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Muchos de los delitos que son investigados en Justicia y Paz, tienen un proceso paralelo en justicia ordinaria generando un doble gasto de recursos de la justicia. Foto: Archivo Semana.En el juicio en contra de Salvatore Mancuso, la defensa del ex jefe paramilitar y la fiscal encargada del caso, denunciaron que existen cerca de 600 procesos en la justicia ordinaria contra Mancuso que también están siendo procesados en Justicia y Paz. Estas investigaciones paralelas sobre los mismos delitos, hacen que se malgasten los recursos de la justicia.

Precisamente, en agosto de este año la Corte Suprema le ordenó a la Fiscalía General de la Nación suspender los procesos de la jurisdicción ordinaria en contra de desmovilizados para evitar que se dieran investigaciones paralelas en Justicia y Paz sobre los mismos crímenes.

Según pronunciamiento del alto tribunal, si la justicia ordinaria continúa investigando los hechos que confiesan los ex paramilitares y ex guerrilleros en Justicia y Paz,  se presenta una dilapidación innecesaria de recursos y de tiempo.

Ante esta denuncia, la magistrada Alexandra Valencia se mostró preoucupada porque se siga presentando esta situación a pesar del pronunciamiento de la Corte que obliga a los fiscales ordinarios a suspender o a acumular los procesos. Valencia también señaló lo absurdo que la justicia ordinaria profiera más órdenes de captura y sentencias que no se van a hacer efectivas ya que prevalecerá la decisión que se tome en Justicia y Paz.

Las 600 investigaciones de Mancuso
Desde una cárcel de Virginia, Estados Unidos, Salvatore Mancuso aseguró que sus abogados, con el respaldo de los magistrados de Justicia y Paz y de la Corte Suprema de Justicia, ha intentado solicitar la anulación de los más de 600 procesos en su contra que viene adelantando la justicia ordinaria, pero como las fiscalías no tienen la información actualizada, hay errores en los registros o no llega la información, la mayoría de procesos han siguen en curso.

“Con el respaldo de la magistratura presentamos 36 ordenes de suspensión, pero solo seis se hicieron efectivas porque los números radicados habían cambiado, no se tenían datos precisos ni de los victimarios ni de las víctimas”, aseguró Nelson Menjura, abogado defensor de Mancuso.

Sin embargo, de acuerdo  con la versión de la defensa del ex paramilitar,  el problema no es solamente el desorden de los procesos sino la negligencia por parte de los fiscales a quienes no les conviene suspender las investigaciones por las mediciones de eficiencia.  “Las sentencias anticipadas que se dan de estos procesos aumentan las estadísticas de eficiencia de los fiscales”, hecho que según Menjura, explica la renuencia de muchos a suspender la investigaciones.

De acuerdo con la fiscal encargada del proceso de Salvatore Mancuso, el problema es que no existe una directriz clara para los fiscales de la justicia ordinaria. “Los fiscales de la justicia ordinaria no suspenden las investigaciones hasta que no exista una medida de aseguramiento del desmovilizado y una orden de un magistrado de control de garantías. Esta ha sido un problema constante”, señaló la funcionaria.

Así las cosas, a pesar de que los desmovilizados confiesan los delitos en sus versiones libres de Justicia y Paz, no se puede pedir la suspensión de las investigaciones en justicia ordinaria sino cuando llegue a la instancia de control de garantías.

“Los fiscales habíamos pedido que en la reforma a la ley de Justicia y Paz se incluyera la posibilidad de pedir la anulación de los procesos en el momento exacto en el que los ex paramilitares y ex guerrilleros confesaran sus crímenes para evitar que se siguiera investigando en justicia ordinaria desaprovechando tiempo y recursos”, señaló el fiscal adjunto del caso.

Para el representante de la Procuraduría, José Edwin Hinestroza, otro de los problemas es que no hay una comunicación entre las fiscalías regulares y las de justicia y paz. “Se sabe que están investigando el mismo hecho al mismo tiempo pero no hay comunicación entre los funcionarios de la justicia por un afán desmesurado de eficientísimos falsos”, agregó el procurador delegado, quien añadió que es necesario que el Fiscal General de la Nación obligue a todos los fiscales de justicia ordinaria a obedecer la orden de la Corte Suprema.

La defensa del extraditado jefe paramilitar también informó a los magistrados de Justicia y Paz sobre el cambio de una de las fiscales que se ha encargado del proceso de Mancuso desde el 2011. Según el abogado de Mancuso, esta es la segunda vez que se cambia al fiscal encargado.

Si se ratifica la remoción, el caso del ex jefe paramilitar pasaría a ser competencia de otro fiscal que maneja a los cerca de cien desmovilizados del Frente Fronteras y del Bloque Catatumbo, lo cual haría más lentos los procesos. “Si con dos fiscales ha sido difícil avanzar con uno será aún más difícil”, agregó la defensa de Mancuso.

La magistrada Alexandra Valencia aseguró que aunque fueron tolerantes con el primer cambio de fiscal en 2011, ya habían comunicado su preocupación por los constantes cambios que atentan contra el desarrollo de los procesos en Justicia y Paz, al Consejo Superior de la Judicatura.

“La Sala tomará las medidas necesarias y librará las comunicaciones al Consejo Superior de la Judicatura, a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual también sabe sobre el reclamo del Tribunal de Justicia y Paz sobre la remoción de los fiscales”, agregó la magistrada Valencia.

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Ya son varios los ex jefes paramilitares que denuncian que el gobierno Uribe quiso acordar con las Auc un plan para desprestigiar a la Corte Suprema. Foto VerdadAbierta.com –El trueque que le propusieron a ‘Macaco’ –Los consejeros de los ‘paras’ según ‘Don Berna’ –‘Hicimos un trabajo conjunto para la Presidencia’: ‘Don Berna’

Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar de las Auc, aseguró que el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez extraditó a varios jefes paramilitares después de que se rehusaran a ‘colaborar’ en un presunto complot para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y de esta manera acabar con las investigaciones que empezaban en ese momento (2007) contra políticos vinculados con las Autodefensas, entre ellos el primo del presidente, el condenado ex senador Mario Uribe.

Desde una cárcel en Virginia, Estados Unidos, a donde fue enviado en 2008 por cargos de narcotráfico, ‘Mancuso’ puso en duda los motivos por los cuales fueron extraditados a Estados Unidos por cargos por narcotráfico, y que en realidad lo que buscaba el Gobierno Uribe era tapar una conspiración contra la Corte Suprema de Justicia.

Por ejemplo, dijo que los abogados Sergio González y otro de apellido Llorente le pidieron que presentaran unas pruebas para enlodar a los magistrados de la Corte. Así la Corte sería revocada y el Gobierno nombraría en su reemplazo un tribunal ad-hoc con magistrados de su simpatía.

‘Mancuso’ dijo que los dos abogados se presentaron a nombre de Santiago Uribe, Mario Uribe y José Obdulio Gaviria. El primero es hermano del ex presidente, el segundo, primo y está condenado por ‘parapolítica’ y el tercero fue su asesor.

El abogado Sergio González, al que hace referencia ‘Mancuso’, fue el defensor de José Orlando Moncada alias ‘Tasmania’, un ex paramilitar que el 11 de septiembre de 2007 envió una carta a Álvaro Uribe en la que denunciaba que el magistrado Iván Velásquez le ofreció prebendas a cambio de atestiguar contra él.

