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Con tantas vueltas, no tardaron en aparecer los conflictos entre parceleros, casi todos con derechos legítimos sobre una misma parcela. Eso fue lo que pasó en la finca Vilut y los Amigos donde labriegos, que ocuparon el predio en diferentes épocas, alegaban tener el derecho a la propiedad argumentando diferentes motivos, aunque nadie tenía en su poder una escritura registrada.

La situación se hizo más compleja a finales de 2008 con la llegada a la zona de un empresario que les compró baratos sus predios a unos campesinos y desalojó a otros que vivían en la finca. En la actualidad todos exigen el derecho a la propiedad.

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El desplazamiento

En 1980 Jorge Blanco era un campesino de 30 años. Había pasado gran parte de su vida buscando junto a su familia una tierra donde cultivar y derivar de ahí su sustento. Invadió con otros dos campesinos una finca desocupada con el curioso nombre de Vilut y los Amigos, que pertenecía a un terrateniente de la región.

Después de 10 años de vivir allí, en 1990, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, compró el terreno de 145 hectáreas para entregárselo a siete personas: Blanco, los otros dos ocupantes de la finca y cuatro campesinos más. El Incora les entregó un título en común y proindiviso, que les daba la propiedad colectiva sobre todo el terreno, y no una parcela en particular. Los campesinos se comprometieron con el Instituto a aportar el 30 por ciento del valor del predio.

El Incora les entregó la tierra, los adjudicatarios pagaron su parte, y no les pareció relevante registrar las escrituras con sus nombres como nuevos dueños. “Lo único que nos importaba era que nos habían dado la tierra. Para todos era más una cosa de palabra”, recordó Blanco.

Con el paso del tiempo, unas familias beneficiarias se fueron porque no encontraron la forma de prosperar económicamente, otros por la violencia que los hizo escapar hacia el casco urbano.

Jorge Blanco y su padre permanecieron en la finca y para 1995, le permitieron entrar al predio a los Chamorro y que ocuparan un sector abandonado. Detrás de ellos llegaron más víctimas de la violencia y gente sin tierra que encontraron en Vilut y los Amigos un lugar para quedarse.

Para 2008, cuando por la acción de la fuerza pública y la desmovilización paramilitar, los Montes de María se tornaron más tranquilos, los adjudicatarios originales del Incora que habían abandonado la tierra, volvieron a interesarse en ella. En la finca vivían en ese momento 10 familias, incluidos los Blanco.

Entre los que habían llegado después, varias familias entraron con autorización de los propietarios originales. Así, por ejemplo, Manuel y Luis Salcedo, unos hermanos que huyeron desplazados de la vereda Pijiguay luego de que los paramilitares cometieran una masacre en 1997, llegaron al predio ese mismo año con el permiso de Pablo Jaraba, un campesino que había recibido el título en 1990. En 2007, Jaraba quiso regresar y los Salcedo alegan que el derecho de propiedad ya es de ellos. Insisten en que no solo tuvieron la autorización, sino que le compraron a Jaraba una parcela de Vilut y los Amigos por un valor cercano al millón de pesos. Jaraba sostiene que lo único que le pagaron fueron unos árboles frutales.

Al conflicto entre campesinos que habían abandonado la tierra y otros más que habían llegado a ocuparla, se sumó el desorden del Incora. Cuando fue liquidado en 2004, el Instituto hizo un balance de los predios que le pertenecían para que pasaran a manos de la entidad que la remplazó, el Instituto de Desarrollo Rural, Incoder. Como las siete familias que recibieron la tierra en 1990 nunca registraron las escrituras, la finca legalmente siguió en manos del Estado y la propiedad pasó de una entidad a la otra.

El panorama se complicó aún más cuando llegó, a finales de 2008 y en medio del conflicto entre los campesinos, un empresario paisa con la idea de montar un criadero de búfalos.

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Carlos Mario Vásquez Gaviria, un empresario de Medellín con inversiones en agroindustria y en el sector de suministros para instalación de gasodomésticos, llegó a los Montes de María para comprar tierras, invitado según él mismo cuenta, por un familiar que tenía fincas en la región.

Vásquez Gaviria adquirió varios predios en el corregimiento de El Salado, en Carmen de Bolívar en 2007 y un año después llegó a Ovejas donde compró parte de la finca Vilut y los Amigos a cuatro campesinos que habían recibido los títulos del Incora en 1990, aunque pertenecían legalmente al Incoder.

El empresario pagó los predios, en promedio a 500 mil pesos la hectárea. Con tres de los cuatro campesinos firmó un contrato de compraventa, pero con el cuarto, precisamente Jorge Blanco, hizo el traspaso de la propiedad modificando la escritura. Después de 17 años de que el Incora le hubiera entregado el título, Blanco fue a registrar los documentos a la Oficina de Registro en Corozal y aunque no podía hacerlo, porque el predio ahora pertenecía al Incoder, la directora de dicha oficina registró la escritura. Por esta irregularidad, la funcionaria fue suspendida seis meses por la Procuraduría General de la Nación.

Con contratos de compraventa en mano y con la escritura con su nombre, Vásquez tomó posesión de cerca de 80 hectáreas de la finca a principios de 2009 y comenzó a desarrollar su proyecto de crianza de búfalos.

