A la medianoche del 8 de enero de 2001, mientras todos dormían, paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) llegaron hasta el corregimiento de Zipacoa en el municipio de Villanueva, Bolívar, sacaron a los pobladores de sus casas y los llevaron hasta en laplaza del pueblo, allí seleccionaron a cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, a quienes asesinaron acusándolos de ser supuestos colaboradores de la guerrilla.

Al día siguiente, todos los pobladores del corregimiento temían por sus vidas y se desplazaron: algunos se fueron al casco urbano de Villanueva, otros a municipios cercanos y unos pocos salieron del departamento. Durante varios meses, Zipacoa se convirtió en un pueblo fantasma.

Este caso es una muestra de lo que sucedió en varios pueblos bolivarenses, donde se presentaron las más alarmantes cifras de desplazamiento entre 1999 y 2002, en su mayoría ocasionado por facciones del Bloque Norte de las Auc.

Para comprender ese fenómeno, la Fiscalía reunió la información de las 72.510 desplazados víctimas de cuatro bloques paramilitares que estuvieron bajo el mando de Salvatore Mancuso: Norte, Montes de María, Córdoba y Catatumbo, que hizo presencia en Norte de Santander.

Esta estructura armada fue la más grande que dirigió el ex jefe paramilitar y operó en Magdalena, Sucre, La Guajira, Bolívar, Cesar y Atlántico. En 1999, cuando Mancuso se fue a Norte de Santander para crear el Bloque Catatumbo, el mando del Bloque Norte lo asumió Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Los datos muestran que esa facción causó la mayoría de los desplazamientos.

Como en caso de Zipacoa y Las Palmas, en el 79 por ciento de los pueblos el desplazamiento fue colectivo, cifra que corresponde a 2.752 casos. Solo una de cada tres víctimas asegura que pudo retornar a su tierra un tiempo después y, en la mayoría de los casos, siguen viviendo en otros municipios dentro del mismo departamento. La Fiscalía estableció que en el 68 por ciento de los casos, esoscuatro bloques paramilitares usaron las masacres para desplazar a las comunidades.

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Entre los casos connotados por los que tendrá que responder están las masacres de El Salado, Capaca, Las Palmas; crímenes contra sindicalistas como el expresidente de la Unión Sindical Obrera Aury Zarama Rugo; la muerte de la jueza de Sincelejo  Yolanda Paternina, el caso de los homicidios de Los galleteros en Montes de María y el homicidio de los tenderos en Barranquilla.

1. Masacre de Las Palmas
Las Palmas es un corregimiento incrustado en Los Montes de María, a 15 kilómetros de San Jacinto (Bolívar). En 1999 estaba poblado por 500 familias, que habitaban 400 casas y vivían de la comercialización del tabaco, maíz, yuca y ñame.

Su tragedia llegó a finales de la década de 1980, cuando guerrilleros del Epl comenzaron a extorsionarlos y a reclutar jóvenes. Tras su desmovilización en 1991, el Frente 37 de las Farc rondó por la zona y asesinó a Eustaquio Sierra y a Luis Felipe de Ávila. Ellos fueron las primeros víctimas porque, en Las Palmas aseguran sus nativos, “la gente se moría de vieja o de enfermedad.”

Luego, en 1994, los paramilitares, más conocidos como los ‘mochacabezas’, llegaron poniendo un retén entre Las Palmas y Corralito, un sitio obligado para el paso de los campesinos. “Los paramilitares se hicieron pasar por guerrilleros. En ese lugar mataron primero a Segundo Caro y luego a su hermano Álvaro Rafael Caro, cuyo cuerpo nunca se encontró”, recordó un habitante.

Los siguientes años fueron de terror. Los palmeros recordaron que los paramilitares tenían un modus operandi que utilizaba a los niños como carnada. A cualquier hora y mientras los adultos trabajaban en las parcelas, los ‘paras’ entraban a la escuela Juan XXIII, les escribían “sapos” en el tablero y los obligaban a salir a la plaza principal.

“Allí los retenían hasta cuando los adultos se presentaban con cédula en mano, los buscaban en una lista y seleccionaban a sus víctimas. Así mataron a Alberto Castillo. Los tipos tenían a Édgar, al hijo, y cuando Albertico llegó, lo mataron en la plaza en frente de todos”, dijo Luis Gilberto Caro, que le compraba cerdo a quien era uno de los comerciantes del pueblo.

