Las tierras del municipio de El Dorado, en Meta, son altamente productivas al estar irrigadas por varios ríos. Éstas y otras de la región del Ariari fueron un botín de la ola de violencia generada por guerrilleros y paramilitares. Foto: archivo Semana.

Pese a ser víctimas de la violencia paramilitar de los Llanos Orientales, Felipe Cruz* y Pablo Remolina* terminaron debiéndole a la justicia. Al primero, el Bloque Centauros lo despojó de 51 hectáreas y fue a parar a la cárcel tras un operativo que hizo la Policía en uno de sus predios. Al segundo, el mismo grupo le arrebató 75 hectáreas, presentó su caso a la justicia ordinaria pero le negaron la posibilidad de devolverle la tierra porque el juzgado civil argumentó “falta de competencia”. Como si fuera poco, otro despacho que recibió el caso también negó las pretensiones de la demanda y, de paso, le ordenó pagar un millón de pesos por “costas”, es decir, por el valor del procesojudicial.

Fue sólo hasta el pasado 4 de junio de 2015 que los tres magistrados del Tribunal Superior Especializado en Tierras de Bogotá le dieron la razón a Felipe y a Pablo, reconociendo que eran víctimas de la violencia, que habían sido despojados junto a sus familias y ordenaron reversar las escrituras e inscripciones que hicieron que sus fincas pasaran de mano en mano.

Este fallo deja al descubierto, en parte, el plan que tenían los paramilitares del Centauros, incluyendo a sus jefes Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’ y Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’, de quedarse con las tierras más productivas de la región del Ariari, en el Meta. Además, da a conocer aquellos predios que no incluyeron en sus listas de “bienes” y que debieron confesar como parte de los compromisos con el proceso de Justicia y Paz.

Aunque en varias versiones libres en 2010 y 2011 ‘Don Mario’ aceptó que ‘despachaba’ desde las fincas Casa Roja y Casa Azul en El Dorado, no dijo que participó en el despojo de tierras colindantes a éstas. Y eso fue lo que precisamente sucedió con los predios de Felipe y Pablo. Según el estudio que hizo la Unidad de Tierras, esas fincas fueron anexadas a Casa Roja y ocupadas por los Centauros hasta su desmovilización en 2005.

Los Centauros, que entraron por Mapiripán en 1997 tras cometer una masacre, se propagaron por todo el Meta y convirtieron al Ariari en un botín de guerra. Esta región está bañada por los ríos Ariari, Guape y La Cal lo cual explica no solo su fertilidad sino que históricamente hayan sido apetecidas por todos los actores armados. (Lea: Treinta años luchando por el Ariari).

¿Cómo fue el despojo?
Foto: archivo Semana.

La época de terror y miedo para la familia Cruz inició en 2001 cuando los Centauros llegaron hasta la vereda La Meseta y comenzaron a merodear por sus tres fincas. Según el relato del propio ‘Don Mario’, éste les dijo que quería ‘comprarles’ la tierra, pero los Cruz se negaron. Temerosos por la presión, se desplazaron hacia otro departamento.

A los Remolina ni siquiera les dieron tiempo para pensar. En 2002 los paramilitares de llegaron hasta la vereda Aguas Claras e instalaron en sus fincas un ‘hospital’ (para recuperación de los paramilitares heridos) y un campamento. Un año y medio después les dijeron que por esas tierras daban 250 millones de pesos, y que se los pagarían en varias cuotas. En realidad solo les entregaron 50 millones de pesos, pero por orden de alias ‘Julián’ tuvieron que devolverle al grupo armado 30 millones. Es decir, sólo recibieron 20 por las 75 hectáreas. Alias ‘Julián’ le confesó a la Fiscalía que cualquier persona que decidiera ‘vender’ una tierra en el Ariari debía entregarle una cuota a las Auc.

En El Dorado nadie se atrevía a denunciar pues los mismos paramilitares confesaron que contaban con la complicidad del entonces alcalde Euser Rondón (1998-2000), a quien apoyaron además en su candidatura a la Gobernación del Meta en las elecciones de 2003 (Lea: Euser Rondón, el puente entre los ‘paras’ y políticos en el Meta). Algunas de las reuniones entre políticos y paramilitares se realizaron justo en las fincas Casas Roja y Azul, cuya extensión fue aumentando con las tierras que los Centauros iban despojando.

Un investigador querecorrió la zona le contó a VerdadAbierta.com que las fincas y casas que ‘compraban’ los paramilitares se diferenciaban con facilidad, pues lucían una fachada casi urbana, con pisos y adecuaciones de lujo. En otros casos, las utilizaban para camuflar sus ‘escuelas de entrenamiento militar’.

Después de la desmovilización de los paramilitares en 2005, las tierras fueron compradas por Marco Daniel López Manrique quien, después de varias transferencias con escrituras, se las vendió a dos personas en 2011. Ambos se opusieron al proceso de restitución argumentando que compraron de buena fe, pues conocían a López Manrique. El Tribunal advirtió irregularidades en los documentos y les cuestionó por qué no hicieron un estudio previo de los títulos si estaban invirtiendo 600 millones en la compra.

Mario de Jesús Roldán Pérez alias ‘Julián’, jefe del Frente Ariari de las Auc, le dijo a la Fiscalía en 2013 que aunque López Manrique “no hacía parte de la organización”, sí sabía que las tierras que compraba habían sido usadas por ‘Don Mario’. Por ese motivo, los magistrados ordenaron compulsar copias para que se investigara a López.

Las recientes sentencias ponen luz sobre la tragedia de las familias que fueron despojadas y desplazadas del Ariari por casi quince años. Además, deja sin piso la afirmación que hizo ‘Julián’ en 2013: “la organización sólo desplazó a una persona en el municipio de El Dorado (…). Lo que hizo fue traer paz a la región y protección a los campesinos”. El Registro Único de Víctimas (RUV), advierte que solo entre 2002 y 2004 del El Dorado salieron expulsadas por la violencia mil personas.

*Nombres cambiados por razones de seguridad

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Entre 2003 y septiembre de 2004, las Autodefensas Campesinas del Casanare a cargo de ‘Martín Llanos’ y el Bloque Centauros en cabeza de ‘Miguel Arroyave’ despojaron tierras en el norte de Meta y sur de Casanare durante una guerra que desataron estos dos bandos paramilitares. Foto archivo Semana.

En Puerto Gaitán y Puerto López, en el nororiente de Meta, se ha documentado cómo particulares y multinacionales le hicieron trampa a la Ley Agraria para acumular tierras de origen baldío, pero lo que comienza a revelarse en estos mismos municipios son otras historias, en las que jefes paramilitares usaron la violencia para desterrar a campesinos y empresarios que vivían enlas veredas Manacacías y Serranía de Melúa, y apropiarse de sus propiedades.

Tres magistrados del Tribunal en Restitución de Tierras de Bogotá concluyeron en dos sentencias recientes que ninguna de las personas que explota varios predios solicitados en restitución en esas regiones del Meta actuó de “buena fe exenta de culpa”. Por el contario, las familiares reclamantes son víctimas que se vieron forzadas a vender sus fincas a bajo precio, salir desplazadas e, incluso, buscar refugio en otros países y perder durante muchos años su único patrimonio.

En los dos fallos, la justicia ordenó que todas las transacciones consignadas en notarías y oficinas de instrumentos públicos fueran reversadas para que los títulos volvieran a las víctimas. También le pidió a la policía que acompañe a estas familias en el retorno y a las alcaldías para que garanticen su permanencia en la región. Los casos documentados por la Unidad de Tierras y sobre los que los magistrados tomaron la decisión, ponen en evidencia la complejidad de los traspasos en la propiedad y cómo una familia fue despojada varias veces por los dos bandos paramilitares.

A punta de falsificaciones
En la vereda La Serranía o Bajo Melúa, en el municipio de Puerto López, la familia Duarte Gómez* tenía 1.728 hectáreas de dos fincas que habían comprado en 1993 después de haber vendido una propiedad familiar en Villavicencio, la capital de Meta. El 14 de febrero de 1996 Samuel Duarte* falleció en un accidente de avioneta cuando se movilizaba desde sus fincas hacia Bogotá, por lo que fue su esposa Laura Gómez* la que asumió el desarrollo de estas tierras, dedicadas a la ganadería y a un proyecto turístico.

Gómez administraba una empresa en Bogotá, pero estaba al tanto de la finca por medio de su administrador. En septiembre de 2001, su trabajador le informó que paramilitares a cargo de Héctor Germán Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, más conocido en la zona como el jefe de ‘los Buitragueños’, habían rondando por las fincas y lo amenazaron con instalar una ‘base de entrenamiento’.

‘Martín Llanos’ es hijo de Héctor Buitrago, alias ‘Tripas’, el jefe de las autodefensas campesinas más antiguas del Casanare que se convirtieron en paramilitares y se financiaron del narcotráfico como quedó confirmado en 2012 tras la captura de ‘Martín’ y a su hermano ‘Caballo’ (Lea: ‘Martín Llanos’, el capturado ex jefe ‘para’ del Casanare). En el Casanare se le atribuyen 10 mil víctimas, pero según los primeros fallos de restitución, es responsable de despojos en el norte del Meta.

Al finalizar 2001 ‘los Buitragueños’ cumplieron con su amenaza e instalaron a 60 de sus hombres en las fincas. A principios de 2002 fueaumentando el número de hombres armados en las tierras, por lo que los obreros que trabajaban para Gómez se vieron obligados a desplazarse. El administrador viajó a Bogotá y entregó un dinero por la venta de las pocas vacas que habían quedado en la hacienda. ‘Martín Llanos’ se consideraba el nuevo patrón de los predios.

Laura Gómez estaba decidida a no perder su finca. El 12 de enero de 2002, bajo riesgo, decidió acudir a una cita que le puso el jefe paramilitar. Ese día viajó a Villavicencio desde donde fue transportada a un lugar conocido como ‘El Tropezón’, en Puerto López. En tribunales de Justicia y Paz, varios desmovilizados del Bloque Centauros de las Auc, el bloque paramilitar enemigo de ‘los Buitragos’, confesaron que este lugar era el escondite de ‘Martín Llanos’.

Para esa época, ‘Llanos’ seguía sumando poder apropiándose de tierras. En el Meta el terror lo impartía el Bloque Centauros de las Auc, bajo el mando de Miguel Ángel Arroyave, alias ‘El Árcangel’. Las ‘fronteras’ que se habían fijado entre los paramilitares de Casanare y del Meta se rompieron cuando ‘El Arcángel’ comenzó a enviar hombres a Aguazul, Maní, Monterrey, Villanueva, Recetor y Chámeza, sur de Casanare, donde ‘los Buitragueños’ tenían presencia (Lea: Así fue la guerra entre Martín Llanos y Miguel Arroyave).

Una vez Laura Gómez llegó a El Tropezón, ‘Martín Llanos’ la intimidó advirtiéndole que sabía el nombre de sus hijos, los colegios donde estudiaban y la dirección de su casa. “¿Cuánto quiere por la finca?, preguntó el jefe paramilitar.

-“No tengo intención de vender la finca”¬¬¬- respondió Gómez.

Sin mediar más palabras, ‘Martín Llanos’ le dijo que le daba 200 millones de pesos y la amenazó de nuevo: “Este es un caso perdido porque la finca ya está en mis manos. Le aconsejo que no vuelva por aquí porque no quiero tener problemas con usted”.

Gómez permaneció secuestrada hasta las dos de la mañana bajo la supervisión de José Ramiro Meche Mendivelso, alias ‘Guadalupe”. Dos meses después, las amenazas continuaron cuando un desconocido llegó hasta las oficinas de la empresa en Bogotá, reclamándole sobre las rondas que estaba haciendo el Ejército por las tierras. Las amenazas continuaron a mediados de 2002 cuando ‘los Buitragueños’ notaron que no podían arrebatarle los títulos, pues la hacienda tenía una deuda fiscal con la Dian. Le mandaban mensajes de que ‘ayudara’ a solucionar eso.

