Sede de la Universidad de Córdoba en MonteríaLuego de infiltrar con éxito las entidades gubernamentales y los organismosde seguridad cordobeses, Salvatore Mancuso emprendió un macabro plan para tomarse el poder de la Universidad de Córdoba. Y lo logró. En su empeño, dejó una dolorosa estela de muerte y desarraigo de la cual aún no se recupera este claustro universitario.

Este es, quizás, uno de los capítulos más dolorosos de las acciones paramilitares en este departamento que, gracias a las confesiones de ex integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, entre ellos el propio Mancuso, así como a los relatos de los sobrevivientes de aquella inclemente persecución, la opinión pública puede conocer en detalle lo que pasó en el Alma Mater entre los años 1998 y 2004.

La exhaustiva labor de documentación que viene realizando la Fiscalía 13 de Justicia y Paz, con sede en Montería y encargada de investigar los crímenes de los bloques que ejercieron su dominio en tierras cordobesas, permite conocer aspectos inéditos de esta historia. Varios de estos pormenores fueron presentados recientemente en audiencia ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín.

Uno de ellos guarda relación con la polémica elección de Claudio Sánchez Parra como rector de la Universidad de Córdoba. Parra Sánchez fue designado como rector por el Consejo Superior Universitario tras la renuncia de Víctor Hugo Hernández Pérez, el 4 de junio de 2002. Para aquel año ya era un secreto a voces que la agenda universitaria era trazada por Mancuso desde su finca La Capilla.

Y no andaban equivocados. Las indagaciones de la Fiscalía 13 han permitido ratificar que tanto el nombramiento de Sánchez Parra como la renuncia de Hernández Pérez se dieron por orden del exjefe paramilitar. Él fue quien diseñó varias de las políticas para este centro universitario entre 2000 y 2004, como la renegociación de la convención colectiva del sindicato, la eliminación del servicio de salud universitario, el congelamiento de los aumentos salariales a los docentes por obtención de méritos académicos, entre otros.

Paradójicamente, varias de estas medidas, según lo dijo el Fiscal 13 de la Unidad de Justicia y Paz, fueron aplaudidas en su momento por el Ministerio de Educación e, incluso, fueron referenciadas como modelo a seguir por otras universidades públicas con problemas de sostenibilidad financiera.

Lo que también fue un modelo replicado en otras universidades públicas de la Costa Caribe y del interior del país, como lo pudo documentar el Ente acusador, fue la sangrienta arremetida de facciones paramilitares contra estudiantes y profesores sindicados de ser “simpatizantes o auxiliadores de guerrilla”. (Ver: Los crímenes de Mancuso en la Universidad de Córdoba)

VerdadAbierta.com reconstruye apartes de esta historia, profundizando en detalles hasta ahora poco conocidos.

El escogido
Según el Ente Investigador, la renuncia del rector Víctor Hugo Hernández Pérez se dio luego que fuera citado por el exjefe paramilitar a La Capilla, junto con otros directivos universitarios, para que rindieran cuentas.

“El rector (Hernández) había celebrado contratos y nombrado funcionarios sin el beneplácito de Mancuso, quien vio esto como un acto de desobediencia o insubordinación. Mancuso no le dio más opción al rector: o renunciaba o se atenía a las consecuencias. Fue así como se produjo su renuncia”, relató el Fiscal ante el Tribunal.

Lo curioso es que Hernández Pérez había sido “ungido” por el propio Mancuso dos años antes para que llevara las riendas de la Universidad. Ver: La toma de la Universidad de Córdoba). El exjefe paramilitar ya había enviado mensajes claros que necesitaban una persona funcional al paramilitarismo. Y fue así como presionaron y amenazaron al entonces rector Eduardo González Rada para que retirara su aspiración de reelección a la rectoría. Las intimidaciones se extendieron al entonces vicerrector académico, Alberto Mestre Pineda, quien también dimitió de su aspiración al cargo de rector.

