Así quedó la camioneta en la que se movilizaban los periodistas.En la noche del jueves 12 de enero, el periodista recibió información sobre un supuesto homicidio de una taxista en el barrio Panamericano, en el norte de Cúcuta. Herrera, quien hace parte de la redacción del periódico Q’hubo, alertó a la su colega Andrés González del diario La Opinión. Los dos periodistas que pertenecen a la misma casa editorial partieron en la camioneta de Herrera para cubrir los hechos.

Ese vehículo hace parte del esquema de protección que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó a Herrera desde 2014 por los riesgos que corría en el cumplimiento de su trabajo. Se trata de una camioneta convencional, aunque el periodista ha solicitado en varias oportunidades que se le asigne un carro con vidrios blindados.

En el camino, los periodistas son avisados de que el supuesto crimen ocurrió en el barrio San Gerardo, en una zona que se conoce como El Cerrito, cerca de la cárcel de Cúcuta y en la vía que conduce al corregimiento de San Faustino. Se trata de una zona peligrosa de la ciudad donde hay presencia constante de contrabandistas y bandas criminales por su cercanía a la frontera con Venezuela.

Hacía las 7 y 55 de la noche, cuando la camioneta iba en la trocha conocida como El Hueco, que conduce hacía Venezuela, una moto con dos pasajeros se acercó al vehículo y le pidió que pararan. Los periodistas advirtieron que eran periodistas locales, pero los hombres les dijeron que se fueran. “Me decían ‘Qué hace acá, abrase que lo van a joder, acá no pasó nada. Devuélvanse’”, cuenta Herrera.

Los periodistas iban de regreso, atendiendo la orden dada por el desconocido, cuando a 800 metros de la cárcel de Cúcuta, seis motos con dos pasajeros cada una lo rodeó y les impidió seguir avanzando. Los hombres intentaron abrir las puertas de los carros mientras los insultaban y les repetían que eran unos ‘sapos’. Uno de los hombres intentó pegarle un puño al periodista del Q’hubo y, mientras intentaban alejarse, les arrojaron una piedra grande que rompió el vidrio trasero de la camioneta. En su huída los periodistas escucharon disparos.

Desde noviembre del año pasado Cristian Herrera había puesto una denuncia ante las autoridades locales, pues recibió información que indicaba que entre los miembros de las bandas que delinquen en esa zona de la ciudad había circulado un mensaje para impedir la entrada de la camioneta del periodista. Estos barrios son frecuentemente visitados por estos dos periodistas que cubren delincuencia común.

Cristian Herrera es colaborador de VerdadAbierta.com desde 2016, como parte de un proyecto en asocio con Open Society Foundations, donde escribe artículos sobre conflicto armado en Norte de Santander.

El equipo de trabajo de VerdadAbierta.com rechaza esta agresión contra nuestro colaborador y le exige a las autoridades proteger de manera eficaz a Cristian Herrera, de tal manera que pueda realizar sus labores periodísticas sin ningún tipo de coerción ilegal por parte de grupos armados ilegales.

La Fundación para la Libertad de Prensa emitió un comunicado expresando su preocupación por la situación de seguridad de los periodistas y solicita a la UNP que se refuercen las medidas de protección.

La Misión de Apoyo de Paz de la OEA también se pronunció al respecto y le hizo un llamado a las autoridades para “avanzar en la investigación oportuna de los hechos que pusieron en riesgo la vida e integridad de los dos comunicadores, así como para brindar justicia efectiva y prevenir nuevos actos de violencia”; e instó al gobierno nacional para “extremar las medidas de protección y garantizar la seguridad de los periodistas amenazados en todo el país”.

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El 29 de julio se realizó el primer Foro Comunitario por la Defensa del Agua, el Territorio y la Bioversidad. Foto: Cortesía de Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio.

Caquetá es una de las promesas petroleras nacionales. Tanto que la cuenca Putumayo – Caguán, donde se encuentra este departamento, es una de las cinco zonas más ricas en hidrocarburos en todo el país, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Este panorama era completamente diferente en 2008 cuando la riqueza energética de este departamento ni siquiera se ofertaba en las rondas de concesiones realizadas por el gobierno nacional. Pero ahora que la situación ha cambiado, subieron las expectativas de las empresas petroleras y, al mismo ritmo, la inconformidad de las comunidades.

El rechazo más emblemático ocurrió en 2015, cuando campesinos de Valparaíso hicieron un plantón en contra de que la multinacional Emerald Energy buscara hidrocarburos en el departamento. En la movilización, que duró cerca de dos meses, hubo tres heridos graves en los enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional. Las protestas en este municipio se reactivaron en marzo de este año y continúan.

También  se expandieron a El Paujil, El Doncello, Milán y Morelia, donde, incluso, algunos alcaldes estuvieron departe de la comunidad para rechazar los proyectos mineros y energéticos. En El Doncello, además, amenazaron a siete de los 13 concejales justo después de que asistieran a un evento donde discutieron la exploración de hidrocarburos en ese municipio, como contó VerdadAbierta.com.

“Les llegó la hora por no dejar trabajar”

Además, el pasado 3 de junio cerca de 19 mil caqueteños marcharon en todo el departamento para mostrar su inconformidad con la búsqueda de petróleo, como lo recordó Mercedes Mejía, coordinadora de la Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio.  

“Las protestas no son solo en un municipio sino en el Caquetá entero, incluyendo a la capital pues de Florencia protestaron cerca de 6.000 personas”, detalló.

Los temores aumentan

Al foro de Solano asistieron todas las Juntas Acción Comunal y la mitad de los resguardos indígenas. Foto: Cortesía de Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio.Ahora el turno de la oposición a la explotación petrolera es para Solano, el municipio más extenso del Caquetá, con un área de 42.486 kilómetros cuadrados, que representan cerca del 48% de todo el departamento; a su vez, es el segundo más extenso de Colombia. De acuerdo con datos del Plan de Desarrollo 2016-2019, su territorio está habitado por 23.663 personas, de las cuales solo 1.944 están en la cabecera municipal y 21.719 en la zona rural.

La preocupación de sus pobladores radica en que un gran porcentaje de sus tierras hacen parte de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia, creada bajo los lineamientos de la Ley 2 de 1959, y del Parque Natural Nacional de Chibiriquete, un terreno selvático inexplorado y virgen.

Esas inquietudes fueron incluidas en el plan de desarrollo que se ejecutará en los próximos cuatro años: “Los territorios selváticos están en situación de peligro por las cantidades de químicos nocivos para la vida que se utilizan en la explotación de minerales e hidrocarburos. La fauna, la flora y la vida de las comunidades indígenas y el ambiente de la amazonia siguen siendo amenazados como lo han sido siempre desde los inicios de la colonización. Las distintas etnias indígenas han visto cómo sus tradiciones, idiomas, maneras de ser y de hacer se han transformado en un proceso de aculturación que tiene que ver con la lógica del pensamiento occidental que se basa en la obtención del dinero a toda costa”.

