Durante 2024, el Cinep documentó un aumento de casos de victimización contra líderes políticos y sociales, que incluyeron amenazas, torturas y asesinatos, según revela su más reciente informe publicado en la Revista Noche y Niebla.

“La violencia contra quienes defienden los derechos de sus comunidades, desafortunadamente, no da señales de detenerse”, aseguró una investigadora de la organización.

Los tipos de victimizaciones que más aumentaron en 2024, en comparación con 2023, son los que, según la organización, “generan mayor temor y zozobra”. Entre ellos se encuentran las amenazas, la tortura y las violaciones a la libertad personal, como las desapariciones, los raptos, los secuestros y el reclutamiento forzado.

Estos crímenes no se presentan de forma aislada. Los motivos de la violencia varían según las particularidades de cada territorio. En algunas zonas, esta se relaciona con la expansión de economías y rentas ilegales; en otras, la violencia letal se dirige contra voceros de organizaciones sociales que buscan defender y visibilizar sus demandas. Estos hechos ocurren en un contexto de crecientes tensiones sociales y políticas, lo que ha profundizado la crisis en varios territorios, según indica el documento.

Entre sus principales hallazgos, el centro de investigación advierte que en 2024, se registraron 813 casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo infracciones al Derecho Internacional Humanitario, hechos de violencia sociopolítica y acciones de carácter bélico. De ese total, 452 personas fueron asesinadas por causas asociadas directamente a la violencia política y social.

Violencia político-social

En este escenario, la violencia contra líderes  resulta especialmente alarmante, ya que, según el Cinep, esta sigue siendo una labor de alto riesgo en el país. Este panorama no sólo evidencia la desprotección de las víctimas, sino que también refleja el grave deterioro de la seguridad en varias regiones.

En un entorno donde prevalece la impunidad, los actores armados —a menudo vinculados a bandas delincuenciales locales— tienen menos reparos para cometer homicidios contra líderes sociales, dice el informe.

Según el centro de pensamiento, los departamentos más afectados por este tipo de violencia fueron Cauca, con 43 asesinatos; Antioquia, con 23; y Putumayo, con 21. Aunque estos tres departamentos comparten características similares —como la fuerte presencia de actores armados ilegales, economías ilícitas y disputas territoriales—, cada uno presenta dinámicas y trayectorias propias.

El Banco de Datos del Cinep identificó a los grupos sucesores del paramilitarismo como los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos registradas en 2024, seguidos por miembros de la Policía, empresas extractivas y el Ejército.

Respecto a las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, el centro de investigación señaló al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Ejército Popular de Liberación (EPL) como los principales  presuntos responsables.

Las amenazas sobresalen como el principal mecanismo dentro de los repertorios de violencia usados en el conflicto, mientras que los homicidios constituyen la segunda práctica más común.

Violencia extrema y disputas territoriales

Otro fenómeno que identificaron  los investigadores es la intensificación de la crueldad extrema contra los cuerpos, evidenciada en prácticas como los desmembramientos y la exhibición pública de las víctimas. Este tipo de violencia ha sido especialmente registrado en departamentos como La Guajira y Magdalena, aunque también se han documentado casos en Risaralda.

“Este tipo de hechos también representan una amenaza colectiva para las comunidades, ya que hasta hace poco estas prácticas eran asociadas con otras zonas del país, como Buenaventura, donde operaban las llamadas ‘casas de pique’. Ahora, sin embargo, parecen estar replicándose en otras regiones como las mencionadas. Sólo en el Magdalena se registraron 29 víctimas”, resaltaron desde el Cinep.

Este fenómeno, añadieron, obedece a la dinámica de fortalecimiento y expansión territorial de los grupos paramilitares, así como a las disputas entre ellos por el control de distintas zonas del país. En la Sierra Nevada, por ejemplo, se registra un enfrentamiento entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que a veces se hace llamar “Ejército Gaitanista” y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El centro de investigación cerró su informe con un urgente llamado a las autoridades para detener a esta barbarie, donde la población civil sigue siendo la víctima silenciosa de una guerra que parece no tener fin.

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Escrito por: Jairo Padilla González – @jairopadillag

“La falta de respeto del DIH se agudiza cuando aumentan las confrontaciones y hay mayor control por parte de los actores armados, como ocurrió en 2024 en Colombia” advirtió este jueves Patrick Hamilton, jefe de la delegación del CICR en Colombia al presentar el informe Retos Humanitarios 2025.

Como señaló esta organización humanitaria, desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, el 24 de noviembre de 2016, el país ha experimentado un progresivo deterioro de la seguridad, alcanzando un punto crítico en 2024.

Esto responde a una serie de factores, entre los que se destacan las dinámicas asociadas con la fragmentación y reconfiguración de grupos armados ilegales, las cuales están relacionadas con el aumento de las afectaciones que sufrieron las comunidades el año pasado.

Entre sus principales hallazgos, el nuevo informe del CICR destaca la documentación de 382 casos de presuntas violaciones al DIH. Alrededor del 44 por ciento, están relacionadas con vulneraciones a la población civil no combatiente. Un 33 por ciento adicional se refiere al incumplimiento por parte de los grupos armados ilegales de las medidas necesarias para proteger a la población y sus bienes en medio del conflicto. Y el 23 por ciento restante está relacionado con situaciones que han vulnerado los derechos básicos de las comunidades.

Alarmante aumento de explosivos

La situación en cuanto a la afectación por artefactos explosivos es más que preocupante. El CICR registró que 719 personas fallecieron o resultaron heridas debido a explosiones causadas por minas antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos lanzados y detonaciones controladas. Esta cifra representa un incremento del 89 por ciento, en comparación con el año anterior.

La región Pacífico es la más afectada por el uso de este material de guerra. Según el informe del CICR, concentró el 65 por ciento de los fallecidos y heridos, distribuidos en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. En su mayoría, las víctimas fueron civiles.

Atrapados y expulsados

El confinamiento también es otra situación alarmante para el CICR. En comparación con el año anterior, en 2024 se registró un aumento del 102 por ciento en los casos de confinamiento y la población afectada creció un 89 por ciento. Lo anterior significa que 88.874 personas estuvieron confinadas en 12 departamentos, siendo Chocó el más afectado, con un total de 36.288 casos registrados.

En relación con el desplazamiento masivo, se registraron 41.228 casos de personas afectadas por esta forma de violencia. No obstante, en comparación con el año anterior, la organización señala que hubo una disminución en los casos reportados.

El incremento en las disputas entre actores armados por el control territorial conllevó a un aumento en la estigmatización de la población civil que fue señalada, en múltiples ocasiones, de favorecer a la contraparte en el conflicto, debido a su permanencia en el territorio y a su intento por sobrevivir en medio del fuego cruzado.

Fragmentación y reconfiguración

Este recrudecimiento de la confrontación se enmarca en un contexto caracterizado tanto por la incertidumbre en el comportamiento de los actores armados ilegales, como por las dinámicas cambiantes y la inestabilidad en los procesos de fragmentación de estos grupos.

Como señaló José Antonio Delgado, jefe de operaciones de la delegación del CICR en Colombia, “algunos grupos han partido aguas con sectores que eran de su grupo anteriormente, y eso está generando tensiones entre los miembros de estos grupos que se han separado, lo que, a su vez, está creando una nueva dinámica que podría estar relacionada con alianzas temporales o coordinaciones puntuales”.

La organización humanitaria, con más de 50 años de presencia en el país, concluyó haciendo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten y acaten el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como principio rector de cualquier confrontación armada entre actores estatales y no estatales. “El respeto al DIH no es una opción ni un gesto de buena voluntad, es una obligación que debe cumplirse sin excepciones”, enfatizó Patrick Hamilton.

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Miles de desplazados en el Catatumbo, policías y militares secuestrados durante 40 horas en el departamento de Cauca, paros armados en Chocó, 41 víctimas de masacres en todo el país. Todo esto ha ocurrido desde comienzos del 2025 y todo, de alguna forma u otra, está relacionado con el narcotráfico.

Y a pesar de los miles de millones de dólares invertidos en erradicación e interdicción, y los miles de muertos en disputas por territorio y control de rutas, el monitoreo de las Naciones Unidas muestra que el cultivo de coca en Colombia se cuadriplicó en la última década, mientras que la producción mundial de cocaína se duplicó.

Por eso, y ante nuevas presiones desde Estados Unidos para insistir en un enfoque prohibicionista en la “guerra contra las drogas”, el gobierno de Gustavo Petro busca darle un nuevo aire a su estrategia contra el narcotráfico tanto a nivel interno como en el plano nacional.

El gobierno estadounidense, en cabeza del presidente Donald Trump, está utilizando sanciones arancelarias, o la amenaza de ellas, para exigir mayores esfuerzos de Canadá y México para detener el flujo de drogas —principalmente fentanilo— hacia el mercado de Estados Unidos. Algunos sectores políticos colombianos temen que, ante el incremento de cultivos de coca y de producción de cocaína en el país, el país del norte podría imponer sanciones similares a Colombia o exigir que se retome la política de fumigación.

Incluso podría “descertificar” a Colombia en su proceso anual de evaluar los esfuerzos antinarcóticos de países de producción o de tránsito de drogas ilegales alrededor del mundo, lo que significaría una suspensión de fondos de cooperación, que ya se han visto afectados por el cierre de programas financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). (Leer más: Cooperación en vilo mientras Colombia atraviesa crisis humanitaria)

El gobierno colombiano defiende su enfoque de centrarse en las mafias que transforman el producto natural de la coca en cocaína, en lugar de en los productores campesinos.

La estrategia antinarcóticos, presentada en 2023, tiene dos pilares fundamentales que el gobierno ha denominado “oxígeno” y “asfixia”. Bajo el pilar de “oxígeno”, el énfasis está en aliviar la presión sobre los objetivos tradicionales de la ley, como los pequeños cultivadores de coca y los consumidores de drogas. Esto implica fomentar la sustitución voluntaria de cultivos de coca por alternativas legales y promover un enfoque de salud pública en el consumo de sustancias narcóticas.

Por otro lado, la estrategia de “asfixia” adopta una postura más agresiva, confrontando directamente las redes de narcotráfico a gran escala de Colombia en los eslabones más altos de la cadena. Este enfoque implica interceptar envíos, desmantelar laboratorios, incautar precursores químicos e investigar las actividades asociadas al lavado de dinero.

En un consejo de ministros el 10 de marzo, Petro señaló que su gobierno se seguirá oponiendo a la estrategia de fumigación. “Nos van a decir que fumiguemos, y no nos certifican, y fumigar es matar a los campesinos”, indicó. “Es una política de dominación”. “Queremos ayudar a resolver problemas (…) y la respuesta es ‘síganse matando’”.

Violencia del narcotráfico se expande

En un nuevo estudio, el centro de estudios International Crisis Group dice que es la competencia entre grupos criminales para controlar las ganancias del narcotráfico lo que provoca mayor violencia no sólo en Colombia, sino en toda América Latina.

Las dinámicas de violencias relacionadas con el narcotráfico se han regado por casi toda América Latina “a pesar de décadas de campañas de seguridad basadas en acciones policiales y militares”, dice el informe Mitigar la violencia en los centros de narcotráfico en América Latina.

Mientras la represión militar y las capturas de alto nivel generan victorias a corto plazo, “una y otra vez alimentan nuevas olas de violencia y provocan reconfiguraciones en las estructuras criminales”, indica el informe.

“La región sufre una cruel ironía, en la que más acciones de fuerza, más incautaciones y una prohibición más estricta, tienden a elevar el precio de las drogas y, por lo tanto, las ganancias de los traficantes”, dice el centro de estudios.

“Aunque el contexto político preponderante, particularmente en Washington, presionará a la región a continuar con la ‘guerra contra las drogas’, América Latina debe aprender de sus éxitos y fracasos”, dice Elizabeth Dickinson, Analista Senior, Los Andes, Crisis Group. “La experiencia sugiere que una combinación de enfoques, incluidas intervenciones policiales más inteligentes y una política social robusta, es la estrategia más adecuada”.

Internamente, la estrategia del gobierno de Petro le apuesta a la erradicación voluntaria, a pesar del fracaso del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), creada como uno de los pilares del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc en 2016. (Leer más:  PNIS: ¿Qué salió mal y cómo se podría enmendar el camino hacia una verdadera sustitución?)

Es la oferta que se ha hecho a los campesinos cocaleros del Catatumbo, luego del estallido violento en esa región de Norte de Santander en enero de 2025 por la disputa entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de la Farc por el control de las 53.000 hectáreas de coca en la región, y las rutas de cocaína hacia Venezuela. (Leer más: Crisis en el Catatumbo: el pueblo en el medio de una guerra anunciada)

Algo similar tiene en mente para el Cañón del Micay, en Argelia, Cauca, en donde 29 miembros de la fuerza pública fueron secuestrados por más de cuarenta horas, que el mandatario colombiano llamó “una zona de producción cocainera de las más grandes del mundo”.

A nivel internacional, la canciller, Laura Sarabia, planteó ante la reunión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND, por sus siglas en inglés) en Viena, que se elimine a la hoja de coca del listado de estupefacientes prohibidos.

