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Juan Francisco Prada alias ‘Juancho Prada’, ex jefe paramilitar del sur de Cesar. Foto tomada de El Heraldo.com

La agilidad en el juicio contra Juan Francisco Prada alias ‘Juancho Prada’ estará en manos de la Corte Suprema. La Procuraduría apeló la decisión de la magistratura de Justicia y Paz de legalizar los primeros 84 crímenes por los que se acusa al ex jefe paramilitar del sur del Cesar. (Lea: ‘Juancho Prada’: el ‘para’ invisible)

La legalización de cargos es una etapa del juicio y es un paso previo al incidente de reparación, el espacio que tienen las víctimas para expresar cómo desean ser reparadas, y de la sentencia, el fallo que condena al ex paramilitar y repara para las comunidades afectadas.

Con la apelación, la Corte decidirá si avala la decisión de la magistratura o por el contrario, solicitará que la revise.

Este alto en el juicio ocurrió el 11 de junio de 2012 cuando la Unidad de Justicia y Paz presentó ante la magistratura 84 crímenes, entre asesinatos, masacres, desapariciones y desplazamientos, cometidos por el Frente Héctor Julio Peinado Becerra o Autodefensas del Sur del Cesar, cuyo jefe fue alias ‘Juancho Prada’ entre 1994 y 2006.

Después de documentar la historia del grupo paramilitar y cada uno de los delitos, la Fiscalía acusó a ‘Juancho Prada’ de “autoría mediata en aparato organizada de poder”, es decir, lo acusa de ser el responsable de los crímenes argumentando “línea mando”, es decir por haber sido el jefe paramilitar de ese grupo.

Otra fue la postura de la Procuraduría que puso en duda el título de “autoría inmediata”, señalando que durante el juicio ‘Juancho Prada’ mostró que tenía poco conocimiento de varios de los crímenes por los que se le acusa. Para el Ministerio Público, esto implica debilidad en términos de verdad, requisito al que están obligados los paramilitares cobijados por la ley de Justicia y Paz. La Procuraduría expondrá sus argumentos de la apelación en una audiencia que se realizará el miércoles 20 de junio de 2012 en los Tribunales de Cundinamarca.

En los juicios que hasta ahora se han desarrollado en Justicia y Paz, la Fiscalía ha acusado a los ex jefes paramilitares bajo el título de “autoría inmediata” porque durante las versiones libres -la etapa de investigación- han aceptado su responsabilidad como jefes de los bloques.

Alias ‘Juancho Prada’ ha confesado 680 crímenes y aceptado responsabilidad en por lo menos 300 casos. En el registro de Justicia y Paz, existen 5.370 crímenes atribuidos al Frente Héctor Julio Peinado, el grupo que estuvo a cargo de Prada.

Las víctimas del sur del Cesar y occidente de Norte de Santander esperan que antes de finalizar 2012, la magistratura emite una sentencia que les permita ser reparadas.

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Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’, ex jefe paramilitar del Cesar. Foto El Pilon.com.co -‘Paras’ contaron cómo se crearon las Autodefensas del Sur del Cesar -Las masacres de Puerto Patiño y Guamalito contadas por ‘paras’ -Las otras masacres de ‘Juancho Prada’ -Paras versión 2.0 -Los muertos de Puerto Mosquito -El ‘patio’ de ‘Jorge 40’

Juan Francisco Prada Márquez podría ser el menos mediático de los jefes paramilitares que se encuentran en Justicia y Paz. Nunca ha dado una entrevista, por eso no tiene el perfil de Salvatore Mancuso o de Hébert Veloza alias ‘H.H.’ cuando son llamados por la Fiscalía para que rindan versiones libres.

Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’, a diferencia de los demás jefes paramilitares no ha sido extraditado, por lo que hasta el momento ha pasado desapercibido, no obstante en su prontuario figuran masacres, asesinatos de políticos y líderes sociales, desplazamientos, desapariciones en Norte de Santander y sur del Cesar, y además se le acusa de ser el responsable del exterminio del movimiento social que surgieron en Aguachica a comienzos de los noventa. (Lea: El genocidio no contado del Cesar)

En la más reciente audiencia de legalización de cargos no fue llevado hasta los Tribunales de Cundinamarca. Lo hizo mediante comunicación por videoconferencia desde una cárcel en Barranquilla, donde se encuentra preso desde 2004 condenado por el asesinato Ayda Cecilia Lasso, ex candidataa la Alcaldía de San Alberto, Cesar, ocurrido el 21 de julio de 2000.

‘Prada’ fue ex jefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar, que durante la desmovilización se llamaron Frente Héctor Julio Peinado como un brazo del Bloque Norte de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’.

En Justicia y Paz a la fecha a este frente se le atribuyen 5.370 crímenes, de los cuales 4.479 son asesinatos, 565 desapariciones y 434 desplazamientos.

Al ex jefe paramilitar no le gusta dar entrevistas. Por medio de su abogado ha dicho que solo estudió hasta segundo de primaria, que no sabe responder a las preguntas que le han hecho durante el juicio, y que menos sabe de estrategia militar porque no prestó servicio.

Sin embargo, abrió rutas y prestó hombres para que los hermanos Carlos y Vicente Castaño expandieran en los años 90 las Autodefensas de Córdoba y Urabá hacia la Costa Caribe, Norte de Santander y el Magdalena Medio con los Bloques Norte, Catatumbo y Central Bolívar.

El 4 de marzo de 2006 se desmovilizó en San Martín, Cesar, con 251 de sus ex subalternos y aunque apareció en fotos firmando el proceso de paz, no fue él quien participó en la negociación. Designó a Alirio Trujillo alias ‘Chorizo’, apodado por Carlos Castaño como ‘Francisco Tabares’. Alias ‘Chorizo’ fue quien firmó en representación de las Autodefensas del Sur del Cesar el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, en 2003 el cese al fuego decretado por las Auc como comienzo de los diálogos para la desmovilización.

En versiones libres, ‘Juancho Prada’ ha confesado 680 crímenes y aceptado responsabilidad en por lo menos 300 casos. La Fiscalía 34 acaba de acusarlo por los primeros 84 delitos, ya documentados e investigados, y la magistratura de Justicia y Paz acaba de legalizarlos para emitir una sentencia que condene al paramilitar y repare a las víctimas antes de que finalice 2012. En el escrito de legalización, el juicio reconstruyó la historia del ex jefe paramilitar.

El agricultor
Juan Francisco Prada Márquez quiso seguirle los pasos a su padre. Ha dicho que vivió en el campo, tuvo muchos hijos y antes de ingresar a la ilegalidad se dedicó al ‘engorde’ de fincas. Es decir, compraba tierras, las ponía a producir y luego las vendía a buen precio.

Nació en 1953 en Galán, Santander, pero se puede decir que más que santandereano es cesarense porque desde los once años fue llevado al municipio de Río de Oro, en el sur de ese departamento, donde creció junto a sus otros nueve hermanos. Para comenzar unanueva vida, el papá vendió las propiedades que tenía en la vereda Olla Negra, en Galán, y compró una finca de 160 hectáreas en la vereda El Cobre, en el corregimiento de San Martín, Cesar, donde puso a pastar el ganado que transportó desde Santander en seis camiones.

En diez años, la familia Prada comenzó a ser próspera y reconocida en el Cesar por las tierras y el ganado que tenían. Compró la finca La Esmeralda en la vereda San Pablo, en San Martín, que luego vendió para comprarse dos predios llamados La Unión y San Miguel. Estas dos fincas terminó titulándoselas a sus hijos para garantizarles una herencia.

Mientras la familia y sus vecinos se dedicaban a la ganadería y los cultivos de arroz, sorgo y maíz, comenzó la violencia en la zona, las guerrillas de las Farc, Eln, Epl, Quintín Lame y M-19 empezaron a hacer presencia en la zona y a realizar los primeros secuestros, extorsiones y asesinatos.