Según los campesinos que ocupaban la tierra, las tensiones comenzaron porque el ganado del empresario se metía dentro de sus sembradíos y los dañaba. “Tuvimos varias discusiones y nos tumbó unos ranchos que teníamos. Finalmente nos tocó salir porque en febrero de este año él (Vásquez) vino y nos amenazó”, según contó un miembro de la familia Chamorro que ocupaba Vilut y los Amigos.

Los campesinos afectados por Vásquez Gaviria interpusieron un amparo policial para volver a sus tierras, pero el empresario se ha negado a asistir a las reuniones para conciliar, convocadas por la inspectora de Policía de Ovejas, Candelaria García. “Cada vez que me encontré con el señor Vásquez para hablar del tema, se puso muy grosero conmigo. Luego simplemente dejó de venir a las reuniones a la que lo citábamos para que concertara con los campesinos”, contó García.

La situación entre todos los que reclaman la propiedad es de tensión e incertidumbre, según cuenta la inspectora de Policía. En la actualidad, el empresario ocupa gran parte de la finca, y en el resto, se encuentran algunos campesinos que llegaron hace 15 años y que disputan sus derechos con los labriegos que recibieron los títulos del Incora en el 90.

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El Incoder, comotenedor legal de Vilut y los Amigos, determinó que quién debe definir el derecho a la propiedad del predio es un juez de tierras de acuerdo a la Ley de Víctimas y Restitución. “Allí hay víctimas de desplazamiento y la ley nos ordena que estos procesos pasen a manos de la Unidad de Restitución para que sean presentadas las respectivas demandas ante los jueces”, dijo un funcionario del Incoder, en Sucre.

En el caso del empresario paisa, la justicia tendrá que definir si compró de buena fe la tierra al precio que lo hizo. Hasta el momento solo Jorge Blanco ha señalado que Vásquez Gaviria le pagó un valor muy inferior al comercial (ver carta venta).

”Yo me conseguí un perito después y me dijeron que esas tierras al menos valían un millón seiscientos mil. Yo vendí a 500 mil porque estaba desesperado, tanta violencia en la zona me había dejado con miedo y sin plata. Además, ‘el cachacho’ (Vásquez) no me ha pagado todo, no me quiere responder”, dijo Blanco.

Vásquez Gaviria le dijo a VerdadAbierta.com que pagó el precio justo y que lo que hizo fue “un mal negocio”. El empresario señaló que para la época intentó pedir un préstamo al Banco Agrario, poniendo como garantía hipotecaria la tierra que iba a comprar y que en ese proceso, uno de los peritos que trabaja para esa entidad avalúo en 350 mil pesos la hectárea.

“Pagué a 500 mil, por encima del precio que me dijeron. La tierra estaba en muy mal estado y me tocó invertirle mucho para que produjera, al menos un millón por hectárea. Si en este momento me ofrecen millón y medio por cada una, la vendo”, dijo el empresario. Vásquez Gaviria aceptó que aún debe dinero a los campesinos, pero señaló que lo cancelará una vez se solucionen los problemas y tenga las escrituras registradas en sus manos.

Al ser preguntado por este portal, sobre la posibilidad de publicar el avalúo del Banco Agrario, el empresario se negó, insistiendo que es un documento privado y no tiene por qué hacerlo público, pero aseguró que si tiene que defender la buena fe de sus acciones ante un juez, lo mostrará.

VerdadAbierta.com consultó con la sucursal del Banco Agrario en Sincelejo y un funcionario aseguró que los avalúos solo se hacen cuando el propietario de un predio autoriza el proceso en el que su propiedad servirá como garantía hipotecaria. Jorge Blanco insiste en que nunca avaló ninguna solicitud de préstamo por parte del empresario y que por lo tanto no hubo ningún avalúo. “El vino y ofreció esa plata. Pagó lo que nos quiso dar”, dijo Blanco.

En cuanto a la posesión que alegan los campesinos que fueron desalojados, Vásquez Gaviria insiste en que le compró a los legítimos dueños y que el Estado no puede darle prioridad a quienes vinieron a ocupar tierras de campesinos que se fueron por la violencia. Insiste en que no ha amenazado a los labriegos y que sólo busca respetar sus derechos como propietario.

“Gente que me vendió tuvo que dejar su finca porque los desplazaron. Ahora llegan estas personas a intentar que el Estado les entregue la tierra, cuando lo que hay que hacer es respetar las decisiones de las verdaderas víctimas, quienes me vendieron”, señaló Vásquez.

Es un caso complicado por la enredada historia de Vilut y los Amigos. Tendrá que ser el juez de tierras quien defina quiénes son víctimas y quiénes tienen derecho a la restitución o a algún tipo de reparación, según aseguró un funcionario del Incoder.

El caso de este predio será todo un reto para la ley, porque en ella confluyen víctimas de la violencia que insisten en reclamar la misma tierra; otros que aseguran que vendieron demasiado barato por las penurias en que estaban después del posconflicto; particulares que abandonaron el predio por motivos económicos, pero con argumentos para reclamar la propiedad; y un empresario que pagó en parte la finca y tiene documentos para probarlo.

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El desplazamiento

Luisa Medina tenía 51 años en 2001. Vivía junto a sus cuatro hijos, su padre y sus hermanos en la vereda Pijiguay, en Ovejas, en una finca que había comprado su familia a mediados de los setenta. Aunque tenía una tierra para producir su sustento, la tranquilidad no hacia parte de su vida: las amenazas de los paramilitares a los campesinos eran de todos los días y en la memoria de todos estaba fresca la masacre ocurrida en la vereda en 1997.