Actualmente, Energy Colombia y Ecopetrol son las dos empresas que están buscando petróleo en un total de 470 mil hectáreas en ese municipio, según información de la ANH, lo que equivale a cerca del 11% del territorio.

Pero las cosas no parecen estar nada fáciles para las petroleras. Así quedó consignado en una reunión del pasado 29 de julio entre las 76 Juntas de Acción Comunal de este municipio caqueteño, 11 de los 20 resguardos indígenas que hay constituidos, la Pastoral Social, la Alcaldía y la Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio.

“La meta del Plan de Desarrollo es que sea un municipio verde, sostenible. Por eso formamos a la gente y a la vez buscamos una prueba piloto para medir qué piensan”, puntualizó Luis Abraham Murillo, secretario de Medio Ambiente.

La prueba fue una encuesta con una única pregunta: “¿Está usted de acuerdo con la realización de proyectos extractivistas minero-energéticos en Solano?”.  Y la respuesta fue contundente: de 217 votos depositados, 215 expresaron que no quieren proyectos petroleros en el municipio.

Ante esta realidad, el alcalde de Solano, Alejandro Quintero, le explicó a VerdadAbierta.com que él se regirá por la decisión de la gente. “No creo que permita la exploración petrolera porque si la comunidad se opone y no lo dejarán, uno no puede hacer resistencia. Yo no haría resistencia contra la sociedad”, afirmo el funcionario y agregó que hasta el momento no ha recibido ninguna llamada ni de las empresas petroleras ni del gobierno nacional.

Por su parte, Mejía señaló que la comunidad está en desacuerdo con los proyectos petroleros por la contaminación que generan. Hasta el momento, solo se ha extraído el llamado oro negro de un solo pozo en todo el departamento, ubicado en San Vicente del Caguán. Aunque no ha operado desde marzo de 2015, los cuatro años de producción a manos de Emerald Energy le dejaron una enseñanza a la comunidad.

“Hubo cambios en el paisaje y al remover el suelo para buscar petróleo, toda esa flora y esas sales de las subcapas salen a la superficie y contaminan los acuíferos. Hasta el punto de que a los trabajadores del pozo les llevaban agua y les prohibían tomar la del lugar. ¿Qué pasa entonces con la gente que vive cerca?”, se preguntó Mejía.

Además de oponerse a la exploración de hidrocarburos, en Solano pidieron que no los estigmaticen, como quedó consignado en el comunicado del foro: “Las personas que defendemos nuestro ambiente no somos ‘terroristas de alta peligrosidad’ sino, por el contrario, campesinos, técnicos, profesionales, indígenas que tenemos sentido de pertenencia por estas tierras”.

En este caso, cuentan con el respaldo de la Alcaldía. Pero muchas veces eso no es suficiente. Por esa razón, en otros municipios como en Morelia y Belén de los Andaquíes, la Vicaría Sur y las comisiones por la vida y el agua están impulsando una iniciativa popular normativa para ratificar lo que quiere la mayoría de gente: que no haya proyectos mineros ni energéticos en sus tierras.

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Henry Pérez. Foto: diario La Opinión.

El pasado 26 de enero, en fincas de la vereda Trocha Ganadera del corregimiento de La Gabarra, Tibú, en Norte de Santander fueron encontradas algunas  de sus pertenencias. Aseguran sus familiares que recientemente no había recibido amenazas y que a pesar de la  tensa calma que se vive en la región  su trabajo no se había visto afectado.

Según los habitantes de esta zona del Catatumbo hay varias versiones sobre su desaparición, la primera es que salió de su casa en dirección a la finca de su hermana para trabajar dentro de su proyecto productivo (de siembra de limones y piña)  y, la segunda, que había ido a cumplir una cita a uno de los actores armados de la región. Lo cierto es que, a pesar de los rumores, ya se van a cumplir dos semanas y no se tiene certeza de qué haya ocurrido.

Henry Pérez es uno de los líderes sociales más visibles del Catatumbo, desde hace más de cinco años estaba trabajando dentro del proceso de reparación colectiva que se adelanta en La Gabarra,  hasta 2012 fue presidente de la Asociación de Juntas de Acciones Comunales y fue certificado como “conciliador en equidad”, como son llamada a las personas capacitadas por el Ministerio de Justicia en un programa especial para mediar entre la comunidad y los actores armados.  Pérez fue además candidato al Concejo de Tibú por el Partido Liberal en las elecciones de octubre de 2015 y ha trabajado con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz Maap-OEA.

Esta misma organización internacional, mediante comunicado fechado el 27 de enero, manifestó que de confirmase la desaparición forzada o el secuestro del líder comunitario, se concretaría una flagrante vulneración a los derechos de las comunidades, las víctimas y las organizaciones de bases. “Este tipo de hecho siembra temor y debilita las acciones que se han venido emprendiendo a nivel territorial para llevar y fortalecer la justicia transicional y la paz” se lee en la misiva.

De igual manera, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos de la región han hecho manifestaciones de solidaridad con la familia de Henry, exhortando al Estado a que se refuerce el mecanismo de búsqueda implementado por la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas para hallar con el paradero del líder.

Fuentes en la región cercanas a VerdadAbierta.com aseguraron que los grupos armados ilegales de la zona han dicho que no tienen en supoder a Henry. “No hay señales por ningún lado y si ningún grupo lo tiene ¿qué pasó?, el Estado nos debe ayudar con acciones inmediatas”, señaló uno de los líderes.

¿Paz territorial?

No es un secreto en Colombia que siempre que se ha querido llegar a un acuerdo para ponerle fin a la guerra  se han incrementado las amenazas y la violencia contra organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda y líderes sociales. El Catatumbo es  un ejemplo de ello, en lo corrido del año pasado más de 50 activistas fueron asesinados y por lo menos 400 amenazados según  la ONG Somos Defensores, varios de esta región.

A ello se suma la vigencia de los actores armados, a la fecha siguen operando  el frente 33 de las Farc; el frente Camilo Torres del Eln: los denominados “Megas”, nombre heredado de Ramón Navarro, alias ‘Megateo’, extinto jefe de la guerrilla del Epl; las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidas también como ‘Los Urabeños’ que se organizó en la región con hombres que no se desmovilización del Bloque Catatumbo de las Auc y la banda criminal de ‘Los Rastrojos’.