Lo que se reveló después fue que Martha Leal, la ex directora de Operaciones del DAS, fue enviada a Medellín a recibir una carta escrita por ‘Tasmania’ de manos del abogado González. Una vez recibida la carta, el 8 de octubre de 2007, Álvaro Uribe reveló su contenido.

En junio de 2008, ‘Tasmania’ se retractó y dijo que todo se trataba de un complot gestado desde la Casa de Nariño para desprestigiar a la Corte y señaló a su abogado como el que lo indujo a mentir. González está preso después de que un juez lo halló culpable del delito de calumnia.
 
‘Mancuso’ precisó que estos abogados le pidieron conseguir unas fotografías en las que supuestamente aparecía el magistrado Yesid Ramírez con el narcotraficante Giorgio Sale en las corralejas de Sincelejo. Sale, de ascendencia italiana al igual que Mancuso, está preso mientras se adelanta un proceso en su contra por lavado de activos y por ser testaferro del jefe paramilitar.

“Con esas pruebas querían tumbar a la Corte… Querían nombrar una Corte ad-hoc y me negué”, dijo ‘Mancuso’. Pero sus declaraciones no son nuevas ni han sido las únicas en Justicia y Paz.

Juan Carlos ‘El Tuso Sierra’, también extraditado, se refirió en versión libre en enero de 2012 a la supuesta fotografía del magistrado Ramírez y Sale, y coincidió con la versión de ‘Mancuso’.  

La reunión de la ‘Casa de Nari’
Aunque ‘Mancuso’ dijo que había un rumor de que Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’ y Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’ recibieron beneficios a cambio de ‘colaborar’ con la propuesta del gobierno, estos dos paramilitares, también extraditados, han hablado del complot mencionado por ‘Mancuso’, ‘Tasmania’ y ‘El Tuso Sierra’. Pero solo lo hicieron cuatro años después de la extradición luego de haber negociado su pena con el gobierno estadounidense. Hasta ahora los jefes paramilitares se habían rehusado a colaborar con la justicia colombiana pero hace poco volvieron a hacerlo señalando a funcionarios del Gobierno Uribe.

En febrero de 2012, cuatro años después de mantener su silencio en Justicia y Paz, alias ‘Don Berna’ se destapó y en el reinicio de sus versiones recordó que también recibió la visita del abogado González, en representación del ex senador Mario Uribe, para organizar la conspiración. Además admitió que como parte de la negociación con el gobierno, fue trasladado a la cárcel La Picota en julio de 2007 para grabar conversaciones con el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, recluido en la misma prisión, con el propósito de desprestigiar al magistrado investigador Iván Velásquez. Varias de esas grabaciones fueron filtradas a la prensa.

El 6 de septiembre de 2010 la ex directora de Operaciones del DAS, Martha Leal, admitió que Diego Álvarez (abogado de ‘Don Berna) le pidió una grabadora para grabar a ‘Don Berna’ y a Rafael García en donde supuestamente este último admitía que el magistrado Velásquez le estaba ofreciendo prebendas a ‘Don Berna’ para que hablara o diera información. Leal dijo que compró la grabadora con gastos reservados de la Subdirección de Operaciones del DAS.

La revista Semana reportó el 23 de agosto de 2008 que ‘Don Berna’ utilizó a su abogado para obtener más grabaciones que comprometieran a funcionarios de la Corte Suprema y los hiciera aparecer como si estuvieran recolectando pruebas contra Uribe y políticos afines a la Presidencia, a cambio de beneficios.

Según Semana, uno de los videos más interesantes fue realizado el 21 de diciembre de 2007 en la oficina del defensor de ‘Berna’. En la cámara, escondida en una esquina de la oficina, quedó registrada una larga conversación en la cual un hombre habla con el abogado de ‘Berna’. El sujeto se presenta a nombre de la Corte Suprema y en el transcurso de la charla le hace escandalosos ofrecimientos al abogado del jefe paramilitar. Entre otras cosas, le dice que puede conseguirle beneficios a ‘Berna’ a cambio de que declare o ayude con información a la Corte sobre políticos de Antioquia, Santander y Cundinamarca, entre otros. Le dice, también, que es necesario que ‘Berna’ refuerce las versiones de la ex congresista detenida Rocío Arias. Y en otro aparte, el hombre le pide al abogado de ‘Berna’ 15.000 dólares para evitar que el ex jefe paramilitar sea trasladado a la cárcel de Cómbita.

El hombre siempre se presenta como enviado de la Corte, pero en realidad no tenía vinculación formal con esa corporación. Su nombre era Henry Anaya y era un abogado de Barrancabermeja que además de haber sido registrador de ese municipio, se desempeñaba como veedor cívico en esa ciudad. Anaya era bastante conocido en altos círculos de la justicia. Tenía muy buenos contactos y amigos en la Fiscalía General, en la Procuraduría y en la Corte Suprema.

Lo que resulta sin duda comprometedor es que tanto en el video como en las grabaciones de audio clandestinas que realizó el abogado de ‘Berna’, Anaya siempre actuó y habló como si lo hiciera a nombre de la Corte.

Además ‘Don Berna’ contó que luego de este episodio, entre febrero y abril de 2008 se registraron las famosas reuniones de la ‘Casa de Nari’. Estos encuentros fueron revelados a la opinión pública por los medios en agosto de ese mismo año y contaban de grabaciones entre Diego Álvarez (abogado de ‘Berna’) con Rodrigo Zapata alias ‘Job’, un desmovilizado del Bloque Pacífico, en las que hablaban de varias reuniones y contactos que tuvieron con funcionarios de la Presidencia, entre ellos María del Pilar Hurtado, Marta Leal, Edmundo del Castillo, Juan José Chaux y César Mauricio Velásquez, y en las que supuestamente acordaron el plan para desprestigiar a la Corte Suprema.

‘Don Berna’ admitió que tanto Álvarez como ‘Job’ fueron a la Casa de Nariño por instrucciones suyas. “…Ya había unos contactos, ya había confianza. Le dije a Antonio (alias ‘Job’) y al doctor Diego (abogado de ‘Don Berna’), que sería importante que ellos se reunieran en la Casa de Nariño, para saber cómo iba el proceso. Nosotros respaldábamos totalmente la política de seguridad democrática del gobierno y las decisiones que se había tomado frente a ese tema”, le dijo a la Fiscalía.

El paramilitar explicó que alias ‘Job’ “era amigo de César Mauricio Velásquez”, el entonces jefe de Prensa de la Casa de Nariño, razón por la cual se facilitaba la entrada a Palacio. “Él sabía que se iba a llevar a cabo dicha reunión y estaba atento de lo que se decidiera en dicho encuentro”, señaló ‘Don Berna’.

Según el relato del ex paramilitar, “Edmundo del Castillo, ex director jurídico de Presidencia, acepta recibirlos en la Casa de Nariño, para reunirse con la doctora Marta Leal, ex subdirectora de Operaciones de Inteligencia del DAS”, con quien ya tenían buenas relaciones.