Los ‘paras’ intimidaron a la familia Medina y les dieron un plazo para dejar la zona. Todos tuvieron que huir y ella terminó junto a sus hijos desplazada en el casco urbano de Ovejas. A la miseria que vivían, se sumó la que Luisa, llama, la mayor de sus desgracias: su único hijo, de 16 años fue asesinado, en unos confusos hechos, en los que el Ejército lo presentó como guerrillero. “Mi base era mi único niño, el iba a ser el hombre de la casa. Me morí por dentro. Terminé viviendo donde podía con mis tres hijas”, recordó la señora Medina.

Decenas de mujeres vivieron el mismo drama de Luisa para la época. En enero de 2001, un grupo de paramilitares del bloque Héroes de los Montes de María, cuyo despiadado jefe era Rodrigo Pelufo, alias ‘Cadena’, asesinó a 27 personas en el corregimiento del Chengue en Ovejas. El éxodo de campesinos desde varias veredas se hizo más intenso.

Varias madres solteras llegaron al casco urbano, sin el respaldo de nadie, a vivir de la caridad de la gente. “Fue muy duro. Una llega sin marido, sin dinero y con hijos. No se lo deseo a nadie”, contó Nasira Correa, otra mujer que llegó desplazada desde la vereda Los Andes.

La señora Medina contó que la situación era tan desesperada, que varios líderes campesinos que no las conocían, comenzaron a ayudarlas. Les propusieron a 10 madres desplazadas que se tomaran un predio que estaba adjunto al casco urbano, llamado El Tolima. La idea era que le pidieran al dueño que se lo vendiera al Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, para que éste a su vez se los entregara a ellas. Entre todas comenzaron a hacer empanadas para venderlas y así reunir el dinero que pagara los buses para hacer los trámites en Sincelejo.

El Incora compró las 100 hectáreas del predio y se las entregó a las 10 mujeres en común y proindiviso, una figura legal en la que los propietarios conforman una sociedad en donde cada uno posee un derecho o acción sobre todo el terreno, y no una parcela en particular.

Aunque parecía el principio del fin de sus padecimientos, la violencia y la pobreza siguió persiguiendo a las mujeres de El Tolima.

Tierra para reparar pero no para progresar

Las madres recibieron la tierra y de inmediato levantaron unos ranchos para vivir. Además de los títulos, el gobierno les había prometido un capital y capacitación para poner a producir la finca, que representarían la cuota inicial para salir adelante, pero como suele suceder en Colombia, el Estado hizo todo al revés.

El gobierno sí les dio su capital como semilla para el progreso. A cada madre le dio un par de vacas paridas, la mayoría de ellas viejas o enfermas, según cuenta Arlina Dorado, una campesina que recibió el título. “Las vaquitas estaban muy acabadas y no sirvieron de mucho. No teníamos hijos varones mayorcitos que nos ayudaran y tuvimos problemas para manejar el ganado”, contó Dorado.Un par de años después, muchas de las vacas habían muerto y las pocas que quedaban apenas servían para producir la leche de consumo diario.

Después de que perdieron las vacas por no saber manejarlas, entonces sí llegó la oferta del Sena de capacitarlas en manejo de ganado. Las campesinas dejaron sus quehaceres diarios para asistir seis meses a la capacitación, con la esperanza de que el gobierno les ofreciera algún tipo de ayuda económica para comprar vacas y cabras y poner en práctica lo que aprendían, según contó Luisa. “Agradecemos las cosas que nos dan, pero es que todo al final es perdido, tanto para ellos como para nosotras. De qué sirve que nos enseñen si no tenemos un peso para comprar un animalito”, contó la campesina.

Es muy complicado que personas como esas madres de El Tolima, que vienen de la pobreza total, salgan de la pobreza si el Estado no estructura un proyecto para acompañarlas a mediano plazo, según el padre Agustín Villar, director de la Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de María. “La tierra sola no produce. La tierra hay que cultivarla y para cultivarla se necesita más que un azadón. Si no hay una inversión seria no va a pasar nada”, dijo.

Pero, la falta de apoyo para sus proyectos no fue el único problema que tuvieron estas valerosas mujeres. Entre el 2003 y 2008, el conflicto las puso en medio del fuego. “Una vez se atrincheró la guerrilla en la finca y nos dijo que no nos fuéramos. Sentimos que nos querían utilizar como escudos contra el Ejército”, contó Luisa, aunque aclaró que “afortunadamente, las cosas no pasaron a mayores”.

Las mujeres le contaron a VerdadAbierta.com que durante esos años también fueron varias veces víctimas de la delincuencia común. “Se aprovechaban de nosotras porque somos mujeres. Una vez una fundación nos regaló unos carneros y se los llevaron. Hasta el alambre de las cercas se lo robaron”, contó la campesina Arlina Dorado.

Para 2010, las campesinas habían construido sus casas en un costado del predio, pero la mayor parte del terreno seguía siendo un enorme potrero sin cultivar.

Entre la esperanza y la incertidumbre

En 2011, ocho años después de recibir el predio, las 10 mujeres habían visto crecer sus familias. Las hijas que llegaron adolecentes a la finca ahora tenían varios niños que alimentar y la tierra apenas producía para la comida diaria. Las campesinas decidieron acabar con el común y proindiviso y buscar la forma de dividir la finca, para que cada una tuviera sus propios títulos, pensando en dejarles una parcela a sus descendientes.