Después asesinaron a Abelardo Caro y a Gregorio Fontalvo Arroyo (papá) y Gregorio Fontalvo (hijo). El pueblo no resistió más el 28 de septiembre de 1999, cuando los paramilitares asesinaron el mismo día a cuatro habitantes y amenazaron a toda la comunidad de una próxima masacre.

El desplazamiento
Ese 27 de febrero los paramilitares llegaron temprano, de nuevo raptaron a los niños de la escuela y los llevaron a la plaza principal. Acusándolos de guerrilleros, frente a niños y mujeres asesinaron a Tomás Bustillo, Rafael Sierra y a Celestino Ávila Herrera. “A Emma Herrera la mataron cuando salió gritando y les dijo que si mataban a Celestino, la mataban a ella”, recordó Miguel Caro.

Los palmeros contaron que ese día los paramilitares celebraron, hicieron algarabía y chocaron entre sí  los dos jeep que le servían al pueblo para sacar la cosecha hasta San Jacinto. Luego los sentenciaron: “El 11 de noviembre vamos a celebrar con todos ustedes. Desde el más chiquito hasta el más grande se muere”, contó Caro.

Después de enterrar los cuerpos, el pueblo decidió dejarlo todo por miedo a que los paramilitares cumplieran con la advertencia. A las 9 de la mañana del día siguiente, empacaron lo que alcanzaron y salieron hacia San Jacinto en busca de refugio. Durante cinco meses se acomodaron como pudieron en el coliseo de ese municipio, “hasta que la situación se hizo insostenible y muchos buscamos ayuda en las ciudades donde teníamos familiares”, dijo un habitante.

En 2005 la comunidad quiso retornar, pero el 5 de febrero dos de sus habitantes fueron asesinados. “Ya nos habíamos organizado para volver. Pero a José Clemente Sierra y a Edilia Herrera, que fueron los primeros que llegaron al pueblo, los mataron. No había garantías para regresar”, dijo Luis Gilberto Caro.

2. Masacre de Capaca, en Zambrano, Bolívar.
Aunque esta masacre se la imputarán a Salvatore Mancuso por ser el jefe del Bloque Héroes de los Montes de María, quien la cometió fue Sergio Manuel Ávila alias ‘120’, ‘El Gordo’ o ‘Caracortada’.
Este paramilitar confesó en una versión libre ante la Fiscalía que sus hombres ingresaron al caserio de Capaca, en Zambrano, en los Montes de María y asesinaron a 19 personas el 16 de agosto de 1999. La presencia paramilitar en este municipio provocó que 7 mil personas se desplazaran de la zona rural

‘Caracortada’ contó en una versión de Justicia y Paz que en esa incursión participaron 12 soldados bajo las órdenes de un suboficial del Ejército conocido como cabo Barreto.

El paramilitar contó que Salvatore Mancuso lo llamó para decirle que lo iba a visitar una persona enviada por él para realizar una incursión. El emisario resultó ser el cabo y la orden era atacar esa población. El grupo además estaba compuesto por 20 hombres de las autodefensas comandados por el mismo Córdoba Ávila.

Los 32 hombres armados, una operación mixta dirigida por un civil al margen de la ley y un suboficial de la Infantería, partió de Zambrano hacia el Carmen de Bolívar y de ahí hacia la vereda. Una señora le preguntó por qué habían asesinado a su padre, José de la Hoz Payares, a quien sacaron de su casa, y ‘El Gordo’ dijo que no sabía porque la información la tenía el cabo.

Barreto fue asesinado pocas semanas después por la guerrilla en una operación en la que fue secuestrado Eduard Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, a quien no identificaron y dejaron en libertad.

3. Masacre del Salado
Esta masacre, ocurrida entre el 16 y el 19 de febrero de 2000, es quizás una de las peores que realizaron los paramilitares en los Montes de María. En este corregimiento de El Carmen de Bolívar fueron asesinadas 62 personas, entre hombres, mujeres y niños.

Según se ha podido documentar, 450 hombres armados de diferentes frentes y bloques del Cesar, Magdalena y Bolívar, participaron en este crimen.

Del Cesar, Jorge 40 mandó a Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’; del Magdalena vino alias 5.7, del frente Sabanas llegó ‘Amaury’ y también el grupo Héroes de los Montes de María comandados por alias ‘Vecino’, ‘Cadena’ y ‘Juancho Dique’ llegaron para conformar los tres grupos básicos, pero después se subdividieron.

El 16 de febrero se registrarondos comunicaciones advirtiendo de la incursión de los paramilitares, pero nadie creyó que sería posible. El 17 de febrero el teniente coronel se dirigió al coronel Rodrigo Quiñones, informándole de la incursión armada de  los paramilitares a los corregimientos de Flor del Monte, Canutal, Canutalito, El Cielo y La Piña, entre los municipios de Ovejas (Sucre) y San Pedro (Bolívar).

