Con un intimidante panfleto terminaron el 2013 los líderes de restitución de tierras del municipio de El Copey, la única población del Cesar que fue priorizada en su totalidad por la Unidad de Restitución de Tierras por considerar que las reclamaciones están dispersas en todo su territorio.

Una mujer y tres hombres, quienes desde sus asociaciones de víctimas han defendido los derechos de los campesinos que abandonaron sus tierras en la época de presencia paramilitar en la zona, recibieron un mensaje a través de un correo electrónico de una persona que se hace llamar ‘Estoquio Sostenes’ que supuestamente enviaba la banda ‘Los Rastrojos’. VerdadAbierta.com conoció apartes del intimidante recado:

“[…] pongan cuidado malparidos. Se les ha informado de diferentes maneras y no hacen caso y siguen con lo mismo. No queremos que manejen nada de lo de la restitución de tierras. No jodan con esa vaina o es que creen que estamos jugando […] No descansaremos hasta que ustedes se aquieten con esa joda de las tierras […] y para el que no haga caso: muerte, muerte, muerte, muerte, muerte, muerte, muerte… Los Rastrojos, Los Rastrojos, Los Rastrojos, Los Rastrojos en plan de limpieza por una Colombia Nueva”.

Y lo peor del caso es que en este mensaje no solo amenazaron a los tres representantes de asociaciones reclamantes de tierras, sino a nueve líderes más que hacen parte de las organizaciones de víctimas vinculadas a la Mesa Municipal de Participación de Víctimas de El Copey. Es decir, son doce personas sobre las que recayeron las amenazas, número al que se suman otras amenazas que se registraron en el transcurso del año pasado, unas entre reclamantes y opositores, y otras de parte de grupos que argumentaban ser parte de las desmovilizadas autodefensas.

Carmen*, desde su Asociación Veredal de Víctimas ayuda a los campesinos que como ella y su familia, fueron desplazados de sus predios. “Si hay una ley que nos protege y que nos puede devolver lo que perdimos porque vamos a desistir de eso”, dijo la líder de tierra amenazada en el panfleto.

Diciembre pasado para ella y sus compañeros, junto con sus familias, fue mes de miedo y temor. Luego de la amenaza, las autoridades de El Copey realizaron un consejo de seguridad para analizar el tema, instados por la denuncia que hicieron los reclamantes ante la Defensoría del Pueblo en Valledupar.

*Carmen explicó lo sucedido: “tuvimos una reunión, era un consejo de seguridad y discutimos mucho con las autoridades porque ellos dicen que eso no es nada, que no le prestáramos atención. En esa reunión nosotros le dijimos al Alcalde que si nos pasaba algo era su responsabilidad. Es que si la amenaza fuera contra el Alcalde, ahí sí le prestaban atención, pero como somos nosotros nos dejaron a la buena de Dios”.

La líder fue enfática en decir que los líderes de víctimas y tierras en El Copey no encuentran apoyo en las autoridades locales: “No nos prestan atención y siempre quieren minimizar las amenazas”.

El Copey está situada en el noroccidente del departamento del Cesar, en los límites con el departamento del Magdalena, y sirvió de corredor a los paramilitares para desplazarse entre los dos departamentos. Sus tierras son aptas para diferentes cultivos. En los últimos 15 años, la siembra de palma se intensificó. Incluso, muchos reclamantes aseguran que tuvieron que vender sus parcelas bajo amenazas a amigos cercanos a las empresas palmicultoras, que luego les compraron a éstos para ampliar el negocio.

La Defensoría del Pueblo indicó que no es la primera vez que estos tres líderes reclamantes de restitución de tierras han sido objeto de amenazas proferidas por desconocidos.

“Específicamente sobre la situación de riesgo en que se halla *Carmen, portavoz de la Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir, la Regional Cesar ha informado oportunamente al gobierno nacional para que se tomen las medidas correspondientes”, explicó Omar Contreras, defensor del Cesar. “Por eso pedimos las garantías de un entorno seguro para el ejercicio de sus actividades gremiales entre las víctimas de despojo de tierras y desplazamiento forzado”.

Así va la restitución en El Copey
De El Copey, según la Unidad de Tierras del Cesar, se han recibido 415 solicitudes, representadas en 19 mil hectáreas, de las cuales 219 están en trámite. La coordinadora de la Unidad, Ketty Montes Herazo, explicó a VerdadAbierta.com que “al 70 por ciento ya le iniciaron el proceso administrativo y el 30 por ciento restante tienen dificultad para identificar los predios. A la Unidad le toca trabajar con las uñas porque existen muchos campesinos que no recuerdan donde queda su predio o a veces dan datos inexactos, incluso la parcela queda dentro de un predio grande”.

A esta situación se le suma la difícil geografía de El Copey, que va desde el terreno plano hasta las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. El acceso a los predios para comunicar los procesos a los poseedores actuales, según los funcionarios de la Unidad de Tierras, lo deben hacer muchas veces en mula y en recorridos hasta de ocho horas.

Las dificultades para la restitución también tienen que ver con que no existe coincidencia entre las bases catastrales y las registrales, y la realidad que presenta el solicitante. Este es el panorama que presenta la Unidad de Tierras para el caso de El Copey, donde aún no se ha hecho ni una restitución. Solo seis solicitudes están en los tribunales esperando sentencia.

Siguen las amenazas en otros municipios
En el departamento del Cesar no sólo El Copey registra amenazas contra sus líderes de víctimas y tierras. Codazzi es otro de ellos. A finales de noviembre de 2013, los líderes de víctimas de la organización de derechos humanos ‘Colombia Progresista’ cerraron sus oficinas por las constantes amenazas. (Ver; En Codazzi no se puede trabajar por las víctimas).

Otra de las amenazadas al finalizar el año fue la abogada y defensora de derechos humanos, Ludys Pedraza, quien es la asesora legal de 48 familias de la parcelación El Prado, en el municipio de La Jagua de Ibirico, en el centro minero del Cesar (Ver: Sigue litigio por las tierras de El Prado en el Cesar).

Caso al que se le sumó la de Miguel Serna, líder de tierras de la vereda El Toco, en San Diego, norte del Cesar, quien en el 2013 sufrió de manera sistemática las amenazas y presiones por la defensa que hace en nombre de las 53 familias de esta parcelación.

Serna es el representante de la Asociación Comunitaria de Parceleros de El Toco y denunció que a finales de noviembre llegó hasta su residencia en el municipio de Codazzi, un supuesto desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y que al parecer actualmente pertenece a un grupo armado ilegal post desmovilización, quien le dijo que “eso de la restitución de tierras no se va a dar porque los reclamantes no tienen plata en cambio los que actualmente tienen esas tierras sí la tienen y con ella pueden conseguir lo que quieran. Los reclamantes están acorralados y son muchos los perjuicios que van a tener. Piense en su familia porque lo único que usted va a obtener de seguir insistiendo en las tierras es la muerte”.

A este líder de tierras ya le habían ocurrido otros hechos, que también parecen ser parte de una cadena de intimidaciones contra él. En su denuncia ante la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de Codazzi, contó que en octubre pasado le hurtaron 28 cabezas de ganado y un mulo que tenía en una finca cercana, a la que llevó los animales con el permiso del dueño del predio.

“Desde hacía dos años le habían autorizado para que pastaran 29 semovientes, entre éstos ocho terneros y un toro. Más allá del robo en sí mismo y de la onerosa pérdida que ello entraña y que lo ha dejado en frágiles condiciones socioeconómicas, el hurto de estos semovientes los asume como una suerte de acción de hostigamiento ejemplarizante dirigido a golpearlo anímicamente con la finalidad que le baje el tono al trabajo organizativo que está adelantando en distintos escenarios, entre ellos la Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir”, dijo el Defensor del Pueblo del Cesar en una carta enviada a la Unidad Nacional de Protección.

Las amenazas contra los reclamantes de tierras también se dan de manera individual. Y son varios los casos ya denunciados ante las autoridades, como los ocurridos en los municipios de La Paz y Pailitas, donde propietarios de predios en reclamación han recibido amenazas, uno mediante un panfleto del grupo Los Rastrojos y otro de parte del opositor, respectivamente.

Ante este panorama, los líderes de tierras en el Cesar esperan que este año el avance de los procesos de restitución sea más significativo. Desde la implementación de la Ley 1448 de 2011, solo van seis restituciones y una compensación, de las más de 3.900 solicitudes provenientes de los 25 municipios cesarenses, que superan las 195 mil hectáreas.

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El líder de restitución de tierras mostró dónde quedó un día la casa de su parcela, hoy ocupada por cultivos de palma.

“Ser líder de restitución de tierras es entregar la tranquilidad. Hace años no sé lo que es estar en paz. Nací en Becerril,Cesar, y desde los 20 años llegué a la parcelación Santafé a buscar un hogar. Hoy tengo 43, he sido desplazado por la violencia tres veces, represento a 20 familias que al igual que la mía perdieron su tierra, sus sueños y esperanzas.

“Vivo con miedo. Desde que salí de Santafé he recibido muchas amenazas. La primera fue una mañana del mes de marzo de 1997 cuando apenas estábamos comenzando la vida campesina en esa parcelación que nos tituló el Incora. Esa vez llegó un grupo de las Accu de ‘Juancho’ Prada, que eran de los mismos paramilitares de Carlos Castaño, nos reunieron a todos los parceleros y nos dieron la orden de que saliéramos de la tierra y nos advirtieron que regresarían en la tarde y si encontraban a alguien, lo mataban. En esa zona de Becerril siempre hubo presencia guerrillera y a pesar de las presiones de esos grupos, yo nunca contemplé salir. Una vez les dije a unos amigos de Santafé que era muy duro salir al pueblo a pagar arriendo sin saber que era lo que iba a terminar haciendo por 16 años.