Resistiendo, Gómez logró estar en Colombia sólo un par de meses más hasta que buscó refugio en un país europeo. Mientras permanecía desplazada en el exterior, la empresa de la cual era su representante legal y en la que reposaban las tierras como patrimonio, fue transformada a punta de documentos falsos.  La Unidad de Tierras documentó que a Laura le falsificaron la firma para cambiar la representación legal de la empresa y de esta forma transferir las tierras.

En varias notarías de Bogotá se concretó la comercialización de los predios con la supuesta liquidación de la deuda con la Dian y ventas entre varios dueños, entre ellos Heliodoro León Ruiz, exalcalde de Puerto López, a quien la justicia condenó en 2014 por detrimento patrimonial.

De las fincas poco supieron los Gómez desde que salieron desplazados hacia Europa. Entre 2002 y 2004 ‘los Buitragueños’ y ‘los Centauros’ desataron una guerra por el control del territorio. Extraoficialmente en la región afirman que los muertos superaron las 2 mil personas, muchos de ellos niños que fueron reclutados en las veredas del sur del Casanare y el norte del Meta para ponerle el pecho a las balas. En esa batalla ambos bandos despojaron tierras.

“En esa finca (la de Laura) era donde más permanecía (Martín Llanos). Era una finca muy bien arreglada, tenía una laguna grande y unas lanchas… La organización despropió a mucha gente…”, le confesó a la Fiscalía Jairo Espejo Rivera, alias ‘Yimmy’, ex paramilitar de ‘los Buitragueños’.

Los desmovilizados del ‘Centauros’ aseguran que contaron con el apoyo de otros bloques paramilitares y del Ejército para derrotar a ‘Martín Llanos’. Mientras ellos se desmovilizaron en 2005, ‘los Buitragueños’ no lo hicieron. Unos 70 paramilitares del Casanare terminaron presos y los otros se fugaron, razón por la que no fueron cobijados con los beneficios de Justicia y Paz.

Las tierras por las que ‘Martín Llanos’ le ofreció 200 millones de pesos a Laura Gómez fueron compradas en 2010 por Rafael Humberto Martínez por 600 millones de pesos. Durante el juicio, Martínez se opuso al proceso de restitución considerando que era un comprador de “buena fe exento de culpa”, contando que era un abogado y ganadero reconocido, y que no desconfió del vendedor, que era el exalcalde de Puerto López.

Sin embargo, los magistrados concluyeron que para la época de la compra el valor comercial de los predios ascendía a los 3 mil millones de pesos y que debió constatar si había o no irregularidad en la transferencia de las tierras: “no puede alegar ausencia de culpa aduciendo que el señor Heliodoro León Ruiz fue exalcalde de Puerto López y no poseía mayor antecedente legal, o que con base en la información que constaba en los certificados de los inmuebles no se podía concluir ningún tipo de irregularidad, si constan en tales certificados irregularidades”, indicaron los jueces.

Cuatro veces despojados
Martín Llanos, exjefe de las ACC durante su deportación a Colombia; y Miguel Arroyave, exjefe del Bloque Centauros asesinado por sus propios hombres durante el proceso de desmovilización. Fotos: archivo Semana.

En el vecino municipio de Puerto Gaitán la familia Pedraza** estaba arraigada a sus tierras que suman casi tres mil hectáreas. Su padre, Ramiro, las compró en 1960 pero sólo pudo lograr los títulos en 1994 cuando parceló la hacienda en cuatro porciones para garantizarles la herencia a igual número de hijos. La tranquilidad que les ofrecían estas tierras en la vereda del Alto Manacías la perdieron cuando el Frente 39 de las Farc comenzó en esa época a extorsionar a los finqueros.

Las Farc se sostenían en esta región no sólo del secuestro y la extorsión sino de la producción de cocaína. Desde los años 70 la región de la Altillanura fue apetecida por narcotraficantes como Carlos Ledher, Gonzalo Rodríguez Gacha alias ‘El Mexicano’ y Leonidas Vargas, quienes encontraron en estas tierras un lugar para comprar extensas fincas y ‘lavar’ el dinero de sus ilícitos.

A mediados de los 90, llegaron los paramilitares a la región a disputarle el dominio a las Farc. Durante esa década los señalados de desplazamientos y asesinatos fueron ‘los Carranceros’, grupo armado ilegal que durante la desmovilización se conoció como Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada. Hacia comienzos del siguiente siglo comenzaron a rondar ‘los Buitragueños’ o Autodefensas Campesinas del Casanare de ‘Martín Llanos’.

Durante el juicio de restitución, la familia Pedraza contó que quedaron en la mitad de una guerra entre guerrilleros y paramilitares. Por las amenazas y la presión de ambos grupos, abandonaron sus fincas a finales de 1999. En poco tiempo, éstas fueron invadidas por ‘los Buitrago’, que los buscaron estando desplazados para concluir el despojo.

El primero que lo hizo fue Horacio Pan Avella, un ganadero que según las confesiones de varios paramilitares era el encargado de conseguirles armas (Lea: Los fusiles de Miguel Arroyave). Pan Avella buscó a los Pedraza y les ofreció por las casi 3 mil hectáreas 150 millones de pesos. De esa venta forzosa, la familia sólo recibió 35 millones de pesos. “Yo hago ‘negocios’ sin firmar documentos”, les dijo Pan. Para la época, entre 2003 y 2004, ‘los Buitragueños’  y ‘los Centauros’ se enfrentaron en una guerra por quién se quedaba con el territorio. ‘Los Centauros’ ganaron.

Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’, exjefe de finanzas del Bloque Centauros, le contó a la Unidad de Justicia y Paz que su jefe Miguel Arroyave, alias ‘El Arcángel’, se enteró que Pan tambiénle vendía armas a ‘Martín Llanos’ y lo amenazó de muerte. A cambio de no asesinarlo, le pidió la finca que tenía en la vereda del Alto Manacías que le había usurpado a los Pedraza (Lea: La logística militar del Bloque Centauros en la época de ‘Don Mario’).

Fue así como Horacio Pan volvió a contactar a la familia y esta vez les dijo que los iba a llamar alias ‘Coco’, identificado por la justicia como Dairo Antonio Castaño González, un familiar cómplice de Miguel Arroyave. El paramilitar llamó a la madre de los Pedraza a quien la citó en San Martín, un municipio que entre 2000 y 2005 fue controlado por los Centauros. Cuando llegó al pueblo, dos paramilitares la obligaron a ir a la Notaría Única donde le exigieron que entregara las escrituras y planos de las cuatro fincas sobre la que tenían propiedad ella y sus hijos.

Alias ‘Don Mario’ y Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’, le contaron a la Fiscalía que ‘Coco’ y  otro paramilitar, conocido como ‘Juan Carlos’, fueron los encomendados por Arroyave para recopilar los papeles de los predios que el Bloque Centauros le quitó a las Autodefensas del Casanare una vez terminada la guerra.

En 2004 los paramilitares volvieron a citar en esta misma Notaría, esta vez a un hijo de los Pedraza para que firmara una escritura en blanco. La familia seguía atemorizada y desplazada, y pensaron que una vez se desmovilizaran los paramilitares podrían recuperar sus tierras. Pese a que los Centauros se desmovilizaron en septiembre de 2005, un año después los Pedraza fueron de nuevo contactados, esta vez, por Orlando Poveda. Con esta, ya era la tercera vez que los llamaban para hacer papeles y continuar con el despojo.

Según la demanda presentada en el juicio de restitución, alias ‘Pirata’ confesó en marzo de 2012 que Poveda fue colaborador de ese grupo paramilitar. El exjefe de los Centauros en San Martín dijo que Poveda hacía parte de la lista de “compradores o dueños de laboratorios de producción de cocaína” a quienes el bloque paramilitar les cobraba entre 60 mil y 70 mil pesos el kilo de clorhidrato que sacaban de la zona, lo que llamaban ‘impuesto’ al gramaje (Lea: Vicente Castaño y la coca en los Llanos).

La familia Pedraza relató que Poveda los citó en agosto de 2006 en la Notaría Tercera de Villavicencio, donde los obligaron a firmar el englobe de las cuatro fincas en un solo predio por 60 millones de pesos que nunca les pagaron. En el documento público no quedó registrado el nombre de Poveda sino el de Elvia Carolina Betancourt Velásquez.

Betancourt dijo ante el Tribunal de Restitución que Poveda era un familiar de su esposo y que se declaraba opositora a las reclamaciones de las víctimas porque había “actuado con buena fe exenta de culpa”. Pero los tres magistrados no creyeron válida esta afirmación al explicar que durante el interrogatorio, Betancourt se contradijo en sus respuestas cuando le preguntaron sobre el día en que englobaron los predios. Lo que más generó duda entre los jueces es que reconoció que no confirmó que Poveda le pagara los supuestos 60 millones de pesos a los Pedraza.

Los testigos les aseguraron a los magistrados que Elvia Betancourt no explotó el predio pues este fue administrado todo el tiempo por Poveda. En ese sentido, El Tribunal dejó consignada en la sentencia una declaración de alias ‘Don Mario’ en la que el exjefe paramilitar aseguró que para registrar las tierras usurpadas el grupo paramilitar buscaba personas “sanas”, que no tuvieran vínculos con el grupo armado ilegal.

Estas dos sentencias confirman las denuncias que desde 2011 comenzaron a realizar las víctimas en el sur del Casanare y norte de Meta donde los dos grupos paramilitares se enfrentaron. VerdadAbierta.com documentó uno de estos en los municipios de Villanueva, en Casanare, y Barranca de Upía, en el Meta, donde una familia fue despojada de sus dos fincas por los bandos paramilitares, tal cual como les ocurrió a las familias Duarte Gómez y Pedraza* en Puerto López y Puerto Gaitán, respectivamente (Lea: Botín de guerra).

Estas sentencias representan para algunas familias que se les reconozca por primera vez como víctimas, pues ‘Martín Llanos’ no se desmovilizó y por tanto, no confesó sus delitos, entre ellos, el despojo. Aunque fue capturado en febrero de 2012, el exjefe paramilitar ha guardado silencio sobre sus crímenes porque es procesado por la justicia ordinaria. Arroyave fue asesinado por sus subalternos en 2004, pero algunos despojos han sido confesados por ‘Don Mario’.

Diana Herrera, directora de la Unidad de Tierras en Meta, asegura que estos casos no son aislados y que en su despacho se documentan varios despojos no sólo cometidos en Puerto en Gaitán y Puerto López. “Hay reclamaciones en Barranca de Upía, Villavicencio y San Martín, donde estos paramilitares acumularon tierras poniéndolas a nombre de testaferros para su enriquecimiento personal”.

*Los nombres de las víctimas y de la empresa fueron reservados por razones de seguridad, dado que las sentencias fueron proferidas de forma reciente.

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La parcelación de Cedro Cocido, en zona rural de Montería, ha tenido dos sentencias de restitución. La primera de 59 familias y la segunda en favor de dos más. Faltan que los Tribunales se pronuncien sobre por lo menos otros 50 predios. Foto archivo Semana

A 45 minutos de Montería está la antigua hacienda Cedro Cocido, predio que a finales de los años noventa fue epicentro de la violencia perpetrada por los hermanos Castaño Gil y ahora es prioridad en el proceso de restitución de tierras en Córdoba. No obstante, aún no llega la tranquilidad y la situación es tensa, según denuncian sus pobladores.

Un grupo de campesinos que ya retornó a sus parcelas, tras la decisión de la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia de devolverles sus tierras, asegura que hay problemas en la parcelación. Por un lado, están inquietos porque conviven en la zona con algunos opositores al proceso; y por otro, que desde hace varios meses rondan por allí personas ofreciéndoles dinero para arrendar los predios.

