscal 20 solo le quedaba una pregunta por hacer: ¿Quién le prendió fuego al señor Jorge Iván Palacio? “Eso fue Hildebrando”, respondió ‘Pitufo’.

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No es claro aún qué motivó la postulación del narcotraficante a la Ley de Justicia y Paz.

Una gran contradicción surgió entre el paramilitar Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, y el gobierno del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez (2002-2011), sobre quién realmente determinó que el narcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘El Tuso’, fuera incluido en el proceso de Justicia Paz.

Según dijo este exparamilitar en una nueva audiencia de versión libre ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, la admisión de alias ‘El Tuso’ se dio en agosto de 2006 por instrucciones de Uribe Vélez; sin embargo, desde esa época, el gobierno nacional ha sostenido la versión de que fueron los propios jefes de la estructura armada los que reconocieron que Sierra Ramírez era miembro de esa organización ilegal.

La explicación de alias ‘Ernesto Báez’, con lo cual pretendería eximir de toda responsabilidad de esa postulación al Estado Mayor de las Auc, se dio luego de que uno de los fiscales le solicitara que hablara de su pertenencia a las Auc, como uno de los requisitos de elegibilidad necesarios para acceder a los beneficios de la Ley 975.

El exparamilitar aprovechó ese momento para hacer una amplia crítica del proceso de desmovilización de los bloques de las Auc, al que calificó de “carente de planeación y de verificación” por parte de los organismos de control del Estado. Por ello, según él, los miembros de esa estructura armada ilegal pasaron de 17 mil a 32 mil personas.  “En los listados de postulados hay un apreciable porcentaje que se infiltró en Justicia y Paz, que no pertenecieron a la organización”, precisó alias ‘Ernesto Báez’.

El fiscal le preguntó si conocía algún caso y el exparamilitar respondió que el “más insólito” fue el de Sierra Ramírez, alias ‘El Tuso’, quien acabó desmovilizándose con el Bloque Héroes de Granada el 1 de agosto de 2005 en el corregimiento Cristales, de San Roque, en el Nordeste antioqueño, bajo el mando de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, y fue extraditado el 13 de mayo de 2008 junto a 13 jefes de las Auc por orden del presidente Uribe Vélez.

Sacado a la brava
Según Duque Gaviria, el ‘Tuso’ Sierra “apareció por primera vez en Santa Fe de Ralito. Nunca lo habíamos visto”, y aseguró que a la sede de los diálogos lo llevó Murillo Bejarano, quien para esa época ostentaba el cargo de Inspector General de las Auc. “Él lo presentó como el comandante financiero de sus bloques”. Allí comenzó a ser identificado como ‘Don Cesar’ y ‘El Gordo Sierra’.

A partir de ese momento comenzó a participar de las reuniones con los emisarios del gobierno nacional, pero no tuvo mayor protagonismo. “No hablaba, pero estuvo presente en varias reuniones que tuvieron los comandantes de las Auc con el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo”, detalló alias ‘Ernesto Báez’.

No obstante, algo ocurrió en las entrañas del gobierno nacional que llevó a Restrepo a exigir el retiro de Sierra Ramírez de la Mesa de Negociaciones, donde tenían asiento una veintena de jefes de las Auc .

“Un día cualquiera el Comisionado llegó muy serio, se sentó en la mesa, sin saludar, sin decir nada. En un momento, se paró y dijo: ‘no inicio esta sesión hasta que desocupe el señor comandante ‘Cesar’. Usted es Juan Carlos Sierra Ramírez, usted es un narcotraficante pedido en extradición, y no tengo noticia de que haya pertenecido a la organización de las Auc. Si no se retira no inicio la reunión’. Y Sierra salió como perro regañado”, narró Duque Gaviria.

Esa reunión se celebró el 27 de septiembre de 2004. En la noche, la Oficina de Prensa de la Presidencia de la República difundió un comunicado en el que el gobierno nacional anunció que le quitaba el reconocimiento a alias ‘El Tuso’ Sierra “como miembro de las autodefensas, quien es buscado por la justicia de Estados Unidos por los cargos de concierto para fabricar y comercializar cocaína”.

En ese comunicado, la Presidencia aseguró que “Sierra no podrá participar en las conversaciones con el gobierno en Santa Fe de Ralito y su orden de captura se mantiene vigente dentro y fuera de esta zona, por lo que las autoridades tienen el mandato de capturarlo esté donde esté”.

Al respecto, Duque Gaviria expresó su sorpresa por ese anunció, pues hasta ese momento alias ‘El Tuso’ había participado por lo menos en cuatro o cinco reuniones con los representantes del gobierno nacional: “No entiendo por qué si se sabía que estaba pedido en extradición y se le echó de la mesa de Ralito, no fue capturado de inmediato, pues en la zona había anillos de la Policía Nacional. Eso me llamó la atención”.

Doce días antes de la decisión del Comisionado de Paz y de la declaración de la Presidencia de la República, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia había emitido concepto favorable sobre la solicitud de extradición de Sierra Ramírez al determinar que la petición hecha por el gobierno de Estados Unidos a través de la Nota Verbal N°  733 del 1 de abril de 2004 y transmitida a ese Alto Tribunal por el Ministerio del Interior y de Justicia, mediante oficio N° O300 del 16 de abril de 2004, cumplía los requisitos exigidos por las leyes colombianas

Una de las particularidades en este proceso es que en la Nota Verbal se indicó que este narcotraficante “era un miembro de una fuerza paramilitar en Colombia llamada Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Como miembro de las Auc y de la organización de tráfico de drogas de Carlos Castaño Gil, Sierra Ramírez organizaba y supervisaba el transporte de cargamentos múltiples toneladas de cocaína desde Colombia”.