En 1997, en medio del afán y del temor a que regresaran los hombres de las Accu, pude sacar algunos animales en un camioncito que era de un amigo mío, no me llevé todas las cosas. Todo lo que dejé se lo robaron después. Me fui a San Sebastián de Mariquita, en Tolima, un pueblito a donde estaban mis padres. Ellos ya se habían ido desplazados de Becerril porque una noche, el 25 de septiembre de 1996 los paramilitares se metieron al pueblo y sacaron a la mamá de alias ‘Darwin’, comandante del frente ‘José Manuel Martínez’ del Eln, y como a seis personas más, entre comerciantes y ganaderos, y los mataron. A la casa de mis padres llegaron tocando, pero no les hicieron nada, pero ellos decidieron irse del pueblo porque a mí me señalaron de ser colaborador de la guerrilla, pues ya yo comenzaba a defender los derechos de los parceleros.

Al irme a San Sebastián pensé en iniciar una nueva vida. Pero me enfermé de los nervios y duré así como un año. En ese pueblo estaba la Policía Antinarcóticos y el Ejército Nacional y pensé que me iba a sentir seguro, pero no fue así. Fui a sufrir, lo poquito que llevé se acabó. No pudimos ser calificados como desplazados y la gente no nos quería alquilar una casa por esa condición. En la casa en la que vivíamos con mis padres, pusimos una tienda y nos iba bien, pero antes del año los dueños se enteraron que éramos desplazados y nos pidieron la casa. Nos mudamos a otra y resulta que el hijo de la dueña era de los paramilitares, estaba como patrullero y más adelante se convirtió en comandante de un frente. Para esa época ya me había fortalecido con un negocio, hacía queso doble crema, teníamos la tienda y compré una camioneta para llevar los pedidos.

Pero ahí comencé otro calvario, el hijo de la dueña de la casa que le decían Steven, que ya se había ido al monte con los paramilitares, llegó un día y me dijo que lo tenía que trasladar a un lugar. Viví momentos difíciles con esa gente, me obligaron a llevarles mercados a donde ellos me indicaban, me quitaron la cédula para sacar un plan de minutos a celular y nunca pagaron. A Steven lo pusieron preso y aún así me amenazaba desde la cárcel, me perseguía. Yo vivía muerto del miedo porque me tocaba ir por las carreteras a veces con ellos en mi carro. En el año 2006 le pedí al presidente Uribe que nos devolviera la tierra en Santafe, pero nunca hubo respuestas a mis solicitudes. Mi negocio comenzó a decaer y decidimos irnos para San Martín, en el sur del Cesar.

Fue en el 2008 cuando llegamos a San Martín, ahí vivía mi hermana que también se había ido desplazada del corregimiento de Las Palmitas, en La Jagua de Ibirico. Ella y el esposo tenían una finca con 10 hectáreas sembradas de naranja y ahí siempre llegaban los hombres del frente 41 de las Farc y mi cuñado les dijo que no llegaran más, pero ellos lo amenazaron y él prefirió meter un buldócer y arrasó todo el cultivo. Los guerrilleros le dijeron que se fueran de la finca y si no obedecían mataban a toda la familia. Me apoyé un poco en mi hermana para volver a comenzar nuevamente y desde entonces me dediqué a defender a los despojados.

Desde Justicia y Paz me propusieron reubicarme fuera del departamento del Cesar, pero no acepté. Aunque vivo en medio de la angustia, no me atemorizo de nada, si toca aventarme lo hago. Ya en San Martín he recibido amenazas por medio de llamadas al celular, personalmente, con panfletos, hombres en moto han merodeado mi casa y a pesar del apoyo de la Defensoría del Pueblo que siempre es la que nos acompaña a los líderes de tierra para que el Gobierno Nacional nos garantice la vida. Me asignaron escolta, pero ha sido peor el remedio que la enfermedad, me siento preso en mi propia casa porque no puedo salir como a mí me gustaría y si lo hago debo cumplir todos los protocolos de seguridad y eso a uno le quita libertad.

Actualmente soy el representante legal de la Fundación Integral de Víctimas y hago parte de la Mesa Departamental de Víctimas desde donde sigo con mi trabajo como líder de víctimas, pues no sólo defiendo los derechos de loscampesinos de Santafe, sino de otras familias en Curumaní y del corregimiento La Mata, en La Gloria. No me arrepiento de haber escogido este camino, ya aprendí a vivir con el miedo, la angustia y la desazón, ahora lo que me asiste es la preocupación.

Estoy preocupado porque no estoy trabajando, mis negocios decayeron, no puedo trabajar con el Estado por el hecho de ser miembro de la Mesa de Víctimas del Cesar, mi situación económica es muy difícil, me la paso junto con mis compañeros líderes de foro en foro, esa es una responsabilidad que adquirimos y debemos cumplirla, pero a veces pienso para qué tantos foros, talleres, encuentros, si la solución no se ve.

Estoy muy preocupado porque yo creí desde un comienzo en este proceso de restitución de tierras, pero veo que pasa el tiempo y no vamos a alcanzar a ver la restitución. Muchos de mis compañeros parceleros de Santafe eran mayores que yo y ya han muerto, no disfrutaron el retorno a sus tierras. ¿Será que a mí me va a pasar igual? No sé. Y eso me entristece.

En el Cesar hay más de tres mil reclamaciones y apenas han entregado cinco parcelas: tres en El Toco, dos en Llerasca y una compensación que acaban de hacer de un campesino que no quiso quedarse en El Toco y le dieron tierra en Aguachica. El predio Santafe fue microfocalizado en julio pasado y fue escogido como caso emblemático en el Cesar. Hace unos días fui a las oficinas de la Unidad de Restitución de Tierras a preguntar cómo iba el proceso y me dijeron que Santafe no estaba priorizado, ese día sentí que me cayó un balde de agua fría y senté mi voz de protesta. A raíz de eso me dijeron que ya iban a notificar a las personas que hoy viven en la parcelas o a las empresas que las tienen ocupadas, pero no han podido hacerlo porque ahora hay presencia de la guerrilla del Eln.

Este caso es tan simbólico que desde Holanda vinieron unos periodistas a hacer una noticia con este caso. Con ellos me fui para Santafe y antes de ir le pedimos acompañamiento a la Policía. Entramos a la zona y ellos vieron cómo estaba esa parcelación. Recuerdo que esa visita la hicimos un martes de septiembre y al domingo siguiente entró la guerrilla. Y era precisamente la semana en la que la Unidad iba a hacer las notificaciones. No se pudieron hacer por ese hecho pues la Policía pidió que no entraran a la zona. Parece ser que el Eln duró cuatro días en el corregimiento de Estados Unidos, muy cerca a Santafé. Los funcionarios de la Unidad me comentaron que en esas condiciones no podía entrar, por seguridad y lo más probable era que esas notificaciones las hicieran el otro año.

Esto es un juego de nunca acabar. Desde el año pasado nos vienen diciendo que ya estamos microfocalizados, que ya van a notificar y nada. Yo estoy enfermo, sufro de diabetes, pero aún así, sigo en la lucha. Lo único que espero es que si verdaderamente va a haber restitución de tierras, así sea poquito, que se de pronto. Muchos de mis compañeros han muerto esperando esa restitución, por eso queremos que sea una realidad, y hablo en nombre de todos los líderes del Cesar, porque ya estamos cansados con tantos foros en los que han invertido miles de millones, con tantas promesas que no se cumplen. Ojalá pueda volver a mi tierra, a verla producir como en sus mejores épocas, eso me devolvería la paz, la esperanza y la tranquilidad, no solo mía sino de mi familia que me ha visto sufrir”.

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Amenazas, desplazamientos y asesinatos cometidos por grupos armados ilegales en las regiones y la falta de una justicia que investigue de forma más ágil y persiga a los autores de estos crímenes, son los principales obstáculos para lograr un real proceso de restitución de tierras en el país.

Esa es la conclusión de la organización estadounidense Human Rigths Watch (HRW) en su último informe sobre Colombia, titulado El riesgo de volver a casa, que fue presentado este martes en Bogotá. En esta ocasión, el análisis se enfocó en la violencia y amenazas contra desplazados que reclaman la restitución de sus parcelas, arrebatadas por grupos armados ilegales, particularmente por organizaciones paramilitares. (Léalo aquí).

La organización no gubernamental entrevistó entre febrero de 2012 y julio de 2013 a 130 líderes reclamantes, documentó casos de abusos contra reclamantes y entrevistó a funcionarios encargados del proceso de restitución. A través de sus testimonios encontró que la situación es crítica en Chocó, Antioquia, Bolívar, Cesar, Magdalena y Córdoba, donde está registrado el mayor volumen de amenazas y asesinatos contra líderes reclamantes de tierras.

En 28 de los 32 departamentos del país, 520 personas que reclaman la restitución de tierras denunciaron desde enero de 2013 que fueron amenazadas, siendo Chocó y Antioquia las regiones donde las víctimas han presentado más denuncias.

Aunque no hay un consenso sobre el número de líderes asesinados durante la última década, los datos preocupan. La Defensoría del Pueblo indica que 71 desplazados que exigían la restitución de sus parcelas fueron asesinados entre 2006 y 2011. La Fiscalía, según datos actualizados hasta agosto de 2013, investiga 49 casos que involucran el asesinato de 56 reclamantes ocurridos desde 2000.

En su trabajo de campo, Human Rigths Watch documentó 17 casos de asesinatos desde 2008 en los que 21 líderes perdieron la vida y, según sus datos, sobre ellos “existen pruebas convincentes de que los ataques fueron motivados por reclamos de tierras”.

‘Bacrim’, el principal responsable
El informe advierte que aunque los reclamantes son amenazados por todos los actores armados ilegales, los más señalados en las denuncias por las víctimas y por las autoridades son las llamadas ‘bandas criminales’, identificadas como ‘bacrim’, integradas en mayor medida por ex paramilitares que continuaron con el negocio del narcotráfico.

La más mencionada por las fuentes consultadas por HRW son los ‘Urabeños’ (conocidos también como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’), que cuentan con cerca de 2.370 miembros y una estructura “con mando y cohesión nacional”, según fuentes de inteligencia policial.

Esta organización criminal ha amenazado por medio de volantes y llamadas, y es responsable de varios asesinatos. “Los Urabeños, y también terceros que adquirieron u ocuparon tierras luego de que sus habitantes originarios fueron obligados a abandonarlas, han sido responsables de muchos de los abusos. Estos terceros incluyen desde ganaderos y empresarios hasta paramilitares desmovilizados”, señala el informe.