“La evidencia es contundente: el narcotráfico ha frenado el desarrollo de nuestro país, ha victimizado a millones de campesinos, ha financiado grupos terroristas y ha devastado ecosistemas esenciales como la Amazonía (…) La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí misma no es perjudicial para la salud. Solo podremos arrebatársela a los narcotraficantes si aprovechamos su potencial en usos industriales, como fertilizantes y bebidas”, dijo Sarabia.

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Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA

Además del revuelo que han alcanzado los procesos de Salvatore Mancuso en la justicia transicional —donde le han dictado tres sentencias y se sigue a la espera de decisiones sobre  65.067 hechos, por los que se esperan emitir 45 sentencias parciales transicionales—, aún le queda un pendiente en la justicia ordinaria.

Se trata de una investigación por lavado de activos agravado y concierto para delinquir agravado, en hechos que presuntamente ocurrieron después de su desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y dejación de armas que Mancuso inició el 10 de diciembre de 2004 en el Catatumbo.

El proceso hoy está en manos de Efraín Vargas Márquez, juez Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena. La investigación regresó a su despacho después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) quedara sin competencia para juzgar a Mancuso, tras la solicitud de sometimiento que el exjefe paramilitar había realizado a este tribunal, y lo cual había causado la suspensión de los procesos que se cursaba contra él en la justicia ordinaria.

Recientemente, la investigación por lavado de activos se reactivó. El 25 de febrero se instaló una audiencia preparatoria, antesala al juicio sobre el caso, pero pocos de los 15 imputados asistieron. Por eso, el juez tuvo que ordenar una nueva fecha, mientras el tiempo para dictar una sentencia en firme, se agota.

A pesar de que la pena de lavado de activos agravada puede comprender entre 13 a 60 años y la prescripción de la acción penal se alcanza habiéndose cumplido la mitad del tiempo de la pena máxima mientras se llega a condena, el artículo 86 de la Ley 599 de 2000 señala que si se interrumpe el proceso —como ocurrió mientras estuvo en manos de la JEP—, el tiempo para que se extinga la acción penal es de máximo 10 años.

En el proceso judicial hay, al menos, tres escritos de acusación. Uno de ellos corresponde específicamente al que pesa contra Mancuso. VerdadAbierta.com tuvo acceso al documento en el cual se precisa que la imputación contra el exjefe paramilitar se realizó el 16 de junio de 2015. Así, en poco más de cuatro meses, podría prescribir el proceso.

En la reciente audiencia preparatoria, uno de los ausentes fue el exjefe paramilitar. Marcela Valbuena Useche, quien representó a Mancuso dentro de este proceso, envió un correo al despacho un día antes de la cita en el que aclaró que ya no hacía parte de la bancada de defensa del desmovilizado paramilitar y no dio datos sobre su actual representación legal.

Previendo dificultades o renuencia de los imputados frente al cumplimiento del proceso, el Ministerio Público intervino al final de la audiencia para poner en consideración del juez la posibilidad de realizar la ruptura de la unidad procesal que permita que los procesados puedan responder por separado a la justicia.

Lo anterior, “en vista de que estamos ad portas de la actualización del fenómeno de la prescripción”, señaló en audiencia la vocera de la Procuraduría, Diana Niño. “Sobra precisar que se trata de una actuación de altísima importancia para el sistema de Justicia y Paz y por supuesto para la administración de Justicia en general”, resaltó.

De ser hallado culpable, podría iniciarse el proceso que resulte en la expulsión de Mancuso como postulado de Justicia y Paz, y esto repercutiría en los beneficios de libertad a prueba que le han sido concedidos. En caso de una exclusión el proceso puede enredarse, pero la reparación a estas víctimas debe continuar con o sin el postulado.

Reconociendo la carencia de información que posee ese despacho a raíz del camino que siguió el proceso por la búsqueda de beneficios de la JEP de varios de los acusados dentro del juicio, el juez Efraín Vargas reprogramó la audiencia, ordenó citar a todos los que se encuentren en los escritos de acusación del proceso para que pueden exponer su situación.

‘La Gata’ y el caso de blanqueamiento de capital

Cerca de 10 años atrás, Mancuso fue llamado en un caso de lavado de activos que se relaciona con 14 personas más, entre ellas, la difunta empresaria del chance Enilce del Rosario López, alias ‘La Gata’. La investigación inició en 2011, cuando la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) suministró una información a la Fiscalía que le había llegado por una fuente humana: empresas de ‘La Gata’ habrían recibido dinero del paramilitarismo entre 2000 y 2010.

Para 2014 la Fiscalía formalizó la acusación contra López y su círculo, donde llegó a concluir que a través de seis compañías de chance de su propiedad se habrían blanqueado capital a favor del grupo paramilitar. Los nexos de la empresaria y ganadera sucreña con el grupo ilegal habían sido establecidos por la justicia desde 2011, en particular con el Bloque Héroes de los Montes de María. (Leer más en ‘La Gata’, condenada a 40 años de cárcel)

Dentro del proceso de lavado de activos se relaciona a las empresas Uniapuestas S.A., Aposmar S.A., Aposucre, Unicat S.A., Seguridad 911 y Uniproducciones sobre las que la Fiscalía detectó irregularidades contables como registros paralelos, entrega de premios a ganadores fantasmas, supuestos préstamos a socios o empleados, u ocultamiento de las contabilidades. Al parecer, estas acciones buscaron cubrir el ingreso de dineros ilícitos del Bloque Norte de las AUC, comandado por Mancuso. Así, el exjefe paramilitar fue acusado formalmente dentro del proceso hasta el 9 de octubre de 2015.

El ente investigador, al estudiar los patrimonios de los judicializados, estableció que se creó un emporio empresarial dedicado a actividades de juegos de azar para que la familia Alfonso López y sus empleados permitieran el ingreso de grandes sumas de dinero producto de actividades delictivas.

La acusación incluye también los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito y vincula a cuatro familiares de ‘La Gata’: su esposo, Héctor Julio Alfonso Pastrana; sus hijos Jorge Luis y José Julio Alfonso López; y su hermano, Arquímedes Segundo García Romero. (Leer más en Por qué los familiares de ‘La Gata’ están acusados de lavar plata a los paramilitares)

También incluye a directivos, contadores, tesoreros y otros empleados de sus empresas, entre ellos, Carmelo Erazo Tous, Lisandro López Pastrana, Omar Alberto Patiño Rondón, Raúl Antonio Montes Flores, Omar de La Cruz Perdomo Fonseca, Marisol Moreno Cárdenas, Aleida Salazar Sepúlveda, Felix Manuel Díaz Bobadilla y Armando Arturo Carbono D’acunti.

Así mismo, resultó imputada la exesposa de Mancuso, Martha Elena Dereix Martínez. En los registros que años atrás incautó la Fiscalía resalta que Uniapuestas tuvo como accionista a la exesposa de Mancuso entre los años 2003 y 2009. En su momento la fiscal del caso aseguró que hasta el 2005 Dereix Martínez tuvo las acciones a su nombre y después quedaron a nombre de terceros; además, su valor tuvo un extraño incremento: el paquete de acciones pasó de costar 38 millones de pesos a casi de 1.300 millones entre el 2005 y 2009.

Los hermanos Deibys y Leonardo Rojas Zabala, quienes se desempeñaban como escoltas de esa familia, fueron los testigos estrella de la Fiscalía en el caso. Ambos aseguraron estar presentes cuando sus patrones llenaban tulas en la sede de la empresa Unicat en montos que oscilaban entre 500 y 2.500 millones de pesos. Según ellos, el dinero paraba en las arcas de Mancuso. Así, con esas declaraciones, iniciaron las capturas.

A finales de 2021, la defensa de Mancuso, en cabeza de Jaime Paeres, presentó a un testigo para poner en duda la veracidad del testimonio de los hermanos Roja Zabala. Se trata de Daniel Guerrero Bayona, otro de los escoltas de la familia que supuestamente llevaba los dineros enviados por ‘La Gata’ a Mancuso. Sin embargo, según la declaración del 13 de mayo de 2014 que rindieron los hermanos escoltas, Guerrero Bayona había sido asesinado por orden del exjefe paramilitar en el año 2009. La presencia del supuesto asesinado en una diligencia ante la Fiscalía mostró lo contrario.

Aún quedan varios asuntos por deliberar dentro del proceso, entre ellos, empezar por algunos elementales que siguen en mora: el juzgado debe precluir la pena para el caso específico de Enilce López, por su fallecimiento en un hospital de Barranquilla el 13 de enero de 2024.

Se reactiva el proceso

Salvatore Mancuso fue extraditado el 13 de mayo de 2008 a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico y allá, recluido en una prisión federal, se enteró del proceso en su contra por blanqueo de capitales en Colombia.

Una década después, en octubre de 2018 y aún estando recluido en Estados Unidos, Mancuso tocó las puertas de la JEP para contar ‘nuevas verdades’ y ser aceptado como tercero civil, con los beneficios de ese tribunal. A pesar de una primera respuesta negativa en 2020, la JEP aceptó su sometimiento de manera excepcional en noviembre de 2023 y lo hizo bajo la figura de bisagra, es decir, un miembro de las AUC incorporado material o funcionalmente a la Fuerza Pública.

El 27 de febrero de 2024, Mancuso fue deportado desde Estados Unidos hacia Colombia por haber cumplido la pena por narcotráfico en ese país y 20 días después la JEP resolvió aceptar completamente al exjefe paramilitar, justo cuando se debatía la libertad a prueba del exjefe paramilitar en Justicia y Paz. (Leer más en Por ahora, Mancuso no recuperará su libertad y  “No es una cuestión inmediata”: magistrado Roberto Vidal sobre la libertad de Salvatore Mancuso)

Tal decisión auguraba que la JEP tendría competencia prevalente sobre otros tribunales para juzgar al exjefe paramilitar y Mancuso sería beneficiario de la libertad por contribuir con ese tribunal. Sin embargo, la última palabra la dio la Corte Constitucional en el Auto A-1319-24, mediante el cual resolvió el conflicto de jurisdicciones y determinó que Mancuso debía ser investigado, juzgado y sancionado por los crímenes con los que se le relacionan en el marco del conflicto armado interno por su juez natural: las salas de Justicia y Paz.

La JEP se vio en la obligación de devolver los expedientes de los procesos, entre ellos, los que se debatían en la justicia ordinaria, tal y como quedó plasmado en la Resolución 3953 del 23 de diciembre de 2024 de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Sin embargo, al igual que el exjefe paramilitar, otros de los acusados en el proceso que se cursa por lavado de activos también buscaron cupo en la JEP.

Mientras Lisandro López Pastrana y Jorge Luis Alfonso Lopez fueron rechazados por ese tribunal; Omar de la Cruz Perdomo, José Julio Alfonso, Aleida Salazar Sepúlveda, Armando Arturo Carbono, Martha Elena Dereix, Carmelo Erazo Tous, Félix Manuel Díaz y Raúl Antonio Montes, aún esperan respuesta de la JEP.

Sin embargo, es una información que aún se espera esclarecer para retomar el proceso, pues dado que la situación jurídica de algunos de los procesados sigue a la expectativa de la JEP y este no les ha comunicado el avance de las actuaciones, el juicio en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena ha quedado quieto.

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Una vez más la población civil de Chocó amaneció, el 18 de febrero, bajo un paro armado ordenado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante 72 horas. Esta grave situación vulnera los derechos de las comunidades de los municipios que conforman la subregión del San Juan: Cantón de San Pablo, Cértegui, Condoto, Istmina, Medio San Juan, Nóvita, Río Iró y San José del Palmar.

Pese a la espiral de violencia ascendente que viene desatando el ELN a lo largo del país, la guerra en Chocó viene cocinándose a fuego lento desde hace más de cinco años, como lo confirmaron expertos consultados por VerdadAbierta.com.

De hecho, este es el octavo paro armado en menos de dos años que hace el ELN en el departamento. Y, antes de que iniciara, el secretario del Interior de Chocó, Francisco Vidal, informó que 3.500 personas se habían desplazado.

Detrás de esta ofensiva militar por parte el ELN hay un interés por conservar su dominio  territorial en zonas estratégicas para el control de economías ilícitas ante la arremetida de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo, quienes desde la dejación de armas de la extinta guerrilla de las Farc, vienen disputando zonas de control territorial al ELN desde el norte hacia el sur del departamento.

Contrario a lo que se vivió con la arremetida del ELN en el Catatumbo el pasado mes de enero, esta es una maniobra defensiva de esta guerrilla que no cuenta con la capacidad militar suficiente para contrarrestar el ataque de su adversario en este escenario de guerra.

Andrés Aponte, consultor del Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Giatoc), señala que “ese es uno de los repertorios (de violencia) que particularmente ejerce esta organización en este departamento cuando está en disputas con las AGC. Si uno lo ve en otros lugares cuando lo ha hecho, por ejemplo, en Arauca, es para demostrar fortaleza, pero en este caso puntual sí tiene una lógica militar mucho más defensiva”.