En 1984 el papá de los Prada murió y Juan Francisco y un hermano decidieron comprarles a sus demás hermanos las tierras que heredaron. Para esa época, recordó Prada, los secuestros y asesinatos de vecinos y amigos fueron masivos. En un relato que le hizo a su abogado referenció por lo menos 20 casos de conocidos que fueron víctimas de la guerrilla.

Su familia no fue la excepción. En 1988 la guerrilla se llevó un hermano y les dieron plazo de máximo 20 días para pagar $50 millones de pesos por su liberación. La familia acordó un pago de $11 millones y el familiar salió del país por amenazas. Un primo suyo, Roberto Prada Gamarra, comenzó a suministrarle información al Ejército y fue amenazado. Decidió armarse para defenderse y le pidió ayuda a Juan Francisco Prada, quien en 1991 empezó a aportar dinero e información para el incipiente grupo de autodefensa.

El paramilitar
En los años 90 Juan Francisco Prada dejó de ser un agricultor para convertirse en paramilitar. En 1994 creyó que podía huirle a la violencia del Cesar yéndose para el Casanare, pero allá la situación estaba igual. A su regreso, en 1995, decidió impulsar la idea de tener un grupo de autodefensas que ya venía desarrollando su primo Roberto Prada Gamarra.

Para esta época ‘Juancho Prada’, como le decían en la región, ya tenía un músculo financiero. Había seguido el ejemplo de su padre y comenzó a comprar fincas, como La Pradera y Bruselas, para luego venderlas. Con el dinero que tenía financió otro grupo de autodefensas en el municipio de San Martín, Cesar, dividiéndose el territorio con su primo.

Su primo Roberto se quedó a cargo de la parte sur del municipio que comprendía los corregimientos de Los Bagres, Aguas Blancas y Candelia hasta los ríos San Albertico y Lebrija, mientras ‘Prada’ se tomó la zona norte, con los corregimientos restantes, Platanal y la región de la cordillera en límites con Ocaña, Norte de Santander.

Los Prada hicieron acuerdos con otros viejos grupos de autodefensa que había en la región entre ellos Los Masetos de la finca Riverandia de Rodolfo Rivera, Los Paisas y los grupos paramilitares a cargo de Luis Ofrego Ovallos Gaona, de alias ‘Camilo Morantes’ y de alias ‘Manaure’.

En 1996 Rodolfo Rivera es asesinado por la guerrilla, por lo que los Prada extendieron su presencia hasta San Alberto así como en los corregimientos de Minas, El Líbano, San Alberto y La Llana.

Ese mismo año Roberto Prada fue capturado y eligió a Luis Emilio Camarón alias ‘Camarón’ como su sucesor. Como todo un ‘negocio de familia’, ‘Juancho Prada’ pensó en que las autodefensas de San Martín debían tener un jefe político, que diera adoctrinamiento a la tropa para combatir a la guerrilla, y encargó esta tarea a su hijo Raúl Prada Lamus alias Antonio’, quien al final nunca se acogió al proceso de desmovilización y no se sabe si está vivo o muerto.

A partir de 1996, el grupo paramilitar de los Prada dejó de utilizar overoles negros y botas y comenzaron a uniformarse con camuflados similares a los del Ejército, con equipos de campaña que incluían cuchillos, brújulas, visores nocturnos y brazaletes de colores.

En 1997, tras el asesinato de Luis Orfego Ovallos, ‘Juancho Prada’ realizó un acuerdo con alias ‘Manaure’ para distribuirse de nuevo el territorio. Los Prada se quedaron con la zona de Aguachica hasta la quebrada de Besote, mientras ‘Manaure’ desde la carretera de Ocaña hasta Gamarra. El grupo de ‘Juancho Prada’ se consolidó tras fusionarse con el grupo de su primo, quien estando en la cárcel destituyó a ‘Camarón’ y designó a su hijo Roberto Prada junior.

Alias ‘Juancho Prada’ (derecha, camisa verde) durante el acto de desmovilización del Frente Héctor Julio Peinado en marzo de 2006. Foto tomada de actas de desmovilización Presidencia

El contacto de los Prada con los hermanos Carlos y Vicente Castaño se concretó a finales de los años 90 cuando los Castaño convocaron a varias reuniones para agrupar los diferentes grupos de autodefensas del país bajo la sigla Auc, Autodefensas Unidas de Colombia.

