Con un círculo imaginario engloba buena parte de las veredas del corregimiento San José Mulatos, de Turbo; unas cuantas másde Necoclí como Umbito, Puya, La Islita, Tulapa, La Pitica; y otro par de parajes de San Pedro de Urabá. “Esto es lo que la gente conoce como Tulapas. Y eso es inmenso. Y lejos. Por allá hubo mucha guerrilla, hasta que llegaron los paras como en 1994”, explica el funcionario. 

Para fines de ese año, un grupo paramilitar liderado por Salvatore Mancuso ingresó a esta región “tan lejos de todas partes, tan lejos de Córdoba como tan lejos de Urabá” como él mismo la describió, con el fin de expulsar de allí a las guerrillas del Epl y Las Farc. La guerra dejó cientos de crímenes atroces y creó una catástrofe humanitaria. El propio ex jefe paramilitar reconoció, en versión libre rendida ante Justicia y Paz en mayo de 2007, que “en Las Tulapas hubo combates salvajes con el Epl y las Farc, porque era zona de campamentos de las Farc y del Epl”. 

La guerra sin cuartel entre insurgentes y paramilitares ocasionó desplazamientos enormes. No existen registros oficiales que permitan establecer con exactitud  la magnitud del éxodo, pero el investigador de la Fiscalía se aventura a entregar su estimado: “yo calculo que más de 1.200 familias se fueron de la región”.

Para las nacientes Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), la región de Tulapas encerraba un valor estratégico por tratarse de un bastión histórico de las guerrillas del Epl y las Farc el cual había que arrebatar a sangre y fuego. Y así fue. Una vez expulsados los subversivos –y los centenares de familias más – se instalaron las bases paramilitares. Y una vez establecidos allí y con pleno dominio de la región, los máximos comandantes ‘paras’ comenzaron a apropiarse de las tierras.

“Cuando nosotros ingresamos a la zona de Tulapas, el comandante (Carlos) Castaño me dijo que hiciéramos inversiones en el área porque le gustaba para colocar un campamento. De hecho se compraron alrededor de 2.000 hectáreas. Me dijo: ‘te voy a presentar un muchacho, él conoce a todas las personas de la región, la hectárea ahí es muy barata, está entre treinta mil, cuarenta mil o cincuenta mil pesos’. Yo serví de intermediario en la compra de esas tierras, y Carlos Castaño inicialmente colocó un campamento allí en la zona”, explicó Mancuso ante un fiscal de Justicia y Paz en mayo de 2007. 

Los investigadores judiciales han logrado establecer que Mancuso le ordenó a uno de sus lugartenientes, Benjamín Alvarado Bracamonte, conseguir tierras en Las Tulapas. El joven recomendado por Carlos Castaño para que ayudara en las compras era Guido Vargas. Material recopilado por la Fiscalía señala que fue Vargas el intermediario entre las familias desplazadas y Bracamonte. Vargas se encargaba de ubicar a las familias y después de eso, en cuestión de horas, la tierra pasaba a manos del paramilitar.  

De eso dan cuenta las 18 escrituras de compraventa inspeccionadas por funcionarios judiciales, que fueron celebradas entre agosto de 1995 y diciembre de 1996 en la Notaría Única de San Pedro de Urabá donde Bracamonte adquiere el mismo número de fincas, todas ellas en Las Tulapas. Un total de 795 hectáreas quedaron bajo su dominio.

Quienes aparecen como vendedores en dichas escrituras hoy figuran en los registros de Justicia y Paz como víctimas del paramilitarismo y del despojo de tierras. Todas afirman haber sido contactadas por Vargas. Según la Fiscalía, Alvarado Bracamonte nunca dejó las armas y hoy hace parte de una de las estructuras criminales surgidas luego del proceso de desmovilización. 

Pero Mancuso no solo le ordenó a terceros comprar predios. También quedó con tierras a su nombre. En la escritura 2147 de la Notaría Primera de Montería se consigna que el ex jefe paramilitar le compró a María Gertrudis Guerra la finca Nueva Australia, de 52 hectáreas, en la vereda La Pita, de Turbo, por valor de 2 millones de pesos.

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La transacción se realizó el 14 de septiembre de 1995. Seis años después, el 7 de octubre de 2001, Mancuso vendió esta propiedad a Duver Jairo Cárdenas por valor de 4 millones 400 mil pesos. Éste y otros predios están en el Fondo de Reparación para las Víctimas. 

La mujer que despojó tierras
Pero mientras Bracamonte adquiría tierras por orden de los Castaño y Mancuso entre los años 1995 y 1998, otro personaje también se hizo a grandes fincas en la región por esos mismos años: Sor Teresa Gómez. 

Aprovechándose del terror que imperaba en la zona por cuenta de la presencia de las Accu, esta mujer, hermana de crianza de la familia Castaño y quien fuera gerente de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) desde 1995 hasta 1997, comenzó a presionar a campesinos desplazados de Las Tulapas para que vendieran sus fincas. 

En la desaparecida oficina regional de Antioquia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación se documentaron doce casos de despojos cometidos en el norte del Urabá antioqueño y Sur de Córdoba atribuidos a Sor Teresa Gómez. La Asociación Nacional para la Restitución Tierra y Vida asegura que en la capital cordobesa residen más de 500 familias víctimas esta mujer.   

Dentro de las particularidades encontradas en las pesquisas judiciales figura el otorgamiento de poderes especiales para que Sor Teresa Gómez negociara predios con el Fondo Ganadero de Córdoba. Hoy, estas fincas, hacen parte de complejos caucheros y madereros. Así lo revela el caso de José*.

El Incora (hoy Incoder) le adjudicó el 28 de febrero de 1991 un predio de 34 hectáreas en la región de Tulapas (vereda Brazo Izquierdo, corregimiento San José Mulatos, Turbo). Pero como a muchos de sus coterráneos, a José lo expulsó la violencia de su tierra.

Luego de que su predio fuera utilizado como trinchera y de presenciar la quema de varias fincas vecinas, en 1994 decidió abandonar la región. A Justicia y Paz le dijo que su tierra fue ocupada por las Accu para instalar allí un campamento. Dos años después, y por aquellas coincidencias de la vida, José llegó al pueblo donde vivía Sor Teresa Gómez. 

En una conversación corta, pero directa, Sor Teresa le dijo que su tierra la necesita el patrón, “por las malas o por las buenas” y, acto seguido, le entregó 300 mil pesos. El 17 de marzo de 1998, en escritura pública de la Notaría Tercera de Montería, quedó asentado que Sor Teresa Gómez, actuando como apoderada de José, vendía su finca al Fondo Ganadero de Córdoba por valor de 320 mil 764 pesos. Quien suscribió el contrato en nombre del Fondo fue Benito Osorio Villadiego, hoy preso en la cárcel La Picota e investigado por la justicia por sus presuntos nexos con el proyecto paramilitar.

Pero el predio se siguió moviendo. El 19 de septiembre de 2006 quedó consignado en escritura pública 1098 de la Notaría Única de Apartadó el contrato de usufructo suscrito entre el Fondo Ganadero de Córdoba y la Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá –Procaucho S.A-, mediante el cual el Fondo le entrega a la compañía tres predios, ubicados en la vereda Brazo Izquierdo de Turbo y que en total suman 95 hectáreas, para que adelante allí un proyecto cauchero. Entre las fincas entregadas está la de José. Ver contrato

Ese mismo día, y en esa misma notaría, el Fondo Ganadero suscribió el contrato de usufructo número 1097 con la Compañía Productora de Caucho San Pedro S.A, a través del cual le entregó 15 predios, unas 526 hectáreas en total, ubicadas también en Brazo Izquierdo, para que explotara caucho. El proyecto contaba con el apoyo del gobierno nacional. Ver contrato

Las Tulapas era una de las zonas donde el gobierno Uribe, a través del Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) y el Programa contra Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República, promovía el desarrollo de cultivos alternativos de tardío rendimiento como el caucho. 