“La gente no quiere hablar porque tiene miedo. Dentro de la parcelación está viviendo gente que se opuso al proceso yno entendemos cómo es que la Unidad no presentó estos casos juntos al juez para garantizarnos tranquilidad”, dice Libardo Rojas*, un campesino que vive en Cedro Cocido y quienpidió la reserva de su nombre por seguridad. Este labriego cuenta que retornó hace un par de meses, pero que “quien se considera administrador de la finca y el que se considera dueño nos impiden el acceso al agua. Esto es un calvario con este verano que está haciendo por acá”

Ramiro Correa*, otro campesino de Cedro Cocido, cuenta que la tensión comenzó una vez los jueces de tierras comenzaron a pronunciarse: “Nos entregaron la tierra con vacas dentro de la parcelación. Entonces ese señor lo que hace es que nos manda sus vacas, usando nuestras tierras. Le dijimos que si iba a hacer eso que le arrendábamos. Él nos dijo que no, que él era el dueño”. El nombre al que se refieren es Guillermo León Restrepo Rico.

Según la sentencia del 13 de febrero de 2014 proferida en Medellín por la Sala Especializada en Restitución de Tierras, Restrepo Rico se presentó en ese juicio como opositor a las reclamaciones de 59 parceleros de Cedro Cocido, argumentando que fue comprador de buena fe exento de culpa porque, según juró ante los jueces, antes de comprar la tierra contrató a un jurista para que estudiara la tradición de los predios y lo hizo sin ejercer presión o violencia. (Descargue la sentencia en PDF)

Un informe de marzo de 2014 de las fundaciones Forjando Futuros y Paz Reconciliación indica que Restrepo Rico, junto con otras cuatro personas, hacen parte de los opositores de por lo menos 191 procesos de restitución en el departamento de Córdoba (Lea: Los claroscuros de la restitución de tierras).

En la demanda presentada ante los jueces, la Unidad de Restitución de Tierras documentó que en el pasado las tierras de Cedro Cocido fueron inicialmente donadas por los Castaño a campesinos, luego usurpadas a finales de los años noventa a través de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) y, finalmente, transferidas a varios compradores que luego las acumularon en una misma escritura (Lea: Las otras 59 familias engañadas por los Castaño). Restrepo, por ejemplo, acumuló estas 59 parcelas en octubre de 2006 en escrituras registradas en la Notaría 3 de Montería y la Notaría Única de Pueblo Nuevo.

Según datos de la Unidad de Restitución, Cedro Cocido hace parte de la antigua hacienda Santa Paula, de 1.900 hectáreas en total, que los Castaño fraccionaron en 1986, además, en los predios Los Chavarríes, Arquía y Micono. De las 106 solicitudes de restitución que han presentado los campesinos despojados en Cedro Cocido, 62 parceleros fueron beneficiados con una sentencia proferida por jueces de restitución que ordenaron además otorgarles un proyecto productivo.

Para los parceleros, estos proyectos han generado ‘apetito’ por sus tierras. El proyecto productivo está tasado en 40 salarios mínimos legales vigentes, unos 25 millones de pesos, que la Unidad de Tierras desembolsa entre tres partidas. Según la Unidad, los campesinos de Cedro Cocido ya recibieron la primera para adecuar las tierras, luego vendrán los otros dos pagos para la construcción de cercas, suministro de semillas y desarrollo como tal del proyecto que, para este caso, será ganadería y pancoger.

“Esto no sólo ha ocurrido en Cedro Cocido sino en las tierras que están cerca. Han llegado personas a decirle a los parceleros que les arrienden o que cuadren para vender la tierra que ya fue restituida. A alguien le propusieron acceder a una vivienda en la zona urbana a cambio de esatierra. La gente tiene miedo porque así fue como comenzó la presión por las tierras cuando nos sacaron de acá”, explica Reinaldo Rosales*, un campesino de la parcelación de Santa Paula.

Aunque los predios restituidos no pueden ser comercializados en un plazo de dos años, tal como lo advierte la ley, los parceleros aseguran que ese período no es un impedimento para quienes tengan intereses en sus tierras lleguen a hacerles propuestas de arriendos informales o les prometan una casa en la ciudad. “Si esas propuestas nos llegan a varios se convierte en una forma de presión”, dice Rosales.

Los cuestionamientos de los labriegos se concentran en dos aspectos: el primero, que no entienden por qué la Unidad de Restitución no presentó los casos de sus parcelaciones de forma colectiva ante los jueces para evitar situaciones como las de ahora en la que campesinos ‘conviven’ con opositores; y el segundo, en por qué no ha habido un acompañamiento permanente por parte de la Unidad de Víctimas, en ese sentido, los campesinos señalan que, incluso, han estado en desacuerdo en cómo se formularon los planes de retorno.

Los parceleros comentan que una vez emitidos los fallos no hay un seguimiento de las instituciones locales, pues “la Alcaldía y la Gobernación tampoco están pendientes del proceso”, dice Rosales. Ahora que los parceleros aseguran que tienen problemas para acceder al agua por negación del opositor, y que foráneos rondan ofreciéndoles arrendarles o comprarles, “tenemos miedo. Porque uno no se atreve a contar esto que está sucediendo”, asegura Libardo Rojas.

Este temor se incrementa porque creen que sus tierras pueden ser apetecidas por la banda criminal conocida como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también llamados ‘Urabeños’ y ‘Clan Úsuga’, para conectar antiguas rutas de narcotráfico que atraviesan las parcelaciones del centro y sur de Córdoba. “Estas tierras son ricas sobre todo por su ubicación”, coinciden los campesinos. Durante 2014 en el departamento hubo varias capturas relacionadas con este grupo, señalados por las autoridades como responsables de asesinatos y extorsiones en varios municipios (Lea: Capturados 14 Urabeños que delinquían en el sur de Córdoba; Capturan a presunto jefe de ‘los Urabeños’ en Córdoba).

Hablan las autoridadesLas tierras del sur de Córdoba son apetecibles por su ubicación estratégica, funcional a negocios ilícitos como el narcotráfico. Foto: archivo Semana

Rodrigo Torres, director de la Unidad de Restitución en Córdoba, asegura que los parceleros de Cedro Cocido no le han informado sobre situaciones de presión ni amenazas. “Es raro porque hemos estado en la zona conversando con ellos para la implementación de los proyectos productivos. El miedo y la amenaza son cosas diferentes. Sentir miedo de retornar es lógico por la historia pasada de estas tierras. Pero no tenemos conocimiento de lo segundo”, afirma Torres.

El funcionario indica que sabe de “algunos parceleros arrendaron los pastos mientras salían los desembolsos de los proyectos productivos” y que ya les informaron que pronto comenzarán las obras para que cada parcela tenga su reservorio de agua.

Sobre por qué la Unidad no presentó todos los predios de Cedro Cocido en demanda colectiva ante los jueces, Torres aseguraque “esto ocurre en la medida en que las víctimas van presentando las solicitudes y si hay predios que no están incluidos en estas sentencias debemos respetar la propiedad privada”. El funcionario dice que si los parceleros consideran que hay alguna situación que los amenace, la Unidad activa una ruta que cuenta con el apoyo de la Policía.

Al respecto, Claudia Santamaría, coordinadora nacional del Grupo de Retorno de la Unidad de Víctimas, explica que los planes de retorno son formulados en consenso con las autoridades locales, representantes del Ministerio Público, del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y representantes de las víctimas, ateniendo garantías de seguridad, dignidad y voluntariedad.

Según Santamaría, aunque el gobierno reconoce que hacer estos procesos en medio del conflicto no es fácil, la Unidad sigue las órdenes de los jueces y gestiona con diversas instituciones del Estado la atención que requieren las familias para salir adelante en sus tierras. “Desde 2009 a la fecha, han retornado 69 mil hogares en todo el país”, agrega.

Por su parte Manuel Pacheco, director de la Unidad de Víctimas en Córdoba, aclara que el plan de retorno para las parcelaciones que están en procesos de restitución en Montería fue aprobado por Concejo el 19 de diciembre de 2014, y que no ha sido informado sobre tensiones entre los campesinos y los opositores o presencia de foráneos que quieran arrendarles las parcelas.

“Me parece extraño porque he estado en permanente comunicación con los campesinos y no me han expresado nada al respecto. Hemos hecho un pleno proceso de acompañamiento con ellos. El retorno como tal no ha ocurrido porque les hace falta agua potable y porque el Banco Agrario se comprometió a entregar las primeras viviendas a finales de febrero”, concluye Pacheco.

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La hacienda Magdalena fue nutrida por predios que Fernando Vicente Marulanda Trujillo alias ‘Marulo’ despojó entre los años 1988 y 1994. Foto: Unidad de Tierras.

Samuel Cáceres* recuerda que su padre fue un campesino trabajador que no dio el brazo a torcer a la mafia. Fernando Marulanda Trujillo, conocido más tarde en el mundo del narcotráfico como ‘Marulo’, le propuso en 1978 que se convirtiera en su socio, que viajara con él a Buenaventura…que le iba a ir bien. “A mí esas cosas raras no me gustan”, le contó a sus hijos. Su padre tuvo una muerte natural diez años después y cuando creían que ‘Marulo’ había desaparecido de sus vidas, apareció reclamando lo ajeno.

“Mi mamá comenzó a recibir llamadas amenazantes. Que si no vendía la finca se le llevaban los hijos. No quisimos poner cuidado. Era el único patrimonio que teníamos”, cuenta Cáceres. En abril de 1989 las amenazas se cumplieron cuando encontraron el cuerpo de su hermano mayor con dos tiros y una boleta en la mano que decía “Venimos luego por otros dos hijos”. Los mensajeros de ‘Marulo’ les prometieron 120 millones de pesos por las 180 hectáreas de la finca. Los obligaron a firmar papeles. Les entregaron cheques ‘chimbos’. Al final, sólo recibieron 60 millones.

Ricardo Ramírez* expresa nostalgia al recordar los doce años que vivió con su padre en el campo. Le enseñó a ordeñar entre 25 y 33 vacas en tiempo récord, a conducir y a ser ágil con las matemáticas. Las 174 hectáreas de la finca les daban para vivir bien, allí pastaban 250 reses con las que surtían el mercado de carne. “La tranquilidad la perdimos en los años 90. A mi papá lo comenzaron a extorsionar. En agosto de 1994 le dijeron que le daban 20 millones por la finca. Que se tenía que ir. Por miedo nos desplazamos”, cuenta Ramírez.

De esa manera, el narcotráfico les despojó de sus fincas que levantaron con sudor a 17 familias del corregimiento Ceilán, municipio de Bugalagrande, en el Valle del Cauca. ‘Marulo’, quien fue capturado y extraditado en 2010 a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos, presionó a los campesinos que vivían en los alrededores de la antigua finca de su padre, llamada La Magdalena, para ampliar sus dominios.

La Unidad de Restitución del Valle del Cauca presentó esos casos ante Jueces Especializados de Tierras en Bugalagrande. En el trabajo de campo, los investigadores encontraron que ‘Marulo’ englobó las tierras despojadas en distintas notarías rebautizándolas con el mismo nombre del predio que heredó de su padre. Más tarde, terminaron en manos de otros narcotraficantes y hasta aparecieron en listas de bienes que exjefes paramilitares entregaron para reparar a las víctimas.

Las ricas tierras de Ceilán
Ricardo Ramírez cuenta que despertaba a las 4 y 30 de la mañana. A esa hora ordeñaba y a las 6 y 30 estaba listo para que el carro lechero lo llevara hasta la escuela. Una vez terminada la jornada, tomaba su bicicleta y en 20 minutos ya estaba en la casa para trabajar con su padre. Así erala vida en Ceilán, sobre el piedemonte de la cordillera central. Además, todas las familias se conocían y vivían de la cría de ganado y cerdos, y de los cultivos de café y plátano, y de la producción de panela. Las familias tenían extensos terrenos que fueron parcelados durante las siguientes generaciones a medida que los hijos crecían.