Para dos líderes de la región consultados por VerdadAbierta.com la preocupación recae  en que mientras se avanza en La Habana en las regiones el conflicto no de tregua.  “Este año  vamos varios amenazados, un asesinado y ahora debemos sumar un desaparecido, lo que realmente importa es que lo que está en la letra se haga  en la realidad y no es así, acá el Estado prácticamente no existe más allá de las dos o tres instituciones que hay, acá hemos hecho gobierno nosotros mismos”, aseguró una representante campesina quien prefirió no revelar su nombre.

Preocupación que respalda  la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, una de las principales organizaciones de la región, quienes señalan que a menos de dos meses de darse la firma final del acuerdo con  las Farc  las bandas criminales y los reductos de los paramilitares siguen delinquiendo en las regiones  manejando la economía y restringiendo la movilidad lo cual, a juicio de uno de sus voceros, complica el aterrizaje de los acuerdos “de seguir la persecución política contra las organizaciones y líderes sociales el panorama se va a complicar para los desmovilizados, el Estado debe actuar, afirmó quién un vocero de Ascamcat.

Por  ahora, las organizaciones de la zona han conformado varios grupos que trabajan en La Gabarra y en otros corregimientos de Tibú para dar con el paradero de Henry. Las ONG han pedido pronunciamiento del Estado y han seguido adelantando acercamientos con los grupos armados y la comunidad para mediar las tenciones que se han presentado.

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Nelly Amaya, líder social del Catatumbo.

El pasado sábado 16 de enero su cuerpo de fue encontrado muerto en el casco urbano de San Calixto, en el Catatumbo, Norte de Santander. Fuentes en la región le contaron a VerdadAbierta.com que en horas de la noche sicarios se acercaron a un local comercial de su propiedad, ubicado a pocos metros de la estación de la Policía, propinándole cinco disparos. 

Nelly Amaya  era la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Guamalito, fue sobreviviente al genocidio de la UP y sus últimos años los dedicó a  trabajar en la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat. El año pasado participó de las ‘Asambleas Populares’ que desarrolló la organización  para definir los candidatos a las elecciones regionales del mes de octubre.

Avanzan las Asambleas Populares  en el Catatumbo

Además de atender su negocio, los fines de semana se dedicaba a hacer  política en San Calixto. “Era fiel creyente del proceso de paz,  acá en el barrio y en general en el municipio hacía pedagogía de lo que se estaba hablando en la mesa de diálogos. Decía que era  muy importante que el pueblo se empoderara de  los acuerdos para hacerlos efectivos”, contó un campesino de la región quien prefirió no revelar su nombre. 

Cuentan los pobladores que la mayoría de veces que se presentaban conflictos con los actores armados, por las rutas de la coca o por el constante enfrentamiento, Nelly mediaba para que la población no resultara afectada ni señalada, lo cual la llevó a empezar a ser de nuevo víctima de amenazas de grupos de delincuencia común y paramilitares. 

En un comunicado emitido por la Asociación Campesina del Catatumbo, fechado el 18 de enero, se expresó la preocupación por el constante asedio contra sus  militantes. “Creemos firmemente que todos estos esfuerzos por alcanzar la paz deben conducir y materializar desde ya a respetar y garantizar la vida de todos sus conciudadanos, de dar las garantías a los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en su trabajo por la paz con justicia social, exigencia por la dignidad y defensa del territorio”. 

Política en medio de la zozobra 

Sin embargo, hacer política en el Catatumbo nunca ha sido tarea sencilla. Allí, en los 11 municipios que conforman esta zona, han hecho presencia tanto guerrillas como grupos paramilitares. Hoy están vigentes el frente 33 de las Farc, el frente Camilo Torres del Eln y los denominados “Megas”, nombre heredado de Ramón Navarro, alias ‘Megateo’, extinto jefe de la guerrilla del Epl.

A ellos se suman ‘Los Rastrojos’, banda criminal que emergió en la región luego de la desmovilización del Bloque Catatumbo de las Auc y las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidas también como ‘los Urabeños’. Grupos armados ilegales, que en medio de la disputa territorial, han reconfigurado el panorama político de la región.

Cabe recordar que en septiembre de 2015,  Aida Avella, presidenta de la UP,  había advertido que la violencia se había incrementado contra los militantes del partido tras el regreso de la personería jurídica y con el inicio de la campaña electoral. “Lo que preocupa es que ad portas de entrar en la recta final del proceso de paz el gobierno no tenga los elementos necesarios para desactivar a los grupos paramilitares, entonces, ¿cómo se van a cumplir la implementación?” concluyó.

Atentan contra candidato de la UP a la alcaldía de Los Palmitos

Las cifras de derechos humanos soportan la preocupación. Durante los seis primeros meses del año pasado, el Programa Somos defensores, ONG que monitorea la situación de estos activistas, reportó que 332 fueron amenazados, 34 asesinados, 25 recibieron atentados, cuatro fueron detenidos arbitrariamente, tres fueron víctimas de uso arbitrario del sistema penal y se registró un caso de hurto de información a nivel nacional.

Tanto la UP  como las organizaciones sociales están a la espera que se esclarezca el crimen y se inicieuna investigación contra los responsables  que a su juicio, no responden a hechos aislados sino a intereses políticos por parte de los grupos armados que delinquen en la región. 

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Prodeco es una compañía subsidiaria de Glencore, multinacional que está hace 20 años en el país. Foto: archivo Semana.Una investigación realizada por dos ONG: Grupo de Trabajo Suiza-Colombia y Pensamiento y Acción Social (PAS), revela que20 uniformados del Batallón Energético y Vial N.2 de la Décima Brigada del Ejército, financiado en parte por la empresa carbonera Glencore, están involucrados en cuatro investigaciones por casos de ejecuciones extrajudiciales entre 2007 y 2008 en los departamentos del Cesar y La Guajira.

El documento llamado ‘Informe sombra de sostenibilidad de las operaciones de Glencore en Colombia’, sostiene que esta multinacional se comprometió en 2012 a trabajar en pro de los derechos humanos, pero “no evalúa, ni controla ni hace seguimiento a los convenios secretos de colaboración con las fuerzas militares colombianas”.  

Glencore se fundó en 1974, produce energía y trabaja con minerales, productos agrícolas y metales. Su casa matriz está en Suiza y tiene operaciones en los cinco continentes. En Colombia, es dueña de la empresa Prodeco, que extrae carbón de las minas Calenturitas y La Jagua, que están en La Loma, corregimiento de El Paso, y en el municipio de La Jagua de Ibirico, en el centro del Cesar.

El informe cuestiona, por ejemplo, que esta multinacional “no haya demostrado un compromiso con el respeto a los derechos humanos, ni tampoco haya realizado un estudio de los riesgos que implica este tipo de convenios militares”, que se han suscrito desde hace más de una década por cerca de 180 mil dólares anuales (unos 600 millones de pesos), para proteger la infraestructura minera en La Jagua y Becerril.

