La incursión paramilitar en el Catatumbo dejo cientos de muertos y desplazados.A comienzos de 1999 llegó al Catatumbo la mano derecha de Salvatore Mancuso, un hombre al que todos conocían con el alias de ‘Lucas’, ‘Alejandro’ o ‘David’. Su verdadero nombre es Doménico Antonio Mancuso Hoyos, primo hermano de Salvatore, un ganadero cordobés que, según la Fiscalía, contactó a los paramilitares del Bloque Catatumbo con miembros de la Fuerza Pública y por un tiempo manejó las finanzas del narcotráfico en esa región.

Mancuso Hoyos no se desmovilizó, pues según dijo su primo ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá “había presiones de altos mandos militares para que no confesara nada”. Desde 2010, la Unidad de Justicia y Paz compulsó copias de este caso, es decir le notificó a la justicia ordinaria para que evaluara si se iniciaba una investigación contra Doménico Mancuso Hoyos, sin efecto alguno. Según supo VerdadAbierta, actualmente solo existe una investigación en su contra por perturbación de la posesión sobre inmueble y por el momento anda libre.

La Fiscalía de Justicia y Paz documentó que antes de llegar al Catatumbo, este hombre ya había sido clave para la incursión de los paramilitares en Atlántico a comienzos de 1998, donde se hizo llamar ‘David Sotomayor’.

Según contó Salvatore Mancuso, ese mismo año Pascual Mancuso, el papá de Doménico, sufrió un atentado de la guerrilla en su finca La Madera, zona rural del municipio de San Pelayo, en Córdoba. El ex paramilitar aseguró que fue en ese momento cuando su primo decidió ingresar oficialmente a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Para el Catatumbo
A comienzos de 1999 los hermanos Carlos y Vicente Castaño planearon junto a Salvatore Mancuso el ingreso de los paramilitares a Norte de Santander, donde buscaron arrebatarle a la guerrilla el territorio y sobretodo las zonas de producción cocalera.

Carlos Castaño ya había hecho algunos contactos con militares en la zona y necesitaba un hombre de confianza que fuera el enlace entre los ‘paras’ y miembros de la Fuerza Pública, pero Salvatore Mancuso tenía en ese entonces una orden de captura, por eso decidieron enviar a Doménico Mancuso Hoyos.

A su llegada al Catatumbo, los Castaño encargaron los negocios del narcotráfico a un grupo conocido como ‘Los azules’, pero muy pronto hubo sospechas de que estaban robando dinero, entonces le pidieron a Doménico que se encargara de fiscalizar los dineros que dejaba la producción de narcóticos en esa región del país.

Este hombre, según lo ha dicho el Ente acusador, conoce información clave para reconstruir la historia del grupo paramilitar que por cinco años aterrorizó a los nortesantandereanos. Sin embargo, como contó Salvatore Mancuso, no ha sido posible contar con sus versiones: “con Doménico no he tenido comunicación y le he pedido que reconstruyamos esta historia y ha sido esquivo”.

Doménico Mancuso Hoyos era el emisario de su primo y tenía comunicación constante con Armando Alberto Pérez Betancur, alias ‘Camilo’, uno de los jefes del Bloque Catatumbo. Su tarea consistió en acercar a militares y policías con paramilitares en varios municipios de Norte de Santander.

Fue elegido como la ficha de enlace no solo por ser una persona de confianza de Salvatore Mancuso, sino porque conocía algo del mundo castrense dado su breve paso por la Escuela Militar de Cadetes y, posteriormente, por la Escuela Naval.

Su tarea comenzó a mediados del primer semestre de 1999, cuando se reunió con Salvatore Mancuso y Carlos Castaño en la finca “Cinco Tres”, corregimiento Volador, en Tierralta, Allí lo encargaron de continuar con los contactos militares que ya había iniciado Castaño. En el encuentro también estuvo presente un hombre conocido con el alias de ‘Pacho Casanare’, mano derecha de Castaño.

Según Salvatore Mancuso, los contactos los inició Carlos Castaño cuando se reunió con el general (r) Iván Ramírez Quintero. En varias oportunidades el postulado ha dicho que asistió a una reunión en la que junto al militar se planeó la expansión de los paramilitares, no solo hacia Norte de Santander, sino hacia la Costa Caribe y el sur de Bolívar. En ese entonces Ramírez era comandante de la Primera División del Ejército, con sede en Santa Marta. (Ver: Los guardados de Mancuso)

De acuerdo a las versiones del desmovilizado, luego Carlos Castaño se contactó con el general (r) Mario Fernando Roa, quien para ese entonces era comandante de la Segunda División del Ejército, con sede en Bucaramanga, para coordinar la entrada de los paramilitares en Norte de Santander en mayo de 1999.

Mancuso ha dicho en repetidas versiones que Roa designó al Coronel (r) Víctor Hugo Matamoros y al Mayor (r) Mauricio Llorente para que se reuniera con Doménico Mancuso y con ‘Pacho Casanare’ en Bucaramanga y Cúcuta. En el caso de Matamoros, en diciembre de 2009 el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió por falta de pruebas.

Llorente fue condenado a 40 años de prisión por nexos con paramilitares tras admitir que se reunió con alias ‘David’,quien es el mismo Doménico Mancuso, en el hotel Bolívar de Cúcuta donde le informó quiénes eran los miembros del Ejército y de la Policía que les iban a colaborar a los paramilitares en Norte de Santander.

Según Mancuso, Doménico también se reunió con el general (r) Alberto Bayardo Bravo Silva, en ese entonces comandante de la Quinta Brigada del Ejército con sede en Bucaramanga, quien fue destituido luego de la masacre de la Gabarra en julio de 1999. Después de ello fue designado el fallecido general Martín Orlando Carreño, a quien Mancuso dice conoció en Córdoba y con quien él mismo puso en contacto con Doménico.

Además de estos militares, Doménico tuvo encuentros con altos mandos de la Policía en Norte de Santander. “Cuando se dio incursión al Catatumbo eso fue de frente, ellos sabían, no fue a escondidas, hubo omisión deliberada. Todo fue en coordinación con ellos, era pedido que ellos venían haciendo desde 1996”, agregó el ex jefe paramilitar. (Ver: Matando civiles Mancuso llegó al Catatumbo)

VerdadAbierta conoció que actualmente no se adelanta ninguna investigación en la Fiscalía General contra ninguno de estos militares. Los detalles de las reuniones y qué fue lo que supuestamente se acordó en cada una de ellas solo los conoce Doménico Mancuso Hoyos.

Los negocios de la droga
Desde que los hermanos Castaño planearon la incursión en el oriente del país pusieron sus ojos sobre los cultivos de coca de la guerrilla en el Catatumbo. Para adueñarse de los negocios ilícitos, los Castaño designaron a un grupo de narcotraficantes que operaban en la región y eran conocidos como ‘Los Azules’. Los llamaban así porquea diferencia de los paramilitares de las Auc, no se vestían con camuflados sino con overoles de ese color.

El jefe de este grupo fue Roberto Vargas Gutiérrez, alias ‘Marcos Gavilán’, hombre de confianza de Castaño, un ex guerrillero del Ejército de Liberación Popular (Epl) que se unió a los ‘paras’ del Catatumbo y luego de la desmovilización se convirtió en uno de principales jefes de los llamados ‘Urabeños’. Actualmente hace parte de la lista de los 14 narcotraficantes más buscados del país.