Producto de esta iniciativa empresas como Procaucho se aventuraron a invertir en la producción cauchera en la zona y nacieron otras como Empresa Productora de Caucho San Pedro S.A, constituida como sociedad anónima mediante escritura pública número 1033 del 13 de diciembre de 2005, con un capital autorizado de 10 mil 500 millones de pesos. Sus socios son: el Estado a través de la Incubadora Empresarial de Producción y Comercialización Agropecuaria Incuagro (cuya casa matriz es la Corporación Colombia Internacional –CCI-), con un 81,83 por ciento; le siguen en su orden, el Fondo Ganadero de Córdoba, con el 9,53 por ciento; y las cooperativas de trabajo asociado (CTA) Cooplorida, Coptrapi, Seringeira TT Ltda y Construpaz, con un 8.63 por ciento. Ver acta

Esta última fue la forma asociativa que adoptaron los desmovilizados del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc tras su desmovilización en 2006. Informes de la Contraloría General de la República en los años 2008 y 2009 pusieron en evidencia la falta de control en la ejecución del proyecto por parte de Incuagro, dado que las metas proyectadas para 2009 no se habían logrado. Puesto que se trataba de un proyecto financiado en parte por recursos del Estado, podría estarse configurando un detrimento patrimonial. Ver informes: Caucho San Pedro1, Caucho Sanpedro2, Procaucho

Campesinos de la región consultados por VerdadAbierta.com señalan que el proyecto cauchero aún se sigue desarrollando en el Brazo Izquierdo. De la cooperativa Construpaz solo queda el recuerdo, pues varios de sus directivos fueron asesinados entre 2008 y 2009; otra parte se incorporó a las bandas criminales y otros más huyeron de la región, precisamente, para no ser reclutados por estos nuevos grupos. 

(*) Nombre cambiado por razones de seguridad

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En el primero porque siempre se mostró escéptico frente a la justicia. “Me decía que me iban a matar, que dejara la cosa así”, relata Manuel. Y en Góez, porque no pudo ver el resultado de un proceso que él inició, pues las balas asesinas le quitaron la vida un 25 de marzo de 2011 mientras se encontraba en un reconocido centro comercial del occidente de Medellín. 

Al momento de su trágica desaparición, David Góez tenía 70 años y había pasado los últimos cinco de su vida como vocero de un grupo de 120 familias que reclamaban la devolución de por lo menos 2.000 hectáreas de tierra en Las Tulapas.

“David tenía una finca en (vereda) Isaías. A él también le tocó abandonar la región y, como a todos, le tocó vender a la fuerza. Era finca grande, buena, de más de 100 hectáreas. Cuando salió la Ley de Justicia y Paz, él se animó a denunciar su desplazamiento y contó cómo había perdido su finca. Allá en la Fiscalía le dijeron que esa tierra se podía recuperar porquela forma como se la habían comprado era ilegal y se podía demostrar. Entonces, David se animó y comenzó a organizar a la gente”, recuerda Manuel. 

Lo que inició como una iniciativa personal terminó convirtiéndose en una causa social en el Urabá antioqueño. Con el pasar de los días aumentaban las familias interesadas en que David hablara en nombre de ellos ante la justicia. Su labor comenzó a ganar reconocimiento en la región agroindustrial, a tal punto que se convirtió en pieza clave en la conformación de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes de Urabá (Asoveristibi, hoy día Asociación Nacional para la Restitución Tierra y Vida), que en 2008 logró unir los esfuerzos que venían realizando de forma individual Benigno Gil en los municipios de Mutatá y Chigorodó; Carmen Palencia en Turbo y Necoclí; y Góez en Las Tulapas. 

Los esfuerzos de Góez rendirían sus primeros frutos en 2009, cuando la Fiscalía decidió interrogar a varios de los señalados por las víctimas como responsables de los desplazamientos forzados y posteriores ventas forzadas. La fuerza de sus denuncias y el ímpetu de su lucha también comenzaron a inquietar a los señores de la guerra, quienes lanzaron amenazas tan graves contra su vida, que debió abandonar la región a mediados de 2009.  

En Medellín, el líder campesino continuó con su labor de denuncia y de ello dan cuenta sus constantes visitas a la desaparecida oficinal regional en Antioquia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), para poner en conocimiento de las autoridades el caso de Las Tulapas. Pero los interesados en impedir su lucha ubicaron al líder campesino en la capital antioqueña, y finalmente ordenaron su muerte. 

Su asesinato no solo aumentó la zozobra entre los reclamantes detierra, que para esa fecha ya habían visto caer a nueve de sus líderes, sino que echó al traste buena parte de la labor de documentación realizada por Góez. “Después de la muerte de David mucha gente decidió no seguir ‘volteando’ con eso, porque era muy peligroso”, afirma Manuel, quien recogió las banderas de su coterráneo y con ellas, las amenazas que pesan contra quien se atreven a liderar procesos de restitución en el Urabá antioqueño. 

Hoy día, Manuel Mercado es uno de los cuatro voceros del capítulo Urabá de la Asociación Nacional para la Restitución Tierra y Vida. Al igual que sus compañeros de causa, cuenta con un esquema de seguridad que consta de tres escoltas y una camioneta blindada. En su caso, los problemas de seguridad comenzaron el día en que recurrió a las vías de hecho para recuperar lo que un día la violencia le arrebató. 

En 1995, él y su familia debieron abandonar el predio “No Hay como Dios”, ubicado en la vereda La Naranja, Turbo, por cuenta de las amenazas contra sus vidas por los paramilitares. Dos años después, Manuel fue contactado por Guido Vargas quien le pidió que vendiera su tierra. Luego de tanta presión, y después de consultarlo con su padre, Manuel accedió a negociar el predio con Vargas. 

“Pero, qué negocio va’ser donde te dicen a ti: ‘te doy tanto y ya. Tu verás si te gusta o te ganas un problema’. Eso no es negocio”, asevera Manuel, quien recuerda haber recibido de manos de Vargas solo 3.200.000 pesos por las 45 hectáreas de la finca. En 2005, esta misma finca aparecía registrada en la Notaría Única de Apartadó como vendida a un testaferro paramilitar. La venta se hizo mediante un poder otorgado a un tercero, que el padre de Manuel nunca firmó. 

“Él nunca firmó ningún poder. Nosotros nunca quisimos vender. Nosotros siempre pensamos que nos habían quitado la finca y yo siempre preguntaba por ella. Era el año 2007, más o menos, cuando me dijeron que esa tierra llevaba años desocupada. Entonces yo comencé a ir solo, a trabajarla en el día y me venía para el pueblo en la noche. Le rozaba el pasto, lelevantaba las cercas caídas. La idea era meterme a mi finca. Pero un día no me dejaron ni llegar. Estaba yo entrando a la finca cuando me dijo un señor de por ahí: ‘mira: ¡vete ya!, que anoche vinieron unos tipos a matarte”. 

“Ahí dije yo: ‘bueno, entonces vamos a pelear peleando’. Yo conocía al difunto Benigno (Gil) y otros compadres más que estaban también luchando para que les devolvieran las tierras. Hablamos con el difunto David (Góez) para juntar unas familias para meternos a la fuerza hasta San Pablo Tulapas”, cuenta Manuel. Y en efecto, en junio de 2008 más de 50 familias llegaron a la región para ocupar, por vías de hecho, las fincas que años atrás debieron abandonar por orden de los paramilitares y que ya figuraban como propiedad de otros señores. 

La acción, osada desde todo punto de vista, tendría sus repercusiones: Benigno Gil caería asesinado el 22 de noviembre de 2008 en Chigorodó, David se vio forzado a abandonar la región meses después y las familias salieron de las fincas ocupadas con el mismo miedo y con la misma rapidez con que lo habían hecho diez años atrás. 

“Entonces, me dije: ‘vamos a hacer las cosas con la Ley en la mano’. En el 2009 ingreso a la Asociación, para ver cómo podíamos organizar lo de Tulapas y presentarlo ante un juez. Pero ahí comenzaron más fuerte las amenazas: me llamaban al celular a decirme que si me quería morir. La gente me decía: ‘mirá, por ahí vino alguien raro preguntando por ti’. Yo le pedí al Ministerio (del Interior) que me brindara seguridad, pero nada. Me dieron esquema un mes después del atentado contra Fernando Enamorado (26 de octubre de 2010). Ahí sí el gobierno nacional comprendió que las amenazas contra nosotros iban en serio”. 

De ello no quedaría ninguna duda después del asesinatode David Góez en esa tarde de marzo de 2011. Paradójicamente, dos semanas antes de este hecho el gobierno había lanzado el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2-RT), cuyo objetivo era brindar Protección y acompañamiento a los campesinos reclamantes de tierra en todo el país. 