Las mujeres contactaron a Colombia Responde, una estrategia de la Unidad para la Consolidación Territorial financiada con dineros de la cooperación internacional y allí las escucharon. Esta Unidad implementa proyectos productivos para que los campesinos de las zonas donde ha mermado la guerra, puedan prosperar económicamente.

Los funcionarios les ayudaron a conseguir sus títulos individuales y les dijeron que también les podían servir para conseguir créditos para financiar sus proyectos. “Con los títulos individuales la gente tiene más claro los derechos que tiene sobre la tierra. Además es mucho más fácil pedir un préstamo en un banco teniendo un terreno propio que unas acciones”, le dijo David Gomezcasseres, director del Incoder en Sucre a VerdadAbierta.com.

La Unidad de Consolidación trabajó junto al Incoder para tomar las medidas de los terrenos que le correspondían a cada familia y en julio de 2012, las mujeres de El Tolima lograron tener en sus manos las escrituras de sus parcelas, cada una de aproximadamente 10 hectáreas. “Ahora sabemos que tenemos un pedazo de tierra y que si uno llega a faltar, pues les va a quedar algo a los nietos”, dijo la señora Medina.

Aunque las campesinas están más tranquilas con sus títulos, piden que les ayuden con la financiación de algún tipo de proyecto para poner a producir sus parcelas.

En septiembre de 2012 las familias de El Tolima estaban cultivando tabaco, ñame y yuca. Han construido una aldea a un costado de la finca, separadas del pueblo solamente por la carretera. Son pequeñas viviendas, algunas hechas de bloque gris y otras de madera, que no tienen servicio de alcantarillado. Cada una cría periódicamente unas cuantas gallinas y un par de cerdos que les sirven para ganarse algún dinero.

Maribel Romero, directora de la Unidad de Consolidación para los Montes de María, le dijo a VerdadAbierta.com, que en esta ocasión no se cometerán los errores del pasado, porque se está ejecutando un proyecto estructurado a mediano plazo. “Entiendo que no se tenga plena confianza por cómo se dieron las cosas en el pasado, pero ahora estamos haciendo las cosas seriamente”, dijo Romero.

La funcionaria señaló que la Unidad está trabajando con la Alcaldía de Ovejas y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, para poder proponer un proyecto agrícola a las campesinas. Romero agregó que luego de estudiar varias opciones, van a proponerles un cultivo de yuca amarga, materia prima para hacer arepas y para producción de hidrocarburos. “Queremos que el proyecto lo desarrollen ellas mismas. Ellas pueden buscar otras opciones de asociación con empresarios, pero en este caso nos gustaría apoyarlas para que desarrollen su propia empresa”, explicó la directora de la Unidad.

Por ahora las campesinas siguen a la espera.   

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VerdadAbierta.com conversó con las autoridades y varios expertos de la región, quienes aseguraron que no hay tal ejército, ni han regresado los fantasmas del pasado. Y que si bien, sí hubo algunas amenazas a líderes que aún no se han investigado, la expectativa de que jueces agrarios definirán los conflictos por la tierra, ha tranquilizado el ambiente.

Desde mediados de 2007, una ofensiva militar contra paramilitares y guerrilleros, y la acción de diversas organizaciones civiles nacionales y extranjeras, hizo que la violencia en los Montes de María cayera visiblemente.

La cifra de persona desplazadas forzosamente bajó de 1.625 en 2007 a 101 en 2009, según datos del Sistema de Información para la Población Desplazada del gobierno. Después de casi dos décadas de guerra, los habitantes de la zona tuvieron un respiro, pero la política oficial de restitución de tierras puso en primer plano el conflicto de toda la vida, la lucha por la tierra, y algunos hechos violentos despertaron el miedo a que la pesadilla de la violencia empezara otra vez.

En 2010, los empresarios que habían llegado a la región un par de años atrás para comprar miles de hectáreas montaron sus proyectos y comenzaron los problemas con los campesinos. Hubo varios intentos de desalojo y enfrentamientos entre empleados de las empresas y los labriegos. Candelaria García, inspectora de Policía del municipio, tiene el registro de varios choques entre habitantes de la zona y trabajadores de empresarios como Juan Guillermo Vélez Jaramillo, propietario de Arepas Don Juancho y Carlos Mario Vásquez Gaviria, dueño de un proyecto de búfalos.

La tensión en la región siguió subiendo luego de la quema de tres ranchos que los campesinos habían levantado en predios que reclamaba la empresa Arepas Don Juancho en la hacienda la Europa. También aparecieron hombres sospechosos preguntando en horas de la noche, por líderes de grupos de víctimas que reclamaban tierra.

La Defensoría del Pueblo emitió en junio de 2012 un informe de riesgo (Ver informe) en el que alertaba a las autoridades sobre la presunta conformación de bandas criminales en Ovejas. El documento recogió varias denuncias de campesinos relacionada con la aparición de grupos de hombres armados en algunas veredas, con los enfrentamientos entre los campesinos y los empresarios, y las intimidaciones a líderes agrarios.

La fuerza pública y la Unidad de Tierras reaccionaron al informe, señalando que no había ninguna prueba concreta de la existencia de bandas criminales y mucho menos de los llamados ‘ejércitos anti-restitución’.