Entre los casos que documentó HRW está el de David de Jesús Góez Rodríguez, labriego que impulsaba la restitución en la zona de Tulapas, Urabá antioqueño, donde diversas facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) ocasionaron múltiples despojos. La Fiscalía determinó que Góez había denunciado que los ‘Urabeños’ impedían la restitución porque usaban la zona como ruta para el tráfico de drogas. El líder fue asesinado el 23 de marzo de 2011 en la ciudad de Medellín (Lea: Los reclamantes de tierras y la muerte en Urabá).

Según el informe, este grupo armado ilegal hace parte de los llamados “Ejército Anti-Restitución”, que por medio de amenazas hostigan a las comunidades para evitar la reclamación de sus parcelas. HRW documentó que esta situación se ha presentado en Bolívar, Cesar y Sucre, y cita un informe de la Corporación Nuevo Arco Iris, en el que se advierte que entre 2011 y 2012 ganaderos, terratenientes y otras élites regionales del Cesar focalizaron tres regiones -Becerril, Cascará y Valledupar- para financiar un “ejército privado para defenderse contra ataques de las Farc e impedir la restitución de tierras” (Lea: Las amenazas que buscan bloquear la restitución en el Cesar).

La guerrilla de las Farc también es responsable de las violaciones contra líderes. El informe encontró que en el Tolima el Frente 21 amenazó a los campesinos que estaban promoviendo el retorno de los desplazados a sus fincas en el sur de este departamento. Así sucedió con Germán Bernal, un líder que impulsa el retorno de desplazados al corregimiento Santiago Pérez, en Ataco, y quien dijo que recibió amenazas del grupo insurgente.

En regiones como en el Urabá antioqueño y chocoano, las Farc también han perseguido a los reclamantes. La justicia condenó a esta guerrilla por el asesinato el 17 de diciembre de 2009 de Manuel Mora Lora y Graciano Blandón Borja, quienes lideraban a las comunidades desplazadas de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Chocó.

Además de estos actores armados, las consecuencias de la guerra han impedido el retorno de las comunidades. El informe advierte que en el 70 por ciento de los municipios donde las víctimas han presentado solicitudes de restitución, el gobierno reportó accidentes o incidentes relacionados con minas antipersonal y munición sin detonar. El caso más crítico es Vistahermosa, Meta, la población con el mayor número de víctimas por estos artefactos y donde se ha solicitado un alto número de hectáreas que los campesinos abandonaron o les fueron despojadas con violencia.

Amenazas y muerte
Las amenazas, el desplazamiento y el asesinato son los principales delitos que han impedido que el retorno de las comunidades y la restitución de tierras se realicen con garantías de seguridad y permanencia en las regiones. HRW señala que las amenazas son la modalidad más común empleada por los grupos armados ilegales para intimidar a los reclamantes y tienen dos efectos: “infunden sensación de inseguridad y tienen un efecto multiplicador dado que inhiben a los líderes de trabajar en nombre de otras personas”.

Según datos del gobierno, 500 personas que reclaman tierras han denunciado desde enero de 2012 ante las autoridades amenazas en su contra tras presentar sus solicitudes de restitución. “A partir de evaluaciones individuales, las autoridades han determinado que más de 360 reclamantes y líderes fueron amenazados se encuentran en riesgo extraordinario”, indica el informe de HRW.

Esta organización no gubernamental documentó amenazas graves y creíbles contra más de 80 reclamantes y líderes de restitución de tierras de Bogotá y otros ocho departamentos ocurridas desde 2008. “Se trata tan sólo de una pequeña proporción de la cantidad total de los casos denunciados”, precisa.

Personas y comunidades que fueron desplazadas en los años noventa con violencia están siendo nuevamente expulsadas de sus territorios una vez comenzaron a reclamar sus parcelas y solicitar la restitución. Gran parte de ellas han sido amenazadas directamente por grupos armados. HRW documentó 30 casos de este tipo en siete departamentos desde 2008.

Según el informe, la Unidad Nacional de Protección reubicó entre enero de 2012 y mayo de 2013 a 94 reclamantes de tierras y líderes en nuevas áreas del país de forma temporal debido a los graves riesgos que corrían sus vidas por las amenazas. Los asesinatos contra líderes han provocado que familias enteras nuevamente se desplacen, como ocurrió en 2012 tras el asesinato de Manuel Ruiz y su hijo de 15 años, reclamantes de Curvaradó, en Chocó. Estos crímenes provocaron el desplazamiento de 49 integrantes de la familia Ruiz.

Los asesinatos, por lo menos 70 según datos de la Defensoría, han ocurrido después de múltiples amenazas contra los reclamantes de tierras. Entre los más recientes estuvieron los de Ermes Vidal Osorio y Ever Cordero Oviedo, dos líderes de comunidades desplazadas de Valencia, Córdoba, ocurridos en marzo y abril de 2013, presuntamente a manos de los ‘Urabeños’ (Lea: Reclamantes deciden no ir al acto de restitución de Santa Paula).

Osorio y Oviedo hacían parte de un comité que se creó en Valencia después de que se pusiera en marcha la Ley 1448 o Ley de Víctimas. “Poco después del homicidio de Cordero, las amenazas y los actos de intimidación por parte de supuestos miembros de los ‘Urabeños’ consiguieron que 34 de sus familiares abandonaran el municipio, incluidos 22 niños”, precisa el documento.

“Hay fallas”
HRW reconoce que el gobierno ha hecho un esfuerzo importante por desarrollar la Ley 1448 o Ley de Víctimas para reparar a las comunidades desplazadas y despojadas de sus tierras, y que la justicia ha fallado en favor de las víctimas para recuperen sus parcelas y retornen a sus territorios. Sin embargo, considera que los “resultados son modestos” y que faltan acciones complementarias para garantizar una real restitución.

El informe advierte que de las más de 17 mil investigaciones en curso de casos de desplazamiento forzado que adelanta la Fiscalía, en menos del 1 por ciento se ha dictado una condena, lo que hace que los responsables de los despojos continúen en libertad y sigan amedrentando a las comunidades.

Esta organización no gubernamental detalla que hasta junio de 2013, la Unidad de Restitución había comenzado a examinar menos del 20 por ciento de las más de 43.500 solicitudes de restitución y sólo había conseguido que se dictaran sentencias en 450 de estos casos; además, asegura que solamente una familia había retornado a vivir en su tierra como resultado de estas sentencias.

Aunque la Fiscalía ha asignado a fiscalías especializadas de Bogotá y Medellín para que investiguen los asesinatos contra líderes reclamantes, hecho que ha favorecido las investigaciones porque están menos expuestas a la intimidación, los resultados también han sido pocos. “Hasta agosto de 2013, los fiscales habían obtenido condenas en ocho de los 49 casos de asesinatos de reclamantes de tierras y sus líderes que la Fiscalía informó estar investigando; mientras que en más de dos tercios de los casos, no se habían imputado cargos contra presuntos responsables”, señala HRW.

El informe indica que si bien la Ley 1448 determinó que las demandas de restitución de tierras fueran resueltas por tribunales civiles, hecho que genera celeridad en los procesos, estos no determinan la responsabilidad penal de quienes cometieron los desplazamientos: “Se da curso a los reclamos y las tierras se restituyen sin que vaya acompañado de un proceso paralelo por el cual las personas, los grupos y las redes delictivas responsables del desplazamiento forzado y el despojo de tierras respondan por sus actos”.

Las sugerencias
En varias entrevistas, funcionarios responsables del proceso de restitución le reconocieron a HRW que en la medida en que avanzaba el proceso aumentaba el nivel de riesgo de las víctimas. Ante ello, la organización estadounidense le sugiere al gobierno que desarrolle medidas paralelas que permitan lograr justicia por los abusos cometidos contra los desplazados. Si bien la Unidad de Protección les brinda un esquema de seguridad y elementos tecnológicos para reportar cualquier riesgo, el informe indica que esto no es suficiente: “Si bien se trata medidas importantes, no han sido complementadas por acciones suficientes que pongan freno al origen de las amenazas”.

HRW sugiere que la Fiscalía impulse investigaciones no aisladas e individuales, y que identifique patrones en los distintos delitos relacionados con las mismas tierras, comunidades o presuntos responsables, y que las autoridades judiciales en realidad juzguen a los responsables de los desplazamientos y despojos. Si esto no se hace, “esto expone a los reclamantes a la posibilidad de sufrir nuevos ataques, a que quienes están interesados en mantener el control las tierras intenten impedir la restitución mediante actos de violencia e intimidación”.

El documento señala que el gobierno debe contrarrestar el poder de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo en diferentes regiones porque éstas continúan abusando de los reclamantes de tierras. “El tema [de la protección] va más allá de los chalecos antibalas”, les dijo un funcionario del gobierno a Human Rights Watch.

Ver mapa aquí

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Los reclamantes de tierras piden al gobierno hacer seguimiento a sus denuncias sobre amenazas y riesgos. Sin seguridad, no hay garantías para el retorno y la permanencia en los predios. Foto archivo Semana

Los reclamantes de tierras y líderes sociales están nuevamente en alerta en el país. Atentados en el sur del Cesar y volantes amenazantes en el nordeste antioqueño son los hechos más recientes denunciados por los afectados ante las autoridades.

El pasado 14 de agosto dos líderes del sur del Cesar se movilizaban a las ocho de la noche en un vehículo en la vía que de Bucaramanga conduce a Girón, Santander, cuando un carro con vidrios polarizados y la placa oculta comenzó a cerrarlos para hacerlos chocar o cercarlos sobre el andén. Al instante, un hombre les disparó.

Aunque en su relato contaron que todos los ocupantes del vehículo resultaron ilesos del ataque -dos reclamantes de tierras, la esposa de uno de ellos y el escolta que les asignó el gobierno para protegerlos-, los líderes creen que este es un ataque para intimidar a las familias que reclaman tierras ante la Unidad de Restitución y la Unidad de Justicia y Paz.

Este es la amenaza más reciente contra reclamantes de tierrasdel sur de Cesar, quienes ya denunciaron el hecho ante la Fiscalía, la Defensoría  y la Unidad Nacional de Protección.