‘Los Azules’ llegaron a tener más de 60 hombres, quienes contaron con la ayuda de cuatro hombres que trabajaban para el narcotraficante Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’. Se trata de Raúl Vanoy Murillo, alias ‘Lagartija’, sobrino de ‘Cuco Vanoy’, quien fue asesinado en 2009 en Cúcuta; Héctor Osorio Gaitán, alias ‘Danilo chiquito’, quien, hasta enero de 2013, fue uno de los jefes de la banda criminal conocida como ‘Los Paisas’; José Ignacio Galindo, alias ‘Chapulín’; y Edgar Bustos Alarcón, alias ‘Danilo’. Todos ellos oriundos de Yacopí, Cundinamarca, tierra natal de Ramiro Vanoy. (Ver: El cartel de Mancuso)

Este grupo llegó tres meses después de la primera incursión de los paramilitares al Cataumbo, no tenían laboratorios de droga aún instalados, entonces trasportaban la coca en helicóptero hasta el corregimiento de La Caucana, en Tarazá, Antioquia, a los laboratorios de ‘Cuco Vanoy’ o a la zona de la Mojana, en Sucre, donde el exjefe paramilitar Eder Pedraza Peña, alias ‘Ramón Mojana’, la recibía.

Las ganancias del narcotráfico financiaron en un 80 por ciento las actividades del Bloque Catatumbo (Ver: Las cifras del Frente Fronteras). Este dinero permitió el crecimiento y la expansión del grupo: en mayo de 1999 cerca de 200 hombres llegaron desde el Urabá; un año después ya eran más de 400; y para 2004 se desmovilizaron 1.437 paramilitares. (Ver: En siete camiones se vino ‘la muerte’ desde Necoclí hasta La Gabarra)

‘Los Azules’ son culpables también de una masacre en la vía que de Vetas conduce a La Gabarra. En el primer semestre de 1999, las Farc emboscaron un camión en el que llevaban entre 300 y 400 millones de pesos. En retaliación, alias ‘Danilo’ ordenó el asesinato de una familia campesina solo por el hecho de vivir sobre la carretera justo donde sucedieron los hechos. Además, según los desmovilizados, alias ‘Camilo’ dijo en algunas oportunidades que la masacre de La Gabarra de agosto de 1999 había sido ordenada por ‘Marcos Gavilán’. (Ver Rutas del Conflicto)

A finales de 1999 hubo una pelea entre ‘Los Azules’ y Mancuso, pues según ha dicho el exjefe paramilitar, le reportaron un robo por una cantidad de dinero mucho mayor a la que en realidad les quitaron las Farc en una emboscada. Por eso, a comienzos del 2000 llegó Doménico Mancuso Hoyos al Catatumbo a hacerse cargo de las cuentas del narcotráfico y ‘Los Azules’ salieron de la zona.

Según Mancuso, a Doménico le pagaron una mensualidad por fiscalizar esos dineros y presentarle reportes en Córdoba. Entre los paramilitares corría el rumor de que alias ‘Lucas’ era familiar de Mancuso por su parecido físico, pero nadie se atrevía a preguntar, muchos se enteraron de su parentesco solo hasta las audiencias de Justicia y Paz.

“Yo conocí a alias ‘Lucas’, en ese momento no sabía el nombre y uno se cuidaba de hacer ciertas preguntas, cuando fundé el Frente Tibú lo que vi es que él llevaba las cuentas de ‘los Azules’ y también revisaba los gastos y la plata del Frente”, dijo en audiencia de Justicia y Paz el exparamiltar José Bernardo Lozada, alias ‘Mauro’.

Por su parte Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, exjefe paramilitar del Frente Fronteras, dijo que se reunió en seis oportunidades con Doménico revisar las cuentas de su grupo.

Los postulados también reconocieron que en el negocio del narcotráfico contaron con ayuda de miembros de la Fuerza Públicas. “En la Gabarra, en el Cerro de las Águilas, había siempre un retén en el que la Policía cobraba los impuestos de la entrada al casco urbano de insumos para el procesamiento de la droga”, dijo Lozada.

Con respecto a Doménico Mancuso, algunos han ido más allá y han asegurado que también ordenó algunos asesinatos en el Catatumbo. “Él dio la orden de varios homicidios que los urbanos cumplimos”, dijo Edilfredo Esquivel Ruiz, alias ‘El Osito’. Lo mismo ha dicho Albeiro Valderrama Machado, alias ‘Piedras Blancas’.

En 2001, el Bloque Catatumbo construyó su propio laboratorio y el negocio del narcotráfico pasó a manos de Gerson Álvarez, alias ‘Kiko’, una ‘narco’ de la región, quien después de la desmovilización continuó en el negocio de las drogas ilícitas hasta que fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2014.

Después de sus andanzas por el Catatumbo, Doménico Mancuso volvió a Córdoba y siguió colaborando con los paramilitares hasta su desmovilización. La última vez que la mayoría de los postulados lo vieron fue en Santa Fe de Ralito y hasta el momento la justicia no ha podido llegar hasta a él para escuchar su versión de esta parte de la historia las Auc y determinar si es responsable de todo lo que dice su primo.

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El pasado jueves, Carmen* madrugó a tomar un bus que de Tibú la llevó a Cúcuta para hablar por primera vez con Salvatore Mancuso y Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, exjefes paramilitares del temido Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) queoperó por varios años en Norte de Santander.

A las 9 de la mañana, la mujer se dirigió al hotel Casablanca en el centro de la ciudad, donde, en uno de sus auditorios, había por lo menos 50 víctimas que esperaban encontrarse cara a cara con sus victimarios. A diferencia de otras audiencias de este tipo, los victimarios no estaban presentes sino que se comunicaron por videoconferencia: Mancuso desde la cárcel en Virginia, Estados Unidos, donde se encuentra recluido luego de su extradición; Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, quien estuvo al mando del Frente Fronteras, desde la cárcel de Itagüí y José Bernardo Lozada Artuz, conocido con en alias de ‘Mauro’, exjefe del Frente Tibú, desde la cárcel de Barranquilla.

Una vez allí y cuando le dieron la palabra, Carmen narró el drama que sufrieron entre 1999 y 2000 más de cien de familias que huyeron atemorizadas del corregimiento Filo Gringo, en el Tarra, luego de que a esa zona arribaran varios camiones con paramilitares que venían del Urabá antioqueño y cometieran varias masacres. (Ver: Matando civiles Mancuso llegó al Catatumb)

“Dormíamos todas las noches en el campo, esperando el momento que llegaran. Cuando no aguanté más dejé todo botado porque destruyeron las vías de entrada al pueblo y lo perdí todo”, dijo la víctima.

Como Carmen, un centenar de personas se acercaron a la audiencia de incidente de afectaciones que el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá programó en la capital nortesantandereana para escuchar a las víctimas de 267 crímenes cometidos por los paramilitares del Bloque Catatumbo. Esta es una etapa del proceso judicial previo a la sentencia en la que las víctimas, o sus defensores, cuentan cuáles fueron sus afectaciones y exponen sus expectativas de reparación. Casi la mitad de las víctimas que asistieron pidieron ser escuchadas en privado.