Leal sería la encargada de dar las instrucciones a los funcionarios para que se prestara la colaboración y los equipos que se requirieran para hacer interceptaciones y grabaciones, especialmente a la Corte Suprema con el objetivo de desprestigiar sus investigaciones por los casos de parapolítica.

“Un tal doctor Roa, iba todos los días por la tarde, yo le entregaba lo que había grabado ese día, eso iba a la Casa de Nariño y el encargado de recibirlo era el doctor Edmundo del Castillo”, contó el ex paramilitar extraditado.

Tres meses después de la reunión en Palacio, alias ‘Job’  fue asesinado en Medellín.

Otras conspiraciones
Entre octubre de 2007 y abril de 2008, de acuerdo con lo narrado por ‘Don Berna’, ocurrieron otros hechos relacionados con el complot. El primero ocurrió en Nueva York. Según reportó la revista Semana, el 11 de octubre de 2007, en la sede del consulado de Colombia en Nueva York, el ex sargento del Ejército, Eduin Guzmán, fue entrevistado por varios medios de comunicación.

De acuerdo con su declaración, los magistrados auxiliares de la Corte, Iván Velásquez y Héctor Alarcón, quien adelantaba investigaciones sobre parapolítica en Antioquia, le habían ofrecido beneficios judiciales a cambio de que implicara al presidente Uribe y a su primo, el entonces senador Mario Uribe Escobar, en acciones delictivas. Al igual que ocurrió con ‘Tasmania’, altos funcionarios del gobierno retomaron las declaraciones de Guzmán y afirmaron que no solo eran muy graves, sino que demostraban que había un complot y un cartel de testigos contra Uribe.

Guzmán tampoco hablaba con la verdad. “A mí me ofrecieron que si decía eso me iban a ayudar a conseguir las visas para traer a mi familia a Estados Unidos. Y como yo estaba desesperado, pues dije lo que me dijeron que dijera. Lo malo es que después de que me pusieron a hablar con periodistas y di las declaraciones, no me volvieron ni a pasar al teléfono y obviamente no me cumplieron con nada. Unos meses después, como en abril de 2008, me llamaron de la embajada de Colombia en Washington para lo mismo, pero como ya me habían hecho ‘conejo’ una vez, yo no me presté para volver a declarar”, dijo Guzmán.

El otro episodio ocurrió el 24 de abril de 2008. Ese día, en Apartadó, Urabá, en un foro sobre proyectos productivos de los desmovilizados, un ex paramilitar llamado Ferney Suaza pidió la palabra y dijo que había sido abordado por varias personas que le ofrecieron 200 millones de pesos para involucrar públicamente al presidente Uribe con los paramilitares de esa región del país. Tan pronto Suaza terminó de hablar, los congresistas que estaban en el foro le hicieron el puente telefónico con el presidente Uribe y le contó su versión. Uribe le expresó su agradecimiento y la preocupación por lo que le había contado, y ordenó que se le reforzara la seguridad. Les pidió a los congresistas que lo acompañaran y estuvieran pendientes de que se le brindara la protección necesaria.

Suaza se había desmovilizado con el Bloque Bananeros de las Auc en noviembre de 2004 y era reconocido como líder comunal en el Urabá antioqueño. Para el momento de su denuncia en el Sena de Apartadó se desempeñaba como vocero de los desmovilizados reinsertados y era dirigente de la empresa Superban, que agrupaba a más de un centenar de desmovilizados.

Tras la declaración de Suaza, Uribe salió en varios medios de comunicación a replicar lo dicho por el ex paramilitar: en síntesis, que unas ONG y otras personas habían intentado sobornarlo para que vinculara al mandatario con grupos paramilitares en Urabá. Varios funcionarios del Gobierno, entre ellos Fabio Valencia Cossio, quien para la época se desempeñaba como alto consejero presidencial, afirmó que la denuncia del ex paramilitar era la prueba de que había “un complot internacional y hay muchos elementos que demuestran que el presidente Uribe les está estorbando a ciertos políticos internacionales y, obviamente, eso es un muro de contención”. Valencia Cossio afirmó también que el testimonio de Suaza probaba que había un “cartel de testigos” contra el gobierno y dijo que lo que estaba sucediendo “es una cosa infame y es de cada ocho días. Una semana arman una cosa desde una cárcel y a la siguiente, desde el exterior”. El entonces ministro del Interior, Carlos Holguín, se sumó a las voces de indignación del gobierno y pidió a la Fiscalía investigar las graves denuncias hechas por el ex paramilitar, quien fue ampliamente elogiado por Uribe debido a “su honestidad” y por no haber cedido al chantaje.

El problema, sin embargo, es que el testimonio del ex paramilitar Suaza era una farsa bien montada. Las declaraciones no solo eran falsas, sino que hacían parte de un complot en el que nuevamente aparecen juntos ex ‘paras’ y miembros del alto gobierno de la época de Uribe.

Posteriormente, se conocieron unas grabaciones en las que Suaza le pide a alias ‘Job’ que le ayude a sacar a su familia de Urabá y también una casa, como parte del acuerdo por sus declaraciones.

Tras las declaraciones de ‘Don Berna’, César Mauricio Velásquez y otros funcionarios del Gobierno de Uribe salieron a descalificar las versiones del ex paramilitar señalándolo de “un criminal extraditado”.  En su momento, Jaime Granados, abogado del ex jefe de prensa, dijo que el testimonio del ex paramilitar era una venganza.

Pero ahora con las versiones coincidentes de ‘Mancuso’, ‘El Tuso’ Sierra, ‘Don Berna’ y ‘Macaco’ surge una nueva teoría que sugiere que con la extradición de los paramilitares, el gobierno de Álvaro Uribe pretendió echar tierra sobre un complot que buscaba atajar el escándalo de la parapolítica, la misma que sentenció a varios políticos del uribismo.

*Todas las confesiones en versión libre deben ser investigadas por la Fiscalía por tratarse de una etapa preliminar antes del juicio.

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Más de ocho ex jefes paras han relacionado a Víctor Carranza con las acciones de las autodefensas en los llanos orientales. Foto: Archivo Semana

Al menos ocho jefes paramilitares han señalado al ‘zar’ de las esmeraldas Víctor Carranza como creador y financiador de las autodefensas de los Llanos Orientales. Basándose en varias de estas declaraciones ante Justicia y Paz, la Fiscalía General de la Nación decidió iniciar una investigación preliminar en su contra.

Salvatore Mancuso, Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’; Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’; Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’; Jorge Humberto Victoria, alias ‘Capitán Victoria’; Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’; Elkin Casarrubia, alias ‘el Cura’, y Jesús Guerrero Castillo, alias ‘Carecuchillo’, son algunos de los ex paras que han reiterado en sus declaraciones ante la Fiscalía, la supuesta conexión de Carranza con de los paramilitares de los llanos.

Aunque esta no es la primera vez que el ‘zar’ de las esmeraldas es llamado a responder ante la justicia colombiana, la acumulación de versiones lo ponen a explicar estas declaraciones de los paramilitares.

Los ex ‘paras’ que han salpicado al ‘Zar’
Víctor Carranza conocido en el mundo paramilitar con el alias de ‘El Patrón’ se convirtió, según los testimonio de los ex fejes paramilitares, en pieza clave para la llegada de las Auc del Urabá a los Llanos Orientales. Según varios paramilitares, además de participar a través de su grupo personal de autodefensas conocido como ‘Los Carranceros’, el esmeraldero es señalado de ser determinante en la organización y financiación de grupos de autodefensas y su nombre ha aparecido en crímenes como la masacre de Mapiripán y Caño Jabón.