La primera ejecución extrajudicial ocurrió el 6 de noviembre de 2006 en el sector Múcura de El Molino, municipio de La Guajira. Carlos Manuel Jiménez Pacheco fue asesinado por hombres del  Batallón Especial Energético y Vial No. 2. Por este crimen solo ha sido condenado el sargento Heraldo Eriben Hernández Pineda. El segundo ‘falso positivo’, como también se le conoce a este delito, se conoció el 7 de octubre de 2007. Un oficial y siete soldados fueron procesados por homicidio agravado en persona protegida por la muerte de Jesús Eliécer García Perdomo, mototaxista asesinado en una trocha cerca a un sitio conocido como El Joval, que queda entre los corregimientos de La Loma y El Hatillo, en El Paso, Cesar.

El tercer caso ocurrió el 21 de septiembre de 2007 en el municipio de Chiriguaná, y en la investigación se ha vinculado a un teniente: Reinaldo Segundo Manjarrés, como responsable de los delitos de homicidio a persona protegida y concierto para delinquir, por la muerte de Gabriel Ulises Martínez, un campesino  asesinado durante “una operación militar de control del área”. Y en el cuarto caso, otro teniente: Juan David Tinjacá Galeano, fue investigado por la muerte de James Ramírez Bula, cuyo cuerpo fue hallado el 13 de marzo de 2008 en El Paso. En estos cuatro hechos, sin embargo, los hombres del Batallón afirmaron que las víctimas eran miembros de grupos armados ilegales y de bandas criminales.

El ‘Informe sombra de sostenibilidad de las operaciones de Glencore en Colombia’ cuestiona que esta multinacional no haya reprochado al Batallón Especial Energético y Vial No. 2 de la Décima Brigada, por cuatro ejecuciones extrajudiciales que se cometieron entre 2006 y 2008. Foto: archivo Semana.Ni Glencore ni Prodeco han reprochado a los militares investigados por ‘falsos positivos’, ni tampoco han solicitado al gobierno colombiano medidas para evitar que se repitan estas historias. En el informe, además de criticar esa actitud pasiva, también se cuestiona siesta compañía desconoce el conflicto armado que durante años ha padecido este departamento.  

El Grupo Prodeco, sin embargo, anunció a través de un comunicado que es normal que las compañías minero – energéticas y de infraestructura, firmen acuerdos de cooperación con el Ejército colombiano para proteger este sector de la industria; y que además la empresa está comprometida con la protección de los derechos humanos, y hasta capacita a sus empleados en estos temas. Sobre la forma en que se financia el Batallón, esta multinacional aseguró que ha contribuido a una pequeña porción de los gastos generales de operación de los militares, “la mayoría de los recursos vienen del propio Ministerio de Defensa”.  

Estos señalamientos se suman a otros que fueron publicados en el informe ‘El lado oscuro del carbón’ de la ONG holandesa Pax, que se publicó el año pasado. El documento recopila algunas de las versiones del exjefe paramilitar José Gelvez Albarracín, alias ‘El Canoso’, que entre 1996 y 1998 se desempeñó como empleado encubierto de inteligencia militar en el departamento de seguridad de Prodeco. El documento afirma que la empresa carbonera financió junto con una multinacional estadounidense, el primer grupo de 200 hombres de las AUC que llegó al Cesar en 1996, el mismo año en que se constituyó la base militar dentro de la concesión de Prodeco y se creó el batallón.

“Por las condiciones de seguridad, estas organizaciones manejaban un esquema de operaciones y de inteligencia; en este último se hacía un reporte diario sobre el movimiento sindical y lo que ocurría en esta región del país… Pero el remedio resultó peor que la enfermedad,  porque con la llegada de este grupo armado todos los días hubo decenas de muertos”, dice uno de los apartes del informe, que también se refiere a los casos de desplazamiento que se registraron en los caseríos Mechoacán y El Prado, en La Jagua de Ibirico, cuyas tierras luego fueron adquiridas por Drummond y Prodeco, respectivamente.

Prodeco, sin embargo, negó en ese momento que la compañía haya estado involucrada en el desplazamiento de estas familias, y sostuvo que los señalamientos de ‘El lado oscuro del carbón’ son afirmaciones falsas e insustanciales.

Ambos informes, sin duda, generan un ambiente de escepticismo frente a la política de derechos humanos que promulga esta compañía, que ha sido vinculada en varias ocasiones con grupos paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas.

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Los ‘barequeros’ del sur de Bolívar cancelan una especie de tributo a ‘Los Urabeños’ para sacar oro.Las promesas de paz en el sur de Bolívar parecen estar a años de concretarse. Después de la desmovilización de las Auc hace casi una década, los habitantes siguen siendo víctimas de amenazas, asesinatos selectivos y extorsiones. El ‘Clan Úsuga’, que también opera en La Mojana y otros pueblos de Sucre, se ha convertido en amo y señor sin que las autoridades hagan lo suficiente por resolverlo.

—“La paz en Montecristo no ha llegado”¬ —dijo un líder de víctimas que pidió la reserva de su nombre—. Ese municipio y otros como Tiquisio, Achí, Norosí, Arenal, San Martín de Loba y San Jacinto del Cauca, en Bolívar, hacen parte de una región asediada por esa estructura criminal que cobra un impuesto a los mineros que extraen oro y hasta regulan los días de pesca en las ciénagas.  

Según el comandante de la Policía de Bolívar, José Miguel Correa, 18 campesinos de la región han denunciado este año que son víctimas de extorsión. Correa también aseguró que en 2015 cinco personas fueron asesinadas por un “ajuste de cuentas” entre ‘Los Urabeños’ y la guerrilla del ELN, que también delinque en esta zona del departamento.

—“Hay comerciantes que pagan hasta un millón de pesos, pero esa cifra varía dependiendo  de la actividad económica que desarrollan; a los ganaderos les cobran más. En Montecristo y Achí, hasta las seis de la tarde hay chance de ir a las veredas, como cuando estaba el Frente Mojana de las Autodefensas o el Bloque Sur de Bolívar, que ejercían control social en esta zona del departamento” —dijo un campesino que solicitó que no se revelara su identidad.