Según el teniente coronel Juan Francisco Gómez, comandante del batallón de la Armada Nacional que opera en Ovejas, las denuncias están relacionadas más a enfrentamientos entre empleados de algunos empresarios y los campesinos. “Tenemos detectadas bandas criminales en la zona costera, en el golfo de Morrosquillo, pero no el municipio de Ovejas. Lo que ha ocurrido allí son choques domésticos entre interesados por los predios, pero no alteraciones del orden público por grupos armados ilegales”, señaló Gómez.

VerdadAbierta.com solicitó las cifras sobre hechos violentos en el municipio pero la Policiía departamental de Sucre nunca envió la información.

El comandante de la Policía en Sucre, coronel Salvador Gutiérrez le dijo a VerdadAbierta.com que durante los últimos meses no ha recibido denuncias sobre amenazas a campesinos y que la mayoría de los hechosviolentos en Ovejas están relacionados a la delincuencia común o a las riñas entre ciudadanos.

Muchas veces ocurren problemas entre vecinos, por cualquier motivo y la gente los relaciona con la presunta conformación de bandas criminales, según le contó a VerdadAbierta.com el padre Agustín Villar, director de la Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María.

“Creo que en general en varios municipios de los Montes de María hay hechos violentos contra líderes campesinos que hay que investigar, pero también es obvio que muchos de estos actos son consecuencia de problemas entre vecinos, por los intereses que hay en la tierra”, señaló el director de la Fundación.

Según Ingrid Vergara, representante del Movimiento de Víctimas de Estado en Sucre, que asesora la solicitud de restitución de varios campesinos en Ovejas, desde julio no se han presentado amenazas o agresiones contra líderes de la región. “Nos preocupa que las investigaciones sobre denuncias que hicimos en relación a las intimidaciones y las quemas que ocurrieron no muestren resultados. Sin embargo, es claro que de hace un tiempo para acá, todo ha estado mucho más tranquilo en la zona”, explicó Vergara.

Desde que la Unidad de Restitución abrió sus oficinas en Sincelejo y comenzaron a llegar las solicitudes la tensión bajó, porque todos esperan que los jueces de tierras definan quienes son los dueños de los predios y saben que las acciones de hecho no sirven de nada, según le contó un líder campesino de la región a VerdadAbierta.com.

De ahí que sea tan crucial que la política de restitución funcione, ordene y aclare la propiedad de la tierra y haga justicia con los desterrados. Si eso se consigue, será el principio del fin definitivo de la violencia.  

*A mediados de noviembre de 2012, varios miembros del Movimiento de Víctimas de Estado, Movice, en Sucre y Bolívar recibieron una amenaza de muerte de un autodenominado “Ejército anti-restitución”.  Ante estas intimidaciones, siete líderes dejaron la región como medida de protección.

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La discusión está es en el modelo productivo. Hay varias empresas con grandes proyectos productivos ya en marcha, de siembra de teca para producir madera, de búfalos, de maíz, entre otros, y algunos han involucrado a familias campesinas como asociados o como trabajadores. Y están los proyectos diseñados por los mismos campesinos, con apoyo del Estado, para desarrollar zonas que protejan y auspicien especialmente a pequeños y medianos campesinos. El gobierno, y otros expertos, considera en que los dos modelos de desarrollo económico son compatibles y pueden coexistir.

Empresas como la cementera Argos tienen grandes proyectos de reforestación y han involucrado a habitantes de la zona . A octubre de 2012, el grupo empresarial Argos tiene 550 hectáreas en Ovejas y cerca de 9.000 en los Montes de María, según datos de la misma compañía. La cementera ha desarrollado en esa zona un cultivo de arboles de teca, en un proyecto con doble beneficio: la madera y la producción de oxígeno como compensación por la contaminación industrial y minera de su actividad.

Argos tiene registrado ante la ONU el proyecto ambiental, que incluye cultivos en varias zonas del país, pero según le dijo un representante de la empresa a VerdadAbierta.com, las hectáreas en Ovejas, aún no tienen el aval del organismo internacional. La empresa ha insistido en que el proyecto hace parte de su proyecto de responsabilidad ambiental y no es una estrategia comercial de vender cuotas de producción de oxígeno a otras empresas.

El proyecto de la cementera ha involucrado a cerca de 80 familias en Ovejas, que arriendan parte de sus fincas para el cultivo de teca. La empresa también brinda apoyo técnico y financiero para que estos campesinos siembren productos para su propio sustento y frutas como el mango, en asocio con la productora de gaseosas Postobón.

Aunque la cementera ha logrado integrar a su proyecto a un sector de la comunidad, otro sector ha señalado al grupo empresarial de acumular tierras en exceso y de plantear un esquema de asociación con los habitantes de la zona que va en contravía al modelo de economía campesina.

Algunas comunidades de la región han propuesto otros esquemas de asociación diferentes en los que no se incluya a grandes empresarios. Varios líderes campesinos insisten en que el Estado debe ofrecer ayuda técnica y financiera para que siembren alimentos que garanticen su sustento y generen un excedente que les permita progresar económicamente.

“No queremos un esquema que nos vincule a una empresa grande porque es una relación desigual en la que podemos terminar perdiendo. Somos campesinos y queremos cultivar nuestra propia tierra”, dijo Náfilo Bohórquez, un habitante de la vereda San Francisco a VerdadAbierta.com.