Conforme llegaron, las personas se inscribieron en una lista para participar, pero fue tal la cantidad de gente que llegó ese jueves en la mañana que en la tarde la mayoría no había podido acercarse al micrófono. Muchas tenían preguntas concretadas para ‘El Iguano’, pero la comunicación con la cárcel de Itagüí falló y la audiencia tuvo que ser suspendida, horas después se reanudó a puerta cerrada para escuchar a las víctimas de delitos sexuales.

Algunas víctimas que no pudieron hablar ese jueves decidieron insistir y volver al día siguiente a la audiencia, otras desistieron. “Yo vivo en la vereda El Supiro (municipio de Los Patios), ya no puedo volver mañana porque no tengo más para los pasajes”, dijo una de las víctimas a quien 12 años atrás los paramilitares le desaparecieron a su hermano.

A esta audiencia la Fiscalía General de la Nación convocó a las 266 víctimas registradas en este departamento por 89 hechos de desaparición forzada, 118 hechos por desplazamiento forzado, 29 hechos de violencia basada en género, 27 de reclutamiento ilícito y 4 homicidios.

Reclaman por los desaparecidos
Aunque este grupo paramilitar se desmovilizó hace diez años, los familiares de los desaparecidos siguen sin conocer el paradero de los cuerpos. Este es el caso de Paola*, quien en varias oportunidades ha preguntado dónde dejaron los cadáveres de sus padres, luego de que paramilitares bajo el mando de Salvatore Mancuso los asesinaron el 27 de diciembre de 2001. Desde hace unos años, el postulado ha dicho que no ha podido acceder a un mapa satelital para precisar sitios donde podrían estar los restos de las víctimas.

“Yo no solo me siento víctima de los paramilitares, sino del descuido del Estado que no ha facilitado las herramientas para que me reparen, porque lo que más me importa que es encontrar los restos de mis padres”, aseguró Paola.

Esta mujer y sus hermanos guardan la esperanza de encontrar el cuerpode sus familiares con la información que entregue Mancuso, pero muchas de las víctimas los paramilitares no les han dado razón alguna. Sobre todo porque según han confesado en versiones libres, los hombres del Bloque Catatumbo desaparecieron los cuerpos como una forma de ocultar lo que estaba pasando y manipular las cifras de homicidios en el departamento (Ver: Así desaparecieron a sus víctimas los hombres de Mancuso)

Para ello arrojaron los cuerpos al río Catatumbo, los transportaron por la frontera y los enterraron en territorio venezolano y otros fueron incinerados en los hornos crematorios construidos por Laverde Zapata en el corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario, y en zona rural de Puerto Santander. (Ver: El crematorio del Bloque Catatumbo)

Por esa razón la magistrada Lestes González, quien presidia la audiencia, le recordó a las víctimas cuyos familiares murieron en esas circunstancias que podían acceder a las entregas simbólicas de restos óseos y participar en ceremonias religiosas organizadas por la Fiscalía.

‘El Iguano’ agregó que el de Paola no era el único caso en el que las autoridades no habían colaborado para buscar los cuerpos, pues insistió, como han dicho otros postulados, que los trámites con el Inpec les ha dificultado salir a las diligencia de exhumación. Aprovechó para comprometerse públicamente a que una vez libre, formará un grupo de desmovilizados para buscar los cuerpos de los desparecidos.

Hacia las 11 de la mañana del viernes, Doris* tomó fuerzas, pasó al frente y pidió a Laverde que le diera información sobre quiénes ordenaron la muerte de su madre, una líder de la Junta de Acción Comunal del municipio Los Patios. Pero le informaron que la comunicación con el postulado se había suspendido porque se había ido la luz en la cárcel de Itagüí, finalmente las preguntas de esa tarde tuvieron que hacerse vía celular.

A Doris, los exparamilitares le dijeron que la muerte la había ordenado un concejal del municipio y como a las demás víctimas le pidieron perdón personalmente. Además, mientras las víctimas esperaban su turno para hablar, los defensores de los postulados repartieron entre los asistentes una cartilla donde los exparamilitares del Bloque Catatumbo redactaron unos párrafos disculpándose por su violento actuar.

“Veinte años atrás, cuando circunstancias dolorosas y traumáticas me enceguecían, fui impulsado por el Estado a tomar las armas y convertirme en mala hora en un actor del conflicto político, social y armado de nuestro país. Lo hice orientado por principios humanos y políticos supuestamente bien intencionados y altruistas, pero permisivos y laxos con el uso de la violencia y la ilegalidad que hoy juzgo totalmente equivocados”, dice el texto, redactado por Salvatore Mancuso, quien está recluido en el Centro Penitenciario de Northern Neck Regional Jail en el Estado de Virginia (Estados Unidos), donde está desde mayo de 2008, cuando fue extraditado junto a una decena de jefes paramilitares por orden del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.

Los otros pedidos de las víctimas
Algunas de las personas que llegaron hasta Cúcuta no querían escuchar explicaciones ni el perdón de los paramilitares, sino que fueron a exigir que se cumpliera con la reparación que propone la Ley 1448, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y pidieron que sus demandas fueran tenidas en cuenta por las magistradas a la hora de emitir una sentencia. Muchas víctimas simplemente pidieron acceso a los servicios básicos de salud y educación, al que tiene derecho cualquier ciudadano.

Este fue el caso de María*, quien vive en la vereda Bertrania, de Tibú,donde fue víctima de la violencia del Bloque Catatumbo. Su deseo es terminar el bachillerato y por eso fue hasta Cúcuta a hablar con las magistradas. El año pasado llegó a su caserío un programa para los desmovilizados que quisieran estudiar, ella habló con las autoridades y logró un cupo en el curso, pero ahora que los estudios terminaron para los excombatientes, ella quedó en el aire. “Yo quiero estudiar, pero en mi vereda no hay ninguna opción para poder terminar”, dijo María.

Al respecto, la magistrada Lester González llamó la atención a los organismos del Estado responsables de los programas dirigidos a las víctimas: “todas las personas deben acceder a programas de educación, no solo por la condición de víctimas, y no podemos permitir que unas sí accedan y otras no, solo porque viven en determinada vereda”. El caso se dará a conocer a las autoridades locales de educación.

Varios jóvenes que aseguraron que a raíz de la muerte de sus padres no pudieron seguir con sus estudios profesionales, la Unidad de Víctimas dio a conocer que ya tiene disponibles convenios de becas completas o parciales con algunas universidades de departamento.

Asimismo, varias madres denunciaron que a sus hijos no les habían entregado la libreta militar, por lo que no han podido trabajar, y varios de ellos fueron convocados por el Ejército a prestar el servicio militar, contraviniendo el artículo 140 de la Ley 1448 que establece que las víctimas del conflicto están exentas de prestarlo y de pagar la cuota de compensación militar. La magistrada le dio el plazo de una semana a la Unidad de Víctimas para solucionar esa irregularidad.

El problema se estaba presentando porque las víctimas asistían directamente a los batallones del Ejército sin el debido acompañamiento de la Unidad territorial de la Unidad de Víctimas, que es la encargada de ser el enlace con las Fuerzas Militares. El funcionario de esta entidad presente en la audiencia se comprometió a solucionar de inmediato estos casos.