La primera ola de violencia la vivieron en Ceilan en los años 50, cuando llegó a la región la violencia partidista, como ocurrió en diversas regiones del país. Según un informe de la revista Semana (Lea: Un campesino en armas), conservadores y liberales se enfrentaron, y Pedro Antonio Martín, alias ‘Tirofijo’ o ‘Manuel Marulanda Vélez’, quien llegó a ser el máximo comandante de la guerrilla de las Farc y cuya familia tenía 20 hectáreas en la zona, promovió revueltas contra de los conservadores.

En los 70, tuvieron acogida en el corregimiento movimientos cívicos como la Asociación Campesina del Centro del Valle (Acaceva) y la Unidad Cafetera, que reclamaron mejores condiciones para la producción agrícola. En la siguiente década, la tranquilidad se vio amenazada primero con la presencia del Frente Jaime Bateman Cayón del M-19, luego del Frente Luis Carlos Cárdenas del Eln, y más tarde de las columnas móviles Alonso Cortés y Alirio Torres del Frente 6 de las Farc.

La riqueza de Ceilán no estaba solo en su suelo. Su ubicación en zona montañosa fue apetecida por las guerrillas, pero también por los narcotraficantes, quienes llegaron a sembrar el terror en los años 90. Como ocurrió en los vecinos municipios del Riofrío, Trujillo y Bolívar, donde narcotraficantes como Diego Montoya, alias ‘Don Diego’; Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’; e Iván Urdinola, alias ‘El Enano’, despojaron tierras. Ceilán entonces se convirtió en un botín de la mafia para correr cercas, garantizar rutas para sus negocios ilegales y lavar su dinero. (Lea: Fallan primera restitución de despojado por ‘El Alacrán’ en Valle y Bolívar, un pueblo del Valle azotado por los violentos).

Ceilán es un pueblo que conecta con varias regiones. Sus caminos conducen por el oriente al Cañón de Las Hermosas y también al sur del Tolima; hacia el norte se llega al Quindío; y hacia el sur, pasando por varios municipios vallunos, la conexión conduce hasta Miranda, Padilla y Corinto, en el Cauca. Según lo documentó la Unidad de Restitución, los narcotraficantes encontraron en esta zona corredores para la comercialización de droga.

Un despojo de 25 kilómetros

En más de 3 mil millones de pesos fue avaluada la mitad de la hacienda La Magdalena, es decir sólo 500 hectáreas, durante su proceso de extinción de dominio en 2006. Foto: Unidad de Tierras.
“Fue muy duro abandonar la tierra. Toda una vida en el campo. Cuando llegamos a la ciudad fue tal el trauma que algunos de mis hermanos no quisieron estudiar”, recuerda Cáceres, víctima de uno de los tantos desplazamientos que ocurrieron entre finales de los 80 y principios de los 90. De los 2 mil 900 habitantes que según la Secretaría de Gobierno de Bugalagrande hay en el corregimiento, mil 410 son víctimas. Durante mucho tiempo reinó el silencio, pues los narcotraficantes andaban con ‘fierros’ y ‘mandaban razón’. Luego vinieron los muertos.

Según la documentación que recopiló la Unidad de Tierras seccional Valle, Fernando Marulanda Trujillo y un hermano Emilio heredaron de su padre la finca La Magdalena de 450 hectáreas y comenzaron a administrarla por medio de una sociedad llamada Invercinco S.A., creada en 1984. La Fiscalía investigó años después que esta sociedad fue utilizada por los ‘Marulo’ como una fachada para administrar bienes producto del narcotráfico.

“Aquí el despojo de las tierras se dio en unos 25 kilómetros entre el corregimiento de Ceilán y el de La Astalia, en Sevilla, bordeando la cuenca del río La Paila. La Magdalena pasó de tener 400 hectáreas a mil. A la gente le mandaban ‘razones’; otras veces aparecieron muertos. Calculamos que unas 40 personas las mataron, pero nadie para la época decía nada”, explica Cáceres.

Después del asesinato de su hermano mayor, que había asumido el rol de padre, los mensajeros de ‘Marulo’ los obligaron a firmar papeles en una oficina. Por eso no entienden cómo la firma de su papá terminó en escrituras con las que notarios y registradores de instrumentos públicos terminaron por adherir la finca a La Magdalena. Los investigadores encontraron que los Marulanda utilizaron notarías en Trujillo, Sevilla y Restrepo para legalizar sus los predios.

Entre 1988 y 1994 despojaron a todas las familias que colindaban con La Magdalena. A un vecino por ejemplo le llegó en 1993 ‘la razón’. El campesino les dijo que la finca no estaba en venta y que estaba hipotecada por un préstamo que había pedido para mejorar la casa. “Que el patrón le manda a decir que tiene que vender… que ya sabe lo que le puede pasar”, le advirtieron. Lo recogieron, lo llevaron a la Caja Agraria para que pagara la deuda y cuando ya tenían la escritura se la rompieron en la cara burlándose que ya no necesitan ese papel.

Los campesinos cuentan que ‘Los Marulo’ fueron borrando el rastro de las fincas para correr cercas y buscaron conectar la nueva Magdalena con otras fincas como La Palmera, La Barbora y Las Américas extendiéndose desde Bugalagrande hasta Sevilla y Galicia. En 1994, algunos de los predios fueron transferidos a la Agroinversora Urdinola Henao y Cia, del capo del Cartel del Norte del Valle Ivan Urdinola y la familia de su esposa Lorena Henao, y en 1995 a Fabio Osorio Osorio, presunto testaferro de este grupo narcotraficante.

Según el listado de bienes confesado en Justicia y Paz por el narcotraficante Javier Francisco Zuluaga, alias ‘Gordolindo’, a quien las Auc le crearon un bloque para desmovilizarlo, el nombre de Fabio Osorio Osorio aparece en 26 predios en Ceilán. Estos predios fueron reconocidos con distintos nombres como parte de las 1.036 hectáreas de La Magdalena, cuyo dominio fue extinguido el 29 de septiembre de 2006 por el Juzgado 4 Especializado de Descongestión de Extinción de Dominio. Esta decisión fue confirmada el 31 de enero de 2008 por el Tribunal Superior de Bogotá.

Alias ‘Gordolindo’ fue extradito en mayo de 2008 a Estados Unidos a rendir cuentas por cargos de narcotráfico y las tierras de La Magdalena pasaron a custodia de la Nación para reparar a víctimas. Lo que no sabía el Estado a la hora de imponer la figura de extinción es que por lo menos la mitad de la hacienda había sido despojada a campesinos y que una tercera parte iba a ser reclamada ante la Unidad de Restitución.

Los retos de los jueces
Cáceres asegura que luego de varios años de vivir en condición de desplazado comenzó a averiguar qué había pasado con la finca de sus padres. Buscó el certificado de tradición y en varias oportunidades le dijo a la justicia que estaba decidido a denunciar. Varios funcionarios le recomendaron que no lo hiciera, “pues los paramilitares andaban por la zona”. Sin embargo se armó de valor en 2012 y junto con varios de sus vecinos, también despojados, solicitaron la restitución de sus predios.

Al visitar La Magdalena,que sepultó los nombres originarios de las fincas, encontraron que allí vivía un nutrido grupo de campesinos que no conocían, pero que explotaban la tierra. Sergio Rodríguez, coordinador de la territorial Valle de la Unidad, explica que durante el trabajo de campo realizaron un censo de esta población a través del cual identificaron 50 familias nuevas, de las cuales 25 habitan y explotan las 350 hectáreas que están siendo reclamadas por sus antiguos dueños.

Rodríguez señala que encontraron que estas familias son de vocación campesina y expresaron en su mayoría estar afiliadas a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc). Cómo llegaron, hace cuánto y si son víctimas o no solo se podrá saber con base en un estudio que se incorpora a las demandas de restitución y se le presenta a los jueces, quienes determinarán finalmente si se les pude declarar como segundos ocupantes y si la ley los beneficiaría con alguna medida.

“Si bien la Unidad defiende a las familias despojadas, les explicamos a los líderes de la Anuc que la ley no vulnera sus derechos”, precisa el funcionario. Según las normas que rigen estas demandas, durante la etapa de juicio llaman a todas las partes interesadas y si hay opositores a la restitución, el proceso llegará hasta un Tribunal. “La idea de reconciliación no está en tapar un hueco de violencia para generar otro”, agrega Rodríguez.

En caso de reconocer que ‘Los Marulo’ despojaron a los campesinos, los jueces tendrán como reto solicitar la nulidad de la extinción de dominio de la mitad de La Magdalena para restituirla a sus dueños originarios. Y si considera que las nuevas familias que llegaron a la zona son vulnerables y merecen una porción de tierra, podría ordenar el levantamiento de la extinción de dominio sobre la otra mitad de la hacienda para que el Incoder se las titule.

“Queremos la decisión de un juez. Ya han pasado muchos años y soñamos con volver a nuestras tierras para trabajarlas, y hacer de ellas una bonanza como lo fueron antes de la violencia”, reitera Samuel Cáceres.

*Nombres cambiados por protección de las fuentes, dado previo inicio al juicio de restitución.

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Hay indicios de que la guerrilla de las Farc se está lucrando con extorsiones a mineros del Bajo Cauca antioqueño.

Entusiasmado con la idea de ser propietario de tierras con incalculable riqueza aurífera, Álvaro Noguera, un próspero administrador de empresas de Barranquilla, decidió un día de 2010 abandonar su cómoda vida ejecutiva en la cosmopolita capital atlanticense para embarcarse en un viaje que lo llevaría al agitado Bajo Cauca antioqueño.

De niño creció escuchando historias sobre unos predios propiedad de su familia ubicados en los alejados municipios antioqueños de El Bagre y Zaragoza; de cómo familiares suyos las explotaron por un tiempo pero luego los dejaron abandonados por cuenta de la violencia guerrillera de finales de la década de los ochenta y de cómo él tenía derecho sobre ellas por herencia.

Pero lo que terminó impulsándolo a comprobar por cuenta propia lo que tanto le habían dicho fue la petición de María, su tía abuela, una mujer que vivió buena parte de su vida en una finca a orillas del río Pocuné, que separa los municipios de Zaragoza y Segovia, quien por cuenta de la violencia paramilitar en la zona abandonó la tierra en 2004 y se fue a vivir a Barranquilla.

Fue ella quien le pidió en varias oportunidades que recuperara las tierras que su padre le dejó como herencia. Y fue así como Álvaro llegó al municipio de El Bagre en noviembre de 2010, para reclamar lo que, según su tía abuela, le pertenecen a él y a su familia. Al llegar a la región, comenzaron sus problemas. Su búsqueda lo llevó al corregimiento Puerto López y luego a lo más profundo de la zona rural. Y Allá, donde se encuentran los predios supuestamente heredados, descubrió que quien impone la ley no es el Estado colombiano, sino la guerrilla de las Farc.

“Yo había contratado un topógrafo de la región para que me ayudara a identificar y medir las tierras que decían las escrituras. Y como a los días de estar allá, por intermedio del topógrafo me mandó llamar un muchacho que le decían ‘Pedro Chilapo’, que me necesitaba. Después me doy cuenta que era miliciano de las Farc”, recuerda.

Alias ‘Pedro Chilapo’ lo condujo a un campamento del grupo guerrillero con el pretexto de que necesitaban dialogar con él. Álvaro terminó entrevistándose con un “comandante fariano” al que conoció con el alias de ‘Jimmy’ quien, después de escuchar su historia, le pidió que se quedara en Puerto López, a la espera de nuevas instrucciones. “Y pasaron como 20 días y nadie me buscaba ni nada, pero tampoco me podía mover. Hasta que un día llega ‘Pedro Chilapo’ y me dijo que me podía ir”, recuerda Álvaro.