Esto concuerda con los planteamientos de otros expertos consultados, quienes aseguran que esta es una respuesta del ELN que busca frenar el avance de las AGC sobre su territorio. Con el agravante de que “tratan de frenar la expansión de las AGC utilizando las comunidades como una especie de escudo”, como enfatizó Luis Trejos, profesor de la Universidad del Norte en  Barranquilla.

“El ELN está tratando de defender el último territorio que le queda en el Chocó”, dice Trejos.

Mientras tanto, las llamadas para que el gobierno nacional afronte esta situación no se han hecho esperar. La más reciente ocurrió ayer, cuando la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, en un encuentro de mandatarios regionales con el Presidente de la República, hizo un sentido llamado de atención.

“He alzado la voz en los últimos días, en nombre del departamento del Chocó y en nombre de las comunidades, porque se trata de una verdadera crisis humanitaria y de Derecho Internacional Humanitario; porque yo jamás había visto las vías de mi territorio selladas con banderas y con pipetas, con cilindros bomba. He insistido que es injusto que estos grupos se disputen el territorio a expensas de la ciudadanía, a expensas del dolor y del sufrimiento del territorio”, indicó la gobernadora.

La mandataria aprovechó el espacio para hacer una propuesta: “La crisis humanitaria que vive el departamento de Chocó y por la cual yo debo hablar, ya que las comunidades no pueden, se resuelve con una planificación conjunta de trabajo del Estado en los tres niveles (local, regional y nacional). Hagamos una estrategia estructurada, planificada, excepcional, extraordinaria, para plantear inversión y presencia estatal en los lugares que hoy están viviendo el flagelo de la violencia”.

¿Qué se disputan los actores armados?

En este sentido, pese a las lógicas nacionales que adquiere el conflicto con sus diferentes matices y escaladas de violencia, las dinámicas locales que este adquiere en las diferentes regiones presentan una gran variación en concordancia con múltiples factores que están en juego.

En el caso particular de Chocó, es fundamental tanto el control de las económicas ilegales (minería ilegal de oro y platino, narcotráfico y extorsión) como el control sobre los accesos y corredores estratégicos (por vía fluvial y terrestre) para el suministro de activos ilegales de toda naturaleza, desde estupefacientes ilegales, hasta armamento y material de guerra, pasando incluso por el tráfico de migrantes. Esto último se presenta más hacia la parte noroccidental del departamento, sobre las subregiones del Bajo Atrato y el Darién.

El gobierno de Gustavo Petro inició negociaciones con las AGC en agosto del año pasado y reconoció a los voceros de la mesa, mientras que los diálogos con el ELN se suspendieron luego de los ataques en Catatumbo, que han dejado más de 53.000 civiles desplazados.

Aponte señala que el paro armado impacta la negociación, “pero lo que uno mira es que estas batallas obedecen más a dinámicas territoriales que a un reposicionamiento en la mesa. Si uno mira la situación del Catatumbo, obedece más a discrepancias en torno a los acuerdos que ellos habían establecido con las disidencias”.

“Si bien la guerra tiene una dinámica de negociación nacional porque siempre las negociaciones son entre la élite del grupo armado y la élite que designe el gobierno nacional para negociar, las dinámicas de guerra territoriales muchas veces son independientes de la dinámica nacional”, dice Trejos.

Como mecanismo para buscar detener esta expansión del Clan del Golfo sobre sus territorios estratégicos, algunos analistas como Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), prevén que “es que es muy posible que el ELN vaya a entrar en cierta campaña de fortalecimiento, de parárseles un poquito más duro ahí y en el sur de Bolívar. El propósito es controlar la frontera e intentar que no vaya a llegar el Clan del Golfo a la zona donde ellos están”.

En buena medida, esto también quiere enviar un mensaje de fortaleza a sus adversarios, al igual que al gobierno nacional y a las administraciones locales, señalando que tiene la capacidad militar suficiente para ‘disciplinar’ a la población que se encuentra en medio de estos dos actores armados ilegales.

Sin embargo, estas demostraciones de fuerza no son bien recibidas por la población ya que, como los señala Aponte, “la mayoría de población del Chocó ha visto con recelo sus intentos de regulación, no están acostumbrados, no les gusta y quienes han sido realmente exitosos son las AGC”.

Este es un reflejo de lo que se vive en buena parte del departamento. Las comunidades experimentan una ruptura de su tejido social y de sus vínculos comunales en medio del fuego cruzado entre actores legales e ilegales, mientras la estrategia de seguridad languidece sin los recursos suficientes en los municipios más pobres donde la institucionalidad parece no llegar del todo.

La escala del paro armado

Si bien el paro armado ha tenido impacto en todo el departamento, los municipios más afectados son los que se encuentran en el sur. Es ahí donde el ELN ejerce un férreo control territorial, mientras que cerca a la capital del departamento y hacia el norte, el control territorial ejercido por las AGC ha impedido que el paro tenga un mayor efecto.

No obstante, en estos territorios operan toda suerte de fronteras invisibles, en donde, señala una lideresa social, existen dificultades para que los hombres jóvenes y de mediana edad puedan transitar libremente por ciertos sectores de Quibdó. En medio de la confrontación y los altos índices de desconfianza de los grupos armados y las bandas delincuenciales, los jóvenes en particular se arriesgan a ser declarados objetivos militares si entran a ciertos barrios sin el reconocimiento o recomendación de algún  poblador.

Pese a esto, la afectación a la población en medio de este confinamiento es incalculable, tal como lo confirma un líder social de la subregión del San Juan.

“Hay una vulneración de derechos humanos en términos de la misma alimentación, la falta de atención en salud, falta de medicamento, falta de acceso para estos servicios primarios. No hay cómo llegar a las comunidades más inmediatas cuando es un río grande y todo se navega es con motores y cuando no hay combustible, no hay cómo sacar enfermos. La educación misma se interrumpe constantemente por estos hechos, lo que se traduce es que nosotros, las poblaciones ribereñas de estos ríos tanto indígenas como afros, pues vivimos frente a esa vulneración de derechos desde todo punto de vista”, dice.

Esto está estrechamente relacionado con lo expuesto por el profesor Trejos, quien advierte de los problemas que tienen las comunidades al no contar con corredores humanitarios para evacuar a algún poblador que esté herido o que tenga problemas de salud.

Fuerza pública, Clan del Golfo y ELN

Uno de los ‘argumentos’ del ELN para iniciar este paro armado es la supuesta existencia de “una connivencia entre la fuerza pública y el Clan del Golfo”. Sin embargo, especialistas, académicos y líderes sociales en el territorio, concuerdan en afirmar que no hay evidencias sólidas para tal aseveración.

Bonilla sostiene que aunque en el pasado las relaciones entre miembros de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y miembros de la fuerza pública fue un hecho probado y suficientemente documentado tanto por la justicia como por la academia, en el presente lo que se puede observar es que las fuerzas del Estado han priorizado el ataque a un actor armado en específico, mientras sincroniza estratégicamente los diferentes recursos de los que dispone para combatir a todos los actores armados ilegales en el territorio.

Esto no se traduce en que haya algún tipo de alineamiento entre la fuerza pública y el Clan del Golfo. En efecto, como lo señala Aponte, esta ha sido una narrativa que ha intentado construir el ELN sin mucho éxito para justificar acciones armadas como la que está teniendo lugar en el departamento.

Un aspecto a tener en cuenta son los señalamientos realizados por Defensora del Pueblo, Iris Marín, quien alertó que las disidencias de las Farc, comandadas por alias ‘Iván Mordisco’, en una suerte de alianza contraintuitiva, estaría acordando combatir al ELN en conjunto con el Clan del Golfo, para sacarlo de territorio.

“La lectura de la situación que hacemos es que hay una expansión también de estos grupos de las disidencias hacia el San Juan y eso nos dice que es posible que más adelante también vengan por su antiguo territorio, porque las Farc eran quienes dominaban esos territorios”, dice el líder social del Chocó que pidió anonimato.

Elecciones y violencia

Falta poco más de un año para que se celebren los próximos comicios. Sin embargo, en el actual periodo preelectoral, los actores armados buscan llegar en las mejores condiciones tanto a una mesa de negociación como a la confrontación armada dependiendo de quién quede como presidente y de los políticos regionales con que se puedan relacionar exitosamente para sacar adelante su agenda y sus diferentes intereses, como señala Bonilla.

No obstante, aunque es un poco temprano para que estas dinámicas se desarrollen en su totalidad, ciertamente es algo que los actores tienen en cuenta a la hora de operar, así como de buscar el control de territorios más amplios. Por lo tanto, es de esperar un recrudecimiento paulatino de la violencia a medida que llegan las elecciones nacionales del próximo año, tal como ha venido sucediendo históricamente desde mediados del siglo pasado en el país.

En resumidas cuentas, la confrontación que está viviendo el sur del departamento responde a las lógicas de los reacomodos criminales en donde la población es quien paga la consecuencias de la guerra que se libra en distintas regiones del país: desde el Catatumbo, pasando por Putumayo, hasta llegar a Chocó. Lo único que pide la población de San Juan es que sus voces sean escuchadas en medio del silencio y que su clamor de paz y tranquilidad se pueda algún día hacer realidad.

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Durante décadas, el conflicto armado sirvió, paradójicamente, para proteger a los bosques de la Amazonía colombiana de la deforestación. Hoy, sin embargo, el Estado Mayor Central (EMC) que tiene el control principal de la región ha demostrado que utiliza ese poder como una ficha en las negociaciones con el gobierno, según el informe Tierra arrasada: cómo frenar el control rebelde del Amazonas colombiano, del International Crisis Group (ICG).

En este momento, el EMC, grupo disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), ha demostrado que tiene el poder para reducir o aumentar la deforestación en la Amazonía. Por eso, en el corto plazo, Crisis Group insta al gobierno colombiano a continuar negociando con los grupos armados y buscar formas para detener la deforestación..

“Aunque han enfrentado obstáculos, las conversaciones de paz siguen siendo prioritarias tanto para mitigar el conflicto como para proteger el medio ambiente”, dice

Elizabeth Dickinson, analista sénior de Crisis Group para Colombia. Pero enfatiza la urgencia de que el Estado recupere su autoridad sobre la Amazonía.

“A través de conversaciones de paz y estrategias de seguridad más robustas, el Estado colombiano debe buscar garantizar el acceso de las autoridades civiles a las regiones afectadas. El gobierno necesita una estrategia de seguridad que se centre en los deforestadores a gran escala y proteja a las poblaciones sometidas a vivir bajo el dominio armado”, indica.

El informe se publica en momentos en que Cali se prepara para servir como anfitrión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre.

Guerra, paz y el medio ambiente.

ICG explica que antes del Acuerdo de Paz, las Farc protegían los bosques del país de la tala indiscriminada para ocultar el movimiento de sus tropas de la vigilancia aérea estatal. Los taladores que infringían las normas podían ser sancionados con multas, desplazamientos forzados o tareas como reparación de puentes.

En 2014, cuando se anunció el alto al fuego unilateral por parte de la guerrilla como parte de los diálogos de paz, la deforestación comenzó a aumentar significativamente.

Con la llegada de Iván Duque a la Presidencia de la República la situación empeoró. Mediante la Operación Artemisa, ofensiva contra los infractores ambientales implementada durante este gobierno, se detuvo a más de 200 personas y se abrieron investigaciones en la Fiscalía General. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la época, gracias a la Operación Artemisa se recuperaron 21.480 hectáreas de bosque en diferentes regiones del país.

Sin embargo, Crisis Group asegura que la deforestación continuó a ritmo acelerado durante la administración Duque y que, además, las comunidades locales fueron críticas con la operación, pues las fuerzas de seguridad perseguían a los campesinos, incluidas mujeres y hombres ancianos, en vez de enfocarse en los grandes financiadores de actividades ambientalmente devastadoras. Al final de este periodo presidencial, el EMC había consolidado su control sobre grandes partes de la Amazonía.

Al posicionarse como presidente en 2022, Gustavo Petro aseguró que la defensa del medio ambiente sería prioridad en su mandato. Desde el comienzo de la administración Petro, la facción guerrillera demostró su poder para detener la tala de bosques, utilizándolo como un gesto de buena voluntad durante las incipientes negociaciones. La deforestación se redujo en un 51 por ciento en las zonas de la Amazonía controladas por el EMC (y aproximadamente en una tercera parte a nivel nacional) entre 2022 y 2023.

El fracaso de estas negociaciones, en parte causado por las divisiones internas del EMC, ha disparado de nuevo las tasas de deforestación, pues se nota un gran aumento en el primer semestre de 2024.

Deforestación y lucro

Gracias a la deforestación, el EMC puede realizar actividades económicas esenciales para su financiación. El grupo armado utiliza su poder para controlar el uso de la tierra y los recursos naturales en las áreas bajo su influencia, imponiendo reglas mediante la coerción. Ellos determinan qué actividades son permitidas o prohibidas, y lo comunican a los civiles a través de panfletos.

El EMC también aplica un régimen de multas y sanciones para quienes incumplen las normas locales, utilizando un sistema de carnets de identificación para controlar a la población y exigir el pago de extorsiones.

