A partir de hoy comparecerán ante la Justicia Especial para la Paz los excomandantes de la extinta guerrilla para hablar de ese crimen atroz que hizo parte de sus estrategias de guerra, unas veces en sentido político y otras como mecanismo de financiación.

Dando continuidad al Caso 001 y con la intención de conocer las motivaciones que tuvieron las Farc para incurrir en la práctica del secuestro, comenzarán a ser interrogados, bajo estricta reserva, por lo menos 31 exjefes guerrilleros, iniciando con Rodrigo Londoño Echeverri, mejor conocido como ‘Timochenko’, quien otrora fue el máximo comandante del grupo insurgente y ahora funge como presidente del partido que se conformó tras la firma del Acuerdo de Paz.

Estas diligencias, que se extenderán hasta el 27 de mayo, están bajo la responsabilidad de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Justicia Especial para la Paz (JEP), instancia que citó a los 31 exmiembros del Estado Mayor de la antigua guerrilla de las Farc a dar una versión voluntaria de lo acontecido durante décadas sobre la retención ilegal, por largos años, de militares y policías, así como de civiles.

La lista la encabeza Londoño Echeverri y continuaría con ‘Pastor Alape’, ‘Fabián Ramírez’, ‘Joaquín Gómez’, ‘Pacho Chino’, ‘Carlos Antonio Lozada’, ‘Jesús Santrich’, ‘Iván Márquez’, Hernán Velásquez (‘El Paisa’) y Henry Castellanos (‘Romaña’). (Descargar Auto)

La atención ante este citatorio está puesta en ‘Iván Márquez’ y ‘El Paisa’, quienes se encuentran, supuestamente, en el departamento de Caquetá al margen de las discusiones públicas y a través de diversos pronunciamientos han sido críticos con el proceso de implementación del Acuerdo de Paz. Su no comparecencia podría significar la pérdida de los beneficios que otorga la justicia transicional.

De acuerdo con el Auto 02 del pasado 19 de febrero, la Sala de Reconocimiento cuenta con una vasta información documental y testimonial sobre la práctica del secuestro realizada antes del 1 de diciembre de 2016. Desde la apertura del Caso 001, en julio del año pasado, ha recibido informes orales de víctimas del secuestro, particularmente de un grupo de políticos que, en su momento fueron denominados “canjeables” por guerrilleros presos.

Se suman a esos testimonios informes aportados por la Fiscalía General de la Nación; por lo menos 312 sentencias contra miembros del grupo subversivo por hechos que implican algún tipo de “retención ilegal”; diversos expedientes judiciales; y documentos provenientes de la Fundación País Libre, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Asociación Colombiana de Víctimas de Secuestro, Desaparición Forzada y Otros Hechos Victimizantes (Acomides) y de la Fundación Colombiana Ganadera (Fundagan), entre otros.

En la versión voluntaria, precisa la Sala de Reconocimiento, “los comparecientes pueden reconocer la verdad y la responsabilidad, negar los hechos, su responsabilidad o su relación con el conflicto armado”. Asimismo, indica que “la aceptación de la autoría o participación por parte del compareciente en la versión tendrá carácter de confesión. Esta versión tiene como propósito el acopio de información para contribuir a la búsqueda de la verdad”.

La reserva con la que se manejará la comparecencia de los exjefes del Estado Mayor de las antiguas Farc se respalda, según un instructivo de la JEP, en normas relacionadas con la protección de “datos sujetos a reserva, de investigaciones en etapa reservada, de nombres de víctimas, de datos sensibles según la Ley de Habeas Data y de terceros que no son comparecientes de la JEP y se puede afectar su buen nombre”. (Descargar guía)

Una vez los comparecientes rindan su testimonio, éste les será puesto en conocimiento a las víctimas para que tengan la oportunidad de contrastarlo, presentar observaciones y aportar pruebas. Sólo hasta que este proceso se surta en esas instancias, se convocará a una audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad en la que se conocerán detalles de lo testimoniado.

Un estudio realizado por la firma Cifras y Conceptos para el Centro Nacional de Memoria Histórica permitió documentar, a través del análisis de un millón 300 mil datos, 39.058 casos de secuestrados entre 1970 y 2010. De esta manera, la investigación demostró que hubo un aumento de 15 mil secuestros con respecto a los 24 mil que habían registrado las autoridades para ese mismo periodo.

Ese informe determinó, además, que de los 9.082 casos en los que se confirma el responsable de un secuestro, están las Farc, con un 37 por ciento, y el Eln, con un 30 por ciento, seguidos de redes criminales, paramilitares y otros más sin identificar.

Para tener un mejor contexto de esta práctica atroz en momentos que comenzará a revelarse la verdad sobre lo ocurrido y la responsabilidad que tienen las antiguas Farc, VerdadAbierta.com ofrece un conjunto de artículos, listados a continuación, que dan cuenta de esta tragedia que ocasionó la confrontación armada.

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