VerdadAbierta.com hace un recuento de los jefes paramilitares que han aportado los testimonios más contundentes en contra de Víctor Carranza, quienes han pedido públicamente en sus versiones libres una desmovilización del ‘zar’ de las esmeraldas.

Salvatore Mancuso

Salvatore Mancuso habló de Víctor Carranza en una versión libre que rinció desde una carcel de Estados Unidos. Foto: Semana.

Desde una cárcel de Estados Unidos, el pasado 5 de diciembre, el extraditado paramilitar Salvatore Mancuso, narró cómo Víctor Carranza participó en las reuniones preparatorias de la incursión de las autodefensas a los llanos orientales que terminaron en las masacres de Mapiripán y Caño Jabón cometidas en el año 1997.  

Según el ex feje de las Auc, el esmeraldero Víctor Carranza estuvo presente en una reunión en La Rula, en la que participaron Carlos y Vicente Castaño, así como el entonces entrenador de las autodefensas Carlos Mauricio García alias ‘Rodrigo Doble Cero’. En esta reunión se planeó la entrada de las Auc a los llanos. “Carranza nos dijo que nos apoyaba en la incursión pero que nos entendiéramos con sus representantes (refiriéndose a Humberto Castro, Juan de Jesús Pimiento alias ‘Juancho Diablo’ y Pablo Elías Delgadillo alias ‘Ulises Mendoza)”

“Carranza tenía dos grupos de autodefensas, uno que delinquía en Sucre, Bolívar y Atlántico, y otro grupo de 80 hombres instalado en el meta, conocido como los carranceros. La idea de las reuniones con  los Castaño era expandirlos hacia el sur, y unificar las reglas para combatir la subversión” aseguró Mancuso.

Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’

Alias ‘El Alemán’ aseguró que gente de Carranza lo ha amenazado de muerte. Foto: Semana.

Ante un Magistrado de Justicia y Paz, alias ‘El Alemán’, ex jefe paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas, aseguró que Carranza fue integrante de las autodefensas y pagó ‘servicios de seguridad’ a grupos paramilitares a cargo de la Casa Castaño.

“Víctor Carranza era un mito dentro de las autodefensas porque había tenido grupos desde la época de Gonzalo Rodríguez Gacha, tanto en Puerto Gaitán, Meta, como en la zona esmeraldera y había sido el triunfador de esas guerras internas de esmeralderos donde murieron algunos. Después lo de Mapiripán fue acordado con la gente de él” aseguró.

“Yo llegué enviado por Castaño a las zonas rurales de los municipios de Pauna y Maripí con un grupo de entre 30 y 40 hombres. Eso fue una solicitud que le hizo Víctor Carranza a Carlos Castaño”, contó el exjefe paramilitar en audiencia en mayo de 2011, quien aseguró que luego se reunió con el esmeraldero para pactar la forma en la que se financiaría el  grupo.

De acuerdo a la versión del ex jefe paramilitar, Carranza puede ser considerado un ideólogo del proyecto social y político de las Auc en todo el país. “En los primeros años la organización fue sostenida por ganaderos, agricultores y comerciantes agrupados en la ‘Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam),’ y luego principalmente financiada por los aportes financieros y logísticos del esmeraldero Víctor Carranza patrocinador de las Autodefensas de Henry Pérez en Puerto Boyacá bajo el seudónimo de ‘Clodomiro Agámez’”, sostuvo.

Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’

‘Don Mario’ señaló a Carranza como el gestor de las autodefensas de los llanos.Foto: Fiscalía.

Las denuncias de alias ‘El Alemán’, coinciden con las de su hermano, Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’,  quien reafirmó en declaraciones ante la Fiscal quinta de Justicia y Paz que Víctor Carranza había sido el fundador de las Autodefensas del Meta y del Vichada que estaban al mando de José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’.

Alias ‘Don Mario’ jefe de finanzas del Bloque Centauros, contó como Carranza se había convertido en la manzana de la discordia entre Héctor Germán Buitrago, alias ‘Martín Llanos’ y los ‘Urabeños’ de Miguel Arroyave, alias ‘Arcángel’, creando una guerra entre los ex jefes paramilitares que dejó más de mil muertos entre combatientes y civiles. “Carranza sembró cizaña entre los dos ex jefes paramilitares, diciéndole a cada uno que el otro lo quería matar” aseguró.

Elkin Casarrubia, alias ‘El Cura’

Casarrubia habló de la ayuda logística de Carranza en la incursión de los paras en los llanos.

En versiones libres de agosto de 2010, alias ‘El Cura’, quien fue jefe militar en diferentes bloques de las Auc en varios departamentos, señaló que en una reunión en ‘La 15’, una finca en Urabá, los Castaño les explicaron cómo se iba a desarrollar el operativo de Mapiripán y Caño Jabón.

En el encuentro, según ‘El Cura’, “se coordinó la llegada con Los Buitrago. Ahí estuvo ‘Martín Llanos’ y nos dijo que tenía que coordinar con Víctor Carranza. Nos dijo que en el Meta el contacto era con José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’, que era gente de Víctor Carranza”. Casarrubia narró como luego de la masacre de Mapiripán, los paras se enfrentaron con las Farc en La Cooperativa, una inspección de Mapiripán.

Tras el combate, donde murieron 18 guerrilleros y 12 ‘paras’ de los ‘Buitrago’, una avioneta blanca llamada ‘La Rebeca’, que según versiones de ‘Don Maruio’ y ‘El Cura’ pertenecía a Carranza,  aterrizó sobre una pista improvisada en una carretera de La Cooperativa para recoger varios heridos de las autodefensas y llevarlos a Monterrey, Casanare. Esta avioneta también era utilizada para transportar base de coca que él luego transformaría en cocaína.

Dumar de Jesús Guerrero, alias ‘Carecuchillo’

Alias ‘Carecuchillo’ habló de la colaboración del grupo de los carranceros. Foto: VerdadAbierta

‘Carecuchillo’, uno de los principales hombres de las Accu, relató ante Justicia y Paz como Carranza se relacionó también con una incursión en octubre de 1997 en La Picota, un caserío en la región de Puerto Gaitán, Meta. Con la ayuda de alias ‘Guillermo Torres’ y los carranceros, se llevo a cabo la masacre de cinco campesinos, luego los ‘paras’ se replegaron a la finca Brasil, en Puerto Gaitán, donde recibieron entrenamiento militar y político de instructores de Urabá.

De acuerdo con versiones de ‘El Cura’ y ‘Cuchillo’ la finca Brasil pertenecía a Víctor Carranza: “Se decía que era de Víctor, hay una pista abandonada y una laguna, era una casa grande, de material, con una corralera en donde hicimos los entrenamientos”.

Jorge Humberto Victoria Oliveros alias ‘El Capitán Victoria’ o ‘Don Raúl’

Alias ‘El Capitán Victoria’ relató la participación del ‘Zar’ en la Masacre de Mapiripán. Foto: Fiscalía.