Por otro lado, la construcción de carreteras ilegales es clave para la deforestación masiva, pues facilita la expansión de otras actividades como la ganadería, la minería y el tráfico de vida silvestre.

La deforestación también es una fuente importante de ingresos para el EMC porque permiten que se convierta en pradera tierras a cambio de dinero y facilitan la tala de bosques para políticos y élites locales. El grupo disidente también se ha beneficiado de programas como el de los bonos de carbono: según el informe, manipulan a las comunidades indígenas para que se inscriban en estos proyectos y después exigen una parte de los ingresos recibidos.

Mantener fuera al Estado

Aunque dentro de las políticas de Petro la inversión social y la participación comunitaria han sido promovidas como las mejores formas de reducir la deforestación, hay obstáculos que no han permitido que este dinero llegue a las comunidades.

Crisis Group cita tres razones principales: primero, para gobernar plenamente el área y proteger sus actividades lucrativas, como operaciones de narcotráfico, cultivos de coca, ganadería y minería ilegal, el EMC no ha permitido que las autoridades de Parques Nacionales en Guaviare entren a la Amazonía desde 2019. Hay restricciones similares en otros parques nacionales de la Amazonía, incluidos Tinigua y la Serranía de la Macarena, en Meta.

En segundo lugar, el Crisis Group dice que el grupo armado ilegal consiguió el control de algunas organizaciones de la sociedad civil, como las Guardias Campesinas. El EMC obliga a los campesinos a unirse a las Guardias y los amenazan con hacerles daño si no obedecen. La Guardia también aprueba o no las decisiones de algunas de algunas Juntas de Acción Comunal y es un intermediario entre las comunidades y los ministerios, las agencias humanitarias y otras entidades que necesitan ingresar a la zona.

Por último, las fuerzas del Estado, como militares y policías, afirman que no pueden tomar acciones concretas contra la deforestación. Aunque haya evidencia de la construcción ilegal de vías y asentamientos, “estamos bloqueados de ejecutar”, contó a Crisis Group un oficial militar del área ambiental. Sin embargo, en agosto se realizó un operativo en contra de la deforestación en el Parque Nacional Chiribiquete que los campesinos afectados denunciaron.  (Leer mas: Ministra de Medio Ambiente comparó a campesinos con estructuras criminales)

Un futuro posible para la Amazonía

Se ha demostrado que el papel del EMC es clave en la lucha contra el daño ambiental, aunque las razones son de interés propio. Por eso, el informe de Crisis Group insta al gobierno a continuar el diálogo con líderes guerrilleros. A largo plazo, el Estado tiene que recuperar el acceso y control del Amazonas y velar por la seguridad y oportunidades de subsistencia para la población civil, que está bajo la asfixiante presión de los grupos armados, dice el grupo.

“El gobierno colombiano tiene una oportunidad única para ayudar a diseñar un conjunto de políticas que vinculen el medio ambiente, la consolidación de la paz y el intento por consolidar la autoridad estatal en todo el país”, se asegura en el informe. De no hacerlo en este momento, el conflicto se recrudecerá y tanto el Amazonas como las comunidades que la habitan estarán en grave peligro.

* Foto de apertura: Unidos por los Bosques – Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS)

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Los violentos ataques que sacudieron a Cauca el 20 de mayo de 2024, perpetrados por las disidencias de las Farc conocidas como Estado Mayor Central (Emc), se enmarcan en un panorama de violencia creciente en ese departamento golpeado históricamente por el conflicto armado que, incluso, cuando hubo un reciente cese del fuego, no cedió.

En Morales, el grupo atacó durante dos horas la estación de policía del municipio con explosivos y ráfagas de fusil, matando a dos policías y dos civiles e hiriendo a otros tres. Durante el asalto, el Emc robó cerca de 50  millones de pesos en efectivo del Banco Agrario. Al mismo tiempo, en el municipio de Suárez, hubo hostigamientos contra un puesto militar por parte del Emc. Mientras tanto, en Jamundí, en el vecino departamento de Valle del Cauca, se detonó una moto cargada de explosivos al lado de un hotel donde se alojaban miembros de la Fuerza Pública, dejando un saldo de 12 heridos, incluyendo dos policías y tres menores de edad. 

Un día antes, el Emc había realizado otro atentado: un niño de 12 años murió y tres personas quedaron heridas por la detonación de un artefacto explosivo en el sector que comunica los municipios de Miranda y Corinto, en Cauca. 

En lo que va del 2024, VerdadAbierta.com verificó en ese departamento 13 asesinatos de líderes sociales, tres asesinatos de excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, cinco asesinatos de agentes de la Fuerza Pública, 2.000 personas desplazadas y más de 500 confinadas. 

El cese al fuego bilateral, que se había pactado en octubre de 2023 entre el gobierno nacional y el Emc como parte de negociaciones en marco de la política gubernamental de la Paz Total, se suspendió el 18 de marzo de este año, tras el asesinato de Carmelina Yule Paví, una mayora del pueblo Nasa. 

La lideresa indígena, que defendía los derechos de la mujer y hacía parte de la Guardia Indígena, fue asesinada por el Frente Dagoberto Ramos del Emc en el municipio de Toribío. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la columna armada atacó al pueblo indígena cuando este estaba exigiendo la liberación de un menor de edad que había sido secuestrado en la zona por el grupo armado. Al día siguiente, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) denunció otro ataque del mismo frente cuando transportaban el cuerpo de la mayora en una caravana fúnebre. 

El Bloque Suroccidental del Emc, que, además del Dagoberto Ramos, cuenta con otros tres frentes, Carlos Patiño, Jaime Martínez y Frente 30–Rafael Aguilera, hizo constantes violaciones al cese al fuego, que fueron denunciadas por la Acin. 

“¿Para qué firman un cese al fuego, si van a seguir haciendo lo mismo?”, le preguntaron las autoridades indígenas del norte de Cauca al Emc en una carta pública al grupo armado. En el documento no sólo expresaron su preocupación por la violencia de la que han sido víctimas los pobladores del departamento, incluso durante el cese al fuego, sino que también  cuestionaron las razones por las que el grupo armado ilegal ‘hace la guerra’. 

Según la Acin, en el norte de Cauca, sólo en el periodo del último cese al fuego, el Emc reclutó a 18 menores de edad indígenas, perpetró la masacre de cinco personas de la familia Ramos Menza en un resguardo, cometió cinco otros homicidios e hizo dos amenazas colectivas y ocho individuales. 

En el resto de Cauca la situación es igual de grave. Diferentes organizaciones han registrado otros hechos en el departamento a lo largo de este año. La Colección Procesamiento Análisis (Copra), una plataforma que utiliza inteligencia artificial para recolectar información noticiosa de la web, ha registrado varios hechos violentos en el departamento, de los cuales VedadAbierta.com verificó 49. 

La violencia de este año inició el mismo 1 de enero en el municipio de Sucre con el asesinato de Giovanny Chávez Vega, un excombatiente firmante del Acuerdo de Paz, que estaba en la Nueva Área de Reincorporación Mari Álvarez, ubicada en El Bordo, y continúa hasta los ataques armados de del 20 de mayo. En el siguiente mapa referenciamos 49 incidentes ocurridos en lo que va de este año.

Tras el ataque de las disidencias, el presidente Gustavo Petro dijo que “es inaceptable la situación en el Cauca” y ordenó al ministro de defensa que se desplazara con toda la cúpula militar al Cauca para instaurar un consejo de seguridad permanente.  

La ineficacia del cese al fuego

Cuando inició el cese del fuego con el Emc hace siete meses, la población de Cauca alcanzó a sentir esperanzas de que el nivel de la violencia en el departamento cediera. Pero no fue así. 

“Durante el cese al fuego la violencia inclusive estaba más encarnizada debido a las confrontaciones entre grupos armados por el control territorial, por los corredores estratégicos del narcotráfico y por el dominio de los cultivos de uso ilícito”, explica Jhoe Sauca, consejero mayor del Consejo Regional Indígen de Cauca (Cric). 

Durante el último cese al fuego bilateral que duró de octubre de 2023 hasta marzo de ese año, los once pueblos indígenas que componen el Cric, presentes en 34 de los 42 municipios del departamento, expresaron regularmente su preocupación por la territorialización de los grupos armados en las comunidades, señalando que el cese bilateral estaba siendo aprovechado por estos últimos para imponerse aún más en los territorios, reclutar menores y extorsionar personas. 

Edwin Capaz, asesor de derechos humanos del movimiento indígena en Cauca, concuerda con Sauca. “Desafortunadamente, [el cese] no sirvió mucho, al menos en el norte y parte del nororiente del Cauca”, asegura. “Aunque sí se sintió la disminución de estas acciones contra unidades del Ejército Nacional, la confrontación militar se mantuvo entre actores armados ilegales”, finaliza. 

En el sur del departamento el panorama es parecido. Maydany Salcedo, presidenta de la Asociación Municipal Campesina de Trabajadoras y Trabajadores de Piamonte, Cauca (Asimtracampic), dice que, aún cuando regía el cese al fuego, la situación seguía igual que antes. “Se silenciaron un poco los fusiles y disminuyeron las muertes en el territorio, pero no lo que se esperaba”, dice. 

Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), lo que ocurrió fue un resultado fallido de un cese al fuego: “¿Qué faltó? Falló la estrategia militar por parte del ejército en el acompañamiento, fue un despliegue de fuerza insuficiente para proteger a las comunidades y a la misma de negociación”. El mes de la suspensión del cese bilateral, el reporte mensual del monitor de violencia política en Colombia del Cerac registró cuatro asesinatos en hechos “de violencia política” en Cauca.

Con la suspensión del cese bilateral, la violencia se ha intensificado. Sauca explica que ahora los grupos deben enfrentarse a la Fuerza Pública, y los civiles quedan en medio de los combates. En 2023 el Cric registró más de 800 víctimas indígenas de diversas formas de violencia como asesinatos, desplazamientos, señalamientos, atentados, persecuciones. Este año, entre el 1 de enero y el 30 de abril, el monitoreo de Madeja, un observatorio del Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Acin, registró 223 afectaciones a comunidades indígenas en el norte de Cauca.

Para Capaz, la suspensión hace que la situación sea más grave, pues hay más desplazamientos, confinamientos, daños a viviendas y hasta restos explosivos de guerra en los territorios. “Lo curioso de la situación actual es que las mismas comunidades que plantean el camino de la paz pidieron levantar el cese bilateral por la incoherencia de los grupos armados. Tienen un discurso a nivel nacional, pero lo que hacen a nivel territorial es diferente”. Para él, el cese al fuego debería incluir más garantías para la población civil.

Por los enfrentamientos entre la disidencia de  ‘Iván Mordisco’ y el Ejército, “habrá más muertos de lado y lado y probablemente va a implicar mayor violencia sobre la población civil porque el Emc la va a culpar por sus derrotas militares”, explica Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (Core). Añade que probablemente también habrá más confinamientos y desplazamientos, como ya se ha visto en Argelia donde más de 1.600 personas han sido desplazadas en los últimos dos meses. 

Los grupos armados

“El Cauca ha sido un territorio donde no ha parado la violencia desde hace muchísimos años”, asegura Sergio Saffon, director para Colombia de InSight Crime, entidad que estudia el crimen organizado y la violencia en América Latina. Cuando se desmovilizaron las Farc en 2017, “hubo un periodo corto en el que la situación mejoró un poco mientras se reorganizaban los grupos armados”, explica. Después se establecieron en los territorios del departamento varios grupos armados ilegales con capacidades militares. 

Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), en Cauca hay cuatro grupos armados: el Emc, presente en 36 de los 42 municipios; el Ejército de Liberación Nacional (Eln), que está en 25 municipios; la Segunda Marquetalia, presente en 12 y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también conocido como el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia, en un  municipio. Sin embargo, hay expertos, como Saffon, que dudan de la presencia de las Agc en el departamento, pues no hay pruebas más allá de algunos grafitis y panfletos. 

El Eln  pactó con el gobierno un cese al fuego bilateral desde agosto de 2023 hasta agosto de 2024. Sin embargo, el 6 de mayo anunció que continuará con los secuestros con fines económicos, a pesar de haber pactado lo contrario en la mesa de negociación tres meses antes. Por otro lado, ni La Segunda Marquetalia ni las Agc  tienen vigente ningún cese al fuego, ni con el Estado ni con otros grupos armados.

Los ceses le han servido tanto al Emc como al Eln para consolidar su control territorial en el departamento. “Al Emc se le quitó una preocupación de la cabeza porque sabía que no iba a tener operativos militares en su contra. Si se enfrentaban contra el Eln y la Segunda Marquetalia no tenían que preocuparse por que llegara el Ejército a contraatacarles por detrás”, explica Saffón. La lógica fue la misma por los otros grupos armados ilegales. 

En la zona norte, donde la economía más fuerte es el cultivo de la marihuana, están los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos del Emc. El primero domina en particular la frontera con Valle del Cauca, mientras que el segundo está más al oriente. Según Capaz, “son una de las unidades con mayores actos bélicos”. 