Pese a las intimidaciones y a lo frágiles que resultaban hasta entonces las medidas de protección de los entes gubernamentales, Manuel y sus compañeros de la Asociación continuaron motivando a los campesinos del Urabá antioqueño para que denunciaran sus casos ante la justicia. 

El 15 de septiembre de 2011, él y otras 14 familias más verían recompensado sus esfuerzos y sacrificios. Fue ese el día en que un magistrado con función de control de garantías de Justicia y Paz de Medellín les dijo que sus fincas les serían restituidas jurídicamente y que podrían retornar a ellas cuando lo dispusieran. 

Sin retorno a la vista
Sin embargo, la felicidad aún no es completa para este grupo de campesinos. Once meses después de aquella trascendental decisión (se trató del segundo fallo judicial en materia de tierras proferido en el país en el marco de la Ley de Justicia y Paz), solo una familia ha retornado a su predio “y eso porque tenía una platica ahorrada. Él era pastor de una iglesia evangélica. Tenía tres millones de pesos guardados y apenas le devolvieron los títulos, arrancó con sus cositas. Le cobraron 600 mil pesos por el trasteo. Allá está ‘llevando del bulto’ esperando la ayuda del Gobierno”, dice Manuel. 

El resto, entre ellos el vocero de Tierra y Vida, siguen a la espera que el gobierno, a través de la Unidad Nacional de Reparación a las Víctimas, cumpla los compromisos adquiridos una vez se conoció la sentencia judicial. 

“Hace varios meses tuvimos una reunión aquí en Apartadó con gente del gobierno, quienes nos dijeron que muy probablemente nos iban a dar un millón 400 mil pesos por vivienda; unos 200 mil pesos cada dos meses por un periodo de seis meses; otros 400 mil pesos en plan semilla para seguridad alimentaria. Han pasado muchos días y nada que se concreta la ayuda. La gente se está desesperando”, relata Manuel. 

Y es que según este labriego, retornar a Las Tulapas, pese a contar con el título en la mano, no es una cuestión tan sencilla. Hoy, como ayer, la zona sigue siendo de difícil acceso debido a la falta de carreteras medianamente pasables. A esto se suma que la gran mayoría de fincas restituidas se encuentran abandonadas desde hace varios años y sus techos y muros han ido cediendo al paso del tiempo. Las tierras están tapadas de inmensos matorrales y la tarea de ponerlas a producir puede tardar incluso más de seis meses. 

“Fuera de eso no va a retornar la misma cantidad de personas que salieron desplazadas. Ha pasado mucho tiempo y muchas familias crecieron porque los pelados, que estaban pequeños en ese tiempo, ahora están grandes, casados y con familia. Entonces, ¿se van a quedar en los pueblos sabiendo que están sin trabajo y que por lo menos tienen un pedazo de tierra que les puede dar la comida? ¡Claro que no! Por eso digo que esa ayuda del gobierno es muy poquita. Yo estoy muy preocupado”, advierte Manuel. 

Pero hay algo que inquieta aún más al vocero de los campesinos: la seguridad. La región es un corredor estratégico para las denominadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, surgidas luego del proceso de desmovilización y que cuenta en sus filas con algunos exmiembros de las Auc que conocen cada uno de los rincones de la zona y que precisamente explotan para sus actividades de narcotráfico.  El gobierno Santos los ha señalado como enemigos de la restitución en el Urabá antioqueño. 

“Varios campesinos ya le preguntaron a esa gente si podían volver y, según me cuentan, esa gente dijo que con ellos no tenían problemas. ¡Eso sí, que no se fueran a aparecer los líderes de la restitución, que con ellos el cuento era a otro precio! Eso fue lo que me contaron. ¿Qué si voy a regresar? Ya veremos. Primero hay que esperar que el gobierno nos entregue las ayudas”.   

Con todo y ello, Manuel Mercado cree que la restitución es posible. Su caso se ha convertido en ejemplo que ha motivado a decenas de sus antiguos paisanos a continuar adelante con las reclamaciones judiciales, por más complejas que puedan parecer. Las víctimas de Las Tulapas ya ganaron la batalla legal. Se aprestan a vivir otra de la que dicen, contar “con el viento a su favor”. Y luego de ello, esperan que así como todos debieron salir de sus tierras puedan retornar en igual número al terruño que nunca quisieron abandonar.

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Fuentes consultadas por VerdadAbierta.com afirman que uno de los capítulos más complejos en todo este proceso de despojo y que aún no ha sido tratado por la justicia es el que se relaciona con el Fondo Ganadero de Córdoba. El análisis realizado por la Superintendencia de Notariado y Registro a los folios de matrícula inmobiliaria de 1.400 predios rurales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo, encontró 103 casos de predios que fueron adjudicados por el Incora (algunos por el Incoder) y vendidos por sus adjudicatarios entre 1995 y 2007, mediante poderes entregados a terceros, a cinco personas naturales y una jurídica: El Fondo Ganadero de Córdoba. 

Según supo VerdadAbierta.com, la Unidad de Persecución de Bienes para la Restitución de la Fiscalía avanza en la documentación de por lo menos 100 casos que involucran al Fondo y cuyas víctimas se encuentras desperdigadas por todo el Urabá antioqueño y cordobés.

El Fondo Ganadero de Córdoba es una sociedad anónima abierta de economía mixta de Derecho Privado. A diciembre de 31 de 2010, sus socios eran el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el 15% de las acciones; el Departamento de Córdoba, con el 5% de participación accionaria; y por lo menos 3.120 accionistas más, entre ellas varias empresas privadas.

Solo en la Notaría Tercera de Montería reposan más de 50 escrituras de compraventa de igual número de fincas ubicadas en Las Tulapas. Muchas de ellas ya son reclamadas por campesinos que alegan haber sido desplazados por los paramilitares de Salvatore Mancuso y luego haber sido contactados por Sor Teresa Gómez u otros intermediarios, entre ellos, Guido Vargas, quienes al parecer actuaban a nombre y bajo indicaciones del jefe paramilitar. 

La pregunta que tendrá que resolver el Ente Investigador es cómo fueron a parar más de 4.500  hectáreas de tierra que estaban en poder de lugartenientes y testaferros de los paramilitares a manos del Fondo Ganadero de Córdoba. Sin duda una de las claves para resolver este interrogante es nada menos que el exgerente de la Entidad, Benito Osorio Villadiego. 

Oriundo de San Pelayo, Córdoba, Osorio Villadiego llegó a la gerencia del Fondo Ganadero de Córdoba en 1997, luego de ganarse un nombre en la política cordobesa, curiosamente, siempre a la sombra de grandes barones electorales de la región. Entre 1992 y 1994, por ejemplo, fue concejal del municipio de Cereté por el Partido Conservador, gracias al aval del dirigente Jorge Manzur Jattin. Pero una vez allí formó una rebelión contra éste que le costaría la relección. Pero un año más tarde, adhirió a la campaña a la gobernación del también conservador Carlos Buelvas Aldana, a la postre electo como mandatario regional. Osorio Villadiego sería su secretario de Gobierno entre los años 1995 y 1996. 

En el gremio ganadero logró tal ascendencia que llegó a presidir la Federación Nacional de Fondos Ganaderos Nacionales, que agrupa a 25 de estos fondos de todo el país.  Pero conforme crecía su poder en la Entidad también comenzó a ser un secreto a voces en los círculos políticos cordobeses su cercanía con algunos jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Vicente Castaño y Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’. Fuentes periodísticas de la época señalan que Osorio Villadiego sostuvo encuentros con los máximos comandantes de las Auc a fin de impulsar un proyecto político en la región a finales de los años noventa. 

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Curiosamente, las sospechas sobre su cercanía con el paramilitarismo coincidieron con la intención del Fondo de comprar grandes extensiones de tierra, tal como consta en el acta No 1084 del 1 de diciembre de 1997. En ella, la Junta Directiva de la entidad aprobó de manera unánime la adquisición de tierras “acordes con la rentabilidad de la actividad ganadera” y cuyo costo nosuperara los 350.000 pesos. A esa sesión asistieron cinco directivos principales -Luis Gallo Restrepo, Benito Molina Velarde, Orlando Fuentes Hessén, Bernardo Vega Sánchez y Carlos Sotomayor Hodge-; un directivo suplente, Carlos Cabrales Guerra; y el gerente Benito Osorio Villadiego. Como secretaria participó Leonor Espitia Pérez.