‘El Capitán Victoria’ considerado un enlace entre los Castaño y Carranza, afirmó en versión libre que cuando fue enviado con anticipación a los Llanos Orientales para hacer contacto con los militares y ayudarles en la ‘logística’ para la llegada de las Auc, tuvo su primer acercamiento con la gente de Carranza”.

“Vicente me dijo que allá había dos grupos de autodefensas: uno llamado ‘Los Buitragos,’ que estaba a cargo de ‘Martín Llanos’;  y otro conocido como ‘Los Carranceros,’ comandado por José Baldomero Linares Moreno, alias ‘Guillermo Torres’, financiado por Víctor Carranza”.

Alias ‘Raúl’  llegó a San José del Guaviare, entre febrero y marzo de 1997 donde se reunió con Juancho Pimiento, alias ‘Juancho Diablo’ quien era el representante y enviado de Víctor Carranza para participar en la planeación.

Según alias ‘Raúl’, se reunieron con ‘Juancho Pimiento’ para analizar cuál era la mejor ruta para llegar a la zona, ‘Juancho Pimiento’ nos sugirió que hiciéramos un reconocimiento aéreo, el cual hicimos con una avioneta del esmeraldero”, dijo.

‘Carranza nos ha amenazado de muerte’, ex jefes paras
Las declaraciones de los ex jefes paras en contra de Victor Carranza que han sido respaldadas por otros desmovilizados como Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’ y José Efraín Pérez Cardona, alias ‘Eduardo 400’,  son el soporte de la Fiscalía para investigar al empresario esmeraldero.

Sin embargo, estos jefes paramilitares que han vinculado reiteradamente en sus relatos al ‘Zar’ de las esmeraldas, han manifestado su inconformidad frente a la justicia que lo ha exonerado en repetidas ocasiones.

Según una declaración de alias ‘El Alemán’: “tanto él como alias ‘Monoleche’, alias ‘El Cura’ y otros desmovilizados han sido amenazados al parecer por parte de emisarios de Carranza para que no lo vinculen con las Auc”.

“De todo corazón se lo digo, que en vez de pensar ahora, que estamos hablando la verdad, cómo mandarnos asesinar, que don Víctor se desmovilice y se acoja a Justicia y Paz para que le cuente la verdad de todo lo que ha sucedido en los Llanos, porque si alguna persona sabe de todas las guerras, de todo lo que ha pasado en los Llanos, es el señor Víctor Carranza”, agregó ‘Monoleche’ en versión conjunta con otros ex paras implicadosen la masacre de Mapiripán.  

En esta misma versión en la que estuvo presente el ex jefe José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, señalado como el comandante de la estructura de “Los Carranceros” y de ser el representante del Carranza, rechazó a todas las acusaciones que hicieron los demás versionados.

“Yo no entiendo por qué están diciendo que “Los Carranceros” era un grupo de Víctor Carranza. Yo nunca le presté vigilancia a ese señor, ni mucho menos tuve relaciones con él. Nunca fuimos a contarle sobre las operaciones que íbamos a hacer. Además ese grupo lo creé yo el 18 de noviembre de 1994”, afirmó el excomandante paramilitar.

El mito de Carranza
Ni la justicia colombiana, ni los múltiples atentados de los que ha sido víctima el ‘Zar’ de las esmeraldas, Víctor Carranza, han logrado disminuir el poder de este cuestionado personaje de 76 años.

Durante más de dos décadas, Carranza ha sido declarado inocente de sus procesos con la justicia, y a salvo de varios atentados que le han hecho sus enemigos.

Su historial judicial inició en 1993, cuando la Fiscalía lo investigó por enriquecimiento ilícito y conformación de autodefensas. Luego, en 1997 un fiscal de Barranquilla le dictó orden de captura por presunta conformación de grupos de justicia privada. No obstante, solo hasta un año después, Carranza fue detenido por el secuestro y asesinato del contador y otro empleado (Roberto Prieto y Édgar Hernández) del narcotraficante Leonidas Vargas.

Hasta 2001 estuvo recluido en Aquimindia, centro de entrenamiento para los agentes del DAS ubicado sobre la vía a Cota, pero fue exonerado y quedó en libertad.

En medios de comunicación nacional, la defensa de Carranza siempre ha calificado a las acusaciones de los ex ‘paras’ de montajes que “pretenden enlodar su nombre”.

Así mismo, los abogados aseguran que “tanto los señalamientos como los atentados que ha sufrido, se deben a que este no ha compartido actos delictivos”. Agregaron además que quienes lo han señalado se exponen a denuncias por presunto falso testimonio y concierto para delinquir. “Si son postulados, se exponen a ser excluidos de justicia y paz”.

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Diego Fernando Murillo alias ‘Don  Berna’ declaró ante una comisión de la Fiscalía sobre el caso de las ‘chuzadas’ del DAS, implicando a más funcionarios de la adminsitración Uribe. Foto: VerdadAbierta

El ex paramilitar Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’, quien se encuentra extraditado en una cárcel de Estados Unidos desde el año 2008, contó ante una comisión de la Fiscalía, como se creó una red de colaboradores para realizar las interceptaciones ilegales a varios miembros de la oposición del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Según el video de la versión de alias ‘Don Berna’, que fue revelado por el Canal Capital, los contactos entre las autodefensas y la cúpula del DAS iniciaron con el nombramiento en 2002 de Jorge Noguera como director del organismo de seguridad, relaciones que se fortalecieron en una reunión que tuvo lugar en Santa Fe de Ralito en el año de 2005.  

“La relación entre miembros de las Auc y miembros del DAS era tal, que varios funcionarios nos visitaron, entre ellos Tabares y lagos, para expresar y reiterar toda la disposición y colaboración con la organización”. Cabe aclarar que tanto el exdirector de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares, como el ex subdirector de Contrainteligencia Jorge Lagos, fueron condenados a ocho años y cuatro meses de prisión por el caso de las chuzadas.

Según la declaración de ‘Don Berna’ así nació una especie de pacto de colaboración y “prestación de servicios” mutuos entre las autodefensas y funcionarios del Gobierno nacional, la cual se consolidó finalmente en la conocida reunión de la ‘Casa de Nari’ del 2008. En este encuentro participaron el ex paramilitar Antonio López, alias ‘Job’ emisario de ‘Don Berna’, Diego Álvarez, abogado de ‘Don Berna’, y varios funcionarios del gobierno.

Además de confirmar la participación del Jorge Noguera, quien ya fue condenado a 25 años de cárcel por estos hechos, ‘Don Berna’ aseguró que el ex secretario General de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, el ex secretario Jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo, la ex directora del Das, Maria del Pilar Hurtado, y el ex secretario de Prensa del Palacio, Cesar Mauricio Velásquez, sabían de losseguimientos e interceptaciones ilegales.

La misión: desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia

“Cuando fue elegido el doctor Jorge Noguera (como Director del Das en el año 2002), el comandante ‘Jorge 40’ transmitió a todos los comandantes que había llegado a la cúpula alguien cercano de sus entera confianza, con quien podíamos contar para lo que necesitáramos”, aseguró bajo gravedad de juramento, alias ‘Don Berna’.