En el Cañón del Micay y en los municipios de Argelia y El Tambo hay fuertes conflictos por el control de cultivos de coca y rutas de narcotráfico entre grupos armados ilegales. En particular, el Frente Carlos Patiño se enfrenta con el Eln que a veces hace alianzas con la Segunda Marquetalia en contra del Emc, afirma Saffón. 

El 8 de abril, InSight Crime denunció que en varios departamentos del país, incluido Cauca, las disidencias de las Farc exigen a las personas un documento de identificación emitido por el grupo armado. Los habitantes del Micay están viviendo esta situación.

En los municipios del Pacífico, caracterizados por la presencia de grandes ríos explotados por la minería ilegal, especialmente de oro, opera la disidencia del Frente 30, que ocasionalmente recibe apoyo del Jaime Martínez.

Como expresó en su carta la Acin, es difícil entender las verdaderas intenciones de los grupos armados, y, por eso, hacer una negociación con ellos. Mauricio Capaz asegura que las disidencias de las Farc que están en el territorio “tienen poca estructuración militar y política. Sus actos rayan con lo delincuencial”. 

Saffon y Johnson coinciden en que esa situación se debe a que los grupos quieren crecer con rapidez y reclutan personas muy jóvenes que no son fieles a una ideología política clara. Incluso los comandantes de los frentes son jóvenes y dentro de los mismos grupos también hay mucha violencia, pues no hay confianza entre los integrantes.

Dadas las circunstancias se volvió imposible mantener el cese al fuego más tiempo. Sin embargo, tanto los analistas como los líderes comunitarios aseguran que la mera militarización no es una solución efectiva. “No se trata sólo de eliminar fusiles. Hay que mejorar las condiciones de desigualdad”, dice Salcedo. 

“El Estado tiene que entrar a las regiones y trabajar con la población civil. Con eso se puede hacer mucho”, dice Johnson. “Si el Ejército logra tomarse Cauca, aunque es muy difícil, y después sale del territorio, como siempre, llegará otro grupo a tomarse el territorio y la historia se repite”, concluye.

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La familia de Sara* no sabe en dónde está. Y ella lo prefiere así. 

Prefiere que no sepan que huyó del país luego de que unos hombres de las disidencias de las Farc la interceptaron en su moto, la cuestionaron por el trabajo que realizaba con comunidades afro, y le dieron cinco días para desaparecer de allí.

Primero Sara fue a un municipio vecino, pero ahí también la encontraron. “Se me acercó un tipo en una moto y me dijo: ‘No te queremos ni en la zona rural’”, recuerda.  Y le advirtió que si no se iba, tendrían que “proceder”. 

Sin pensarlo mucho, Sara, de 26 años, compró un pasaje en bus hasta la frontera entre Colombia y Ecuador, y de ahí a la capital del vecino país, Quito, en dónde ya empezó los trámites para solicitar el estatus de refugiada. Mientras tanto, vende bananos en los semáforos. “Aunque no tengo plata en el bolsillo puedo empezar de nuevo,” dice. 

Sara es una de un número creciente de colombianos que, ante la escalada de violencia, que incluye amenazas, homicidios y extorsiones, ha tenido que cruzar la frontera para salvar sus vidas.  

La agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) dice que el incremento significativo de solicitantes de asilo colombianos empezó hace año y medio. En 2023, casi 5.300 colombianos hicieron solicitud formal para ser reconocidos como refugiados: un alza del 23% sobre el año anterior y la cifra anual más alta desde 2015. 

Y los números siguen en aumento. Sólo en el primer trimestre de 2024, 2.031 colombianos se registraron como solicitantes de asilo en Ecuador, equivalente al 10% de las personas registradas como desplazadas internamente en toda Colombia en el mismo período, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Las solicitudes en Ecuador en los primeros tres meses representan casi el 40% de las de todo el año pasado, dice Federico Agusti, representante del Acnur en Ecuador. “Así que la tendencia continúa creciendo”, precisa. Destaca que en marzo de 2024 se reportó el número más alto de solicitudes en un mes desde hace seis años, con 889.

La Comisión de la Verdad calculó que más de 1 millón de colombianos se exiliaron a causa del conflicto armado y Ecuador fue uno de los principales países adonde huyeron. Sólo en el 2009, más de 30 mil colombianos solicitaron refugio en el país vecino.

Pero el Ecuador de hoy no es el remanso de paz que alguna vez fue. Ha vivido recientemente su propia ola de violencia que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar el país en conflicto armado interno. En cinco años la tasa de homicidios se multiplicó por ocho hasta que, en 2023, tuvo la tasa más alta de toda América Latina, con 44,5 por cada 100.000 habitantes, según InSight Crime, un centro de estudio sobre violencia y crimen organizado. 

En comparación, Colombia tuvo una tasa de 25,7 en el 2023. Esa violencia ha llevado a los propios ecuatorianos a salir de su país, principalmente hacia Estados Unidos. 

El hecho de que los colombianos estén huyendo hacia Ecuador, en números crecientes, a pesar de la compleja situación que atraviesa, “demuestra la enorme necesidad de salir”, dice Agusti. 

Milton*, de 37 años, dice sentirse más seguro allá que en Colombia, en donde se desplazó internamente tres veces por recibir amenazas relacionadas con su trabajo como líder campesino que intentaba apoyar la sustitución de cultivos de coca bajo el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). 

Los actores armados en la zona donde vivía en Nariño declararon que “aquí nadie va a cambiar cultivos”, recuerda Milton. “Con todo y eso hubo gente que nos paramos en la raya. Empezaron a amenazarnos de muerte y a lo último empezaron a perseguirnos para matarnos”.  

Milton salió hacia Ecuador en marzo de 2024, luego de sobrevivir un atentado en contra de su vida. Un mes después, su esposa, hijos y un hermano se unieron a él en la capital ecuatoriana.

Agusti, de Acnur, dice que es significativo que hoy muchos colombianos están llegando con la familia. “Indica a priori que la situación está mucho más cruda y que ya no es algo temporal. Se trasladan con la familia con intenciones de no regresar”, apunta.

Ese es el caso de Milton. “A Colombia no vuelvo jamás”, declara. “Si toca comer tierra aquí, lo hago”.

Esos movimientos transfronterizos reflejan la delicada situación de violencia que viven. Organizaciones humanitarias señalan que muchas personas huyen de amenazas y atentados en su contra, sobre todo en Putumayo y los municipios bajos de Nariño, el departamento de mayor desplazamiento forzado en 2023.  

En Putumayo se desató una ola de violencia en agosto de 2023 cuando empezaron enfrentamientos entre los Comandos de la Frontera, que forma parte de la llamada Segunda Marquetalia, y el Frente Carolina Ramirez del Estado Mayor Central, por el control de las economías ilícitas y del departamento. Ambos grupos surgieron como disidencias de la extinta guerrilla Farc tras su dejación de armas.

En octubre y noviembre el número de amenazas hacia campesinos y líderes sociales aumentó y empezó a circular una lista en el departamento de personas que los grupos armados decían que iban a eliminar. 

“Eso hace también que muchos colombianos busquen refugio en el país vecino más cerca”, dice Alexander Sánchez, de la Red de Derechos Humanos de Putumayo. 

Jackie* llevaba varios años colaborando con organizaciones de derechos humanos en Putumayo. En noviembre del 2023 hombres de los Comandos de la Frontera le dijeron que, si quería quedarse en su vereda, debía dejar de trabajar con esos grupos humanitarios. 

“’Necesitamos que se retire de derechos humanos porque esos… hijos de la madre se la pasan inventando cosas, calumniándonos a nosotros. O te retiras de la (organización) o te retiras de la zona’”, recuerda que le dijeron. 

Pero antes de que pudiera reaccionar ante la amenaza, un grupo armado asesinó a su hermana que era presidenta de la Junta de Acción Comunal. Jackie y su familia salieron hacia la cabecera municipal, pero allí sintió que aún corría riesgo cuando vio que un escolta del jefe de las disidencias de la zona, rondaba la casa adonde se había refugiado. 

“Tomamos un taxi a la frontera y llegamos a Lago Agrio”, dice Jackie desde Quito en donde lleva seis meses con su compañero sentimental y los cinco hijos que tienen, esperando ser reconocida como refugiada. Con eso Jackie tiene esperanzas de que puedan estabilizarse, aunque lo ve complicado tanto por la situación de seguridad como por la dificultad que tienen personas de nacionalidad colombiana en conseguir trabajo formal. 

“Mi futuro acá es incierto” dice. “Vivir en Ecuador es muy difícil. Es duro, duro, duro”.

A pesar de las dificultades, esa es la única opción para miles de colombianos, pues su país, que se suponía estaría transitando hacia una fase de posconflicto, ahora es una grave amenaza para quienes habitan el campo. 

*Nombres cambiados por razones de seguridad.

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El término masacre está grabado en la memoria de ciertas generaciones y poblaciones que vivieron las épocas más convulsionadas del conflicto armado. Entre la década de los 90 y los primeros años del nuevo milenio eran frecuentes. Hoy, las masacres siguen ocurriendo pero se diferencian ampliamente de las que ocurrían en el pasado. 

Antaño, esos crímenes implicaban grandes movilizaciones de tropas de grupos armados ilegales, ocurrían en apartadas regiones marginadas y rurales, dejaban decenas de víctimas e inmediatamente eran reivindicadas por sus autores para enviar diferentes mensajes con el fin de castigar a comunidades o imponer su control territorial. 

De ese modo, fueron cometidas las masacres de El Salado, Mapiripán, El Naya, Mampuján, Macayepo, Chengue, El Aro, Barragán, Alaska y Trujillo, entre otras. (Leer más en: Masacres: la ofensiva paramilitar) 

El panorama en los últimos años ha cambiado: actualmente hay nuevos victimarios, diferentes a los protagonistas históricos del conflicto armado interno, y las razones por las que implementan esta violenta estrategia no son las mismas. VerdadAbierta.com ha destacado el fortalecimiento de bandas urbanas como protagonistas principales en las masacres en Colombia, junto con los grupos armados ilegales. Estas compiten por el dominio territorial en ciudades y zonas que representan puntos estratégicos para actividades económicas ilícitas.

Entre 2019 y lo corrido de 2024 este portal ha documentado 439 masacres. Tienen en común que en la mayoría de los casos fueron asesinadas entre tres y cuatro personas, por lo general ningún grupo armado o del crimen organizado se atribuye la autoría de esos crímenes, y se repiten con frecuencia en algunos departamentos.

Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Atlántico, Putumayo, Magdalena, Bogotá y La Guajira, son las regiones con más casos. Y durante los últimos tres años la cantidad de masacres perpetradas en ellos fluctúa en rangos similares.

Salvo Bogotá, los nueve departamentos de ese listado históricamente han sido golpeados directamente por diferentes actores del conflicto armado. Lo anterior supondría que, al revisar los casos a escala municipal, aparecerían en los primeros lugares municipios de regiones como el Bajo Cauca antioqueño, Urabá, el Catatumbo, el norte de Cauca y el Andén Pacífico.

Sin embargo, la realidad es otra, y deja entrever que en la actualidad hay nuevas dinámicas y actores ejecutando ese repertorio de violencia con distintos fines.

Entre los municipios con más masacres en los últimos cinco años se encuentran cinco ciudades capitales, entre ellas la capital de la República, Bogotá.

Por otro lado, la temporalidad muestra que las masacres casi se duplicaron entre 2019 y 2020; disminuyeron en tres casos para 2021, pero a partir de allí crecieron constantemente, aunque con pocos casos. Lo anterior significa que esos niveles de violencia se han estabilizado y que diferentes gobiernos nacionales no han podido encontrar soluciones.

Paula Tobo, investigadora del Área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explica que el aumento tan brusco después de 2019 se debe a que los grupos armados cada vez le tienen menos miedo las acciones del Estado y la Fuerza Pública. “No es de gratis que los actores armados decidan cometer ese tipo de crímenes”, sugiere Tobo. “Ellos perciben la inefectividad de las estrategias de seguridad nacionales y locales y sienten la facilidad de cometer este crimen”, finaliza.

Masacres en zonas metropolitanas

A lo largo de los últimos años, hubo una ‘urbanización de la violencia’, según afirma Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, que defiende los derechos humanos en Cúcuta y sus alrededores, en Norte de Santander. 

Mientras en los años 90 las disputas entre grupos armados se limitaban a zonas rurales en las cuales la violencia tradicionalmente estaba vinculada a la adquisición de tierras y a proyectos de infraestructura, hoy en día se han trasladado a zonas urbanas donde el control del territorio permite a estos grupos controlar rutas de microtráfico y narcotráfico.

Así, desde el Acuerdo de Paz, ocurrida el 24 de noviembre de 2016, se ha ido reconfigurando el panorama de los grupos armados ilegales en los vacíos dejados por la extinta guerrilla de las Farc, y se afirman bandas delincuenciales violentas en las zonas urbanas del país. 

De acuerdo con Tobo, de la FIP, ahora las masacres son un fenómeno propenso a ocurrir en cualquier espacio afectado por la criminalidad, a nivel local o nacional. Ejecutar una masacre es una herramienta que está al alcance de cualquier grupo criminal y es efectiva para amplificar la percepción de las capacidades del grupo o del control que ejerce. Por eso, al menos en el tiempo reciente, ocurren tanto en zonas urbanas como rurales.