Apareció entonces Hernández Pérez, director del Centro Regional de Educación a Distancia (Cread) quien terminó disputando la rectoría con Habib Barrera. Hernández ganó la consulta entre los estudiantes y profesores con casi el 53 por ciento de los votos, seguido de Barrera, que superó el 30 por ciento. El Consejo Superior de la institución tenía que definir entre estos dos aspirantes que pasaron el umbral. Hoy, la Fiscalía 13 ha logrado determinar que el Consejo Superior de aquel entonces recibió llamadas intimidantes para que votaran por Hernández Pérez, quien a la postre fue designado rector de la Universidad de Córdoba el 12 de agosto de 2000.

Con su designación comenzaba a consolidarse la sangrienta toma paramilitar del claustro universitario que inició el 19 de marzo de ese año con el asesinato de Pedro Esteban Manotas Olascoaga, estudiante de décimo semestre de ciencias sociales y dirigente estudiantil. El día 28 de ese mismo mes, mientras viajaban con otros universitarios a un encuentro académico en la ciudad de Santa Marta, fueron sacados a la fuerza del vehículo en que se movilizaban los estudiantes Carlos Julio Ramírez y Mauricio Javier Hernandez Lara. Los hombres de Mancuso los liberaron días después con un aterrador mensaje: estudiantes, trabajadores sindicalizados y profesores debían cesar con toda protesta.

Para que no quedara duda que las advertencias iban en serio, el 1 de abril fue asesinado el estudiante Eduardo Enrique Hernández. Una semana después caería abatido el docente James Antonio Pérez, miembro de la Asociación de Profesores Universitarios (Aspu). Dos líderes estudiantiles más perderían la vida en mayo a manos de los paramilitares: Sheila María Olascoaga y Marly María de la Osa Quiñones. A los asesinos nos les importó que Marly estuviera en su séptimo mes de embarazo.

La muerte volvería a alcanzar a la comunidad universitaria el 21 de septiembre. Ese día fueron secuestrados el profesor y miembro de Sintraunicol, William Enrique Aguirre y su hijo menor de edad, quien fue liberado horas después. El 8 de octubre sería encontrado el cuerpo sin vida del docente en zona despoblada a las afueras de la ciudad de Montería.

Una semana antes, el 10 de septiembre, ocurriría uno de los sucesos que más conmocionó a la comunidad académica cordobesa: el asesinato del profesor Hugo Alfonso Iguarán, excandidato a la rectoría de la Universidad. Iguarán ya había sobrevivido a un atentado contra su vida, perpetrado el 12 de mayo en la ciudad de Montería. Sobre su muerte aún ronda un gran misterio, toda vez que se produjo en la residencia del recién posesionado rector Hernández Pérez.

Según la versión que años después entregó a la justicia, Hernández había citado a Iguarán a su casa para comentarle que pensaba nombrarlo vicerrector académico y que en ningún momento le tendió trampa alguna. Pero la justicia le dio crédito a la versión de varios exparamilitares, entre ellos a Jorge Andrés Medina Torres, alias “Brayan”. Fue así como el 23 de agosto de 2010, el Juzgado 10 Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a 35 años de prisión a Hernández Pérez como determinador del homicidio del docente Iguarán.

El exrector nunca estuvo presente en la etapa de juicio y hoy continúa huyendo de la justicia, mientras se resuelve la apelación que presentaron sus abogados al fallo de primera instancia. (Ver: Condenan ex rector de Unicórdoba a 35 años de cárcel por homicidio de profesor)

En entrevista exclusiva concedida en marzo de 2013 a VerdadAbierta.com, Hernández Pérez declaró su inocencia y las razones por las cuales permanece prófugo de la justicia (Ver: “Me fugué para salvar mi vida”: ex rector de la Universidad de Córdoba). A su vez, Mancuso ha declarado ante fiscales de Justicia y Paz, desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos, que Hernández Pérez no tuvo nada que ver con el asesinato de Iguarán.

La reunión en Santa Fe de Ralito
Antes de su renuncia, y por petición expresa de Mancuso, Hernández Pérez logró sacar avante una modificación al proceso de elección del cargo de rector, eliminando la consulta interna entre estudiantes y docentes, y dejando la designación solo en los nueve miembros del Consejo Superior Universitario.

Fue así como bastaron ocho de nueve votos para designar a Claudio Sánchez Parra, quien venía adelantando el estudio de viabilidad financiera de la Universidad, como rector encargado mientras se realizaban nuevas elecciones con un abanico más amplio de postulados. Lo documentado por la Fiscalía 13 de Justicia y Paz sobre lo que ocurrió después deja claro que, para ese momento, el paramilitarismo había logrado su cometido de tomarse el principal centro universitario de Córdoba.

