Veloza fue extraditado a Estados Unidos y está detenido en  Metropolitan Correctional Center de Nueva York. Además de este paramilitar, la Fiscalía imputará cargos a 12 más, entre ellos a Elkin Casarrubia, alias ‘El Cura’; Juan Mauricio Aristizábal,  alias ‘El Fino’, jefe financiero del bloque Calima, y Jesús Pérez Jiménez, alias Sancocho, entre otros.

A estos paramilitares la unidad de Justicia y Paz le imputará cargos por 386 hechos que dejaron 11 mil víctimas. Estos son algunos de los crímenes de connotación que serán atribuidos a estos paramilitares.

Desplazamiento Saiza
El 14 de julio de 1999, un comando paramilitar integrado por 60 hombres ingresó al corregimiento Saiza de Tierralta, Córdoba. A punta de culetazos sacaron a varios pobladores de sus casas y los acribillaron delante de todo el pueblo. Luego, procedieron a destruir varias de las humildes viviendas que conformaban el corregimiento. Al final, la incursión paramilitar dejó como saldo trágico 14 personas asesinadas, 15 viviendas incineradas y la orden de abandonar la región para unas 1.049 personas, quienes debieron refugiarse como bien pudieron en Carepa, Chigorodó, Apartadó y Montería.

“Nos dieron la orden de que en tres días todo tenía que estar vacío. De las 42 veredas donde habitábamos unas 1.049 familias, todas quedaron vacías”, le narró a fiscales de Justicia y Paz uno de los sobrevivientes de la masacre. Saiza perdería la categoría de corregimiento un año después, pues al momento de elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Tierralta, toda la región se encontraba inhabitada.

Hoy, 14 años después del hecho, los testimonios aportados por el jefe paramilitar Ever Veloza García, alias ‘H.H’, quien fuera comandante del bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), han permitido conocer muchos más detalles que rodearon este crimen y que habían permanecido ocultos hasta ahora. En versiones rendidas en mayo del presente año, alias ‘H.H’ reveló que la incursión a Saiza fue planeada por Vicente Castaño y Carlos Mario García, alias ‘Rodrigo Doble Cero’, y que Carlos Castaño mostró siempre su desacuerdo en esta acción.

De acuerdo con ‘H.H’, el ataque de un bloque de las Farc a un campamento paramilitar ubicado en zona rural de Tolová, Córdoba, en diciembre de 1998, habría sido el pretexto para incursionar en Saiza. “La operación fue planeada por (alias) Jimmy, un exmilitar que era instructor en (finca) La 35. Pero Jimmy se excedió”, relató alias ‘H.H’, quien señaló además que Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’ jugaría un papel preponderante en este desplazamiento.

“Cómo Hasbún sabía que se iba a realizar ese operativo, entonces lo que hizo fue acondicionar unas tierras que él quería recuperar, que decía que se las había quitado el EPL, entonces, lo que hizo fue contactar a los desplazados y se los llevó para esas tierras. Les dio a sembrar maíz y les dijo que le tenían que pagar tanta cantidad por cada kilo que sacaran. Los campesinos terminaron prácticamente explotados por él”.

La masacre y el posterior desplazamiento forzado cometido en Saiza es uno de los 336 hechos priorizados por la Fiscalía General de la Nación y que le serán imputados ante un Tribunal de Justicia y Paz de Medellín a este jefe paramilitar, actualmente recluido en una cárcel de los Estados Unidos, donde enfrenta un juicio por narcotráfico.

Desplazamientos en Turbo
La Fiscalía de Justicia y Paz le imputará a Ever Veloza, alias ‘H.H’, unos  140 casos de desplazamiento forzado, que comprometen a  10.681 víctimas. Aunque a la fecha no es posible determinar cuántos corresponden  al bloque Bananero y cuántos al Calima, pues comandó los dos, lo que sí se sabe es que varios de estos éxodos forzados se cometieron en el municipio de Turbo, Urabá antioqueño.

Uno de esos desplazamientos se dio en las veredas Pueblo Galleta, El Limón, Paquemás y La Arenosa de Turbo, luego que hombres al mando de Jesús Albeiro Guisao, alias ‘El Tigre’, ingresaran en septiembre de 1995 a esta región con la intención de cortarle corredores estratégicos a la guerrilla. Para ello, los hombres al servicio de ‘El Tigre’ no vacilaron en emplear todos los métodos de terror posibles, como decapitar y desmembrar a sus víctimas, con el fin de generar pánico en la población.

Se estima que entre 1995 y 1997 salieron desplazadas del municipio de Turbo más de 5.000 personas. El éxodo forzado generado por las masacres facilitó el despojo de cientos de miles de hectáreas en este municipio del Urabá antioqueño. Según la Unidad de Restitución de Tierras, en el Urabá antioqueño figuran un total de 3.529 predios abandonados, que representan unas 127.527 hectáreas.