También aclara que el aumento de las masacres en sectores urbanos se debe al empeoramiento de la situación de seguridad en las ciudades capitales que, principalmente, se ha atribuido a la emergencia de bandas locales que se multiplican en ciudades como Cúcuta o que multiplican sus disputas como en Barranquilla. 

Cúcuta, la capital más afectada

La incidencia de 17 masacres desde 2019 en esa capital es un indicador claro de la gravedad del problema, que también se extiende a su zona metropolitana . Sólo en 2023 se perpetraron cuatro masacres, todas en la zona urbana de ese municipio. Así, Cúcuta es la capital departamental más afectada. 

Cañizares destaca que la violencia en el departamento se ha focalizado especialmente en la zona metropolitana de Cúcuta en los últimos tres años. Además, señala que aunque las masacres no son tan comunes en el departamento, cuando ocurren, suelen ser perpetradas por bandas delincuenciales que luchan por el control territorial de barrios de la ciudad. De acuerdo con las autoridades locales, se enfrentan cuatro bandas con capacidad local y transnacional identificadas como Los Porras, Los AK47, Los Lobos y el grupo de ‘Carlos Pecueca’. 

Por otro lado, según un análisis hecho por InSight Crime, esta ciudad se ha convertido en un lugar ideal para los grupos criminales venezolanos y su interés para establecerse en ella se debe principalmente a dos factores vinculados con Norte de Santander: el flujo migratorio y la variedad de economías ilegales en la frontera. Si bien en un inicio la aparición de estas bandas provocó enfrentamientos con el Eln, con quien competían por el control de los pasos fronterizos irregulares conocidos como trochas, hoy han logrado expandir su influencia en Cúcuta.

En esta capital, buena parte de las disputas entre bandas criminales están relacionadas con el control del microtráfico. Por ejemplo, según las autoridades policiales, el 27 de junio del año pasado, hombres armados asesinaron a tres miembros de una familia en su propia casa, que hacían parte de la misma red de microtráfico.

Barranquilla y Soledad, otro lío de bandas

Con 12 masacres desde 2019, en Barranquilla, capital de Atlántico, también se ha disparado la violencia por las bandas urbanas. Si bien las masacres prácticamente se duplicaron cada año desde 2021 en el departamento, las nueve masacres registradas en 2023 fueron perpetradas en su zona metropolitana, que incluye los municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo. En el conteo de VerdadAbierta.com esa docena de casos sólo corresponde a los ocurridos en Barranquilla y no los municipios aledaños.

El puerto marítimo de Barranquilla es uno de los territorios más afectados por las disputas entre grupos por el control de rutas de paso de narcotráfico y puntos estratégicos para el contrabando de armas y otros ilícitos, como es la salida hacia La Guajira, por la troncal del Caribe. 

A organizaciones criminales históricas como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc o Clan del Golfo) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), se suman otras que tienen más influencia sobre las zonas urbanas, conocidas como Los Costeños y Los Pepes, según explica Luis Fernando Trejos, investigador en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.

Soledad es otro municipio fuertemente afectado por ese repertorio de violencia. Y su situación cambió vertiginosamente en 2023: pasó de ser el escenario de una sola masacre en 2020 y en 2022, a cinco durante el año pasado. Lo anterior lo convirtió en el municipio con más casos en 2023, las cuales dejaron un saldo de 15 víctimas. 

El origen de esas muertes se debe a la expansión de Los Pepes de Barranquilla hasta Malambo. Como consecuencia de los enfrentamientos con otras bandas ya presentes en el territorio, las masacres en Soledad, que se encuentra justo en el medio de ambos municipios, aumentaron significativamente el año pasado. 

Paralelamente, Los Costeños se adjudicaron la masacre del 29 junio en Puerto Colombia. Asesinaron a tres miembros del Clan Vega Daza: Rafael Julio Vega -conocido como Kike Vega-, el padre de esa organización ilegal, y sus hijos Ray Jesús y Ronald Iván Vega Daza. Según el diario El Colombiano, ‘Kike Vega’ era conocido por ser un sicario de grandes narcotraficantes y dirigir un gran grupo criminal que se dedicaba al microtráfico y otros delitos. A este atentado sobrevivió Roberto Vega Daz, quien huyó a España y fue asesinado allá el 28 de febrero de este año.

Masacres en la capital

Bogotá acumula una docena de masacres desde 2019. En 2022 y 2023 ocurrieron la mayor cantidad de ellas, cuatro en cada año y todas en la zona sur.

La violencia en Bogotá está profundamente enraizada en las disputas territoriales entre diferentes bandas armadas, conocidas, entre otros, como Los Villegas, Los Yayas, Los Maracuchos, el Tren de Aragua y  Las Bandas de Satanás. 

En particular, los corredores entre zonas como Bosa, Soacha, Ciudad Bolívar y Usme son críticos para controlar áreas estratégicas de la ciudad con el fin de alimentar el flujo de tráfico de armas y drogas. Así, las masacres se concentran en las áreas más pobres de la capital, donde la población es más vulnerable y los grupos criminales ejercen mayor dominio. 

En este contexto, al ‘urbanizarse’, la violencia se ha vuelto más selectiva, con masacres y homicidios múltiples que a menudo están relacionados entre sí. Los jóvenes y los líderes sociales son objetivos principales: los primeros para enviar un mensaje de control; y los segundos para amedrentar y desarticular la cohesión social, explica David Jiménez, investigador en seguridad y derechos humanos.

Cali y una herencia mafiosa

Con ocho masacres desde 2019, la capital de Valle del Cauca es la cuarta capital regional con más masacres. 

Cali es una ciudad receptora de víctimas del conflicto armado por ser la ciudad más grande de la región Pacífico y arrastra una tradición de violencia desde el furor de los extintos carteles del narcotráfico. El departamento de Valle del Cauca sirve como puente entre el norte de Cauca, el sur de Chocó y el océano Pacífico, lo que ha convertido su capital en un enclave para el crimen organizado.

El corredor hacia Buenaventura es un punto estratégico crucial por ser el principal puerto del país. No sólo es vital para la economía legal del país, sino que también juega un papel significativo en las economías ilícitas, como el tráfico de drogas y armas. 

La presencia de grupos armados, en específico el Estado Mayor Central (Emc), en zonas rurales cercanas como los Farallones y en municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) como Pradera, exacerba la situación de violencia en las áreas urbanas de Cali. De hecho, con redes de apoyo en la ciudad se facilitan las operaciones de estos grupos que buscan extender su control territorial hacia el entorno urbano. 

Por otro lado, a nivel local, el legado mafioso que dejaron los carteles de Cali y del Norte del Valle, los cordones de miseria que genera el conflicto armado con desplazados de diferentes regiones, la corrupción y la falta de oportunidades en sectores vulnerables, generaron la proliferación de diversas redes de crimen organizado. Una investigación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicada en septiembre de 2019, documentó que en esa ciudad hay 182 empresas delincuenciales, que no tienen cabezas visibles de mando y tercerizan sus crímenes.

“En Cali no se han establecido diálogos con las bandas urbanas en el proceso de Paz Total”, explica Jorge Mantilla, investigador de conflicto y crimen organizado. “En Medellín, en cambio, hay una conversación de paz urbana abierta con La Oficina de Envigado y sus principales bandas que dominan la ciudad”, finaliza. Esto sugiere que, a diferencia de otras ciudades que han logrado avances significativos en términos de diálogos de paz con grupos armados, Cali enfrenta desafíos únicos en este frente.

Medellín, el caso atípico

El caso de Medellín es contrario al de las ciudades capitales del país. Sólo se han presentado dos masacres en los últimos cinco años. En la última, ocurrida el 22 de marzo de 2022, tres hombres de nacionalidad venezolana fueron asesinados en el barrio Robledo, al noroccidente de Medellín. Hay muchas versiones sobre la razón de esta masacre; una de ellas, contemplada por la Policía, es que podría tratarse de una retaliación entre bandas criminales. 

La anterior masacre se remonta al 15 de febrero de 2020, cuando cuatro personas fueron asesinadas mientras departían en el barrio Antonio Nariño de la Comuna 13. Según El Colombiano, integrantes de la banda La Agonía estaban vengando el intento de asesinato de uno de sus integrantes apodado ‘César’, a manos de Los Peñitas. Apenas una de las víctimas tenía relación con la disputa. 

El hecho de que sólo se registren estas dos masacres desde 2019 llama la atención, pues Medellín se encuentra entre los primeros lugares de otras expresiones de violencia. En 2023, según Medicina Legal, la capital antioqueña fue el quinto municipio con más homicidios (345), por detrás de Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena. Según Max Yuri Gil, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, esto se debe al modelo de gobernanza ilícita que hay en Medellín. 

La gran estructura criminal que domina la ciudad es La Oficina de Envigado, también conocida como ‘La Oficina del Narcotráfico’. A esta organización pertenecen alrededor de 12 bandas criminales que a su vez regulan los llamados ‘combos’, un conjunto de más o menos 400 grupos pequeños que están en todo Medellín. La división del territorio ya está establecida, por lo que tampoco hay competencia o enfrentamientos entre las bandas. 

El control de territorio y población es una fuente importante de legitimidad para estas bandas criminales. Al contrario de las organizaciones criminales en otras ciudades, estas sólo usan la violencia para casos excepcionales con el objetivo de enseñar una lección sin llamar la atención de las instituciones gubernamentales y generar confrontación. Por eso, las masacres no son un recurso utilizado en esta ciudad. 

“Desde 2003 no hay presencia insurgente territorial en la ciudad”, explica Yuri. “El nuevo paramilitarismo, que devino en los grupos del narcotráfico, se caracteriza por la búsqueda de control social, pero sin el objetivo de eliminar blancos políticos sociales, por lo que ninguna modalidad se expresa en indicadores de violencia abierta y muchos menos en masacres”, finaliza. 

En teatros ‘tradicionales’ del conflicto

Esta tendencia de violencia urbana se suma al histórico conflicto armado que ha azotado ciertas regiones desde hace décadas. En el país hay dos situaciones contradictorias, reporta la FIP en un análisis del 13 de febrero de 2024: por un lado, los grupos armados se han fortalecido en ciertas zonas; por otro, las disputas que tienen entre ellos por el control social y territorial han aumentado de manera significativa. 

En algunos territorios las masacres todavía son utilizadas para ejercer control sobre poblaciones, economías ilegales e, incluso, violencia intrafilas. Un caso que representa esa situación es el asesinato de cuatro menores de edad indígenas ocurrido el 17 de mayo de 2023 en Putumayo, quienes intentaron desertar de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, tras ser reclutados de manera forzada.  

Antioquia, el departamento más masacrado

En Antioquia las masacres todavía hacen parte del panorama de violencia. Los grupos armados aún utilizan esta estrategia para controlar los territorios del departamento, lo que lo convierte en el que más casos registra en los últimos años: VerdadAbierta.com documentó 66 masacres con 244 víctimas.

En Antioquia tienen injerencia y control los frentes 18 y 36 de la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central (Emc), las Agc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Hay territorios controlados por un sólo grupo, otros donde hay coexistencia, alianzas y zonas con enfrentamientos. En particular, las comunidades del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, quedan atrapadas entre los enfrentamientos del Bloque Roberto Vargas Gutiérrez de las Agc, contra los frentes 4, 18, 24 y 36 del Emc, que están aliados con el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del Eln. 

Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), explica que la minería ilegal es uno de los principales negocios de los que se están lucrando los grupos armados por lo que los enfrentamientos son por el control de alrededor de 13 minas ilegales en la región. A partir de las investigaciones del IPC se descubrió que las masacres perpetradas en Cáceres (el 24 de agosto) y en Santa Fe de Antioquia (el 3 de diciembre de 2023), fueron por esta disputa; cada una dejó el saldo de seis personas asesinadas.

Sobre el último caso, la Policía reportó que un grupo de hombres robó $2.000 millones en oro que pertenecía a las Agc, pues fue extraído de sus socavones ilegales. Por eso, los líderes del grupo armado capturaron a los supuestos ladrones antes de que huyeran de la región con el jugoso botín. Después los torturaron, los asesinaron y abandonaron sus cuerpos en dos tandas en la zona rural del municipio. 

Zapata explica que este es uno de los tres escenarios en los que se presentan las masacres en Antioquia. El segundo tiene que ver con la disputa por la expansión del microtráfico en las fincas cafeteras, donde se pueden emplear más de 100 o 200 personas en épocas de cosecha y la mayoría es adicta al bazuco.

Las masacres de 2023 perpetradas en Ciudad Bolívar (el 28 de enero y el 14 de febrero) y en Venecia (el 17 de diciembre) responden a esta dinámica. “Si llega un nuevo traficante a la zona, busca asesinar al distribuidor actual y si cae también el administrador de la finca o los consumidores, no importa”, precisa Zapata. 

En el tercer escenario se enfrentan guerrillas y paramilitares y las zonas más afectadas son las que tienen municipios vinculados al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Por la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, los lugares que han sido especialmente afectados por el conflicto armado debían ser prioridad para convertir el campo en un escenario de reconciliación y transformación estructural. 