Tal y como consta en el documento conocido por Verdadabierta.com, buena parte de las tierras que cumplían con los requisitos planteados por el Fondo se encontraban en los municipios de Necoclí, San Pedro de Urabá y Turbo, justamente, en la región de Tulapas. 

Para materializar los negocios, la Junta Directiva del Fondo concedió un plazo de tres meses para que se adquirieran un mínimo de 3.000 hectáreas y para ello se les otorgaron plenos poderes para realizar los trámites, los desembolsos y las operaciones que fueran necesarias al presidente de la entidad, Benito Molina Velarde, y al entonces gerente, Benito Osorio Villadiego. 

Gran parte de las escrituras que hoy reposan en notarias de Montería y Apartadó acreditan que las compras de tierras (varias de ellas masivas y hechas el mismo día) que realizó el Fondo Ganadero de Córdoba fueron suscritas entre los años 1997 y 1998. En todas ellas figuran las firmas de Osorio Villadiego y Sor Teresa Gómez. Por muchos de estos predios no se pagó más de ocho millones de pesos. 

Pero debieron pasar 10 años para que la justicia posara sus ojos en el dirigente gremial. Y fue luego de un informe periodístico de la desaparecida revista Cambio que reveló conversaciones y encuentros del gerente del Fondo con el jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Por cuenta del escándalo mediático, Osorio Villadiego renunció el 19 de enero de 2008 al cargo de Gobernador encargado de Córdoba, al cual había sido designado el 28 de diciembre de 2007 por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. 

Tal y como lo han afirmado investigadores judiciales, Osorio Villadiego podría ser “la ficha clave” que permitiría entender el despojo de tierras en buena parte del Urabá antioqueño y cordobés y la infiltración de los paramilitares en el Fondo Ganadero de Córdoba. Y si bien el exdirigente se entregó a lasautoridades en marzo de 2011, luego que una fiscal de la Unidad Antiterrorismo ordenara su captura en 2010 por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, se  ordenó su libertad en noviembre de 2011 por vencimiento de términos, lo que motivó el rechazo del Gobierno nacional, que presentó pruebas contundentes contra el líder gremial, y una investigación contra la fiscal que tomó la decisión de decretar su libertad.

No obstante, el proceso continuó y nuevamente fue detenido el 13 de marzo de este año, cuando Osorio Villadiego se presentó nuevamente ante la justicia para responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos y lograr beneficios jurídicos. Ante los tribunales, deberá responder por la compra irregular de 132 predios cuando era gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, en los cuales aparece como intermediaria Sor Teresa Gómez.

En la actualidad, la Unidad de Persecución de Bienes para la Restitución de la Fiscalía está trabajando en la documentación de los  casos para conocer la magnitud del despojo, el alcance de la alianza macabra entre paramilitares y dirigentes gremiales ganaderos y determinar los responsables. A su vez, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en carta fechada el 9 de septiembre de 2011, le notificó a Benito Molina Velarde, presidente de la junta directiva del Fondo, y a Carlos Sotomayor Hodge, representante legal, que se abstuviera de transar las tierras correspondientes a la hacienda Tulapas.

Un caso dramático
Uno de esos casos de despojo de un predio que terminó en manos del Fondo Ganadero de Córdoba es el de  Alberto*, quien al ver a decenas de sus antiguos vecinos unidos en torno a la causa de recuperar sus tierras por vías legales,  terminó emprendiendo desde hace tres años una lucha valiente. Nació y creció en Las Tulapas. Fue allá dónde conoció a su esposa y dónde compró un pedazo de tierra para levantar a sus hijos: un predio de 17 hectáreas en la vereda Cielo Azul, de Turbo, que su suegro le vendió en 1989. Aún recuerda cuánto pagó por esa tierra: 150 mil pesos. 

“Mi suegro fue de los primeros que llegó a Las Tulapas y en ese tiempo la gente cogía la tierra que necesitaba. El Incora le adjudicó como 40 hectáreas por allá en 1978, algo así. Cuando me casé, yo tenía una platica ahorrada y le propuse negocio. Esa finca la tenía la mitad en potrero para ganado y la otra mitad la tenía sembrada con yuca y plátano”, cuenta.  

Años después las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) ingresaron a su vereda buscando guerrilleros. Alberto recuerda que les decían “los mochacabezas”, en clara alusión a lo que hacían por los caseríos por donde pasaban. Aguantó la presión hasta 1996. Una mañana de diciembre de ese año los paramilitares le dijeron que “no respondían si me quedaba, que la cosa se iba poner peor de lo estaba”. 

Días antes había visto caer a un vecino, semanas atrás había visto partir a varias familias y llevaba meses escondiéndose de los intensos combates que se presentaban en su vereda; no le quedó otra cosa más por hacer. Él, su esposa y sus dos hijos buscaron refugio en el corregimiento Pueblo Bello, de Turbo, pero la tranquilidad les duró ocho meses. “Allá la cosa se puso peor. Nos tocó desplazarnos con mi mamá a San Pedro de Urabá”, narra Alberto.  

Hasta este pueblo llegó un hombre a buscarlo, un día de junio de 2000, diciéndole que venía recomendado por un viejo conocido de ambos: Guido Vargas. Para Alberto, “Guido era un vecino, un conocido. Tenía buenas referencias de él. Así que cuando el hombre me dijo que venía de parte de él, pues yo lo atendí. Me dijo: ‘mira, es que hay una entidad muy seria que está comprando tierras, y Guido me dijo que te preguntara si querías vender”. 

“Hombre, la verdad, yo no quería vender. Pero viendo a la familia aguantar hambre. Fuera de eso ya habían hablado con mi suegro y él también iba a vender, pues dije: ‘será’. Pero entonces yo le dije al tipo: ‘está bien, te la vendo a tanto. Y él me dijo: ¡nooo, eso no vale eso!, te pago a 30.000 pesos la hectárea y ya’. Y el tipo me decía: ‘mira que tú por allá no vas a volver, eso está muy peligroso; además, tú no tienes plata pa’volve’ a levantar eso. ¡Mejor que vendas!’ Hombre, no me quedó de otra”. 

El negocio se cerró días después en su casa. El enviado de Vargas llegó con 500 mil pesos en efectivo. A Alberto solo le pidieron la escritura de cuando le compró a su suegro. Le dijeron que meses después recibiría un millón de pesos más pero tres años después, el mismo tipo con quien hizo la transacción solo le entregó 700 mil pesos. 

“Hombre, si hubiera vendido bien, diga usted, que me hubieran dado veinte millones de pesos, hasta estaría uno tranquilo. Pero eso así, como a las malas, y que te digan: ‘te pago a tanto y ya. Tu verás si vendes tu o tu viuda me vende más barato’, como me enteré después que le dijeron a unos vecinos míos, eso es triste. Por eso estoy metido en este cuento, pa’que la justicia me diga si ese negocio fue legal o no”, afirma el labriego, quien hace 15 años no ve con sus propios ojos la tierra que un día fue suya. 

“Si la justicia me devuelve la finca yo me devuelvo pa’allá. ¿Cómo veo la cosa? Pues ahora hay más esperanza que hace ocho años. Ya por lo menos la Fiscalía me pidió unos papeles y estuve dando una declaración. Hay que esperar que llamen a audiencia. ¿Quién está en mi finca? El Fondo Ganadero de Córdoba. Eso lo tienen sembrado en pura (madera) Teca”.

(*) Nombre cambiadopor razones de seguridad

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Pero la preocupación de cómo encontrarle empleo a tanto desmovilizado no era sólo del Estado. Una vez se firmó el acuerdo de Santa Fe de Ralito entre el gobierno y el estado mayor de las Auc, el máximo jefe del Bec, Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, dispuso la compra de tierras en el Urabá antioqueño para adelantar allí proyectos productivos una vez consolidado el proceso de desmovilización. La región escogida fue, justamente, Las Tulapas. A través de otro paramilitar, alias ‘Carlos Correa’, se hicieron los contactos para la adquisición de predios, como lo reconoció el propio alias ‘El Alemán’ en una audiencia de Justicia y Paz efectuada en Medellín el 10 de febrero de 2011. 