En 1998, los Prada y los grupos de ‘Camilo Morantes’ y Mario Zabala, todos con presencia en Cesar, se sumaron a las Auc como Autodefensas de Santander y Sur del Cesar, Ausac.

Con la fusión, los Castaño aprovecharon que ‘Juancho Prada’ conocía en detalle su territorio para enviar grupos de paramilitares entrenados en fincas de Córdoba y así incursionar la Costa Caribe, el Catatumbo y el Magdalena Medio. 

Entre 1999 y 2000, los Prada ayudaron a asentar a los Bloques Central Bolívar y Catatumbo, comenzaron a llamarse Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar (Acsuc) para diferenciarse de los paramilitares de ‘Camilo Morantes’ y Mario Zabala’, y en 2004 se aliaron con el Bloque Norte de ‘Jorge 40’ por diferencias con el Bloque Central Bolívar.

La Fiscalía 34 de Justicia y Paz documentó que entre 1994 y 2006, período en que delinquió el grupo de ‘Juancho Prada’, este frente se caracterizó  por someter a sus víctimas a torturas y luego a desaparecerlas. Un lugar recurrente para estas desapariciones fue el corregimiento de Puerto Mosquito, hasta donde llevaban las personas, las asesinaban y luego las arrojaban al río Magdalena. (Lea: Los muertos de Puerto Mosquito).

‘Juancho Prada’ utilizó varias estrategias para sostener la guerra. Con amenazas, obligó a la población a que señalara a las personas que supuestamente tenían alguna afinidad con la izquierda o auxiliaran a la guerrilla. “Quienes se oponían, eran considerados objetivos militares y no tenían otra opción que desplazarse o ser asesinados”, documentó la Fiscalía.

Otra táctica utilizada fue incluir en sus tropas a ex guerrilleros que capturaban en combates. Según Javier Antonio Coronel alias ‘Pica-Pica’, los utilizaban para obtener información y seguir rutas. Así lo hicieron, por ejemplo, con un patrullero al que le decían alias ‘Fuego Verde’.

‘Juancho Prada’ se cercioró además de contar con una red de comunicación. Encargó de esta función a Jesús Eduardo León alias ‘Parabólico’, un profesional de las telecomunicaciones que puso en funcionamiento Colombia Libre, la emisora que usaron los Castaño para difundir sus comunicados, así como un sistema que enlazó las comunicaciones entre el sur del Cesar y Santander, e interceptó las frecuencias que utilizaban en la región la fuerza pública y la guerrilla.

Aunque en versiones libres, el ex jefe paramilitar confesó la participación de mujeres en la tropa dijo que a ellas se les asignó la función de ‘radiochispas’, informantes en puntos clave, o de ‘rancheras’, es decir, las encargadas de preparar la comida para el grupo.

La Fiscalía documentó que las Autodefensas del Sur del Cesar o Frente Héctor Julio Peinado causaron un daño colectivo en esta región del país.

“Afectó la cultura de legalidad impactando la percepción que frente a ésta asumieron los jóvenes; también se afectaron otros aspectos como la gobernabilidad, el tejido social, derechos como el de asociación y a la vida, creando sentimientos de inseguridad, terror y zozobra en relación con la población”, dice en un aparte de la legalización de cargos ante la magistratura.

El juicio contra ‘Juancho Prada’ está en la etapa de legalización de cargos. Luego, los magistrados de Justicia y Paz convocaran al incidente de reparación, fase en que las víctimasasisten a la audiencia para expresar cómo desean ser reparadas, y finalmente emitirá una sentencia que condena al ex paramilitar y reparara a las víctimas.

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Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’ fue el jefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar. Foto El Pilón.

En la audiencia de legalización de 85 cargos a Juan Francisco Prada, alias ‘Juancho Prada’, jefe del Bloque Héctor Julio Peinado de las Auc, el fiscal 34 de Justicia y Paz demostró que este paramilitar realizó una persecución sistemática contra políticos, sindicalistas, académicos y periodistas entre 1999 y 2004 en el departamento del Cesar.