Según el padre Agustín Villar, director de la Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María, el Estado tiene que garantizar la posibilidad de desarrollar los dos tipos de modelos sin que uno termine prevaleciendo sobre el otro. Desde 2009, la Fundación acompaña una idea que nació de varias organizaciones de campesinos de la región: la conformación de una Zona de Reserva Campesina que limite la concentración de la tierra en pocas manos, facilite el acceso a crédito barato, apoyo tecnológico y capacitación y garantice infraestructura adecuada, para el desarrollo de proyectos exitosos.

Las Zonas de Reservas Campesinas no son nuevas en Colombia. A finales del gobierno de César Gaviria en 1994, se aprobó la Ley 160 que creó esta figura para impulsar el desarrollo rural. La idea era crear unas zonas en las que se restringiera la compra de tierra para evitar la concentración y ofrecer a los campesinos que las habitaran créditos y asistencia técnica para que desarrollaran proyectos agrícolas en comunidad.

Entre 1996 y 2002 se crearon seis reservas campesinas, pero en la práctica, ninguna de ellas pudo funcionar, porque todas se convirtieron en zonas de guerra, según explicó César Jerez, coordinador general de la ONG Asociación Nacional de Reservas Campesinas. “Todas quedaron en medio de la guerra. Hubo despojo de tierras, no se respetó las restricciones para adquirir propiedad y los campesinos fueron estigmatizados como guerrilleros”, dijo Jerez.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe el tema quedó reducido a la presencia militar de esas zonas y hubo violaciones de derechos humanos contra los habitantes, según agrego el coordinador de la ONG.

El gobierno de Juan Manuel Santos retomó el tema a solicitud de campesinos de varias zonas del país. Según palabras del investigador Alejandro Reyes, que asesora al Ministerio de Agricultura, la idea es corregir los errores del pasado y apoyar a los campesinos para que puedan convertirse en verdaderos polos de producción.

“Hay que mejorar la infraestructura de riego y de vías de comunicación, ampliar los créditos, aportar tecnología y promover la asociación de los agricultores para que esto funcione”, dijo Reyes en el Primer Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina, en 2010.

En los Montes de María el proyecto de Zonas de Reserva Campesina va bastante adelantado entre las organizaciones sociales de la región y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder. Por ahora se han propuesto dos zonas pero falta concretar su delimitación, aunque se ha determinado con los campesinos que el área estará entre 300 mil y 430 mil hectáreas, lo que representa entre el 50 y el 60 por ciento de toda la región. (Ver mapa)

Cerca del 60 por ciento de todo el municipio de Ovejas, aproximadamente 27 mil hectáreas, quedarán dentro de la reserva.

Además de delimitar la zona, está pendiente la aprobación de los planes de desarrollo por parte de los campesinos y un comité técnico. Luego el proyecto pasará a aprobación a la junta directiva del Incoder.

La reglamentación de la reserva, que corresponde a las mismas comunidades, ya fue definida y restringe la compra de más de tres Unidades Agrícolas Familiares, UAF, una medida que varía dependiendo de la región y que define la tierra suficiente para que una familia pueda producir su propio sustento y dejarle un excedente que le permita valorizar su capital. En promedio una UAF en Ovejas tiene 42.5 hectáreas, es decir, cuando se concrete la zona de reserva, nadie dentro de esa zona en Ovejas podrá comprar o vender fincas con una extensión superior a 127.5 hectáreas.

Según Myriam Villegas, directora del Incoder, la creación de la zona no tendrá efectos retroactivos, es decir no afectará las propiedades que superen las tres UAF. Esto significa que empresas como Argos podrán mantener sus propiedades, pero no podrán adquirir nuevas tierras para su proyecto forestal. “La idea es crear condiciones para que los campesinos convivan con los empresarios. Que se restrinja la compra de tierras pero que las compañías les ofrezcan asistencia técnica, acompañamiento de proyectos y alianzas en las que ganen las dos partes”, dijo Villegas.

Un representante del grupo Argos le dijo a VerdadAbierta.com que la empresa no ha comprado más predios en Ovejas desde 2011 y que no está interesada en seguir adquiriendo más tierras en la zona. La cementera agregó que respaldan el proyecto de crear Zonas de Reserva Campesina en la región.

– Padre Agustín Villar,Director de la Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María

– Investigador Moritz Tenthoff

– Miriam Villegas, directora del Incoder

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Aunque la misma investigación detectó que gran parte de la superficie de Ovejas es habitada y reclamada por personas diferentes a las que aparecen en los títulos registrados, el informe de la Unidad consolidó estadísticamente los datos de quienes aparecen como dueños en el papel.

El estudio revisó los registros catastrales de los 1.488 predios del municipio en dos momentos, los años 2000 y 2010.

La investigación encontró que en2010 cerca del 18 por ciento de toda la tierra del municipio estaba concentrada en solo 10 fincas, una situación similar a la que existía en el año 2000. Según un experto de la Unidad de Restitución de Tierras, esta cifra puede evidenciar que las grandes haciendas de Ovejas siguen intactas y no fueron parceladas en pequeñas propiedades para los campesinos con menos recursos.

El funcionario aclaró que estos grandes predios no necesariamente pertenecen a pocos terratenientes, ya que en ese municipio existen haciendas a nombre de muchos campesinos con la figura de común y proindiviso, un modelo de propiedad comunitaria en la que varias personas son dueñas de todo el predio, por acciones y no por parcelas particulares.