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El Bloque Bananero de las Auc estuvo a cargo de alias ‘HH’. Foto SemanaBajo la lógica criminal de que guerrilleros, marihuaneros y miembros de pandillas debían ser asesinados, así fueran menores de edad, Cristiniano Palacios Rojas, alias ‘Cocuyo’, ordenó a los hombres del grupo Los Urbanos del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) realizar este tipo de acciones en el Urabá antiqoueño.

Así lo reveló la Fiscalía 17 de la Unidad de Justicia y Paz en Medellín durante una audiencia de imputación de cargos adelantada contra Oscar Darío Ricardo Robledo alias ‘Niche’ y Reinaldo Antonio Salgado Aviles alias ‘Purrulú’, a quienes los responsabilizaron de los delitos de homicidio agravado, secuestro simple, tortura, desaparición y desplazamiento forzados. De los 14 crímenes confesados por los exparamilitares, cuatro fueron contra menores de edad.

Uno de los casos fue el de un joven quien fue asesinado por ser un supuesto colaborador de la guerrilla y consumir drogas. Como casi todos los asesinatos cometidos por este grupo, a este menor de edad lo sacaron de su casa tarde en la noche, lo llevaron a las afueras de Chigorodó y allí le dispararon, pese a que las órdenes de alias ‘Cocuyo’ habían sido utilizar un cuchillo o una navaja para que las autoridades creyeran que se trataba de la delincuencia común.

En otro caso relatado por la Fiscalía se estableció que a un menor de edad lo mataron por pertenecer supuestamente a una pandilla de la localidad y siguiendo rumores que afirmaban que era un violador, explicación que les sirvió a los paramilitares para justificar el crimen ante la población. Sin embargo, los familiares, que estuvieron presentes en la audiencia, rechazaron estas razones y explicaron que “ellos no son nadie para decidir quién debe morir”; además, aseguaron que el joven lo único que hacía era “jugar fútbol y no andaba con cuentos raros”.

Otro de los crímenes fue la muerte, en diciembre de 1999, de Aura Rosa David Oquendo, quien intentó denunciar el asesinato de su hijo luego de que un grupo de paramilitares, en el que se encontraban alias ‘Niche’ y alias ‘Purrulú’, le dispararan frente a su hermano menor y sus amigos cuando volvían de dar una vuelta en bicicleta. Al enterarse de las intenciones de Aura Rosa, alias ‘Cocuyo’ la mandó a matar. Para que no quedaran rastros de su muerte la tiraron al río. Su cuerpo sigue desaparecido.

Asimismo, este grupo controlaba las muertes que ocurrían en el municipio. Aquellos asesinatos que no habían sido realizados por ellos eran investigados por los hombres de confianza de alias ‘Cocuyo’ y si se encontraban los culpables, los mataban. Esta fue la razón por la que asesinaron a un menor de 17 años, a quien después de interrogarlo a los golpes con el fin de sacarle información, lo dejaron en una vía pública lejos de donde vivía.

El hecho de no asesinar a sus víctimas en el mismo lugar donde los encontraban tenía que ver, según lo afirmó la Fiscalía 17, con la orden dada por las Fuerzas Militares a los paramilitares del Bloque Bananero de las Auc de no dejar los cuerpos en lugares aledaños para que no se viera afectado el índice de criminalidad de la zona.

Por otro lado los paramilitares también se encargaron de eliminar a aquellos que consideraban eran corruptos. En un comunicado enviado tras el asesinato de Víctor Zenon González Murillo, concejal de Chigorodó, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) afirmaron que éste había utilizado el presupuesto del municipio para comprarse grandes fincas, carros y otros lujos. En este documento hacían un llamado a la población para que se convirtiera en “veedora de las acciones de los políticos con el fin de erradicar la corrupción”.

Los conductores de camiones también fueron víctimas de los controles del grupo Los Urbanos. Jaime Hernando Arboleda Jaramillo compraba víveres en la Central Mayorista de Medellín y luego los vendía en Urabá. Su último viaje fue en 1999. Luego de que la guerrilla le quitara casi toda la carga en un retén en Dabeiba, los ex paramilitares Oscar Darío Ricardo Robledo alias ‘Niche’ y Reinaldo Antonio Salgado Aviles alias ‘Purrulú’, fueron por él a un hotel de Chigorodó y se lo entregaron a alias ‘Cocuyo’. El jefe del grupo lo interrogó y lo torturó pues según sus informantes él traía comida para la guerrilla del Eln y, además, vendía arroz a más bajo precio, lo que estaba prohibido por las Accu. Luego se lo llevaron para Champitas, una vereda retirada del centro de Chigorodó, donde lo mataron.