Sin embargo, Zapata explica que el Estado no ha sustituido la presencia de los grupos armados y, por eso, continúan la violencia que puede expresarse en masacres. En algunos casos, un grupo armado hace un atentado contra alguien que supuestamente hace parte de otro grupo y a partir de ahí mueren más personas. 

Cauca, el conflicto al rojo vivo

Este es el segundo departamento con más masacres. En el último quinquenio fueron cometidas 61, promediando 12 por año. Tiene dos municipios entre los primeros cuatro lugares con más casos: Santander de Quilichao (12) y El Tambo (10). Y otros como Argelia, Corinto, Suárez y Balboa, superan en cantidad a municipios de otros departamentos.

En este territorio actualmente tienen presencia el Emc, la Segunda Marquetalia y el Eln. Actualmente el gobierno nacional suspendió el cese al fuego con el grupo de ‘Iván Mordisco’ en ese departamento tras múltiples incumplimientos y el asesinato de líderes indígenas, razón por la que las confrontaciones entre ese grupo armado ilegal y la Fuerza Pública han aumentado. También rondan panfletos de grupos surgidos tras la desmovilización de las Auc como las Águilas Negras y las Agc, aunque las autoridades señalan que no tienen presencia en esta región.

Esta región es zona de disputa tanto por la minería ilegal como por la siembra de cultivos de denominado uso ilícito (coca, amapola y marihuana). También por su ubicación geográfica, por tener conexión con los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Huila, a la par de salida al Pacífico, con los municipios de Timbiquí, López de Micay y Guapi.

Norte de Santander, centro de masacres urbanas

Este departamento cuenta con una particularidad: ocupa el cuarto puesto como el departamento con más masacres, pero ahora se concentran en su ciudad capital y no en el Catatumbo, pues 17 de las 33 registradas por VerdadAbierta.com ocurrieron en ella. Lo anterior no significa que ya no ocurran en los ocho municipios que conforman esa región, pues en el último quinquenio se perpetraron nueve en Tibú, Ocaña y El Carmen.

Cañizares, de la Fundación Progresar, explica que durante los últimos cinco años la región del Catatumbo ha estado marcada por el rearme y fortalecimiento de las disidencias de las Farc. En el marco del posacuerdo surgieron tres estructuras: los frentes 33 y 41 del Emc, y la Segunda Marquetalia, que se suman a las alrededor de diez estructuras del Eln y los rezagos que persisten del Ejército Popular de Liberación (Epl). Estos grupos armados pelean por economías ilegales y el copamiento de los territorios abandonados por las extintas Farc. 

A pesar de las disputas, el analista de la Fundación Progresar asegura que durante los últimos cinco años las masacres no han sido empleadas por los grupos armados como antaño. 

Nariño, donde la guerra no cesa

Con 30 casos y 123 víctimas, este es el quinto departamento de Colombia con mayor cantidad de masacres ocurridas entre 2019 y 2023. El municipio más afectado por este tipo de violencia es Tumaco, donde se registraron 12 casos.

Así como el resto de Colombia, en 2020 las masacres aumentaron drásticamente: de dos casos en 2019 subieron a nueve, cifra que se mantuvo en 2021. En 2022 se redujeron a cuatro. 

“Podemos decir que es una de las disputas más activas en el conflicto armado”, declara Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia de International Crisis Group. Explica que en este departamento está presente el Frente Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, el Eln, el Emc e incluso las Agc. Los combates entre estos grupos por el control de las rutas del narcotráfico son constantes y la población siempre queda en medio, por lo que las masacres son inevitables. 

Putumayo, disputa entre disidencias

Durante los últimos cinco años, VerdadAbierta.com registró 21 masacres que dejaron 85 víctimas en ese departamento ubicado en la Amazonía colombiana, lo que lo convierte en el sexto con más casos.

Putumayo es un departamento con altos niveles de desigualdad e insuficiente presencia integral del Estado, lo que genera una ventaja para los grupos armados y un desafío para que haya paz en el territorio. 

Actualmente tienen presencia dos grupos armados inmersos en un conflicto: el Frente Carolina Ramírez del Emc y los Comandos de la Frontera (Cdf), un grupo adscrito a la Segunda Marquetalia, conformado por disidencias de las Farc y La Constru (desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc)), que busca mantener el control sobre el narcotráfico en el bajo Putumayo y la frontera con Ecuador.

La violencia sigue latente en todo el departamento, pero ha disminuido su expresión en forma de masacres. Putumayo es uno de los tres departamentos del país en los que hubo un leve decrecimiento entre 2022 y 2023: pasaron de ocho a cinco. De acuerdo con el investigador  Mantilla, esa reducción se debe a un ‘empate técnico’ entre los Cdf y el Emc, que quedó replegado en el vecino departamento de Caquetá. 

Además, sugiere que después de que se perpetraron violentas masacres en la región, hubo atención mediática que recalcó la necesidad de actuar frente a este fenómeno y hubo una atención del Estado. 

El 17 de mayo de 2023, cuatro adolescentes del pueblo indígena Murui-Muina, comunidad de Guaquirá, de Puerto Leguízamo, fueron asesinados por integrantes del Frente Carolina Ramírez del Emc. Los menores, que habían sido reclutados forzosamente por el grupo armado, intentaron huir para volver a su comunidad, pero cuando se encontraban en la comunidad de El Estrecho, en los límites entre Amazonas y Caquetá, los asesinaron. 

Ese caso conmocionó al país y no sólo generó rechazo en diversos sectores sociales y políticos, incluyendo una fuerte declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino que también fue el detonante para que el presidente Gustavo Petro ordenara el fin del cese el fuego con este grupo en esa región. 

Masacres en municipios PNIS y PDET

El Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) es una herramienta creada en 2016 por la firma del Acuerdo de Paz para implementar de manera prioritaria los programas de la Reforma Rural Integral y otras políticas del posconflicto. Se escogieron 170 municipios que se agrupan en 16 subregiones en las que se busca garantizar la presencia del Estado, la provisión de bienes y servicios públicos y la disminución de conflicto armado y pobreza. 

Junto al PDET, se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), como una estrategia para promover la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en 56 municipios y, así, superar las condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que subsisten ellos. En total, 46 hacen parte de ambos programas. 

VerdadAbierta.com registró 178 masacres en municipios PDET y 86 en municipios PNIS en los últimos cinco años. La lectura de esas cifras coincide con la tendencia nacional del país, pero tiene un matiz diferenciador: las masacres prácticamente se duplicaron entre 2019 y 2020, pero a partir de 2021 se han reducido considerablemente.

Para Dickinson, del International Crisis Group, esa disminución se debe entonces más a una “decisión estratégica por parte de los grupos armados en el contexto de los diálogos de Paz Total para no llamar la atención”. Y plantea que el repunte de ellas en los años anteriores se debe a que “ninguna región PDET alcanzó cambiar las condiciones estructurales más rápidamente que el conflicto se reconfiguró”.

Pero dado que los programas PDET y PNIS fueron diseñados como una estrategia a largo plazo, el impacto tangible en la reducción de esas masacres está por venir. 

¿Qué debe hacer el gobierno nacional?

En este contexto de aumento general de las masacres en Colombia, Carlos Zapata concuerda con Indepaz, señalando que los ceses al fuego con grupos armados ilegales y las treguas acordadas entre bandas delincuenciales han disminuido algunos eventos violentos contra la población y han generado un poco de esperanza con que se apacigüen los conflictos en algunas regiones. 

Sin embargo, los expertos consultados por VerdadAbierta.com, en general, afirman su escepticismo en cuanto al descenso o desescalamiento de la violencia para el año 2024. En particular, Mantilla advierte que no se debe bajar la guardia porque sugiere que, ante un declive real, “podríamos estar presenciando un apaciguamiento momentáneo de los grupos armados, que podrían estar consolidando su control territorial para sentar su control en las comunidades, esperando el desenlace de las conversaciones en curso”. 

Para realmente invertir la tendencia, sugiere que el gobierno nacional debe tomar dos medidas cruciales: avanzar y converger en diálogos regionales de paz, pese a posibles crisis en la mesa con el Eln, y establecer ceses al fuego multilaterales en zonas donde estén presentes el Emc y el Eln, ambos en procesos de paz. 

De igual manera, Trejos insiste en que es importante que desde la Casa de Nariño se mantengan estrechas relaciones con todos las administraciones locales afectadas por el conflicto y no sólo con las que están alineadas con su ideología o partido político, porque esta dinámica deja excluidas del panorama de la Paz Total a muchas ciudades del país como Barranquilla y Santa Marta, que también necesitan su atención para disminuir la violencia.

Además, los expertos coinciden en que el trabajo que ha hecho la Fiscalía General de la Nación no ha sido suficiente para procesar a los responsables de las masacres. Debido a que las autoridades sólo actúan sobre hechos probados, estos crímenes quedan impunes. Las limitadas respuestas institucionales hacen que las víctimas se queden sin justicia, perpetuando un ciclo de violencia e impunidad, pues a los grupos armados y las organizaciones criminales les queda el camino fácil para seguir cometiendo masacres.

El Ministerio de Defensa reportó que en los primeros 21 días de este año ocurrieron seis masacres, que dejaron 18 víctimas. A la fecha de publicación de esta investigación (18 de abril de 2024), este portal ha verificado 18, con 52 víctimas, en los departamentos de Bolívar, Cauca, César, Chocó, Huila, Magdalena, Risaralda, Bogotá y Valle del Cauca. Este último departamento sigue siendo de los más violentos, pues ya registra tres masacres. 

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Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA

Desconcertados. Así permanecen los líderes comunitarios de la región del San Juan al sur de Chocó por el paro armado que el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional (Eln) decretó el 10 de febrero, y que finalizó en la noche del martes. 

Las comunidades no se explican cómo en la mesa de diálogos de paz que lleva la guerrilla con el gobierno de Gustavo Petro, el  5 de febrero se firmó una extensión del cese al fuego durante seis meses más entre el Eln y el gobierno, pero cuatro días después el grupo guerrillero impuso esta medida en Chocó, que confinó a 27.000 personas, según cifras de la Gobernación de ese departamento.

En un comunicado, el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, calificó el paro armado como una deslealtad con los acuerdos pactados en el sexto ciclo de conversaciones en La Habana, Cuba. Llamó la atención frente a que estos hechos dejan en la mitad a las comunidades. “Amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias”, dice. 

Un líder de la región, que pidió la reserva de su nombre por seguridad, expresa el desconcierto de muchos en la región. “Uno no sabe a qué atenerse, porque se acuerdan unas cosas en la mesa, pero en el territorio se hace lo contrario”, dice. “¿Los que están en el territorio sí están realmente comprometidos con lo que se está acordando en la mesa? ¿Están coordinados?”, se pregunta.

El Comando Central del Eln negó que hubiera frentes disidentes dentro del grupo guerrillero. “La delegación de diálogos del Eln representa a todos los frentes de guerra, es falso que los Frentes de Guerra Oriental y Occidental estén en desacuerdo con el proceso de paz que se adelanta. Ambos frentes de guerra están participando de manera activa en la delegación, pues tienen compañeros participando directamente en ella”, se lee. 

Comunicado del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional – ELN –
Sobre las mentiras difundidas últimamente nos permitimos hacer claridad a lo siguiente:

https://t.co/Z7yI9tXMcY#ELN#PAZ pic.twitter.com/3XOfDpvJNg

— Delegación ELN (@DelegacionEln) February 14, 2024

Andrés Preciado, director del área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), recuerda que en el cese al fuego entre el gobierno nacional y el Eln no entran los enfrentamientos con otros grupos, en este caso, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o Clan del Golfo, grupo paramilitar que se ha posicionado como el más poderoso del país. Además, recuerda que debe tenerse en cuenta que el Eln señala que se trata de acciones defensivas frente a la expansión de las Agc. (Leer más en: Las otras guerras del Eln no tienen cese al fuego)

“Ante la opinión pública es difícil defender que un grupo que está en una mesa haga un paro armado que afecta a la ciudadanía, esto sí puede ser un eventual incumplimiento, pero no tenemos pronunciamiento oficial de las instancias de verificación, lo cual sería importante”, señala Preciado. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia dice que los informes son confidenciales.

Días antes de decretarse el paro, la región permanecía turbada. El 7 de febrero, algunas familias se desplazaron de la comunidad de Doidó (Istmina) a Noanamá (Medio San Juan) por enfrentamientos entre los grupos armados. Al día siguiente, 26 familias se desplazaron de la comunidad de Chambacú (Sipí) a Negría (Medio San Juan). Dos días después de establecido el paro armado y por la amenaza de quedar entre el fuego cruzado, el 12 de febrero, toda la comunidad de Doidó, cerca de 30 familias, se desplazó a Noanamá por el incremento de las confrontaciones entre Agc y Eln. Sólo una persona se quedó en el caserío de Doidó.

Según un comunicado del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), en los hechos del 8 y 12 de febrero, 93 personas de las comunidades de Doido y Chambacú se vieron obligadas a desplazarse a causa de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales. 