Ese fue uno de los primeros eslabones de la cooperación entre los grupos paramilitares y el organismo de seguridad. “Posteriormente empezamos a trabajar juntos para la presidencia, bajo la coordinación de doctor  Juan José Chaux Mosquera, ex gobernador del Cauca, acusado por parapolítica”, narró el ex jefe paramilitar.

A la pregunta formulada por la Fiscalía de sobre quién había sido la idea de hacer la conocida reunión en el Palacio de Nariño, ‘Don Berna’ aseguró que “ya había unos contactos, ya había confianza. Le dije a Antonio (alias ‘Job’) y al doctor Diego  (abogado de ‘Don Berna’), que sería importante que ellos se reunieran el la Casa de Nariño, para saber como iba el proceso. Nosotros respaldábamos totalmente la política de seguridad democrática del gobierno y las decisiones que se había tomado frente a ese tema”

Sobre Antonio López, alias ‘Job’, el paramilitar dijo “era amigo de César Mauricio Velásquez, el entonces jefe de Prensa de la Casa de Nariño, razón por la cual se facilitaba la entrada a Palacio. “Él sabía que se iba a llevar a cabo dicha reunión y estaba atento de lo que se decidiera en dicho encuentro”.

Según el relato del ex paramilitar, “Edmundo del Castillo, ex director jurídico de presidencia, acepta recibirlos en la Casa de Nariño, para reunirse con la doctora Martha Leal, ex subdirectora de Operaciones de Inteligencia del DAS” con quien ya tenían buenas relaciones.

Leal sería la encargada de darles las instrucciones a los funcionarios para que se prestara la colaboración y los equipos que se requirieran para hacerlas interceptaciones  y grabaciones, especialmente a la Corte Suprema con el objetivo de desprestigiar sus investigaciones por los casos de parapolítica.

“Un tal doctor Roa, iba todos los días por la tarde, yo le entregaba lo que había grabado ese día, eso iba a la casa de Nariño y el encargado de recibirlo era el Doctor Edmundo del Castillo” contó el ex paramilitar extraditado.

Tres meses después de la reunión en Palacio, alias ‘Job’  fue asesinado en Medellín.

Ante estas acusaciones, Jaime Granados, el abogado defensor del actual embajador en el Vaticano, César Mauricio Velásquez, rechazó la versión de ‘Don Berna’ a quien califica como un criminal extraditado.

Según Granados, “se trata de otra manifestación de la venganza criminal que ya conoce el país. Lo único que pide mi representado es que las autoridades busquen que se sepa la verdad, no servir de instrumento de falsedades cuyo propósito final sea engañar la justicia”.

Hasta el momento, el ex presidente Álvaro Uribe no se ha pronunciado sobre las acusaciones que implican a varios de los funcionarios de su gobierno.

Las otras víctimas de las persecuciones

No solamente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron víctimas de las interceptaciones y la complicidad entre las Auc y los funcionarios del Gobierno. Según alias ‘Don Berna’, “los directivos del DAS le pidieron información a los paramilitares para alimentar sus informes de inteligencia, incluso confesó que los hombres de su organización le entregaron al DAS toda la información necesaria para asesinar en Barranquilla al defensor de Derechos Humanos y profesor Alfredo Correa de Andréis. Leer La lista negra del DAS

A partir de la investigación realizada por la Fiscalía, la juez advirtió que el profesor Correa de Andréis fue víctima de un montaje realizado por el DAS, durante la administración de Jorge Noguera, el exjefe del organismo de seguridad investigado por vínculos con el Bloque Norte y próximo a recibir sentencia.

Los funcionarios del organismo de seguridad señalaron al profesor de ser alias ‘Eulogio’, el ideólogo y auxiliador del Bloque Caribe de las Farc. Por esta razón, el profesor fue investigado y encarcelado injustamente.

El 17 de septiembre de 2004, a las 2:20 de la tarde en los alrededores de la Universidad Simón Bolívar lo acribillaron, junto con su guardaespaldas. ‘Don Antonio’ fue señalado como autor intelectual del asesinato.

Las chuzadas implicaron también a Rafael García, ex jefe de informática del DAS, quien había colaborado con la justicia para esclarecer el caso de las ‘chuzadas’. “Me dijeron que tuviera mucho cuidado cuando grabara ya que García conocía ese tipo de elemento tecnológico y por lo tanto había que ser muy discretos para que no descubriera lo que estábamos haciendo”, contó ‘Don Berna’.

El abogado Orlando Perdomo quien representó al ex director del DAS, Jorge Noguera, dio las instrucciones para grabar a García y saber que pensaba del gobierno de Uribe.

En las declaraciones de ‘Berna’ también mencionó la participación del ex subdirector de fuentes humanas del DAS, Germán Villalba encargado del ‘espionaje’ a  organizaciones de derechos humanos de Colombia y del Exterior.

En enero del 2011, Villalba aceptó ante la Fiscalía General de la Nación su responsabilidad en los delitos de interceptación ilegal de comunicaciones, utilización ilegal de receptores o transmisores, concierto para delinquir y abuso de autoridad.

Villalba trabajó como enlace antidrogas en Italia del DAS, desde donde presuntamente hizo seguimientos ilegales a ONG y organizaciones de derechoshumanos en varios países de Europa que aparentemente apoyaran a la guerrilla.

Con estas declaraciones de ‘Don Berna’, quien ya había asegurado que las Auc contribuyeron económica y políticamente en el 2001 a la campaña del entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, el gobierno pasado se ve cada vez más comprometido y cuestionado.

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En la cárcel de máxima segurida de Itagüí conviven ex paramilitares con ex miembros de la llamada ‘Oficina de Envigado’ en una tensa calma.

Siete exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) recluidos en el patio número uno de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí denunciaron en carta al presidente Juan Manuel Santos su crítica situación, pues desde el viernes pasado se quedaron sin abogados debido a la renuncia de sus apoderados, quienes aseguraron no tener condiciones de seguridad para seguir con su trabajo.

La situación descrita por los ex miembros de las Auc se agravó el pasado 5 de mayo cuando fue asesinado en el municipio de Bello, Antioquia, el abogado Edquir José López Londoño, quien hasta hace un mes defendía en los tribunales de Justicia y Paz a Raúl Hasbún Mendoza, empresario bananero y ex jefe del Frente Arlex Hurtado de las Auc. Tal circunstancia llevó a su actual abogado a renunciar el pasado viernes en plena versión libre del exparamilitar, sustentando su dimisión en la difícil situación de seguridad que viven los juristas.

“En nombre y representación de la comunidad de Justicia y Paz de la cárcel de Itagüí denunciamos una vez más el sistemático exterminio de desmovilizados de las desaparecidas Autodefensas Campesinas y la consiguiente violación del derecho a la vida de sus hijos y familias, asimismo la infame persecución criminal contra los abogados de los miembros representantes”, aseveran en su misiva al Presidente de la Republica los exjefes paramilitares Raúl Hasbún Mendoza, Fredy Rendón Herrera, Rodrigo Pérez Alzate, Iván Roberto Duque, Arnubio Triana Mahecha, Álvaro Sepúlveda y Jorge Iván Zapata Laverde.