A principios de 2001, Mancuso citó a los representantes de los trabajadores sindicalizados y los profesores universitarios a una reunión en su finca La Capilla. Ante la negativa de estos, la orden fue perentoria: “o vienen o vamos por ustedes”. Sin más alternativa, los miembros de la comunidad universitaria acudieron a la cita acompañados de un delegado de la Defensoría del Pueblo.

Al llegar al lugar acordado se encontraron no solo con decenas de hombres armados, sino también con el pleno del Consejo Superior, integrado en aquel entonces por Félix Manzur Jattin, quien además es familiar del exparamilitar Salomón Feris Charid (alias O8), Hugo Ordoñez, Norman Espinoza Nieto, Alicia Cogollo, Jorge Ortega Montes, Jaime Durango Vertel, Rafael Dager, Carlos Castaño Puente y John Jairo Gómez.

Momentos después se les uniría el exjefe paramilitar, quien llegó al lugar en una camioneta acompañado por su guardia personal y el rector encargado Claudio Sánchez Parra. Allí, Mancuso justificó las acciones de las Autodefensas en la Universidad. Les dijo a los presentes que para salvar el claustro universitario había que renegociar la convención colectiva con los sindicatos, acabar con el fondo de salud universitario y evitar, a como diera lugar, las protestas de estudiantes y trabajadores.

No se trató de una “lluvia de ideas”: antes de culminar la reunión les dio un plazo perentorio de tres meses para cumplir con estas directrices y propuso que se nombrara a Sánchez Parra como rector en propiedad. Y efectivamente, ya como máxima autoridad universitaria, Sánchez Parra comenzó a dar cumplimiento a lo que se conoció en la Universidad como la “agenda de Ralito”.

A los trabajadores sindicalizados se les desconoció sistemáticamente gran parte de los puntos de la convención colectiva; se eliminaron buena parte de los beneficios que los trabajadores universitarios tenían hasta entonces, se redujo al máximo el auxilio de transporte destinado a estudiantes cuando querían viajar a otras ciudades; se negaron reconocimientos salariales para quienes obtenían algún título profesional; y se abrieron procesos contra sindicalistas que decidieron convocar asambleas, entre otros.

Sánchez Parra fue detenido por agentes del CTI de la Fiscalía en diciembre de 2008 para que enfrentara varias investigaciones penales derivadas de las confesiones de Mancuso ante los fiscales de Justicia y Paz. Actualmente goza del beneficio de casa por cárcel, mientras su proceso avanza en la justicia ordinaria. En entrevista realizada por la Fiscalía 13 de Justicia y Paz presentada ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, Sánchez Parra dijo que, como sus antecesores, fue víctima de presiones y amenazas, al igual que su familia.

“A mí me llamaron para que fuera a una reunión en Santa Fe de Ralito, que si no, tendría que asumir las consecuencias”, dijo Parra a los fiscales de Justicia y Paz y añadió que dado que venía adelantando, desde años antes de su posesión como rector, un estudio sobre la viabilidad financiera de la Universidad, encontró que para que esta fuera sostenible económicamente había que tomar medidas como las que decretó; además, aclaró que en ningún momento estuvieron influenciadas por las directrices de las Auc y que, incluso, fueron reconocidas a nivel nacional.

En la actualidad la Universidad de Córdoba enfrenta una demanda de los trabajadores por vulnerar derechos laborales adquiridos. Por su parte, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín solicitó todas las actas del Consejo Superior Universitario donde se discutió la elección de Sánchez Parra.

De otro lado, el centro académico cordobés hace parte de los casos de reparación colectiva que prepara la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas.  Y si bien el exjefe paramilitar ha confesado, desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos, su responsabilidad en los hechos ocurridos en el Alma Mater, sus víctimas, todos ellos docentes y universitarios, esperan que para ellos llegue más verdad y más justicia.