A esto se sumaron repetidas quejas de víctimas que aseguran que no han recibido la inscripción en el registro de la Unidad de Víctimas y por ello no han podido acceder a diversos servicios, entre ellos el de lasalud o que a pesar de tenerlo no han recibido un tratamiento. El procurador Alberto Rodríguez se comprometió a hacer seguimiento a los casos e iniciar investigación sobre los funcionarios de los hospitales públicos que según las víctimas no están prestando un buen servicio.

Organizaciones de derechos humanos que han seguido de cerca el proceso de Justicia y Paz sostuvieron que el problema de estas víctimas es que no han contado oportunamente con la ayuda de un defensor público que los guíe en la tramitología estatal.

Luego de casi ocho años de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz, la mayoría de las personas que llegaron hasta Cúcuta no tenían un abogado. Al respecto, funcionarios de la Defensoría del Pueblo argumentan que no ha sido fácil acceder a las víctimas que viven en veredas retiradas y no han asistido a las jornadas públicas.

Muchos asistieron a la audiencia como una última esperanza de solucionar los problemas que les produjo la violencia paramilitar, la pobreza y las malas administraciones, “Yo veo esto ya como una última instancia. Desde que fui desplazada del Tarra ya he asistido a todo lado para que me ayuden a recuperar mi casa, siento que esto es lo último que me queda”, dijo una de las víctimas.

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Aramis Machado, alias ‘Cabo Machado’, deberá permanecer otros tres años en prisión. Foto: Fiscalía

El desmovilizado Aramis Machado, alias ‘Cabo Machado’, quien esperaba ser el primer postulado a Justica y Paz en recobrar su libertad, deberá permanecer otros tres años de prisión mientras cumple una sentencia alternativa de seis años.

Esta decisión abre un precedente para las futuras solicitudes de libertad de otros ex paras y ex guerrilleros que, como Aramis, se desmovilizaron desde la cárcel y que podrían hacer la misma petición en los próximos meses.

Después de referirse a las consideraciones que habían entregado en audiencias anteriores, la defensa de Machado y la Fiscalía, la magistrada ponente Alexandra Valencia Molina, estableció que la pena de seis años impuesta por ese organismo dentro de Justicia y paz empezaba a contar desde 24 mayo de 2010, fecha en que Aramis fue puesto a disposición de esa instancia.

Antes de iniciar ese proceso en Justicia y Paz, Aramis había recobrado la libertad condicional por haber cumplido las tres quintas partes de una condena por homicidio proferida por la justicia ordinaria.

Además de esta decisión, los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá le pidieron al Congreso y al CONPES optimizar las condiciones en las prisiones para que los desmovilizados accedan a mejores programas de resocialización, la cual según ellos “se ha mostrado verdaderamente caótica, desorganizada y con cientos de solapamientos”.

La solicitud de libertad
El ‘Cabo Machado’ había delinquido primero en Santander con el Bloque Central Bolívar. Fue llevado a prisión después de haber asesinado al ex esposo de su pareja y desde la cárcel hizo parte del Bloque Catatumbo.

En la audiencia del pasado 6 de mayo, Nélson Menjura, defensor de Machado, argumentó ante el tribunal que el ex paramilitar ya había cumplido los seis años de condena que le impusieron por su pertenencia al Bloque Catatumbo en junio de 2011, pues se desmovilizó en 2004 y fue postulado a la Ley de Justicia y Paz en marzo de 2007.

Al momento de la desmovilización Machado se encontraba en la cárcel Modelo de Cúcuta y estaba condenado a 50 años de prisión por el homicidio de Antonio León Barbosa, quién había sido el ex esposo de su compañera sentimental. Su pena fue rebajada a 31 años por medio de una tutela y en mayo de 2010 le otorgaron la libertad condicional.

El ‘Cabo Machado’ siguió delinquiendo mientras cumplía su pena. En mayo de 1999, cuando estaba recluido en la cárcel de Cúcuta, ingresó al Frente Fronteras como vocero del grupo en el Patio 16 y su función era prestar seguridad a los paramilitares que fueran encarcelados.

También participó en la fuga de los jefes del Bloque Fronteras Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’ y alias ‘Gustavo 18’, que fueron capturados el 16 de diciembre de 2010 por el CTI cuando les encontraron armas y equipos de comunicación en los carros en que se movilizaban. 

Por otra parte, el Fiscal que lleva el caso del Bloque Catatumbo consideró enesa misma audiencia que no se debía liberar al ‘Cabo Machado’, porque su condena en la ordinaria no estaba relacionada con la pertenencia a grupos paramilitares.

“Ya no se debe mirar si cumple los años desde fecha de postulación, sino los hechos por los que fue condenado. Por eso la pena de Justicia y Paz debe empezar a contar desde mayo de 2010, cuando terminó su proceso en la justicia ordinaria”, señaló el fiscal. 

La Fiscalía soportó su decisión en un Auto de la Corte Suprema del 19 de diciembre de 2012, en el que se pronunció sobre este caso en particular. Según la Corte “no es posible acumular procesos por delitos cuyo juzgamiento sea de la justicia ordinaria con aquellos a los que se les aplique la justicia de transición, y por ende, tampoco lo es en relación con la pena, pues recuérdese que son marcos jurídicos diferentes”. 

El representante de la Procuraduría y la representación de las víctimas apoyaron en su momento la postura de la Fiscalía. 

Esta vez ninguna de las partes presentó algún recurso ante la decisión de los Magistrados. El mismo Machado indicó que se mostraba de acuerdo y que “voy a seguir adelante y a hacer mi vida”.

¿Quién es el ‘Cabo Machado’?
Aramis Machado llegó al grado de Cabo Primero del Batallón No 15 con sede en Ocaña, en Norte de Santander, y del Batallón No 14 de Contraguerrilla de Tunja, en Boyacá, pero se unió a las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar, Ausac, el grupo paramilitar que delinquió en Santander, Cesar y Norte de Santander a cargo de Guillermo Cristancho Acosta alias ‘Camilo Morantes’, Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’ y Mario Zabala en Norte de Santander.

Desde entonces, Machado asumió el alias de ‘Cabo Machado’ y por su formación militar se convirtió en instructor de estegrupo paramilitar. Luego, formó un grupo en Ocaña hasta cuando fue capturado por el delito de concierto para delinquir y luego condenado por homicidio.

Mientras purgaba la condena, alias ‘Cabo Machado’ contactó en mayo de 1999 a Omar Yesid López Alarcón alias ‘Gustavo 18’, el segundo de alias ‘El Iguano’, el jefe del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo.

Según contó en versión libre, alias ‘Gustavo 18’ lo nombró vocero del paramilitarismo del Patio 16 de la Cárcel Modelo de Cúcuta. “Ejerció una especie de militancia al interior del penal, en la que desplegó actos que lo llevaron a obtener un notorio reconocimiento como promotor de la ideología paramilitar, por lo que le fue posible encargarse de prestarle seguridad a los internos vinculados con la misma ideología, distribuir bienes y servicios remitidos por los comandantes del frente y traficar con armas y municiones”, señaló el fallo de Justicia y Paz.

Una situación “caótica”
Los magistrados del Tribunal señalaron que la comprensión de la situación del postulado ha sido poco investigada y estudiada por las diferentes instancias judiciales y que la situación de su resocialización ha sido “caótica”.

La magistratura indicó que no se cuenta con un sistema de clasificación “basado en la gravedad y cantidad de delitos cometidos de los postulados. Todo por radicalizar en el Inpec el cumplimiento de todas aquellas cuestiones”.