“Señor Presidente en el día de hoy se presentó la renuncia masiva de los abogados encargados de la defensa técnica de todos los desmovilizados del pabellón uno de la cárcel de Itagüí”, le informan a Santos los excomandantes de diversos frentes y bloques de las Auc. “Los juristas argumentan carecer de la garantía del derecho a la vida para el ejercicio libre de su profesión. Consideran que el precio de asistir a quienes estamos comprometidos con la verdad no puede ser el de su propia vida, y menos pagar con este derecho inalienable el silencio que pretenden imponer los antisociales de cuello blanco”.

En la carta enviada al Presidente Santos, los ex miembros de las Auc dicen que “no existe otra razón para semejante aniquilación que el paso de la cuenta de cobro por nuestro compromiso con las víctimas, la justicia y la sociedad ante quienes hemos descorrido el velo de la verdad histórica, con la consecuente afectación para quienes pretenden aún resguardarse en la impunidad”.

En sus últimas líneas, los exparamilitares expresaron su confianza en el Presidente de la República, esperanzados en que él sería el garante constitucional “de los derechos de la vida y la paz”.

Situación crítica
Operadores judiciales que siguen de cerca los procesos de Justicia y Paz advirtieron de los inconvenientes de este nuevo obstáculo para el desarrollo de las versiones libres de Justicia y Paz y en general de todo el proceso que deben seguir los postulados que esperan beneficios de la Ley 975.

“La falta de abogados impide que los postulados de  las antiguas Auc puedan tener una defensa técnica”, aseguró un funcionario que pidió la reserva de la identidad. “No se puede adelantar ningún tipo de audiencia si no tienen abogados que los representen”.

Lo que se viene observando, explicó un abogado cercano a los ex jefes paramilitares es que pese a las confesiones entregadas a los fiscales de Justicia y Paz, “la justicia como tal no ha sido efectiva en la persecución de aquellos que se lucraron del proyecto paramilitar y hoy permanecen en la sombra con mucho dinero y mucho poder”.

Por tal razón, este abogado, quien también solicitó no ser identificado, lanzó críticas a la llamada justicia ordinaria, encargada de adelantar los procesos penales contra aquellos que son señalados en los distintos escenarios de Justicia y Paz como aliados o beneficiarios de los paramilitares. “Mientras no se persiga a los terceros implicados en el proyecto paramilitar serán muy vulnerables aquellos postulados de las Auc que han hablado de quienes los apoyaron financiera y políticamente”, aseveró el jurista.
 
Una situación que tiene inquietos a los ex jefes paramilitares firmantes de la carta al Presidente de la República es la llegada al penal de Itagüí en las últimas semanas de varios hombres de la llamada ‘Oficina de Envigado’ capturados en diversas regiones de Antioquia y del país en los últimos años.

La presencia de ex jefes de esa banda, que por varios años estuvo al servicio del paramilitarismo a través de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada bajo el mando del confeso narcotraficante y ex inspector de las Auc, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, está siendo interpretada como un modo de presión hacia los ex jefes paramilitares.

“En Justicia y Paz se ha hablado de diversas personas que en el pasado hicieron parte de la ‘Oficina’ y que aún permanecen en la sombra, protegidos por la impunidad. Lo que creemos es que trasladaron a varios integrantes de esa estructura para atemorizar a los exparamilitares y callarlos”, indicó una abogada cercana a los exjefes de las Auc.

Otra abogado llamó la atención sobre la supuesta decisión del Gobierno Nacional de trasladar a los miembros de las llamadas ‘bandas criminales emergentes’ a la cárcel de Cómbita, en Boyacá. “Eso fue lo que se dijo hace varios meses y no se entiende cómo los de la ‘Oficina’ están en Itagüí. Ese tipo de decisiones gubernamentales no son claras”, dijo.

Hay tres hechos recientes que llaman la atención de las personas que son cercanas a los ex integrantes de las Auc. “Hace un mes retuvieron y torturaron a un hombre de confianza de los postulados de las Auc que están en Itagüí. Era el que les hacía algunas diligencias en la calle. La golpiza lo obligó a abandonar la ciudad”.

El segundo caso, ocurrido hace varias semanas, involucró a una persona cercana a los exparamilitares. “Se trata del esposo de la señora que les cocinaba a ellos. El hombre fue asesinado”, dijeron las fuentes consultadas, sin que hasta el momento se sepa por qué.

El tercer caso tiene relación con registros arbitrarios que hace varios meses realizaron las autoridades carcelarias en algunas celdas del penal en Itagüí, aspecto que fue calificado como de “hostigamiento” por algunos reclusos.

Si bien hasta el momento no hay investigaciones que aclaren lo ocurrido en esos casos, las fuentes consultas advirtieron que están generando mucho temor entre los excomandantes de las Auc, quienes con evidentes signos de preocupación están lanzando alertas desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí para evitar que sean acallados y las verdades que están diciendo, sobre todo aquellas referidas a los que patrocinaron, impulsaron y se lucraron del proyecto paramilitar, no sean reveladas y continúe prevaleciendo la impunidad.

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Varios paramilitares han suspendido su colaboración con la justicia colombiana. – Bloque Élmer Cárdenas no volverá más a Justicia y paz

La decisión de Raúl Hasbún, Freddy Rendón alias ‘el Alemán’, Rodrigo Pérez alias ‘Julián Bolívar’, Arnubio Triana alias ‘Botalón’ e Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’ (excluido del proceso) de no colaborar con la justicia ordinaria y con Justicia y Paz, ha sido seguida por otros desmovilizados en varias regiones del país y tiene en vilo varios procesos judiciales en los que venían colaborando.

En una carta del 14 de octubre de 2010, los ex jefes paramilitares Raúl Hasbún, Freddy Rendón alias ‘El Alemán’, Rodrigo Pérez alias ‘Julián Bolívar’, Arnubio Triana alias ‘Botalón’ e Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’ (excluido del proceso), indican en siete puntos “los tropiezos” de la Ley. Entre ellos, que hay un limbo jurídico para quienes se desmovilizaron después del 25 de julio de 2005, que el proceso judicial es lento y que por eso “la pena alternativa (de 5 a 8 años de prisión) es una expectativa cada vez más improbable”.Además rechazaron las condiciones de “reclusión, hacinamiento y seguridad de una gran mayoría de desmovilizados presos”.

Desde que la carta fue emitida los cronogramas de Justicia y Paz se han ido alterando. Según Hernando Aníbal García, procurador nacional delegado para la Justicia y Paz, algunos ex paramilitares recluidos en las cárceles de Palmira, Ibagué, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cúcuta se han negado varias veces a participar de las diligencias judiciales.

El pasado 8 de octubre alias ‘el Alemán’ había anunciado su decisión de no colaborar más con la justicia colombiana señalando entre sus razones que no había claridad jurídica, las condiciones carcelarias, las restricciones al trabajo de recopilación de hechos perpetrados durante las operaciones contrainsurgentes y las amenazas e intimidaciones lo llevaron a anunciar que él y los hombres no volverán a las versiones libres ante Justicia y Paz ni ante la justicia ordinaria.