El estudio muestra que las pequeñas fincas, de menos de 21.5 hectáreas, son en total 1.111 y ocupan el 20 porciento de toda la superficie del municipio. (Ver gráfico 1 )

En cuanto a los propietarios, sorprendentemente la investigación encontró que la superficie que está a nombre de compañías privadas disminuyó de 2.007 hectáreas en el año 2000 a 1.622 en 2010. Esta tendencia no es la misma en todos los municipios de los Montes de María. En el vecino municipio de Carmen de Bolívar, las hectáreas en manos de empresas privadas se duplicaron pasando de 3.889 a 8.325.

El 66 por ciento de la superficie de Ovejas pertenece a personas naturales, 30 por ciento está en poder de alguna entidad del Estado (la mayor parte en manos del Incoder) y 4 por ciento a empresas privadas.

La Unidad de Consolidación y la Unidad de Tierras también contrataron un estudio sobre el uso del suelo, que comparó imágenes satelitales tomadas en 1999 y 2011, que muestran cómo han cambiado las zonas para cultivo y ganadería.

La investigación mostró que en 1999 no existían cultivos de teca y 12 años después las hectáreas sembradas de este árbol llegaron a 350, pero esta área representa apenas el 0.8 por ciento del total de todo el municipio. Según un agrónomo de la Unidad de Tierras, este crecimiento en las plantaciones maderables ya es representativo, pero sigue siendo muy pequeño como para señalar que existe un monocultivo en gran parte del municipio. (Ver gráfico 2  y gráfico 3 )

La cobertura vegetal que más creció, según el informe es la de pastos limpios que corresponde a las zonas que han sido intervenidas con una mínima tecnificación para la ganadería. El aumento fue de 2.483 hectáreas, que representan el 5 por ciento de toda la superficie del municipio.

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Así ha pasado la mayor parte de su vida: entre la siembra de yuca, plátano y ñame de su parcela, y las reuniones para conseguir recursos que financien proyectos para campesinos de su pueblo. Cárdenas nació en 1932 en Ovejas, pero solo vino a ser dueño de un pedazo de tierra cuando tuvo 40 años.

En la década de los sesenta, se sumó al movimiento campesino que logró que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, les entregara varias haciendas de familias tradicionales a labriegos de los Montes de María. Cárdenas, su esposa y sus siete hijos fueron beneficiarios de estas parcelas, armaron su casa y desde entonces vive en ella.

Para la época en que nació la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc, Cárdenas, estuvo entre los fundadores del movimiento en Ovejas y desde ese momento comenzó a coordinar los comités que trajeron maestros y médicos para los habitantes de la región.

Según José Macareno, líder campesino de los Montes de María y compañero de trabajo de Cárdenas, gracias a su trabajo la población de la región pudo tener acceso a servicios que hasta la década de los setenta eran exclusivos de los terratenientes. “José Miguel fue siempre muy activo. En esa época, con su labor y la de otros líderes se pudo construir escuelas y centros de salud. Logró que se nombraran enfermeras para que atendieran la gente. La verdad en ese tiempo los campesinos no teníamos nada”, contó Macareno.

Rápidamente Cárdenas ascendió en la organización campesina. En los ochenta, luego de pasar por la coordinación municipal y departamental, llegó a la mesa directiva nacional de la Anuc.

Pasó de serun labriego sin tierra a un líder que reivindicaba las necesidades de la gente del campo, según cuenta Dagoberto Villadiego, antiguo compañero suyo en la Anuc. “Se volvió un referente. A pesar de apenas sabe leer y escribir, se convirtió en un referente de la lucha campesina por la tierra y las necesidades básicas de las comunidades”.

Pero la vida de Cárdenas, al igual que la de la mayoría de los líderes de tierras en Montes de María cambió a mediados de la década de los 90. Con la entrada de los grupos paramilitares a la zona, llegaron las amenazas y los asesinatos. Según el Movimiento de Víctimas de Estado, Movice, al menos 10 representantes de los campesinos fueron asesinados entre 1996 y 2001 en Ovejas.

La mayoría tuvo que irse a otras ciudades oal casco urbano del municipio y dejar de convocar reuniones, según cuenta Carlos Caro, amigo de Cárdenas. “Todo se acabó. Por la violencia que se vivió toda la organización campesina se desbarató. José Miguel y el resto tuvieron que dejar de hablar y dejar la tierra tirada, con los animales muriéndose por miedo”, contó Caro.

Cárdenas abandonó Ovejas en 1997, tras la masacre de Pijiguay, para ocultarse en Barranquilla. “Fueron momentos difíciles. Estuve un par de meses fuera, pero luego regresé para estar con la familia en el pueblo, porque a la finca no pudimos volver en esos años”, contó.

En 2008, luego de la desmovilización de los paramilitares y la derrota de las Farc en la región, los campesinos volvieron. Desde entonces, Cárdenas volvió a reunirse con sus vecinos para ver cómo recuperaban las tierras que perdieron.

Desde 2010 trabaja en la mesa campesina que negocia con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, la creación de una Zona de Reserva Campesina. “La comunidad lo escogió porque tiene toda la experiencia del mundo. Además, a pesar de su edad, tiene toda la energía, es el primero en llegar en todas las reuniones”, dijo José Macareno.