“A principios del 2005, el señor Carlos Ardila o (alias) Carlos Correa me envió a un señor de nombre Antonio Meléndez Correa para que yo hablara con él porque esta persona podía tener las tierras ubicadas en la zona de Tulapas. Yo me reuní  con esta persona. Nos pusimos de acuerdo en unas 700 hectáreas por el valor de 250 millones de pesos”, explicó alias ‘El Alemán’. 

Una vez hecho el acuerdo, el entonces jefe del Bec designó a dos sus lugartenientes, Otoniel Segundo Hoyos Pérez y Humberto León Atehortúa Salinas, para que perfeccionaran el negocio con Meléndez. La tarea de este último consistió en servir de representante de los propietarios de los predios ante los compradores enviados por ‘El Alemán’. Y en efecto, se acordó transar 15 fincas ubicados en las veredas Las Naranjas, Isaías y San Juan Tulapas, de Turbo. 

Lo particular del acuerdo es que estos predios habían sido arrebatados a sus dueños años atrás por Salvatore Mancuso. A mediados de los años noventa, el jefe paramilitar le ordenó a uno de sus lugartenientes de nombre Benjamín Alvarado Bracamonte, adquirir tierras en Las Tulapas. Un labriego de la zona de nombre Guido Vargas sirvió de intermediario en las transacciones. Fueron cientos las hectáreas de tierra que quedaron bajo el dominio de Mancuso bajo la misma modalidad: Vargas se encargaba de contactar a las familias que previamente habían sido expulsadas de la región; luego, Bracamonte les entregaba sumas que no sobrepasaban el millón de pesos y las titulaba a su nombre. 

Así, Meléndez terminó negociando las fincas en poder de Alvarado Bracamonte, quien para el año 2005, aparecía en escrituras públicas como propietario de tres de ellas. En las restantes, la titularidad en escrituras públicas aún figuraba a nombre de sus legítimos dueños. Meléndez se encargó entonces de perfeccionar poderes especiales a fin de poder cerrar el trato con los hombres de ‘El Alemán’.

Entre el 9 y el 25 de abril de ese año se autenticaron en la Notaría Única de Apartadó un total de 14 poderes. Uno más se hizo el 15 de mayo. En ellos se dejó constancia que los comisionistas Carlos Alberto Grajales Gómez, Jorge Eljach Zuñiga y Fabián Darley Roldán Villa contaban con autorización de las familias desplazadas, e incluso de Alvarado Bracamonte, para negociar sus predios con Humberto León Atehortúa Salinas. 

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El 26 de diciembre de 2005, según escritura 1563 de la Notaría Única de Apartadó, Atehortúa Salinas adquirió por valor de 250 millones de pesos estas tierras, unas 750 hectáreas que luego recibieron el nombre de Hacienda La Ponderosa. Para ratificar su compromiso con la Ley de Justicia y Paz, ‘El Alemán’ decidió, en 2009, entregar esa hacienda al Fondo de Reparación para las Víctimas, la cual fue recibida a satisfacción por la Agencia Presidencial Acción Social (hoy Agencia para la Prosperidad Social), a pesar de la historia de despojo que encerraba. 

Una fiscal de Justicia y Paz, encargada de documentar los crímenes cometidos por las Auc en el Urabá antioqueño, encontró llamativo el hecho de que sobre La Ponderosa existieran denuncias de restitución instauradas por campesinos víctimas de desplazamiento quienes afirmaron ante el ente Investigador “haberse visto obligados a vender su tierra por las presiones de los paramilitares y sus comisionistas”. 

La Unidad de Persecución de Bienes para la Restitución, creada por la entonces fiscal general Viviane Morales para agilizar las investigaciones sobre despojo de tierras, tomó cartas en el asunto y fue así como gracias al material recopilado durante dos años de investigación, logró que un magistrado con función de control de garantías de Justicia y Paz de Medellín ordenara restituir estos 15 predios, tras encontrar que fueron adquiridos de manera fraudulenta. 

La fiscalía logró demostrar en este proceso que los poderes utilizados por los comisionistas fueron falsificados. Las adulteraciones llegaron a puntos tan sorprendentes como indignantes, como en el caso de Porfilde Galván Guerra, quien falleció un 2 de junio de 1993 pero quien se levantó de entre los muertos un 15 de mayo de 2005 para conferirle un poder especial a Fabián Darley Roldán Villa para que negociara con Salinas Atehortúa la finca La Paz, de 37 hectáreas. 

O como en el caso de Manuel Francisco Mercado, quien abandonó su finca “No Hay como Dios”, ubicada en la vereda La Naranja, de Turbo, en 1995 por amenazas directas contra su vida. Dos años después fue contactado por Guido Vargas para que vendiera su finca, con el pretexto de que esos territorios eran tierra de nadie y que era mejor rescatar, aunque fuera poco, que no perderlo todo.  Manuel Francisco autorizó a su hijo Manuel Mercado para que cerrara el trato. 

“Tuve que ir hasta San Pedro de Urabá. Guido me dijo que por nuestra finca nos iban a dar 3 millones 200 mil pesos Eso era muy poquita plata pero, ¿qué íbamos a hacer? La plata me la entregó toda juntica ese día. Yo le pregunté qué tenía que firmar y me dijo: nada, tranquilo. Deja eso así. Después apareció que mi papá le había dado un poder en (25 de abril de) 2005 a un señor  Carlos Alberto Grajales para que vendiera la finca. Sí él nunca fue a una notaría. Ni siquiera va a Apartadó. Afortunadamente la justicia demostró que esos poderes eran falsos”, concluye Manuel.

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Con un círculo imaginario engloba buena parte de las veredas del corregimiento San José Mulatos, de Turbo; unas cuantas más de Necoclí como Umbito, Puya, La Islita, Tulapa, La Pitica; y otro par de parajes de San Pedro de Urabá. “Esto es lo que la gente conoce como Tulapas. Y eso es inmenso. Y lejos. Por allá hubo mucha guerrilla, hasta que llegaron los paras como en 1994”, explica el funcionario. 

Para fines de ese año, un grupo paramilitar liderado por Salvatore Mancuso ingresó a esta región “tan lejos de todas partes, tan lejos de Córdoba como tan lejos de Urabá” como él mismo la describió, con el fin de expulsar de allí a las guerrillas del Epl y Las Farc. La guerra dejó cientos de crímenes atroces y creó una catástrofe humanitaria. El propio exjefe paramilitar reconoció, en versión libre rendida ante Justicia y Paz en mayo de 2007, que “en Las Tulapas hubo combates salvajes con el Epl y las Farc, porque era zona de campamentosde las Farc y del Epl”. 

La guerra sin cuartel entre insurgentes y paramilitares ocasionó desplazamientos enormes. No existen registros oficiales que permitan establecer con exactitud  la magnitud del éxodo, pero el investigador de la Fiscalía se aventura a entregar su estimado: “yo calculo que más de 1.200 familias se fueron de la región”. 

Para las nacientes Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), la región de Tulapas encerraba un valor estratégico por tratarse de un bastión histórico de las guerrillas del Epl y las Farc el cual había que arrebatar a sangre y fuego. Y así fue. Una vez expulsados los subversivos –y los centenares de familias más – se instalaron las bases paramilitares. Y una vez establecidos allí y con pleno dominio de la región, los máximos comandantes ‘paras’ comenzaron a apropiarse de las tierras. 

“Cuando nosotros ingresamos a la zona de Tulapas, el comandante (Carlos) Castaño me dijo que hiciéramos inversiones en el área porque le gustaba para colocar un campamento. De hecho se compraron alrededor de 2.000 hectáreas. Me dijo: ‘te voy a presentar un muchacho, él conoce a todas las personas de la región, la hectárea ahí es muy barata, está entre treinta mil, cuarenta mil o cincuenta mil pesos’.Yo serví de intermediario en la compra de esas tierras, y Carlos Castaño inicialmente colocó un campamento allí en la zona”, explicó Mancuso ante un fiscal de Justicia y Paz en mayo de 2007. 

Los investigadores judiciales han logrado establecer que Mancuso le ordenó a uno de sus lugartenientes, Benjamín Alvarado Bracamonte, conseguir tierras en Las Tulapas. El joven recomendado por Carlos Castaño para que ayudara en las compras era Guido Vargas. Material recopilado por la Fiscalía señala que fue Vargas el intermediario entre las familias desplazadas y Bracamonte. Vargas se encargaba de ubicar a las familias y después de eso, en cuestión de horas, la tierra pasaba a manos del paramilitar.  