El incidente no menguó las intenciones del barranquillero de dar la pelea jurídica para recuperar unos predios que, según documentos en su poder, le fueron cedidos a su padre por herencia de su abuelo y en donde, además, existen ricos yacimientos de oro. Y en esas estaba, recorriendo las oficinas de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, personerías municipales, entre otras, cuando en marzo de 2012 recibió una llamada que aún hoy recuerda con claridad.

“Un concejal de El Bagre, conocido mío, me dice que tengo que ir urgente a Puerto López. Cuando llego, estaba alias ‘Pedro Chilapo’ esperándome. Me dice que había unos jefes de él que me querían conocer”. Álvaro se embarcó con el miliciano en un viaje que lo llevó a lo más profundo de la selva que separa al Bajo Cauca antioqueño del Sur de Bolívar. Su destino fue un campamento de las Farc donde lo esperaban dos guerrilleros que se le presentaron como alias ‘Félix Saldaña’ y alias ’Anderson’; este último actual comandante del Frente 36 de esta guerrilla y uno de los insurgentes más buscado por las autoridades.

“Estando allá, este señor ‘Félix Saldaña’ me dice que cuáles son mis intenciones con esas tierras, que ellos ya las están explotando. Y bueno, le digo que quiero recuperar las tierras y trabajarlas con los campesinos”, rememora el barranquillero.

A partir de ese momento, comenzó su suplicio, pues su negativa le generó amenazas de muerte. Hoy vive con un fuerte esquema de seguridad que lo protege de las intenciones de las Farc de atentar contra su vida tras declararlo objetivo militar si continuaba con su reclamación.

¿Las minas de las Farc?
A juicio de este administrador de empresas barranquillero, las amenazas contra su vida obedecen al interés del grupo guerrillero de apropiarse de unos predios que, documentos en mano, afirma que le pertenecen a su familia. En esas tierras actualmente operan por lo menos 30 máquinas retroexcavadoras que extraen grandes cantidades de oro diariamente. Las utilidades de este negocio van directamente a las arcas de las Farc.

No exagera en su afirmación. En aquellos municipios del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño donde la economía gravita en torno a la minería del oro, tales como Cáceres, Nechí, Zaragoza, El Bagre, Segovia, Remedios, Anorí y Briceño, la injerencia de la guerrilla de las Farc en esta actividad económica es bastante notoria.

Información acopiada por funcionarios de la Defensoría del Pueblo establece que Pedro Trujillo Hernández, alias ‘Alberto Cancharina’, uno de los hombres más cercano al comandante del Bloque Magdalena Medio de las Farc, alias ‘Pastor Alape’, es responsable de la explotación directa de varias minas en zonas rurales bastante apartadas de los municipios de El Bagre, Segovia, Remedios y Zaragoza y que, a través de varios testaferros, el subversivo es propietario de varias retroexcavadoras desperdigadas por todala región.

VerdadAbierta.com quiso corroborar lo anterior con las autoridades departamentales, pero dificultades de índole personal le impidieron al Secretario de Gobierno atender a este medio.

Quien no tiene dudas sobre la capacidad de control que tienen hoy las Farc sobre la actividad minera en varios municipios del Nordeste y Bajo Cauca antioqueño es Rubén Darío Gómez, integrante de la Confederación Nacional de Mineros. Según él, en zonas apartadas de estas regiones, donde el Estado brilla por su ausencia, “si las Farc le dicen a un minero que no puede entrar, pues no entra y punto”.

Cuenta el líder minero que “en estos territorios, los pequeños y medianos mineros, para poder ejercer su actividad, deben sortear varias dificultades: primero, demostrarle al Estado que nuestra actividad es legal y; segundo, pagar las vacunas que imponen o bien las bacrim, o bien las Farc, o bien los ‘elenos’ y, en el peor de los casos, los tres grupos armados”.

De acuerdo con Gómez, en las zonas donde hace presencia las Farc, los mineros deben cancelar extorsiones, conocidas como ‘vacunas’, que van desde los dos hasta los cinco millones de pesos por cada retroexcavadora que ingresen, además de un porcentaje por el producido.

“Ahora, no sabría decir si ellos exploten minas de ellos. No creo. Más fácil resultaría esperar la ‘vacuna’. El problema para el minero que no pague es que le quitan la maquinaria y lo destierran de la zona. Yo personalmente conozco un par de casos, en esa región, donde la guerrilla se quedó con maquinaria porque los mineros no tuvieron cómo pagar la ‘vacuna”, explica el dirigente del gremio minero.

Según fuentes judiciales, se estima que por cuenta del cobro extorsivo a los pequeños y medianos mineros, las facciones de las Farc que tienen presencia en la región aurífera antioqueña del Nordeste y Bajo Cauca, tales como el frente Gerardo Guevara o el Frente 36, estarían recibiendo entre cinco mil y 10 mil millones de pesos mensuales, lo que se ha convertido en su principal fuente de financiación.

El flujo de recursos que genera la extorsión a pequeños y medianos mineros abre varios interrogantes, entre ellos qué tan probable será una dejación de armas de este grupo subversivo si se tiene en cuenta que Antioquia, según cifras de la Agencia Nacional de Minería, fue el departamento del país que más producción de oro reportó en el 2013: cerca de 20 toneladas del metal precioso fueron extraídas de tierras antioqueñas, de las cuales, las autoridades departamentales estiman que más del 60 por ciento de esta producción se dio en los municipios del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño.

El gremio minero también tiene inquietudes. Según Gómez, “por la fuerza de las circunstancias, los mineros han tenido que convivir con ellos, ahí están. Eso no se puede ocultar. Pero digamos que sí, que hay un acuerdo y dejan las armas, ¿trabajarán hombro a hombro con los mineros? ¿Pedirán que les entreguen algunos territorios para hacer minería y nosotros, que toda la vida hemos peleado por la formalización, qué? ¿O simplemente ‘mudarán de piel’ pues todavía quedan otras fuerzas armadas en el territorio?”.

Sin solución a la vista
Mientras las discusiones políticas se encargarán de despejar interrogantes que todavía se ven abstractos, Álvaro Noguera espera que la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad Nacional de Protección puedan darle solución a problemas más concretos, y urgentes, como, por ejemplo, que las autoridades emitan un concepto de seguridad favorable para El Bagre, de tal manera que la Unidad de Restitución de Tierras pueda iniciar un proceso de microfocalización, paso previo para tramitar las solicitudes de restitución.

Hasta el momento uno de los obstáculos para atender estos reclamos son justamente los constantes conceptos negativos de seguridad que emite el Ministerio de Defensa sobre el Bajo Cauca antioqueño, lo que impide adelantar los procesos de reclamación.

“Lo que me ha respondido la Unidad es que como allá donde están las tierras que estoy reclamando no se ha microfocalizado, entre otras cosas por razones de orden público, pues mi caso todavía no se puede analizar”, dice Noguera.

De otro lado, este reclamante tiene medidas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, luego de presentar su caso ante esta dependencia estatal, las cuales le fueron reforzadas hace varios meses dada su situaciòn de riesgo.

Pese a que ha denunciado su caso en todas las entidades del Estado que atienden este tipo de casos y de tener soportes documentales de cada una de sus diligencias, la situación de seguridad se ha venido complicando para Noguera y su familia, por cuenta, según sus relatos, de la codicia de las Farc por la tierra y por el oro.

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María Teresa Ronderos, funadadora de VerdadAbierta.com y ganadora del Premio Simón Bolívar como Periodista del Año. La imagen de fondo corresponde al especial Tres agroindustrias de los Llanos compraron tierras con líos y violencia. Fotos: archivo Semana.

El portal VerdadAbierta.com sobresalió en la trigésima novena versión de los premios de periodismo Simón Bolívar. De un lado, su fundadora, María Teresa Ronderos, fue distinguida como la mejor periodista del año y un equipo de periodistas recibió Mención de Honor por una investigación en internet sobre agroindustrias, violencia y despojo de tierras en los Llanos orientales.

El jurado calificó la actividad periodística de Ronderos como  una de las  más influyentes del 2014, quien con su labor diaria ayudó a unir los pedazos de una historia dolorosa pero necesaria de contar, el paramilitarismo. “Este año Ronderos cierra un ciclo de una intensa etapa periodística tratando de entender y de contar cómo fue que este país construyó, alimentó y luego intentó acabar con ese monstruo llamado paramilitarismo” puntualizó el jurado, agregando que  la autora  recuerda que una de las funciones principales del periodismo es hacer memoria, y encontrar la verdad, por más que esta se refugie bajo las sombras de los ocultamientos oficiales, o de la impunidad.

Además de ser la fundadora VerdadAbierta.com, un portal informativo surgido en 2008 de una alianza de la revista Semana y la Fundación Ideas para la Paz, que se dedica a temas relacionados con los procesos de justicia transicional e investiga las verdades del conflicto en Colombia; Ronderos es la actual directora del Programa de Periodismo Independiente de la Open Society Foundations. Trabajó con la revista Semana, fue columnista del periódico El Espectador y ha sido ganadora de varios premios como el Maria Moors Cabot, Simón Bolívar, Rey de España y Lorenzo Natalí.

Dentro de sus más recientes publicaciones se encuentra el libro “Guerras recicladas”, un éxito editorial que, tras una exhaustiva investigación, hace un recuento sobre los principales episodios de cómo se formó y perduró durante tres décadas el fenómeno del paramilitarismo en Colombia (Ver: Guerras recicladas, un libro que desentraña el paramilitarismo en Colombia).

Mención Especial 
De otro lado, el equipo de periodistas conformado por Ivonne Rodríguez y Óscar Parra, apoyados por María Teresa Ronderos y Felipe Quintero, trabajó durante cuatro meses en una investigación que indagó en terreno y con documentos oficiales la posible relación que tuvieron empresas nacionales y extranjeras en la compra de terrenos donde hubo violencia, despojo de tierras a campesinos y otras irregularidades en la apropiación de la tierra en los Llanos Orientales.

El resultado del trabajo, titulado Tres agroindustrias de los Llanos compraron tierras con líos y violencia, fue una serie de artículos, mapas y videos en el los cuales se evidencia, como en el caso de la finca El Brasil, que luego de haber sido adjudicada esta propiedad a beneficiarios de la reforma agraria, la tierra sirvió de cuartel y campo de entrenamiento durante nueve años a grupos paramilitares que operaron en esa región del país.

La investigación está sustentada en el análisis de los títulos de las fincas, la construcción de una base de datos propia que cruza información de los predios y los socios de las empresas con información de datos oficiales de desplazamiento forzados, despojo de tierras, y las confesiones de ex paras en las audiencias del proceso de Justicia y Paz.

Este especial quedó entre las 15 mejores investigaciones de América Latina de un total de 196 trabajos escogidos por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Internacional, que el pasado mes deoctubre realizó su premiación en México.

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Raúl Emilio Hasbún Mendoza, exjefe paramilitar del Urabá antioqueño.Al exparamilitar y empresario bananero Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, quien comandó el frente Arlex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en la región central del Urabá antioqueño, lo intentaron despojar de dos fincas que entregó a la Unidad de Fiscalías de Justicia y Paz como parte de su compromiso para reparar a las víctimas, tal como le exige la Ley 975 de 2005.

Se trata de los predios La Josefa, de 44 hectáreas, y Rancho Largo, de 15 hectáreas, de la vereda Champitas, municipio de Chigorodó, las cuales adquirió Hasbún en 1999 a campesinos de la región sin que, según ellos, se hubiesen presentado amenazas intimidatorias o presión armada alguna, y por las cuales pagó cerca de 200 millones de pesos.

Ambos predios fueron ofrecidos por el exparamilitar en 2010 para que se admitieran en el Fondo para la Reparación de las Víctimas. Para protegerlos, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín decretó medidas cautelares sobre ellos el 6 de febrero de 2012. Dos meses más tarde, el 12 de abril, fueron recibidos por el Fondo de Reparación a las Víctimas para su administración.