Los desmovilizados aceptaron todos los cargos formulados por la Fiscalía 17 de la Unidad de Derechos Humanos y, de paso, pidieron perdón a las víctimas presentes en la sala. Para los familiares, lo importante de estas audiencias es que se sepa la verdad y que nada quede impune. “Uno tiene la tranquilidad de que por lo menos se dijeron las cosas, pero a ellos les da lo mismo matar a 1 que a 66 porque tienen todos los beneficios”, concluyó uno de las asistentes.

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Los paramilitares del Bloque Bananero delinquieron en Turbo, Apartadó, Chigorodó y Mutatá, entre 1995 y 2004. / Foto archivo Semana – El ‘Para-Estado’ del Urabá – La sombrilla legal de los paramilitares en Urabá – Los reclamantes de tierras y la muerte en Urabá – Bandas criminales impiden reparar a víctimas del Urabá – “El Gobierno quiso callarme”: Alias ‘H.H’

El Bloque Bananero que delinquió en los municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó y Mutatá, en el Urabá antioqueño, y que dejó cientos de víctimas en esta zona del país, tuvo sus orígenes en las autodefensas que creó Fidel Castaño en el Urabá cordobés a finales de la década de 1980.

Lo que empezó como un grupo reducido de hombres armados de forma artesanal, se convirtió en una máquina de guerra financiada por los empresarios bananeros y ganaderos, según lo han confesado los exjefes paramilitares que delinquieron en la región.

Durante la reanudación de la audiencia de control de legalidad que se realiza contra Hébert Veloza alias ‘H.H.’, exjefe paramilitar de este Bloque y extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008, la Fiscalía 17 de Justicia y Paz documentó y narró los orígenes de este grupo paramilitar, que se desmovilizó el 25 de noviembre de 2004 con 454 hombres en Turbo, Antioquia.

‘Los tangueros’ o ‘Mochacabezas’
Tras el asesinato de su padre Jesús Antonio Castaño por parte del IV Frente de las Farc, Fidel Castaño armó a finales de la década de 1980 un grupo de autodefensa de 50 hombres, que financió con su dinero y con el de ganaderos de Valencia y Tierralta, en el Urabá cordobés, donde tenía tierras y fincas, entre ellas, Las Tangas.

En una versión libre que rindió el 11 de septiembre de 2007, Jesús Ignacio Roldán alias ‘Monoleche’ contó que ingresó a este grupo pensando que trabajaría en prestar seguridad a las fincas ganaderas de la zona. “Cuando llegamos, ‘Aníbal’, un sargento retirado del Ejército, nos dijo que hacíamos parte de las autodefensas campesinas. Muchos pedimos la palabra y le contamos que no veníamos a eso. ‘Aníbal’ nos dijo que escucháramos el discurso y que luego decidíamos si nos quedábamos o no. El que se decidiera se quedaba”, contó alias ‘Monoleche’.

Según lo documentó la Fiscalía, de este primer grupo hicieron parte alias ‘Salvador’, ‘Aníbal’, ‘Trato’, ‘Estopín, ‘Rastrillo’, ‘Toronja’, ‘Bracho’, ‘Pitufo’, Carlos Mauricio García alias ‘Doble Cero’, Jesús Emiro Pereira alias ‘Huevoepisca’, Lorenzo Córdoba alias ‘Barbas’, Jhon Henao alias ‘H2’, ‘Monoleche’, como escolta de alias ‘H2’, y Manuel Arturo Salón alias ‘JL’, como instructor.

El grupo tenía como base la finca Las Tangas, desde donde salían a delinquir por las zonas rurales de Córdoba con el pretexto de combatir al Epl y a las Farc. El exparamilitar Elkin Casarrubia alias ‘El Cura’, que antes de ser paramilitar fue guerrillero del Epl, contó que el grupo de Fidel Castaño era conocido en la región como Los Tangueros (por el nombre de la finca) o Autodefensas del Mono López, en relación con el exgobernador Jesús María López, investigado por ‘parapolítica’.

“Yo combatí a esas autodefensas entre 1989 y 1990. Pensamos que los finqueros se habían revelado a la guerrilla. No eran muchos pero tenían presencia en Valencia, Tierralta, Arboletes y San Pedro de Urabá”, dijo alias ‘El Cura’.

Aunque en 1991 el Epl se desmovilizó y como parte de esa negociación Fidel Castaño prometió acabar con su grupo de autodefensa, la Fiscalía documentó que eso no sucedió. “En 1992 Fidel Castaño sostuvo una guerra con Pablo Escobar. Tras la muerte de Escobar en diciembre de 1993, Castaño, que se escondía en San Pedro de Urabá, regresó con la idea de expandir las autodefensas junto alias ‘Doble Cero’, que venía de prestar seguridad a una comercializadora de banano en Apartó. Alias ‘JL’ fue encargado como instructor militar”, explicó La Fiscalía.

“No digan que Fidel murió”
Esa fue la orden que impartió Carlos Castaño el 6 de enero de 1994, después de que sus subalternos le informaron en un potrero cercano a la finca Las Tangas que su hermano, conocido con el alias de ‘Rambo’, había muerto en un combate con las Farc.