La Fiscalía estableció que las amenazas, desplazamientos y asesinatos fueron cometidos por este Bloque en complicidad con políticos locales. (Ver “El genocidio no contado del Cesar”)

“Lo que se perseguía era sembrar el miedo y la zozobra” dijo el fiscal durante la audiencia, refiriéndose al homicidio de la líder política Aída Cecilia Lasso Gemade, al que calificó como un acto de terrorismo, ya que los mismos paramilitares aceptaron en versiones libres que con este asesinato aseguraron la victoria del entonces candidato a la alcaldía de San Alberto, Javier Sarate, y enviaron un mensaje de amenaza a sus opositores.

“Las víctimas fueron personas que cometieron el pecado de pensar distinto” aseguró el fiscal.

Durante la legalización la Fiscalía también expuso los resultados de las investigaciones en torno a las masacres que se han denominado como de Cerro Redondo, de Santa Rosa del Caracol y del Carrotanque de Gasolina, así como en un gran número de homicidios, extorsiones, amenazas, actos de terrorismo, secuestros, despojos en campo de batalla, destrucción de bienes y desplazamientos, además de concierto para delinquir y porte ilegal de armas, cometidos por este grupo de autodefensas bajo el mando de ‘Juancho Prada’.

La Fiscalía expuso además el resultado de las investigaciones de los asesinatos de los concejales Hugo López, José Mario Saldaña, y César Alberto Passo Torres, así como de la candidata a la alcaldía de San Alberto, Aída Cecilia Lasso, y el ex alcalde de Aguachica y promotor de la Consulta por la Paz, Luis Fernando Rincón. 

Luis Fernando Rincón, promotor de la Consulta por la Paz
Dos meses después del asesinato de Aída Lasso y su hija, Luis Fernando Rincón, ex militante del M-19, fue asesinado por paramilitares el 15 de agosto de 2000 tras ser interceptado en un camino y llevado a una finca en la vereda Buturama, Aguachica.

Feber de Jesús Atehortua, alias ‘Julio’, que perteneció al Bloque Héctor Julio Peinado y que no se ha desmovilizado, confesó en conversaciones con la Fiscalía, haber ordenado  el asesinato del ex alcalde.

En su confesión, ‘Julio’ dijo que la decisión final en este caso fue tomada por ‘Juancho Prada’, supuestamente por el acercamiento de la víctima con el comandante guerrillero alias ‘Roqui’.

Según la fiscalía, los diálogos entre el ex alcalde y la guerrilla, buscaban evitar las acciones armadas en Aguachica; sin embargo el padre de Luis Fernando Rincón, aseguró que el asesinato fue perpetrado como represalia por la negativa de su hijo a comprometer el presupuesto público.

Rincón había sido alcalde de Aguachica, y en 1995 promovió la Consulta Popular por la Paz.

Para la Fiscalía, el crimen de Rincón fue provocado por intentar ponerle fin a la ola de violencia que vivía Aguachica, al promover la coalición política que se opuso a los grupos armados en ese municipio, y de la cual formaron parte otros políticos asesinados como José Mario Saldaña y Cesar Alberto Paso Torres, y otros amenazados o desplazados como Miguel Malo Quiroz, Robinson Rocha Banderas, Cesar Emiro Mejía Froilán, Freddy Dita,Rosalba Acosta y Margarita Hernández.

Para el momento del asesinato, Luis Fernando, había anunciado su intención de ser nuevamente alcalde de Aguachica, lo que motivó que adelantara reuniones con diferentes representantes de los grupos armados ilegales que hacían presencia en el municipio.

Según los familiares de la víctima, es por esto que él accede tan fácilmente a reunirse con los paramilitares, con el fin de menguar las acciones violentas en contra de la población.

Durante la audiencia la Fiscalía pidió que se legalizaran los cargos por homicidio y secuestro en la persona de Luis Fernando Rincón, y el desplazamiento de familiares y compañeros de trabajo.