El 18 de febrero hubo en Sincelejo un Consejo de Seguridad en el que participaron el gobernador, las fuerzas militares y los organismos de seguridad, pero en el mismo sólo se desarrolló una conversación según la cual en la zona rural de los Montes de María se estaba presentando una grave situación de orden público por enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares. El comandante de la incursión fue alias Amaury, y el centro de reunión para preparar la incursión fue una finca en El Guamo de donde partieron unos en camión y otros a pie.

Antes de ingresar a El Salado dejaron en el camino más de 24 muertos y en el Parque Principal del corregimiento asesinaron a 38 personas antes hombres, mujeres, niños y ancianos, para un total de 62 homicidios; hubo dos casos de violencia sexual, torturaron a toda la población, desaparecieron a cuatro personas, tomaron como rehenes a toda la población de El Salado y provocaron el desplazamiento de más de 900 personas.

Los señalados
Por esta masacre, confesada por Uber Bánquez, alias ‘Juancho Dique’ y Eduard Cobo Tellez alias ‘Diego Vecino’ fueron condenados por los delitos de homicidio, tortura, toma de rehenes, apropiación y destrucción de bienes protegidos, desplazamiento forzado y acceso carnal violento.
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4. El asesinato de Aury Sará Marrugo
Nacido en el municipio de Turbana (Bolívar) el 2 de septiembre de 1962, Aury Sará Marrugo se formó como técnico mecánico egresado del SENA en Cartagena.

Durante sus últimos 17 años de vida se desempeñó como mecánico de planta para Ecopetrol y representante de los trabajadores de la industria petrolera en Cartagena. 

Casado con Glenny Vargas y padre de dos niños y una niña, su esposa lo describe como  “un hombre de hogar, padre y esposo ejemplar”. En palabras del ex ministro de Transporte, Angelino Garzón, Sará Marrugo era “un obrero dedicado plenamente a su actividad sindical y no formaba parte de ningún grupo armado”.

Ingresó oficialmente a Ecopetrol en 1984 a la refinería ubicada en zona industrial de Mamonal (Sucre), y desde entonces fue haciéndose visible dentro del círculo de trabajadores de Ecopetrol. Después de su larga trayectoria en esa empresa y gracias a su protagonismo en la actividad sindical, fue elegido en el año 2000 como presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) seccional Cartagena.

Días antes de su secuestro, estuvo dedicado a la organización del Foro Petrolero, evento en el que se iba a debatir el proyecto de ampliación de la refinería en Cartagena. Meses atrás, los directivos de la USO en Bolívar habían denunciado las amenazas de grupos ilegales presentes en el departamento en contra de Sará Marrugo.

El crimen
El viernes 30 de noviembre de 2001, seis desconocidos que se movilizaban en dos carros interceptaron la camioneta en la que se desplazaba Aury Sará Marrugo y su escolta, Enrique Arellano, justo cuando salían de la residencia de Sará ubicada en el barrio San Fernando, zona suroccidental de Cartagena.

El lunes 3 de diciembre, el Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) emitieron, a través de su página en Internet, un texto titulado ‘Muy breve al oído de Gómez Alzate’. En este documento, el grupo paramilitar amenazó al Alto Comisionado de Paz y reivindicó el secuestro del dirigente sindical de la USO, a quien acusaba de ser “comandante máximo del Frente Jaime Bateman Cayón del ELN. Una vez se conoció públicamente sobre el secuestro de Sará, los trabajadores de la refinería de Ecopetrol paralizaron la planta, provocando pérdidas que ascendieron a los 2.500 millones de pesos.

Cinco días después del secuestro, campesinos encontraron en las horas de la mañana, los cuerpos de Sará Barreto y Enrique Arellano, con evidentes signos de tortura, en un sitio conocido como Las Pavas, en la vereda San Pablo, zona rural del municipio de Maríalabaja (Bolívar), subregión de los Montes de María. Según el coronel Miguel Ángel Yunis, comandante del Batallón Contraguerrilla de la Infantería de Marina, los cuerpos fueron encontrados junto con una nota que decía: “Auris Sará Marrugo- Comandante Jaime Bancayon Bateman del ELN- A.U.C. – Estamos Cumpliendo.”