No obstante, el 7 de septiembre de ese mismo año, se presentó ante las autoridades respectivas un abogado que representaba los intereses de la viuda y los cuatro hijos de John Mario Martínez Bustamante, quien fue asesinado el 4 de marzo de2012, en un establo de la finca La Josefa, alegando que eran los propietarios de ambos predios y reclamaron su restitución, lo que derivó en un intenso debate jurídico de más de dos años en el que intentaron demostrar por todos los medios que eran sus legales poseedores. (Ver Fincas de Raúl Hasbún, bajo intensa disputa jurídica)

Para justificar su petición, el abogado alegó que, en vida, Martínez Bustamante adquirió el 50 por ciento de la finca La Josefa y el 100 por ciento de Rancho Largo, tal y como quedó consignado en las escrituras 1369 del 12 de octubre de 2011 y 129 del 3 de febrero de 2012, respectivamente, ambas registradas en la Notaría Única de Turbo.

Tras valorar los testimonios rendidos por los supuestos afectados, los antiguos dueños y las explicaciones del exparamilitar, así como los hallazgos de las investigaciones que se adelantaron al respecto, el magistrado con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín negó las pretensiones de los reclamantes y concluyó que lo que hubo sobre esos predios fue una cadena de engaños.

En su decisión, el magistrado advirtió que “existían evidentes y protuberantes irregularidades e ilegalidades al momento de transferir el derecho real de dominio a quienes hoy aparecen como actuales propietarios”; es decir, la documentación presentada por los reclamantes evidenciaba fraudes y falsedades que llevaron al funcionario judicial no solo a negar las pretensiones derestitución sino también a ordenar a la Fiscalía una investigación penal por tales hechos.

Para el funcionario judicial, quedó probado que el propietario legítimo de La Josefa era el exparamilitar Hasbún, quien pese a haberla adquirió por medios lícitos nunca firmó escritura alguna dada su condición de integrante de un grupo armado al margen de la ley.

‘El negociado’ con La Josefa
La historia con este predio comenzó en 1999, cuando Onofrio Moreno decidió vendérsela a Hasbún, quien para esa época ya se había instalado en Chigorodó como jefe paramilitar de una facción que operaba entre Mutatá y Apartadó, sobre el llamado Eje Bananero.

Moreno era propietario del 50 por ciento de la propiedad y su esposa, Sofía Echeverri, de la parte restante. Pese a que el negocio lo hizo su esposo, ella no puso objeción alguna, entre otras cosas, porque, como declararon ambos en los estrados judiciales, no hubo amenazas ni presiones de por medio.

“Yo vivía para ese año en Medellín, estaba muy enferma y no estaba pendiente. No hubo presión de por medio ni mucho menos amenazas. Y el precio pagado era justo para ese año. Él la vendió porque no quería tener a ese señor (Hasbún) de vecino”, declaró Sofía Echeverri durante la etapa de juicio.

Moreno le solicitó en reiteradas ocasiones a alias ‘Pedro Bonito’ que realizaran las escrituras, para que el trato quedara cerrado de manera definitiva. “Pero siempre me opuse porque yo era un ilegal. Además, a mí no me gustaba la tierra, no esperaba vivir de ella”, le respondió Hasbún al magistrado cuando fue interrogado al respecto.

El exparamilitar detalló que vivió en ese predio hasta el 2004 y después no se volvió a ver por la región. Tal circunstancia fue aprovechada por uno de sus subalternos en 2009. En noviembre de ese año, Geovides Ortiz, conocido con el alias de ‘Chilapo’, mano derecha en la región de Hasbún, citó en Chigorodó a Moreno con un objetivo concreto: firmar las escrituras de la venta de La Josefa. “Como era por recomendaciones de ‘Chilapo’, pues acudí”, aclaró Moreno. Así, el 12 de noviembre de 2009 se registró el negocio en la Notaría Única de Chigorodó mediante la escritura 1385, quedando como nuevo propietario Sergio Alberto Foronda.

Extrañamente, el 14 de septiembre de 2010 se autenticó un poder en la Notaría 27 de Medellín en el que Sofía Echeverrí autorizó al abogado Diomer Mauricio Grisales para que la representara en la venta del 50 por ciento de la finca La Josefa al señor León Ricardo Avendaño, negoció que se legalizó mediante escritura 3364 del 24 de septiembre de 2010 en la Notaría 19 de la capital antioqueña.

“Yo no conozco a ninguno de los dos señores, ni he estado en esa notaría”, declaró la señora al ser interrogada sobre el particular y denunció que la firma que llevaba el poder entregado al abogado para que la representara no era la suya. Efectivamente, análisis grafológicos ordenados por el magistrado permitieron establecer que ni la rúbrica ni el número de cédula asentados en el poder correspondía a los de Sofía Echeverri.

La Josefa fue negociada un par de veces más. El 6 de diciembre de 2011 se firmó la escritura 1618 de la Notaría Única de Turbo con la que Moreno supuestamente vendió el 50 por ciento de la finca a Jorge Enrique Arias Castro, quien figura como actual propietario. Al ser cuestionado al respecto por la autoridad judicial, Arias Castro dijo inicialmente que Moreno le ofreció la propiedad, pero luego indicó que un amigo suyo, de nombre Jonh Mario Martínez Bustamante, ya era propietario del 50 por ciento del predio y le recomendó comprar la mitad restante.

“John Mario me dijo que el señor Onofrio estaba vendiendo la mitad de la finca La Josefa. Él me llamó, pactamos negocio, que una parte se la pagaba en plata y la otra en ganado. Él aceptó y quedamos que él iba a mandar a un señor con un poder, queél no podía venir a Urabá porque estaba en La Dorada”, respondió Arias Castro durante el interrogatorio.

El nombre de Jonh Mario Martínez fue decisivo para resolver el litigio. Según consta en la escritura 1369 del 12 de octubre de 2011, este hombre le compró el 50 por ciento de la Josefa a León Ricardo Avendaño.

Las pesquisas realizadas por el despacho del magistrado permitieron establecer que Martínez se desempeñó como empleado de almacenes Éxito, sede Apartadó, y en los últimos años de su vida a la venta de ceviches en un puesto callejero. “¿Cómo pudo una persona como él tener el dinero para adquirir estas propiedades?”, se preguntó el magistrado. Desafortunadamente, la pregunta no se pudo responder pues este supuesto comprador fue asesinado el 4 de marzo de 2012 en Chigorodó.

Tanto la primera esposa de Martínez como como su última compañera, quienes comparecieron al juicio, coincidieron en describirlo como un hombre trabajador, pero también afirmaron que no le conocían ingresos suficientes como para adquirir bienes rurales en Urabá. Asimismo, el magistrado encontró varias incoherencias en los relatos de quienes figuran como actuales propietarios, por cuanto no lograron explicar cómo conocieron a los anteriores propietarios de la finca La Josefa.

Lo anterior llevó al funcionario judicial a sentenciar que “es claro que el derecho real de dominio sigue en cabeza de Raúl Hasbún, así no haya escritura de por medio que así lo acredite”, añadiendo además que “la cadena de tradiciones posteriores a la negociación con el postulado son el producto de actuaciones irregulares e ilegales, por lo que se torna ilegítimo acceder a las peticiones de quienes figuran actualmente como propietarios pues el delito no es fuente para conceder derechos”.

Con esta decisión, que no fue apelada por los reclamantes, la finca La Josefa pasará de manera definitiva al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con lo cual se satisface uno de los requerimientos de la Ley de Justicia y Paz para que este postulado acceda a los beneficios jurídicos, entre ellos una pena alternativa de ocho años de cárcel.

Los enredos de Rancho Largo
En la misma providencia de La Josefa quedó consignada la decisión con respecto al predio Rancho Largo, colindante con aquel, y que también fue adquirido por Hasbún en 1999. En ese año, Manuel Salvador Estrada, propietario del predio, decidió ofrecerle al entonces jefe paramilitar su finca, de 15 hectáreas, quien aceptó el ofrecimiento. El encargado de cerrar el trato fue alias ‘Chilapo’.

Tal como ocurrió con La Josefa, Estada le solicitó varias veces a Hasbún que hicieran escrituras y cerraran legalmente la transacción del predio, pero el jefe paramilitar siempre se negó alegando su permanencia en la ilegalidad, asunto que fue explicado durante el juicio.

Este predio también fue transado varias veces hasta llegar a manos de John Mario Martínez Bustamante. Su familia, a través del abogado que los representa, alegaron que su esposo y padre adquirió la totalidad de la finca y para demostrarlo mostraron la escritura pública 129 de la Notaría Única de Turbo en la que se observa que le compró a Hanet Álvarez Correa.

Tal como se constató en el litigio de La Josefa, quienes se consideran los actuales propietarios de Rancho Largo tampoco lograron explicar cómo conocieron a los anteriores dueños de este predio, lo que le generó bastantes dudas al magistrado, por lo que la decisión tampoco les fue favorable a los reclamantes.

Los problemas jurídicos de este predio son más complejos, según lo pudo establecer el despacho del magistrado. Sus investigaciones concluyeron que éste fue adjudicado irregularmente por el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder), lo que lo convierte, según la decisión, en un predio que jurídicamente no existe y, por tanto, es improcedente decretar cualquier clase de medida sobre él, incluida su restitución a quienes lo reclaman y su traslado al Fondo para la Reparación de las Víctimas.

El litigo jurídico permitió establecer que la adjudicación del predio hecha por el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) a Manuel Salvador Estrada, en 1990, fue irregular, debido a que, en realidad, no se trataba de un baldío de la Nación sino una parcela que pertenecía a una finca de mayor extensión llamada Carnaval.

Dicha adjudicación fue anulada años después por el propio Incora, decisión que fue impugnada por Estrada ante el Tribunal Superior de Antioquia, que falló en 2002 confirmando la anulación. El litigio llegó hasta el Consejo de Estado, tribunal que, en 2009, confirmó la decisión del Tribunal. Así, según el magistrado, “la inexistencia jurídica del predio Rancho Largo e, igualmente, el no reconocimiento de terceros poseedores al interior del predio hace que la medida cautelar se torne improcedente”.

Lo que evidenció este litigio jurídico fue que, después de la entrega de Hasbún a las autoridades judiciales, en 2008, varios de sus subalternos decidieron negociar a sus espaldas estas fincas para quedarse con el dinero, cometiendo una larga cadena de fraudes y falsedades. No obstante, no se pudo ahondar más en detalles por cuanto alias ‘Chilapo’ fue asesinado a finales de 2009.

Por lo pronto, lo único claro es que el otrora empresario bananero y jefe paramilitar, hombre de confianza de Carlos Castaño y cerebro de la financiación de las Auc en el Urabá Antioqueño, por poco termina siendo víctima de un despojo de tierras. Esas son las paradojas de la guerra.

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En la finca Murillo, del municipio de Pivijay, Magdalena, hoy se observan los nuevos nombres que les dio la multinacional Agrifuels.Hace 21 años la violencia llegó a la vida de la familia Ariza oriunda de La Guajira. En la Semana Santa de 1992, el ganadero Teodoro Manuel Ariza Ibarra, de 58 años de edad, fue secuestrado por guerrilleros del Eln. Se lo llevaron de su finca La Montaña, en Ponedera, Atlántico. Era un patriarca. Sus herederos cuentan que tenía 17 hijos y era dueño de 33 fincas, trece en el Atlántico, ocho en La Guajira y doce en el Magdalena. Hoy han acudido ante la Unidad de Restitución de Tierras para que les ayude a completar los documentos para reclamarlas ante la justicia. Se las quitaron los violentos a la fuerza y siente que están en su derecho de pedir que se las devuelvan. (Ver: Folio listado Unidad de Restitución).

El Heraldo de Barranquilla registró el secuestro de Ariza el 21 de abril de 1992, seis días después de ocurrido. Según declaró entonces Pedro Aragón, director del Das regional, a Ariza el Eln “lo acusaba de fomentar grupos armados de autodefensas para proteger sus tierras de invasiones campesinas”. Cuenta la nota que la guerrilla le venía cobrando extorsiones (boleteo) en su hacienda La Montaña. Además, le habían quemado la maquinaria y le habían robado ganado en sus fincas de Pivijay, Magdalena. Y hasta le hicieron un robo en su casa del barrio Los Nogales, de Barranquilla.