La petición para el redireccionamiento de unas políticas públicas de resocialización y de cambios en las leyes fue traslada al Congreso y al Conpes. Los magistrados sugirieron que se debe puede crear por ejemplo un grupo de expertos que podrían estar vinculados al Consejo Superior de la Judicatura que cree “reglaspara la aplicación coherente y disciplinada de las políticas de la resocialización de los postulados”, como es el caso de Estados Unidos.

Por su parte, al abogado Nelson Menjura, indicó que estas peticiones por parte del Tribunal se han hecho en ocasiones interiores, “sin que tengan eco”. Agregó que tampoco se tienen espacios adecuados para que las víctimas y victimarios estén en un mismo espacio y puedan hacerse labores de reparación.

Menjura agregó que no es suficiente con los programas de educación que ofrece el Inpec, (educación primaria o estudios técnicos) que son iguales para el resto de reclusos.

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‘Cabo Machado’ delinquió en el Bloque Central Bolívar y en el Bloque Catatumbo. Foto: Fiscalía.

Los magistrados de Justicia y Paz deberán decidir si conceden o no la libertad al desmovilizado Aramis Machado, alias ‘Cabo Machado’, quien delinquió primero en Santander con el Bloque Central Bolívar y desde la cárcel hizo parte del Bloque Catatumbo. La decisión de los magistrados será fundamental para definir los procesos de los paramilitares que se desmovilizaron estando en la cárcel. 

El defensor del ‘Cabo Machado’ argumentó ante el tribunal que el ex paramilitar ya había cumplido los seis años de condena que le impusieron por su pertenencia al Bloque Catatumbo en junio de 2011, pues se desmovilizó en 2004 y fue postulado a la Ley de Justicia y Paz en marzo de 2007.

Al momento de la desmovilización Machado se encontraba en la cárcel Modelo de Cúcuta y estaba condenado a 50 años de prisión por el homicidio de Antonio León Barbosa, quién había sido el ex esposo de su pareja. Su pena fue rebajada a 31 años por mediode una tutela y en mayo de 2010 se le otorgaron la libertad condicional, porque haber cumplido las tres quintas partes de la pena.

Pero mientras cumplía su pena ‘Cabo Machado’ siguió delinquiendo, pues en mayo de 1999 cuando estaba recluido en la cárcel de Cúcuta ingresó al Frente Fronteras como vocero del grupo en el Patio 16 y su función era prestar seguridad a los paramilitares que fueran encarcelados. También participó en la fuga de los jefes del Bloque Fronteras Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’ y alias ‘Gustavo 18’, que fueron capturados el 16 de diciembre de 2010 por el CTI cuando les encontraron armas y equipos de comunicación en lños carros en que se movilizaban.

El Fiscal que lleva el caso del Bloque Catatumbo consideró que no se debe liberar al ‘Cabo Machado’, porque su condena en la ordinaria no está relacionada con la pertenencia a grupos paramilitares. “Ya no se debe mirar si cumple los años desde fecha de postulación, sino los hechos por los que fue condenado. Por eso la pena de Justicia y Paz debe empezar a contar desde mayo de 2010, cuando terminó su proceso en la justicia ordinaria”, señaló el fiscal.

La Fiscalía soportó su decisión en un Auto de la Corte Suprema del 19 de diciembre de 2012, en el que se pronunció sobre este caso en particular. Según la Corte “no es posible acumular procesos por delitos cuyo juzgamiento sea de la justicia ordinaria con aquellos a los que se les aplique la justicia de transición, y por ende, tampoco lo es en relación con la pena, pues recuérdese que son marcos jurídicos diferentes”.

El representante de la Procuraduría y la representación de las víctimas apoyaron la postura de la Fiscalía.

¿Quién es el ‘Cabo Machado’?
Aramis Machado llegó al grado de Cabo Primero del Batallón No 15 con sede en Ocaña, en Norte de Santander, y del Batallón No 14 de Contraguerrilla de Tunja, en Boyacá, pero se unió a las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar, Ausac, el grupo paramilitar que delinquió en Santander, Cesar y Norte de Santander a cargo de Guillermo Cristancho Acosta alias ‘Camilo Morantes’, Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’ y Mario Zabala en Norte de Santander (Lea la nota: ‘Paras’ contaron cómo se crearon las Autodefensas del Sur del Cesar).

Desde entonces, Machado asumió el alias de ‘Cabo Machado’ y por su formación militar se convirtió en instructor de este grupo paramilitar. Luego, formó un grupo en Ocaña hasta cuando fue capturado por el delito de concierto para delinquir y luego condenado por homicidio.
Mientras purgaba la condena, alias ‘Cabo Machado’ contactó en mayo de 1999 a Omar Yesid López Alarcón alias ‘Gustavo 18’, el segundo de alias ‘El Iguano’, el jefe del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo.

Según contó en versión libre, alias ‘Gustavo 18’ lo nombró vocero del paramilitarismo del Patio 16 de la Cárcel Modelo de Cúcuta. “Ejerció una especie de militancia al interior del penal, en la que desplegó actos que lo llevaron a obtener un notorio reconocimiento como promotor de la ideología paramilitar, por lo que le fue posible encargarse de prestarle seguridad a los internos vinculados con la misma ideología, distribuir bienes y servicios remitidos por los comandantes del frente y traficar con armas y municiones”, señaló el fallo de Justicia y Paz.

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Magistrada ordenó brindar seguridad a Eleonora Pineda y Benito Osorio. Foto: Semana

Durante el juicio que se adelanta en contra el ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colomiba, Auc, Salvatore Mancuso, la defensa del desmovilizado aseguró que se han presentado varias amenazas en contra de la familia de la ex senadora Eleonora Pineda, condenada por parapolítica, y del ex gobernador encargado de Córdoba, Benito Osorio, a quién se le adelanta una investigación por sus nexos con las autodefensas.

“La familia de Eleonora Pineda y específicamente su hijo, fueron víctimas de amenazas por parte de desconocidos que llegaron a su casa en Planeta Rica, Córdoba”, aseguró Jaime Paéres, abogado de Mancuso, quien agregó también haber sido amenazado.

Según la defensa de Mancuso, estas amenazas y agresiones pueden ser retaliaciones por las declaraciones que estos políticos hicieron ante los magistrados de Justicia y Paz, acerca del despojo de tierras en Córdoba y los presuntos vínculos del ex presidente Álvaro Uribe con los paramilitares.

En septiembre de este año, la ex representante a la Cámara Eleonora Pineda junto con el ex senador Miguel de la Espriella, aseguraron que el ex presidente Álvaro Uribe sabía que los grupos paramilitares estaban apoyando su candidatura en 2002 y que además, no hizo nada para evitarlo. (Leer artículo De la Espriella: “Fui puente entre Uribe y Auc para negociación en Ralito”)

Luego de estas declaraciones los dos ex congresistas que fueron condenados pero que ya se encuentran libres, solicitaron a la sala se les brindara la seguridad necesaria a ellos y a sus familias.

En ese momento el ex presidente Uribe aseguro que se trataba de “infames declaraciones en su contra”.