La historia de violencia en el sur de Bolívar es de vieja data. Los primeros grupos armados que llegaron fueron el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y las Compañías Simón Bolívar y Guillermo Ariza, del Eln, así como el Frente 37 de las Farc. A partir de ese momento comenzaron las extorsiones y las amenazas de muerte, que aumentaron a finales de los noventa con la presencia de una facción de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Dicha facción luego pasó a ser el Frente Mojana, comandado por Eder Pedraza Peña, alias ‘Ramón Mojana’, quien en 2010 fue extraditado hacia Estados Unidos. A partir del año 2000, hizo presencia otro grupo paramilitar, el Bloque Sur de Bolívar, bajo el mando de Rodrigo Pérez Alzate, que desplazó a miles de campesinos del complejo cenagoso.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió dos informes de riesgo en 2014 que advertían, por ejemplo, que en Río Nuevo y Tacuyalta, corregimientos de Achí, había un alto riesgo de que niños y adolescentes fueran reclutados por el ‘Clan Úsuga’, el ELN y lasFarc (esta última guerrilla ha reducido su accionar este año). La Defensoría publicará en 2016 los informes de riesgo de este año, pero un mapa en su página web confirma que en los municipios de Tiquisio, Arenal, Río Viejo y Achí, la violencia es la misma.

Ver informe

Estos grupos armados se han disputado históricamente la región por la importancia económica que representa para la producción, comercialización y tráfico de estupefacientes, entre el sur de Bolívar y los departamentos de Córdoba y Sucre. Pese a que la Policía ha capturado a varios miembros del ‘Clan Úsuga’ e incluso el alcalde y exalcalde de Montecristo, Richard Ríos y Anuar Baldovino, respectivamente, se han visto involucrados en investigaciones judiciales por este tema; esa estructura sigue campante por la zona.

Sucre, una ruta para sacar coca

En Sucre, uno de los tres municipios de la Mojana sucreña, los campesinos, ganaderos y profesores son víctimas de extorsión. Las Autodefensas Gaitanistas controlan esta región.El ‘Clan Úsuga´ tiene amedrantados a los habitantes de esa región, que es utilizada como corredor para transportar drogas y armas al golfo de Morrosquillo, Tolú, Coveñas y San Onofre. —“En junio mataron a un comerciante que se negó a pagar una extorsión en San Marcos”, —dijo un investigador que solicitó queno se revelara su identidad.  

En este municipio ha ocurrido toda clase de violaciones a los derechos humanos. Este año cuatro miembros de la población Lgbti fueron asesinados al parecer por integrantes de ‘Los Urabeños’. —“Creemos que tres de los homicidios, el de las chicas trans (la otra víctima es un hombre gay), tienen que ver con temas de microtráfico. La Fiscalía también tiene esa hipótesis porque varias de ellas habían sido reclutadas por la estructura criminal” ¬—contó Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, institución que promueve los derechos de la diversidad sexual en el norte del país.

VerdadAbierta.com intentó comunicarse en repetidas ocasiones con el comandante de la Policía de Sucre, el coronel Henry Jiménez, para conocer su versión de lo que está ocurriendo en la Mojana y otros municipios de ese departamento, pero nunca hubo una respuesta, pese a que él mismo se había comprometido a entregar información.   

Bajo este panorama, “la paz” que vendieron las autoridades tras la desmovilización de las Auc, aún está en veremos. Y tal vez por eso los pobladores del sur de Bolívar esperan que la posible implementación de los acuerdos con otro actor armado como las Farc no se convierta en un punto más del listado de promesas incumplidas.

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Las familias que fueron despojadas de Salaminita esperan que ahora que la Corte levantó la suspensión del proceso de restitución, el juzgado de tierras de Santa Marta comience a trabajar en este tema.La Corte Constitucional ordenó el pasado 26 de octubre que se reanudara el proceso de restitución de tierras en Salaminita, un pueblo de Magdalena devastado por las Autodefensas en 1999. El proceso había sido suspendido a mediados del año pasado por un juez de Aracataca, mientras avanzabauna investigación por fraude procesal. La decisión, que las víctimas conocieron hace pocos días durante un encuentro con miembros del Centro Nacional de Memoria Histórica en el municipio de Fundación, obliga al Juzgado Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta a que continúe el proceso de restitución, una vez se haya notificado el fallo.

Salaminita era un pueblo de más de 40 casas que estaba sobre la vía que conduce a Pivijay. Allí el 7 de junio de 1999, un grupo de paramilitares al mando de Tomás Gregorio Freyle Guillén, alias ‘Esteban’, asesinó a tres habitantes del corregimiento, entre esos a la Inspectora de Policía; y obligó al resto de campesinos a trasladarse a Fundación y a otros municipios de la costa Caribe mientras derribaban el resto de casas construidas hace más de medio siglo. Los habitantes de la zona rural (en las parcelaciones Suiza y El Jardín), sin embargo, resistieron hasta el 23 de agosto del año 2000, cuando los ‘paras’ asesinaron a otros dos campesinos.

Ver sentencia

En junio del año pasado, la Unidad de Restitución de Tierras inscribió en el registro de tierras despojadas y abandonadas, 57 solicitudes sobre predios ubicados en Salaminita. Las víctimas afirman que entre 1999 y 2008 fueron presionadas por dos hombres: Vicente Rueda Guarín y Adolfo Díaz Quintero (que actúan como opositores en el proceso), para que malvendieran sus parcelas. El fallo, incluso, sostiene que Rueda y Díaz “son terratenientes del municipio de Fundación, que han sido señalados por desmovilizados del Frente Tomás Freyle Guillén de las AUC, como financiadores de grupos paramilitares”.

Pero para esa misma época, el abogado Gregorio Arizmendi, que representa a los opositores, denunció a seis reclamantes de tierras por fraude procesal, que no es otra cosa que “inducir a un error (mediante acciones fraudulentas) a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley”. En este caso, que les restituyan sus predios. Por esa razón, un fiscal de Fundación le solicitó a un juez que suspendiera el proceso de restitución en Salaminita hasta que no se investigara a las víctimas que actúan como reclamantes.

“Las familias Rueda y Díaz compraron esas tierras a precio justo, hay suficientes pruebas para demostrarlo. Ellos nunca han estado relacionados con grupos armados ilegales. Pero es claro que esta Ley de Restitución de Tierras traerá más violencia, sobre todo a las personas que adquirieron tierras después de que las Autodefensas se desmovilizaran”, cuenta Arizmendi.

Decenas de campesinos se reunieron hace una semana en la biblioteca de Fundación, Magdalena, para empezar a construir la memoria del pueblo que fue devastado en 1999.El 3 de septiembre de 2014, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, acató la orden del juez de Aracataca porque era un mandato de un juez de la República. Sin embargo, reconoció que no compartía esa decisión porque “hay un mandato legal encaminado a proteger, garantizar y asegurar los derechos de las víctimas”, dice uno de los apartes del fallo.

La abogada de los reclamantes de tierras, NuryLuz Peralta, que hace parte de la Comisión Colombiana de Juristas, presentó siete días después un recurso de reposición contra el auto (resolución judicial) mediante el cual se acató la orden del juez penal y se suspendió el proceso de restitución. Pero el juzgado de tierras decidió no reponer el auto porque debía obedecer al juez. Así empezó una batalla jurídica por las víctimas de Salaminita que, según el Consejo Noruego para Refugiados (que acompaña a 49 familias de esa región), “las condiciones de vulnerabilidad aún persisten después de haber transcurrido 16 años del desplazamiento”.