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Salvatore Mancuso se ha negado a revelar los nombres de políticos, militares y empresarios que respaldaron a los ‘paras’ por miedo a represarias en contra de su familia. Foto: archivo Semana.Después de acusar al general Mauricio Santoyo de colaborar con las autodefensas, Salvatore Mancuso continuó implicando a personas cercanas al ex presidente Álvaro Uribe.  Sin embargo, como lo ha hecho en anteriores ocasiones, el ex jefe paramilitar no entrega nombres o detalles en sus acusaciones, argumentando que no tiene garantias de seguridad para su familia.  

Ante las evasivas de Mancuso, una magistrada le recordó que si no colaboraba en el esclarecimiento de la verdad, podría ser expulsado del proceso de Justicia y Paz.

Las declaraciones de Mancuso se dieron en una audiencia de Justicia y Paz, en la que aseguró que se reunió en 2001 con miembros de la campaña del entonces candidato a la Presidencia Álvaro Uribe.  El extraditado jefe paramilitar no especificó quienes participaron en el encuentro, en donde según el ex ‘para’ se coordinó la manera en que las autodefensas apoyarían la aspiración de Uribe.

Mancuso aseguró que solo revelará la identidad de las personas que asistieron a dicha reunión cuando, durante el juicio, se aborde el tema de las conversaciones de Santa Fe de Ralito.  El ex jefe del Bloque Catatumbo pidió que para entonces existan garantías de seguridad para su familia.

No es la primera vez que Mancuso utiliza el argumento de la seguridad de sus familiares para abstenerse de dar detalles en sus señalamientos.  En el caso del general Mauricio Santoyo, el ex ‘para’ contó parte de la relación entre las autodefensas y el oficial, pero se negó a hablar de Julio Santoyo, hermano de Mauricio y jefe de seguridad del ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo. Mancuso insistió en que no existían garantías “físicas y jurídicas para ahondar en esos temas”.

En varias ocasiones, cuando ha sido interrogado por fiscales de Justicia y Paz o en entrevistas a medios de comunicación, Mancuso ha dicho que tiene información sobre la relación entre políticos, empresarios y militares de alto nivel, con las autodefensas.  

El ex jefe ‘para’ ha dicho quese abstiene de entregar información porque teme por su familia. 

Entre los personajes que han sido salpicados en las declaraciones de Mancuso están el hermano del ex presidente Álvaro Uribe, Santiago, quien ha sido señalado por el ex oficial de Policía, Juan Carlos Meneses, de tener vínculos con el grupo ‘Los Doce Apóstoles’.  

Los paras y el apoyo a la campaña Uribe Presidente

Álvaro Uribe Vélez fue gobernador de Antoquia entre 1995 y 1997. Tres ex paramilitares aseguran que el ex mandatario promovió a las Auc en esta región. Foto: archivo SemanaEn la audiencia en el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, Mancuso y otros jefes paramilitares del Bloque Catatumbo explicaron que la orden de apoyar la candidatura de Uribe en las elecciones de 2002, vino directamente de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. 

“Llamé a ‘Jorge 40’, ‘Diego Vecino’, y a Hernán Giraldo (alias ‘El Patrón’) y les dije que la casa Castaño había ordenado que apoyáramos a Álvaro Uribe.  Les dije que invirtieran el dinero que fuera necesario para el transporte y la alimentación de los votantes”, explicó Mancuso.

Según Jorge Iván Laverde alias ‘El Iguano’, el Bloque Catatumbo colaboró con la campaña de Uribe, entregando propaganda política a la población civil, transportando votantes el día de las elecciones y organizando encuentros políticos.  “Se decía que si llegaba a la Presidencia (Uribe) tenía la capacidad de sacar un proceso de paz a delante, o por lo menos no nos iba a atacar”, dijo ‘El Iguano’.

“Para las reuniones que hacíamos para apoyar la candidatura del expresidente, transportábamos a la gente desde la veredas, les entregamos camisetas con el eslogan de la campaña ‘Mano firme, corazón grande’ y les dábamos comida. De hecho el comandante ‘Camilo’ mandó a hacer una valla con propaganda política que costo tres millones de pesos”, agregó ‘El Iguano’, desde la cárcel de Itagui.

Los otros paras que han señalado a Uribe
Desde 2006 varios ex jefes paramilitares en Justicia y Paz han denunciado presuntos nexos de Álvaro Uribe o de sus familiares con las Auc. La mayoría de los ex ‘paras’ han señalado que apoyaron y financiaron la campaña del ex presidente Uribe en el 2002. Los siguientes son los paramilitares que han vinculado al ex presidente en sus declaraciones.