De eso dan cuenta las 18 escrituras de compraventa inspeccionadas por funcionarios judiciales, que fueron celebradas entre agosto de 1995 y diciembre de 1996 en la Notaría Única de San Pedro de Urabá donde Bracamonte adquiere el mismo número de fincas, todas ellas en Las Tulapas. Un total de 795 hectáreas quedaron bajo su dominio. 

Quienes aparecen como vendedores en dichas escrituras hoy figuran en los registros de Justicia y Paz como víctimas del paramilitarismo y del despojo de tierras. Todas afirman haber sido contactadas por Vargas. Según la Fiscalía, Alvarado Bracamonte nunca dejó las armas y hoy hace parte de una de las estructuras criminales surgidas luego del proceso de desmovilización. 

Pero Mancuso no solo le ordenó a terceros comprar predios. También quedó con tierras a su nombre. En la escritura 2147 de la Notaría Primera de Montería se consigna que el exjefe paramilitar le compró a María Gertrudis Guerra la finca Nueva Australia, de 52 hectáreas, en la vereda La Pita, de Turbo, por valor de 2 millones de pesos. La transacción se realizó el 14 de septiembre de 1995. Seis años después, el 7 de octubre de 2001, Mancuso vendió esta propiedad a Duver Jairo Cárdenas por valor de 4 millones 400 mil pesos. Éste y otros predios están en el Fondo de Reparación para las Víctimas. 

La mujer que despojó tierras

Pero mientras Bracamonte adquiría tierras por orden de los Castaño y Mancuso entre los años 1995 y 1998, otro personaje también se hizo a grandes fincas en la región por esos mismos años: Sor Teresa Gómez. 

Aprovechándose del terror que imperaba en la zona por cuenta de la presencia de las Accu, esta mujer, hermana de crianza de la familia Castaño y quien fuera gerente de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) desde 1995 hasta 1997, comenzó a presionar a campesinos desplazados de Las Tulapas para que vendieran sus fincas. 

En la desaparecida oficina regional de Antioquia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación se documentaron doce casos de despojos cometidos en el norte del Urabá antioqueño y Sur de Córdoba atribuidos a Sor Teresa Gómez. La Asociación Nacional para la Restitución Tierra y Vida asegura que en la capital cordobesa residen más de 500 familias víctimas esta mujer.   

Dentro de las particularidades encontradas en las pesquisas judiciales figura el otorgamiento de poderes especiales para que Sor Teresa Gómez negociara predios con el Fondo Ganadero de Córdoba. Hoy, estas fincas, hacen parte de complejos caucheros y madereros. Así lo revela el caso de José*.

El Incora (hoy Incoder) le adjudicó el 28 de febrero de 1991 un predio de 34 hectáreas en la región de Tulapas (vereda Brazo Izquierdo, corregimiento San José Mulatos, Turbo). Pero como a muchos de sus coterráneos, a José lo expulsó la violencia de su tierra.

Luego de que su predio fuera utilizado como trinchera y de presenciar la quema de varias fincas vecinas, en 1994 decidió abandonar la región. A Justicia y Paz le dijo que su tierra fue ocupada por las Accu para instalar allí un campamento. Dos años después, y por aquellas coincidencias de la vida, José llegó al pueblo donde vivía Sor Teresa Gómez. 

En una conversación corta, pero directa, Sor Teresa le dijo que su tierra la necesita el patrón, “por las malas o por las buenas” y, acto seguido, le entregó 300 mil pesos. El 17 de marzo de 1998, en escritura pública de la Notaría Tercera de Montería, quedo asentado que Sor Teresa Gómez, actuando como apoderada de José, vendía su finca al Fondo Ganadero de Córdoba por valor de 320 mil 764 pesos. Quien suscribió el contrato en nombre del Fondo fue Benito Osorio Villadiego, hoy preso en la cárcel La Picota e investigado por la justicia por sus presuntos nexos con el proyecto paramilitar.

Pero el predio se siguió moviendo. El 19 de septiembre de 2006 quedó consignado en escritura pública 1098 de la Notaría Única de Apartadó el contrato de usufructo suscrito entre el Fondo Ganadero de Córdoba y la Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá –Procaucho S.A-, mediante el cual el Fondo le entrega a la compañía tres predios, ubicados en la vereda Brazo Izquierdo de Turbo y que en total suman 95 hectáreas, para que adelante allí un proyecto cauchero. Entre las fincas entregadas está la de José.  

Ese mismo día, y en esa misma notaría, el Fondo Ganadero suscribió el contrato de usufructo número 1097 con la Compañía Productora de Caucho San Pedro S.A, a través del cual le entregó 15 predios, unas 526 hectáreas en total, ubicadas también en Brazo Izquierdo, para que explotara caucho. El proyecto contaba con el apoyo del gobierno nacional.

Las Tulapas era una de las zonas donde el gobierno Uribe, a través del Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) y el Programa contra Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República, promovía el desarrollo de cultivos alternativos de tardío rendimiento como el caucho. 

Producto de esta iniciativa empresas como Procaucho se aventuraron a invertir en la producción cauchera en la zona y nacieron otras como Empresa Productora de Caucho San Pedro S.A, constituida como sociedad anónima mediante escritura pública número 1033 del 13 de diciembre de 2005, con un capital autorizado de 10 mil 500 millones de pesos. Sus socios son: el Estado a través de la Incubadora Empresarial de Producción y Comercialización Agropecuaria Incuagro (cuya casa matriz es la Corporación Colombia Internacional –CCI-), con un 81,83 por ciento; le siguen en su orden, el Fondo Ganadero de Córdoba, con el 9,53 por ciento; y las cooperativas de trabajo asociado (CTA) Cooplorida, Coptrapi, Seringeira TT Ltda y Construpaz, con un 8.63 por ciento. 

Esta última fue la forma asociativa que adoptaron los desmovilizados del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc tras su desmovilización en 2006. Informes de la Contraloría General de la República en los años 2008 y 2009 pusieron en evidencia la falta de control en la ejecución del proyecto por parte de Incuagro, dado que las metas proyectadas para 2009 no se habían logrado. Puesto que se trataba de un proyecto financiado en parte por recursos del Estado, podría estarse configurando un detrimento patrimonial. 

Campesinos de la región consultados por VerdadAbierta.com señalan que el proyecto cauchero aún se sigue desarrollando en el Brazo Izquierdo. De la cooperativa Construpaz solo queda el recuerdo, pues varios de sus directivos fueron asesinados entre 2008 y 2009; otra parte se incorporó a las bandas criminales y otros más huyeron de la región, precisamente, para no ser reclutados por estos nuevos grupos. 

(*) Nombre cambiado por razones de seguridad

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Hasta hace poco más de tres años reposaron en el pequeño y atestado despacho de la Fiscalía 124 de Turbo cientos de denuncias que seguían el mismo patrón: campesinos que señalaban cómo luego de ser desplazados de la región conocida como Las Tulapas fueron contactados por comisionistas para que le vendieran sus tierras a Salvatore Mancuso y varios de sus lugartenientes a precio de nada. 

La cantidad de denuncias desbordó la capacidad de reacción del despacho. “Es que eran tantas, con gente muy delicada involucrada de por medio. ¿Cómo íbamos nosotros a resolver eso? Nos tocó escribirle una carta a la mismísima doctora Viviane Morales (entonces Fiscal General de la Nación) para que se apersonara de esos casos. Creo que le entregó esos procesos a una Fiscalía de Derechos Humanos en Medellín. Eso es un expediente inmenso”, reconoce un funcionario de ese despacho.  

En realidad, los casos quedaron en manos de la Unidad de Persecución de Bienes para la Restitución, creada por la exFiscal General para agilizar los procesos de restitución de tierras que comenzaron a develarse en el trámite de la Ley de Justicia y Paz. Desde esta Unidad se viene documentado, desde hace dos años largos, toda la barbarie que se cometió en Las Tulapas y que derivó en el despojo de poco más de 20 mil hectáreas de tierra 

Otras entidades gubernamentales también han iniciado, de manera simultánea, estudios sobre la magnitud del despojo cometido en esta región. En 2011, la Superintendencia de Notariado y Registro revisó las matrículas inmobiliarias de 1.400 predios rurales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo, que atiende los municipios de Apartadó, Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Turbo.  

