Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar de los bloques Córdoba, Norte y Catatumbo de las Auc.

El pasado viernes terminó la audiencia en la que les imputaron 103 cargos al extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso y sus subordinados Jorge Iván Laverde Zapata, José Bernardo Lozada, Isaías Montes Hernández, Jimmy Viloria y Juan Ramón de las Aguas. Los crímenes ocurrieron en Norte de Santander.

A esos postulados, un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz les imputó 117 homicidios -12 de ellos en la modalidad tentada-, 38 desapariciones forzadas, más de 30 desplazamientos de población civil, 70 secuestros, 16 torturas en persona protegida, 23 actos de terrorismo y 30 despojos.

También fueron procesados por otros delitos como lesiones personales en persona protegida, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, represalias, obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias, destrucción y apropiación de bienes protegidos, contribuciones arbitrarias y concierto para delinquir agravado.

A Mancuso Gómez la Fiscalía también le imputó cargos por los delitos de conservación y financiación de plantaciones, tráfico o fabricación o porte de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, existencia construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje.

Entre los homicidios que fueron endilgados se encuentran los de los fiscales especializados de Cúcuta María del Rosario Silva Ríos y Carlos Arturo Pinto. También están los crímenes del defensor del Pueblo de Cúcuta, Iván Villamizar Luciani, de Sor María Ropero Albernia, madre comunitaria y sindicalista de Sindimaco.

Entre las masacres imputadas están una delcorregimiento La Curva en el municipio de Bucarasica Norte de Santander, y  las masacres perpetradas entres el 13 de marzo y el 5 de mayo de 2002 en los barrios Carlos Ramírez Paris, Cecilia Castro, Antonio Santos y La Atalaya de Cúcuta, capital de Norte de Santander.

Los postulados también fueron procesados por la masacre de tres mujeres el 24 de noviembre de 2001 en el barrio El Páramo en Salazar de las Palmas, y las masacres cometidas el 30 de noviembre de 2001 en el municipio del Zulia, el 31 de julio de 1999 en la vereda los Cuervos y Puerto Barrancas del corregimiento la Gabarra, y la perpetrada el 21 de agosto de 1999 en la vereda Petrolera, corregimiento Campo Dos, municipio de Tibú.

Durante la diligencia de imputación de cargos fueron incluidos los hechos que los paramilitares cometieron en las incursiones al municipio de Sardinata el 7 de julio de 2000, al corregimiento de Campo Alicia en el municipio de Zulia, así como la masacre de San Roque en el municipio de Sardinata  el 5 de agosto de ese año.

Por último, la Fiscalía relacionó la incursión efectuada a la vereda Puerto Palmas del municipio de Tibú el 19 de junio de 2001, y la masacre de los hermanos Rodríguez López cometida el primero de diciembre de 2001, en el kilómetro 14 vía La Gabarra.

Con información de Fiscalía.

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Durante la diligencia, que inició este lunes, a Mancuso le fueron imputados delitos por desplazamiento forzado, hurto, actos de terrorismo, homicidios en persona protegida y homicidio agravado.

Algunas de las víctimas por las que fue procesado el extraditado jefe paramilitar son Tirso Vélez, candidato a la Gobernación de Norte de Santander, e Iván Villamizar Luciani, ex defensor del Pueblo en Norte de Santander.

El caso de Tirso Vélez
En 1992, encabezando una coalición de izquierda, Tirso Vélez fue elegido alcalde de Tibú por la Unión Patriótica (UP). Propuso soluciones para buscar la paz en su región y le solicitó al gobierno y a la guerrilla cesar las hostilidades e iniciar un diálogo.

Después de su alcaldía en Tibú Vélez se alejó de la UP y formó un movimiento de izquierda, independiente y pacifista. Así fue diputado de Norte de Santander, miembro de la Comisión Nacional de Paz y uno de los fundadores de la ONG Redepaz.

En 2003 se presentó a las elecciones para la gobernación de Norte de Santander con el Polo Democrático. Poco antes de su asesinato lideraba las encuestas con 24 por ciento de preferencias.

El 4 de junio de 2003 dos hombres abordaron a Tirso Vélez, su esposa y un amigo en pleno centro de Cúcuta. Un sicario disparó varias ráfagas sobre el grupo. Asesinó a Vélez con seis balazos e hirió a su mujer y a su acompañante.

“Tirso se desplomó ya muerto sobre mí y me mandó al suelo. El asesino se dio vuelta, me buscó y me apuntó a la cabeza. Yo me encogí y lo miré con todo el rencor que nunca había sentido. Me dio cinco tiros, pero no fui consciente de que estaba herida. Recogí el portafolio de Tirso, los celulares y pedí ayuda. Llegué por mis propios medios a la Clínica San José. Estuve 16 días en la clínica, no pude ir ni al velorio ni a las exequias de Tirso”, recordó en la revista Cambio Isabel Obregón, la viuda de Tirso Vélez.

Por el crimen de Tirso Vélez la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra Jhonatan Sepúlveda, ex paramilitar, como coautor material, contra Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, ex comandante del Bloque Catatumbo de las AUC y contra Armando Alberto Pérez Betancourt.

Un juez de Cúcuta condenó a José García Mazo, alias ‘Bizco’, a 22 años de prisión por el asesinato de Vélez. Sin embargo ‘El Iguano’, Sepúlveda y García se acogieron al proceso de Justicia y Paz.

En sus versiones libres Jorge Iván Laverde Zapata alias ‘El Iguano’, ex jefe del Bloque Catatumbo de las AUC, confesó ser el autor intelectual del crimen. Como autores materiales ‘El Iguano’ inculpó a José García Mazo, alias ‘Bizco’, que está preso, a Carlos Andrés Palencia, alias ‘Visaje’ y a Enrique Rojas, alias ‘Gato’, que según dijo fue asesinado.

“La orden fue de Salvatore Mancuso, tras conocerse por información de que Vélez hacía parte de la estructura del frente 33 de las Farc”, aseguró ‘El Iguano’. “Fue un favor político” agregó.

Mancuso, en versión libre de enero de 2007 aceptó haber dado la orden de asesinar al ex alcalde de Tibú, por ser presunto auxiliador de la guerrilla.

El caso de Iván Villamizar Luciani
Este abogado y ex defensor del pueblo en Norte de Santander, fue asesinado el 12 de febrero de 2001 por un grupo de paramilitares y presuntamente contó con particiáción de miembros de la Policía.

Según investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, los asesinos fueron trasladados del barrio Sevilla, lugar donde buscaron refugio luego del asesinato, en la patrulla de la policía 20057 de la Estación Atalaya de Cúcuta.

El pasado 9 de abril, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de 34 años de cárcel proferida por el Tribunal Superior de Cúcuta en abril de 2009 en contra ‘El Iguano’, por el asesinato de Villamizar.
 
Por estos mismos hechos, la Corte decidió anular el proceso contra el ex patrullero de la Policía Nacional, Jhonny Mauricio Muñoz, presunto coautor en el homicidio de Villamizar, por violaciones cometidas al derecho a la defensa efectiva del acusado.

Villamizar denunció en septiembre de 1999 la violación de derechos humanos en la región del Catatumbo, entre las que se contaba la masacre de 23 personas ocurrida en el corregimiento de la Gabarra,municipio de Tibu, a manos de grupos paramilitares de la región.

Después de denunciar estos hechos, el defensor fue víctima de amenazas y hostigamientos.

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