Según la defensa del extraditado, las amenazas también llegaron a la familia del ex gobernador de Córdoba y ex presidente del Fondo Ganadero de este departamento, Benito Osorio, quien se encuentra en libertad luego de que un juez de Montería considerara que se habían violado sus derechos al debido proceso en la investigación que se adelanta en su contra por parapolítica.

De acuerdo con la defensa de Mancuso, “la familia de Osorio ha sido víctima de seguimientos porparte de desconocidos”. Además de esto, según versión presentada por la defensa del extraditado jefe paramilitar, “el hijo de Osorio trabajaba en la Federación Ganadera desde hace dos o tres años bajo la coordinación de José Feliz Lafaurie. Sin embargo por presiones laborales debió renunciar”.

Osorio también había declarado en el juicio de Salvatore Mancuso sobre el tema de despojo de tierras en el departamento de Córdoba. Precisamente, durante otra audiencia que se realizó en octubre de este año, el ex gobernador aseguró que fue testigo de una reunión entre Salvatore Mancuso y José Felix Lafaurie.

Según Osorio, en esta reunión, Lafaurie, actual presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan, “pidió la colaboración de los jefes paramilitares para la eleccion del ex fiscal General Mario Iguarán”.

La magistrada de Justicia y Paz encargada del proceso de Mancuso, ordenó “enviar comunicaciones a la Unidad de Protección del Ministerio de Defensa para que tome las medidas necesarias y suficientes que garanticen la protección de Jaime Paeres como abogado de Mancuso. También exigió que se establezca el nivel de riego de los hijos de Eleonora Pineda que viven en Planeta Rica Córdoba y se investiguen las denuncias en cuanto al ex gobernador Benito Osorio”.

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	Iván Laverde Zapata alias ‘El Iguano’, ex jefe del Bloque Fronteras, fue condenado a ocho años de cárcel.

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En 2000, Lenin Giovanni Palma, abandona el Eln y decide vincularse al Frente Fronteras del Bloque Catatumbo en Cucutá. Foto: Archivo Semana. -Matando civiles Mancuso llegó al Catatumbo -El crematorio del bloque Catatumbo -La desmovilización: un gran acto de fe (SEMANA) -La Fiscalía contó cómo las Auc se tomaron Norte de Santander -Paramilitares asesinaron dos mil personas en frontera con Venezuela -Víctimas de ‘El Iguano’ exigen fallo a la Corte Suprema

Lenin Giovanni Palma Bermúdez fue reclutado en Cucutá por el Frente Diego Cristóbal Uribe del Eln cuando solo tenía 14 años.

En ese grupo guerrillero hacía parte de las milicias urbanas que delinquían en Cúcuta, con las que duró nueve años, pero abandonó el grupo en 2000 a causa de un conflicto con un comandante.

Más que dejar la guerra, Lenin buscó a los paramilitares por recomendación de un antiguo compañero del Eln, quien también había sido reclutado por el Bloque Catatumbo de las Auc que por esa época comandaba Salvatore ‘El Mono’ Mancuso.

A finales de los años noventa los hermanos Castaño decidieron crear un bloque para perseguir al Comando Central del Eln que en ese momento replegaba hacia la región del Catatumbo (Lea: cicatrices del Bloque Catatumbo).

El Frente Fronteras fue creado en 1999 con el objetivo de controlar las áreas urbanas del Norte de Santander. Un año después, en Cucutá, Lenin Palma alias ‘Alex’ se vinculó a este grupo paramilitar.

En versión libre de 2009, Mancuso aseguró, que cuando el frente incursionó en Cúcuta, Lenin Palma alias ‘Alex’, entregó información para asesinar a decenas de personas supuestamente vinculadas al Eln (Lea el crematorio del Bloque Catatumbo).

El hecho de haber pertenecido a la guerrilla le permitió a este paramilitar informar sobre sus miembros y así ascender rápidamente de cargo en el interior del Frente Fronteras. Según información de la Fiscalía ‘Alex’ pasó, en sólo dos años, de ser informante y sicario a comandante de un grupo de entre doce y veinte hombres en el área metropolitana de Cúcuta. 

Alias ‘Alex’ subió a jefe de grupo en 2002, el mismo año que Cúcuta registró el mayor índice de asesinatos en el país según cifras de la Policía Nacional.

El ex paramilitar ha confesado en versiones libres que siendo comandante de la comuna de Juan Atalaya ordenó, coordinó y ejecutó: homicidios, secuestros, toma de rehenes, desapariciones forzadas y torturas. ‘Alex’ cometió sus crímenes en los barrios Atalaya, Belén, La Libertad, Aeropuerto y en los municipios de Villa del Rosario y Salazar de las Palmas.

En julio de 2003, Lenin Palma abandonó el Frente Fronteras e ingresó al Frente Tequendama del Centauros en Cundinamarca. Ocho meses después regresó a Norte de Santander dónde permaneció hasta el 10 de diciembre de 2004, fecha en la que se desmovilizó colectivamente con otros 1.436 hombres del Bloque Catatumbo. 

Al día de hoy, de los 207 postulados a Justicia y Paz del Bloque Catatumbo, continúan activos en el proceso noventa y cinco. Los exparamilitares de este grupo han confesado 1.895 delitos por un total de 4.416 víctimas. Por su parte, ‘Alex’ ha confesado en versiones libres delitos contra más de cuatrocientas víctimas pero, según la Fiscalía la cifra real supera el millar.

El pasado 17 y 18 de noviembre, el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, legalizó al exparamiliar delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra contra 82 víctimas. Más de la mitad de los casos legalizados al ex paramilitar incluyeron actos de terrorismo (Vea mapa de Cúcuta con los 32 casos legalizados). 

El Fiscal 8 de Justicia y Paz afirmó que el patrón criminal del postulado fue incursionar en los barrios a cualquier hora del día y, junto con otros miembros del frente, ejecutar masacres en la vía pública frente a vecinos y familiares de las víctimas, sometiendo así a la sociedad civil a un permanente estado de terror.

Uno de los casos a los que hizo referencia la Fiscalía, en la audiencia de legalización de cargos a Lenin Palma, ocurrió el 16 de abril de 2002, cuándo ‘Alex’ ingresó junto con dieciséis hombres armados al Barrio Belisario en Cúcuta. Allí, frente a 70 vecinos cortó una oreja a uno de ellos para posteriormente asesinarlo junto con otra víctima, ambas señalas por las autodefensas de pertenecer a la guerrilla.

El ex jefe paramilitar afirmó que algunos civiles utilizaban a las autodefensas para resolver conflictos personales o familiares, señalando a otros de colaboradores de la guerrilla para que fueran asesinados. 

Este fue el caso, según el postulado, del homicidio de tres hermanos señalados de colaborar con la guerrilla. Palma narró que, al enterarse que había sido sido una información falsa, torturó a su informante quién confesó que su madre tenía un problema de linderos de lotes con las tres víctimas: “Me dijo que su madre le había pedido que los señalará, así que los mande matar a los dos”, afirmó.

‘Alex’ confesó que en Cúcuta fue común la mal llamada política de “limpieza social” contra indigentes, drogadictos, prostitutas y contra jóvenes de zonas marginadas a quienes señalaban de ser miembros de bandas delincuenciales.

El exparamilitar afirmó en versiones libres que las órdenes de ejecutar a estas personas provenían de Salvatore Mancuso y Jorge Iván Laverde Zapata alias ‘El Iguano’, ex jefe del Frente Fronteras.