Aída Cecilia Lasso, candidata a la Alcaldía
Aida Cecilia Lasso fue asesinada por paramilitares el 21 de junio de 2000, en San Alberto, Cesar.

La entonces candidata a la alcaldía se encontraba en su casa, cuando Wilson Salazar, alias ‘Loro’, en compañía de alias ‘Tito’ irrumpieron en su vivienda, dándole muerte junto con su hija,  cuando esta trató de defender a su madre.

A pesar de que ‘Juancho Prada’ aseguró en versión libre que los motivos del asesinato no habían sido políticos, alias ‘Loro’, el asesino de Aída Cecilia aseguró en versión libre haber sido testigo de cómo el entonces candidato a la alcaldía Javier Zarate se encontraba presente el día que se ordenó el asesinato de Lasso.

“Este asesinato fue planeado tres días antes una finca arrendada por Rodolfo Padilla, donde estaban ‘Juancho Prada’,  ‘El Tuerto Rodolfo’, ‘El Cura’ (Daniel Toloza Contreras), ‘Angelito’ (Jose Daniel Cárdenas León), ‘Nico’,  Tito Prada (Juan Tito Prada), ‘Chupete’ (Giovani Lamus), Javier Zárate, que era el alcalde de San Alberto, y Gerardo Jaimes” dijo.

Según ‘Loro’, en la reunión a la candidata la acusaron falsamente de ser auxiliadora de la guerrilla, “yo no la conocía, yo le dispare, todo lo que dijeron de ella era mentira, y a ella la mataron porque ella se iba a lanzar para la alcaldía”, aseguró.

A raíz del asesinato, un hijo de la víctima se desplazó.

Con base en el testimonio de alias ‘Loro’ y la investigación realizada en Justicia y Paz, la Fiscalía pidió legalizar los cargos de homicidio como delito de lesa humanidad, desplazamiento y terrorismo.

Hugo López, concejal
El 28 de junio de 1999 el entonces ex concejal Hugo López Quiroz fue asesinado en un hotel en San Alberto, Cesar.

Ante Justicia y Paz, alias ‘Juancho Prada’ confesó el crimen y dijo que ocurrió porque Rodolfo Pradilla alias ‘El Tuerto’ le dijo que López Quiroz tenía nexos con la guerrilla y los sindicatos. “Le dije a Rodolfo que verificara bien y que si era guerrillero que le diera muerte”, dijo.

En la misma versión aseguró que al ex concejal “se le consideraba torcido por sus  vínculos con organizaciones de izquierda y el sindicalismo”.

La Fiscalía pidió que se legalizara el homicidio como un crimen de lesa humanidad, ya que el concejal era un ciudadano de bien que no participaba en el conflicto.

En septiembre de 2010, un juzgado en Valledupar condenó a un ex alcalde de ese municipio tras considerar que el asesinato se produjo por las diferencias políticas que tenía el funcionario con el concejal.

José Mario Saldaña, concejal
Según reveló la Fiscalía durante la legalización de cargos contra ‘Juancho Prada’, el asesinato de este concejal fue motivado por razones políticas.

La Fiscalía leyó ante el tribunal apartes de la versión libre del 9 de marzo de 2009 de Alfredo Ballena, alias ‘Rancho’, en la que el ex paramilitar aseguró que el entonces alcalde Israel Obregón Ropero le pidió a un paramilitar conocido con el alias de ‘María Bonita’ que asesinara al concejal porque le hacía contrapeso político.

A pesar de que por este hecho ya existe una condena por homicidio contra ‘Juancho Prada’, la Fiscalía pidió a los magistrados tener en cuenta el principio de verdad en el proceso de Justicia y Paz, calificando el asesinato de este concejal como un crimen de lesa humanidad.

Durante la investigación la Fiscalía descubrió que previo al homicidio, José Mario Saldaña fue víctima de amenazas por parte de las autodefensas, cargo que también fue legalizado en contra de alias ‘Juancho Prada’.