El fallo de la Corte Constitucional, sin embargo, acabó con ese pleito, y además ordenó compulsar copias al Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena para que se investigue al juez de Aracataca, “porque un juez con funciones de control de garantías carece por completo de competencia para ordenar la suspensión de un proceso de restitución de tierras”.

Esta decisión, sin duda, sienta un precedente porque si el proceso continuaba suspendido, eso mismo hubiera podido ocurrir en 661 demandas de restitución que se han presentado en todo el país, en las que también hay opositores. Estos acudirían a esa figura jurídica para que se suspendan los procesos de restitución, según la sentencia.

El juez de restitución de tierras de Santa Marta deberá retomar el proceso para luego determinar si vuelven o no a sus parcelas las familias que fueron despojadas, como Luis Camargo (68 años) y su esposa Donatila Crespo (63), que huyeron con sus seis hijos a Fundación, y que en octubre de 2005, luego de haber retornado por sus propias cuentas, tuvieron que dejarlo todo porque los obligaron a malvender un predio donde sembraban maíz. O como a Martina Josefa García (80 años) quien, al salir del pueblo, vio cómo mataron a la inspectora y a dos campesinos. O a Lesa Daza (30), líder de la asociación de víctimas Asorenacer (que está al frente del proceso de restitución en Salaminita) que recuerda con nostalgia las fiestas patronales del pueblo, las de la virgen del Rosario que se celebraban el 7 de octubre.

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Encuentro de defensores de derechos humanos en Sincelejo, Sucre. Foto: tomada del informe.Las amenazas y los ataques a los defensores de derechos humanos aumentaron un 360% entre 2010 y 2014. Y este año las cosas no cambiaron: según Somos Defensores, ha habido un incremento de las agresiones con respecto al año anterior de 135%. En pleno proceso de paz y cuando los índices de violencia por cuenta del conflicto armado han disminuido a niveles históricos, estos datos son, cuando menos, paradójicos.

Si setiene en cuenta la última encuesta realizada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) a 200 defensores, sale a relucir que la mayoría de casos de amenazas registradas en el país tiene lugar en zonas rurales y afecta especialmente a reclamantes de tierras, indígenas y afros. Es en el campo donde se ha presentado el mayor número de asesinatos de defensores en los últimos años. “Hay que desescalar el conflicto contra el movimiento campesino”, dijo David Flórez, representante de Marcha Patriótica, movimiento político que en poco menos de cuatro años ha sufrido 100 asesinatos de líderes, en su mayoría rurales.

La encuesta -realizada durante los últimos ocho meses y con financiación de la Embajada Británica en Colombia- revela, además, que 8 de cada 10 defensores en el campo se sienten estigmatizados y 9 de cada 10 perciben que su organización o comunidad sufre señalamientos injustificados por causa de su trabajo.

Frente a los agresores, el 37% de los encuestados señaló haber sido amenazado o agredido directamente por los grupos paramilitares; el 6% señaló a la guerrilla (en este caso se constató que en algunas regiones hay conflictos por territorios que son frontera o ricos en recursos naturales entre las comunidades y la guerrilla).

El primer puesto como agresor, sin embargo, lo ocupa el Ejército Nacional con el 42% de los casos. Estas son, en su mayoría, realizadas de manera personal, aunque también es frecuente que se hagan mediante panfletos o notas públicas señalando a determinadas personas de las organizaciones. En estos casos, aunque son frecuentes las amenazas de muerte o desplazamiento, muchas tienen que ver con judicializaciones (32%).

Los líderes buscan medidas de protección. Foto: tomada del informe.“Esta cifra resulta escandalosa si se tiene en cuenta que se trata de la primera encuesta directa que se aplica a defensores de derechos humanos en las regiones, y exige una respuesta institucional y estatal que haga frente a una situación que sobrepasa cualquier intento de un plan protección”, dice el informe.

A pesar de que la Unidad Nacional de Protección (UNP), creada en 2011 por el gobierno nacional, estableció como uno de sus principios de acción el enfoque diferencial, actualmente no existen medidas específicas de protección para defensores de derechos humanos y líderes sociales en contextos rurales. Por este motivo, el CPDH aprovechó los preocupantes resultados de la encuesta y el trabajo colectivo con los líderes en región, para presentar una propuesta de “Protocolo con Enfoque Diferencial para defensores y defensoras de derechos humanos”.

Diego Martínez, secretario ejecutivo del CPDH, dijo este miércoles 9 de diciembre, que dicha propuesta fue construida desde las necesidades identificadas por los propios defensores en los talleres que se realizaron este año en 12 departamentos de cinco regiones del país (Caribe, Suroriente, Sur, Suroccidente y Nororiente).

El “Protocolo” incluye no solo medidas de prevención, medidas colectivas y medidas políticas para los líderes campesinos en riesgo sino que tiene un capítulo aparte para las mujeres defensoras de derechos humanos. Según la encuesta, 1 de cada 4 personas afirma haber conocido de algún tipo de ataque contra la integridad sexual de mujeres que trabajan en defensa de los derechos humanos.

Otras de las recomendaciones del CPDH tiene que ver con el fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina y el establecimiento de canales de comunicación oficiales, permanentes y directos con los responsables de derechos humanos de la Fuerza Pública y demás instituciones del Estado.

El Comité espera no solo que la UNP sino las demás entidades encargadas de la protección a los derechos humanos acojan este Protocolo pues, en el marco de los diálogos de paz, es de especial relevancia el papel de los líderes, en especial, los que permanecen en el campo. Las cifras son contundentes y el trabajo realizado hasta ahora por l Gobierno parece ser insuficiente. Es en el campo donde está en juego parte del éxito del postconflicto y la propuesta puede convertirse en un insumo útil para garantizar el ejercicio de los derechos de esta población.

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Aunque Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar del Bloque Córdoba y Catatumbo, ha sido clave en las confesiones sobre crímenes del paramilitarismo, en Justicia y Paz no confesó los despojos de la parcelación El Levante, en Montería. Foto: archivo Semana.“…Se acercó Salvatore Mancuso Gómez quien le dijo que le daría por ella [la tierra] 14 millones 500 mil pesos porque eso era del suegro y estaba ‘restituyendo’ esos predios”. Esta frase es la ficha del rompecabezas que pone en evidencia el despojo perpetrado por el ex jefe paramilitar de los Bloques Córdoba y Catatumbo de las Auc, siguiendo el plan de sus amigos, los hermanos Carlos y Vicente Castaño.

