Campesinos y afros se enfrentan por la tierra en el Chocó

Durante los años 80, el extinto Incora adjudicó baldíos a varios campesinos del Urabá Chocoano. A algunos de los primeros habitantes de esa región un lote de 50 hectáreas les costó apenas 300 mil pesos. En 1996 en el Bajo Atrato Chocoano, la arremetida del Bloque Élmer Cárdenas en contra de las guerrillas de las Farc y el Eln tuvo como consecuencia el desplazamiento de alrededor de 8 mil personas.

En el 2000, el Incoder le adjudicó al Consejo Comunitario Pedeguita-Mancilla 48 mil hectáreas de territorio colectivo en Riosucio, Chocó. En el mismo lugar del resguardo, años antes habían sido desplazados campesinos que compraron tierras a los primeros colonos a los que el Incora les adjudicó tierras durante la década 80.

A los conflictos en el territorio se sumó la compra masiva de tierras. En 2002, la empresa Cultivos Recife S.A. adquirió poco más de 1.800 hectáreas para un proyecto ganadero. Según las denuncias de campesinos en la zona, las personas que vendieron se vieron forzadas por amenazas y presiones de paramilitares y funcionarios de la empresa.

Juan Guillermo González, el representante legal de Cultivos Recife, alega que no hubo presiones por parte de nadie al momento de la compra de tierras, y que solo hasta 2004 la empresa supo que adquirió tierras donde había título colectivo.

Además, en 2013, luego del retorno de algunos colonos que fueron desplazados por paramilitares, se desataron varios conflictos entre mestizos y afros. Por ejemplo, algunas veces los campesinos improvisan cambuches que son tumbados por orden del Consejo Comunitario.

Desde 2009, la Defensoría del Pueblo comenzó a advertir el riesgo en el que se encontraban las comunidades asentadas en el territorio, por la presencia de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas, provenientes del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc. La Defensoría volvió a alertar sobre la situación de orden público a autoridades departamentales y nacionales en 2013. En marzo de 2015 la Defensoría advirtió sobre un ataque contra dos familias ubicadas en territorio del Consejo Comunitario, que había vuelto a los predios que reclamaban desde septiembre de 2013.

Entre enero y marzo del 2015 se presentaron, además, agresiones contra reclamantes de tierras por parte de hombres armados. Les destruyeron las viviendas, cultivos, robaron ganado y amenazaron. Por último, el 26 de noviembre de 2017 fue asesinado del líder social Mario Castaño Bravo, en Belén de Bajirá, quien era miembro de la Asociación de Familias de los Consejos Comunitarios de Curvaradó, Jiguamiandó, La Larga Tumaradó, Pedeguita y Mancilla. El hecho alertó a la comunidad internacional.

El 7 de febrero de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno colombiano que adoptara medidas para salvaguardar la integridad de los habitantes del consejo comunitario Pedeguita y Mancilla.