Alias ‘Barbas’, quien quedó en libertad por orden de un juez ysigue delinquiendo en el Urabá, alcanzó a contarle a Justicia y Paz que fue testigo de la muerte de alias ‘Rambo’. “Entre San Pedro de Urabá y Santa Catalina nos salió la guerrilla. Vimos que estaban en un cerro y nos fueron cercando. El único que murió ese día fue Fidel”, dijo el paramilitar.

En versiones libres, alias ‘Barbas’ y ‘Monoleche’ contaron que, contrario a lo que pensaban ‘Los Tangueros’, el grupo no se acabó porque Vicente y Carlos Castaño prometieron que exterminarían la guerrilla de la región, como una forma de venganza por la muerte de su padre y hermano.

Según los paramilitares, los hermanos Castaño instalaron para ello una base de entrenamiento en la finca El Tomate, donde alias ‘Doble Cero’ fue designado instructor militar. Alias ‘Monoleche’ calculó que en tres años de allí salieron entrenados 7.000 paramilitares, que luego se llamaron Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu.

La Fiscalía documentó que para finales de 1994 y comienzos de 1995, los Castaño ordenaron la incursión en el norte del Urabá antioqueño a cargo de alias ‘Doble Cero’.

El comando de Los Escorpiones
En el Urabá antioqueño las víctimas conocieron a los paramilitares como los ‘parascos’. Y los primeros que llegaron al norte de Turbo así como a Apartadó, Carepa y Chigorodó, municipios llamados del Eje Bananero, fueron un grupo a cargo de alias ‘Doble Cero’.

“Según un relato del hermano de ‘Doble Cero’, en esta zona realizaron un operativo llamado ‘Pulga: pica y salta’, para combatir a la guerrilla. En 1995 ya tenía control sobre la región”, dijo la Fiscalía.

Alias ‘Barbas’ dijo que en ese afán por expandirse, abusaron contra la población civil y asesinaron a víctimas inocentes por vivir en zonas señaladas como de influencia guerrilla. El exjefeparamilitar Hébert Veloza alias ‘H.H.’, que fue conocido en el Urabá antioqueño como  ‘Carepollo’ o el ‘Mono Veloza’, contó en versión libre cómo se unió a los paramilitares de alias ‘Doble Cero’.

“Las Farc me quitó el camión con el que yo transportaba plátano en el Urabá. Era la única forma de subsistencia de mi familia. Ante la falta de oportunidades, supe que los Castaño estaban buscando gente. En un casa del barrio El Poblado (en Medellín), Carlos y Vicente me dijeron que me daban trabajo. Yo hice parte del ‘Grupo de los 20’ que fue enviado al Urabá”, contó alias ‘H.H.’.

Según la Fiscalía, entre el ‘Grupo de los 20’ estuvo alias ‘Gabriel’, ‘Estopín’, ‘Barbas’, ‘Wilson’, ‘Tribilín’, ‘Úber’, ‘Tigre’, ‘Escudero’, ‘Caimán’, ‘Carroloco’, ‘El Gato’, ‘Olafo’, ‘Montador’, ‘San Pedro’, ‘Pacheco’, ‘Negro Fino’, ‘Caturro’ y su hermano ‘Barney’. “A finales de febrero, principios de marzo de 1995, fuimos enviados en un camión desde la Finca La 35 (Córdoba) hacia la vereda El Limón, en el municipio de Turbo.  Allá recibimos material de intendencia y salimos hacia la vereda El Dos, donde quemamos unas viviendas en retaliación a que no encontramos a alias ‘Mocho’ y ‘Tachuela’, dos guerrilleros que estábamos buscando”, contó alias ‘H.H.’.

El exjefe paramilitar contó que el ‘Grupo de los 20’ se dividió en dos: uno de paramilitares rurales que instaló una base en la vereda Monteverde, y otro de paramilitares urbanos, integrados por siete de ellos, que se llamó el comando de Los Escorpiones para hacer ‘inteligencia’ en los pueblos.

El Informe 050 del 27 de diciembre de 1996, elaborado por un grupo de investigadores del CTI de Medellín y desempolvado por la Fiscalía 17 de Justicia y Paz, advertía desde entonces que los paramilitares se habían tomado el norte del Urabá antioqueño a cargo de alias ‘H.H.’, y que lo hacían en lugares públicos, en las narices de las autoridades y en vehículos hurtados como un Suzuki blanco que los paramilitares bautizaron “Camino al cielo” y que los pobladores conocían como “los carros de la muerte”. El informe presentó una radiografía de la zona, y de los 54 asesinatos que hacían parte de 35 investigaciones que habían quedado archivadas.