No obstante, para evitar la extradición, el abogado defensor de Sierra Ramírez aseguró ante la Corte Suprema de Justicia que la afirmación respecto de que su cliente hacia parte de las Auc carecía de respaldo probatorio.

Mientras la Casa de Nariño ordenaba la captura del narcotraficante, en Santa Fe de Ralito, alias ‘Don Berna’ comenzó a moverse para proteger a su “comandante de finanzas”. Una vez terminó la reunión de la cual echaron a alias ‘El Tuso’, el entonces Inspector de las Auc reclamó solidaridad a los comandantes paramilitares para que el gobierno cambiara de posición.

“Él (‘Don Berna’) nos pidió a todos nosotros el favor y nos solidarizamos con él. Durante varias sesiones con el Comisionado, insistimos en el asunto y hasta firmamos un documento donde solicitábamos la inclusión, pero nunca aclaramos que era por solidaridad, que nos habían pedido un favor”, aclaró alias ‘Ernesto Báez’.

En respuesta, el Comisionado Restrepo, según dijo el exparamilitar, fue enfático al negar esa pretensión y reiterar que Sierra Ramírez era un “narco químicamente puro” y que no lo admitiría en el proceso.

Cambio de decisión
Dos años después de esas discusiones y por razones que para Duque Gaviria aún no son claras “y deberían investigarse”, el gobierno nacional decidió admitir a Sierra Ramírez como miembro de las Auc.

“No entendí ese cambio de posición pues en el 2004 nos habían aclarado que la negociación con las Auc no era con narcotraficantes. El comisionado Restrepo tenía claro ese objetivo”, precisó alias ‘Ernesto Báez’.

El anunció de esa inclusión fue narrado de manera detallada por este exparamilitar a los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Según Duque Gaviria, esa admisión se conoció en la tarde del 16 de agosto de 2006, cuando el presidente Uribe ordenó la reclusión de los jefes paramilitares en un centro vacacional del municipio de La Ceja, en el Oriente antioqueño, que funcionaría como penal.

“Cuando el Presidente nos pidió que nos recluyéramos en un centro carcelario, varios de nosotros estábamos en Villa Esperanza”, comentó el exparamilitar. El lugar era una finca en el municipio antioqueño de Copacabana, norte del Valle de Aburrá, donde las Auc tenían una sede para reunirse con los voceros del gobierno nacional y representantes de diversos sectores sociales y políticos.

Según Duque Gaviria, de allí fueron trasladados a la sede de la Policía Metropolitana de Medellín, donde les acondicionaron un salón para que se reunieran con el Comisionado Restrepo. Horas más tarde, el funcionario llegó al sitio y se reunió con los exjefes paramilitares que a esa hora estaba allí.

“Allí nos dijo que por instrucciones del presidente Álvaro Uribe Vélez al día siguiente un helicóptero recogería en Puerto Berrío al señor Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, recordó ‘Ernesto Báez’. “También anunció que el gobierno nacional acababa de admitir a Sierra Ramírez en el proceso y lo acreditaba como miembro de las Auc. Y nos dijo que le hiciéramos saber al ‘Tuso’ que se presentara en Puerto Berrío para que lo recogieran. Y efectivamente, al día siguiente el narcotraficante llegó a la sede de La Ceja, en compañía de Pérez Alzate”.

La decisión presidencial, comunicada de manera verbal esa tarde, fue refrendada mediante la Resolución Ejecutiva N° 200 del 18 de agosto de 2006, firmada por Uribe Vélez,  mediante la cual revocó la orden de extradición de alias ‘El Tuso’ y subordinó la decisión al cumplimiento por parte del narcotraficante de una serie de requisitos, entre ellos el cumplimiento de la Ley 975.

No obstante, en el numeral sexto de los considerandos de la resolución se estableció que fueron los miembros representantes de las Auc quienes reconocían a “Juan Carlos Sierra Ramírez, como miembro de dicha organización” a través de un documento firmado el 17 de agosto de 2006, es decir, un día después del anuncio según alias ‘Ernesto Báez’ y un día antes de la revocatoria de la orden de extradición.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, la postulación de alias ‘El Tuso’ a los beneficios de la Ley 975 fue radicada el mismo 17 de agosto ante ese despacho por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

En una declaración escrita del Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, al portal Lasillavacia.com en octubre de 2010, aseveró que “La inclusión del ‘El Tuso’ fue una petición insistente por parte de los jefes de las autodefensas, reforzada por los comentarios que lo señalaban como el hombre que había ingresado armas para estos grupos, lo que hacía peligroso que quedara por fuera de la desmovilización”.

Las contradicciones han quedado planteadas entre una y otra versión y ya serán los fiscales de Justicia y Paz los que aclaren el asunto para determinar si alias ‘Ernesto Báez’ está diciendo la verdad o no, aspecto esencial en su camino a ser elegible para alcanzar la pena alternativa de ocho años que ofrece la Ley 975. Si se descubre que miente, perdería ese derecho.

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