‘El Canoso’
Entre las más recientes confesiones en Justicia y Paz está la de José Gelves Albarracín alias ‘El Canoso’, ex jefe político de un frente de las Auc en la Sierra Nevada. Por unas declaraciones de este paramilitar, el 5 de agosto de 2011 la Unidad de Justicia y Paz confirmó que compulsó copias a la Dirección Nacional de Fiscalías para que investigue a los hijos del ex presidente Uribe y determine si influenciaron para que se le entregara la concesión del Parque Tayrona en la Sierra Nevada a un grupo de empresarios.

‘El Canoso’ dijo en una audiencia que los paramilitares pusieron dinero en la sociedad que ganó la concesión y en la que, según él, los hijos de Uribe sirvieron de intermediarios. En una entrevista a VerdadAbierta.com contó en detalle cómo, según él, se negoció la concesión (Lea: “Antes nos servían whisky ahora nos llaman bandidos”: ‘El Canoso’ y Lo que ha dicho ‘el Canoso’ sobre los hermanos Uribe).

‘Pedro Bonito’
Raúl Emilio Hasbún alias ‘Pedro Bonito’, ex jefe del Frente Árlex Hurtado que delinquió en el Urabá, dijo en una versión libre en mayo de 2011 que Jaime Uribe Vélez, hermano del ex presidente y conocido como ‘El Pecoso’, fue un hombrecercano a las estructuras paramilitares y amigo personal de Vicente Castaño Gil.

El nombre de Jaime surgió luego de que Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, quien fue jefe del Bloque Elmer Cárdenas, dijo que la amistad de Hasbún con Vicente Castaño había comenzado cuando un hermano del ex Presidente de la República los había presentado. (Lea: Hermano de ex presidente Uribe sí tuvo relación con ‘paras’: Hasbún).

Alias ‘Mellizo Mejía’
Miguel Ángel Mejía Múnera alias ‘El Mellizo’, ex jefe paramilitar del Bloque Vencedores de Arauca de las Auc, contó en una versión libre desde Estados Unidos en octubre de 2009 cómo las Auc se aliaron con políticos, entre ellos el presidente Álvaro Uribe Vélez. Se refirió a los nexos que tuvo con miembros de la Fuerza Pública y cómo con Salvatore Mancuso y Carlos Castaño planearon tomarse el país con las Autodefensas.

Según Mejía Múnera, los hermanos Castaño ordenaron a todos los bloques y frentes de las Auc que apoyaran la primera candidatura de Uribe a la presidencia en 2002. “Las Autodefensas pusimos a Uribe, sino tendríamos a un Chávez en Colombia”, dijo. (Lea: Yo acuso: ‘Mellizo’ Mejía).

Alias ‘El Alemán’
En una entrevista concedida a la radio W en abril de 2009, Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’, ex jefe paramilitar del Bloque Elmer Cárdenas que delinquió el Urabá chocoano, dijo que las Auc apoyaron de forma indirecta la primera campaña presidencial  (2001) de Álvaro Uribe.

“El Bloque Élmer Cárdenas apoyó las campañas de los de los representantes y equipos que llevaron a Uribe a la Presidencia de la República. Tengo pruebas documentales”, dijo el ex jefe paramilitar, que aclaró que no estuvo de acuerdo con el ex mandatario se reeligiera (2006-2010). (Lea: ‘El Alemán’ asegura haber apoyado campaña de Álvaro Uribe).

‘Don Berna’
En abril de 2009, antes de que un juez estadounidense condenara a Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’, su abogada aseguró ante los estrados que el ex jefe paramilitar había apoyado la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

Ese día la abogada del narcotraficante dijo que su apoderado apenas había contado el 10% de lo que sabía y que pese a estar extraditado iba a seguir colaborando en Justicia y paz. Según la abogada, ‘Don Berna’ había aportado mucho dinero a la elección del entonces Presidente y al proceso electoral de las Auc, es decir, los políticos apoyados por ese grupo armado ilegal. (Lea: ‘Don Berna’ aseguró que financió campaña presidencial de Uribe en 2001).

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