“Entre 1995 y mediados de 1996 nosotros cometimos muchas masacres. Los siete nos movilizábamos en tres carros, haciendo recorridos por el Eje Bananero”, confesó alias ‘H.H.’. La Fiscalía  documentó que La Curva del Diablo, el sector de Codelsa y La Caleta fueron los sitios donde Los Escorpiones arrojaron los cuerpos de las víctimas.

Los Escorpiones fueron el inicio del Bloque Bananero, el grupo paramilitar de alias ‘H.H.’. Durante las siguientes audiencias de legalidad de cargos contra exjefe paramilitar y que se realizarán hasta el jueves 19 de mayo de 2011, la Fiscalía contará cómo delinquió este Bloque a lo largo del norte del Urabá antioqueño.

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Fredy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’ fue el encargado por la Casa Castaño para desarrollar el proyecto político paramilitar en el Urabá. Foto archivo Semana –El ‘Para-Estado’ del Urabá –Los reclamantes de tierras y la muerte en Urabá –Bandas criminales impiden reparar a víctimas del Urabá –“El Gobierno quiso callarme”: Alias ‘H.H’

Cuando Vicente Castaño ordenó en 1997 la incursión de los paramilitares en la política, lo primero que hicieron fue crear movimientos o asociaciones que sirvieran de fachada para elegir a sus ‘fichas’ en alcaldías y concejos para luego infiltrarse en el Congreso.

Una de ellas fue la Asociación Comunitaria del Urabá y Córdoba (Asocomún), una organización que en el papel y a la vista de la comunidad ayudaba a los campesinos de la región con proyectos, pero que en realidad fue el medio utilizado por los paramilitares para elegir a sus políticos.

Así lo contó la Fiscalía 17 durante la más reciente de audiencia de control de legalidad contra Hébert Veloza alias ‘H.H.’, exjefe paramilitar del Bloque Bananeros que delinquió en los municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó y Mutatá en el Urabá antioqueño. “Tenemos elementos documentales que indican que gran parte de la financiación de las campañas se hacía por medio de esta asociación”, dijo la Fiscalía.

Según la Fiscalía, Asocomún administró un programa de erradicación de cultivos y administró dineros del programa Familias Guardabosques, iniciativas del Gobierno Nacional para pacificar el campo. Sin embargo, dijo un investigador de Justicia y Paz, los paramilitares les cobraban una cuota a los campesinos del dinero que recibían por trabajar en el proyecto de erradicación, para financiar las campañas de los candidatos de los paramilitares.

La persona encargada, según la fiscalía, de vigilar Asocomún fue Jairo Rendón Herrera alias ‘Germán Monsalve’, hermano de Fredy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’, el exjefe paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas, encargado a su vez por la Casa Castaño de implementar el proyecto político paramilitar en el Urabá.

“Asocomún no fue una asociación de campesinos, sino el componente político del Bloque Élmer Cárdenas por medio de la cual se le cobró un porcentaje a los campesinos para fomentar el proyecto de ‘El Alemán’”, dijo alias H.H. a un magistrado de Justicia y Paz.

Votos a cambio de ‘micos’
Además de la financiación, la Fiscalía tiene indicios de que los políticos apoyados por los paramilitares les devolvieron el favor con proyectos en el Congreso. Es decir, promoviendo leyes que atendieran sus intereses. Según el organismo investigador, para el período 2002-2006 los exsenadores Humberto de Jesús Builes y Rubén Darío Quintero presentaron 26 proyectos de Ley.  
      
Según la Fiscalía, Quintero, condenado a siete años y seis meses de prisión por vínculos con los paramilitares,  presentó el Proyecto de Ley 68 de 2006 “Por medio del cual se le asignan funciones a los notarios”, que luego se convirtió en la Ley 1183 del 14 de octubre de 2008, que está vigente. La Ley reglamenta la titulación de tierras por medio de notarios de una forma que, para la Fiscalía, puede ser un indicio de la forma como se legalizó el despojo de tierras en el Urabá.

“Es curioso que en el artículo 5, la Ley solo establece tres puntos para legalizar tierras: la identificación del solicitante y su cónyuge, la identificación del inmueble y la declaración jurada del solicitante, diciendo que no hay procesos pendientes sobre la propiedad. Creemos que con resoluciones del Incoder, muchos se hicieron a tierras diciendo que eran baldías pero que en realidad eran de propiedad de campesinos que no tenían los títulos de éstas”, advirtió un investigador de Justicia y Paz.

Enel reporte de víctimas, la Fiscalía 17 de Justicia y Paz tiene registrados en los municipios del Eje Bananero por lo menos 2.350 casos de despojo, con mayor intensidad en las tierras ubicadas alrededor del Golfo de Urabá.

Otro de los ejemplos citados por la Fiscalía fue el Proyecto de Ley 099 de 2004 presentado por el exsenador Humberto de Jesús Builes, condenado a 90 meses de prisión por nexos con los paramilitares. Aunque el proyecto terminó archivado, la iniciativa “por el cual se autoriza la prestación del servicio de transporte público terrestre en la modalidad de mototaxi y se dictan otras disposiciones”, otro indicio de los intereses de los paramilitares en este servicio de transporte que es ilegal en varias ciudades del país.