Cárdenas dice que seguirá en la organización campesina hasta que su salud se lo permita: “Yo trabajo dentro de mis capacidades con la yuca que tenemos cultivada, pero cuando hay que ir a una reunión, toca dejar la familia e ir a trabajar. Queda mucho por hacer, mucha tierra por reclamar y muchas gente con necesidad en esta zona”.

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Argemiro nació en la hacienda La Europa en 1960, época en la que todavía estaba a cargo del Instituto de Fomento Tabacalero. Su hermano mayor fue un beneficiario del Instituto Colombiano de Reforma Agraria Incora, (Incora) y recibió títulos de esas tierras 10 años después. “Para la época había muchas reuniones para definir a quién le entregaban tierra. Iba toda la familia y llevaban a los pelaos para que se enteraran a qué tenían derecho. Ahí conocí a Argemiro”, contó Andrés Narváez, un sexagenario labriego de la Europa.

La recién nacida Anuc trajo estudiantes de universidades públicas de Cartagena para que organizara grupos comités infantiles y juveniles en los que los hijos de los campesinos aprendían a leer y escribir. En esa época eran escasas las escuelas públicas y esos espacios eran los únicos que tenían los niños para dejar de ser analfabetas. “A mí me gustaba ir porque me encontraba con el resto de amigos. Pero me llamó mucho la atención los libros quetraía la gente de Cartagena y rapidito me interesé por la cuestión de los derechos de los campesinos”, dijo Lara.

El joven campesino pasó a figurar rápidamente entre los miembros de la Anuc y la comunidad de la Europa. A los 20 años y con una formación académica muy básica, se convirtió en uno de los principales líderes en las tomas de tierras que realizaban los campesinos a las grandes haciendas de los terratenientes de la región. Junto a la organización campesina, Lara viajó por varios departamentos como Córdoba, Bolívar e incluso visitó los Llanos Orientales.

Fue su labor como miembro de la Anuc la que le trajo los primeros problemas a mediados de la década de los 80. Un hermano suyo fue asesinado en 1986 por un problema de tierras y el mismo Argemiro tuvo que abandonar la región durante algunos meses en 1988, ante una amenaza de los hombres de un terrateniente de la región.

La violencia en la zona se disparó en los años siguientes. Una banda de delincuentes encabezada por Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, que luego se convirtió en el jefe del bloque Héroes de María de las Autodefensas, amenazó a Lara, quien tuvo que dejar la región en 1994.

Ahí comenzó un tortuoso camino como desplazado. Su familia huyó también del municipio en 1997 con la llegada de los hombres de los hermanos Castaño a la zona. Todos se fueron para Cartagena, a vivir en una vivienda de madera en el barrio El Pozón. “Era muy duro. No estábamos acostumbrados a vivir en una ciudad y menos en esas condiciones. La casita vivía inundada y con manos olores”, recuerda Lara.

En Cartagena los Lara se convirtieron en vendedores ambulantes de yuca y plátano. En el barrio, Argemiro fundó la Asociación de Ayuda Solidaria Andas, que le ayudaba a la Cruz Roja a identificar y registrar a las familias desplazadas que llegaban así como a distribuir las ayudas.

Las condiciones económicas de Argemiro Lara y de su familia mejoraron luego de que hiciera un par de cursos de metalmecánica y carpintería con el Sena. Montaron un taller y se fueron a vivir a un barrio con mejores condiciones en 2003. Aunque cuenta que siempre estuvo en contacto con sus vecinos de La Europa, no regresó por las condiciones de seguridad.

Mientras tanto en Ovejas, la persecución a los líderes se intensificó y muchos fueron amenazados o asesinados por los paramilitares. “En esa región las organizaciones campesinas sufrieron mucho. No quedó ninguna estructura social que reclamara por los derechos de la gente. Los que se quedaron, lo hicieron en el silencio para cuidar sus vidas”, contó Dagoberto Villadiego, dirigente de la Anuc en los Montes de María.

Cuando la situación de seguridad comenzó a mejorar y llegaron los empresarios a comprarles la tierra a los campesinos, en 2008, no existía ningún tipo de asociación entre las comunidades. Ante la necesidad de hacer respetar los derechos sobre la tierra, varios habitantes de la Hacienda la Europa decidieron contactar a Lara para pedirle ayuda. “Lo buscamos en Cartagena para que viniera a trabajar con nosotros. Sabíamos que tenía capacidades, que sabía del asunto y nos podía ayudar”, recordó Gilberto Pérez Chamorro, habitante de la hacienda.

Lara regresó y ayudó a organizar la Asociación de Campesinas y Campesinos de la Europa, de la cual es presidente. Desde la asociación a liderado un movimiento para hacer sus derechos frente a la compra abusiva que hizo Arepas don Juancho a casi un centenar de campesinos de la hacienda.

“Argemiro Lara es una persona que es muy respetada por la comunidad. Todos, desde los más jóvenes a los más viejos confían en él. Ha sido un líder muy serio que ha sabido representar a la comunidad para enfrentar los problemas con la empresa”, contó Ingrid Vergara, coordinadora del Movimiento de Víctimas de Estado, Movice, que asesoró a los campesinos de la Europa con la solicitud de restitución de tierras.

Lara dejó atrás su vida como carpintero en Cartagena y volvió a sembrar la parcela que posee en La Europa junto a su familia. Según cuentan sus vecinos y amigos, es de nuevo el campesino de hace 20 años que divide sus días entre su cultivo de tabaco, plátano y yuca, y las reuniones con la comunidad para defender el derecho a su tierra.   

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