Durante la audiencia la Fiscalía pidió que se legalizaran los cargos por homicidio y amenazas en la persona de José Mario Saldaña.

César Alberto Passo Torres, concejal
A las dos de la tarde del 1 de septiembre de 2001 el cuerpo del ex concejal César Alberto Passo Torres fue encontrado en una zona conocida como Puerto Mosquito, en Aguachica.

Según la versión del ex paramilitar Francisco Alberto Pacheco Romero, alias ‘El Negro’, “la orden que dio ‘Pardillo’ fue que le dijéramos a Passo que ‘Barranquilla’ quería hablar con él.

A lo que agregó: “Estábamos ‘El paisa’, ‘E.T’., ‘Chorola’ y yo.  Le dijimos que nos acompañara y lo llevamos al área de Puerto Mosquito, yo me quede en una finca que queda por la salida de Puerto Mosquito y ellos siguieron con ‘Pardillo’ (…) Al rato vino ‘Chorola’ por mí y me dijo que nos devolviéramos. En las horas de la noche me entere que al señor lo habían matado en La Cuesta del Barbudo. ‘Pardillo’ me dijo que el mismo le había disparado, que la orden se la había dado ‘Guasaco’ (Alirio Páez Barrientos).”

César Alberto Passo fue dos veces concejal de Aguachica. Fue torturado y luego asesinado por los paramilitares.

“El concejal fue obligado por los paramilitares a abordar una camioneta y fue hallado muerto a las siete de la noche”, señaló un informe del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep.

Durante la audiencia, la Fiscalía pidió que se legalizaran los cargos por homicidio y secuestro en la persona de César Alberto Passo.

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– El genocidio no contado del Cesar – Las verdades del conflicto en Magdalena y Cesar – Las otras masacres de ‘Juancho Prada’ – ‘Juancho Prada’ reconoce crímenes de políticos – Condenan a ‘Juancho Prada’ por asesinato de ex alcalde de Aguachica – El pistolero de los paramilitares en Aguachica – ‘Paras’ contaron cómo se crearon las Autodefensas del Sur del Cesar

Juan Francisco Prada Márquez, quien fuera jefe del Frente Héctor Julio Peinado Becerra de las Auc, y Javier Antonio Quintero Coronel, alias ‘Pica Pica’, ex integrante de ese grupo armado ilegal, entraron en uno de los puntos finales del proceso de Justicia y Paz.

La Fiscalía inició el día hoy la audiencia de legalización de cargos, que es necesaria para que el proceso de Justicia y Paz avance a la etapa de incidente de reparación y posteriormente se dicte una sentencia parcial a los postulados.

En dicha audiencia el Tribunal de Justicia y Paz decidirá si legaliza los cargos por los que la Fiscalía acusó a los dos ex paramilitares, por crímenes que cometieron las Auc entre 1995 y 2006 en los departamentos de Cesar y Norte de Santander.

Entre los crímenes se encuentran los asesinatos de César Juvenal Osorio, alcalde de Gonzáles (Cesar); Henry Alfonso Machado, alcalde de San Calixto (Norte de Santander); Luis Fernando Rincón, ex alcalde y candidato de Aguachica (Cesar) y promotor del Referendo por la Paz; Hugo López Quiroz, José Mario Saldaña Flores, y César Alberto Torres, concejales de Aguachica.
 
También serán procesados por el asesinato de tres comunicadores sociales en San Alberto, Cesar. Las víctimas son el periodista Martín Larrota de RCN, y Juan Carlos Gómez y Óscar Guerrero, quienes trabajaban en una emisora comunitaria.

Dentro los crímenes confesados por los ex paramilitares también se encuentran las masacres que fueron realizadas en 2001 en de Gramalito, Cerro de las Flores y Palo Quemado, en Norte de Santander. Estos hechos serán formulados por la Fiscalía.

Al terminar la audiencia de legalización de cargos, alias ‘Juancho Prada’, quien participó en la ceración de los bloques paramilitares Norte, Catatumbo y Central Bolívar, será trasladado a su habitual sitio de detención en Barranquilla.

Con información de Fiscalía.

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