Los líderes, a quienes se le reserva su identidad por razones de seguridad, le contaron a VerdadAbierta.com que este es el primer ataque directo contra ellos, pese a que desde 2011 han recibido otro tipo de amenazas por medio de panfletos repartidos en las veredas, sufragios que han llegado a sus casas o seguimientos por parte de personas que se ocultan el rostro y que se han sido vistos cerca de donde se reúne la comunidad a socializar sus casos (Lea: Amenazan a reclamante de tierras de la hacienda Bellacruz).

Los reclamantes atacados representan a por lo menos 300 familias del sur del Cesar de los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque, entre ellas, las de la antigua Bellacruz hoy La Gloria, una hacienda de la que en 1996 la violencia paramilitar expulsó a los campesinos que esperaban la titulación del antiguo Incora (hoy Incoder).

Este caso lleva varios años en la justicia, con pronunciamientos del Consejo de Estado y del Incoder, que les dio la razón a las familias que reclamaban 1.500 hectáreas de baldíos en la hacienda (Lea: En La Bellacruz hay 1.200 hectáreas de baldíos y deben restituirse; Las tensiones por la Bellacruz; Tierra prometida en La Bellacruz, y Las trampas de Bellacruz).

En sus múltiples denuncias, las familias han relatado que en el sur del Cesar ronda un grupo que se hace llamar “Ejército Antirrestitución”, conformado por desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) e integrado a las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidas como ‘Los Urabeños’, que hace presencia en los municipios de San Martín, Pelaya, La Gloria y la vereda del Caño Alonso.

Los campesinos le han pedido a las autoridades la captura de Rafael Emilio Martínez Guevara, desmovilizado del Frente Resistencia Motilona de las Auc y quien no se sometió a Justicia y Paz pese a ser postulado, y que se rearmó con esa banda (Lea: Las amenazas a reclamantes vuelven al sur del Cesar).

La Unidad Nacional de Protección, creada por la Ley 1448 de 2011 para proteger a reclamantes amenazados, le brinda medidas de seguridad a por lo menos cuatro líderes en esta zona. Ante la Unidad de Restitución, otra entidad creada por esta misma Ley, familias de los municipios de Pelaya y Tamalameque han presentado 198 solicitudes por 15.467 hectáreas que tuvieron que abandonar o que les fueron usurpadas durante el conflicto.

Cesar está entre los departamentos críticos, donde han sido registradas amenazas no solo a reclamantes sino a periodistas que se han atrevido a investigar el despojo detierras en esta región del país (Lea: Las amenazas que buscan bloquear la restitución en Cesar). Además del caso de La Bellacruz, las familias reclaman tierras en las regiones de Mariangola, Villa Germania, Caracolí, todos corregimientos de Valledupar (Lea: En Cesar, 2.841 víctimas piden restituir 195 mil hectáreas).

Aunque el Ministerio Público tiene puesta la atención sobre esta región, los líderes le piden al gobierno mayor seguimiento a los casos: “Los reclamantes contamos con las instituciones y la Constitución colombiana para que nos den la protección que necesitamos. No queremos que el enemigo triunfe”, dijo un líder, quien dijo que pese a las amenazas las familias seguirán esperando un pronunciamiento de la justicia respecto a sus declaraciones.

Panfletos en Segovia y Remedios
A la zozobra permanente que se vive en los municipios de Segovia y Remedios, en el nordeste antioqueño, por cuenta del feroz enfrentamiento que vienen librando las bandas criminales de ‘Los Urabeños’, ‘Los Rastrojos’ y una disidencia de estos últimos conocida como ‘Héroes del Nordeste’, para hacerse al control de las rentas derivadas de la explotación del oro, se suma ahora la circulación de una serie de panfletos amenazantes en los que se declara objetivo militar a líderes sociales, sindicalistas, comerciantes y pequeños mineros.

El último de estos pasquines comenzó a circular en las calles de Segovia y Remedios casualmente el mismo día del ataque a los reclamantes de tierras en el Cesar. A través de ese volante se lanza una dura advertencia contra comerciantes, sindicalistas, pequeños mineros y la población en general para que no apoye la jornada de protesta campesina nacional, programada para el 19 de agosto próximo, a riesgo de ser declarados objetivo militar.

“Si ustedes participan es porque quieren apoyar a los de la izquierda. Todos sabemos segovianos cuántas maldades, cuántas masacres hemos tenido que sufrir por cuenta de la guerrilla. Con eso ganamos que se apoderen nuevamente de nuestro pueblo, quedar arrodillados a tantos años de maldades y perder ese derecho que nos hemos ganado desde las Autodefensas”, dice el panfleto en sus apartes.

En el apócrifo, que aparece firmado por un grupo autodenominado Seguridad Héroes del Nordeste (SHN), también se amenaza de muerte a Oscar William Macías y Ramiro Ortega, integrantes de la Corporación Acción Humanitaria por la Paz y la Convivencia del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), organización no gubernamental que desde hace varios años viene acompañando diversos colectivos de derechos humanos y de defensa de la pequeña y mediana minería en la región del Nordeste.

Precisamente esta organización venía organizando una seria de actividades en estas localidades tendientes a la participación de los mineros informales del Nordeste antioqueño en las marchas de protesta campesina que tendrán lugar en todo el territorio nacional a partir del próximo 19 de agosto.

“Reconocemos que esta amenaza tiene el objetivo de intimidar para debilitar la participación efectiva de la población en el paro regional y nacional. La comunidad rechaza estas amenazas y manifiesta su participación masiva en cada uno de los escenarios de exigencia y de protesta social y pacífica”, expresaron voceros de Cahucopana a través de un comunicado público.

Afirmación en igual sentido hicieron los integrantes de Sintraminenergética, región Nordeste antioqueño, a quienes les fueron enviados sendos panfletos amenazantes en los cuales los conminan a silenciar toda protesta y acción de rechazo contra la megaminería o contra las multinacionales mineras o, de lo contrario, también serán declarados objetivo militar.

“A unos les llegó vía correo electrónico. A mí, por ejemplo, me llegó físico, me lo tiraron por debajo de la puerta. Y él se dice que todos los sindicalistas son guerrilleros. El panfleto es firmado por ‘Los Rastrojos”, le contó a VerdadAbierta.com uno de los sindicalistas amenazados, quien pidió omisión de su identidad por motivos de seguridad.

De acuerdo con la fuente consultada, el pasquín agrava aún más la situación de los mineros informales de estos municipios, que pueden sobrepasar las 5 mil personas. “A los pequeños mineros los persigue la ley que por son ilegales por no tener un título, por no pagar regalías. Los persiguen ‘las bacrim’ para cobrarles la vacuna y cuando nos organizamos para protestar, nos amenazan”, señaló el dirigente sindical.

Un aspecto que ha sido cuestionado por los líderes sociales ha sido la reacción de la Policía local, que ha desestimado este tipo de amenazas. “Como ha sido difícil identifica el origen de los panfletos, la Policía de Segovia lo que nos ha dicho es que no les ‘paremos bolas’, que porque a ‘Los Rastrojos’ les han dado muy duro, están muy acabados y prácticamente no existen”, precisó uno de los consultados.

Pese a estas intimidaciones, sindicalistas, pequeños mineros y líderes sociales mantienen su decisión de participar en las jornadas de protesta del próximo 19 de agosto. Y sobre este particular, la Secretaría de Gobierno de Antioquia manifestó estar dispuesto a brindar todas las garantías necesarias.

“Tengo entendido que los líderes del Nordeste se van a concentrar en Barrancabermeja. Si es así, vamos a tener dispositivos en las carreteras para brindarles acompañamiento y seguridad”, declaró el titular de este Despacho, Santiago Londoño Uribe.

El año pasado, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo había advertido en su Informe de Riesgo No 002-12.I, la situación de alto riesgo a la que se encontraba sometida la población de los municipios de Zaragoza, Remedios y Segovia, debido a la “dinámica de confrontación armada entre estructuras paramilitares que se disputan el control del territorio, siendo estos identificados como ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’.

Justamente, esta agencia del Ministerio Público alertó sobre las organizaciones que hoy están siendo amenazadas. En el informe de riesgo, el SAT emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades del orden nacional, regional y local, para que se brindaran todas las garantías necesarias para la protección de “los derechos fundamentales de las comunidades rurales y urbanas de los tres municipios, con énfasis en poblaciones identificadas en alto riesgo, como los mineros artesanales, los líderes de la Corporación Cahucopana y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos que han venido acompañando el proceso organizativo, la permanencia en el territorio y la defensa de la mediana y pequeña minería”.

Los intereses de los grupos armados organizados ilegales en la región son dos básicamente: el control de la explotación minera aurífera y el uso de la zona como corredor estratégico para actividades de narcotráfico, lo que se facilita por los altos niveles de abandono estatal y pobreza que predominan en la región manteniendo a sus pobladores rurales en situación de confinamiento.

Los reclamantes de tierras en el sur del Cesar y los líderes sociales del nordeste antioqueño coincidieron en advertir que esperan que las autoridades tomen nota de estos hechos y brinden la protección necesaria para las amenazas no se conviertan en una trágica realidad.

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La tierra fue uno de los botines de guerra más preciados en el Urabá antioqueño.

Intimidar, deslegitimar y dividir las comunidades reclamantes de tierras parecen ser las estrategias de aquellos empresarios y terratenientes del Urabá antioqueño para obstaculizar la restitución de predios despojados por grupos paramilitares.

Así lo hizo saber Gerardo Vega Medina, director de la organización no gubernamental Forjando Futuros, luego de analizar la serie de amenazas y campañas de desprestigio que se han conocido en las últimas semanas contra él y tres voceros de la Asociación Tierra y Vida, por su labor de acompañamiento a los campesinos que buscan la restitución de sus predios, arrebatados en la década del noventa y comienzos del dos mil por facciones paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

“La labor que estamos haciendo es de política pública, de aplicación de ley, apoyados por USAID (agencia del gobierno norteamericano), España y el Ministerio de Agricultura”, precisó Vega Medina.

Forjando Futuros y Tierra y Vida finalizaron 140 procesos de documentación de supuestos despojos de predios rurales, por unas cinco mil hectáreas, situados en el Urabá antioqueño y el  Bajo Cauca, los cuales le serán entregados al Gobierno Nacional este viernes en Medellín. “A cada uno de esos predios ya se les hizo levantamiento topográfico y las respectivas mediciones como parte del proceso de documentación”, indicó el directivo de Forjando Futuros. Lo que viene ahora es la presentación de cada uno de ellos ante los jueces agrarios, para que determinen cuál será el futuro de los bienes inmuebles en litigio.