En la más reciente sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tierras de Montería, una veintena de campesinos dieron testimonio de cómo Mancuso amedrentó a los campesinos de El Levante, una parcelación en la vereda Tres Piedras, en Montería, Córdoba, para apropiarse de sus tierras. Sin embargo, en el proceso de Justicia y Paz el ex jefe paramilitar nunca las mencionó entre el listado de 23 bienes que confesó como parte de los acuerdos de la justicia transicional.

El testimonio del campesino, consignado en la sentencia, da cuenta del plan que tenían los paramilitares de impedir que el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) redistribuyera la propiedad rural. Estas tierras del Sinú tuvieron origen en una ‘hacienda madre’ llamada la Marta Magdalena, que según documentó la antropóloga Gloria Isabel Ocampo, fue fundada en 1881por franceses, dedicada a la extracción y exportación de madera. Entre 1912 y 1956 pasó a ser propiedad Sociedad Agrícola del Sinú desarrollando la ganadería que caracteriza a la región. De la hacienda se desprendieron grandes fundos, entre ellos, el de la familia Dereix.

En Justicia y Paz, Salvatore Mancuso relató que nació en Montería, en una familia dedicada a la agricultura y ganadería y que cansado del asedio de las guerrillas se unió en 1995 al grupo de autodefensas de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, entonces conocidas como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Desde finales de los 80 los Castaño, ya dedicados al narcotráfico, adquirieron a la fuerza varias fincas en la región para ‘legalizar’ su fortuna, mientras a la par seguían armando autodefensas que prometían ‘proteger’ a los hacendados de la región del Urabá y del valle del Sinú.

Mancuso fue un cómplice perfecto. Para entonces -a sus 31 años- estaba casado con Martha Helena Dereix Martínez, hija de Luis Dereix Conrad, propietario de tierras derivadas de la gran hacienda Martha Magdalena. Cuando el campesino dijo en el juicio que Mancuso llegó a decirle que esa tierra “era de su suegro”, se refería precisamente a esas fincas de grandes propietarios que, como los Dereix, tuvieron que venderle al Incora.

Desde finales de la década de los 60, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo impulsó la llamada reforma agraria, es decir, que campesinos sin tierra pudieran tener acceso a ella. Al Incora se le delegó la tarea de hacer esa distribución, titulando predios baldíos (de propiedad de la nación) o comprando predios de propiedad privada para cumplir con tal fin. Durante las siguientes dos décadas familias desplazadas por la violencia política de los 50 se asentaron en baldíos pero también le exigieron al Incora que comprara grandes fincas que, a su juicio, estaban siendo inexplotadas y que ellos sí podían hacer productivas cultivando diversos alimentos.

Pero fue poco el tiempo en que los campesinos lograron disfrutar las parcelas. Antes de que el Incora les entregara los títulos, comenzaron a notar que por la vereda merodeaban hombres armados. Eran los paramilitares del Bloque Córdoba de las Auc en cabeza de Mancuso, que en solo un año, 1999, desplazaron a las 56 familias de la parcelación El Levante.

‘Recuperar la hacienda’

Mancuso llegaba en persona a las casas de los parceleros o les mandaba razón con sus subalternos, fuertemente armados, para que le vendieran los predios de El Levante, una parcelación realizada por el Incora. Foto: archivo Semana.Salvatore Mancuso, como varios de los grandes hacendados de la región, asociaron la reclamación de los campesinos con los movimientos de guerrillas, de manera que los paramilitares tuvieron entre ‘ceja y ceja’ a cada parcelación que hacía el Incora. El libro Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares, del Centro Nacional de Memoria Histórica, reproduce apartes de varias entrevistas en las que el ex jefe paramilitar asegura que las guerrillas “permearon los movimientos agrarios para organizar un Estado de facto y apoderarse de las tierras sacando a sus propietarios y asentando sus bases sociales”, todo, con el apoyo del Incora. Para Mancuso, el instituto de tierras era “manejado” por subversivos (ver página 85 del informe de memoria).

El ex jefe paramilitar siguió el modelo de despojo encabezado por los hermanos Carlos y Vicente Castaño. En los años 80, las cabezas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que para esa época eran conocidos como ‘los Magníficos’ o ‘los Mochacabezas’, despojaron a varios propietarios de sus haciendas, como fueron los casos de la Santa Paula, en Montería, y Las Tangas, en el municipiode Valencia. Como una forma de ocultar ese primer despojo se las entregaron a varios campesinos y al cabo de unos años se las arrebataron con violencia.

El doble despojo de los Castaño en Las Tangas Las otras 59 familias engañadas por los Castaño

Hasta el momento en Córdoba las sentencias de tierras habían hallado la responsabilidad de los hermanos Castaño en los despojos del Sinú, pero no la de Salvatore Mancuso. En el Levante, el antiguo Incora tituló a 56 familias, algunas en 1995, otras en 1999 y unas más en el año 2000. Lo que coincide según los fallos de restitución, es que los despojos tanto de la antigua Hacienda Santa Paula y Las Tangas, como los de la parcelación El Levante ocurrieron de forma masiva en 1999. Y Mancuso, a quien apodaban ‘Triple Cero’, lo hizo a título personal.

Por miedo, pues ya sabían de la sevicia con la que actuaban las Auc, los campesinos abandonaron sus fincas porque Mancuso les llegó a la puerta de la casa o envió a sus hombres, armados hasta los dientes, para que vendieran. A la primera pregunta, los parceleros respondieron “no”. Pero ‘Triple Cero’ les mandó un mensaje: “si no lo hacen, entonces negocio con la viuda”.

A algunos les dijo que por la parcela les daba 9 millones de pesos, a otros 14 y a unos cuantos más 17. A  las dos familias que más se resistieron a salir, les dio 500 mil pesos, pero una mujer fue amenazada de muerte y otra abusada sexualmente por el grupo paramilitar. Algunos recibieron el pago irrisorio de sus predios en dos mesadas; a otros les quedaron debiendo. Pero incluso, estando desplazados, diez años después varios particulares los buscaron para que firmaran documentos y quedaran legalizados los predios a nombre de otras personas en notarías y oficinas de instrumentos públicos.

En las entrevistas que Mancuso concedió a Memoria Histórica queda revelado que el ex jefe paramilitar consideraba que estos parceleros “no eran víctimas” porque a su juicio la mayoría “vendía voluntariamente”. Sin embargo, durante una diligencia en 2008 con la Unidad de Justicia y Paz, admitió su responsabililidad en el desplazamiento, intimidación y despojo contra las 58 familias que fueron despojadas de la finca Costa de Oro, en el corregimiento de Tres Piedras, en Montería. En otras ocasiones aceptó también el despojo de las fincas El Perro o Santa Elena, Bola de Hilo, El Deseo, Manantiales, El Tesoro 3, La Ilusión, Las Gardenias y Nueva Australia.