A Lenin Palma no sólo le han sido legalizados crímenes contra 82 víctimas, también le han sido imputados cargos por el asesinato de más de 200 civiles en Cucutá y, actualmente está rindiendo versiones libres por los crímenes cometidos en los ocho meses que perteneció al Bloque Centauros.

Cuando concluya su juicio como exparamilitar, alias “Alex” deberá decidir si acogerse a Justicia y Paz o ser procesado por la justicia ordinaria por los crímenes cometidos como guerrillero.

El exparamilitar y exguerrillero ha recibido varias sentencias en la justicia ordinaria que lo obligarían a cumplir una condena de hasta 40 años de prisión. Mientras que, como postulado en Justicia y Paz puede beneficiar de una pena alternativa no superior a los ocho años.

Al finalizar la audiencia un abogado de las víctimas, de la Comisión Colombiana de Juristas, pidió que alias ‘Alex’ sea expulsado de Justicia y Paz porque no ha entregado bienes para reparar a las víctimas.

‘Alex’  asegura haber recibido un sueldo de 300 mil pesos mensuales como sicario y de 550 mil pesos como jefe del Frente Fronteras. Por su parte, la Fiscalía reveló que le hizo un estudio financiero al postulado del que resultó que no tiene ningún bien para restituir.

En caso de que Lenin Giovanni Palma Bermúdez finalice su proceso en Justicia y Paz deberá seguir programas de resocialización: “Fundamentales en casos como el suyo cuando el postulado ha conocido sólo la guerra y podría fácilmente reincidir” concluyó el Fiscal.

Ver Crímenes de Lenin Giovanni Palma en Cucutá en un mapa más grande

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Iván Laverde Zapata alias ‘El Iguano’ ingresó a los paramilitares cuanto tenía 17 años. Confesó su participación en 35 masacres entre 1999 y 2004 en Norte de Santander. Archivo Semana

El 2 de diciembre de 2010 por lo menos 174 familias de Norte de Santander pensaron que su viacrucis terminaría. Ese día, una magistrada de Justicia y Paz emitió la sentencia que condenó a Iván Laverde Zapata alias ‘El Iguano’, el paramilitar que asesinó de sus seres queridos, y ordenó varias medidas para reparar a las víctimas (Lea ‘El Iguano’ condenado por masacres y asesinatos políticos).

Sin embargo, las víctimas no quedaron satisfechas con un punto de fallom relacionado con la reparación económica. Para ellas, el monto debe calcularse con base en la calidad de las víctimas. Es decir los estudios que tenían, los trabajos que desempeñaban y sobre todo el rol que cumplían dentro de sus familias y en la sociedad. Por eso apelaron la sentencia que quedó suspendida mientras la Corte decide si modifica o no el fallo de primera instancia.

Aunque las víctimas pensaron que la espera iba a ser corta, ya han pasado casi nueve meses y el Estado no ha podido repararlas mientras la Corte confirme o modifique esa decisión.

Por eso anunciaron que enviarán una carta al Alto Tribunal haciendo dos peticiones. La primera, que establezcan una fecha para la lectura del fallo y segundo, si es posible, que la audiencia sea retransmitida a Cúcuta para que la mayoría de las víctimas puedan escuchar en directo la decisión.

Alias ‘El Iguano’ fue uno de los cómplices de los hermanos Carlos y Vicente Castaño para delinquir en Norte de Santander. Fue jefe del Frente Fronteras, del Bloque Catatumbo, que dejó más de 5.000 víctimas, varias que desaparecieron en hornos crematorios. En el fallo el Tribunal lo condenó por el asesinato de 170 personas en 25 masacres y de cuatro funcionarios en Cúcuta, Norte de Santander y sus alrededores. La Fiscalía ha documentado la manera en la que ‘El Iguano’ infiltró varias instituciones del Estado y delinquió en complicidad con políticos y militares de Norte de Santander.

“Llevamos cuatro años asistiendo a versiones y audiencias. En mi caso he viajado a Bogotá, Medellín y Barranquilla para que los paramilitares confesaran el crimen de mi familiar. Ya tengo verdad; pero no reparación. Estamos cansados y necesitamos que la Corte se pronuncie. No queremos esperar más años”, le dijo uno de los familiares a VerdadAbierta.com.

Una de las víctimas de este paramilitar, que pidió reserva de su identidad, le contó a VerdadAbierta.com que el Ministerio del Interior y de Justicia le había brindado protección pero que hace unos meses le retiró el esquema de seguridad argumentando que ya no corría riesgo.

Según otros afectados por este paramilitar, el miedo persiste entre ellos porque varios de los antiguos ex paramilitares del Bloque Catatumbo siguen delinquiendo en Norte de Santander en las bandas criminales.

Otra de las víctimas contó que las medidas de reparación son urgentes, en especial dijo que su familia requiere de atención psicológica. “Cada vez que vamos a alguna audiencia revivimos el dolor. Todos los núcleos familiares necesitamos ayuda de un psicólogo y que el Estado nos ayude con becas para que nuestros hijos estudien. Eso hace parte de la reparación integral”, dijo otra víctima de este paramilitar.

Germán Gustavo Díaz, quien es abogado de varias víctimas de ‘El Iguano’ en este proceso, explicó que la Corte tiene 60 días de plazo estipulado para estudiar la apelación y que en casos como los de Justicia y Paz las víctimas esperan agilidad de la justicia. “Pedimos información a la Corte y ni siquiera hay proyecto de fallo. Ya han pasado nueve meses”, dijo. VerdadAbierta.com se comunicó con el Alto Tribunal y la Sala Penal informó que no podía suministrar fechas.

Con la primera de sentencia de Justicia y Paz sucedió lo mismo. El 29 de junio de 2010 el Tribunal emitió un fallo contra los paramilitares Edwar Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’ y Uber Enrique Banquez  alias ‘Juancho Dique, ex jefes del Bloque Héroes de los Montes de María, que asesinaron a 10 campesinos en Las Brisas y desplazaron a otras 450 personas hace 11 años en Bolívar. Las víctimas apelaron y la Corte ratificó la sentencia un año después con algunas correcciones.

Desde que la Ley 975 o de Justicia y Paz entró en vigencia en 2005, la justicia ha emitido cuatro sentencias de las cuales solo la de Mampuján está en firme para reparar a las víctimas.

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El paramilitar Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, ex jefe del Bloque Catatumbo de las Auc, fue condenado por el Tribunal Superior de Bogotá a una pena ordinaria de 40 años por 170 muertos en 25 masacres y cuatro asesinatos de funcionarios públicos en Cúcuta, Norte de Santander, y sus alrededores.

Sin embargo el desmovilizado, por estar cobijado por la ley de Justicia y Paz tendrá una pena alternativa de ocho años.

‘El Iguano’, de 36 años, fue uno de los encargados por los Castaño para tomarse Norte de Santander. Fue jefe del Frente Fronteras, del Bloque Catatumbo, que dejó más de 5.000 víctimas, varias que desaparecieron en hornos crematorios. ‘El Iguano’ llegó a ser uno de los hombres más poderosos del departamento, logró controlar y permear la política, la Fiscalía, el DAS, el Ejército, la Policía y el Inpec (Ver artículo La Fiscalía contó cómo las Auc se tomaron Norte de Santander).