Las nuevas amenazas fueron proferidas contra Vega Medina, de Forjando Futuros, así como contra Carmen Palencia, Presidenta Nacional de Tierra y Vida; Jorge Solano, integrante de Tierra y Vida en la región del Catatumbo, en Norte de Santander; Carlos Páez y Manuel Mercado, representante legal y secretario de Tierra y Vida, capítulo Urabá, respectivamente.

Una de las particularidades de las recientes amenazas fue su simultaneidad. Se presentaron cuatro hechos en menos de ocho horas, entre el 5 y el 6 de junio pasado, lo que supone una intensificación de las acciones contra aquellos que lideran la reclamación de tierras en el país.

La primera de ellas ocurrió en la noche del 5 de junio, cuando un grupo de personas se hizo presente en las afueras de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá, donde se realizaba un foro sobre víctimas promovido por la revista Semana. Allí se repartió un afiche en el que se señaló a Vega y a Palencia como despojadores de tierras durante su militancia en el Ejército Popular de Liberación (Epl) con presencia en el Urabá antioqueño. “Esa es una acción intimidatoria”, aseguró el directivo de Forjando Futuros.

Al día siguiente, llegaron volantes anónimos a las oficinas de Tierra y Vida en el Catatumbo, Norte de Santander, y en Apartadó, Antioquia. En el caso del Urabá antioqueño, se amenazó directamente a Carmen Palencia, Carlos Páez, Manuel Mercado. En el documento se les advierte que si los predios ubicados en las veredas Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo, en el sur de Turbo, son devueltas a sus antiguos dueños “tendrán que mantener esos H.P. escoltas siempre detrás del jopo de ustedes para que no les quiebren el culo”.

Además, se señaló a Manuel Mercado como la persona que está ayudando a los reclamantes a presentar sus documentos ante las autoridades respectivas: “A ustedes que están liderando su maricada y Manuel Mercado que los siga llevando a las unidades, que ya sabemos que él está más fácil, no lo hemos atacado todavía, pero espere nuestra contundente reacción hacia ustedes perros H.P porque tierra van a tener, pero tres metros encima de ustedes H.P”.

Y otro hecho que se sumó a la situación fueron los supuestos comentarios que hicieron varios empresarios bananeros y ganaderos en el municipio de Chigorodó contra Gerardo Vega. Al parecer lo que dijeron fue que “había que sacarlo del medio porque es la persona que está moviendo e impidiendo que continúen los desalojos, es quien está impulsando también la realización de levantamientos topográficos en la zona”. Los comentarios le llegaron a Vega a través de una persona de confianza de la región.

A estas amenazas se suma otra que fue hecha el 24 de abril pasado contra Beatriz Elena Mestre, quien hace parte de la junta directiva de Tierra y Vida en el Urabá antioqueño y reclama 160 hectáreas de tierra ubicadas en la vereda Villa Rosa, del corregimiento Nuevo Oriente de Turbo, Antioquia. A través de un panfleto escrito con letras en rojo, simulando sangre, le advirtieron que si “quieren tierra se la vamos a tirar encima hp”. Esta mujer ha sido objeto de intimidaciones desde el año 2007, cuando a través de diversos mecanismos comenzaron a presionarla, obligándola a dejar la región por un tiempo.

Estos hechos intimidatorios justamente cuando las organizaciones Forjando Futuros y Tierra y Vida han concluido la documentación de 101 casos de supuestos despojos en los municipios de Mutatá, Chigorodó y Turbo, y de 39 más Cáceres y El Bagre. Este proceso incluye un detallado trabajo de recopilación de pruebas, análisis de contexto, medición de los predios y levantamiento topográfico, con el fin de llevar esa información ante los jueces agrarios, instancia encargada de definir finalmente quién es el dueño de los predios reclamados.

Según Vega Medina, “lo que vemos es una intensificación de las presiones para que no continuemos colaborando con la documentación de los casos, quienes promueven esas acciones buscan la obstaculización, por eso han recurrido también a la vía del desprestigio y de la división de las comunidades”.

La estrategia de dividir a los reclamantes de tierras no es nueva. Ya ha sido puesta en práctica por empresarios, terratenientes, Fuerza Pública y analistas políticos en los territorios colectivos de las cuencas del Jiguamiandó y Curvaradó, localizados en el Atrato medio chocoano, colindante con las veredas  Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo, donde se adelantan procesos de recuperación de predios.

En esas cuencas hubo un intenso despojo de tierras aprovechando los desplazamientos masivos que se presentaron en 1997 y una masiva siembra de palma africana. Para evitar los procesos penales, que transcurren en un juzgado especializado de Medellín, los involucrados en el tema promovieron la división de los consejos comunitarios, señalando a unos como integrantes de la guerrilla de las Farc y deslegitimando su liderazgo, lo que guarda similitudes con lo que le viene ocurriendo a los voceros de Forjando Futuros y Tierra y Vida.

“Los hilos conductores de esas estrategias de deslegitimación aplicadas en Jiguamiandó y Curvaradó y que se vienen extendiendo a las organizaciones reclamantes de tierras en Urabá están ligados a empresarios y terratenientes que tienen intereses en una y otra región”, precisó Vega Medina y señaló con nombres propios a dos de ellos, no obstante, para no entorpecer las investigaciones VerdadAbierta.com los mantiene en reserva.

Para el directivo de Forjando Futuros, quienes están detrás de las amenazas son varias personas a las que calificó de “clase empresarial emergente y codiciosa”, que “viene de abajo”, buscando ampliar su negocio a través de la tenencia masiva de tierra.

VerdadAbierta.com denunció en octubre de año pasado que otra de las estrategias para afectar a los reclamantes del Urabá antioqueño era aislarlos laboralmente. En esa ocasión, campesinos que buscan la restitución de sus predios contaron cómo testaferros de los ‘paras’ presionan para que finqueros no les den trabajo, ni nadie les compre en las tiendas que poseen algunos de ellos en zonas rurales.
 
La agresiva reacción de aquellos que buscan entorpecer la reclamación de tierras en Urabá no sólo involucra a quienes promueven la restitución por vías legales sino que, de fondo, sino que contiene una fuerte crítica a las políticas diseñadas por el Gobierno Nacional para fortalecer los procesos de recuperación de predios a sus legítimos dueños. Por eso no es casual que las amenazas llegaran veinte días después de que la Presidencia de la República emitiera la Directiva N. 05, fechada el 17 de mayo, en la cual reitera que “la restitución de tierras a las víctimas de abandono y despojo es uno de los principales objetivos de la política del Gobierno Nacional y representa un esfuerzo histórico para avanzar en la reconciliación nacional, la reconstrucción de los territorios y la activación del sector rural”.

Al respecto, Vega Medina indicó que la incomodidad que hoy sienten los presuntos despojadores de tierras no sólo es contra las organizaciones que él representa sino contra la postura del Gobierno Nacional y las negociaciones de paz que se desarrollan en la Habana, Cuba, con la guerrilla de las Farc.

“El Gobierno ya tiene acuerdos en el tema agrario con las Farc; además, está urgido de tecnificar el campo y ofrecer garantías para que el conflicto armado llegue a su fin, por ello creo que aquellos que se oponen a la restitución también están cuestionando al Gobierno. A nosotros nos han cogido como chivos expiatorios”, indicó Vega Medina.
 
Bajo este escenario lo que se presume son mayores ataques contra los reclamantes de tierra, no sólo en el Urabá antioqueño sino en aquellas otras regiones del país donde se adelanten estos procesos. ¿Qué hacer entonces para evitar un mayor desangre y lograr que los procesos de restitución sean exitosos?

Vega Medina considera que  el problema está en la aplicación eficiente de justicia, escenario en el cual se deben dar varias respuestas a preguntas como ¿quiénes están atrás de las amenazas?, ¿quiénes las patrocinan?, ¿quiénes están mandando a matar, intimidar y amenazar? “Mientras la justicia no actúe, nunca habrá carros suficientes ni pistolas ni teléfonos ni nada de esas cosas. La protección individualizada es importante, pero no es lo fundamental; lo fundamental es que haya sanciones penales contra los responsables que financian y orientan ese aparato criminal”.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coincidió con esa apreciación y al reaccionar a las intimidaciones contra los voceros de los reclamantes de tierras aseveró que “un ingrediente fundamental de la protección es la investigación eficaz y la condena de la justicia a los criminales que perpetran estas amenazas”.

Juan Carlos Monge, representante encargado de esta Oficina en el país instó a las autoridades a actuar a favor de los reclamantes: “El Estado en su obligación de protección y prevención debe sancionar a los responsables e impedir que continúen las  intimidaciones en contra de las víctimas. Proteger la vida de los reclamantes de tierras es también proteger el derecho a la verdad, a  la justicia y a la reparación”.

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La Fiscalía informó que cinco personas fueron capturadas. Fotomontaje VerdadAbierta.com

Las capturados son Abel Antonio Cerpas Hernández, Pedro Manuel Cerpas Acuña, Abel Segundo Cerpas Acuña, Never Enrique Cerpas Acuña y Jaison José Cerpas Acuña, entre quienes se encuentran el padre y hermanos integrantes de una familia que le disputaba un predio al desaparecido líder Jairo Mejía Martínez.

De acuerdo con la investigación Mejía Martínez, de 46 años fue asesinado el 16 de junio de 2012, de 3 disparos en la cabeza, que le pegaron unos sicarios en el patio de la finca que administraba en la vereda El Anzuelo, del corregimiento Guateque, Montería

Mejía Martínez, lideraba un grupo de campesinos que reclama tierras que les fueron arrebatadas por paramilitares en los Montes de María, donde fue víctima de un atentado que lo obligó a desplazarse con su familia a la finca donde Edwin Enrique Fernández León, alias Bola de Cambio, le quitó la vida.

Fernández León, tras su captura, le confesó a los Fiscales de la Unidad Nacional contra las Bandas Emergentes, Bacrim, que la familia Cerpas Acuña le había pagado 5 millones de pesos por el homicidio del líder asesinado.