La práctica de los paramilitares era echar para atrás las titulaciones que el antiguo Incora realizó sobre esos predios que le compró a varios hacendados. Es decir, su plan era lograr una ‘contra-reforma agraria’, hecho que se replicó en el Urabá y en el sur del Cesar. En la reciente sentencia, el Juez exige que se le restituyan las parcelas a las familias reclamantes, anular cualquier negocio jurídico que exista sobre estos predios, cancelar las medidas de protección impuestas sobre estas tierras por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga y que diversas instituciones del Estado les garanticen salud, educación, seguridad alimentaria e infraestructura a estas familias.

La restitución en El Levante no ha terminado. Según la Unidad de Restitución Territorial Córdoba, esta sentencia cobija sólo a 23 familias. El Incora originalmente tituló en El Levante a 56 familias pero adjudicó los predios con resolución en diversos años. En el transcurso del conflicto, el Incora recovó varios de esos títulos, ajustó el tamaño de las parcelas, volvió a titular, y en varios casos otras familias llegaron a los predios abandonados. Es decir, sobre algunas parcelas hay varias reclamaciones de restitución a causa del conflicto.

La Unidad radicó otra demanda en la que solicita la restitución en algunos casos y medidas de compensación para otras familias que también explotaron las tierras, pero que actuaron de buena fe exenta de culpa. Según la reciente sentencia, el Comité de Justicia Transicional deberá rendir informes periódicos sobre la implementación de las acciones de prevención, protección y garantías de no repetición en favor de las víctimas que esperan reanudar su vida en El Levante.

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En los Montes de María es donde se concentra el mayor número de víctimas del conflicto armado en el departamento de Bolívar. Foto: Jesús Fragozo.“La ley de víctimas y restitución de tierras parece, por momentos, que se alejara del objetivo por el que fue creada”, dice un investigador de una oenegé internacional que pidió la reserva de su nombre. Y no es para menos, los procesos que han fallado en los cuatro años de haberse implementado la ley, son pocos teniendo en cuenta el número de solicitudes que llegan todos los meses a los tribunales. En solo la región Caribe, por ejemplo, hay concentradas más de 10 mil solicitudes de restitución. Además, la mayoría de las demandas que involucran a grandes empresas y a reconocidos políticos de la Costa Atlántica, no está llegando a los tribunales.   

“En el Tribunal de Tierras de Cartagena (donde se recibe la mayoría de las solicitudes de esa región del país) hay 383 demandas colectivas e individuales; de esas, apenas 39 se relacionan con importantes compañías del sector industrial y minero. El resto son casos pequeños, de campesinos que ocuparon un predio tras haberlo encontrado abandonado”, dijo una fuente cercana al Tribunal que solicitó no revelar su identidad. ¿Será que la restitución pretende legalizar a empresarios que han ocupado predios que fueron despojados por la violencia? Esa es la pregunta que se hace un líder de víctimas de El Toco, Miguel Ricardo Serna, quien junto al resto de reclamantes de esa parcelación, está a la espera de que se conozcan nuevos fallos.

Varios campesinos que huyeron de los Montes de María cuando el conflicto estaba en su peor momento, hace más de una década, aseguran que las demandas no avanzan en la Unidad de Restitución de Tierras (URT), porque varias empresas -dedicadas al cultivo de palma aceitera y a un proyecto de reforestación con madera teca-, actúan como opositores. En esta región del departamento de Bolívar hay más de 2 mil solicitudes y, según Álvaro Tapia, director de la URT Bolívar, 160 familias han sido restituidas.

En el departamento de Cesar tampoco están llegando los procesos que involucran a grandes empresas. Solo hay una excepción: recientemente se presentó una demanda en la que una multinacional carbonera aparece como opositora de El Platanal, una parcelación del corregimiento de Casacará en el municipio de Codazzi, donde decenas de familias tuvieron que dejarlo todo para proteger sus vidas.  Al respecto, el director de la Unidad Nacional de Restitución, Ricardo Sabogal, dijo ante medios locales que “la restitución no es un enfrentamiento con el sector privado” y agregó que se está buscando un convenio con los empresarios “para que tanto la sociedad civil como los dueños de las compañías, se vean beneficiados”.                                                        

A esto se suma el represamiento de solicitudes en el Tribunal de Cartagena. La razón: las magistradas no solo deben estudiar detalladamente cada caso que llega a sus despachos sino que se ven obligadas a conseguir pruebas adicionales para tomar la decisión correspondiente. Para nadie es un secreto que los análisis de contexto que realiza la Unidad de Restitución de Tierras no son suficiente prueba para dictar una sentencia. No han sido pocas las quejas que al respecto se han ventilado en escenarios públicos como congresos o conferencias en universidades; sin embargo, el director de la URT del Cesar, Luis Alfonso Ruíz Alegría, afirma que ellos (en la Unidad) no hacen investigaciones de tipo judicial, “solo un estudio para corroborar que los reclamantes sí sean víctimas”. “Y hay ocasiones en que dos meses no alcanzan para investigar un proceso, sobre todo cuando hay familias que ni siquiera recuerdan dónde quedaba su predio. Reunir eso y otros datos no es tan fácil como parece”, sostiene Tapia.  

Además, muchos procesos también se dilatan porque las magistradas se dedican a resolver casos individuales en los que, en ocasiones, los opositores son compradores de buena fe exentos de culpa. Esos son los que más llegan y los que más desgaste producen en los funcionarios del Tribunal. Mientras tanto, las solicitudes que involucran a empresas y a varones políticos de la región, no prosperan o, como es usual, no llegan. “La mayoría de las demandas se presentan individuales porque no todas las víctimas se desplazaron a un mismo lugar, y obviamente no declaran juntas”, dice el director de la URT del Magdalena Medio, Fabio Camargo, quien agrega: “El problema de ese Tribunal de Cartagena es que hay cientos de procesos que no se han resuelto; porque ahí se concentra el mayor número de solicitudes de la Costa Atlántica. Hay demandas que llevan más de dos años y no ha pasado nada”.  

La restitución de tierras funciona a media máquina en el Caribe colombiano y a algunas organizaciones no gubernamentales que operan en la zona les preocupa que el próximo año, apenas se firme el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, los reclamantes pasen a un segundo plano, pierdan el poco protagonismo que han adquirido gracias a la Ley de Víctimas y cada vez se conozcan menos fallos de restitución. Las víctimas, sin embargo, siguen insistiendo y a pesar de reconocer que aún queda un largo camino por recorrer, se manifiestan y se organizan para hacer valer sus derechos.

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