Como el primer fallo de Justicia y Paz, esta sentencia fue apelada por la Fiscalía, la Procuraduría, algunos defensores de víctimas y la defensa de ‘El Iguano’ y pasará a la Corte Suprema de Justicia.

Uldi Teresa Jiménez, magistrada de Justicia y Paz, calificó los crímenes de ‘El Iguano’ de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y de crímenes de guerra, considerando que todos los delitos, incluso los de “limpieza social”, se cometieron en un conflicto armado y con un aparato militar.

El Tribunal lo condenó por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, desplazamiento, secuestro, tortura, porte ilegal de armas, uso de prendas de las fuerzas armadas, daño a bien ajeno, deportación, terrorismo y extorisón.

La reparación a las víctimas de ‘ElIguano’ se basó en las condenas a Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por homicidio, los paramilitares tendrán que pagar 240 millones a las familias de las víctimas, con un máximo de 40 millones de pesos por víctimas sobrevivientes.

Por desplazamiento, cada familia deberá recibir 120 millones de pesos, es decir 17 millones por cada desplazado. El Tribunal también otorgó una indemnización por los secuestrados de 30 millones de pesos.

Como medidas de reparación colectiva, el Tribunal estimó que se le había “un daño grave a Norte de Santander” y ordenó:

– Construir un centro de recuperación para las víctimas en Cúcuta.
– Un acto de perdón público de la Fiscalía, pues la directora seccional de la época, Ana María Flórez Silva, tuvo nexos con los ‘paras’, así como del Congreso, ya que el ex senador Ricardo Elcure Chacón, fue condenando por parapolítica.
– Que la Fiscalía investigue con prioridad las personas señaladas por ‘El Iguano’ de tener nexos con los ‘paras’.
– Un acto público de perdón del Ministerio de Defensa, porque oficiales del Ejército y la Policía se aliaron con las autodefensas.
– Campañas en los medios de comunicación, formación de periodistas y un documental sobre el fallo, para darle dignidad a las víctimas.
– Placas conmemorativas en la Fiscalía de Cúcuta, por el asesinato de dos fiscales; en el mercado, donde los ‘paras’ asesinaron a cinco comerciantes, y en la cancha de fútbol El Chulo, donde desaparecieron personas.

El fallo de la magistrada Uldi Teresa Jiménez también le pide a la Fiscalía crear una subunidad especializada en análisis financiero para buscar bienes que los desmovilizados estén escondiéndole a la justicia.

Además, la Fiscalía tiene que identificar las propiedades de los ‘paras’ muertos y recuperar las que están en extinción de dominio de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Por otra parte exige compulsar copias para que la Procuraduría y la Contraloría investiguen a Acción Social, entidad encargada de administrar los bienes del Fondo para Reparación de las Víctimas.

El tribunal denunció negligencias de Acción Social, pues no ha sido capaz de administrar correctamente los bienes entregados por los ‘paras’ y muchos han perdido valor.

El fallo ordena rastrear los bienes de los parapolíticos, militares, comerciantes, empresarios condenados por sus nexos con las Auc. Dictó medidas cautelares contra los inmuebles de las personas que están investigadas por colaborar con las autodefensas.

Por último la sentencia le sugiere al Congreso crear un impuesto a las empresas que financiaron grupos paramilitares y le pide a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación conseguir fondos para las víctimas en el exterior.

Los muertos de ‘El Iguano’
En la audiencia ‘El Iguano’ relató que logró permear por completo las instituciones de Norte de Santander, llegando a tener nexos con fiscales, funcionarios del Das, la Policía y el Ejército. Asesinar líderes políticos, investigadores judiciales y ordenar masacres fue, según el fallo, “una de las estrategias para sembrar terror”.

‘El Iguano’ fue condenado por el asesinato de María del Rosario Silva Ríos, fiscal 26 especializada, el 28 de julio de 2001. Trabajaba desde 1991 para la Fiscalía en Cúcuta y estaba investigando más de 80 casos de narcotráfico y paramilitarismo.

Pocos meses después su reemplazante, Carlos Arturo Pinto Bohórquez, fue asesinado el 1 de noviembre de 2001. El fiscal, de 53 años, investigaba las relaciones entre los paramilitares con empresarios y políticos de Norte de Santander.

El asesinato de Tirso Vélez, por el cual ‘El Iguano’ también fue condenado, impuso la parapolítica en Norte de Santander. Vélez, que fue alcalde de Tibú por la UP, era el candidato que encabezaba las encuestas y el favorito para llegar a la gobernación de Norte de Santander cuando lo mataron el 4 de junio de 2003 (Ver artículo Tirso Vélez, ex alcalde de Tibú).

‘El Iguano’ además ordenó asesinar al asesor de la alcaldía Alfredo Enrique Flórez Ramírez el 6 de octubre de 2003.

El 22 de febrero de 2001, varios paramilitares llegaron al parque principal de Antonia Santos, un barrio fundado por desplazados y dispararon contra todas las personas. Asesinaron a siete personas.

Esta masacre fue una de las peores cometidas en Cúcuta y en la época sembró pánico entre los habitantes de la ciudad y propagó el rumor de operaciones de limpieza social en los barrios populares.

Una de estas fue el 3 de abril de 2002 en el barrio Cecilia Castro, donde los hombres de ‘El Iguano’ atacaron un billar, asesinaron a cinco personas e hirieron a una mujer y a un menor de edad.

El 3 y el 6 de diciembre de 2002 paramilitares asesinaron a cinco comerciantes de la Central de Abastecimientos de Cúcuta (Cenabastos), porque no se dejaron extorsionar por los paramilitares.

Ver multimedia sobre los asesinatos y los crímenes por los que fue condenado ‘El Iguano’

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El Juez Segundo Penal de Cúcuta condenó a 40 años de prisión a Armando Alberto Pérez Betancourt alias ‘Camilo’, ex jefe militar del Bloque Catatumbo de las Auc, por la masacre de 20 personas cometida el 6 de abril de 2000 en Tibú, Norte de Santander.

Así lo informó la Fiscalía, tras explicar que el organismo investigador probó que ‘Camilo’ fue el responsable en los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa y concierto para delinquir agravado.

Alias ‘Camilo’ fue el encargado en 1999 de transportar a 200 hombres comandados por Carlos y Vicente Castaño hasta Tibú, para apoderarse del territorio y controlar las rutas del narcotráfico. Luego se convirtió en la mano derecha de Salvatore Mancuso y comandó el Frente Gabarra del Bloque Catatumbo de las Auc, desde donde ordenó y participó  de homicidios selectivos, desapariciones y masacres en la región.

Una de ellas fue la de Tibú, donde 20 personas fueron asesinadas y otras cinco más fueron heridas tras la incursión del grupo paramilitar en los barrios La Unión, Once de Febrero y El Triunfo. Por estos  hechos, en mayo de 2010 un juez también condenó a Salvatore Mancuso a 39 años de prisión, además de imponerle una multa por 1.372 millones de pesos.

Aunque el 10 de diciembre de 2004 alias ‘Camilo’ se desmovilizó junto con otros 1.433 integrantes del Bloque, a los pocos meses abandonó el proceso de Justicia y Paz y no se sabe si está vivo. En la sentencia, el Juez Segundo Penal de Cúcuta reiteró a las autoridades el cumplimiento de la orden de captura contra este ex jefe paramilitar.

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