Los hombres del Eln le pidieron a los Ariza un rescate millonario para liberar a su padre. Dicen los familiares que consiguieron el dinero y lo entregaron, siguiendo sus instrucciones, pero Teodoro nunca regresó. Desaparecido el padre, la familia no resistió las amenazas de guerrillas y después de los paramilitares, y fue abandonando las fincas.

Una hija entrevistada por VerdadAbierta.com recuerda que a los pocos meses del secuestro del papá, en ese mismo 1992, ella fue a la finca ‘Toro Sentado’, en Pivijay, para sacar un ganado y venderlo. No llegó a su destino, pues guerrilleros del Eln la retuvieron el camino y se la llevaron a donde su comandante, alias de ‘Efraín’. “Me trasladaron a zona rural del municipio de Chivolo – dice ella dolida aún hoy – me obligaron a firmarles unos bonos de venta y se quedaron con las 800 reses que teníamos en esa finca, después de cuatro días me soltaron y me dijeron que no regresáramos”. Ella y sus hermanos entendieron el mensaje y no volvieron a las fincas del Magdalena, ni a las del Atlántico.

Otro miembro de esta extensa familia que también habló con este medio, contó que después de la desmovilización de las Autodefensas en 2006, ellos resolvieron animarse a ir se a Pivijay a ver qué había pasado con sus fincas. Asegura que en el camino se encontraron con hombres del frente Pivijay, que comandaba alias ‘Caballo’. (El nombre real es Edmundo Guillén Hernández, y figura como un desmovilizado del frente Bernardo Escobar, con jurisdicción en Pivijay y otros muncipios del Magdalena postulado a Justicia y Paz, y coautor de la masacre de Nueva Venecia. (Ver Masacre de Nueva Venecia se originó en Pivijay) 

A pesar de que este grupo ya se había desmovilizado, él todavía estaba en la zona, dijo la persona de la familia Ariza. “En el puente La Salaminita nos retuvo un grupo de ‘paras’ y nos llevaron a donde ‘Caballo, le dijimos que íbamos a darnos cuenta de las tierras, pero él nos dijo que eso ya no era de nosotros, que no volviéramos”.

La familia de Ariza Ibarra quiso dejar atrás su triste experiencia con la violencia y no volvieron a sus haciendas. Ahora, sin embargo, quieren que se las devuelvan: “Nosotros somos muchos hermanos y queremos que nos devuelvan lo que es de nosotros”, dijo una hija. “Tenemos los títulos de las tierras, los documentos legales que nos permiten demostrar que somos los legítimos dueños y las pruebas de que lo que han hecho con ellas no es legal”.

Ella guarda celosamente cientos de hojas que aseguran dan fe de su verdad y relata paso a paso todo el trámite que desde el 2008 ha hecho ante el Incoder y la justicia ordinaria para recuperar las propiedades de su familia. Sus solicitudes pasaron luego a la Unidad de Restitución de Tierras de los tres departamentos.

La historia de las tierras
¿Cómo un ganadero acumuló tanta tierra en tres departamentos? “Todo lo que dejó mi papá, lo hizo a pulso –dijo la hija a VerdadAbierta.com —. Mi abuelo fue ganadero y ahí heredó algunas propiedades. Mi papá sembraba café, tenía ganado y poco a poco fue comprando tierras. De Riohacha pasó a Barranquilla y allá vivíamos cuando lo secuestraron”. El gobierno le autorizó un chaleco antibalas y un equipo de comunicación como medidas de protección porque tiene un alto riesgo, ya que constantemente la están amenazando.

Ariza empezó, en efecto en La Guajira, con la finca La Nueva Providencia de 1.500 hectáreas. Ésta no la pueden vender porque desde 2005 está en proceso de sucesión de los 17 herederos de don Teodoro. Por estar tanto tiempo improductiva, en 2007 el Incoder declaró la finca terreno baldío, lo dividió en ocho parcelas y se las adjudicó a igual número de familias guajiras. El problema, dice la familia, es que los beneficiarios no eran campesinos sin tierra sino terratenientes y testaferros de los paramilitares.

“Tenemos todos los registros de los títulos, como el que está a nombre de la ex rectora de la Universidad de La Guajira, Maritza León. Este proceso está en manos del Incoder, de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría”, dice otro de los parientes. (Ver: Folio Oficina de Registros de Instrumentos Públicos).

Después de haber desarrollado La Nueva Providencia en La Guajira, Ariza se extendió al Magdalena, donde compró otras 1.400 hectáreas para criar ganado. Allí sus herederos reclaman doce predios. Uno de estos, de 400 hectáreas, es la finca Murillo y figura actualmente a nombre de la empresa Agrifuels, del grupo israelí Merhav. (Ver: ‘Empresa israelita se habría apropiado ilegalmente de1.023 hectáreas’, en diario El Colombiano).

En este departamento pasó lo mismo que en La Guajira: el Incoder declaró tierras baldías las fincas y luego las tituló a nombre de familiares del ex representante a la Cámara, José Rosario Gamarra, condenado por concierto para delinquir a 36 meses de prisión en 2007, por haber sido apoyado por el paramilitarismo en las elecciones al Congreso en 2002. Dicen los hijos de Ariza que los parientes de Gamarra luego le vendieron las tierras a la multinacional extranjera. (Ver: ‘La despojo-política en Remolino’).

Hace cuatro años la familia Ariza solicitó a la justicia la revocatoria de la posesión y “después de tantas solicitudes, de aplazamientos y dilataciones, hace unos meses el Incoder hizo una inspección ocular de los predios”, contó el familiar de los Ariza.

En el Magdalena los Ariza también reclaman otras dos fincas. Barcelona y Monserrate en el municipio de Tenerife, que suman mil hectáreas. Explica la hija de Ariza que estas tierras se las están disputando judicialmente dos hermanos, con los que Ariza Ibarra tenía negocios ganaderos. La hija explica que su padre sí les había dejado 1.800 cabezas de ganado,pero que ellos se quedaron también con la tierra.

En Atlántico el despojo no fue ni de la guerrilla ni por paramilitares ni porque el Incoder declarara baldíos sus tierras. Aquí fue el narcotráfico el que se quedó con sus propiedades. “En estas propiedades se nos metieron los narcotraficantes del cartel de Cali y de alias ‘Caracol’, dijo uno de los herederos de Ariza. “Ellos se apoderaron de las tierras desde finales de los 90 y en 2006 nos amenazaron y nos obligaron a firmar las escrituras, a cambio de ocho millones de pesos que nos dio un testaferro de ‘Caracol’”.

Según dijeron a VerdadAbierta.com varios de los herederos de Ariza Ibarra, en este departamento reclaman 1.500 hectáreas en trece predios en Ponedera y Sabanalarga y una propiedad en Barranquilla. De uno de ellos, la finca La Montaña fue de donde se llevó la guerrilla del Eln a Teodoro Ariza junto con un sobrino. Al joven lo liberaron a los pocos días en zona de San Jacinto, Bolívar, pero al tío se lo llevaron para los Montes de María. La Unidad de Restitución de Tierras ya tiene los documentos y está investigando el caso.

Le tomará tiempo al Estado verificar la historia de esta cantidad de propiedades que, según dicen sus hijos, tenía don Teodoro Ariza y se las despojó la violencia de todos los colores políticos y hasta el narcotráfico.

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A través de un volante arrojado a la sede de la Asociación Tierra y Vida en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño, fue amenazado el directivo Alfranio Solano, reclamante de tierras y uno de los fundadores de esa organización no gubernamental que acompaña procesos de restitución en diversas regiones del país.

Con palabras soeces y haciendo alusiones a la actual coyuntura política, la autodenominada ‘Unidad de Combate Antirestitución de Tierras’, al parecer una facción de las llamadas ‘Águilas Negras, hoy Urabeños’, lanzó serias intimidaciones contra Solano, uno de sus principales gestores de Tierra y Vida desde sus inicios. (Ver panfleto)

“Tú eres el único que no se siente, pero ya sabemos que eres el que no deja que se acabe esa puta asociación tierra y vida (sic)”, dice en uno de sus apartes el volante, que concluye con una frase perentoria: “te declaro objetivo militar”.

El panfleto referencia el proceso electoral del pasado 29 de mayo y en varias frases consigna algunas visiones del efecto político del resultado en las urnas, que tuvo como ganador al candidato Oscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, quien irá a segunda vuelta el próximo 15 de junio con Juan Manuel Santos, actual presidente de la República.

Alusiones como “estabas creyendo que el Santo lo hibas (sic) a tener por la eternidad” y “Te quedaste desamparado H.P. je je. Ya te estamos viendo de nuevo aquí en Urabá, y no vas a poder impulsar eso que llaman restitución. ZULUAGA NO LES PATROCINARÁ SINBERGUENSURA (sic)”, se leen en el volante.

Además, le lanzan dos advertencias a Solano: “Ya tu sabes quienes somos los URABEÑOS (sic) que no perdonamos ni olvidamos y no estamos dispuestos a perder territorio” y “Tierra te va a sobrar pero encima de ti. ALFRANIO SOLANO (sic) te esperamos acá para inaugurar el triunfo”.

“Son empresarios”
Carlos Páez, uno de los principales directivos de la Asociación Tierra y Vida consultado por VerdadAbierta.com, aseguró que una vez conocieron de las intimidaciones colocaron la respectiva denuncia ante las autoridades en Urabá y en Bogotá, así como ante organizaciones internacionales en procura de proteger a Solano.

“¿Qué más se puede hacer?”, se pregunta Páez, quien explicó que el líder amenazado cuenta con esquema de seguridad desde hace varios años, que consiste en un carro blindado y dos escoltas. Por razones de seguridad y de trabajo, Solano permanece la mayor parte del tiempo en Bogotá, por ello las alusiones de las supuestas ‘Águilas Negras, hoy Urabeños’, para que regrese al Urabá antioqueño.

Páez, quien también cuenta con protección permanente, explicó que las amenazas no son tanto de un grupo armado ilegal sino de varios empresarios que están molestos por los procesos de restitución de tierras que se adelantan en el Urabá antioqueño.

“Yo no veo tan de lleno a ‘Los Urabeños’ impidiendo los procesos de restitución, muchos campesinos han vuelto a sus fincas por su propia cuenta y sin acompañamiento, y ellos no les han dicho nada ni los han amenazado. Esto es más de empresarios que están vinculados directamente con la tierra”, precisó Páez. “Los campesinos sí han sido amenazados por administradores y testaferros de esos empresarios”.

En el Urabá antioqueño, la Asociación Tierra y Vida está acompañando procesos de reclamación de predios despojados de manera violenta en el pasado en zonas como Macondo, Nueva Colonia y El Totumo, en Turbo; El Tomate, en San Pedro de Urabá; La Mesa, en Arboletes; y Bejuquillo y Los Cedros, en Mutatá. Áreas donde la Unidad para la Restitución de Tierras tiene intervenciones directas.

Por denuncias de la Asociación y de algunas comunidades afectadas, ya han sido capturados José Vicente Cantero yAdriano Pino, considerados despojadores de tierras en la época en que facciones paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) fueron hegemónicas en esa región de Antioquia.

Sin embargo, los campesinos siguendenunciando la presencia de desconocidos “caretapadas” en sus vecindarios, quienes, según Páez, “son llevados por los empresarios para que los amenacen constantemente”.

De acuerdo con diversas fuentes, desde hace varios años la hegemonía armada ilegal, una vez se desmovilizaron los distintos bloques y frentes de las Auc en la regiòn, quedó en manos de las autodenominadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidas como ‘Los Urabeños’ o ‘Clán Úsuga’.