El 18 de octubre de 2007, casi 6 años después del crimen, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá profirió sentencia condenatoria contra los jefes paramilitaresSalvatore Mancuso, Carlos Castaño Gil y Uber Banquéz Martínez alias ‘Juancho Dique’, condenándolos a una pena de 40 años de prisión como determinadores y coautores del crimen de Sará Marrugo y de su escolta.

5. Yolanda Paternina
Yolanda Paternina nació en Montería el 25 de septiembre de 1956. Estudió en el colegio la Sagrada Familia de Montería y se graduó de Derecho en la universidad de Cartagena.

Su primer trabajo fue en la Procuraduría de Montería. De allí pasó a Cartagena donde fue juez 19 especializada penal del circuito y después la designaron fiscal especializada en Sincelejo.

Yolanda se casó a los 27 años y tuvo dos hijos, Nelson y Kethy Yolanda. Cuando la asesinaron Yolanda era madre cabeza de familia y sus dos hijos todavía dependían de ella. Su hija tuvo que dejar de estudiar y Nelson sólo se pudo graduar gracias a un seguro que le dio la Fiscalía a raíz del homicidio.

A principios de 2001 la fiscal Yolanda Paternina, que estaba por cumplir 50 años, ejercía en Sucre su profesión con una dedicación especial. “Era una mujer inteligentísima, que no se doblegaba ante nada ni ante nadie”, cuenta su madre.

El 17 de enero de 2001 ocurrió la espeluznante masacre de Chengue, un caserío sucreño, en la que cayeron asesinados 28 campesinos, incluidos viejos y niños, luego de sufrir vejámenes y torturas. Los paramilitares, al mando de Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, quizás el más cruel y siniestro jefe paramilitar, fueron los autores.

Paternina comenzó su investigación con el rigor de siempre, Pronto relacionó a ‘Cadena’, con la masacre e incluso ordenó el allanamiento de la finca El Palmar, desde donde habrían salido los 200 paramilitares que cometieron el crimen. La recia fiscal también coordinó varios operativos con la Armada para capturarlo.

Sin embargo, pronto empezó a recibir graves amenazas contra su vida. Por más de seis meses estuvo pidiéndole al Fiscal General de la época, Luis Camilo Osorio, un traslado a otra ciudad y mayor seguridad.

Según dijo en una carta su despacho de junio de 2001: “Sufro lo indecible. He pasado noches pegada a una ventana. Me asalta el temor de que se entren a la casa para matarme”.

Finalmente, después de clamar durante meses porque sentía la muerte cerca,  Paternina fue asesinada por dos sicarios el 29 de agosto del 2001 frente a su casa en el barrio Laford en Sincelejo, Sucre. Ese día su escolta se ausentó por enfermedad.

La muerte de la fiscal causó el efecto deseado por sus asesinos, que por muchos años nadie se atreviera a preguntar sobre las atrocidades de Chengue y otras cometidas por los entonces todopoderosos paramilitares en esa región; que la justicia colombiana no pudiera capturarlos y condenarlos y de paso, frenar su gesta de terror en Sucre. Después de la muerte de Yolanda Paternina dos técnicos del CTI relacionados con la investigación fueron asesinados.

La justicia
Desde el momento del crimen, todas las pistas indicaron que el culpable de la muerte de Yolanda Paternina era ‘Cadena’, pero sólo julio de 2007 la justicia lo condenó a 37 años y nueve meses de prisión, pero ya era demasiado tarde. El ex jefe ‘para’ ya había desaparecido hacía dos años de Santafé de Ralito, Córdoba, mientras gobierno y Auc negociaban la desmovilización. Se cree que fue asesinado por sus pares, pero el cadáver de este jefe del Bloque Héroes de los Montes de María no ha sido ubicado.
 
Los familiares de Paternina también demandaron al Estado ante el Tribunal Superior de Sincelejo por no darle la seguridad adecuada. Pero el juez aún no ha fallado.

Los familiares de la víctima sostienen que el entonces Fiscal Luis Camilo Osorio le retiró la protección y el vehículo. Hay incluso un registro de seis cartas que Paternina le mandó a sus superiores en Sincelejo y Bogotá advirtiendo el peligro que corría por sus investigaciones (Ver artículo de Cambio: “Fiscal Yolanda Paternina había advertido sobre amenazas días antes de su asesinato”).

La verdad
En mayo de 2009 el desmovilizado del Bloque Héroes de los Montes de María, Yairsiño Meza Mercado, alias ‘El Gato’, declaró en versión libre que había sido uno de los asesinos de Yolanda Paternina. Confesó que el crimen se planeó porque la fiscal presionaba las acciones de ‘Cadena’. Reveló además complicidades en la Fiscalía y en el DAS para planear el homicidio.