En ellas encontraron varias irregularidades, pero la que más se destacó fue que unas pocas personas jurídicas y naturales les compraron, en forma masiva, sus predios a campesinos que habían sido beneficiarios de la reforma agraria en décadas anteriores. Además, esta agencia estatal constató que las ventas se hicieron a través de falsos poderes entregados a terceros. De 103 casos analizados, 75 corresponden a predios en Las Tulapas. 

La labor investigativa de ambas entidades ya arrojó sus primeros resultados. En septiembre de 2011, el magistrado Olimpo Castaño, con función de control de garantías de Justicia y Paz de Medellín, ordenó restituir a sus legítimos dueños 15 predios ubicados en las Tulapas, tras hallar, gracias a las pruebas aportadas por la Unidad de Persecución de Bienes, que estos habían sido adquiridos de manera fraudulenta por testaferros al servicio de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’. 

Pero el asunto no ha parado allí. Esta misma Unidad ya inició, ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, la solicitud de cancelación de títulos de otros 27 predios que hoy se encuentran en poder de supuestos testaferros de Salvatore Mancuso. Y, de acuerdo con declaraciones entregadas a VerdadAbierta.com por funcionarios del Ente Investigador, se avanza en la documentación de por lo menos 120 casos más que comparten las mismas características: fincas que fueron adquiridas por el Fondo Ganadero de Córdoba entre los años 1997 y 1998 y que hoy hacen parte de complejos caucheros, madereros y ganaderos.

VerdadAbierta.com reconstruyó la historia de Las Tulapas a fin de comprender cómo fue que se tejió un caso de despojo emblemático de Antioquia, en el que participaron varios jefes de las Autodefensas, reconocidos comerciantes de la región agroindustrial e, incluso, entidades como el Fondo Ganadero de Córdoba. Además, para realizarlo, apelaron tanto a mecanismos jurídicos, como la violencia.   Vea historia de Tulapas: “Lejos de todas partes, cerca del infierno”

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Diversos analistas investigadores y paramilitares desmovilizados han coincidido en que a partir de 1995, las estructuras paramilitares de esa región que, hasta ese año estaban dispersas y se dedicaban al cuidado de fincas, se reorganizaron a instancias de Carlos y Vicente Castaño y pasaron a agruparse bajo el nombre de las Accu. 

Apenas la Accu entraron al Eje Bananero, a través de San Pedro de Urabá y Turbo, los homicidios comenzaron a aumentar. Según cifras de la Fiscalía 17 Delegada para Justicia y Paz, entre finales de enero y diciembre de 1995, se perpetraron 347 homicidios sólo en Turbo. Las cifras de la Policía para ese mismo año son más dramáticas aún: los homicidios pasaron de 92 en 1994 a 383 en 1995. En este último año, según el Banco de Datos del Cinep, se perpetraron tres masacres, que dejaron 13 personas muertas y 7 más desaparecidas.

Alias ‘HH’, quien se encuentra en una cárcel de Estados Unidos desde marzo de 2009 respondiendo por delitos asociados al tráfico de drogas, dice que pueden ser más. “Había días de cuatro, cinco, seis… hasta diez personas, todos los días se mataba a alguien”, indicó este exparamilitar, quien hizo parte del grupo fundacional de las Accu y comandó los bloques Bananero, que operó en buena parte del Urabá antioqueño, y el Calima, con presencia en el Valle del Cauca. 

¿Por qué es significativo ese año de 1995? De acuerdo a los testimonios de los ex paramilitares, ese año comenzó la entrada de las Accu a Turbo y de ahí a todo el Eje Bananero de esta región agroindustrial de Antioquia, lo que trajo consigo un baño de sangre sin precedentes en el departamento y el país. El objetivo, según alias ‘HH’ era “recuperar la zona y tratar de erradicar todo lo que tenía que ver con guerrillas”. 

Pero Turbo no fue el único que padeció ese año la violencia. En el municipio de Necoclí se registró entre febrero y abril de ese año el asesinato de 130 personas, la desaparición de otras 122 y el desplazamiento de por lo menos 1.307 familias. 

Cifras de investigadores sociales como Mauricio Romero dan cuenta de un incremento inusitado de la violencia, mucha de ella asociada a la guerra desatada entre paramilitares y guerrilleros por el control de la región. Según Romero, el período comprendido entre 1995 y 1997 fue el más violento de la historia para ese momento: se pasó de algo más de 400 homicidios en 1994, a 800 en 1995, a más de 1.200 en 1996 y se bajó a algo más de 700 en 1997 y a cerca de 300 en 1998. 

Las cifras del Banco de Datos del Cinep dan cuenta de que entre 1990 y 2005 se cometieron 30 masacres, que dejaron 184 personas muertas y 46 desaparecidas. 

Buena parte de esa violencia fue utilizada para la expropiación y despojo de predios. Al respecto, alias ‘HH’ asegura que muchas tierras en esa región fueron compradas a precios irrisorios y bajo presión: “Los campesinos realmente no podían volver a sus fincas porque estábamos nosotros operando y en conflicto. Y decíamos que el que se quedaba en la zona era porque era colaborador de la guerrilla entonces nosotros los matábamos. Por eso la gente no podía quedarse en la zona”. 

Pero lo que en apariencia era una lucha contrainsurgente y de consolidación de la seguridad, poco a poco se fue convirtiendo en un proyecto económico que incluyó a empresarios, narcotraficantes, hacendados, políticos y militares, y que contempló un ambicioso plan de acumulación de tierras productivas destinadas a la ganadería extensiva, la siembra de banano y laplantación de palma aceitera y otros cultivos industriales como el caucho.

 “Hoy en día considero que fui engañado por personas de las autodefensas”, reiteró el ex jefe paramilitar ‘HH’ en una de sus últimas versiones ante Justicia y Paz. “Entré a una lucha antisubversiva convencido que había que acabar con el comunismo armado, pero resulta que había otros intereses, de otras personas, que eran las tierras. En ese momento, no lo visionaba, no sabía la importancia que tenían, por ejemplo, las tierras de Bajirá para el país, pero esos bananeros, esos empresarios y Vicente Castaño sí lo sabían. Nosotros fuimos utilizados para la guerra y, en medio de ese error, cometimos muchos más errores por los cuales tenemos que pagar ahora”.

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Una primera referencia la da Raúl Hasbún, un empresario bananero que fue jefe del Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En versión libre ante la justicia, reconoce que la tierra fue botín de guerra. Para sanear esos bienes, la organización paramilitar contó con la complicidad de notarios y registradores que, según él, “ayudaron a falsificar los documentos”. 

Su versión fue complementada recientemente por otro ex jefe paramilitar, Ever Veloza García, alias ‘HH’, quien explicó desde una cárcel de Estados Unidos, donde está recluido desde marzo de 2009, cómo se comenzaron a dar los primeros despojos de predios en los municipios de San Pedro de Urabá, justamente por donde entraron en 1994 las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) al llamado Eje Bananero del Urabá antioqueño. 

“Cuando el conflicto comenzó, los campesinos comenzaron a desplazarse al casco urbano de San Pedro de Urabá. Una vez en el pueblo, llegaban ‘Patecaucho’, que era uno de los urbanos de nosotros ahí, o llegaba ‘Monoleche’, y les ofrecían 50 mil pesos por hectárea de tierra con el argumento de que no podían volver a sus fincas. Ahí mismo les pagaban. Los mismos campesinos desplazados lo pueden decir si es mentiras o no. Así engañaron a la gente”, dijo Veloza García.

Este ex jefe de los bloques Bananero, que se movió en buena parte del Urabá antioqueño, y Calima, con presencia en el Valle del Cauca, admite que el hambre y miedo a las armas de las Accu fueron los dos factores fundamentales para que los campesinos desplazados vendieran sus tierras a bajos precios. 

“Imagínese, esos campesinos desplazados en San Pedro de Urabá aguantando hambre y llegaba ‘Monoleche’ con sus escoltas y le decía ‘venda su tierra, le vamos a pagar a 50 mil pesos’. Ante eso el campesino tenía que vender. Siempre estaba el temor a los fusiles de las autodefensas”, relata alias ‘HH’. 

De acuerdo con la confesión de Veloza García, quien fue extraditado para que respondiera por delitos asociados al narcotráfico, Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’, fue el paramilitar que más compró tierras entre San Pedro de Urabá y Turbo para los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil, los orquestadores de las Accu en ese momento. “Esas tierras fueron prácticamente robadas”, reitera.