Esta situación es similar a la vivida en julio de 2023 por las familias de Chambacú, que aterradas por las confrontaciones, se desplazaron cuando fue asesinado un hombre de la comunidad y uno de sus hijos resultó herido en el pie.

Las comunidades del San Juan salieron huyendo de sus hogares ante el inminente riesgo, aún cuando el gobierno pidió no hacerlo. “El comandante General de las Fuerzas Militares a las comunidades hizo una petición pública: estamos en condiciones de garantizar seguridad, eviten al máximo estos desplazamientos masivos que afectan en todo caso por la atención humanitaria que en virtud de los desplazamientos debe realizarse”, señaló en rueda de prensa Iván Velásquez, ministro de Defensa.

Helder Fernando Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, aseguró el 12 de febrero que inmediatamente conocieron el anuncio del paro armado mandaron tropas para garantizar la libre movilidad en el San Juan; sin embargo, las comunidades aseguran que el Estado no controló lo que pasaba en la región durante esos días.

Durante el paro, el sustento diario de las comunidades del San Juan, que se aprovisionan de lo que cultivan en sus fincas, se vio afectado. Y desde hace meses las familias no van tranquilas a sus parcelas. Los grupos armados han aumentado la siembra de minas antipersonal en el sur de Chocó y varios civiles han caído en estas trampas. 

“Cada vez que se presenta alteración del orden público o los actores avanzan, van sembrando en nuestras comunidades minas antipersonal. Aparte del paro armado y no saber cuándo se pueda presentar una alteración del orden público, nos limitan a hacer nuestras actividades cotidianas con la siembra de esos explosivos”, cuenta otro líder de la región que también pidió reserva de su nombre por temor a represalias.  

Decenas de familias subsistieron durante el último paro con lo poco que tenían en sus casas y tiendas de abarrotes porque no hubo tiempo de salir a las cabeceras municipales a aprovisionarse de alimentos. Algunas comunidades realizaron ollas comunitarias con lo que podían aportar sus pobladores para atender a las familias desplazadas que se refugiaron en comunidades vecinas.

“A lo largo del río San Juan, hay informes continuos de minas antipersonal, reclutamiento de menores, confinamiento y desplazamiento forzado de comunidades, todo ello (…) limitando las capacidades de operación de las organizaciones de ayuda humanitaria”, expresa Bram Ebus, consultor de International Crisis Group. La falta de condiciones para que las comunidades satisfagan sus necesidades básicas es extrema y “genera serias dudas sobre el compromiso de los grupos armados para priorizar el bienestar de la población civil”, dice, haciendo alusión al discurso que promueven.

En 2023, en seis oportunidades el Eln decretó paro armado en el San Juan. La discusión del cumplimiento del cese al fuego por parte del Eln se había dado de manera similar en agosto del año pasado. A inicios de ese mes, la guerrilla y el gobierno formalizaron el cese de hostilidades, pero tiempo después se conoció sobre un paro armado en la región del Medio San Juan. 

Esa vez, el Frente de Guerra Occidental desmintió esa información y dijo que no era un paro armado, pero sí reconoció que restringió la movilidad por el río San Juan entre el 16 y 17 de agosto de ese año por enfrentamientos que mantuvo con las Agc. Según sostuvo el grupo guerrillero, su objetivo era que la población civil no se viera afectada por los combates.

Nuevamente volvió a ser la expansión de las Agc el ‘argumento’ principal para que el Eln decretara el paro armado de los últimos días. Según ha referido en diversos comunicados el Frente de Guerra Occidental, la presencia del paramilitarismo se ha incrementado en la región y acusan a la Fuerza Pública de sostener complicidad con ese grupo armado.

“Las fuerzas vivas del gobierno han sido remplazada (sic) por el grupo paramilitar clan del golfo (sic) para seguir su ofensiva contra los pobladores y la insurgencia como política sucia del Estado para debilitar el tejido social, la resistencia popular y armada con el propósito de llevar a cabo los mega proyectos planeados para esta región”, reza uno de los comunicados del grupo guerrillero, difundido el 11 de febrero.

El grupo de origen paramilitar buscó entrar en los tableros de negociación de paz del gobierno Petro. El 31 de diciembre de 2022, el Presidente anunció un cese al fuego con las Agc, pero tres meses después se rompió. El grupo armado ilegal ha declarado públicamente que tiene intenciones de diálogos y a finales del año pasado se conoció sobre encuentros entre voceros del actor armado y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero al día de hoy los avances son mínimos.

Disputa con las Agc

Con el ‘argumento’ de proteger a las comunidades de la región de agresiones ejecutadas por los ‘gaitanistas’, el Comando Central del Eln respaldó el paro armado. Pero ese motivo no convence en la región. “Lo que ellos manifiestan en sus comunicados tiene lógica para ellos, pero para nosotros… realmente las afectadas son las comunidades”, lamenta un líder de la región.

El Eln busca cuidar una de las pocas retaguardias que le queda, según Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). “Lo que está tratando de defender el Eln no es la población, el San Juan es zona de refugio para un grupo armado que está en muy mala condición, tanto estratégica como de capacidades tácticas y militares. Allá el Eln no es que esté defendiendo una fuente de secuestro o de rentas o de oro, defiende casi que el único estertor que tiene”.

Tras la desmovilización de las Farc, el Eln lleva más de seis años expandiéndose por la región del Pacífico por departamentos como Cauca, Nariño y Chocó, y con ella la disputa con otros grupos armados. Según líderes de la región, desde finales de 2017 existía un acuerdo entre el Eln y las Agc en la región del San Juan, mediante el cual delimitaron sus áreas de injerencia y se comprometieron a no agredirse. Esta situación cambió el 15 de agosto de 2021, cuando se rompió dicho pacto tras afrentas de las Agc en territorio del Eln, que desataron enfrentamientos en Medio San Juan. Así se desató la guerra en el San Juan. (Leer más en Comunidades del San Juan vuelven a quedar entre las balas y En menos de un mes, el San Juan se volvió un infierno)

El objetivo de las Agc es establecer una ruta para sus economía ilícitas hacia el océano Pacífico, entrando por Valle del Cauca y saliendo por Chocó. Hoy, Bocas de Sipí es el epicentro de la confrontación armada. Según un experto que pidió la reserva de su nombre, en el plan de expansión territorial de las Agc desde este punto les sería posible movilizarse por el río Garrapatas, hacia el municipio de Dovio (Valle del Cauca); por el río Caporal hacía municipio Novita (Chocó); o salir hacia el Pacífico a través del río Docampadó.

“Gracias a su rápido crecimiento en tropas y territorio, las Agc están haciendo un fuerte avance hacia el sur para controlar la región de la costa Pacífica desde Panamá hasta Buenaventura, mientras tanto, explotan a poblaciones vulnerables como las comunidades afrocolombianas e indígenas a lo largo del río San Juan”, señala  Ebus, de International Crisis Group.

En los últimos cinco años, el Frente de Guerra Occidental del Eln ha sufrido dos golpes militares importantes en el sur de Chocó, una de sus retaguardias históricas. A finales de octubre de 2020, un francotirador del Ejército abatió a Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias ‘Uriel’, recordado por ser un activo comandante en redes sociales de esa guerrilla; y a finales de septiembre de 2021 cayó Ogli Ángel Padilla Romero, conocido como el comandante ‘Fabián’, tras un bombardeó de las fuerzas militares.

Para Kyle Johnson, cofundador e investigador de Conflict Responses (Core), la expansión de las Agc en el  sur de Chocó inició desde la muerte de ‘Fabián’, comandante del Eln. “También se nota mayor presencia de las Agc en lugares como Bajo Baudó, que era de mayor control del Eln. Cuando se mira el norte del departamento, las Agc han ganado mucho terreno ahí desde hace varios años: Riosucio, Carmen del Darién y buena parte de Bojayá. En el sur es donde se nota actualmente la expansión de las Agc”, señala.

“Estos grupos de autodefensas gaitanistas le hacen la guerra al Eln porque buscan disputarse fuentes de rentas. Tanto en el Bajo Cauca antioqueño, como en el cañón de San Juan y el Alto Atrato”, explica Restrepo, de Cerac. Tras la captura, el 23 de octubre de 2021, de Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, antiguo comandante de las Agc, ese grupo ha disminuido la confrontación contra la Fuerza Pública, dice. Cuando ataca a la Fuerza Pública lo hace en favor de sus economías ilícitas.

Como se ha referido a raíz de diversos comunicados, el grupo guerrillero acusa a la Fuerza Pública de trabajar con las Agc y sólo librar la guerra contra ellos. Restrepo es enfático en señalar que el paramilitarismo que tenía cooptado poderes locales establecidos, desapareció desde mediados de los 2000 y recuerda que decisiones de la actual administración de gobierno al remover a decenas de generales y coroneles del Ejército y de la Policía son hechos en la transformación de esas alianzas. “Eso no quiere decir que no pueda haber acuerdos corruptos entre comandantes militares y de policía, incluso autoridades locales civiles y esos grupos criminales”, aclara. 

En un análisis de los impactos de los distintos ceses al fuego pactados entre el gobierno y diferentes actores armados, la  la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), evaluó el desescalamiento de las confrontaciones de la Fuerza Pública con diferentes actores armados ilegales en todo el territorio nacional, encontrado una disminución general (32 por ciento) de los combates de 2022 en comparación al 2023. Los enfrentamientos que más disminuyeron fueron entre la Fuerza pública y las Agc, o Clan del Golfo. 

Investigadores de las dinámicas de Chocó concuerdan en que las comunidades ven una clara connivencia entre las Agc y la Fuerza Pública. Ebus resalta cómo en la administración del expresidente Iván Duque (2018-2022) la confrontación contra la guerrilla se fijó en varias áreas de Chocó. “Sin embargo, la falta de acciones contra las Agc generó sospechas entre varias fuentes que consultamos en ese momento. Las comunidades, a menudo atrapadas en el fuego cruzado, también denunciaron ser disparadas por el ejército cuando intentaban inspeccionar sitios que habían sido bombardeados”, explica.

Preciado, desde la FIP, también ha conocido esos señalamientos de connivencia pero señala que el problema es más profundo. “Hay un nivel de complejidad mayor y es que hay una corrupción en las Fuerzas que termina beneficiando a todos los grupos. Un ejemplo son esas noticias de militares que le venden armas a cualquier grupo”, señala.

Sobre este tema, un experto que pidió la reserva de su nombre por seguridad, le sostuvo a este portal que el grado de cooperación es tal que “las Agc tienen agentes cuyo único trabajo es coordinar con Policía y Fuerza Pública”. 

Sin embargo, las cifras del Cerac señalan que el San Juan ha sido la región en donde más combates libró la Fuerza Pública con las Agc en 2023, pasando de ningún registro de hechos de confrontación en 2022, a tres el año pasado. El 21 de enero de este año, la Fuerza de Tarea Conjunta Titán entró en combate con las Agc en inmediaciones de la vereda Barrancosito del municipio de Sipí. Como resultado del operativo terminó muerto un joven de 22 años perteneciente a las Agc.

Tropas de nuestra @FTC_TITAN_, @PoliciaColombia y @FiscaliaCol, neutralizaron en desarrollo de operaciones un integrante del Clan del Golfo e incautaron material de guerra e intendencia en área rural del municipio de Sipí, #Chocó#PlanAyacucho pic.twitter.com/2e2ccQKSTS

— Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) January 24, 2024

Llamado de paz

“El hecho de militarizar el territorio no es la solución a la problemática”, dice un líder de la región. “La solución está en abrir espacios de diálogo, que las comunidades participen en la mesa. Además de retomar los diálogos con los actores presentes en los territorios, lo cual nos ayuda a evitar las confrontaciones armadas entre los grupos armados”. 

Varios líderes mantienen la ilusión de que se vuelva a conseguir un acuerdo de no agresión como el pactado en 2017 en la región, cuando el Eln y las Agc llegaron a establecer el fin de las hostilidades por el bienestar de la población civil. Pero con el pasar de los meses mantener ese sueño es más difícil. “No hay voluntad de los dos actores para sentarse con las comunidades y llegar a una estrategia dialogada para acabar con las confrontaciones”, expresa un líder de la región. “La política de los actores armados presentes en el territorio es que ninguno va a ceder  los espacios que han ganado”, lamenta.

“A pesar de que hay unos diálogos entre el Eln y el Gobierno, en el territorio también están las Agc. Mientras no haya un diálogo con todos los actores, un cese al fuego multilateral, es muy preocupante. A nosotros, las comunidades, no nos sirve un cese al fuego bilateral”, agrega otro líder y concluye  pidiendo que el gobierno se traslade a la región a dialogar directamente con los cabecillas del Frente de Guerra Occidental.

Para el director del Cerac esta es una oportunidad para que el gobierno controle el San Juan. La política de seguridad del gobierno debe, según considera Restrepo, ocupar el San Juan y facilitar que de manera pronta se establezcan campamentos de la guerrilla que quieran buscar una salida negociada del conflicto. “Deles —el gobierno al Eln— protección de otros grupos armados, porque se está negociando con ellos. Y que el gobierno aproveche para ejercer el control sobre el comercio fluvial”.

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