En su versión libre en julio de 2009,  Edwar Cobo Téllez, alias ‘Diego Vecino’, comandante del Bloque Bloque Héroes de los Montes de María, confirmó que el crimen fue ordenado por ‘Cadena’ por que Yolanda Paternina era un estorbo para las Auc. Según ‘Diego Vecino’, ‘Cadena’ percibía que la fiscal Paternina tenía una persecución especial contra los grupos de las Auc, y en particular contra su familia.

Sin embargo, todo apunta a que ‘Diego Vecino’, quién ha negado su participación en el crimen, tuvo mucho más que ver en el asesinato de la fiscal Paternina. “Vecino llegó a decir que se enteró de la orden de matar a Yolanda en Ralito y eso es mentira”, dice alguien que conoce bien este proceso. “Vecino se enteró el mismo día en que ‘Cadena’ le dio la orden a ‘El Gato’. Hay que solicitar que saquen a ‘Vecino’ de Justicia y Paz porque le miente al país”.

6. La masacre de los galleteros
Según reveló El Heraldo de Barranquilla, El 14 de septiembre de 1999 una bomba que fue colocada debajo del carro de Cástulo López Romero,, estalló acabando con su vida.Al año siguiente, el 23 de junio de 2000, fue asesinada de cuatro tiros Teresa Contreras, quien tenía una venta de aguacates en las afueras del restaurante Dinastía, en El Carmen de Bolívar.

‘El Chino’ Castellanos, quien fue el autor material del último homicidio, relacionó los dos hechos diciendo que a partir de ese crimen se registraron más de 120 en menos de un mes como retaliación por la muerte de López, entre ellos el de la vendedora.

“La orden la dio el entonces comandante Alfonso Terán, alias El Bollera, ya que supuestamente la bomba había sido colocada por un galletero (vendedor de galletas), y por eso mandaron a matar a todos los vendedores”, manifestó El Chino.

El postulado reveló que luego del homicidio fueron escondidos por la Policía, o La Juana, como ellos la llamaban, cuyos miembros, supuestamente, eran colaboradores del grupo paramilitar, entre ellos un cabo de apellido De Ávila.

Los señalados
Sergio Manuel Córdoba Ávila, alias 120; Luis Alfredo Argel Argel, alias Mano e’ Trinche y Manuel Castellanos Morales, alias El Chino, fueron tres de los cinco postulados que aceptaron ante los familiares de las víctimas haber cometido varios asesinatos en el departamento de Bolívar, entre los años 2000 y 2002.

7. Asesinato de tenderos de Barranquilla
Entre 2003 y 2006, el Bloque Norte de las Auc incursionó en el departamento del Atlántico como parte de una estrategia de expansión que orquestó el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ con el objetivo de ampliar su control sobre las rentas públicas de la salud y la educación, además de manejar a su antojo negocios ilegales como el narcotráfico y otros legales a través de testaferros y cómplices.

Para lograr su propósito, el paramilitar envió a la región al ex mayor del Ejército José Pablo Díaz, quien fue asesinado en 2003 en la carretera troncal del Caribe. En su reemplazo, asumió el ex capitán del Ejército Édgar Ignacio Fierro, conocido con el alias de `Don Antonio’, quien llevó a cabo la tarea propuesta con macabra eficacia.

A comienzos del nuevo siglo, el departamento del Atlántico parecía mantenerse al margen del conflicto armado que padecía el litoral Caribe, pese a que su capital, Barranquilla, era punto de llegada de miles de desplazados de la región. La situación comenzó a complicarse en el año 2003, cuando llegaron los paramilitares a la ciudad.

Solo en 2004 en el Atlántico ocurrieron 730 asesinatos, mientras que en 2005 y 2006, aunque bajaron un poco, la cantidad de homicicios siguió siendo alta, con 637 y 609 casos respectivamente. Barranquilla fue la ciudad más afectada con la presencia paramilitar con 1664 asesinatos entre 2003 y 2006, seguida por Soledad con 572 y Malambo con 116.

Undeco calculó que en 2005 los comerciantes en Barranquilla, incluidos los vendedores ambulantes, fueron obligados a pagar un ‘impuesto’ de $50 mil pesos semanales. Ese año, esta agremiación, que asocia a los tenderos de la ciudad, calculó que la suma que habrían recibido los ilegales pudo alcanzar 3 mil millones de pesos mensuales.

(Haga clic en la imagen para volver al especial sobre la priorización en Justicia y Paz)

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