¿Pero, de qué se habla cuando se hace referencia al despojo? Según el Área de Memoria Histórica de la disuelta Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el despojo es un proceso que, a partir de la violencia o la coacción, “un grupo o un individuo se ven privados material y simbólicamente por fuerza o coerción, de bienes muebles e inmuebles, lugares y/o territorios sobre los que ejercían algún uso, disfrute, propiedad, posesión, tenencia u ocupación para la satisfacción de necesidades”. 

Se despoja para controlar militarmente una amplia área de territorio; para quedarse con bienes potencialmente rentables como la tierra; y también para hacerse a corredores de movilidad de los grupos armados ilegales. 

El despojo, particularmente en el Urabá antioqueño, afectó profundamente a la población campesina beneficiaria de la reforma agraria. El Incora o Incoder les había adjudicado y titulado predios baldíos en los años ochenta y comienzos de los noventa, que después les fueron arrebatados por los paramilitares y sus cómplices. 

Los grupos paramilitares de las Accu despojaron a los campesinos con violencia, y luego vinieron entidades estatales a legalizar el despojo. Funcionarios del Incora (hoy Incoder), de las oficinas de Registros e Instrumentos Públicos y Notarios cumplieron un papel clave en la legalización de despojos, usurpaciones, apoderamiento, arrebatamiento y abandono de predios. 

La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) detectó tres mecanismos de despojo: el material, que consiste en el abandono del predio por presiones armadas sin que pierda, jurídicamente, la titularidad del bien; el administrativo, que se configura cuando al denunciar el despojo y verificar los folios de matrícula inmobiliaria se encuentra una resolución de revocatoria o de caducidad proferida por el Incora o el Incoder, según sea el caso, lo que hace presumir que puede existir alguna irregularidad en esa decisión; y por vía jurídica, que son aquellos casos en los cuales hay una venta de la propiedad que puede tener de vicios de consentimiento, es decir, se aportaron documentos falsos o se alteraron poderes falsificando, por ejemplo, firmas del vendedor. 

La presión paramilitar para facilitar el despojo forzado de tierras se vio favorecida por la informalidad en la tenencia de la tierra en el Urabá antioqueño. Así lo constata el informe de la Superintendencia: “El alto grado de informalidad de los desplazados con la tierra, es decir, la carencia de títulos de propiedad que impliquen el derecho de dominio y por ende la libre disposición del predio, ha originado que un altísimo porcentaje de las solicitudes de protección por ruta individual sean de poseedores, tenedores u ocupantes”. 

De acuerdo con investigaciones de la Comisión Colombiana de Juristas, en una primera fase, entre los años 1995 y 1997, cuando operaban las Accu, los grupos paramilitares en Urabá “se dedicaron sistemáticamente a apropiarse ilegalmente de las tierras de los campesinos de esta región, atentando contra la vida e integridad de quienes se resistieron a ceder la tierra que constituía su sustento o, en el mejor de los casos, ofreciendo sumas irrisorias a sus dueños a cambio de las tierras, generando el desplazamiento forzado de estos campesinos”. 

Luego, según esta organización no gubernamental, la ofensiva paramilitar conocida como la “retoma de Urabá”, posterior a 1997 y ya conformados los bloques Bananero y Élmer Cárdenas de las Auc, el método de despojo utilizado fue “mayoritariamente el de las compraventas forzadas mediante las que los paramilitares simularon contratos de compraventa y su protocolización con los legítimos dueños, previa amenaza o intimidación contra la vida o la integridad de campesinas o campesinos”. 

Tres factores empujaron a los grupos paramilitares a ocupar con violencia el Urabá, y a hacerse a la mayor cantidad de tierras que pudieron. El primero, expulsar a las guerrillas y de paso debilitar el movimiento sindical bananero. El segundo, servirle de brazo armado a muchos empresarios bananeros, ganaderos y palmeros para ensanchar sus negocios (o ellos mismos convertirse en empresarios legítimos del agro). El tercero, hacerse a rutas estratégicas para sacarcocaína y meter armas. 

De acuerdo con las cifras que dio el Ministerio de Agricultura el pasado 31 de mayo, durante la inauguración de la Oficina de la Unidad de Restitución de Tierras en Apartadó, Antioquia, con el recibo de 800 solicitudes, correspondientes a 42 mil 349 hectáreas, es el segundo departamento, después de Meta, con el mayor número de reclamaciones de restitución de tierras que han formulado hasta el momento las víctimas del despojo y el abandono forzado. 

Dentro de ese total de solicitudes, los municipios del Urabá antioqueño son los que más documentación han aportado al proceso de reclamación. Se destacan Turbo, con 383 reclamaciones, correspondientes a 23.712 hectáreas; seguido de Necoclí, con 134 reclamaciones, que comprenden 5.797 hectáreas; Mutatá, con 105 y 4.720 hectáreas; Arboletes con 100 y 4.315 hectáreas; y Chigorodó y Apartadó con 87 solicitudes de reclamación, equivalentes a 3.962 y 3.013 hectáreas, respectivamente.

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Con ellas, el Ente Investigador solicitará que se restituyan estas fincas a las familias que alegan ser las legítimas dueñas. Los predios en litigio también reúnenirregularidades señaladas por la Superintendencia de Notariado y Registro luego de estudiar con detenimiento las matriculas  inmobiliarias asentadas en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo, donde la que más se destaca es la compraventa de varias parcelas adjudicadas por el Incora (hoy Incoder) y en las que los adjudicatarios venden mediante otorgamiento de poder a una misma persona.  

Tales son los casos de los compradores Zulma Yibi Romero Cerquera y Nelson Cárdenas Montenegro, quienes registraron el 26 de diciembre de 2005 en la Notaría Única de Apartadó la compra de 18 y 13 predios respectivamente, entre ellos varios de los que hoy son objeto de reclamación. 

Uno de los predios es la finca El Principio, de 14 hectáreas, en El Porvenir Tulapa y cuyo dueño otorgó poder especial a Jorge Eljach Zúñiga, el 19 de mayo de 2005, para que negociara su predio con Romero Cerquera.  Otro de los implicados en esta compraventa es Fabián Darley Roldán Villa, a quien los propietarios del predio Las Delicias, de 49 hectáreas, también en El Porvenir Tulapa, le otorgaron un poder especial el 19 de mayo de 2005 para que negociara con Zulma Yibi Romero. 

También está el caso de Carlos Alberto Grajales Gómez, quien le vendió a Romero Cerquera el predio Las Mercedes, de 86 hectáreas en la vereda Isaías que, a su vez, había sido adquirido por Benjamín Alvarado Bracamonte, según consta en escritura pública de septiembre de 1996 de la Notaría Única de San Pedro de Urabá. 

En estos casos, la Fiscalía intentará demostrar que para estas transacciones comerciales se utilizaron falsos poderes y que los compradores sacaron ventaja de la condición de desplazados forzados de los propietarios. 

Y no será la primera vez que estas personas se enfrentan a la justicia. De acuerdo con la investigación de VerdadAbierta.com, en la Fiscalía 124 Seccional de Apartado se inició una investigación radicada bajo el número 7077 por concierto para delinquir contra Fabián Darley Roldan Villa, Carlos Alberto Grajales Gómez, Zulma Yidi Romero Cerquera, Nelson Cárdenas Montenegro, Guido Manuel Vargas López y Jorge Eljach Zúñiga. 

De igual forma, la Unidad de Justicia y Paz con sede en este mismo municipio había citado a comparecer en el proceso de restitución de 15 fincas en Las Tulapas, pero tal como quedó consignado en el informe del fiscal de esta seccional: “Ninguno de ellos se hizo presente. Solamente los dos últimos a través de su apoderado manifestaron no estar disponibles a rendir declaración y ofrecieron como prueba las versiones rendidas en el proceso 7077”. 

Pero, según pudo establecer VerdadAbierta.com, la misma Fiscalía ordenó archivar este proceso en agosto de 2011, tras no encontrar suficiente material probatorio que permitiera vincularlos con el proyecto paramilitar o con las denuncias de despojo de tierras en el Urabá, mientras que una fiscalía de Derechos Humanos de Medellín abrió una nueva investigación contra Guido Vargas por el delito de desplazamiento forzado. 

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