Una de las particularidades del nuevo panfleto es que crea la idea de que los directivos de la Asociación Tierra y Vida estuvieran en desbandada. Aludiendo a Solano, las supuestas ‘Águilas Negras, hoy Urabeños’, le dicen que “Aprenda de Carlos Páez… YA SE RETIRO (sic) y se vino”, y sobre Carmen Palencia, otra de las directivas, dicen que “está buscando trabajar con la política”.

Al respecto, Páez aseveró que nada de eso es cierto. “Carmen estuvo por fuera de la dirección nacional de Tierra y Vida mientras adelantó su propuesta como candidata a la Cámara de Representantes. El acuerdo era que yo la reemplazaba en Bogotá mientras hacía campaña. Como no obtuvo los votos suficientes, volvió a Tierra y Vida, y yo regresé a Urabá a seguir con el trabajo en esta región para seguir respaldando los procesos de restitución”.

Tanto Solano como Páez son reclamantes de tierras y, paradójicamente, acaban de perder un proceso en el que solicitaban la restitución de sus predios, ubicados en la vereda Guacamayas, de Turbo. Un juez les dio la razón a los empresarios que adquirieron sus predios. (Ver Niegan restitución a reclamantes de tierras de Guacamayas)

En cuanto al tema electoral, el directivo de Tierra y Vida se mostró preocupado por cuanto teme que en una eventual presidencia del candidato del Centro Democrático le bajaría el perfil a todo el proceso de restitución de tierras que se adelanta en el país en aplicación de la Ley 1448.

La preocupación allí también está ligada a los resultados electorales, pues en los once municipios que componen la subregión del Urabá antioqueño, que concentra miles de desplazados y cientos de reclamantes de tierras, la candidatura de Juan Manuel Santos ganó en todos, obteniendo 59.252 votos.

“Si bien esos procesos de restitución se adelantan bajo una ley, nosotros creemos que Zuluaga no le apostará a la restitución y le bajará el perfil, en ese sentido el panfleto tendría razón”, concluyó Páez.

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La primera vez que Ardila* conoció el destierro fue en 1989. Las presiones que la guerrilla de las Farc ejercía contra la población por aquel tiempo lo obligaron a dejar su finca en la vereda Santa Rita, municipio de Ituango. El banco terminó quedándose con ella para terminar de saldar un préstamo que él había hecho. Pero él, antioqueño de esos que llaman de pura cepa, no se dejó amilanar y con su fuerza de trabajo logró reiniciar su vida y la de su familia en Urrao, suroeste del departamento.

Allí también lo alcanzó la violencia en 1999. Ante los constantes enfrentamientos armados entre Ejército y paramilitares contra la guerrilla, Ardila decidió vender la parcela que había comprado allí y se fue a volver a empezar por tercera vez en el Bajo Cauca antioqueño. Confiado de que allí sí echaría raíces, en 2003 compró un predio de 30 hectáreas en zona rural de Cáceres por 15 millones de pesos. Como sucede en esta región, negoció la compra de palabra y apenas cerró el trato, firmó un contrato de compra-venta de mejoras, sin verificar firmas en notaría, ni registrarlo ante el Catastro. Las tierras eran baldíos de la Nación, por eso apenas le traspasaron las mejoras.

Con mucho trabajo hizo de su finca la más apetecida y envidiada de la zona. No fueron pocas las visitas que recibió por parte de finqueros vecinos y aún de los que venían de tierras más lejanas a preguntarle si se las vendía. “Me llegaron a ofrecer hasta 90 millones de pesos por ella, así, de contado me los daban. Y dije que no”, recuerda.

El pedido que no pudo rechazar fue el de ‘Armando’, un hombre del que los pobladores de Cáceres decían estaba en el Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Un día cualquiera de principios de 2004 llegó hasta la parcela de Ardila, acompañado de hombres armados, para decirle la frase tremenda tan conocida en la larga guerra colombiana: “O les vendía, o el negocio lo tendrían que hacer con su viuda”.

El conflicto armado volvía a alcanzarlo, esta vez con una furia que Ardila no se esperaba. “El hombre llega y me dice que la organización necesitaba la finca”, dice el campesino. “Él no me dice qué organización pero uno sabía que eran los paramilitares de ‘Macaco’, que eran los que mandaban por esa zona. Me dijo que me daba 70 millones de pesos y pues ante esa amenaza, hicimos negocio”. El trato se cerró en la Notaría Única de Cáceres, donde lo aguardaban con las escrituras ya elaboradas. A Ardila le tocó irse a vivir al casco urbano de este municipio. Y de los 70 millones convenidos solo recibió 18 millones. “Le dije: ‘hombre, usted porqué me sale con esto’, y me dijo que después cuadraríamos el resto”.

Pero lo restante nunca llegó. “Como a los cinco meses, cansado de ver que no me deban mi plata, pues averigüé por este señor y me di cuenta que tenía un ‘entable’ de coca por los lados de Zaragoza”, cuenta Ardila. “Me fui a buscarlo, a cobrarle. Cuando llegué allá el hombre me amenazó, me dijo que por esa trocha lo podían matar a uno, pero bueno, quedó en darme 20 millones de pesos a las semanas siguientes. Pero nada. A los meses volví a ubicarlo aquí en Tarazá, y me dijo que me iba a dar 16 millones de pesos. Pero como a las dos semanas me salieron con 400 mil pesos”.

Su historia llegó a oídos de otro paramilitar del Bloque Central Bolívar, reconocido por ser comprador de buena parte de la base de coca que se producía en Cáceres. “Un día me buscó este señor y me dijo que había negociado la finca con ‘Armando’; que ya él era el dueño y que sabía que me debían una plata. Me dijo que a la vuelta de unas semanas me iban a dar 45 millones de pesos”.

Pero el dinero continuó sin llegar. Por el contrario, el nuevo dueño comenzó a amenazarlo, y le decía con todo el desparpajo que no le iba a pagar el saldo de la deuda. “Entonces, yo le dije al tipo que si no me pagaba pues que lo iba a denunciar, ni siquiera en Caucasia, sino en Medellín”. No fueron solo palabras. A comienzos de 2006, Ardila fue a la Fiscalía de Justicia y Paz de Medellín y denunció al hombre que decía haber comprado su finca pero que se rehusaba a pagarle el dinero restante.

Un día regresó a Cáceres a hacerse unos exámenes médicos, pues el asunto lo había enfermado. “Después del chequeo, el médico, que es hijo del alcalde (actual) de Caucasia, me dice: ‘don Ardila’, estoy vendiendo una finca por comisión de estas y estas características’. ¡Resultó que era la mía!”. Ardila le dijo que le parecía muy mal hecho que tuviera relación con el señor que tenía su finca, que todos sabían que era un comprador de base (de coca). “Dígale a ese señor que lo acabo de denunciar en Justicia y Paz”, le dijo el campesino al médico. Éste le respondió que no sabía que era su finca, que no tenía relación con el narcotraficante. A los pocos días se aparecieron en su casa, el médico, el señor que tenía la finca y uno de sus matones.

La visita era para recordarle a Ardila que no le iban a dar el dinero que le adeudaban ni a entregarle la finca que reclamaba. A la víctima no le quedó más remedio que salir huyendo de Cáceres con destino a otro municipio del Bajo Cauca antioqueño. Una vez más desplazado a la fuerza. Era como si estuviera maldito. Pero a pesar de tanto golpe recibido, aún le quedaron arrestos para continuar reclamando, por las vías legales, el pedazo de tierra que se había convertido en su orgullo.

En los primeros meses de 2009 fue a Medellín, al Instituto de Desarrollo Rural, (Incoder), entidad que vigila las transacciones de baldíos del Estado y protege el derecho campesino sobre éstos, luego de que los han trabajado por varios años. Expuso su caso y los funcionarios, tan indignados como él cuando escucharon su historia, se comprometieron a ayudarle. Y en efecto, la Entidad emitiría la Resolución 292 de julio de 2011 donde adjudicaba el predio a Ardila. Contento, el campesino sintió que habían valido la pena los esfuerzos, la resistencia ante las presiones y las persecuciones.

Volvió a su finca y lo que encontró fue desalentador: la vivienda había sido demolida, los pastos se los había tragado la maleza y lo que antes eran galpones y marraneras ahora eran vestigios de un laboratorio para el procesamiento de base de coca que había sido destruido por el Ejército. “Para eso era que querían la finca”, dijo y explicó que la codiciaban por su buena ubicación, con el río y carretera que llegaba hasta allá.

Creyó que ya todo había pasado, pero lo peor aún estaba por llegar. La Procuraduría para Asuntos Agrarios interpuso un recurso oponiéndose a dicha adjudicación argumentando, al parecer, que esta no podía efectuarse por encontrarse en zona minera. Como si fuera poco, cuando regresó a su finca dispuesto a empezar otra vez, a tumbar monte, desyerbar, y a volverla productiva nuevamente la volvió a encontrar ocupada. Esta vez por decenas de vacas pastando. “Me salió un señor de apellido Ruiz, que me dijo que ese ganado era de él, que esa finca se la había comprado a (alias) don ‘Nano’”.

Por el proceso de Justicia y Paz, hoy se sabe que ‘Nano’ es Luis Fernando Jaramillo Arroyave, un poderoso narco que se movió a sus anchas por todo el Bajo Cauca antioqueño y que además fue muy amigo de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. 

Jaramillo se había desmovilizado como uno más de los 2.790 combatientes del Bloque Mineros de las Auc que dejaron sus armas en la vereda Pecoralia de Tarazá. Pero la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía luego descubrió que ‘Nano’ fue comandante del Frente Barro Blanco del Bloque Mineros –una estructura paramilitar que delinquió en el corregimiento del mismo nombre, de Tarazá – y que mantuvo independencia y autonomía con respecto a los dos jefes paramilitares que ejercieron dominio en la región: Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’ y Carlos Mario Naranjo, alias ‘Macaco’.

Jaramillo fue capturado por la Policía el 30 de enero de 2010 en un restaurante de Medellín, acusado en un proceso por narcotráfico. “Y vaya uno a saber qué enredos hizo esa gente como para que el señor Ruiz le haya terminado comprando mi finca a ‘Nano’”, dijo Ardila, quien volvió a su peregrinaje por las entidades del Estado buscando recuperar el derecho sobre su tierra.

“Me fui para Medellín y le puse una denuncia a ese señor (Ruiz) en el bunker de la Fiscalía”, dice Ardila frustrado. “Allá me dijeron que pusiera la denuncia en la Fiscalía de Caucasia”. Pensando que le iría mejor con la Unidad de Restitución de Tierras, creada por el gobierno Santos, precisamente para respaldar a los campesinos en la brega por recuperar las tierras que les robaron los actores armados, acudió a ellos. Le dijeron que no volviera hasta que no resolvieran su caso.

Según funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, sede Caucasia, de las casi 1.40 solicitudes que reposan en esta dependencia, un gran número han sido realizadas por personas a quienes los paramilitares, o personas allegadas a ellos, los forzaron a vender sus fincas a cambio de una suma de dinero que no parecía tan baja. El problema ha sido que, al igual que en el caso de Ardila, a la hora de pagarles lo acordado aparecieron con una mínima parte.

Hoy día, la Unidad espera contar con un concepto de seguridad favorable de la zona que le permita documentar el caso para presentarlo ante los jueces de tierras. Por su parte, el Incoder continúa analizando el recurso interpuesto por la Procuraduría, para ver si ratifica la adjudicación o, por el contrario, le da la razón al Ministerio Público.

Y Ardila ve pasar los días esperando que después de tantos años de esfuerzo y sufrimiento pueda recuperar su finca sin peligro de volver a ser despojado. “Me estoy haciendo viejo, ya no tengo tantas fuerzas para trabajar. Y se le van acabando a uno las esperanzas. Ya son once años con este problema y ya no sé ni qué hacer”, dice ya casi resignado.

*El apellido del protagonista de la historia ha sido cambiado por razones de seguridad

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