Las cinco personas fueron capturadas en un predio de 8 hectáreas en la vereda Tierra Grata, Carmen de Bolívar, que hacía parte de las tierras que reclamaba el desaparecido líder Jairo Mejía Martínez y del cual la familia Cerpas se había apropiado tras desplazarlo en 2010 luego de un atentado.

Los cinco capturados serán procesados por cargos de desplazamiento forzado, homicidio, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas.

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Periodistas de Valledupar fueron amenazados por el llamado ‘Ejército Anti-restitución’. Foto Semana

En los dos últimos meses los periodistas de Valledupar han publicado sistemáticamente noticias relacionadas con la restitución de tierras y las víctimas. Esto parece incomodarle a los grupos ilegales, que se han autodenominado ‘Grupo Anti-Restitución’, que en la noche de este lunes dejaron un panfleto en las sedes del periódico El Pilón y en la de la emisora Maravilla Stereo de Valledupar, en el que amenazaban a ocho periodistas de la ciudad y los declaraban “objetivos militar” y a su vez les daban 24 horas para “salir de la capital cesarense”.

Esta amenaza contra la libertad de prensa surge una semana después de que medios locales publicaran una noticia relacionada con la denuncia de un líder de la vereda El Toco, de San Diego, en el norte de Cesar, quien indicó que había sido objeto de un atentado. “El presidente de la Asociación de Campesinos dijo ante los medios de comunicación que un hombre llegó a su casa para matarlo. El hecho ocurrió a las 8:30 p.m. del viernes en la calle 24 con  27, del barrio Líbano en Codazzi”, publicó en su edición del 28 de abril el periódico Al Día.

Esto se daba luego de que el 13 de abril pasado, la Unidad de Restitución devolvió oficialmente, en un acto simbólico, un predio parcelado en la hacienda El Toco a dos familias víctimas de los paramilitares. El fallo, que decidió la restitución de 26 hectáreas a las víctimas de las Auc y que terminó en esta entrega de tierras, lo profirió el Juez Primero Civil de Restitución de Tierras de Cartagena que estableció que las tierras de los campesinos  fueron usurpadas  por Hugues Rodríguez Fuentes, reconocido cómplice de los paramilitares.

A enero de este año, en Cesar se han presentado 2.701 solicitudes de restitución que corresponden a 167 mil hectáreas, De estas solicitudes, 119 corresponden al municipio de San Diego y representan cerca de seis mil hectáreas que fueron despojadas por los violentos. (Ver informe completo).

Los campesinos que se han atrevido a pedir la restitución de sus tierras han seguido siendo hostigados para que desistan en sus demandas. Una integrante de la Mesa de Desplazados de Valledupar denunció también en medios locales que el pasado 29 de abril también lo habían intimidado. “…A las 11:15 de la mañana de ayer, el mensajero de una floristería llegó a la casa de la mujer en la capital del Cesar, con unas hermosas flores y cuya carta decía: “Desde hoy y para siempre vivirás en nuestros corazones, Dios te ha llamado a su mansión eterna y descansarás para siempre”. El mensaje termina así: “Te acompañamos: familia Mesa”.

Mientras que este lunes 6 de mayo, en el noticiero Maravilla Informa de la emisora Maravilla Stereo de Valledupar titularon “Directora Nacional del Incoder, Miriam Villegas, solicitó a la Fiscalía investigar a más de 120 reclamantes de tierras que son millonarios. Según la funcionaria, entre los solicitantes hay desde ex congresistas hasta miembros de juntas directivas de Cámaras de Comercio del país. El informe revelado por Noticias Caracol estableció que el director de la Lonja de Propiedad Raíz en el Cesar y contratista de la empresa Drummond  aparece solicitando la adjudicación de terrenos”. Esta noticia según el periodista de este espacio radial, Jaime José Daza, no fue desarrollada por falta de tiempo y fue tomada de un informe publicado por Caracol Noticias.

Los representantes de la Mesa Departamental de Víctimas también denunciaron que a través de un correo electrónico a nombre de supuestos comandos urbanos de la banda criminal ‘Los Rastrojos’, fueron declarados objetivos militares 20 reclamantes de tierra, algunos relacionados con la restitución de predios como la Hacienda Bella Cruz, El Toco, El Prado y Mechoacán.

Por estas noticias y otras más alrededor del tema de restitución de tierras, las autoridades presumen que este panfleto está asociado al cubrimiento periodístico que han realizado los periodistas, que en su totalidad cubren hechos de orden público y judiciales.

Katia Ospino, corresponsal de Noticias Uno, explicó que les preocupa esas amenazas porque “si se tomaron el trabajo de enviar una hoja intimidante como esta, es porque es en serio y por lo menos en mi caso, si hemos publicado noticias sobre la restitución de tierras en el Cesar, que es una situación muy delicada”.

Junto a Katia Ospino y Jaime José Daza, están además la directora de noticias de RCN Radio, Herlency Isabel Gutiérrez; el corresponsal de Caracol Televisión y periodista judicial de El Pilón, Martín Mendoza; Damaris Rojas y Renier Asprilla, coordinadora de redacción y periodista judicial, respectivamente, del periódico Al Día, que además publican sus notas en El Heraldo; Ubaldo Anaya, director del noticieroRPT Noticias del Canal Local 12 de Valledupar, y el periodista judicial del noticiero La Tribuna del Cesar de Radio Guatapurí, Óscar Arzuaga.

“Hemos publicado notas de amenazas a víctimas, de restitución de tierras y de todo tipo de hechos de orden público, no sabemos qué hacer y esto es para llamar la atención de las autoridades y tomar precauciones porque en Valledupar somos vulnerables”, señaló Renier Asprilla del periódico Al Día. Mientras que Herlency Isabel Gutiérrez, de RCN Radio, sólo atinó a decir “no sé qué hago en ese panfleto, yo solo informo lo que les pasa a ellos (las víctimas)”.

Por lo pronto, los periodistas amenazados sostuvieron una reunión con el comandante de la Policía Cesar, coronel Juan Pablo Guerrero, y un grupo expertos en amenazas para tomar medidas de seguridad. El oficial anunció que por el momento harán rondas policiales a las casas y sitios de trabajo de los periodistas, y realizarán los estudios de riesgo de los comunicadores.

Los periodistas por su parte acudieron ante la Fiscalía General de la Nación para denunciar de manera colectiva la amenaza y dejaron constancia ante la Defensoría del Pueblo del Cesar.

Pronunciamientos de la FLIP y la Mapp-OEA
Ante esta delicada situación contra la libertad de prensa en el Cesar, la Fundación para la Libertad de Prensa expidió una alerta manifiesta que junto Fecolper y Andiarios tuvieron reunión con el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), para analizar la situación de los periodistas. “Las instituciones y las organizaciones presentes le solicitaron a la UNP darle trámite de emergencia a esta amenaza”.

También recuerdan en este comunicado que el departamento del Cesar ha sido históricamente uno de los departamentos más peligrosos para el ejercicio del periodismo en Colombia, por lo que “la FLIP se solidariza con todos los periodistas amenazados, resalta la inmediata reacción de las autoridades, y le pide a la UNP brindar todas las medidas de protección necesarias. A su vez, le hace un llamado a la Fiscalía General Nación para que investigue estos hechos y se judicialice a los responsables”.

En un comunicado la Mapp-OEA mostró su “preocupación por la frecuencia con la que se ha estado amenazando y asesinando a líderes de las organizaciones de víctimas, así como las amenazas que han recibido comunicadores sociales que cubren el tema de la restitución de tierras, en lo corrido del año y por los escasos resultados en la judicialización de los perpetradores de estos crímenes.  Estos delitos generan temor y desconfianza en la población que actualmente ha depositado sus esperanzas en el proceso de restitución de tierras como un componente de la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
 
“Por este motivo la Misión hace un llamado al Estado para garantizar la vida y la integridad de las víctimas, en especial sus líderes y representantes, por lo que nuevamente solicitamos a las autoridades su más pronta y ágil acción, para que de manera perentoria cesen este tipo de crímenes en el país.”

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Imagen del panfleto dejado en las oficinasde Tierra y Vida ubicada en Apartadó, Urabá antioqueño.

“Quieren tierra se la vamos a tirar encima hp”, se lee en letras mayúsculas en un volante dejado esta mañana en las oficinas de la organización Tierra y Vida del municipio de Apartadó en el Urabá antioqueño por supuestos integrantes de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (AGC), también conocidas como ‘Los Urabeños’.

La amenaza fue dirigida contra Beatriz Elena Mestre, una reclamante de tierras del municipio de Turbo, a quien le dicen en el panfleto que “te tenemos ubicada en Carepa y Chigorodó”. Esta mujer ha sido objeto de intimidaciones desde el año 2007, cuando a través de diversos mecanismos comenzaron a presionarla, obligándola a dejar la región por un tiempo.

El fanfleto fue hallado en la mañana de este miércoles por Manuel Múnera, líder de la organización de Tierra y Vida y desplazado de Tulapas, debajode la puerta de las oficinas de la organización.

Mestre reclama un predio de 160 hectáreas que le habrían arrebatado grupos paramilitares a mediados de la década del noventa y que está situado en la vereda Villa Rosa, del corregimiento Nuevo Oriente de Turbo, Antioquia, en una zona donde un terrateniente ya identificado tiene por lo menos 7.000 hectáreas de tierra.

Fuentes consultadas, que pidieron la reserva del nombre, explicaron a VerdadAbierta.com que a Beatriz “le han hecho varios estudios de seguridad y todos han salido negativos”. Por cuenta de la organización ha salido varias veces de la región como mecanismo de protección.

La reclamante es suplente en la junta regional de la organización Tierra y Vida, que agrupa a cientos de campesinos del Urabá antioqueño y otras regiones del país, desde donde se han lanzado varias iniciativas no sólo para exigir la restitución de tierras sino para proteger a los labriegos que buscan a través de la justicia que sus tierras arrebatadas por grupos paramilitares les sean devueltas.