“El tema de los mototaxistas en el Urabá fue uno de los compromisos del Bloque Élmer Cárdenas. Alias ‘El Alemán’ decía que los desmovilizados debían trabajar en el mototaxismo. El norte del Urabá y Necoclí son dos zonas inundadas por este tipo de transporte”, dijo el investigador.

Aunque la Fiscalía aclaró que todavía no tiene certeza de que todos los proyectos presentados por los ‘parapolíticos’ atendieron las solicitudes de los paramilitares, un grupo de analistas estudia los 26 proyectos presentados por los exsenadores así como un paquete de 52 proyectos presentado por los llamados ‘Cuatrillizos’, Manuel Darío Ávila, Jesús Doval, Estanislao Ortiz y César Andrade, los expresentantes apoyados por ‘El Alemán’ que se rotaron la curul en la Cámara entre 2002 y 2006, y que  fueron capturados en septiembre de 2010.

Aunque la Fiscalía dijo que ‘H.H.’ ha colaborado con Justicia y Paz, cree que pudo haber un pacto entre algunos exjefes paramilitares para guardar silencio sobre el tema de tierras. La Fiscalía se refirió a El Alemán’, que solo habló del tema cuando ‘H.H.’ empezó a contar cómo los paramilitares desplazaron a campesinos y se quedaron con las mejores tierras. También mencionó a alias ‘René’, exjefe paramilitar del Bloque Suroeste de Antioquia, y a alias ‘Memín’, exjefe paramilitar del Bloque Noroccidental de Antioquia, que no quisieron participar de Justicia y Paz, y que eran clave para conocer la sistematicidad  del despojo.

“Vemos con preocupación que quienes fueron ‘Promotores de Desarrollo Social’ (los comisarios políticos formados por los paramilitares para promover la candidatura de sus fichas) se están retractando en los juicios que lleva la Corte por ‘parapolítica’”, señaló la Fiscalía.

La audiencia de control de  legalidad contra alias ‘H.H.’, una etapa del proceso judicial antes de dictar sentencia, se extenderá hasta el 7 de abril de 2011.

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En una nueva audiencia ante el Tribunal de Justicia y Paz en Bogotá, Éver Veloza, alias ‘HH’, desmovilizado del Bloque Bananero, señaló que fueron varios los bloques que se colaron en el proceso de Justicia y Paz y que no eran de paramilitares.

También dijo que varios jefes ‘paras’ entregaron las armas como simples patrulleros para no tener que responder porsus crímenes ante los tribunales.

‘HH’, encarcelado en Estados Unidos desde 2009, añadió que el excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo y el ex ministro del Interior Sabas Pretelt se comprometieron en cambiar  un “articulito” para impedir la extradición de los jefes paramilitares que estaban negociando con el gobierno.

Según ‘HH’, el Bloque Pacífico era un grupo pequeño, de no más de 20 personas, que se encargaba de cuidar, prestar seguridad y cobrar por embarques de cocaína de Luis Hernando Gómez, alias ‘Rasguño’. En el Bloque Pacífico, 144 hombres entregaron 117 armas largas, 16 cortas y 53 granadas.

Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordolindo’, fue uno de los que se desmovilizó con este grupo. El expara, que está preso en un cárcel en Nueva York, dijo que ‘Gordolindo’ le pagó 5.000 millones de pesos a Rodrigo Zapata Sierra, alias ‘Ricardo’ para que lo incluyeran en las filas de las autodefensas.

‘HH’ denunció que Rodrigo Zapata, alias ‘Ricardo’, quien era el jefe del Bloque Pacífico, y se desmovilizó en el Bloque Calima como simple patrullero.

“Me di cuenta (que ‘Gordolindo’ entregó plata) porque ‘Gordolindo’ todavía no le había pagado a Rodrigo Zapata todo. El se quejó con Vicente Castaño”, dijo ‘HH’. “Dije en presencia de Luis Carlos Restrepo que ‘Gordolindo’ no era autodefensa. El no tuvo en cuenta mi aporte y a los pocos días desmovilizó a ‘Gordolindo’”, señaló el exparamilitar.

Según ‘HH’ el gobierno sabía que no eran paramilitares pero “estaba tapando la verdad”. Además dijo que presuntamente Iván Roberto Duque , alias ‘Ernesto Baéz’, el abogado Abelardo De la Espriella y Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, recibían dinero pque el narcotraficante  Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra se desmovilizara con las autodefensas.

Otro grupo que según el exparamilitar no existía y que fue creado para la desmovilización fue el Bloque Héroes de Granada de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’. ‘HH’ dijo que a principios de 2004 empezaron a reclutar gente sólo para dejara las armas unos meses después. “El Bloque Héroes de Granada no existía cuando inicialaron la etapa exploratoria y las negociaciones”, dijo.