“Hoy es a la última versión que estos hombres y yo venimos”, le dijo alias ‘el Alemán’ al Fiscal Delegado 48 para la Justicia y la Paz durante una diligencia conjunta de versión libre realizada el miércoles 6 de octubre en Medellín, en la que participaron Juan Pablo López Quintero, alias ‘Gabriel’; Elkin Castañeda Naranjo, alias ‘Hermógenes Mazo’; Bernardo Díaz Alegre, alias ‘el Burro’; Libardo Alonso Calle Calle, alias ‘Cumbamba’; Javier Morales Estrada; Diego Vélez Trujillo, alias ‘el Tío’; y Javier Ocaris Correa Alzate, alias ‘Fredy’, quienes respaldaron la decisión de Rendón Herrera.

“Llevamos cuatro años y hemos hecho un trabajo durante este tiempo que muestra avances, pero hoy nos toca decir que hay que hacer un alto en el camino porque el Estado colombiano no nos está posibilitando nada e incumple todo lo acordado”, afirmó alias ‘el Alemán’, quien anunció, además, que otros miembros de bloques paramilitares tomarán en próximos días la misma decisión.

Uno de los motivos de esta decisión fue la restricción impuesta al parecer por el Gobierno Nacional a determinadas visitas y encuentros con personas que les están ayudando a recopilar información de los doce años del Bloque Élmer Cárdenas en una vasta región del Urabá, tanto antioqueño como chocoano, así como en Cundinamarca.

El viceministro de Justicia Pablo Felipe Robledo, después de que el Ministerio del Interior y de Justicia fuera informado que varios ex paramilitares se han negado a participar de las versiones libres de Justicia y Paz, y a declarar en juicios contra políticos dijo que el Gobierno les responderá a los paramilitares inconformes. “Ya nos reunimos y tomamos la decisión de darle respuesta a sus inconformidades”, dijo Robledo.

Mientras que Miguel Samper, director de Justicia Transicional, entidad dependiente del Ministerio de Justicia, indicó que crearon una mesa de concertación técnica, que buscará salidas jurídicas a las inquietudes planteadas por los ex paramilitares. “Estamos trabajando con la Alta Consejería para la Reinserción para darles una respuesta lo más pronto posible”, dijo.

Por esta razón, su despacho radicó el pasado 4 de noviembre de 2010 un informe ante la Procuraduría General. “Si bien consideramos que se les debe escuchar y atender este tipo de debates, rechazamos que los postulados generen una especie de chantaje con el Gobierno porque su responsabilidad es con las víctimas, la sociedad y el Estado. Es una medida extrema que paralicen el proceso de Justicia y Paz”, indicó el Procurador.

Verdad Abierta.com consultó sobre la situación al jefe de la Unidadde Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González, pero el funcionario afirmó que no podía pronunciarse hasta tanto no conocer la postura del fiscal General, Guillermo Mendoza Diago.

La exclusión, una posibilidad
Pese a la cancelación de varias versiones libres, algunos fiscales comentaron que el paro no es general, porque los postulados a la Ley de Justicia y Paz saben que pueden ser excluidos del proceso. Una de las causales para perder el beneficio de la pena alternativa, que es de 5 a 8 años de prisión, es precisamente no colaborar con la justicia en la reconstrucción de la verdad. Ese es el ejemplo de Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’ y Luis Arnulfo Tuberquia alias ‘Memín’, que ahora son juzgados por la justicia ordinaria que impone penas de hasta 40 años.

El 15 de septiembre de 2010, por ejemplo, 27 ex integrantes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), a cargo del entonces jefe paramilitar Ramón Isaza, fueron citados a una audiencia en Bogotá para imputarles 555 crímenes. Al segundo día, menos de la mitad asistieron a la diligencia argumentando inconformidad “con los tratos del Inpec”. Sin embargo, en la actualidad los postulados de este grupo paramilitar seguirán participando del proceso, según algunos de sus abogados.

“Estuve en La Picota hablando con algunos ex integrantes de las Acmm y sus apoderados, y los desmovilizados de este grupo no están solidarizados con el paro. Según lo que expresaron, ellos no quieren entorpecer el proceso porque ya están citadas las víctimas”, dijo Omar Lemus, abogado de Wálter Ochoa Guisao alias ‘El Gurre’. Lo mismo aseguró Mario Díaz, abogado de Oliverio Isaza alias ‘Terror’. “Creo que la situación de las Acmm es diferente. El proceso va a avanzado. La nueva a audiencia de imputación parcial de cargos comenzará en ocho días”, comentó Díaz.

Cosa muy distinta sucede con algunos ex jefes paramilitares como alias ‘Julián Bolívar’, del Bloque Central Bolívar, que según información publicada por El Espectador.com, expresaron que no declararán en el juicio contra Luis Alberto Gil Quintero, investigado por parapolítica. “Esto es grave porque puede afectar todo el cronograma de este juicio y de los procesos que se llevan contra políticos”, dijo Ramón Ballesteros, abogado del ex senador y fundador del movimiento Convergencia Ciudadana.

Defensores de víctimas como Félix Orlando Vargas rechazaron la postura de los desmovilizados e hicieron un llamado de responsabilidad sobre el proceso de reconstrucción de la verdad. “Desde el punto de vista de las víctimas, los postulados a la Ley de Justicia y Paz no pueden estar exigiéndole nada al Gobierno. Si bien están cobijadas por una Ley, tiene una responsabilidad es con los colombianos”, dijo el defensor.

Los cuestionamientos
Para otros defensores víctimas y organizaciones de derechos humanos la carta elaborada por algunos ex jefes paramilitares es sólo un punto de la inconformidad que hay frente al proceso de Justicia y Paz. Según ellos, las víctimas también han expresado desesperanza frente a la puesta en marcha de la Ley, que ya cumplió 5 años.

“A veces pareciera que este proceso no es penal sino más administrativo. Para los defensores es cada más complicada nuestra situación con las víctimas, porque ellas cada vez son más apáticas al proceso. A la fecha no hay una condena en firme y muchas ni siquiera sienten que han conocido la verdad”, comentó Álvaro Ballesteros, abogado de víctimas en los Llanos.

Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), indicó que a su juicio, lo anterior demuestra que “la Ley de Justicia y Paz no sólo fracasó sino que agotó la posibilidad de reivindicar la verdad y de hacer justicia. De los 31.600 paramilitares que se desmovilizaron, 28.000 quedaron por fuera del cualquier proceso y no sabemos qué pasó con ellos. Los otros 2.500 se sometieron a la Ley y varios de ellos están expresando todos estos problemas. Es una vergüenza que el gobierno presente ante la comunidad internacional una Ley, que no ha dado una sola sentencia en firme”.

Otro de las preguntas que están por resolver es qué sucederá jurídicamente con los ex paramilitares que dentro de dos años cumple los ocho años de prisión. Algunos abogados aseguran que el tiempo de la pena cuenta desde el momento en que fueron recluidos en una cárcel, mientras otros consideran que ésta cuenta desde el momento en que comienza la etapa de imputación. La Corte Suprema de Justicia será la que tenga la última palabra en este tema. 

Según Justicia Transicional, el Gobierno Nacional postuló a 4.205 ex paramilitares a la Ley de Justicia y Paz. A la fecha, sólo 2.800 de ellos están activos en el proceso, 434 de ellos renunciaron a los beneficios de la Ley de forma voluntaria y dos de ellos, alias ‘Ernesto Báez’ y alias ‘Memín’, fueron excluidos por seguir delinquiendo desde los sitios donde estaban presos.

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