Conocedores de la región indicaron que empresarios de la tierra en el Urabá antioqueño están muy preocupados por el proceso de microfocalización que vienen adelantando varias agencias del Gobierno Nacional para identificar los predios despojados con el fin de restituírselos a sus dueños originales. Para estas fuentes allí podría estar el origen de las amenazas.

Sobre la autoría de las AGC o ‘Urabeños’, las fuentes consultadas indicaron que muy probablemente esta organización esté al servicio de terratenientes que quieren evitar a toda costa que los campesinos reclamantes de tierras recuperen sus predios. “Se trata de actos intimidatorios para que no sigamos exigiendo la restitución”, precisó uno de los entrevistados.

La Fundación Forjando Futuros, que hace parte de la organización Tierra y Vida, dijo a través de un comunicado que hay temor entre las víctimas reclamantes de tierras en el país. “Los asesinatos, las amenazas y la falta de garantías para las víctimas y en especial los líderes sociales, ponen en riesgo la restitución de tierras”, aseguró esta fundación.

La situación se ha venido complicando para aquellos que buscan la restitución de sus predios. En menos de 30 días, cuatro personas han sido asesinadas al parecer por ese motivo. El 23 de marzo fue asesinado Ermes Enrique Vidal en el municipio de Valencia, Córdoba: allí mismo, 17 días después, fue muerto Ever Antonio Cordero; el 12 de abril mataron a Narciso Teherán, que hacía parte de una de las 130 familias reclamantes del predio El Tamarindo, ubicado en zona rural de Galapa, Atlántico; y la cuarta víctima fue el líder indígena Seferino Dominicó Majoré del resguardo Antadó de Tierralta, Córdoba, asesinado el 17 de abril.

La nueva amenaza contra Beatriz Elena Mestre ya fue puesta en conocimiento de las autoridades en Apartadó, confirmaron voceros de la organización Tierra y Vida y se espera que mañana se le haga conocer a la Unidad Nacional de Protección con el fin de que se tomen las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de esta reclamante y su familia.

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Jaime Blanco Maya en el momento de su captura. Foto El Pilón. – La versión de Samario sobre Drummond y los paras – Juez pide investigar a funcionarios de Drummond por caso de sindicalistas – Los investigados de la Drummond – Drummond niega acusaciones – ‘Tolemaida’ acepta que asesinó a sindicalistas de la Drummond – Acusan a alias ‘Miguel’ por asesinato de sindicalistas de la Drummond

El empresario Jaime Blanco Maya, que se encuentra a la espera de una condena relacionada con el asesinato de dos líderes sindicales de la carbonera Drummond en 2001, Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, señaló que esta empresa minera estadounidense financió de manera voluntaria a grupos paramilitares en Cesar desde mediados de la década de los noventa.

Blanco Maya, medio hermano del ex procurador General de la Nación, Edgardo Maya, sindicó a varios altos funcionarios de la empresa norteamericana de entregar dineros a las Autodefensas Unidas de Colombia a través de su empresa, Industrial de Servicios y Alimentos, ISA.

Las declaraciones de Blanco Maya las hizo en calidad de testigo en una audiencia realizada en Bogotá, en un proceso civil que lleva la justicia estadounidense para definir la responsabilidad económica de la Drummond con las víctimas del paramilitarismo en Cesar.

Según el empresario, hoy detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, el jefe paramilitar John Jairo Esquivel, alias ‘El Tigre’, lo contactó a mediados de 1995 para que sirviera de intermediario en una solicitud de financiamiento a la carbonera.  

Blanco explicó que le trasmitió el mensaje a James Atkins, encargado de la seguridad de la Drummond en ese momento y que éste a su vez le llevó el mensaje a Garry Drummond, la cabeza de la compañía.

“Después de un viaje a Estados Unidos, Atkins me dijo que al señor Drummond le había gustado la idea, pero que teníamos que mirar la forma, de conseguir los recursos para las Auc. La Ley no les permitía sacar dinero para estos grupos y tenían unos sistemas de contabilidad muy estrictos”, dijo Blanco.

El testigo señaló que los funcionarios de la Drummond accedieron a respaldar económicamente a los ‘paras’ por las pérdidas millonarias que tenían con los ataques guerrilleros al tren que transportaba el carbón desde la mina al puerto. “La Drummond estuvo a punto de colapsar.  Los ataques guerrilleros no les permitían cumplir con los pedidos que tenían internacionalmente ”, explicó Blanco.

El empresario contó que junto a Atkins diseñaron una estrategia para financiar a los ‘paras’.  Blanco era el contratista de la compañía estadounidense encargado de la comida de los empleados de la mina. 

Según su testimonio, acordaron que su empresa ISA, cobraría un sobrecosto de 10 por ciento en la comida vendida a la Drummond, para usar esos recursos en el financiamiento de los grupos paramilitares.

Como prueba, Blanco mostró varios contratos firmados entre su compañía y la Drummond.  En ellos se pone en evidencia un elevado incremento en el precio del valor unitario de cada almuerzo vendido a la empresa carbonera. Según los documentos expuestos, a finales de 1995 la minera norteamericana pagó $2.914 por cada almuerzo, precio que se incrementó ocho meses después a $4.187, un 40 por ciento más.  Blanco señaló que se aumentó masivamente el valor de la comida para poder sacar el dinero que financiaba a las Auc.

El empresario agregó que, adicionalmente, Atkins traía 10 mil dólares en efectivo cada vez que viajaba a los Estados Unidos, que supuestamente terminaron financiando a los ‘paras’.  

En ese orden, Blanco dijo que luego le entregaba el dinero al ‘Tigre’ a través de uno de uno de los encargados de manejar las finanzas del Bloque Norte de las Auc.

La estrategia de financiación funcionó hasta junio de 2001, según contó Blanco, fecha en la que fue involucrado por la Fiscalía en el proceso por la muerte de dos sindicalistas, Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita. “Teníamos un contrato hasta 2002 pero luego del asesinato de los dos miembros del sindicato, me dijeron que solo me podían mantener hasta cuando me relacionaran con los crímenes”, dijo.

En su momento, Drummond negó su participación en el asesinato de Orcasita y Locarno, y aseguró que denunció que ‘El Viejo Miguel’ los estaba extorsionando a través de correos electrónicos. Según la multinacional, gracias a su denuncia, ‘El Viejo Miguel’ fue capturado en Bogotá por la Fiscalía. Ver: Drummond niega acusaciones

Por este caso, además de ‘El Viejo Miguel’ y Blanco Maya, varios paramilitares como Jhon Jairo Esquivel Cuadrado alias ‘El Tigre’, Alcides Mattos Tabares alias ‘Samario’ y Libardo Duarte alias ‘Bam Bam’, también han señalado que Drummond financió a los paramilitares en el Cesar.

Atkins dejó la Drummond en 2002 para ingresar a la CIA y trabajar con la embajada de los Estados Unidos en Colombia. Blanco señaló que la relación entre el ex jefe de seguridad de la minera con los líderes de las Auc era tan cercana, que en una ocasión lo acompañó a una reunión con Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ en la Sierra Nevada, en la que al parecer, el jefe ‘para’ le pidió a Atkins, como agente de la CIA, que verificara si el gobierno estadounidense lo estaba pidiendo en extradición.

Durante la audiencia, el abogado de la Drummond le preguntó a Blanco por una declaración firmada ante la Fiscalía, pocos días después de su captura, en la que el empresario nego que la compañía minera hubiera financiado a las autodefensas.  El testigo respondió que mintió en ese testimonio y que luego decidió contar toda la verdad para poder negociar su pena.

Además de Atkins y Garry Drummond, Blanco señaló a otros funcionarios de la minera, de conocer el financiamiento de los paras.  Según el testigo, varios encargados del personal de seguridad y el presidente de la compañía en Colombia, AugustoJiménez, sabían de las relaciones entre Atkins y las Auc, pero no contó detalles o presentó pruebas que sustentaran su declaración.

Blanco se declaró culpable de concierto para delinquir en el caso del asesinato de los sindicalistas de la Drummond, Víctor Hugo Orcasita Amaya y Valmore Locarno Rodríguez, ocurridos en marzo de 2001.

Aunque aceptó que sabía que se iban a cometer los crímenes y no hizo nada para impedirlos, el empresario no aceptó la autoría intelectual de los asesinatos y señaló a James Atkins y a Jairo Charris, un ex empleado de ISA como los determinadores de los homicidios.  

Sin embargo, varios postulados al proceso de Justicia y Paz, como Manuel Alcides Tabares, alias ‘Samario’ han dicho que Blanco si fue coautor intelectual de las muertes. 

Durante el juicio por el homicidio, la Fiscalía manejó la hipótesis de que Blanco había sido el determinador de los crímenes porque los dos sindicalistas estaban ejerciendo presión para que se le suspendiera el contrato, por la mala calidad de los alimentos.  En ese proceso Blanco señaló presento varios documentos en los que según él, la Drummond hacía estrictos controles a la comida entregada a los empleados.  El empresario señaló que el verdadero móvil de los asesinatos fue el señalamiento de los sindicaliestas, por parte de Atkins, de pertenecer a la guerrilla. 

Los representantes legales de la compañía le dijeron a VerdadAbierta.com que no se pronunciarían sobre las declaraciones entregadaspor Blanco.  Los abogados de las víctimas señalaron que no existen procesos penales individuales sobre los funcionarios mencionados por Blanco en Estados Unidos, pero que a raíz de su testimonio, la justicia norteamericana, puede abrir nuevas investigaciones.

Sintramienergética demandó a esa empresa y a sus directivos en Colombia y en Alabama ante la justicia de Estados Unidos. Los acusan de complicidad con los paramilitares que asesinaron a tres líderes sindicales de la carbonera Drummond en marzo de 2001: Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler. Estos dirigentes exigían que cambiaran al proveedor de la alimentación de los obreros pues les estaba dando mala comida. Distintos juzgados colombianos condenaron a los paramilitares por estos asesinatos. Por estos mismos crímenes, la fiscalía acusó al contratista de la Drummond, Jaime Blanco.

En segunda instancia, la justicia estadounidense dictaminó que no había pruebas que avalaran que los directivos de la Drummond en Colombia o en Estados Unidos hubieran sido cómplices de los crímenes. No fue el final del juicio. Los huérfanos de los sindicalistas asesinados interpusieron otra demanda contra la empresa y sus ejecutivos. En marzo de 2011, la Corte de Apelaciones del Circuito 11 de Estados Unidos dictaminó que no era un caso juzgado y se podía procesar. (Vea el fallo de la Corte).