El Bloque Héroes de Tolová, que también era de ‘Don Berna’, era según ‘HH’ un grupo pequeño del Bloque Norte, un frente que se convirtió en bloque para la desmovilización.

El Bloque Cacique Nutibara, que hace pocos días Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, calificó de montaje, era según ‘HH’ la Oficina de Envigado y las pandillas de los barrios de Medellín. “No eran autodefensas, pero a veces hacían trabajos para las autodefensas. Para mí el Cacique Nutibara era la Oficina de Envigado”, señaló el desmovilizado al Tribunal.

Uno de los jefes paramilitares que pasaron de agache fue Jacinto Alberto Soto, alias ‘Lucas’, que según ‘HH’ era uno de los hombres de confianza de los Castaño en las finanzas, tanto legales como ilegales. ‘Lucas’ se desmovilizó como patrullero y no fue presentado a Justicia y Paz.

Las promesas incumplidas
‘HH’ también explicó que los representantes del gobierno que estaban negociando en Santa Fe de Ralito tomaron varios compromisos con los ‘paras’ que luego no cumplieron.

Uno de ellos fue el de cambiar un artículo de ley que iba a evitar la extradición de los jefes desmovilizados.

“Había preocupación por los pedidos en extradición, se puso el tema sobre la mesa. La respuesta que nos dio el señor Sabas Pretelt De la Vega y el ex comisionado de paz era que iban a hacer un cambio en un articulito del tratado de extradición. Por eso se volvió atractivo para los narcotraficantes pasarse a las autodefensas para tratar de evadir la extradición”, dijo ‘HH’.

‘HH’ también dijo que miembros del gobierno presuntamente les sugirieron postular un máximo de personas a Justicia y Paz, para que la ley colapsara y que el congreso tuviera que diseñar otra.

No encarcelar los jefes paramilitares fue otra de las promesas del gobierno a los jefes de las Auc, según ‘HH’. “Nos dijeron que nos iban a poner brazaletes, cada uno se iba a quedar en su zona con proyectos productivos”.

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La transmisión desde Estados Unidos se vio Apartadó, Antioquia, y Popayán, Cauca.

El inicio de la audiencia, que fue transmitida en Medellín, Popayán y Apartadó, tuvo un momento de tensión cuando el ex jefe paramilitar expresó su molestia por una supuesta presión ejercida por el director nacional de Fiscalías de la Unidad de Justicia y Paz, Luis González León, quien al parecer lo amenazó a través de una carta con excluirlo de los beneficios que otorga la Ley 975 si no colaboraba con la justicia colombiana; además, se quejó de la falta de garantías, pues las normas carcelarias norteamericanas le han impedido hablar con su abogado defensor.

La situación planteada por Veloza García tomó por sorpresa al magistrado Olimpo Castaño Quintero, quien calificó de “censurable” la supuesta presión ejercida por González León y aclaró que ese no es el mecanismo legal para excluir un postulado a la Ley de Justicia y Paz. Ante esa situación, le propuso a alias ‘HH’ que definiera si quería seguir con la audiencia de formulación de cargos o prefería suspenderla para resolver sus inquietudes.

Tanto el magistrado Castaño Quintero, como la fiscal 17 delegada Nubia Chávez, quien tiene bajo su responsabilidad la investigación de los hechos del Bloque Bananeros, y los representantes de las víctimas de los bloques que tuvo bajo su mando, así como algunos miembros de organizaciones internacionales, tuvieron que esperar varios minutos mientras alias ‘HH’ conversaba con su abogado y definiera si continuaba o no en la audiencia.

Luego de un corto diálogo con el abogado defensor Fernando Villota, alias ‘HH’ le comunicó a los funcionarios judiciales su intención de continuar en Justicia y Paz, pero reclamando las garantías necesarias para continuar. Este ex jefe paramilitar fue extraditado por orden del Gobierno Nacional el 5 de marzo de 2009 a Estados Unidos, para que respondiera ante una corte federal de la ciudad de New York por delitos asociados al tráfico de estupefacientes.

Antes de iniciar la formulación de cargos, la fiscal Chávez manifestó que en ningún momento González León ha tenido comunicación alguna, menos por escrito, con el abogado de alias ‘HH’ en Estados Unidos. “Si hay alguna carta, sería bueno que la hiciera pública porque de cara a las víctimas no se puede afectar la seriedad de una institución como la Fiscalía General de la Nación”, dijo la funcionaria.

También destacó la Fiscal Delegada 17 que las demoras del arribo del abogado Villota a ese país para asistir a su cliente en la diligencia de formulación de cargos tuvieron que ver con factores ajenos a la Fiscalía, entre ellos el trámite tardío por parte del jurista de su visa para ingresar a ese país.

Superada la discusión y previa aceptación de alias ‘HH’ de continuar con la diligencia, el magistrado Castaño Quintero le solicitó a la fiscal Chávez que iniciara la formulación de cargos contra Veloza García.

A esta instancia, la Fiscalía 17 Delegada ante Justicia y Paz anunció la formulación de  un total de 88 cargos delictivos, que incluyen 76 homicidios, entre ellos de varios sindicalistas y miembros de la UniónPatriótica; 34 casos de reclutamiento de menores; tres masacres; y 3.500 desplazamientos forzados perpetrados durante su permanencia en las filas paramilitares como comandante de los bloques Bananero, que operó en la zona norte del Urabá antioqueño, y del Calima, que tuvo su accionar criminal en los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca.

No obstante, la funcionaria judicial aclaró que esta formulación de cargos era parcial, por cuanto se tienen registros de por lo menos 6.000 víctimas que alegan que fueron afectadas por los grupos armados que comandó alias ‘HH’ y por los cuales tendrá que responder posteriormente.

Los cargos que comenzó a formularle la Fiscalía se basan en hechos ya confesados por el postulado en versiones realizadas en los años 2007 y 2008, y los mismos se circunscriben a acciones criminales cometidas por alias ‘HH’ directamente o por hombres bajo su mando desde que ingresó a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) hasta cuando se desmovilizó en 2004, haciendo parte de las AUC.

En este primer día de audiencia, la fiscal Chávez le formuló cerca de 30 cargos, siendo el primero de ellos el concierto para delinquir agravado; seguido de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, así como de uniformes e insignias estatales; luego el de desaparición forzada y de ahí en adelante cerca de 27 homicidios, todos ellos ocurridos en el Urabá antioqueño.

Entre los casos relatados se destacó el de la desaparición de Ángel David Quintero y Alcides Torres Arias, dos supuestos miembros de las Farc quienes fueron sacados de uno de los calabozos de la Brigada de XVII, con sede en el municipio de Carepa, Antioquia, el 20 de diciembre de 1995 con la complicidad de miembros de esa guarnición militar y de agentes del Gaula de la Policía Nacional. Los dos hombres fueron llevados al aeropuerto de Turbo y de allí transportados vía aérea a Buenaventura, en el Valle del Cauca, donde fueron asesinados y desaparecidos sus cuerpos.

El hecho, que fue confesado por alias ‘HH’ en versión realizada el  26 de noviembre de 2007. En esa ocasión el postulado admitió la acción y explicó que se ejecutó por orden de Carlos Castaño, jefe en ese entonces de las ACCU, para cumplirle a los miembros del Gaula quienes le habían pedido el favor de llevar a los dos presuntos guerrilleros de las Farc hasta Buenaventura para que respondieran por el secuestro de la esposa del comerciante de maderas Ciliano Valentierra.

En la formulación de cargos, alias ‘HH’ aceptó su responsabilidad en la comisión de por lo menos 31 homicidios, perpetrados todos ellos en diversos municipios del Urabá antioqueño y por diversas razones. En algunos de esos homicidios, y tal como lo confesó el postulado y lo confirmó la Fiscalía, participó directamente el ex jefe paramilitar.

En los próximos días, buena parte de los cargos que se le formularán a alias ‘HH’ tienen relación con la incursión del Bloque Calima al Alto Naya, entre los departamentos del Valle y el Cauca. Uno de los cargos está relacionado con la masacre del Naya, ocurrida entre el 10 y el 12 de abril de 2001. De acuerdo con las versiones dadas por este ex comandante paramilitar, en esas fechas hombres del bloque Calima incursionaron en varios poblados del Alto Naya, accediendo a la zona por el municipio de Timba, departamento del Cauca, dejando a su paso por lo menos 20 muertos, entre campesinos e indígenas, ajusticiados por ser supuestamente auxiliadores de la guerrilla.

A ese cargo se le sumarán los de desplazamiento masivo, pues la incursión de lasAUC en esa región montañosa llevó a que cientos de pobladores abandonaran sus tierras, sus animales y sus elementos de trabajo. Además, también se le formularán cargos por tortura de labriegos en esa región del occidente del país.

A alias ‘HH’ también se le formularán cargos por reclutamiento ilícito de menores, delito que el ex paramilitar aceptó en sus versiones libres de los años 2007 y 2008, y que se pudo constatar a través de certificados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que dan cuenta del asunto. Así, el 24  de noviembre de 2004, día en el que se desmovilizó el Boque Bananero, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz recibió siete menores de edad; y el 18 de diciembre de ese mismo año, cuando hizo dejación de armas el Bloque Calima, se recibieron 27 menores de edad.

Tal como lo indicó la Fiscal 17 Delegada ante la Unidad de Justicia y Paz, estos 88 cargos formulados a alias ‘HH’ son parciales, puesto que como comandante de dos bloques paramilitares, tendrá que responder por cerca de 6.000 crímenes.

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