No es el único nexo con paramilitares de los que se acusa a la Drummond. Hay también una tercera demanda por su presunta responsabilidad en la creación y financiación de un bloque paramilitar –“Juan Álvarez”- para proteger sus operaciones mineras del acoso guerrillero. Este frente fue autor de la muerte de varios colombianos. La demanda pide que la empresa minera pague también por su presunta complicidad en el desplazamiento forzado y asesinato de campesinos del predio Mechoacán, donde la empresa compró terrenos. Estas últimas dos demandas están en proceso.

Drummond ha insistido en su inocencia. Ante la pregunta de cómo pudieron operar cuando los paramilitares tenían casi el dominio total de la región a fines de los ‘90, sus voceros han dicho que ahora, como entonces, ha mantenido su convicción de no pagarles a terroristas por protección, y que por ello tuvieron que aguantar muchas bombas y sabotajes. Ante las afirmaciones de nuevos testigos a favor de los demandantes, que asocian a los directivos de la carbonera con estos crímenes, la empresa ha reiterado que son “tretas propagandísticas”.

Voceros de Sintramienergética han dicho que tienen suficientes testigos que demostrarán en el juicio que el pago a paramilitares fue parte de la protección de la carbonera estadounidense contra la extorsión guerrillera. La justicia estadounidense tiene la última palabra.

La Drummond ha enfrentado dos procesos civiles en cortes de los Estados Unidos, uno en Alabama en donde tiene su sede principal y otro en Atlanta, y en los dos casos los jurados han rechazado las pretensiones de los sindicatos y las víctimas de inculpar a la multinacional con el asesinato de Locarno y Orcasita. 

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El presidente Juan Manuel Santos, durante marcha en Necoclí.

Un clima de tensión se percibe por estos días en las relaciones entre un conjunto de reclamantes de predios despojados por grupos armados ilegales en el Urabá antioqueño, agrupados en la organización no gubernamental Tierra y Vida, que encabeza la líder Carmen Palencia y el Gobierno Nacional, por cuenta de la marginación de estas víctimas de la Mesa de Tierras sobre el Ordenamiento Social de la Propiedad de Urabá.

La decisión la tomaron en días pasados tras considerar que no tienen garantías de seguridad y que están siendo revictimizados.

Además, los miembros de esta ong creen que en el escenario de negociación están en desventaja con los empresarios, quienes también han sido convocados a esta instancia en la que se supune se empezarán a resolver problemas relacionados con la tierra en Antioquia.

Otro factor que los llevó a tomar esta decisión es que aseguran no hay una estrategia por parte del Gobierno Nacional y cuestionan que sea la Superintendencia de Notariado y Registro la que convoque y no otras instancias con más jerarquía.

Hasta el momento, la Mesa de Tierras sobre el Ordenamiento Social de la Propiedad de Urabá solo se ha reunido una vez, el 1 de febrero de este año en Apartadó. Se pretende que los reclamantes de tierras, agrupados en organizaciones legalmente constituidas, lleven allí algunos casos con el fin de buscarles solución rápida y eficaz.  

No obstante, los resultados de ese primer encuentro no fueron los mejores y se registraron discusiones bastante acaloradas entre empresarios bananeros y algunos miembros de Tierra y Vida que llegaron hasta la Fiscalía General de la Nación a través de sendas denuncias penales contra unos y otros.

Hablan los reclamantes
“Nosotros consideramos que no hay garantías para nosotros como víctimas”, afirma Carmen Palencia, representante legal de la organización Tierra y Vida que agrupa a unos 2,400 reclamantes. “Consideramos que se les quiere hacer un favor a los empresarios. Lo que quieren es, como decimos popularmente en Urabá, montar una especie de natillera con los recursos que se van a aportar”.

Palencia también centra sus críticas en el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, uno de los participantes de la reunión del 1 de febrero y a quien considera como el convocante de la Mesa de Tierras en Urabá.

“Esa entidad no tiene una estrategia clara, definida, sobre las bases que se deben tener en esa Mesa”, afirma Palencia. “Lo que está haciendo es juntar a todo el mundo con todo el mundo; allá llegan los victimarios y las víctimas; lo que se presentan son revictimizaciones”.

Esta líder, quien ha denunciado que ha sido amenazada, advierte que la experiencia de la primera reunión no fue la más positiva en el tema de la seguridad, pues al sitio donde se llevaba a cabo el encuentro llegó un hombre al parecer paramilitar.

“Se trató de alias ‘El Turbeñito’, comandante de los paramilitares de allá de Turbo. Eso significa más ataques, más desprestigio, más amenazas”, reitera.

Otra de las críticas que lanza Palencia contra el Superintendente de Notariado y Registro se centra en la falta de celeridad para investigar el 65% de los casos relacionados con posibles despojos de tierras en Urabá. “¿Cómo si hubo celeridad para investigar el 30% de los casos de tierras que no incluyen a los empresarios, y no ha habido celeridad para investigar ese 65% que hace falta, donde está el bloque grande del despojo de tierras?”, se pregunta la líder.

De acuerdo con Palencia, su organización Tierra y Vida no sería la única que se marginaría de la Mesa de Tierras en Urabá. “Hemos hablado con víctimas de otras organizaciones, sobre todo de Córdoba y otras de Urabá, y coincidimos en no volver”, afirma.

Por su parte Carlos Páez, otro de los directivos de Tierra y Vida, llama la atención sobre la esencia de la Ley 1448. “Es una ley para las víctimas, no dice que deben estar los gremios bananeros,  ganaderos y agricultores”, asegura. “Yo me he leído varias veces la ley y no encuentro por ningún lado que empresarios bananeros, ganaderos y agricultores tengan que estar en una Mesa de Tierras”.

Considera Páez que si cambiarán de posición si a la Mesa llegan instituciones del Gobierno, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Defensoría del Pueblo,  Presidencia y Vicepresidencia. “Si es así, nosotros estamos con mucho gusto, pero ese cuento de que estén los empresarios y funcionarios de estrato medio no le vemos sentido a estar ahí”.

Entre otras razones porque desde su perspectiva, lo ocurrido el 1 de febrero fue un sinsentido y no quieren repetir esa situación: “se suscitan unos enfrentamientos verbales con los empresarios porque ellos siempre quieren ser los legales, y siempre quieren tratar a las víctimas de guerrilleros, es un insulto constante al que no le vemos sentido”.

Ambos líderes coinciden en la propuesta de solicitar que sean instancias de más alto nivel, tales como el Ministerio de Agricultura o la Defensoría del Pueblo, las que convoquen las reuniones en torno  a la Mesa. “Mientras no convoquen ellas, vamos a seguir debatiendo, haciendo propuestas, apoyando la ley, capacitando a lideres y victimas en todo el país e implementando las marchas, las próximas serán en Chocó y Montes de María, aunque aún no tenemos fechas”, anuncia Palencia.

Gobierno cuestiona    
Consultado al respecto, Jorque Enrique Vélez, Superintendente de Notariado y Registro, aclara que no su entidad la que convoca la Mesa de Tierras sobre el Ordenamiento Social de la Propiedad de Urabá. “El Ministerio del Interior es el que convoca”, y respecto a las críticas, reitera que “no puedo opinar sobre lo que no convoco. Yo soy convocado como ellos. A mí también me invitan”.

Quien se mostró extrañado con respecto a la decisión adoptada por Tierra y Vida fue el Viceministro del Interior, Luis Felipe Henao, quien considera que si hay una organización en el país que cuenta con el apoyo de Gobierno Nacional es, justamente, Tierra y Vida, y les recuerda algunas situaciones donde fue favorecida.

“Tierra y Viva debe tener una memoria que espero no sea del corto plazo. En la marcha del 11 de febrero en Necoclí, el Gobierno Nacional les dio todo el apoyo para que fuera un éxito, como efectivamente fue. Estuvo respaldada por el Presidente de la República, por los ministros. Yo trabajé conTierra y Vida de la mano para que la marcha saliera adelante”, evoca Henao.

Pero el funcionario va más allá y no sólo cuestiona la actitud de la organización de reclamantes de Urabá, a la que le advierte que la Mesa de Tierras no se hace para Tierra y Vida sino para todos los actores relacionados con el tema esa subregión agroindustrial de Antioquia, sino que les recuerda que el Gobierno Nacional es un ente imparcial.

“Ahora, si alguien tiene garantías para participar en la Mesa son ellos y el Gobierno Nacional no puede tomar una posición a favor de los empresarios, o en contra de los empresarios, o a favor de Tierra y Vida, o en contra de Tierra y Vida”, afirma Henao. “Este Gobierno no se puede volver un gobierno de organizaciones no gubernamentales, sino un gobierno de institucionalidad, que le de tranquilidad a todas las partes”.

El Viceministro del Interior no considera aceptable que Tierra y Vida tenga un discurso en contra de una Mesa de Tierras que es dirigida por el Gobierno y sugieran la exclusión de otros sectores sociales y económicos de Urabá.

“Los empresarios generan empleo y también son ciudadanos como los de Tierra y Vida, son personas que representan a víctimas, que están legitimadas. Ninguno de los dos está por fuera de la legalidad y partir de que uno de los dos está por fuera de la legalidad y que por eso no se sientan en la Mesa es una falacia”, asevera Henao, quien agrega que la segunda reunión de esta instancia de discusión se realizaría a finales de abril o comienzos de mayo.

VerdadAbierta.com quiso conocer la opinión de Fundauniban y Augura con respecto a estas críticas y el marginamiento de la organización Tierra y Vida de la Mesa de Tierras y para tal fin se comunicó con las oficinas de prensa de ambas agremiaciones y pese a que se les explicó el motivo de la llamada no fue posible obtener el punto de vista de sus gerentes.

Por lo pronto, la discusión está puesta sobre la mesa y se espera que antes de que sea convocada la próxima reunión de la Mesa de Tierras sobre el Ordenamiento Social de la Propiedad de Urabá haya acercamientos que permitan aliviar las tensiones entre unos y otros, por el bien de todas las víctimas.

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